Por Gladys Olmestead* desde Guatemala | Foto: No Ficción Gt

En Guatemala se libra una nueva batalla contra la corrupción. Los esfuerzos anticorrupción que quedaron tras la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) en 2019, recibieron un nuevo golpe el pasado viernes 23 de julio: Ese día, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, removió de su cargo a Juan Francisco Sandoval, como jefe de la Fiscalía especial contra la impunidad (FECI).

Juan Francisco Sandoval tiene 38 años y cuenta con una carrera de 18 años en el Ministerio Público; los últimos seis los fungió como Fiscal especial contra la impunidad. Ha sido reconocido internacionalmente por su lucha contra la corrupción. El pasado febrero recibió el premio “campeón anticorrupción” que el Departamento de Estado de los Estado Unidos entrega a 12 personas en el mundo.

Desde su nombramiento como jefe de la FECI en 2015, Sandoval ha presentado casos sobre corrupción gubernamental que han resultado en funcionarios y exfuncionarios presos y ligados a procesos penales. Uno de ellos es el de expresidente (2012-2015) Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes renunciaron durante su mandato y se encuentran presos y ligados a juicios penales señalados de enriquecimiento ilícito, defraudación y lavado de dinero, entre otros.

El exfiscal es considerado una pieza clave en los últimos años de la lucha contra la corrupción en Guatemala, mientras formaba parte del equipo de la exfiscal general (2014-2018) Thelma Aldana y el excomisionado de CICIG, Iván Velásquez, reconocido abogado colombiano.

El equipo de fiscales dirigido por Sandoval era uno de los últimos bastiones que quedaron de la extinta CICIG, un organismo internacional de las Naciones Unidas instalado en Guatemala para combatir la impunidad y corrupción, y para fortalecer al Ministerio Público. La FECI de Sandoval era la personificación de ese fortalecimiento, y su salida podría afectar el curso de al menos 200 expedientes.

Según declaraciones en conferencia de prensa brindada por el mismo Juan Francisco Sandoval, el día de su salida del Ministerio Público y de Guatemala hacia El Salvador, país en el que se exilió, los casos que su fiscalía investigaba involucran a allegados al partido de gobierno, Vamos, a diputados del Congreso y a magistrados de las cortes de justicia.

Un fiscal incómodo para el gobierno

Según el comunicado público del viernes 23 de julio, la fiscal general, Consuelo Porras, tomó la decisión de nombrar a Carla Isidra Valenzuela Elías como nueva jefa de la FECI. La destitución de Sandoval se justifica por supuestos «abusos y frecuentes atropellos» a la institucionalidad de la entidad y “vejámenes” de los que asegura Porras fue víctima. Así como una “inminente falta de confianza” entre ambos.

Sin embargo, dentro del despido de Juan Francisco Sandoval se han señalado anomalías. Debido a que el exfiscal llegó al cargo de jefe de la FECI por su carrera profesional dentro del Ministerio Público, la Ley Orgánica de la institución establece que los fiscales de carrera no pueden ser destituidos sin un proceso disciplinario, luego de que se compruebe una falta grave. Por lo que la “confianza” no sería un motivo válido, y Sandoval asegura que nunca se le comunicó sobre algún procedimiento en su contra, ni se le escuchó antes de removerle del cargo.

En entrevista con El Faro, el exjefe de la FECI reveló que Consuelo Porras no se comunicó personalmente con él para despedirlo. Hasta las 6pm del domingo, 25 de julio, la Fiscal General no ha justificado su decisión de sacar a uno de sus mejores fiscales, y de los más respaldados por los socios internacionales del Ministerio Público

Existen posturas, como las de extrabajadores de CICIG y la exfiscal general, Claudia Paz y Paz, que califican la acción de Porras como ilegal. Juan Francisco Sandoval confirmó a su salida que él impugnará esta decisión de removerlo de su cargo sin el debido proceso.

Dentro de los verdaderos motivos para sacarlo del Ministerio Público, Sandoval expuso en su última rueda de prensa que, desde la llegada de Consuelo Porras a la jefatura de la fiscalía, la independencia de la FECI fue disminuyendo. Además de que su trabajo se convirtió en incómodo para funcionarios del actual Gobierno encabezado por Alejandro Giammattei.

De acuerdo con el exfuncionario anticorrupción, la Fiscal General detuvo investigaciones de alto impacto sobre jueces, diputados y otras autoridades mediante traslados de expedientes, remoción de fiscales, prohibiciones para operativos, «retraso» de procesos y «agilizar lo que le conviene».

Sandoval incluso reveló que no considera que esas investigaciones prosperen, porque la jefa del Ministerio Público mantiene una “amistad” con el presidente Giammattei y varios funcionarios bajo investigación de la FECI. Y señaló a ambos de posible obstrucción de la justicia, siendo su despido una consecuencia de esta complicidad.

Rumbo al exilio

Juan Francisco Sandoval abandonó el país la madrugada del sábado 24 de julio –inmediatamente después de brindar la conferencia de prensa– por la frontera terrestre Las Chinamas, entre Guatemala y El Salvador, con destino final desconocido. Sandoval es el quinto operador de justicia en menos de tres años que ha abandonado el país a causa de las investigaciones que realizó.

