Por María García Yeregui

España está inmersa también en campaña electoral: la antesala al tórrido adelanto electoral que decidió el presidente del gobierno y candidato Pedro Sánchez. Fue un movimiento táctico inmediato, tras los resultados de las elecciones territoriales del 28 de mayo, con el objetivo de activar voto útil hacia el PSOE, además de acelerar la necesaria unificación del espacio político a su izquierda en Sumar, plataforma presidida por Yolanda Díaz (ministra de trabajo y vicepresidenta segunda). Una jugada rápida pensada para romper la tendencia abstencionista de los sectores progresistas de la sociedad, al coincidir las semanas de pre-campaña con los numerosos pactos de gobierno firmados entre el PP de Núñez Feijoó y el Vox de Santiago Abascal. Se trató, en definitiva, del intento de activación de unos sectores que se encuentran desmovilizados, en contraposición a un electorado de derechas -de voto tradicional mucho más fidelizado- que se encuentra muy movilizado. Lo está contra la imagen, construida en estos años, del “gobierno social-comunista”, “filo-terrorista y bolivariano”, a un tiempo “totalitario y anárquico”. Unas derechas sociológicas llamadas por sus líderes a acabar con “la presidencia ilegítima” de “un tirano”, “el okupa de La Moncloa”, a “derogar el sanchismo” según declaraciones de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que volvió a reeditar su mandato con mayoría absoluta el pasado mes de mayo.

Lo cierto es que con una identidad nacionalista excluyente, patrimonializadora del país, el españolismo derechista cuenta de nuevo en la historia con un discurso potente que incorpora la identificación de “los enemigos de España”. Resucitaron, en los años de pandemia que doparon el discurso y la figura de personajes como Ayuso, el viejo concepto franquista de ‘la anti-España’, con sus caricaturas demonizadoras actualizadas. Una resurrección, con fuerza de época, que ha sido incorporada a las percepciones de una parte de las generaciones nacidas después de los 70s, acompañadas por la sedimentación del conocido como ‘franquismo sociológico’. Una herencia que durante las dos últimas décadas ha sido realimentada con inversiones de capital puesto en circulación ideológica a través de un cuantioso despliegue de medios de comunicación y editoriales.

El adelanto electoral pretende, por tanto, la movilización del bloque progresista hacia el PSOE -un voto más rentable en el número de diputados y, por ello, llamado “útil”- como respuesta frente al acceso de los negacionistas de la violencia de género a puestos de poder institucional. Ya lo hemos visto durante las muestras públicas con los seis casos de las mujeres que fueron asesinadas por violencia machista la primera semana de campaña. Han llegado a ayuntamientos (intendencias), gobiernos autonómicos -con carteras de educación, cultura o medio ambiente- y a presidencias de cortes autonómicas -las comunidades autónomas con equivalentes a las provincias en la división territorial argentina- los autores de las declaraciones que durante la semana del orgullo LGTBIQ+ compararon la diversidad y libertad sexual con la pederastia, sin olvidar las primeras censuras en teatros a obras de autores como Lope de Vega o Virginia Woolf. 

En definitiva, la decisión de Sánchez al disolver las cámaras medio año antes del fin ordinario de la legislatura, al día siguiente de los malos resultados de las elecciones regionales para la progresía y la izquierda dividida, convocando unas elecciones generales en mitad del periodo estival vacacional del país, tuvo como prioridad movilizar el voto de contención frente a la entrada de la extrema derecha junto ‘al extremo centro’ (a lo Trump y Bolsonaro) en el poder institucional más cercano al ciudadano y el que tiene las competencias de la sanidad y la educación pública del país. Ha ocurrido en unas elecciones locales en las que el giro reaccionario, consolidado con el impacto pandémico -después de su activación tras la llegada al ejecutivo del primer gobierno de coalición con fuerzas de izquierda como Unidas Podemos desde la II República, la moción de censura de Pedro Sánchez al gobierno del PP en 2018 y el procés independentista catalán- ha cristalizado en un amplio poder territorial para la coalición gubernamental PP-Vox.  

Las elecciones a las Cortes generales de las que saldrá el gobierno central de España serán el próximo domingo 23 de julio. El mismo mes de julio en el que el país comienza sus seis meses de presidencia del Consejo de la Unión Europea. Un semestre que continúa con el telón de fondo de las subidas de tipos de interés del Banco Central ante la inflación continental y el anuncio del fin del giro keynesiano coyuntural que permitió afrontar la pandemia. Una segunda mitad del año que continúa marcada en el viejo continente por el contexto bélico, con una Alemania en recesión y con la extrema derecha llegando a gobiernos, junto a las derechas tradicionales, en diferentes puntos de Europa. 

El caso más reciente ha sido el de una Finlandia que pretende abandonar su neutralidad histórica y quiere ingresar en la OTAN. Lo mismo que Suecia, cuyo cambio histórico en sus doscientos años de neutralidad se discutió en la cumbre atlantista de Lituania. El gobierno sueco es también el resultado de un pacto entre los conservadores y la extrema derecha, que apoya al Ejecutivo desde fuera. Así comenzó la trayectoria ascendente de Vox en España a partir de 2018, cuando firmaron por primera vez un pacto con un gobierno del PP en el sur. Aquel año, el llamado ‘trifachito’ en Andalucía se concretó con el apoyo de Vox -mediante un acuerdo de medidas a cambio de fidelidad parlamentaria- a un gobierno de coalición integrado por la segunda y la tercera fuerza más votadas en la región -el Partido Popular y Ciudadanos, respectivamente-, cuando el bloque de las derechas españolistas estaba dividido en tres partidos, lo que a nivel estatal frenaba su acceso a La Moncloa. Pues bien, el año pasado el PP andaluz consiguió mayoría absoluta con la desaparición de Ciudadanos, y se evidenció que Vox no conseguía capitalizar el corrimiento del marco a la derecha que se ha producido. No tradujeron en suficiente número de votos las expectativas que esperaban para su “reconquista”. 

De hecho, contabilizando la serie histórica del bloque en número de votos a lo largo de las diversas elecciones consecutivas, podemos ver la tendencia de una hipótesis firme: el techo de Vox en votos, como tercera fuerza parlamentaria del país, fue alcanzado en la repetición electoral del 10 de noviembre del 2019, tras la que pudo acordarse el gobierno de coalición progresista del PSOE y Unidas Podemos. Hablamos de un techo de 3,6 millones de votos que no alcanzarán este domingo, pese a haber conseguido progresivamente poder territorial dentro de sucesivas coaliciones de gobierno. En 2021 en Murcia por la puerta de atrás, en 2022 en Castilla y León con un pacto de coalición en toda regla, y este Mayo como nunca antes, evidenciando lo que quien mire de frente la naturaleza y comportamiento histórico de la derecha española sabía con certeza desde el principio: el PP pactará siempre con Vox para llegar al gobierno. 

La desaparición de Ciudadanos es clave para entender la situación en el sistema parlamentario español. La nueva división del bloque de las derechas españolistas en dos partidos, junto con la penalización del sistema electoral a la división de las izquierdas y su desmovilización, fue lo que realmente caracterizó los resultados de las elecciones municipales de Mayo en el acceso a poder político institucional de la llamada ola conservadora. En definitiva, con la recuperación del PP en estos años de populismo “trumpista” marcando agenda, junto al fin de Ciudadanos, Vox está cerca -obteniendo menos votos que a finales de 2019- de llegar a La Moncloa de la mano del partido del que se escindió, el Partido Popular.

El modelo que se juega España el domingo es el del gobierno de coalición finlandés, en el que la derecha tradicional ha pactado el gobierno con la extrema derecha y ésta ha entrado en el Ejecutivo. Recordemos, no obstante, que el giro sueco a la derecha tuvo lugar en las elecciones del año pasado. El mismo año en el que, cumpliéndose cien años de la Marcha sobre Roma del fascio de Benito Mussolini, los posfascistas de Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni a la cabeza, llegaban al gobierno italiano en otra coalición entre las extremas derechas neofascistas y la derecha berlusconiana de Forza Italia, aquella que nació en la crisis del sistema político italiano de posguerra, durante los 90s. 

En el caso español, la crisis del sistema bipartidista comenzó tras el crack de 2008, con posiciones contestatarias frente a las políticas de ajuste. Como en Francia o en Grecia, la impugnación era desde abajo y a la izquierda. Los helenos llegaron mucho más lejos, sin embargo fue también en Mayo cuando se confirmó el cambio de ciclo histórico en el país mediterráneo, tras la derrota del pulso de aquellos años, la década pasada. En España, el eje nacionalista activó el viraje a la derecha y el giro reaccionario que está también presente en las propias instituciones y poderes del Estado, como evidencian numerosos hechos de los que, a modo de ejemplo, elegimos algunos: 1) el PP se ha negado durante 5 años, desde que perdieron el Ejecutivo, a cumplir la Constitución española en la renovación del Consejo General del Poder Judicial -el órgano de gobierno de los jueces- para no ajustar la institución a los resultados de la soberanía popular de hasta dos elecciones generales en 2019, y el poder judicial ha sido cómplice durante toda la legislatura en contra de la legalidad; 2) el Tribunal Constitucional evidenció la clase de juristas integrantes de la mayoría conservadora que lo regía -su fidelidad a la representación partidaria de su ideología, la cual estaba implementando estrategias duras contra la estabilidad del gobierno de coalición- a través de la declaración, en 2021, de la inconstitucionalidad de los Estados de Alarma decretados y ratificados por mayoría del Congreso cada 15 días, para contener la expansión del Covid en el primer semestre de 2020, es decir, el Tribunal Constitucional estuvo rozando el lawfare; 3) el descubrimiento de la puesta en funcionamiento de una ‘Policía Patriótica’ contra ‘enemigos políticos’ -desaparecida en la campaña y en los medios- con la implicación del ministerio del Interior durante el último gobierno del PP. Estos son sólo algunos casos preocupantes en referencia a diferentes poderes estatales, sin mencionar lo ocurrido en el caso de la ley feminista del ‘sólo sí es sí’.

Así pues, las estrategias de restauración de la crisis del sistema de partidos español, articuladas desde diferentes poderes estatales y estructurales, dio paso a un movimiento reaccionario. La crisis del sistema de partidos ha virado a la derecha. Como núcleo, la unidad homogeneizante del país, acompañada por la reacción machista, junto a la familia de inspiración nacional-católica, y el racismo vertebral del discurso anti-inmigración, defensor de “las esencias de la sociedad blanca, occidental y cristiana”, como hemos oído a Le Pen en Francia, Meloni en Italia o Trump en USA. Esa triada viene acompañada por el discurso de seguridad vinculado a la propiedad privada, en un uso del miedo y la frustración, azuzados sin referencias a partir del impacto pandémico, con el brote de la conspiranoia y negacionismos como el climático. Un impacto en apariencia dejado atrás pero que permitió el giro reaccionario del marco a través del uso de un concepto adulterado de ‘libertad’, constituido entre las dicotomías caricaturizadas de la Guerra Fría y la hegemonía de ‘la normalidad neoliberal’. Veremos hasta dónde llegan, en este país ibérico, con su “no mires arriba” fascistoide, cuando no tenemos ni cuerpos ni mentes para pérdidas de derechos y persecuciones administradas, ni tiempo para tanto reaccionario ante la emergencia climática.

