Por Eduardo Giordano

“Para el imperialismo yanqui o inglés, el valor económico de estas tierras sería mucho menor si con sus riquezas naturales no poseyesen una población indígena atrasada y miserable a la que, con el concurso de las burguesías nacionales, es posible explotar extremadamente.” 

(José Carlos Mariátegui, 1929)

La campaña para la elección presidencial fue, probablemente, la más sucia y enconada de las últimas décadas. Los medios de comunicación concentrados focalizaron su atención en la candidata de la derecha, Keiko Fujimori, hija del ex dictador convicto Alberto Fujimori, la figura política que despierta más pasiones entre la población. Keiko, como familiarmente la llaman los medios de comunicación nacionales, contó con el respaldo de toda la clase política tradicional, que votó de forma muy fragmentada en la primera vuelta del 11 de abril. La candidata de Fuerza Popular obtuvo solo el 13 % de los votos, una magra representación que aun así la colocó en situación de encabezar el bloque liberal-conservador en la segunda vuelta.

Una campaña feroz y desigual

Por activa o por pasiva, Keiko Fujimori contó en la segunda vuelta con el apoyo de casi todos los medios de comunicación, en algunos casos respaldando abiertamente su candidatura, en otros exhibiendo una falsa neutralidad que de hecho invisibilizaba el programa de Perú Libre o, peor aún, demonizaba sus propuestas sin llegar a analizarlas.

En el orden de las alianzas políticas de gran calado, la candidata derechista recibió el apoyo de los presidentes del grupo de Lima (los gobiernos del continente concertados con Estados Unidos para desestabilizar Venezuela) y de la internacional neoliberal que encabeza el peruano-español Mario Vargas Llosa, quien en estas elecciones dio un vuelco de 180 grados en su valoración de la familia Fujimori. En  septiembre de 2014, Vargas Llosa declaró que nunca respaldaría a Keiko Fujimori como candidata a la presidencia por ser “la hija de un asesino y ladrón”. El polémico premio Nobel de literatura lo justificaba añadiendo que “lo primero que va a hacer (de llegar al poder) es sacar a (Alberto) Fujimori (de la cárcel), que es quien dirige su campaña, quien sería en cierta forma electo si gana las elecciones”.^[1] En su única incursión en política, en 1990, Vargas Llosa perdió las elecciones peruanas frente a Alberto Fujimori, que obtuvo el 62,50 % de los votos en la segunda vuelta.

Más allá de antipatías personales, Vargas Llosa comparte con Fujimori el credo del neoliberalismo económico y el darwinismo social como dogmas de la gestión del Estado. No sabemos qué hubiera ocurrido ante un eventual gobierno de Vargas Llosa. Sabemos que Alberto Fujimori, a lo largo de sus dos gobiernos -un período llamado la década infame- ejecutó una política criminal en materia de Derechos Humanos, y que se produjeron cerca de 70.000 muertes en el juego cruzado entre el Ejército y Sendero Luminoso, casi todas ellas resultado de masacres de campesinos e indígenas perpetradas por ambas partes. Además, su gobierno fue el más corrupto de la historia peruana, según constata Alfonzo Quiroz, autor de una completa Historia de la corrupción en el Perú, quien afirma: “Según algunos historiadores, el nivel de corrupción de la década de 1990 definitivamente superó al de todos los demás gobiernos de la historia moderna y sería comparable tal vez únicamente con el período colonial”.^[2]  Quiroz ha llegado a cuantificar el impacto económico del fenómeno, y en este período estima el costo de la corrupción en el 50 % del gasto público y un 4,5 % del PIB nacional. ingentes recursos que se hurtan al desarrollo socioeconómico del país.

A partir de entonces, la economía de la corrupción se enquistó profundamente en el Perú a través de una alianza entre dirigentes políticos, altos mandos militares y otros funcionarios del Estado, especialmente del poder judicial. En las elecciones de 2016, Mario Vargas Llosa respaldó al candidato ultraliberal Pedro Pablo Kuczynski (Partido PPK), quien en marzo de 2018 se vio obligado a dimitir por corrupción. Sustituido por su vicepresidente Martín Vizcarra, este también fue depuesto por el Congreso en noviembre de 2020, y tras declarar su vacancia le sucedió en el cargo el no menos corrupto presidente del Congreso, Manuel Merino. Su presidencia apenas duró cinco días, forzado a dejar el cargo por el estallido social que derivó en la elección de un presidente de transición, Ignacio Sagasti, a fin de convocar elecciones y renovar un Congreso en el que la corrupción se había institucionalizado.^[3]

Fujimori y Vargas Llosa

Tras la primera vuelta electoral de abril de 2021, Keiko Fujimori se presentó como el muro de contención de una izquierda que podía trastocar todo el escenario político. Aunque Pedro Castillo no alardea de sus ideas de izquierda y nunca se ha definido como “comunista” (tal como aparece en la agresiva propaganda en su contra en redes sociales y afiches), las élites limeñas temen y rechazan su victoria porque representa el despertar de la América indígena y mestiza, la incorporación del Perú profundo a la toma de decisiones políticas; y porque asume la exigencia de una nueva distribución de la riqueza frente al saqueo del país por parte de las multinacionales extractivistas y una legislación que comprometa a las empresas a conceder derechos sociales. Su candidata a la vicepresidencia, Dina Boluarte, declaró en campaña que su gobierno destinaría un 10 % del PIB a Educación y otro 10 % a Salud.^[4] Una inversión social de esta magnitud supone una conmoción en un país que ya no podrá dilapidar sus recursos “aceitando” la economía con el combustible de la corrupción. Y por supuesto supondrá también un aumento de la presión fiscal sobre los sectores de mayores recursos, cuyos tipos impositivos están entre los más bajos del continente.