La Procuraduría de la Derechos Humanos (PDH), bajo el liderazgo de Jordán Rodas Andrade, acompañó al exjefe de la FECI desde su salida del MP hasta la frontera con el país vecino. El último acto público de Sandoval se realizó desde las instalaciones de la PDH.

Jordán Rodas Andrade declaró que la decisión de sacar al exfiscal se tomó como medida para “resguardar” su vida integridad, ante posible persecución judicial y criminalización en su contra como represalia por sus declaraciones y su trabajo anticorrupción.

Ante los señalamientos de Sandoval sobre posible complicidad entre Porras y Giammattei, tanto el MP como el Gobierno de Guatemala se pronunciaron el sábado 24 de julio.

La fiscalía no emitió un comunicado, pero respondió a medios de comunicación que la institución es “respetuosa de la opinión de las personas». Si (Juan Francisco Sandoval) tiene alguna inconformidad puede hacerlo a través de la vía legal correspondiente, ante los órganos jurisdiccionales competentes”.

Por su parte, el Gobierno de Guatemala compartió un pronunciamiento con el que “rechaza categóricamente” lo declarado por Sandoval sobre “supuestos hechos penales, haciendo mención directa o indirecta hacia el Presidente”.  Y solicitó una “indagación de mérito” para demostrar si lo que dijo el exfiscal es verdad. Además aseguraron que Alejandro Giammattei es “respetuoso de la independencia que la ley le otorga al Ministerio Público”.

Reacciones de diferentes sectores ante el despido de Sandoval no se han hecho esperar y ya se registran pronunciamientos de la comunidad internacional, sociedad civil, movimientos estudiantiles, el sector empresarial y religioso como: congregaciones católica de diferentes partes del país, el Consejo Nacional Empresarial, autoridades indígenas y de diferentes pueblos mayas, organizaciones internacionales como Impunity Watch, Abogados Sin Fronteras-Canadá y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y asociaciones estudiantiles de la Universidad Rafael Landívar (URL).

También hubo pronunciamientos de bloque legislativos de Guatemala y de representantes nacionales y estadounidenses, así como de funcionarios como Samantha Power directora de USAID (por sus siglas en inglés) y Juan González asistente especial del presidente John Biden.

La mayoría de las reacciones y pronunciamientos coinciden en el reconocimiento a la labor de Juan Francisco Sandoval al frente de la FECI, en las anomalías alrededor del despido en el MP y en el retroceso de la lucha contra la corrupción e impunidad en Guatemala.

Y la consecuencia social más tangible ante la noticia de la salida de Sandoval, fue una serie de convocatorias ciudadanas para protestar frente a las instalaciones del Ministerio Público en contra de la fiscal Consuelo Porras y frente a la PDH, a favor de Juan Franciso Sandoval el viernes 23 de julio. Y un seguimiento el 24 de julio, de nuevo frente al MP y una movilización posterior a la Plaza Central para manifestarse también en contra del Gobierno de Guatemala.

Detonan protestas

En las manifestaciones del fin de semana, se pudo observar un malestar generalizado ante la destitución de Juan Francisco Sandoval, sus declaraciones que señalan a funcionarios de corrupción y el manejo de la pandemia por el coronavirus. Y se identificó una petición casi universal: la renuncia de Alejandro Giammattei y de Consuelo Porras.

Aunque no fue una manifestación multitudinaria –con aproximadamente 2 mil personas presentes en su punto más alto– como las registradas en 2015 y 2016, ha sido la convocatoria más grande del año en contra de la corrupción y el actuar de funcionarios públicos. Y se espera que continúen las acciones de rechazo y descontento en los próximos días con un llamado de autoridades indígenas como los 48 Cantones de Totonicapán y el Parlamento Xinca llamando a un paro nacional la próxima semana. Con el objetivo de continuar exigiendo la renuncia de los dos funcionarios: Porras y Giammattei.

*original en Divergentes (Guatemala)

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Por Sara García Gross 

Rebeca Lane es integrante de una generación de músicas feministas que irrumpió en la escena latinoamericana para visibilizar las injusticias y la desigualdad desde el arte retomando, en letras subversivas y con ritmos atrevidos, la lucha de nuestras ancestras en defensa de los territorios y el derecho a la vida y la libertad. El 3 de octubre se presentará en Buenos Aires trayendo una propuesta sin fronteras que hace visible la realidad centroamericana. Es que el hip hop guatemalteco se reconoce desde su voz y por eso nos dice: “para mi es muy importante viajar con la música para solidarizarme con la causas feministas que nos aglutinan a todas, pero sobre todo para resaltar y decir lo que las mujeres centroamericanas estamos viviendo”.