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De hecho, si este jueves (el primero de la nueva década), el Consejo de ERC confirma esa abstención al aceptar el acuerdo con el PSOE que aún no ha sido hecho público, podemos afirmar que, en la segunda votación de investidura, saldrá electo presidente el único candidato que contaba con esa posibilidad tras los comicios, el candidato del PSOE y actual presidente en funciones, Pedro Sánchez. Lo hará con un gobierno de coalición que contará con dos vicepresidentes muy dispares entre sí. La actual ministra de economía en funciones, Nadia Calviño, funcionaria perteneciente al círculo de la elite de economistas de Bruselas.
Y Pablo Iglesias, que 5 años después de fundar Podemos, y con los peores resultados de la coalición Unidas Podemos (tuvieron 3 millones de votos, el 12.8% del voto emitido, traducido en 35 diputados), consigue formar en España el primer gobierno de coalición socialdemócrata. Lo ha hecho según la apuesta estratégica que perfiló a partir de no conseguir el sorpasso al PSOE en el anterior ciclo electoral de 2016. No lo consiguieron pese a tratarse del peor resultado del partido “socialista” desde la llegada al ejecutivo de Felipe González, al final del período transicional, en 1982, es decir, del 48% de entonces (en las elecciones que contaron con la mayor participación), al 22.6% (5.4 millones de votos) que consiguió Sánchez en sus segundas elecciones como candidato. Unidos Podemos no lo logró por perder en coalición, con la repetición electoral, un millón de votos.
Así las cosas, la apuesta estratégica de Pablo Iglesias, en el plano parlamentario, incluyó, primero, la insistencia y el trabajo por lograr una moción de censura del Congreso articulando contra la derecha otra mayoría posible, desbancando así al PP de La Moncloa. Una moción de censura que, finalmente, tras la sentencia por corrupción al Partido Popular, colocó a Sánchez, sin necesidad de acuerdos -también por la relación de fuerzas políticas tras el estallido de la crisis territorial en Cataluña- como presidente del gobierno, a mediados de 2018.
En un segundo tempo, y de nuevo en un ciclo electoral, la lectura estratégica de Iglesias contempló la permanente exigencia de respeto a la proporcionalidad de votos para un gobierno de coalición, tras su lectura del fin definitivo de las mayorías suficientes para gobernar en solitario el país. Una lectura constatada, al menos en el grueso de su argumento, en esta última convocatoria electoral, aunque fue asumida con sumo riesgo para su partido político y para el país, ante la posibilidad de que la derecha recuperara, también en coalición, la posibilidad de gobernar.
No obstante, la clave para avistar definitivamente investidura y formación de gobierno ha sido la publicación, este último lunes de la década que se fue, por parte de la Abogacía del Estado (ente jurídico pero gubernamental) del escrito dirigido al Tribunal Supremo respecto a la sentencia emitida, hace un par de semanas, por el tribunal de Luxemburgo (Unión Europea) a favor de la inmunidad parlamentaria del líder de ERC, Oriol Junqueras, para recoger su acta de eurodiputado. La conclusión del tribunal de justicia de la UE se emitió como consecuencia de la consulta que le formuló el propio Tribunal Supremo del Estado español, cuando Junqueras estaba en prisión preventiva y siendo procesado, por tanto antes de la sentencia que le condenó a 13 años de prisión por sedición y malversación.
Pero volvamos a lo marcado por las urnas en las elecciones generales, lo cierto es que el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ganó los comicios por segunda vez consecutiva. Algo que no sucedía desde antes de la crisis económica con los gobiernos de Rodríguez Zapatero, cuando el partido consiguió 11 millones de votos (más del 40% del voto emitido). En el 2019, el último año de la década pasada, el PSOE volvió a ser la fuerza más votada consecutivamente, pero su victoria en esta repetición electoral fue aún más pírrica que la de abril. La apuesta de Sánchez perdió más de 700 mil votos, traducidos en tres escaños, por lo que el PSOE cuenta con 120 diputados para la investidura.
El 10 de noviembre, Sánchez fue el candidato más votado con el 28% de los votos, frente al 20.8% del segundo, el líder del PP, Pablo Casado. El Partido Popular, pese a mantener la hegemonía del bloque de la derecha por el desplome de su competidor de abril -Ciudadanos pasó de quedarse a 200 mil votos del PP, adelantando a Unidas Podemos como tercera fuerza, a perder 2.5 millones de votos, quedándose con sólo 10 bancas que representan al millón y medio de votos que conservó-, y recuperar 700 mil votos y 22 diputados (quedando con 88), no ha remontado la posición hegemónica de régimen que todavía tenía en 2016, cuando comenzó la crisis del bipartidismo, ni siquiera cuenta con una hegemonía fuerte dentro de la sociología conservadora del país.
Nos encontramos, así, con un elemento lo fundamental, nos referimos a las características de la reorganización del voto de derecha: Vox se convirtió en la tercera fuerza política del país con el 16% de los votos (4.1 millones). Esto es lo crucial tanto para nuestra preocupación como defensores de los derechos humanos, militantes antifascistas y feministas; como para contextualizar lo sucedido en la arena política institucional.
Por un lado, resulta esencial para entender el reconocimiento exprés de Sánchez de su propia derrota respecto a los objetivos presidencialistas que guiaron la repetición electoral. Pasó de estar en contra del gobierno de coalición, hasta el punto de arriesgar que, con la bajada de participación, ganara el poder gubernamental de España un tripartito de derechas con Vox incluido, a firmar el pacto con Iglesias a poco más de 24 horas de los resultados electorales.
Por otro lado, el auge de la extrema derecha en el parlamento -y de esta forma en la calle y en el discurso- es esencial para entender la distancia existente entre las negociaciones del PSOE durante estas semanas, respecto al Sánchez de antes de la convocatoria electoral y, sobretodo, del discurso que tuvo como candidato durante la campaña. Una distancia, primero, respecto a la petición de abstención que hizo constantemente a PP y Ciudadanos para poder gobernar en solitario, así como respecto a las conversaciones con Casado para reformar la ley electoral al estilo griego, que riendo asegurar la dotación de fuerza legislativa suficiente a la lista más votada para poder gobernar sin necesidad de pactos de coalición con otros partidos; y, en segundo lugar, una distancia frente al discurso erigido por el PSOE en referencia al conflicto catalán durante la campaña, negándolo como conflicto político y caracterizándolo únicamente como crisis de convivencia entre catalanes.
Y es que la forma de reorganización del españolismo derechista explica la lectura política de imposibilidad de llegar a una gran coalición PSOE-PP, esa gran coalición que reclaman los sectores de poder y algunas familias de la derecha dentro del propio Partido Popular, para frenar lo que ellos califican como “alta traición a la patria” y “el fin del país”. El derechismo, todo, califica al gobierno del PSOE y Unidas Podemos -con pacto con los nacionalistas vascos y abstención negociada con el principal partido del independentismo catalán, a lo que hay que sumar la también abstención por lectura política de EH Bildu (para la derecha españolista, “los etarras”), como “gobierno de comunistas, secesionistas y populistas bolivarianos”.
En definitiva, el crecimiento estremecedor del nuevo competidor del PP por la derecha, antes engrosado en sus votantes, dado el contexto de nacionalismo español exacerbado a partir de la crisis independentista catalana, en una coyuntura europea de crecimiento rápida de la extrema derecha a partir del punto de inflexión de las políticas de austeridad y recogiendo la reacción del machismo frente a la movilización feminista antipatriarcal, explica que un PP que pierde votos hacia Vox, se derechiza más en su discurso y trata a España como su patrimonio material, simbólico y espiritual tanto en el plano reaccionario tradicional como en el ideológico neoliberal, no opte por pactar con Sánchez –“el felón y traidor socialista”- ni se plantee permitirle gobernar en solitario.
Lo cierto es que en sólo un año desde la entrada de Vox en las instituciones y en sus segundas elecciones generales tras entrar en el Congreso de los diputados, la formación reaccionaria ha pasado a ser la tercera fuerza de la cámara: recordemos que pasó del 10% de los votos conseguidos en abril, lo que parecía un techo, al 14%, es decir, 3.5 millones de votos traducidos, como tercera fuerza del parlamento, en 52 diputados.
Este hecho es el que despejaba el riesgo de unas terceras elecciones. Y también, por tanto, podía hacer creer que con un acuerdo de coalición firmado entre Sánchez e Iglesias, a menos de dos días del resultado electoral, ERC no negociaría su abstención, ante el miedo a las dos derechas PP-Vox en unas terceras elecciones.
Deducción lógica pero errónea dada la situación en el país, ya que dentro del campo del independentismo catalán, con unas elecciones en Catalunya a la vuelta de la esquina –que serán las primeras desde la aplicación del 155 y la convocatoria de elecciones tras la declaración unilateral de independencia y el referéndum del 1 de octubre -, pero sobretodo con los presos catalanes condenados por sedición antes de las elecciones generales no existía en realidad esa opción. Ya no estábamos en julio y eso lo sabía Sánchez en septiembre cuando se negó a ser nombrado candidato en una segunda ronda de investidura forzando las elecciones.
En estas condiciones, la abstención de Esquerra ya no iba a ser a cambio de nada, a diferencia de lo ocurrido en la moción de censura que hizo a Sánchez presidente, ahora en funciones, o en las dos investiduras fallidas de julio en el que hablaban de un ‘sí’ sin contraprestaciones para frenar a la derecha, evitar repetición electoral y tratarse de una oportunidad histórica. En realidad, esta realidad respecto a la posición de ERC ya se demostró cuando votaron ‘no’ a los presupuestos del Estado firmados por PSOE y UP, que los tumbó y fue lo que provocó tanto el adelanto electoral de abril como que España siga operando como país con los presupuestos de 2018 que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy.
El último escollo con ERC, lo han terminado de salvar, si se confirma el jueves su abstención, la posición de la Abogacía del Estado a partir de la sentencia de Luxemburgo, además del acuerdo que hayan firmado que aún está por hacerse público. La sentencia de la justicia de la UE ha dado alas a algunos de los argumentos tramposos, convertidos en sentimientos y experiencia victimista respecto a España dentro del catalanismo, y, por supuesto, bilis al españolismo, más de Vox que al PP, por el mito europeísta del conservadurismo posfranquista característico en España, pero sobretodo a un imaginario reaccionario alimentado durante casi 20 años por la proliferación de medios de la llamada “caverna” en el país, y de esos polvos estos lodos.
Veremos qué sucede en el siguiente punto de inflexión judicial, cuando el tribunal de DDHH de Estrasburgo dictamine corrigiendo tanto la detención, encarcelamiento y condena de “los Jordis” –los dos activistas independentistas responsables de dos de las organizaciones culturales más relevantes del giro independentista de la última década- como la pena y condena por el delito de sedición, no sobre el de malversación, eso seguro, que recoge la sentencia de, nada menos, que el Tribunal Supremo del Estado español. Pero eso ya, es otra historia.