Keiko Fujimori está procesada por financiación ilegal de su partido en dos campañas de elecciones anteriores, que también perdió en segunda vuelta. Hizo esta última campaña con autorización judicial, tras habérsele notificado en marzo una orden de prisión preventiva. A fin de abril, tras conocerse el resultado de la primera vuelta, Keiko Fujimori fue invitada a participar en el foro ‘Desafíos de la Libertad’ por Mario Vargas Llosa, convocado en Quito por la Fundación Internacional para la Libertad que presidide el escritor. Fujimori intervino por videoconferencia y escuchó encantada los buenos augurios del viejo adversario: “Es muy importante la situación tuya en estos momentos -le dijo Vargas- porque estás enfrentando a un adversario que puede acabar con la libertad en el Perú”.^[5]

En las encuestas realizadas tres semanas antes de las elecciones, Perú Libre aventajaba en casi un 6 % de los votos a Fuerza Popular. Ante esta clara ventaja de Pedro Castillo en los sondeos, Vargas Llosa hizo un dramático llamado al voto por Fujimori para “salvar al país del peligro enorme que es caer en manos del totalitarismo”. La cusqueña Verónika Mendoza, la candidata presidencial de Nuevo Perú – Juntos por el Perú, que brindó su apoyo a Castillo en la segunda vuelta, respondió con dureza: “Hemos escuchado al señor Vargas Llosa insinuando un golpe de estado, invocando a las fuerzas del orden a que perpetren un golpe de estado si el señor Castillo gana. Un discurso claramente antidemocrático, dictatorial y muy peligroso. Eso es lo que tenemos al frente”.^[6]

La distancia entre ambos candidatos se fue estrechando a medida que el bloque conservador acentuó su campaña del miedo, divulgando machaconamente que el país se encontraba ante la doble amenaza de un quiebre económico y de la llegada “del comunismo”. Se intentó vincular a Castillo, disparatadamente, con Abimael Guzmán, el delirante líder de  Sendero Luminoso apresado por Fujimori en 1992. El recurso más usado en campaña contra los dirigentes de izquierda para denigrarlos fue llamarlos terrucos, es decir, terroristas o simpatizantes con las ideas políticas de Sendero Luminoso. Ya es habitual conjugar el verbo “terruquear” para denominar a esta forma grosera de hacer campaña, generalmente desde el anonimato de las redes o a través de periodistas serviles.

El 23 de mayo, a dos semanas de la segunda vuelta, una derivación de Sendero Luminoso (reconvertida en narcoguerrilla) irrumpió en la campaña con un atentado en el que masacró a 18 personas, incluidos dos niños, en locales nocturnos de una zona del departamento de Junín dominada por narcotraficantes. Los asesinos distribuyeron panfletos llamando a no votar en las elecciones, y también a votar en contra de Keiko Fujimori. Después del atentado, la candidata de la derecha trepó cinco puntos en las encuestas, hasta situarse a solo un punto de distancia de Pedro Castillo (49,5% frente a 50,5%).

El maestro nombrado presidente

Nacido en el poblado de Puña del departamento de Cajamarca, Castillo ejerció la docencia durante más de 20 años en la escuela primaria de su lugar natal, que cuenta con poco menos de 400 habitantes. Destacó como sindicalista en 2017, año en el que dirigió un paro docente que se prolongó más de dos meses, y fue elegido presidente del Comité de Lucha de las bases regionales del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP), y después fue Secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (FENATEP).

Aunque en 2002 hizo una breve incursión en la política, presentándose como candidato a la alcaldía de Aguía por Perú Posible, no formó parte de ninguna estructura partidaria hasta enero de 2021, cuando se incorporó a Perú Libre con otros miembros de su embrionario “partido de maestros” con el fin de aspirar a la presidencia.^[7]

Contra la corriente de los medios hegemónicos, en pocos meses supo conectar con esa población eternamente postergada del Perú profundo, indígena y mestizo, que siempre estuvo ausente de la agenda política nacional. José Pedro Castillo es uno de ellos, el que enarbola la clamorosa exigencia de hacerse visibles para el resto del país y para el mundo. Él habla el lenguaje de su pueblo y alimenta sus esperanzas contra todo pronóstico. Por eso es subestimado y tratado de incompetente por ciertos/as periodistas limeños, dignos portavoces de las élites desconcertadas ante le metéorico ascenso del candidato al que no asignaban ninguna posibilidad. Se daba por descontado que la cusqueña Verónika Mendoza, histórica candidata de la izquierda al frente de Nuevo Perú, sería quien pasase a la segunda vuelta. Nadie imaginaba el ascendente que podía cobrar un nuevo liderazgo inesperado, ajeno a la corrupción generalizada del sistema político y en sintonía con el deseo de cambio del pueblo llano.

Los medios oligárquicos intentaron colgar a Castillo el sambenito marxista-mariateguista-leninista, un combinado ideológico por supuesto inexistente. Su praxis política es perfectamente compatible con el pensamiento del precursor José Carlos Mariátegui, quien desde un enfoque marxista situado preconizó hace un siglo la lucha por la justicia y los derechos de los indígenas y olvidados/as. Pero Castillo no hace alarde de teoría política ni necesita invocar celebridades para que se comprenda su mensaje.

Con el triunfo de Castillo se produce la irrupción de lo popular en un mapa político hasta ahora acotado al centralismo clasista de Lima como lugar exclusivo del poder. Pedro Castillo conquistó la presidencia en tiempo récord con un partido de arraigo regional, creado por el ex gobernador del departamento de Junín, el marxista Vladimir Cerrón, profesor de neurocirugía. Con el triunfo del nuevo líder cajamarquino, el centro de gravedad político se desplazó bruscamente desde los palacios hasta las laderas de los cerros y los montes. El voto índigena, mestizo, mulato y zambo no pudo ser manipulado con el bombardeo de mensajes alarmistas.

Todo el sur del país, de mayoría quechua y aymara, lideró este voto de protesta, así como las demás regiones de la Sierra andina. Los criollos que dominan la política de Perú desde la independencia se resisten ahora a este desplazamiento del poder estatal, que pasa de la defensa de los intereses de las élites blancas globalizadas a la gestión consciente de los recursos públicos, atendiendo a la diversidad de exigencias del campo popular.

Una elección muy disputada

No es la primera vez que el desenlace de unas elecciones muestra un Perú dividido entre dos candidatos por mitades casi iguales. Los resultados fueron también muy disputados en la segunda vuelta de las presidenciales de 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynsky  triunfó por un ajustado margen de 40.000 votos, con el 50,12 %, frente a la misma Keiko Fujimori que alcanzó un 49,88 %. Aunque la segunda vuelta se disputó entonces entre partidos de derecha, Keiko Fujimori no reconoció la victoria de su contrincante, y solo admitió el resultado cuando intervino como mediador el embajador de Estados Unidos. No obstante, el fujimorismo boicoteo a ese gobierno ideológicamente afín (neoliberal) de Kuczynski desde su mayoría en el Congreso, hasta forzarlo a renunciar en 2018, al conocerse su implicación en la trama Odebrecht, por la que también es investigada Keiko Fujimori.