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María García Yeregui desde España

La importante movilización del voto “útil” en las últimas elecciones generales de España con resultados de representación de la soberanía popular que pudieron frenar a las derechas -divididas en tres partidos-, sólo con un empate técnico de votos entre los bloques estatal-progresista (PSOE y Unidas Podemos) y el bloque españolista-neoliberal (PP, Ciudadanos y Vox), no son hoy para el líder del PSOE y único candidato presidenciable, más que “agua pasada”. Tal y como se refirió, en una entrevista ante la pregunta sobre su relación con Pablo Iglesias: “no quiero entrar en ningún reproche”. 

Los resultados de la legislatura más corta fueron papel mojado, unas importantes elecciones con fuerte polarización: los primeros comicios después de la crisis territorial abierta en Catalunya y del giro a la derecha de la crisis del sistema político a partir de la victoria de las derechas, que sí formaron gobierno, en el sur del país. En otras palabras con la entrada de la extrema derecha postfranquista en las instituciones estatales. 

Pedro Sánchez continuaba en la entrevista: “ahora hay que mirar a la pregunta que hay que responder el próximo 10 de noviembre (…): si el 11 de noviembre continuamos bloqueados o queremos un gobierno”. El presidente en funciones, que lo es como consecuencia del apoyo incondicional de la mayoría de la cámara de diputados –todas las fuerzas excepto las derechas españolistas- en la primera moción de censura exitosa de la historia de la democracia liberal española, nos explica repetidamente por qué aquellos relevantes comicios no servían, por qué no se merecían respeto, por qué son agua pasada: “los españoles tienen que decir aún más claro su voluntad”. 

Una voluntad preconcebida para una unidad genérica, “los españoles” –casi ‘unidades de destino en lo universal’ pero versión liberal posmo, que con la que está cayendo en España referido al territorio, la identidad y el derecho, entendemos su fuelle no sin perplejidad. Y es que lo de las naturalizaciones del estado-nación –haya sido, sea o llegue a ser-, leyendo simplista y burdamente la concepción de su soberanía popular, a veces da vergüenza ajena.

‘Yo o el caos’, exclamaba prácticamente Sánchez en el debate electoral del pasado lunes: “si queremos un gobierno, votamos al partido socialista, si queremos impedirlo o bloquear, aquí tienen ustedes para elegir”. De esta forma, la repetición electoral que decidió el Ejecutivo en funciones para ‘votar bien’, conduciría a esa hipotética meta-voluntad de los españoles -concebida en función de la pregunta que él mismo plantea acerca del bloqueo y la gobernabilidad- hacia el propio Pedro Sánchez, círculo cerrado sobre sí mismo.

No contento con semejante conductismo reduccionista de masas acerca de una decisión individual, expresada cosificadamente con el voto aunque según marcos de imaginarios colectivos, el líder del PSOE explicita, por si acaso, la vía correcta de respuesta: “la única fuerza política que ahora mismo puede garantizar el que haya un gobierno en este país es el partido socialista”. ¡Gobernabilidad con sueños presidencialistas –made in USA- en un sistema parlamentario y con esta coyuntura!

Sin escuchar la última rueda de prensa del equipo negociar de Unidas Podemos el pasado septiembre, parecía que la mediación aludida por Pablo Iglesias respecto a nada menos que el posicionamiento del rey en su ronda de contactos de los líderes de los partidos, para el nombramiento oficial del candidato de cara a cada investidura en el Congreso, había tenido finalmente lugar, pero en la dirección opuesta. Es decir, para evitar que la partida para conformar un gobierno pudiera continuar según en una segunda y última ronda de intentos para la investidura que contempla la Constitución. 

Y es que sin conocer la decisión que había tomado Sánchez de seguir la senda de Rajoy y vetar ser nombrado candidato en caso de no contar con un acuerdo cerrado que le asegurara el triunfo a priori, la ausencia de nombramiento del candidato por parte del monarca, me parecía una táctica de intento de jaque mate de monarquía y bipartidismo. De la mano del partido de régimen, el PSOE, con los ojos puestos en la reforma constitucional desde arriba –cómo no- para apañar lo de la gobernabilidad, y algún que otro retoque más, en base a un acuerdo con el PP. De hecho, Sánchez ya habló, antes de la investidura fallida de julio, con Pablo Casado, de reformar el artículo 99 de la Constitución según el modelo griego. Es decir, asegurar suficientes bancas para la lista más votada, que le permitan, por tanto, formar gobierno sin necesidad de pactos. 

De hecho, Sánchez comenzaba el debate lanzando una ya vieja propuesta al viento: que gobierne la lista más votada sin respetar las reglas del juego constitucional. Mientras los ecos de una ‘gran coalición nacional’ suenan a dúo, en boca de encuentros públicos entre los ex presidentes Mariano Rajoy (PP) y Felipe González (PSOE). La pregunta clave es cómo la lograrán, en sus efectos y objetivos, sin llegar a hacerla.

En definitiva, el PSOE de Sánchez asumió correr los riesgos de una victoria de las derechas, capitaneadas por el PP, pese a los resultados en bruto de las elecciones de abril. Electoralistamente estaba claro que lo hacía para sumar escaños como consecuencia de la ley electoral de mayorías que tenemos, desangrando a UP por un lado y a Cs por otro. 

Así las cosas, sin el dato de la novedosa imitación de Sánchez a Rajoy –negó presentarse hasta en dos ocasiones por no contar con los apoyos suficientes y no tener posibilidad de negociación en la cámara-, la jugada olía a una lógica de transición española reloaded, que incluía una mayor actividad por parte del monarca. Pero con la información de la ‘táctica Rajoy’ asumida por Sánchez, el rey habría acordado pero no dispuesto. Y es que, el responsable de Unidas Podemos en las negociaciones fallidas con el PSOE, Pablo Echenique, afirmó con total naturalidad que los responsables “socialistas” les había dicho, en aquella última reunión de los equipos negociadores, que Sánchez innovaba su trayectoria de presentarse a todo sin haber movido ficha para conseguir los apoyos suficientes –cuatro, en estos cuatro años, fueron sus investiduras fallidas-. Cambiando de estrategia no aceptaría el encargo del rey, a no ser que hubiera un acuerdo cerrado que daba la investidura por segura.

Por tanto, Pablo Iglesias sabía perfectamente al reunirse con Felipe VI que esas eran las últimas horas, que no habría más partida antes de la convocatoria electoral. Con esto nos quedan claras dos cosas: el protagonismo de Sánchez en la táctica por el sueño presidencialista, con la exhumación de Franco en la mira y pese, o con, la fecha de la sentencia del juicio al Procés fijada; y que el secretario general de Unidas Podemos, desde la escisión errejonista del partido, está entrenado en remar imperturbable frente a órdagos decisivos.

Iglesias considera que se ha producido con el recorrido de Sánchez –desde su negativa a investir a Rajoy que le costó un golpe interno de la ejecutiva del PSOE que finalmente se abstuvo y su victoria en las siguientes primarias con un discurso progresista- una suerte de ‘despertar progresista’ sin retorno en la base social: el síntoma duradero del ciclo abierto tras la crisis del 2008 y el 15M, que seguiría presente tras haber sido usado por Sánchez para renacer como líder del PSOE, como consecuencia -según el análisis de Iglesias- de la presión ejercida por la existencia de Podemos. Y esto es lo que habría sido decepcionado chuscamente durante estos últimos meses por el fracaso de las negociaciones para un ejecutivo progresista. 

Por ello, Iglesias atisba una crisis dentro de la identidad progresista que considera de una profundidad suficiente como para hacer tambalear la fidelidad de voto hacia el PSOE, más con la nueva estrategia de dureza con Catalunya y desdén hacia Unidas Podemos, practicada por el líder “socialista”. Es decir, una ventana entreabierta y después rota que, con la firmeza y tacticismo del líder de Podemos, pretende terminar de abrir hacia su espacio político: se presenta como el actor que ocupa ese lugar, queriendo dejar la decepción sin vacío. En eso, aunque no igual, sigue también Iñigo Errejón.  

La firmeza de Iglesias presenta una continuidad con su discurso y su estilo, a lo que hay que sumar la ruptura de la imagen de autoritario y ávido de poder que le construyeron ante el palco de la opinión pública, al haberse retirado tras el veto que le hizo Sánchez justo antes de la primera sesión de investidura del pasado julio. Una coherencia también con el cierre del debate electoral del 22 de abril: “lo que le pido a esa gente que piensa que la política no sirve para nada es que nos dé una oportunidad, una sola, de estar en un gobierno cuatro años y si en esos cuatro años no hemos conseguido cambiar nada, no nos voten nunca más”. 

Sin embargo, creo, algo indignada y preocupada, que lo hace infravalorando, entre otras cosas, la tradición existencial del desencanto político, abstencionista tras el chute ilusionante, del votante progresista. Aunque es verdad que visto lo visto en estas semanas, quizás sea otra vez activado por otro sentimiento, el del temor a un PP de seguro reforzado y a un crecimiento de la extrema derecha de Vox -tras aparecer con soltura por vez primera en un debate electoral- a costa del desinfle de Ciudadanos, según las encuestas.

Pablo Iglesias consideraba enterrado el bipartidismo, pareciera en sus análisis de julio que sin posibilidad de resurrección: “la crisis económica que llega el 2008, que tiene como manifestación social inicial el 15M, eso es gravísimo, eso crea unos niveles de desconfianza en la política, eso entierra el bipartidismo en España”. Según su posición, la movilización del voto útil, también a ellos, no habría sido tanto coyuntural ante el peligro del ‘trifachito sin filtro’, sino más bien una base suficientemente estable como para considerar que el eje principal de su razón de voto, o su motivación, sea lo que él denomina el ‘consenso de acuerdo’ entre los votantes del llamado bloque progresista.

El candidato de Unidas Podemos comentaba que veía a las derechas incapaces frente al eje territorial de la crisis del sistema político: “para la derecha, Catalunya no es un problema de Estado, es una oportunidad electoral, con lo cual están fuera de cualquier tipo de solución de Estado, les interesa inflamar lo que ocurra en Catalunya”. Finalmente, de cara a la recesión en ciernes, sentenciaba: “a mí me parece una evidencia que solamente el PSOE con nosotros puede afrontar esos dos desafíos de Estado de España (…) si no llega a ser porque nosotros existimos y desde fuera condicionamos la interna del PSOE, el PSOE estaría muy mal”.