En esta segunda vuelta, Keiko Fujimori aventajaba a Pedro Castillo en varios puntos  al promediar el recuento de votos. La distancia se fue acortando con la llegada del voto rural, mayoritario para Perú Libre, hasta que la tendencia se invirtió y empezó a consolidarse una diferencia cada vez mayor a favor de Castillo, que luego se volvió a estrechar por el voto del exterior. Finalizado el cómputo, el resultado fue de 50,12 % de los votos para Perú Libre, y 49,87 % para Fuerza Popular, con una diferencia de apenas 44.000 sufragios (el 0,25 % de los votos emitidos).

A pesar de la campaña feroz en su contra, Castillo consiguió conectar con las necesidades y expectativas de las y los votantes. El nuevo líder de la izquierda peruana ha formulado la necesidad de acabar con un modelo económico extractivista, que empobrece y provoca devastación ecológica para la población local. La propaganda contraria a su candidatura afirmó que su política espantaría a los inversores, aumentaría la desocupación y causaría inflación. Este discurso caló en la mayor parte de la clase media peruana y en sectores populares de zonas urbanas, o entre migrantes muy influenciados/as por la información manipulada que circula a través de los medios y las redes sociales.

Perú Libre se impuso abrumadoramente en el interior del país, principalmente en toda la región andina. En varios departamentos de la Sierra (andina) arrasó con más del 80 % de los sufragios: Cusco, Apurimac, Huancavelica, Ayacucho y Puno. El resultado en este último departamento, que limita con Bolivia y comparte con ese país la extensa altiplanicie del lago Titicaca, fue el más favorable al candidato de izquierda (89 % de los votos), próximo en su ideario, cultura e idiosincrasia al proyecto político desarrollado en ese país por el hermano aymara Evo Morales. En toda la región andina del sur de Perú, el candidato de Perú Libre obtuvo incluso más votos que en su norteño departamento de Cajamarca (71 %).

En cambio, la votación le fue adversa en la ciudad de Lima, que equivale a una tercera parte de la población nacional, donde Fujimori obtuvo dos tercios de los votos. En algunos distritos selectos de la capital peruana, como Chorrillos y San Isidro, Keiko Fujimori superó el 80 % y 90 % de los votos, respectivamente. También fue mayoritario el voto de derecha en otras ciudades de la costa, como por ejemplo en El Callao y Trujillo. En el exterior, el recuento arrojó también dos tercios de los votos (200.000) para Fujimori y poco más de un tecio (102.000) para Castillo.

La reacción autoritaria de la derecha

Días después, al verse derrotada por escaso margen, Keiko Fujimori declaró que se había producido un “fraude sistemático”. Sin presentar pruebas, impugnó el recuento de votos en 802 mesas, en una maniobra de dilación demasiado obvia. Jorge Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), advirtió que en las elecciones de 2016 hubo 29 mesas impugnadas y que, dada la cantidad “extraordinaria” de mesas observadas en esta ocasión, resultaría difícil cumplir los plazos legales. Esa misma noche Salas denunció perturbaciones causadas por manifestantes ante la sede del JNE y también (“lo que está peor”) en su domicilio.^[8] Pese a esta denuncia, las presiones del fujimorismo surtieron efecto. Al día siguiente el JNE acordó ampliar el plazo para presentar nulidad de actas, una decisión que hubiera sido inconstitucional y que finalmente no prosperó. Horas más tarde, el JNE volvió a reunirse para anular la medida previamente adoptada.

Mientras los exaltados fujimoristas presionaban a las autoridades electorales, un fiscal encargado del caso Odebrecht requirió aplicar la prisión preventiva a Keiko Fujimori,  argumentando que había incumplido “con la restricción de no comunicarse con los testigos”. La hija del dictador convicto afronta una petición del fiscal de 30 años de prisión por financiación irregular de sus campañas electorales en 2011 y 2016.^[9] Keiko Fujimori habló de una maniobra judicial en pleno recuento de votos, pero la solicitud está plenamente justificada. Uno de esos testigos es el jefe de su campaña electoral, Miguel Torres, con quien conversa en público todos los días. El abogado penalista Rafael Chanjan ha señalado que el comportamiento de Fujimori “puede significar un riesgo para la actividad probatoria en el proceso, más aún con los antecedentes que se tiene en este caso referido al direccionamiento de otros testigos anteriormente”.^[10]

Mientras tanto, los bufetes de abogados de Lima, representantes de los intereses de los votantes de Fujimori, acumularon la presentación de denuncias ante la justicia electoral, y se produjo una retirada masiva de fondos del sistema bancario que generó una devaluación del sol respecto al dólar.

El acoso de la derecha en las calles durante el recuento de votos no se limitó a los funcionarios del JNE. La campaña afectó al director del diario La República, Gustavo Mohme,^[11] y los ataques se lanzaron también en redes sociales contra conocidos personajes y activistas contrarios a Fujimori. Sus promotores difunden fotografías de intelectuales, artistas, políticos, periodistas y juristas a los que acusan de “arruinar la vida de todos los peruanos”. Alientan a sus seguidores a conseguir los teléfonos y direcciones de esas personas para “que tengan que irse del país como muchos otros peruanos van a tener que hacerlo”.^[12]

La situación procesal de Keiko Fujimori es una metáfora caricaturesca de la situación actual del país: posicionada en la primera fila de unas élites corruptas, que no aceptan la regeneración de la democracia en Perú, de su victoria o fracaso electoral depende mucho más que su futuro político, ya que en caso de perder las elecciones correría la misma suerte que su padre, arquitecto de la dinastía que gobierna la política peruana entre bastidores desde hace décadas, a pesar de permanecer entre rejas.

Fujimori capitaliza ahora la furia de las multitudes exaltadas y manipuladas con la idea de que hubo un inexistente fraude electoral, siguiendo el patrón aplicado en 2019 por la derecha golpista bolivana. Es una forma de incendiar el país y también una precondición para imponer un gobierno tiránico. Algunos miembros del Congreso, encabezados por el Almirante Jorge Montoya -ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ahora congresista por Renovación Popular (RP)-, se pronunciaron abiertamente por desconocer el resultado del proceso electoral, lo que equivale a promover un golpe de Estado.^[13]

A esta situación le siguió un pronunciamiento de ex altos mandos militares en retiro, instigando a la rebelión en caso de que el JNE proclame el triunfo de Pedro Castillo. “Creemos que las fuerzas armadas no podrían aceptar a un jefe supremo ilegítimamente investido producto de un fraude”, expresan en una carta al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sin aportar más pruebas que los dichos de la prensa. La carta la firman alrededor de 400 oficiales en retiro del Ejército, 600 de la Marina y 300 de la Fuerza Aérea, incluidos ex comandantes del Ejército y del Comando Conjunto.^[14]

Entre las fuerzas políticas internacionales que llaman a desconocer el resultado electoral favorable a Castillo destaca el partido de ultraderecha Vox, que presentó una propuesta dirigida a la Mesa del Congreso de los Diputados de España a fin de “promover el desarrollo de las acciones internacionales necesarias” para inmiscuirse en el resultado electoral de Perú, que es solo competencia del JNE. El propio Abascal se ha involucrado personalmente difundiendo su interés al respecto, en la “primera cumbre de resistencia a las dictaduras narcocomunistas y terroristas de Iberoamérica” a la que convocó su partido a mediados de junio. Uno de sus aliados es el excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, que se reunió en Lima con el vicepresidente de Vox, Víctor González. Tanto Rafael López Aliaga como el almirante Jorge Montoya han firmado la Carta de Madrid promovida por la Fundación Disenso del partido ultra.^[15]

Algunas dificultades que afrontará el nuevo gobierno

El gobierno de Pedro Castillo deberá contar con un Congreso mayoritariamente adverso y tendrá grandes dificultades para conseguir que sus leyes prosperen. El fujimorismo buscará por todos los medios a su alcance declarar -una vez más- la vacancia presidencial. Perú Libre es la primera minoría pero tendrá que constituir alianzas para poder legislar, ya que solo cuenta con 37 congresistas sobre 130 escaños.  Sin renunciar a su programa social, el líder de Perú Libre se mostró conciliador con los sectores que, aún habiéndose inclinado por Fujimori en la segunda vuelta, son contrarios al autoritarismo de Fuerza Popular y sus compañeros de viaje.

En los primeros días de junio, el nombramiento como asesor económico de Pedro Francke -experto en políticas sociales y ex asesor del Banco Mundial- quiso enviar un mensaje de calma a los agentes económicos sobre la profundidad de los cambios que realizará el presidente electo. Francke formuló toda una declaración de intenciones en un artículo publicado el 12 de junio:^[16]

“Cambios fundamentales son, en primer lugar, una economía cuyo centro son las economías populares, familiares, y por eso la generación de empleo es un objetivo central. […] Cambiar esta situación es un reto grande. Significa una gran reorientación de la política económica. Pero también requiere entender que no se trata de estatizar ni expropiar […]. También significa reconocer la gran importancia de los mercados, que permiten recoger las preferencias de los consumidores y, donde hay una buena competencia, promueven la eficiencia e innovación de los productores. A su vez, un buen funcionamiento de los mercados requiere de estabilidad monetaria; que la inflación esté controlada y el dólar estable.”

Estas declaraciones merecieron una llamada de atención desde la dirección política de Perú Libre. El secretario de organización del partido del lápiz, Arturo Cárdenas, aseguró entonces que “no iba a haber ninguna moderación” respecto de las propuestas centrales del plan de gobierno, tales como la nacionalización de los hidrocarburos y la minería, o la Asamblea Constituyente. El propio Vladimir Cerrón expresó su malestar en un tuit: “Parece que algunos invitados no son conscientes del espacio que ocupan. Les recuerdo que Perú Libre es el que ha ganado las elecciones”.^[17]

Un importante desafío del partido Perú Libre tras las elecciones será poner orden en casa para cuidar la imagen que proyecta como partido. Vladimir Cerrón, el fundador y secretario general que invitó a Castillo y al grupo de maestros afines -14 de ellos elegidos congresistas- a utilizar su estructura partidaria en estas elecciones, no pudo presentarse en las listas (como vicepresidente segundo) por haber sido condenado en marzo a prisión, en un proceso por supuesto pago indebido de obra pública. La acusación se remite a cuando era gobernador del departamento de Junín, cargo al que se vio obligado a renunciar. Sin embargo, a pesar de su condena a prisión en firme, hay que analizar esta situación en el contexto de un sistema judicial que en varios países latinoamericanos se caracteriza por el recurso sistemático al lawfare contra los dirigentes de gobiernos y partidos progresistas. Valdimir Cerrón deberá despejar cuanto antes si tuvo alguna responsabilidad en los hechos que se le imputan, dada la vulnerabilidad que esta situación ofrece para las campañas de desprestigio de la formación política.

El lawfare parece en cualquier caso haberse instalado como parte de la estrategia de la derecha para deslegitimar el resultado de las elecciones. El excandidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, lamentó recientemente que un fiscal especial del caso Odebrecht le haya prohibido salir del país al día siguiente de haber afirmado que Pedro Castillo era “presidente electo”. Y el 17 de junio, cuando ya hay pronunciamientos de golpe de Estado para oponerse al triunfo de Castillo, se conoce que Arturo Cárdenas, secretario nacional de Perú Libre, es investigado por supuestos vínculos con una “organización criminal” dedicada a percibir comisiones a cambio de facilitar los trámites de licencias de conducir. Una trama delictiva denunciada en el departamento de Junín desde 2011, investigada por la Fiscalía a partir de 2019, y que estalla judicialmente en plena disputa por la proclamación del candidato que ha ganado las elecciones, en un claro intento de proyectar una imagen de Perú Libre como un partido envuelto en la corrupción.

El aspecto más polémico de las propuestas políticas formuladas por Pedro Castillo en campaña es la ausencia de perspectiva de género en su programa de gobierno. Desde una mirada de la familia muy tradicional, también se manifestó contrario a la interrupción voluntaria del embarazo y consideró “peor todavía” el matrimonio entre personas del mismo sexo. En otras declaraciones se ha mostrado “transfóbico” y contrario a introducir como tema de educación escolar la existencia de personas LGTBI.

A pesar de estas actitudes, personas como Gahela Cari, activista trans y ex candidata de Juntos por el Perú, llaman a realizar un voto crítico a favor de Pedro Castillo, a quien consideran “el mal menor” frente a Fujimori: “El fujimorismo es desprecio por la vida de las personas LGBTIQ+ y de las mujeres; por eso, son el enemigo más grande.” En cualquier caso, ese apoyo crítico “significa que si gana Castillo, no me voy a quedar sentada a ver cómo los cambios caen del cielo; o como el señor nos da o nos quita derechos […] y significa que voy a seguir enfrentando el machismo, la homofobia, la transfobia y todas las formas de discriminación, vengan de dónde vengan, así sean del machismo de militantes de derecha o de izquierda”.^[18]

Las expresiones del líder de Perú Libre que denotan conservadurismo moral fueron a veces descontextualizadas y explotadas en campaña para alejar de su proyecto político a sectores progresistas con mayor presencia en centros urbanos. Este es el caso de los votantes del Partido Morado, que incluye el enfoque de género en su programa. Y su principal aliado en la segunda vuelta, Juntos por el Perú, el partido que dirige la feminista Verónika Mendoza, quien ejercerá su contrapeso con perspectiva de género dentro del nuevo gobierno. Tildada de “abortista” por el sector más reaccionario de la Iglesia,^[19] Mendoza fue estigmatizada durante la primera vuelta de la campaña electoral por su defensa del enfoque de género en la educación. Es de esperar que con su aportación humana al equipo de Castillo consiga moderar la gestión del gobierno en este aspecto, acordando una agenda de género progresista.