Del otro lado, sin embargo, está el PSOE. Desearían ser el gobierno socioliberal, centro de la enésima restauración borbónica. Pero tendrán que compartir centralidad. Es poco probable que lo consigan como midieron tácticamente, a modo de mal menor, a través de socios menores –Ciudadanos y errejonistas-. Apunta, como se viene diciendo por estos pagos, a compartir centralidad inmediata con el PP, de un modo u otro, o con las nuevas cartas de bancas en diputados repartidas entre bloques, ni eso.

La razón de este Estado neoliberal –en un país con una transición de la dictadura a la democracia liberal por reforma, sin ruptura legislativa, “de la ley a la ley”, realizada por sectores de la España franquista, junto a la hegemonía de la narrativa de reconciliación nacional- no está precisamente “razonando”, frente a la nueva fase de la crisis -la del sistema autonómico ante el independentismo en Catalunya-, según el análisis de consensos del 78 que ha hecho Iglesias, por las razones que él mismo proclama en campaña –han usado hasta las cloacas del Estado en un espionaje de cara a los medios, la apodada ‘policía patriótica’-. La propuesta de la vía de derrotar y disciplinar hasta desactivar a la mitad de los catalanes que son independentistas, está encima de la mesa y con la sentencia judicial por sedición se está ya articulando. 

Veremos qué pasa con el desengaño progresista, esperemos que se encuentre mitigado por la reacción que han vuelto a tener las derechas tras la exhumación del dictador y, sobretodo, después de las movilizaciones y disturbios en Catalunya tras la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio al ‘procés’ independentista. La suerte está echada.

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María García Yeregui desde España

El próximo domingo 10 de noviembre -el día después del 30 aniversario de la caída del muro de Berlín- hay repetición electoral en España. Un país, recordemos, con sistema parlamentarista, no presidencialista, donde el voto no es obligatorio y con una ley electoral que premia las mayorías. Un sistema en la que la abstención influye a la hora del reparto de bancas para poder legislativo que investirá al presidente del ejecutivo. Los números de votos que representa cada diputado varían entre sí. Y son los congresistas en función de sus grupos políticos, con una disciplina férrea de partido, los que finalmente votarán para investir un presidente que alcance la mayoría suficiente de la cámara. 

La ley electoral articulada en la Constitución del 78, favorece el voto rural por la llamada ‘ley del dos’, es decir que en cada provincia se juegan dos diputados como mínimo, independientemente de su población. Como decimos, favorece también las mayorías a la hora de traducir votos en bancadas, tanto a nivel estatal como a nivel de los partidos que se presentan por una sola de las comunidades autónomas en las que se divide el país, como los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes. 

El régimen político reglamentado con esta estructura electoral, contaba hasta el comienzo de su propia crisis -a raíz de las políticas de ajuste implementadas tras la crisis de 2008-, con dos grandes partidos. Dentro de una arquitectura estatal muy poco centralista –el Estado de las autonomías-, el bipartidismo turnista del PSOE y del PP se veía cumplimentado para la gobernabilidad ejecutiva, en caso de que alguno de ellos no consiguiera la mayoría absoluta, por dos partidos mayoritarios conservadores en las nacionalidades históricas más relevantes, el País Vasco y Cataluña. 

Las dos zonas más desarrolladas y ricas del país –industria fabril y banca-, además de Madrid como capital, tanto antes de la guerra civil como durante el desarrollismo franquista, que reprodujo la relación centro-periferia “necesaria” -para los beneficios oligárquicos en este sistema capitalista- del subdesarrollo terrateniente o extractivo de materias primas, de otras zonas del país. Siendo así, ambos sufrieron, aunque aguantando mejor y siguiendo la inercia de la desigualdad centro-periferia, la llamada ‘reconversión industrial’ -la desindustrialización- que realizó el PSOE a partir del tratado de Maastricht de la Unión Europa. 

Nos referimos a los partidos tradicionalmente hegemónicos de Euskadi y Catalunya: el PNV -la derecha nacionalista democristiana vasca-, y la antigua CIU, el conservadurismo nacionalista catalán que ha dado paso al independentismo de derechas de Junts per Cat a lo largo de esta década. Los descendientes políticos de CIU que gobernaron Catalunya durante 23 años consecutivos, parecen olvidar que en su momento pactaron la gobernabilidad de España con el PP de José María Aznar, haciendo posible que la derecha españolista unificada -con estrategia centrista- llegara por vez primera a la Moncloa, en los años 90s.

Pues bien, a partir de la llamada crisis del bipartidismo, nos encontramos ante las cuartas elecciones generales en cuatro años. Unas elecciones que van a tener lugar en la coyuntura que abrió la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo (equivalente a la Corte Suprema de Justicia en Argentina) en el juicio al llamado ‘Procés’ independentista catalán de 2017. 

Diez días después de hacerse pública la sentencia, se exhumó a Francisco Franco de su mausoleo, bautizado por él como ‘Valle de los Caídos’. La forma y el contexto no acompañaron la demorada aplicación de la ley de Memoria Histórica, aprobada por el PSOE de Zapatero en 2007, en cuanto a hacer efectiva la prohibición de monumentos públicos que exalten la dictadura. 44 años han pasado desde el funeral de Estado del 24 de noviembre de 1975, tras haber muerto en la cama el 20N. Más de cuatro décadas para concretar una medida reparatoria tan fundamental como no tener un monumento nacional-católico y fascista en honor al dictador. Sin embargo y, por desgracia, una vez más, el logro de la lucha de las organizaciones memorialísticas ha sido doloroso, por haber estado mal contextualizado y ejecutado (más si tenemos en cuenta la imagen televisiva producida). 

El traslado de los restos del genocida al panteón familiar de Mingorrubio fue, en última instancia, consecuencia también de la decisión de otros magistrados del mismo Tribunal Supremo, que denegaron el recurso presentado por la familia del dictador para impedir el traslado de sus restos o, en todo caso, volverlos a inhumar esta vez en la catedral de Madrid. Unos recursos que paralizaron la decisión política durante un año, hasta la reciente orden judicial del Supremo. Un decreto del gobierno de Pedro Sánchez que fue aprobado, en el Congreso de los diputados formado a partir de las elecciones generales de 2016 -las segundas de la serie-, por la misma mayoría que votó a favor de la moción de censura que nombró a Sánchez presidente, para echar al PP de Mariano Rajoy, sentenciado por financiación ilegal, de la Moncloa.

Así, el 24 de octubre, los restos de Franco salían del Valle de los Caídos después del que el día 14 se hubiera confirmado la vergonzante condena por sedición, a nueve de los doce procesados independentistas. Sin embargo, no fueron declarados culpables de rebelión, contrariamente a lo que vienen defendiendo las derechas españolistas que no cesan de llamarles “golpistas”, ¡lo que hay que oír teniendo presente la historia sufrida por el país a partir de golpes de Estado militares! Un cargo, el de rebelión, del que eran acusados tanto por parte de la fiscalía como por la abogacía del Estado. 

En conclusión, la ‘verdad jurídica’ del Estado es que los líderes independentistas no son golpistas pero sí sediciosos, tanto los dos presos políticos -“los Jordis”, activistas que practicaron la desobediencia civil- como los ocho presos de conciencia por razones de naturaleza política -cargos políticos electos del anterior gobierno de la Generalitat (gobierno catalán histórico) que son algunos de los responsables de las leyes de desconexión, la organización del ilegalizado referéndum de autodeterminación y la declaración unilateral de independencia.

Este mismo octubre, el de las luchas antineoliberales de América Latina en Ecuador y Chile, al otro lado del charco, en Catalunya, también era un mes de movilizaciones masivas, huelgas y enfrentamientos con la policía que han dejado detenidos, heridos, maltratados y tuertos por el uso de pelotas de goma en las cargas policiales. Fue la reacción popular de sectores independentistas ante la sentencia. 

Se ha abierto una nueva fase, que veremos cómo se dirime el domingo, dentro de la correlación de fuerzas de los dos grandes partidos independentistas, divididos desde que comenzó la respuesta judicial del Estado. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) es hoy la fuerza hegemónica, confirmada como tal a partir de las últimas elecciones generales el pasado 28 de abril, en las que España zafó de las derechas sin filtro. Este partido -cuyo líder es el condenado con más años en la sentencia y que no salió del país, a diferencia del que fuera presidente de la Generalitat en 2017 por Junst per Cat, y que se encuentra en Bruselas-, difirió con esa derecha independentista en la estrategia política. ERC decidió apoyar en la investidura a un gobierno progresista con Pedro Sánchez como presidente en caso de que PSOE y Unidas Podemos llegaran a un acuerdo para asegurar que las derechas no llegaran al gobierno central. 

Por el contrario, Junts per Cat votó ‘no’ a Sánchez, argumentando la cuestión de los presos, en las dos sesiones de investidura fallidas de julio. Este es el partido que tiene actualmente la presidencia de la Generalitat consecuencia de un acuerdo postelectoral con ERC. No preelectoral como el que hicieron para ganar las elecciones catalanas que abrieron la fase de organizar la estrategia independentista desde las instancias oficiales catalanas, es decir el referéndum de independencia y su arquitectura legislativa. 

Sin embargo, en las movilizaciones de estas semanas algunos de los líderes de ERC fueron abucheados en ciertas concentraciones en las calles. Por tanto, después de los resultados en los comicios del próximo domingo, veremos si continúan con la misma estrategia en el Congreso nacional, frente al peligro de un gobierno de las derechas, más cuando nos encontramos esta vez ante un Sánchez girado hacia los votantes españolistas –el giro al centro dicen los medios-, anunciando medidas como volver a insertar en el código penal la convocatoria de referéndums, despenalizada por Rodríguez Zapatero, y negando que en haya un conflicto territorial en España, limitando el problema a una cuestión de convivencia entre catalanes.

La sentencia de los jueces del Supremo estaba vista para sentencia desde julio. Estaba anunciada para septiembre, pero se retrasó precisamente para no coincidir con la situación política, la de una nueva convocatoria de otra ronda de investidura, que finalmente no tuvo lugar. Y es que Sánchez decidió en septiembre no acudir a esa investidura, forzando la convocatoria de repetición electoral, sabiendo que tanto la sentencia como la exhumación se producirían en las fechas previas. 

Un contexto en que las derechas mediáticas han venido trabajando sobre el sentido común con los disturbios en Catalunya como fondo, de cara a la campaña permanente. Han seguido con la presión contra el autogobierno catalán y practicando la táctica, con características de ‘doctrina del shock’, de presentar el escenario para abogar por la aplicación de la ley de seguridad nacional. Una exageración descerebrada permanente –como que Barcelona era Beirut- que ha acompañado a las imágenes de los enfrentamientos en las calles con los cuerpos policiales -cuyos responsables no ordenaron sacar, por ejemplo, camiones hidrantes, mientras las órdenes de cargar para la dispersión efectiva y total se daban ante cada corte de ruta que los CDR (comités de defensa de la república) hacían como medida de fuerza. La estrategia de los mandos policiales ha sido dejar el cuerpo a cuerpo para los grupos policiales, armados con pelotas de goma, prohibidas por el parlamento catalán. De cara al domingo, el gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha enviado refuerzos a Catalunya ante las posibles acciones de boikot. El agravio de por lo menos la mitad de Catalunya está en las calles en una nueva llamada a las urnas que desestima el resultado anterior, mientras la policía reprimió el uso de urnas en el ilegalizado referéndum del 1 de octubre de 2017. 

En definitiva y no de forma casual, la polarización en torno al eje nacional, vuelve a estar en el centro de la escena. El hastío también sigue presente como una sensación mayoritaria en las calles de todo el país. Y por desgracia se come la insuficiente -perseguida por movimientos de derechas y reprimida por la policía en Madrid- respuesta de movilización en las plazas de las ciudades de todo el Estado, frente al peligro de profundización en el ataque a los derechos civiles y políticos, in crescendo a partir de las medidas de disciplinamiento social en Catalunya.

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Por María García Yeregui desde España

Nueva convocatoria electoral en el país ibérico. Seis meses después del resultado del 28 de abril, se volverá a las urnas porque Pedro Sánchez nos explica que “los españoles tienen que decir aún más claro su voluntad”. Se votará otra vez para que la ley electoral traduzca los votos emitidos en escaños del poder legislativo, a favor de las fuerzas más votadas. Un poder legislativo que, a su vez, en un sistema no presidencialista terminará conformando -en esta próxima votación sí: cuando el PSOE y el PP, presumiblemente, recuperen diputados- el nuevo ejecutivo del Estado.

Serán las cuartas elecciones generales desde 2015; además de una moción de censura exitosa que cambió el gobierno de manos: del PP de Rajoy al PSOE de Sánchez. Un Pedro Sánchez que llegaba de esta forma a La Moncloa con los votos de todos los grupos del Congreso excepto los diputados de las dos derechas españolistas con representación en la cámara de entonces -allá por junio de 2018-, el Ciudadanos y el propio PP desbancado del gobierno.

La nueva cita para ‘votar bien’, perdón, quiero decir, siguiendo a Sánchez, para ‘votar mejor’ -“más claro”-, será el próximo 10 de noviembre. Felipe VI, tras su ronda de consultas con los líderes de los partidos con representación en el Congreso -en función de los resultados de las últimas elecciones, lo que incluye por vez primera a Vox, la extrema derecha explícita-, no designó candidato a la investidura. Por tanto, la disolución automática de las cortes tuvo lugar el lunes 23 y el país quedó abocado a elecciones. El jefe del Estado, dicen desde el Palacio de La Zarzuela, no propuso
presidenciable para una nueva ronda de investidura porque no hay candidato -Sánchez concretamente- con suficientes apoyos en la cámara para salir nombrado presidente.

Con esa decisión, dicen, han evitado la repetición de la escena: las dos votaciones en diputados que perdió Sánchez en la investidura fallida del pasado julio. Investidura fallida y candidatura presidenciable según sistema parlamentarista con disciplina estricta de voto para los grupos parlamentarios de los partidos, que rige en el país. Aún me estoy recuperando, primero, de lo que significa esta repetición electoral, después, de que no haya habido una nueva convocatoria de investidura; por último, dentro de los parámetros del imaginario progresista del país, de que no haya existido un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, en función del mínimo respeto a los resultados electorales de unos comicios fundamentales, como los del pasado 28A. Dichas elecciones contaron con la participación más alta de la historia reciente, desde el final de la transición, en un país donde el voto no es obligatorio. Como dijimos en su día, esa movilización del “voto útil” contra las derechas hizo que España zafara del “trifachito” (PP, Ciudadanos, Vox, que cuentan con pactos en municipios y comunidades).

Recordemos, la realidad es que hubo un empate técnico en votos entre el bloque neoliberal-españolista y el progresista-estatal. A lo que hay que sumar dos cosas: la recuperación de poder territorial del PP en las elecciones regionales y municipales de mayo; y sobretodo la evidencia de que la dispersión del voto, en este sistema electoral, es lo que deja fuera a la derecha de la posibilidad de gobernar. Aprendizaje para unos votantes, los de derecha, también menos movilizados ahora que a finales de abril, pero con un fuerte pragmatismo del mal menor y, por tanto, históricamente mucho menos abstencionista por decepciones que los progresistas y muchísimo menos que los izquierdistas. Con esto, la convocatoria de una repetición electoral era, y es, jugar con fuego. Pero es cierto que, prácticamente seguro, los dos partidos mayoritarios volverán a recuperar parte del espacio político perdido durante esta crisis de la hegemonía bipartidista del turnismo PP-PSOE que empezó hace 5 años. Sin olvidar la función de la
llegada al ámbito nacional de Más Madrid, como Más País, el partido de Iñigo Errejón, tras su escisión de Podemos.

Lo cierto es, que pese a diagnosticar la existencia de un proceso de restauración eficaz en medio de la inestabilidad política, estoy sorprendida. Y esa es la razón de que mi sorpresa venga aderezada, no porque las elecciones no estuvieran siempre presentes en los medios y el discurso de Sánchez, todo lo contrario, sino por haber infravalorado la posibilidad de una jugada táctica que apunta a ser final en esta partida, para la restauración del régimen político en crisis. Y es que el estrés por la ultraderecha que acompañó a las anteriores elecciones, la consideración del resultado entre bloques teniendo en cuenta la ley electoral, sumado a la consideración estandarizada del papel de un rey en una monarquía parlamentaria moderna, le pueden obnubilar a una para ver esta posibilidad.

Un movimiento táctico ejercido por el rey de la mano de Sánchez, como figuras centrales del régimen político que son. Recapitulemos a brochazo impresionista. Tras la ronda de elecciones -generales, locales y europeas, junto a la mayoría de las regionales-, en algunas frecuencias analíticas la pregunta era qué lectura hacer, en términos de proceso, de los resultados del país tras la crisis territorial catalana. Los análisis se dividían en torno a si la crisis del
régimen político de la Constitución del 78 -el que salió de la transición política- seguía abierta o, si por el contrario, estábamos ya en la consumada enésima restauración del orden político, para más inri, borbónica. De hecho, uno de los episodios fundamentales de las estrategias restauradoras desplegadas con éxito, relativo, pero éxito al fin, fue el
recambio de monarca. El que fuera hace 50 años elegido por Franco como sucesor, Juan Carlos I, abdicaba en favor de su hijo hace cinco años, un 19 de junio. Como ya explicamos en julio, fue una orquestada operación a cargo de uno de los ‘hombres de Estado’ del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido a finales de mayo, unas semanas después de las elecciones generales en las que el PSOE resucitó como espina medular
que es, del llamado ‘régimen del 78’.

Rubalcaba hacía así su último papel, tras haber sido el relevo de Rodríguez Zapatero cuando la crisis económica se llevó por delante su gobierno. Una crisis que había dado comienzo a la, también, enésima crisis de la socialdemocracia europea. Una socialdemocracia del viejo continente que vendía con la denominada ‘resurrección de Sánchez’ -aunque solo fuera propagandísticamente y reduciendo la presencia del caso portugués- el comienzo del retorno a la renombrada centralidad del tablero por ser España el cuarto PBI de la zona euro. Un establishment europeo que, en esta fase de la acumulación capitalista y su geopolítica, reproduce su poder cipayo institucional con
altos beneficios de clase en la Unión Europea.

Recordemos que Sánchez había sido expulsado como secretario general en un golpe interno dado por la ejecutiva del PSOE, tras negarse a dar la abstención para la gobernabilidad de Rajoy después de la repetición electoral de 2016. Desbancado éste por tanto como secretario general, en la segunda votación el PSOE se abstuvo y Rajoy pudo ser investido presidente. Pero en las primarias del partido, Sánchez recuperó la secretaría contra la candidata del aparato –él había ese candidato en las primarias anteriores-. Y finalmente terminó ganando la moción de censura contra Rajoy -tras la condena por corrupción al PP- con apoyo también, sin condiciones, de independentistas
catalanes y nacionalistas vascos, por mucho que las derechas hicieran propaganda con los inexistentes pactos oscuros contra ‘su España’.

Tras 10 meses en Moncloa, Sánchez ganó pírricamente las elecciones el pasado abril, frente a la debacle del PP que tenía dos competidores a la derecha. Lo hizo pues sin suficientes diputados como para formar gobierno, menos para uno estable; ¿tocaba negociar? No, tocaba hacer pinza, a modo de chantaje, para intentar desgastar a Unidas Podemos presentado al partido como culpable de que en España no haya un gobierno progresista. Primero utilizando un trauma bastante extendido en el sentido común progre: ‘la no unidad de la izquierda’ (incluyendo al PSOE en significante izquierda); y, después, las crisis: el principio de estabilidad frente a la económica que viene, la
emergencia climática y sus reformas necesarias, sin olvidar la de la unidad nacional respecto al conflicto catalán.
Para obtener los 176 escaños de una mayoría absoluta necesaria en la primera vuelta de la investidura, los números daban con Ciudadanos. No obstante, el relato sobre la imagen de Sánchez como líder, a partir del golpe interno y su destitución como secretario general, venía marcada por los gritos de su militancia en la celebración de su
victoria la noche del 28 de abril: “con Ciudadanos, no”. Cánticos en oposición a lo que ya había hecho Sánchez después de las elecciones del 2015, cuando vivió su primera investidura fallida: “convenció al rey” para que, siendo el segundo candidato más votado por los ciudadanos, lo presentara como presidenciable, ya que Rajoy -el más
votado y sin apoyos- no había querido ser propuesto por el rey como candidato para ir a una investidura de seguro fallida. De hecho hubo repetición electoral. Rajoy volvió a ganar con más votos los comicios y fue investido en la segunda votación del congreso debido a la mencionada abstención ‘sociata’, aquella que había forzado el aparato del
PSOE destituyendo a Sánchez que seguía con su “no es no”.

Como explicamos, cada investidura cuenta con dos posibles sesiones, en la segunda no hace falta mayoría absoluta, el presidente puede ser nombrado por mayoría simple: más ‘síes’ que ‘noes’ en la cámara de diputados. Por tanto, para este septiembre, la segunda sesión se estimaba fundamental y, de hecho, es una de las claves para
explicar la jugada táctica de Felipe VI y Pedro Sánchez. Pero volviendo a la relación PSOE-Ciudadanos: en el pacto de 2016 –con los primeros resultados electorales de la crisis del bipartidismo, en diciembre de 2015- ambos partidos no sumaban en cantidad de escaños con su pacto, pero esta vez con los resultados de abril, sí. Sin embargo, Ciudadanos apostó, dado su españolismo, por competir por la hegemonía de la derecha. Esa fue la apuesta de su líder, Rivera, en este ciclo -cuyo eje central de conflicto está en lo nacional como consecuencia de la crisis catalana- tras no haber terminado de aceptar que los resultados de las elecciones del 28A también demostraron una resistencia al viraje reaccionario, nacionalista español y neoliberal, que en la coyuntura del pasado año terminaron de evidenciar que
representan. De hecho, el ‘fenómeno Vox’ se ha quedado con un techo del 10%. Frente al ‘no’ de Ciudadanos, a Sánchez le quedaba el juego del bloque progresista, y por supuesto no estaba dispuesto a un gobierno de coalición: incluso vetó a Iglesias, quien aceptó el veto en la jornada antes de la primera sesión de investidura de julio. Como consecuencia, con ritmo de varieté antes de la segunda sesión, Sánchez hizo finalmente una propuesta -acompañada de documentos manipulados filtrados a la prensa, mientras seguía reclamando abstención a PP y Ciudadanos- en la que no ofreció ni peso proporcional de representatividad ni poder real de gestión para UP. Una quimera, pero propuesta para la galería, con escenificación de estrés para el país, que caducó de cara a este septiembre.