El triunfo electoral de Pedro Castillo puede representar el final de una etapa de degradación extrema de la política peruana. Y podría ser el inicio de un saneamiento general del ejercicio de la función pública. Para desesperación de las élites corruptas, un humilde maestro de origen campesino enfrentó con éxito a toda la maquinaria bien engrasada de la propaganda ultraconservadora, alzando como símbolo de su lucha un lápiz y convocando al pueblo en la calle. Supo fijar sus prioridades recogiendo las necesidades elementales de la gente, siempre pospuestas por los sucesivos gobiernos, y explicó su programa de gobierno en términos sencillos y creíbles, sin falsas promesas populistas y sin recurrir a los discursos utópico-teóricos que caracterizan a gran parte de la izquierda tradicional. Dependerá de su coherencia al asumir la presidencia el que pueda conservar y acrecentar, o no, ese prodigioso capital político que el pueblo peruano ha puesto en sus manos.

^[1]    https://peru.com/actualidad/politicas/mario-vargas-llosa-keiko-fujimori-hija-asesino-y-ladron-noticia-287058

^[2]    Historia de la corrupción en el Perú, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2019 (1ª edición 2013).

^[3]    https://ctxt.es/es/20201101/Politica/34177/peru-corrupcion-jovenes-odebrecht-protestas-sagasti-vizcarra-eduardo-giordano.htm

^[4]    https://rpp.pe/peru/actualidad/elecciones-2021-dina-boluarte-las-personas-que-conforman-el-equipo-tecnico-de-pedro-castillo-no-son-nadie-del-pasado-corrupto-noticia-1336975?ref=rpp

^[5]    https://elpais.com/internacional/2021-05-24/mario-vargas-llosa-pide-a-keiko-fujimori-salvar-a-peru-de-caer-en-manos-del-totalitarismo.html

^[6]    https://www.telesurtv.net/news/simulacro-ventaja-pedro-castillo-frente-fujimori-peru-20210521-0009.html

^[7]    La también maestra Lilia Paredes Navarro, esposa de Pedro Castillo, explica este proceso en el documental “El profesor”, una biografía audiovisual del nuevo presidente peruano.

          https://www.youtube.com/watch?v=OtnJQwqHEQY

^[8]    https://elcomercio.pe/politica/elecciones/keiko-fujimori-presidente-del-jne-sobre-pedido-de-fp-para-anular-802-mesas-de-sufragio-deben-tomar-algun-tiempo-minimo-como-para-poder-decidir-jorge-salas-arenas-elecciones-2021-segunda-vuelta-nndc-noticia/

^[9]    En marzo de 2021, el fiscal del equipo especial que se ocupa de la trama Odebrecht solicitó 30 años y 10 meses de pena privativa de la libertad contra Keiko Fujimori por los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.

^[10]  https://elcomercio.pe/elecciones-2021/keiko-fujimori-estos-son-los-argumentos-del-fiscal-perez-para-pedir-que-se-ordene-prision-preventiva-fuerza-popular-noticia/

^[11]  https://larepublica.pe/politica/2021/06/11/sociedad-interamericana-de-prensa-condena-acoso-politico-contra-director-de-la-republica/

^[12]  https://www.publico.es/politica/fiscalia-peru-investiga-campana-acoso-opositores-fujimori.html

^[13]  https://larepublica.pe/elecciones/2021/06/15/elecciones-2021-llamados-a-desconocer-el-resultado-de-eleccion-son-delitos-y-violan-la-constitucion-pltc/?ref=lre

^[14]  https://larepublica.pe/elecciones/2021/06/18/elecciones-2021-ex-altos-mandos-militares-en-retiro-instigan-a-la-rebelion-de-institutos-armados-pltc/?ref=lre

^[15]  https://caretas.pe/politica/diputados-de-vox-presentan-iniciativa-para-promover-acciones-internacionales-para-el-respeto-a-los-principios-democraticos-en-las-elecciones-peruanas/

^[16]  http://pedrofrancke.com/2021/06/12/nuevos-rumbos-en-la-economia-por-donde/

^[17]  https://sudaca.pe/noticia/informes/cerron-sigue-mandando-la-sombra-que-impide-la-moderacion-del-plan-de-castillo/

^[18]  https://www.marcha.org.ar/el-fujimorismo-es-la-mayor-amenaza-para-la-democracia/#

^[19]  https://www.publico.es/sociedad/cura-espanol-ultraderechista-negacionista-campana-candidata-izquierda-peru.html

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Por Laura Salomé Canteros @laurasalome

“Que no hay trabajo fijo, que trabajo mucho y gano poco, y no hay en qué trabajar”, forman parte del imaginario de peruanas y peruanos ante las elecciones presidenciales del 11 de abril próximo. “Que Fuijmori nunca más”, “Que qué pasó con las mujeres que fueron forzadas a la esterilización”.

Según la última encuesta realizada en marzo de 2021 por CELAG, y en un universo muestral de más de 2 mil personas entrevistadas, las principales preocupaciones de la ciudadanía en el Perú están relacionadas con la época: acceder al derecho a la salud ante una segunda ola de COVID 19 en la región y la preocupación ante la falta de empleo o la precarización de la vida, son prioritarias.

Sin embargo, y ante la evidente emergencia en la agenda de elecciones de cuestiones domésticas internas, que deben ser abordadas desde el Estado y por el próximo gobierno electo ante la crisis política reciente del sistema político peruano -a la que se suma la global recesión económica debido a la pandemia-, la cita en el país andino presenta un abanico de 18 diversas opciones.

Por eso, ante la pregunta sobre si hay propuestas feministas en las elecciones en Perú, si, adivinamos, las hay. Y vienen acompañadas de reformas ante problemáticas de coyuntura y de reparaciones históricas ante desigualdades estructurales. Un breve perfil y las respuestas de dos candidatas ejectiva y legislativa que luchan por representaciones justas para un cambio verdadero.