Pues bien, mi análisis del proceso era que habíamos estado frente a exitosas estrategias de restauración, como las mencionadas: recambio de la corona en crisis de imagen; competidor de la mano de las elites, ante la emergencia de Podemos, encarnado en derecha españolista -exacerbada a partir de la fase abierta por el clímax del conflicto territorial en Cataluña- y neoliberalismo europeísta, con el lanzamiento nacional a un partido nacido en Cataluña, es decir, Ciudadanos; y, de forma paradójica pero fundamental, la recuperación de la centralidad del PSOE. Mecanismos y estrategias, pues, que se habían puesto en marcha desde el primer momento de la crisis del sistema de partidos, de cara a un proceso de clausura. Crisis abierta a raíz de la respuesta política movilizada en la calle frente a la crisis económica y contra las políticas de ajuste, que había abierto un ciclo de conflicto evidente como ventana de posibilidad para la ruptura en el sistema político. Por supuesto, cuando se habla de clausura en esta inestabilidad manifiesta, es hasta nuevo aviso de crisis estructural, dentro de este mundo de ríos de lava, sólo solidificada en la superficie.

No obstante, quedaba una última jugada de los actores institucionales, hoy centrales, del régimen: coronando esta transición lampedusiana reloaded, dedicada a este Borbón. El susodicho dio lugar a otro intento de investidura y así se precipitó la disolución de las cortes y, por tanto, el decreto real del jefe del Estado, con la nueva convocatoria de elecciones. Una jugada táctica que posiblemente terminará con la recomposición restauradora, incluso con el mismo bipartidismo PP-PSOE, en las regiones de España que no tienen nacionalismos centrífugos. Aunque desde luego el
tema territorial es otro cantar.

Desde la institucionalidad del partido de este régimen político, nacido en la Constitución de 1978, el PSOE, parece haberse infravalorado los riesgos de una victoria de las derechas, capitaneadas por el PP. Por ello, Sánchez ya habló antes de la investidura fallida, al puro estilo transición lampedusiana –las cosas tienen que cambiar para que nada cambie-, con el nuevo líder del PP, Pablo Casado, para reformar el artículo 99 de la Constitución, según el modelo griego. Lo que asegurará la gobernabilidad parlamentaria no pactista, mientras en Grecia, como sabemos, se cerró el
ciclo postmemorándum con el retorno de los conservadores, junto al amén ortodoxo. Lo cierto es que no vi en julio que el riesgo de convocar elecciones y que ganara la derecha era más relativo de lo imaginable para el partido de régimen, el PSOE. Me lo motivó, primero, el miedo al neofranquismo en las instituciones centrales del Estado;
segundo, pese a algunas encuestas que daban a Sánchez el 30% antes del anuncio de que no existirían los dos intentos de investidura en septiembre, la probabilidad que tiene de perder el gobierno por una mayor abstención que, con la ley electoral vigente, dé paso a un pacto de gobierno de las ‘tres derechas sin filtro’. Todo esto, combinado con una reducción, inconscientemente institucionalista y naif, del papel que podía tomar el rey con su rol en este entuerto, y su voluntad de incidencia. Esto me impidió ver que podía no convocarse una nueva ronda de investidura.

Incluimos, en esta miopía lógica, a Pablo Iglesias: ahí están tanto sus análisis de cara a su función de estabilidad ante las crisis no resueltas del Estado, como sus declaraciones tras la reunión con el rey hace dos semanas. Lo cierto es que los actores de poder no hacen nuevas alianzas protagónicas ni con su carácter de ‘gato pardo’: no optaron por ‘el abrazo del oso’. Esto es lo que ahora Iglesias considera demostrado de cara a movilizar su voto en la nueva campaña
electoral. En definitiva, Sánchez corre este contundente riesgo para reducir a UP a una fuerza testimonial. Y la Casa Real ha colaborado en esa vía hacia este turnismo PP- PSOE, ya clásico en España. No vimos venir esta jugada del PSOE en tándem con la Casa Real, ahora bien, lo cierto es que desde agosto se vislumbraba, de cara a septiembre, que seguir por parte de unidas Podemos con la presión del gobierno de coalición, perdía sentido cuando el PSOE tenía definitivamente la sartén por el mango.

Con la correlación de fuerzas existente en esta coyuntura, los imaginarios hegemónicos y sus lógicas reinantes en los sectores progresistas e izquierdistas del país, con un PSOE sin ninguna voluntad de coalición para un gobierno con Unidas Podemos, con la competencia que se vislumbraba con Errejón y, a modo de cénit que apela a la dignidad, con la desvergüenza de las declaraciones del ministro de Fomento y la vicepresidenta en funciones, acerca de la multa al barco Open Arms por socorrer y salvar la vida de migrantes que se ahogan en el Mediterránea, en función de una nueva legislación de la Marina española que, de hecho, contradiría el derecho marítimo, las leyes del mar y los derechos humanos; parece que mirar a Portugal y a sectores dentro de Podemos que hablaban de apoyo para investir y oposición para pactos, pese a que Sánchez contara con las derechas para otros acuerdo, no era baladí. Ahora la suerte está echada, veremos.

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… pero sin esos ruidos, aún podemos pensar para distinguir los ingredientes.

Por María García Yeregui

Por “las Españas”, en estos últimos meses, se hizo el reparto de cartas del poder político-institucional, tanto legislativo como territorial. A partir de los resultados de las elecciones, y en un sistema parlamentario no presidencialista, como es el español, nos encontramos con las tensiones para la conformación del ejecutivo, a una semana de la convocada investidura, sin acuerdo de gobierno, por supuesto.

Y decía por supuesto antes de valorar los últimos movimientos puestos en marcha desde el pasado jueves por la estrategia mediática del presidente del gobierno en funciones del reino de España, Pedro Sánchez, y su partido, cuyo último paso fue este lunes, a una semana del debate de investidura, en el que Sánchez ha declarado en una entrevista que –oh, sorpresa- da por rotas las negociaciones con Unidas Podemos y que “decaen todas las ofertas”.

Lo cierto es que, me disculparán propios y extraños, pero ese por supuesto no sufre sobresaltos a golpe de táctica mediática por el relato y su pugna por las percepciones inmediatas: conociendo al PSOE, su historia de 1978 en adelante, y también al personaje de Pedro Sánchez, la voluntad y el espíritu eran y son nítidos. Pero es que además, pese al ruido saturado, también lo han estado desde su victoria pírrica del 28 de abril y, especialmente claros, tras los resultados de las elecciones municipales y regionales del 26 de mayo, en las que Unidas Podemos sacó peor resultado que el millón de votos ya perdido en las nacionales, respecto al resultado de 2016.

Voluntad y espíritu de revivir la hegemonía del partido “socialista” como partido de régimen resucitado, al servicio del ciclo de acumulación (y modernización) en el que nos encontramos. Para ello, Sánchez y compañía operan tácticamente antes, durante y, sobretodo, a partir del último punto de inflexión del devenir histórico del país: los resultados en las elecciones generales del pasado 28 de abril. Lo hacen con el fin de consolidar la recuperación del PSOE de su propia crisis, dentro del marco de la crisis socialdemócrata europea.

Una crisis que tuvo al Pedro Sánchez del 2016 como protagonista: aguantando, primero, el peligro de sorpasso de Unidos Podemos en la segunda convocatoria electoral consecutiva del país y sufriendo su posterior destitución como secretario general -cargo que recuperaría en las primarias internas-, por parte del aparato de su partido, para “corregir” su negativa -“no es no”- a la abstención que finalmente posibilitó la gobernabilidad al PP de Mariano Rajoy. El PSOE era fiel a su tradicional utilidad al régimen político y a la vez mantenía un enganche del que tirar para superar su crisis de representatividad en el significante del apelativo inconscientemente en disputa “de izquierdas”.

Pues bien, con la definitiva consolidación del PSOE se apuntalaría también el cierre de la crisis del régimen político español, nacido con la transición en 1978, hasta nuevo aviso sistémico-estructural, claro. Siendo de nuevo el partido “socialista” la clave de bóveda de la operación, al liderar una nueva fase de estabilidad tensa, entre el problema nacional-territorial y la crisis de las clases medias, dentro de la autonomía de lo político.

Por ello Sánchez está hablando, al puro estilo transición lampedusiana –las cosas tienen que cambiar para que nada cambie-, con el otro nuevo líder del bipartidismo, el pepero Pablo Casado, para reformar la Constitución según el modelo griego, lo que aseguraría la gobernabilidad parlamentaria no pactista. Mientras en Grecia se cierra el ciclo postmemorándum con el retorno de los conservadores y el amén ortodoxo.

Ya vimos presente el espíritu de la transición española reloaded desde el recambio regio, hace cinco años, de la mano de Pedro Rubalcaba (ministro ‘sociata’ y hombre de régimen de Estado, que moría en mayo). Así lo escribí durante aquellas tensas semanas de octubre de 2017 con la crisis catalana. Querían que Felipe VI tuviera su propio papel referente -siguiendo el modelo de construcción de legitimidad del que fuera designado por Franco, su padre-, hablaban durante la coronación de su propia “transición regeneradora”, en plena crisis de la imagen pública de la monarquía.

Aunque, desde luego, el estilo vino marcado por reproducir el consenso del poder ya instaurado por el punto de origen, la transición de los 70s, y por tanto la forma en cuanto a “salvador de la patria” ha sido justo la inversa, como demuestra su discurso tras el referéndum catalán; el esquema lampedusiano que reproduce estructuras es, sin duda, la constante.

Lo cierto es que, hasta que llegue ese acuerdo PP-PSOE que premie a la lista más votada con un plus de escaños en el Parlamento suficientes para evitar los gobiernos de coalición, especialmente con partidos de izquierdas, de cara a la próxima investidura, Sánchez querría un encaje de bolillos que posibilitase un gobierno en solitario, no una coalición progresista con Unidas Podemos. Lo dijo desde un principio, pese a los gritos de sus bases la noche de su victoria electoral: “con Rivera (Ciudadanos), no”. Por eso juega con el lenguaje hablando de un gobierno de cooperación, convoca sin ningún avance en las negociaciones el pleno de investidura para los días 22 y 23, presiona con saltarse el segundo intento de investidura y convocar una repetición electoral si no sale investido a la primera o presenta su programa electoral como documento a firmar en la negociación antes de la quinta reunión Sánchez-Iglesias, excluyendo cuestiones como la regulación de los precios de la burbuja del alquiler, la derogación de la contrarreforma laboral del PP y la ley mordaza.

El pasado jueves, no obstante, ofrecieron revisarlo, ¿para qué? Para hacer hincapié en la exclusión o elección suya de los perfiles de Unidas Podemos que aceptaría, si eso, para formar parte del ejecutivo. La trayectoria de la pelota en la construcción de la imagen del culpable del fracaso negociador ha quedado así cerrada, a seis días del debate de investidura.

Incluso, con el fin de conseguir que los 42 escaños podemitas para su investidura sean por amor al arte, ha coincidido, como presión fuertemente simbólica, la primera denuncia de la abogacía del Estado, en la historia de la democracia española, contra la familia Franco por apropiación indebida. Un importante movimiento de este mes, que junto a la nueva querella grupal presentada contra Billy El Niño por torturas sistemáticas, pone el contrapunto a la paralización de la exhumación de Franco de su mausoleo. Fue, para colmo, el día del aniversario del nacimiento de Lorca, consecuencia de un vergonzoso auto del Tribunal Supremo que considera a Franco jefe del Estado desde el momento del golpe militar y no desde su victoria en la guerra civil.

De esta forma y como ya comentamos, en el 140 aniversario del PSOE, pretenden, en continuidad con la historia socialdemócrata europea, a 100 años del asesinato de Rosa Luxemburgo y a 40 años de la llegada de la Dama de Hierro al poder, que pariría la tercera vía de Tony Blair, seguir siendo esa “derecha (a la europea) civilizada”. Esto es, un gobierno socioliberal, un paso más de la enésima Restauración en este país.

Restauración cuya estabilidad buscan las elites apostando por el estilo tradicional: el turnismo a dos, o quizás de cara al futuro, a tres, de la mano de la escisión podemita de Iñigo Errejón, que acaba de anunciar su constitución a nivel nacional, descalificando la lucha el reconocimiento ejecutivo de la relación de fuerzas representativas que defiende Pablo Iglesias con el tradicional insulto de “sectarismo”.

Pero hoy, con los escaños del Congreso, el pacto de estabilidad posible perfilado por las elites (PSOE-Ciudadanos) sería la solución si la presión sobre la cúpula del partido naranja terminara funcionando y aceptaran por fin que el eje nacional de la crisis territorial del Estado español no les ha dado ni les dará el resultado que creen, como buenos españolistas, les pertenece. Dejarían entonces de apostar por disputar la hegemonía del españolismo reaccionario de la derecha, pero va contra su ADN de nacimiento en Cataluña. En tal caso, los de Rivera -veremos por cuánto tiempo si fuese necesario- pactarían con Sánchez, repitiendo el intento que ambos hicieron en 2015 cuando no les daban los escaños, ahora que sí suman los 176 escaños de la mayoría absoluta (123 + 57).

Con esa posibilidad de momento en vía muerta, la ejecución de la jugada del PSOE no está tan clara como su voluntad: el chantaje a Unidas Podemos con la repetición de elecciones si Sánchez no sale investido el 23 de julio parece un farol si nos fijamos en los resultados tanto de las elecciones generales como de las regionales, y así lo lee Iglesias.

Y es que en el adelanto electoral concretado en el pasado 28 de abril, España zafó del ‘trifachito’ en el gobierno central, pese a que ahora las reticencias de manchar la imagen europeísta de Ciudadanos saliendo en la foto con la extrema derecha declarada esté poniendo en duda la firma a tres en el gobierno de la Comunidad de Madrid, después de que Vox haya puesto más caro su apoyo de lo que lo hizo para formar gobierno en Andalucía. Los ultraderechistas lo han hecho contando con la primera victoria de su endurecimiento, tras perder la mitad de sus votos entre las elecciones generales y las locales, precisamente en el gobierno del sur: consiguieron sus impresentables condiciones para la aprobación de los presupuestos andaluces, que amenazaron con tumbar.

La realidad es que en las elecciones a nivel nacional, tras la manifestación españolista de las tres derechas en la plaza de Colón de Madrid, se corría el riesgo de un tripartito de derechas sin filtro desplegando un sinfín de declaraciones racistas, machistas, LGTBIfóbicas, españolistas reaccionarias y fascistoides por parte de los tres partidos (PP, Ciudadanos y Vox). Campañas que ahora se traducen en listas negras anunciando persecución. Eso es la llegada de la extrema derecha a las instituciones, como ya sufriera la Italia de Berlusconi hasta llegar a la realidad italiana de hoy.

Pero el peligro fue frenado el pasado 28 de abril con la traducción de mayorías de la ley electoral, consecuencia de la participación más alta de la historia reciente, en un país donde el voto no es obligatorio. El ‘trifachito’ fue parado por la movilización del llamado voto útil, sobre todo al PSOE pero también a Unidas Podemos.

Pese a ello, y aquí está el quid de la cuestión, hubo un empate técnico en votos entre los bloques neoliberal-españolista y progresista-estatal. A lo que hay que sumar tres cosas: la recuperación de poder territorial del PP en las elecciones regionales y municipales frente a la debacle de las generales; el techo de voto del 10% del ‘fenómeno Vox’, que se redujo a la mitad en las locales, consecuencia de la inexistencia del voto oculto, muy temido el 28 de abril; y, sobretodo, la evidencia de que la dispersión del voto, en este sistema electoral, deja fuera a la derecha de la posibilidad de gobernar.

Un aprendizaje primordial para unos votantes, los de las derechas, menos españolistamente movilizados que en abril, pero con un fuerte pragmatismo del mal menor y, por tanto, siempre y religiosamente mucho menos abstencionista por decepciones que los progresistas y muchísimo menos que los izquierdistas. Con todo esto encima de la mesa, convocar elecciones de nuevo es jugar con fuego.

Por eso, a la espera del resultado de la consulta a las bases podemitas, también con polémica, que seguramente confirmarán la postura de Iglesias de hacer valer sus votos, y pese al salto nacional del nuevo partido de Errejón, el próximo día 23 habrá una investidura fallida que dará lugar a la convocatoria de una segunda investidura. Una segunda ronda recogida en la Constitución con posibilidad de nombramiento por mayoría simple, lo cual engendraría otro un gobierno débil pero que, fundamental, se movería en otra coyuntura.

En ese segundo intento se terminará de jugar la partida gubernamental en este país del sur europeo, subalterno al centro, con el 100% de deuda de su PBI, el cuarto de la UE. Sería después del verano, en el septiembre de la sentencia del juicio al Procés independentista catalán, que ya está visto para sentencia. Y de nuevo, el conflictivo eje nacional y la judicialización de la política lo acompañarán en primer plano.

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Zafando en España: la movilización del voto útil frenó al tripartito de las derechas sin filtro

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María García Yeregui desde España

El Partido Popular sufrió una debacle en su capacidad de poder legislativo (de 137 a 66 diputados), el peor resultado desde 1979 (durante la transición, como Alianza Popular, el partido de algunos Ministros franquistas). Ciudadanos no consiguió el sorpasso, por unas doscientas mil papeletas, al PP de Pablo Casado (el nuevo líder de los “populares” a raíz de la dimisión de Mariano Rajoy, tras haber sido éste desalojado de La Moncloa con una moción de censura que ganó el mismo Pedro Sánchez hace casi un año, presentada después de la condena por financiación ilegal del PP).

Y Vox, su machismo recalcitrante y enarbolado, su racismo y su nostalgia neofranquista entran en la cámara de diputados con el 10% de los votos. Es decir, sin la fuerza que el alto porcentaje de indecisos y un temido voto oculto, finalmente inexistente, arrojaban a la opinión pública los días antes de la votación.

Con todo, el riesgo de un gobierno de las tres derechas era del todo real. Lo vemos en el acuerdo de gobierno en Andalucía, tras 40 años de gobierno del PSOE. Un pacto que significó un giro a la derecha del ciclo en el que nos encontrábamos de la crisis del sistema de partidos en España. Precisamente el giro que ha sido frenado con la movilización del voto útil contra el “trifachito” el 28A.

Pero el peligro resulta aún más evidente si nos fijamos en el número de votos en bruto obtenidos por los tres partidos de la derecha: con algo más de 11 millones, tuvieron prácticamente un empate técnico con el bloque progresista a nivel estatal, esto es, PSOE y Unidas Podemos.

En el contexto español, “movilización de voto” son palabras claves. En España, el voto no es obligatorio. No estamos frente a un sistema presidencialista, por tanto, no hay diferencia entre elecciones presidenciales y legislativas, ni hay dos vueltas, no existe el balotaje.

Se trata de un sistema parlamentario en el que la cantidad de voto total, la participación, influye en la cantidad de escaños a repartir para cada partido en la cámara de diputados, de un total de 350. De dicha representación de la soberanía popular en el legislativo, emana el poder ejecutivo. Es decir, el investido presidente lo es en función del número de diputados que lo apoyen, en función de una férrea disciplina de partido. Hay dos posibles intentos. El primero ha de ser por mayoría absoluta, lo que asegura un gobierno operativo y estable, según los parámetros de la democracia liberal. Es decir, 176 diputados votando ¨sí” al postulado a presidente del gobierno. En el segundo intento, por el contrario, se puede investir por mayoría simple, esto es, sólo se necesita conseguir más votos afirmativos que negativos, contando con las posibles abstenciones.

La representación, es decir, la traducción de los votos en las bancas de diputados (los escaños) responde a tres claves vigentes de la ley electoral española: nos referimos a la ley D‟Hont, a la división en circunscripciones y a la llamada „ley del dos‟, la cual implica que cada circunscripción, independientemente del número de votantes que suponga y del número de diputados que van por la misma a las Cortes, aporta un número mínimo fijo de dos diputados. Con esta arquitectura representativa, cada diputado conlleva una cantidad de votos distinta, es decir, no todos los escaños valen el mismo número de votos. Se trata de un sistema que beneficia a las mayorías y penaliza progresivamente a los partidos que siguen, en número de votos, a las dos fuerzas más votadas.

También traduce con alta representación a los partidos mayoritarios dentro de algunos territorios, como los partidos nacionalistas vascos y catalanes. En estas elecciones han sumado 32 diputados, 11 más que en 2016, siendo la primera vez que un partido independentista catalán (Esquerra Republicana de Catalunya) gana unas elecciones al parlamento de España en Cataluña. Tanto en País Vasco como en Cataluña, la pasada convocatoria había ganado consecutivamente Podemos.

En Euskadi, el tridente de las derechas españolistas no ha obtenido representación, mientras en Catalunya, PP y Vox han conseguido un diputado cada uno y cinco han ido para Ciudadanos como quinta fuerza, muy lejos de su victoria en las últimas elecciones catalanas (600 mil votos menos). Nos referimos a aquellas convocadas después de la suspensión de la autonomía catalana por el gobierno central con la aplicación del famoso artículo 155, tras la celebración del ilegalizado referéndum de autodeterminación y la declaración unilateral de independencia, a finales del 2017.