“Dándolo todo” por las mujeres

Psicóloga y antropóloga, Verónika Mendoza fue legisladora entre 2011 y 2016. Es la segunda vez que concursa por la presidencia del Perú; antes, fue en 2016, cuando entró en el “ranking” de las más votadas. La candidata cuenta con el apoyo de los movimientos populares del sur y podría ser la primera presidenta en la historia de ese país. Es feminista y lleva propuestas integrales para la vida digna. Propone como gestión de la pandemia, la “vacunación universal, gratuita y ordenada” ante la especulación de la medicina privada; la nacionalización del gas y la recomposición de las relaciones diplomáticas con dos pueblos hermanos como Bolivia y Venezuela; y está a favor de un referéndum constituyente que retome las demandas plurinacionales que presentó en un Plan que resalta la autonomía originaria.

Mendoza se planta, en los debates y las entrevistas televisivas, ante los discursos -y las reacciones- antiderechos de otros candidatos. Así lo hizo sobre Rafael López Aliaga, empresario de turismo y miembro del Opus Dei que practica y aconseja el celibato: “nos quiere hacer retroceder al siglo pasado”… “calladitas y sumisas, aguantando cualquier tipo de violencias y sometimiento, sin la posibilidad de planificar nuestras familias, de decidir siquiera cuántos hijos tener y decidir si queremos tenerlos o no”. La candidata propone la universalización de una pensión para mujeres rurales y el reconocimiento del trabajo de cuidados para que, quienes cotizan en el sistema de pensiones -que también propone reformar-, reciban por cada hije, tres años trabajados.

No es la única candidata y lo recuerda cada vez que puede. Verónika Mendoza polariza en cuanto a modelo de país con Keiko Fujimori, la hija del dictador que pretende ser presidenta para devolver el terror al Perú. Las 346.219 mujeres, en su mayoría originarias, indígenas y campesinas (cifra que surge de un informe realizado por una comisión parlamentaria independiente en 2002), que entre 1995 y 2001 fueron esterilizadas forzadamente en el marco del “Programa Nacional de Planificación Familiar” del gobierno de Alberto Fujimori, no dejan olvidar. Keiko no es la única nostálgica; en los debates presidenciales se evidenció la matriz represiva de los años donde su padre arrebató el poder y gobernó la demagogia en el país, y varios candidatos hablaron de “educar en valores”, de que el matrimonio sea “hombre y mujer” e intentaron demonizar el enfoque feminista. Hasta hubo uno, Yohny Lescano, que lidera algunas encuestas, que ante la pregunta sobre el acceso a la Educación Sexual Integral, respondió “vamos a utilizar la tecnología satelital” (sic). Una ventaja para las propuestas progresistas, ya que la vuelta del fujimorismo significaría un deja vú antiderechos en un país que necesita urgente combatir las desigualdades.

“Las feministas estamos con Vero”

Lucía Alvites es socióloga feminista y candidata a diputada por “Juntos por Perú”, el partido que lleva como candidata a presidenta a Verónika Mendoza, y que ella define como el espacio que realizó “el Plan de Gobierno más consistente en lo que respecta a la igualdad”. En sus redes sociales conviven pañuelos verdes y las propuestas renovadoras que se multiplican en campaña.

“Las feministas estamos con Vero”, afirmó Alvites, refiriéndose a Mendoza, “porque es una compañera comprometida con la lucha por las mujeres y porque entendemos que los cambios necesarios tienen que incluir un eje de igualdad desde los feminismos”, agregó. ” Juntos por Perú articula a sectores y organizaciones sociales, ciudadanas, políticas que hace tiempo vienen luchando por un cambio: trabajadores sindicalizados, mujeres organizadas, agrocultores, profesionales, maestras y maestros. Nuestros planteos van a la raíz de los problemas y proponen un cambio verdadero; por ejemplo, una reforma tributaria, un cambio de Constitución, una segunda reforma agraria, una diversificación productiva y muchas más”, caracterizó la socióloga.

Las propuestas feministas de “Juntos por Perú” son la creación de un sistema nacional de cuidados, para que el Estado pueda reconocer los trabajos que garantizamos las mujeres; una “Pensión Mujer”, que sea contabilizado tres años de aportación por cada hije; la creación de infraestructura de cuidados como guarderías y centros para las personas adultas mayores; y el reconocimiento de trabajos comunitarios como ollas comunes en los barrios. “Parte de poner el suelo parejo entre varones y mujeres es que se pueda entender que el trabajo de cuidados tiene que se parte de una política pública”, fundamentó Lucía Alvites desde una mirada feminista de la construcción política y agregó que, de ganar las elecciones, el enfoque de género será un requisito de capacitación para las y los funcionarios públicos. En relación a las propuestas para las personas LGBTIQ+, el espacio de Verónika Mendoza pretende el reconocimiento del matrimonio igualitario e impulsar una ley integral de identidad de género para garantizar desde el Estado el derecho a la plena igualdad.

Contra la antidemocracia, una representación feminista

Actualmente, el Perú está en deuda con las mujeres, y tiene una legislación restrictiva en relación al derecho al aborto que solo se permite, desde 1924, “cuando existe riesgo grave y permanente para la salud o la vida de la persona gestante”, pero no se aplicaba, debido a la falta de una guía o protocolo que se publicó recién en el 2014, después de 90 años, año en que se realizó la campaña ciudadana “Dejala decidir” en la que se juntaron más de 100 mil firmas para proponer al Congreso una ley que ampliara las causales, reconociendo el derecho a abortar tras ser víctima de violencia sexual. Un año después, la Comisión de Justicia votó a favor de archivar el proyecto de ley, pese a la opinión favorable del Poder Judicial, del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de Justicia.

Verónika Mendoza participó en ese entonces de la campaña en favor del cumplimiento de los derechos sexuales y (no) reproductivos de las mujeres del Perú, uno de los países con mayor tasa de denuncias por violación sexual y en el que se estima los varones cometen unas 50 violaciones por día. Mendoza salió a los medios a desentramar, a denunciar los embarazos forzados producto de la violencia sexual y la omisión del Estado de legislar en favor del acceso a la salud y los DDHH. “Penalizar el aborto hace que mujeres, adolescentes y niñas mueran en clandestinidad”, afirmó Mendoza en 2014. Por eso, en 2021, su Plan de Gobierno plantea la despenalización del aborto hasta la semana 12 y defiende la propuesta ante la problemática de salud pública afirmando que además, “hay que señalar a quienes pretenden hacer de la punición del aborto un tema tabú”.