Pues bien, este sistema electoral explica que el PP se beneficiara siempre en la cantidad de poder legislativo que sus votos traducían: al ser la única fuerza de derechas estatal, su voto estaba concentrado. Pero ahora hay tres fuerzas, el voto de la derecha está dividido y, por tanto, su representación y poder legislativo baja.

Y es que el „españolismo centralista‟ reaccionó en dos tiempos a la crisis política, mientras la corrupción del PP salía a borbotones de las cloacas. Primero con Ciudadanos, ese “Podemos de derechas” que el director del banco Sabadell reclamaba compitiera a nivel estatal ante la potente irrupción podemita. Venían de Cataluña como abanderados contra el soberanismo catalanista. Después con Vox, esa escisión del Partido Popular autoproclamada “sin complejos”, que también moviliza a esa pequeña parte del neofranquismo, vinculado a los neonazis de los 90s en adelante, que no contaban con el disciplinado pragmatismo conservador para votar a la fuerza hegemónica de la derecha española y españolista (con la historia imperialista del reino, las restauraciones borbónicas y la derrota republicana del 39, siempre derechistas), en realidad la única fuerza con representación a partir de 1982 (el año de la consolidación democrática de España, con la mayoría absoluta del PSOE).

Así, en neto la derecha dividida en tres, cuenta con 147 escaños, frente a los 169 de la anterior legislatura, aunque en bruto movilizó 200 mil votos más que la suma de las anteriores elecciones generales -en 2016, aquella repetición electoral que evidenció la crisis del sistema de partidos, puesto que tuvo lugar después de que, con los resultados de 2015, el pacto de Sánchez y Ciudadanos fuera consecuentemente rechazado por Podemos, y de que el PP de Rajoy no pudiera formar gobierno siendo el partido más votado.

El pacto PSOE- Ciudadanos, ese cuyos números sí dan ahora, puesto que cuentan con 123 y 57 diputados respectivamente, fue señalado como favorito por JP. Morgan y otros poderes financieros nacionales e internacionales. Pero parece que Ciudadanos, de cara a las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo, ha optado por disputar la hegemonía de la derecha, para terminar articulando un nuevo bipartidismo con esta resurrección “sociata”.

Recordemos que la crisis del bipartidismo (PP-PSOE) arrancaba en 2011, a partir de la movilización en las plazas que se produjo como respuesta a la recesión económica internacional que pinchó „la burbuja‟ económica española y contra las recetas de la Troika (las criminales políticas de ajuste y deudocracia). Esta crisis del sistema de partidos se cierra transitoriamente con el resultado de este punto de inflexión: en estas elecciones se rechazó la tentación del eje nacional, tras el conflicto catalán, contra la organización territorial del Estado en autonomías, vigente desde 1978.

El llamado ¨voto útil¨ se movilizó contra la banalidad del mal (Arendt) discursiva que las derechas implantaron a trío por la crisis territorial abierta en Cataluña, llamando ¨golpe de Estado¨ al referéndum catalán; y más histriónicamente a partir de la llegada de Sánchez al ejecutivo mediante la moción de censura, con programas y proclamas machistas, racistas y neoliberales, apropiándose falazmente en su relato de tres grandes significantes: Constitución, España y Democracia.

Frente a semejante espectáculo, el adelanto electoral -tras no haber podido Sánchez sacar adelante los presupuestos negociados con Podemos debido al rechazo de los independentistas catalanes- movilizó el voto contra la derechización del país. Votaron un millón de personas más, una de las participaciones más altas de la historia. Así resucita el PSOE, en su 140 aniversario, con su versión propagandística más socialdemócrata. Que Sánchez tornará ¨socioliberal¨ -continuando con la historia de las socialdemocracias del continente ante la acumulación capitalista, a 100 años del asesinato de Rosa Luxemburgo y a 40 de la llegada de Thatcher al gobierno británico-, si, como ya anuncian y pese a la debilidad del gobierno, consigue formarlo prescindiendo de Unidas Podemos (que perdió alrededor de un millón de votos). Pero esa es otra historia del laberinto postelectoral.

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Los comicios dieron por ganador al PP, pero con la imposibilidad de formar gobierno, incluso si se alía con Ciudadanos. El PSOE confirma su debacle y Podemos mira con expectación su futuro político.

Las elecciones que se llevaron a cabo este domingo en España se han constituido como las más esperadas desde la muerte del Dictador Francisco Franco y la vuelta de los procesos electorales para la definición de las autoridades. La particularidad más significativa es lo que se ha dado a conocer como el fin del bipartidismo, teniendo en cuenta que las dos fuerzas políticas que se han repartido el gobierno de España desde fines de los ´70s, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), han perdido gran cantidad de apoyos entre el pueblo español. La irrupción de dos formaciones políticas como Podemos, liderada por Pablo Iglesias, y Ciudadanos, conducida por Albert Rivera, han provocado una transformación del escenario político y se han mostrado como expresiones de un cierto clima de cambio entre la sociedad española.

La campaña electoral se realizó en un contexto de continuidad de la crisis económica (con un desempleo que supera el 20% y que alcanza el 50% entre los jóvenes) y donde los ejes de debate se repartieron entre los casos de corrupción del PP, la situación de Cataluña y el clamor independentista, los ataques terroristas y las formas de responder a este fenómeno y la propia situación económica. Los debates televisivos, en los que no participó el actual Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dieron la posibilidad de mostrar las diferencias programáticas entre las cuatro principales fuerzas, a pesar de que todos asumieron el lenguaje del cambio, como un elemento necesario para interpelar a un electorado deseoso de transformaciones y hastiado de la dinámica política reinante.

Dicho esto, y a pesar de las buenas elecciones que ha realizado Podemos, tanto el PP como PSOE continúan siendo las dos fuerzas políticas con mayor cantidad de escaños en el Congreso de los Diputados. Los resultados, con el 99,93% de los votos escrutados, indican que el PP liderado por Mariano Rajoy obtuvo el primer lugar con 123 diputados y poco más de 7 millones de votos (28, 72%), mientras que el PSOE que impulsaba la candidatura de Pedro Sánchez, su actual Secretario General, se colocó en segundo lugar con 90 escaños y 5 millones y medio de votos (22,02%). Sin embargo, comparado con las elecciones realizadas en 2011 el bipartidismo ha perdido una cantidad sustancial de votantes y de escaños (el PP había obtenido 186 diputados y casi 11 millones de votos y el PSOE 110 y en 7 millones, respectivamente). De hecho, ha sido la peor elección del PSOE en la historia democrática reciente y del PP desde 1989.

Por su parte las nuevas fuerzas que ponen en cuestión el dominio de los partidos tradicionales, han mostrado una performance algo distinta a lo que indicaban las encuestas previas. La fuerza liderada por Pablo Iglesias (sumadas sus confluencias regionales) se colocó en tercera posición con 69 diputados y algo más de 5 millones de votos (20, 66%), en tanto que en cuarto lugar se ubicó Ciudadanos (que algunas encuestas llegaban a  colocar en segunda posición) con 40 escaños y 3 millones y medio de votos (13,93%).

Párrafo aparte merece el desempeño de Izquierda Unida que desde hace más de una década venían ocupando el tercer lugar en las votaciones, pero muy lejos del PP y PSOE. Bajo la conducción de Alberto Garzón, buscó establecer una coalición con Podemos de cara a las elecciones, la cual se vio frustrada luego de largos idas y vueltas entre ambas formaciones. Afectados por el diseño del sistema electoral, apenas logró alcanzar 2 escaños y perdió 9 respecto de las anteriores elecciones y lo que es más importante perdió la referencia en el espectro político que había construido hasta la aparición de Podemos.

Con estos resultados, se podría afirmar que no hay grandes ganadores debido a que tanto el PP como el PSOE, pese a continuar en los primeros lugares, han tenido un retroceso muy grande. Por su parte, la expectativa de Ciudadanos era mucho más alta que el cuarto puesto que han alcanzado aunque pasaron de no tener diputados a contar con una bancada de 40 miembros. Quienes mejores sensaciones se llevaron de estas elecciones son los partidarios de Podemos, colocándose en un expectativo tercer puesto y con perspectivas de seguir creciendo frente a los dilemas y crisis que sufre el PSOE, además que las victorias obtenidas en Cataluña (en donde la figura de la nueva alcaldesa de Barcelona Ada Colau ha sido un factor extraordinario para alcanzarla) y en el País Vasco (aunque obtuvo menos escaños que el Partido Nacionalista Vasco), y las buenas elecciones en la Comunidad Valenciana, Galicia y otras regiones le permitieron señalar a Pablo Iglesias que son “la única fuerza política de ámbito estatal capaz de liderar ese nuevo acuerdo que respete la plurinacionalidad constitutiva de este país”.

Incertidumbre del nuevo gobierno

Para formar gobierno la Constitución exige en primer término tener una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, la cual se alcanzaría con 176 escaños. Ninguno de los partidos por si sólo lo ha alcanzado, mientras que las posibles alianzas que se podrían barajar entre fuerzas de la derecha-centroderecha (PP y Ciudadanos) o entre las de centro-centroizquierda (PSOE y Podemos), tampoco logran sumar los diputados necesarios. Las únicas coaliciones que alcanzaría un número suficiente serían dos: un acuerdo anti-PP que alíe al PSOE, Podemos y Ciudadanos o una alianza entre el PP y el PSOE, que aunque desde ambos lados –y desde el establishment- se encuentran voces que apoyan esta posibilidad, resulta todavía muy difícil que se realice teniendo en cuenta la virulencia con que el referente del PSOE, Pedro Sánchez, se ha referido hacia el actual presidente Mariano Rajoy durante la campaña electoral. Además, implicaría cavar su propia tumba porque daría muchas posibilidades para que Podemos capte a buena parte de su electorado.

Si ninguna de estas opciones para alcanzar la mayoría absoluta se concreta, la posibilidad siguiente es una votación en la que se podría conformar gobierno a partir de una mayoría simple (obteniendo más votos a favor que en contra). Si pasado dos meses no se logra alcanzar un acuerdo, se disuelven las Cortes y se llama a nuevas elecciones generales. Este escenario no puede ser descartado teniendo en cuenta la dispersión del voto y el complejo entramado de fuerzas que han deparado los resultados. Sin embargo, la presión de los sectores dominantes españoles y europeos se hará sentir para alcanzar algún tipo de gobierno con algo de estabilidad, que permita continuar con las políticas actuales y calme las ansias de cambio. De esta manera, todo parece indicar que continuará el clima de incertidumbre política que se vive en España en los últimos años, aunque se abrirá un nuevo capítulo, en donde las nuevas fuerzas deberán demostrar desde un lugar en las instituciones como se comportan en la actual dinámica política.

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