“Es fundamental e imprescindible que podamos garantizar en el Congreso una representación feminista y que esté en permanente trabajo y articulación con las organizaciones sociales”, respondió Lucía Alvites, candidata al legislativo, ante la pregunta sobre cuáles deben ser las estrategias para avanzar en derechos. “Tener un pie en el Congreso y un pie en la calle”, agregó, “no se puede hacer política, combatir a los antiderechos, sin tener la calle, sin trabajar con las organizaciones, con las mujeres de los espacios populares, con ellas necesitamos ´chambear´ para detener a los antiderechos. Pedagogía, lucha de calle y lucha popular para poder enfrentarlos”.

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Las elecciones en Perú son más interrogantes que respuestas. A pesar de la pandemia, el 86% de las y los peruanos dice que irá a votar. Quizá el futuro sea feminista. Porque seguimos luchando porque las esperanzas y las liberaciones de los pueblos también sean opciones en las urnas.

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Gloria Purizaca (*)

La lucha de miles de personas que tomaron las calles derribó el breve régimen de Manuel Merino. Las manifestaciones serán recordadas por la brutal represión policial cometida y el asesinato de Inti Sotelo Camargo (24) y Bryan Pintado Sánchez (22).

Durante las primeras protestas, efectivos lanzaron perdigones, balines y gas lacrimógeno. Por ello, durante la segunda marcha nacional que se realizó el sábado 14 de noviembre, las y los manifestantes se organizaron para resistir desde la primera línea de las marchas: crearon grupos que desactivan bombas lacrimógenas, varios de los cuales estuvieron compuestos por mujeres feministas.

“Ninguna de nosotras había desactivado antes una lacrimógena, pero vimos que otras personas se estaban organizando para la misma tarea, así que empezamos a ver videos que rotaban por redes y aprendimos desde el autoconocimiento colectivo”, contó María*, una de las desactivadoras de las brigadas feministas que se conformaron durante los siete días de protestas.

A lo largo de la historia, las mujeres cumplieron funciones importantes en las luchas populares, pero estas no siempre se reconocen en las currículas escolares.

Durante la Revolución Francesa, ellas fueron protagonistas de revueltas ligadas a la carestía de productos agrícolas y a los precios del pan. Sin embargo, en las aulas no se conversa sobre ello; se las reduce al ámbito doméstico y privado, como señala el documental Las mujeres en la Revolución Francesa.

“Empezamos a organizarnos desde el martes 10. Fuimos sin nada pero vimos la represión policial, entonces surgió la idea de comprar elementos de seguridad con nuestro propio dinero y con donaciones de nuestros amigos”, relató.

Laura*, otra feminista que desactivó bombas lacrimógenas, sostuvo que al ver estas convocatorias decidió sumarse. Nunca planeó estar en primera línea.

Represión y resistencia

Con casco, lentes de plástico, máscaras antigas y guantes que soportan altas temperaturas, María* y Laura* estuvieron realizando su labor durante la segunda marcha nacional en el cruce de la avenida Abancay y Nicolás de Piérola, una de las zonas donde la Policía Nacional del Perú (PNP) atacó de forma violenta a los manifestantes.

Cerca de las 7 de la noche del sábado 14 de noviembre, se ubicaron junto a las barricadas que armaron las personas de la primera línea y lo que vieron durante las más de tres horas que estuvieron desactivando bombas lacrimógenas les afectó emocionalmente. “Ha sido traumático ver la violencia, el hecho que nos han estado disparando al cuerpo, ver a nuestros compañeros y compañeras que salían en camillas”, recordó María*.

Tuvieron que cruzar entre perdigones y balines para desactivar las lacrimógenas. “Una de nuestras primeras reglas era siempre avanzar en bloque, pero todas en ese momento reaccionamos en automático”, pues solo pensaban en ayudar, corriendo de un lado a otro, siempre alertas. La prioridad en ese momento eran los manifestantes que se encontraban en el choque directo con la PNP.

“Ellos tenían un montón de protección, pero nosotras no y tampoco los compañeros que estaban ahí”, explicó Laura*. Ambas concordaron en que los policías no paraban de lanzar los gases y que, si se detenían, era solo para que los protestantes avanzaran hacia ellos y de ahí dispararles directo al cuerpo.

Las dos mujeres ya habían asistido a otras marchas, pero cuentan que nunca antes vieron que los gases afectaran tanto a los manifestantes. Muchos se desvanecieron.

Las desactivadoras cuentan que incluso vieron pasar a Inti por su costado. En ese momento no sabían que era él, pero solo deseaban que sobreviviera porque se estaba desangrando. “Era como estar en una guerra”, afirmaron.

La importancia de la visibilización de las mujeres en las protestas

Así como ellas, otros grupos de desactivadoras feministas se encontraban alrededor del Poder Judicial y en el cruce del Jirón Camaná con la avenida Nicolás de Piérola, ambos puntos críticos de la represión policial.

Pasadas las 10.30 p. m., María* tuvo que salir de la zona de represión por el dolor de cabeza que le causaron las bombas lacrimógenas pese a que se encontraba protegida. “De pronto me quedé en blanco y empezaron a venirme imágenes a la cabeza de cómo sacaron en camillas a nuestros compas y empiezas a pensar cómo habrías salido de ahí: herida, parapléjica o muerta. Cuando llegué a casa me dio un shock nervioso. Mi mamá estaba llorando y entendí lo expuestos que estuvimos todos”, narró.

Pese a lo vivido, les reconforta saber que pudieron ayudar. Laura* opinó que es importante que las mujeres salgan a luchar porque es una forma de empoderamiento y de erradicar la idea de que “solo los hombres pueden ir al choque porque (las mujeres) somos supuestamente débiles”. “Vi a muchas en la primera línea apagando lacrimógenas. Es importante que se vea que no solo los hombres van a las protestas”, añadió.

Están seguras de que las secuelas psicológicas que tendrán son muchas. María* hasta ahora no logra conciliar el sueño sin tener pesadillas de bombas reventando a su costado. “Lamentablemente ese es el costo que estamos dispuestas a soportar porque creemos en la lucha del pueblo y en la autoorganización colectiva y ciudadana. Vamos a seguir apoyando en primera línea”, finalizó.

(*) Publicada originalmente en La República de Perú

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Con los primeros resultados sobre la mesa, Perú se debatirá el 5 de junio entre una derecha autoritaria y la derecha neoliberal. Entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski estará el próximo presidente, aunque la campaña de Verónika Mendoza introduce un factor de izquierda antes desaparecido en la política peruana.

“…juzgo que puede ser verdad que la fortuna sea el árbitro de la mitad de nuestras acciones, pero que también ella nos deja gobernar la otra mitad”. Con estas palabras Maquiavelo, en el “El Príncipe”, llama nuestra atención sobre la fortuna en la política. Sin duda la incertidumbre se hace presente en el quehacer político y el actual proceso electoral peruano es prueba de ello. Veamos.

En un escenario de descrédito del establishment político y en donde la inseguridad ciudadana, la corrupción y la desaceleración económica son considerados los principales problemas del país según la mayoría de peruanos, se viene realizando el proceso de elecciones generales en el Perú. En este proceso se elegirá al nuevo Presidente de la República para el período 2016-2021, a ciento treinta parlamentarios y a cinco representantes del Perú en el Parlamento Andino.

La fragmentación política del país se expresó en esta contienda electoral en la presentación de diecinueve candidatos a la Presidencia de la República. Según las encuestas, de este pelotón destacó desde un inicio la candidata Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori y candidata por “Fuerza Popular”, agrupación que reivindica la reactivación económica del país y la derrota de organizaciones terroristas como legados del ex presidente. Algo más atrás en las preferencias aparecía Pedro Pablo Kuczynski, por “Peruanos Por el Kambio”, una organización constituida para esta lid electoral y que asocia principalmente a un conjunto de técnicos y políticos con participación en anteriores gobiernos. Con menos brillo aparecían dos ex mandatarios: Alan García Pérez por el “APRA” y Alejandro Toledo por “Perú Posible”. En un primer momento la novedad fue César Acuña, líder de un joven partido político que en los últimos años había logrado arrebatar al “APRA” importantes gobiernos subnacionales en el norte del país, otrora bastión del partido fundado por Haya de la Torre. Más allá de ciertos matices, todas estas candidaturas representaban la continuidad del modelo neoliberal, hegemónico en el Perú desde los años noventa.

Avanzada la contienda, la intención de voto de dos candidatos empezó a crecer inesperadamente: César Acuña y Julio Guzmán, que con un discurso técnico y reformista logro conectar con un importante sector de la población. Por el contrario, la intención de voto a las candidaturas de Alan García y Alejandro Toledo comenzó a decrecer. El crecimiento de la intención de voto de Acuña encontró techo a raíz de un conjunto de denuncias que aparecieron en su contra, quedando finalmente excluido de la contienda electoral a partir de un fallo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), órgano rector del proceso electoral, al demostrarse que había regalado dinero en un acto proselitista. Este hecho hizo que el JNE se convierta en otro actor imprevisto en la contienda, excluyendo a algunos y no a otros aplicando una ley llena de vacíos, dada por el Congreso de la República cuando ya se había iniciado la contienda electoral. El punto más álgido de esta maraña legalista se dio cuando el JNE decidió también excluir a Julio Guzmán de la contienda, aduciendo que la forma en que Guzmán había sido elegido candidato a la presidencia era incongruente con las normas internas de su agrupación política. Este hecho enturbió el proceso electoral. A pesar de las exclusiones de Acuña y Guzmán, uno de los principales clivajes de la contienda electoral ya se había cristalizado: “la gente nueva” contra “los políticos de siempre”.

Tras la salida de Acuña y Guzmán, tres fueron los candidatos que se beneficiaron: Pedro Pablo Kuczynski, Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea. Estos dos últimos candidatos habían empezado desde el mes de febrero a dejar el incómodo “Otros” que las encuestadoras dan a los candidatos que no registran una importante intención de voto. Mendoza es candidata del izquierdista “Frente Amplio”, una joven mujer cusqueña que progresivamente empezó a ganar simpatía entre los sectores urbano-populares (aquél que hace décadas le es esquivo a la izquierda peruana) y rural andino, planteando la necesidad de realizar cambios profundos en el país. Barnechea por su parte, candidato por el tradicional partido “Acción Popular”, apelando a un discurso desarrollista empezó a ganar una importante adhesión en las clases medias urbanas y en la población del sur del país. Con sus propuestas, ambos candidatos lograron incluir en la campaña la discusión sobre la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo, planteando la necesidad de renegociar con las transnacionales los contratos de gas, la diversificación productiva, la ampliación de la cobertura de los servicios del Estado, entre otros. De esta manera se fracturó el artificial consenso en torno a la continuidad del modelo de desarrollo que expresaban quienes venían liderando las preferencias electorales.

Acercándose la fecha de la primera vuelta electoral, el diez de abril, el Colectivo “No a Keiko” convocó a una serie de movilizaciones ciudadanas a nivel nacional, en las cuales se expresó el rechazo a la posibilidad de que el fujimorismo retorne al poder. Estas movilizaciones que fueron masivas y poli-clasistas evidenciaron otro clivaje del proceso electoral: el “Fujimorismo” contra el “Anti-Fujimorismo”.

Para eldiez de abril tres candidaturas llegaron con las mejores opciones: Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Verónika Mendoza. Y las primeras proyecciones de voto así lo han confirmado: las principales encuestadoras señalan que Keiko Fujimori pasará a la segunda vuelta, mientras que Kuczynski y Mendoza continúan en este momento peleando palmo a palmo el segundo lugar. Los primeros resultados oficiales -con el 20% escrutado- lo confirman. A segunda vuelta estarían pasando Fujimori y PPK, dejando a Mendoza relegada al tercer lugar, aunque con un número considerable de parlamentarios.

Fujimori ha conservado durante toda la campaña un voto “duro”, el cual se encuentra principalmente en los sectores populares de Lima y el norte del país. Este elector prioriza la resolución inmediata de un conjunto de carencias y minimiza los delitos que se cometieron durante el gobierno de Alberto Fujimori. Kuczynski ha logrado calar sobre todo en las clases medias de Lima y del interior urbano, aquellas que más se han beneficiado con el actual modelo. Verónica Mendoza ha sintonizado con ese electorado que desea cambios profundos en la política económica, aquel que se encuentra principalmente en el sur andino del país. Ni la campaña de miedo en su contra, ni los ataques de la prensa concentrada lograron detener su crecimiento.

El domingo 5 junio se llevará a cabo el ballotage o “segunda vuelta”. En esta segunda etapa del proceso la posibilidad de que una mujer asuma por primera vez la Presidencia de la República continúa abierta. Probablemente la polarización política se acentúe aún más en esta etapa, por lo cual quien desarrolle la mejor estrategia de alianzas y acuerdos saldrá airoso o airosa. Ya Maquiavelo nos decía que la acción estratégica es propia del político virtuoso, por lo que podríamos concluir sosteniendo que quien logre dominar la fortuna, controlar la incertidumbre de esta campaña en la que todo puede suceder, llevará los destinos del país por los próximos cinco años.

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