Desde Marcha realizamos esta entrevista para conocer sobre su activismo y en la que repasa sus impresiones tras las recientes elecciones en Guatemala, llama la atención sobre las represiones a las Defensoras de los territorios y la búsqueda de justicia por las 56 del Hogar Seguro y donde repudia además la iniciativa conservadora para retroceder en derechos conquistados para las mujeres y las personas del colectivo LGBTTIQ+. ¿Hay un guerra del Estado contra las mujeres? Una referente necesaria del feminismo centroamericano que además nos hace bailar una revolución sin fronteras.

– ¿ Cómo es hacer música en Centroamérica? 

Hacer arte en Centroamérica, realmente es un reto en todos los sentidos, porque estamos en países altamente militarizados, donde la educación o formación musical es vista como innecesaria; y creo que mucho tiene que ver con los legados de guerra. Nos educan para creer que es absolutamente innecesario porque ha sido desde las artes que, además de los movimiento populares, ha sido en las artes donde se ha despertado mucho sentimiento crítico en otros momentos de nuestras historias, y somos muchas las personas que nos dedicamos al arte actualmente aquí, quienes continuamos cuestionando esta militarización territorial y lo que conlleva.

Entonces de entrada es difícil, somos países donde no hay industria musical, no hay apoyo en radios a música local, no hay apoyo en medios de información tampoco acerca de lo que se está haciendo en nuestros territorios, aparte hacer hip hop es bastante estigmatizado, entonces hay muy pocos locales en los que tengamos acceso a hacer nuestra música, sumado a la situación de ser mujer ya que en muchos casos, en muchos de los locales han habido agresiones sexistas o le abren espacio a agresores; entonces también los espacios donde las mujeres podamos tener eventos lo más seguro posible se reducen muchísimo más, entonces eso complejiza el poder dedicarse a la música, a las artes y hacerlo de una forma profesional, es decir, que esto se convierta en tu profesión, creo que estructuralmente hay muchas dificultades para poder hacer arte, para poder hacer música y mucho más cuando sos feminista y tenes un posicionamiento político.

– ¿ Qué significa hacer arte y política? 

Yo creo que para mi el camino hacia el arte fue a través del activismo, entonces, al empezar a explorar distintas ramas de las artes, como el teatro, la poesía, la música, definitivamente, yo ya tenía un camino recorrido en cuanto a reflexión política, por lo que mucho de lo que expreso artísticamente tiene que ver con mis inquietudes como activista también.

– ¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en Guatemala? 

En Guatemala, al igual que toda Centroamérica, la situación de los derechos de las mujeres es no solo precaria, si no que va en un claro retroceso. A pesar de tener una ley bastante avanzada para la protección de las mujeres, como es la ley contra feminicidio, realmente existe muy poca capacidad técnica, muy poca sensibilidad de agentes de justicia, desde quienes te recogen una denuncia hasta quienes procesan tu denuncia… Hace algunos años hablábamos que solamente un 2%, de todos los casos llevados a través de la ley contra feminicidio tenían al final justicia. Vivimos en un estado de impunidad y aunque hayan algunos instrumentos que en teoría están hechos para la protección de las mujeres, en la práctica seguimos estando con instituciones machistas y patriarcales. Pues en Guatemala tenemos al Estado en nuestra contra.

Ahora en el Congreso de Guatemala se está tratando de aprobar hace varios meses una propuesta de Ley, la 5.272, que limita los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQ+. Se quiere penalizar todo tipo de interrupción del embarazo, incluso aquellos que son involuntarios para criminalizar a las mujeres desde el sistema de salud, similar a la situación actual de las mujeres en El Salvador. Se quiere prohibir además cualquier unión de personas del mismo sexo, la educación sexual en establecimientos privados y públicos… Es una propuesta de ley, que como ellos dicen es para la protección de la familia tradicional, promovida por el sector evangélico aliado con políticos y ha sido un instrumento de ley que no se ha podido aprobar porque es absolutamente inconstitucional, pero que constantemente se está utilizando como una herramienta para sumar el voto evangélico, por parte de sectores políticos.

El sector evangélico aquí en Guatemala decide quien va a ser el presidente, a través del dominio ideológico que ejercen sobre una mayoría de la población, hay una alianza política entre el sector de derecha, el empresarial y el militar para decidir quien va a ser el ungido por las iglesias evangélicas; y las iglesias evangélicas van a promover su candidatura, nosotros que recientemente pasamos por un proceso de elecciones era muy claro ver que las posturas de los candidatos más fuertes, estaban reforzando esta idea de la familia tradicional, en contra de las libertades que las mujeres feministas estamos promoviendo para todas las mujeres, en contra del estado laico también, creo que tenemos muchas cosas en contra.

También estamos en un país donde la cantidad de embarazos en niñas y adolescentes es alarmante, solamente el año pasado hubo 90 mil casos de embarazos en niñas de 10 a 19 años, sabemos que la mayoría de estos embarazos ocurren producto de abuso sexual y sobre todo abuso sexual en las familias; entonces también preocupa muchísimo propuestas de ley como la 5.272 que quiere que la Educación Integral Sexual esté en manos de las familias, cuando es precisamente en las familias que las niñas corren más peligro. Decir eso es hablar acerca de derechos sexuales y derechos reproductivos y libertad de elección.

Pero también hay una situación muy fuerte que tiene que ver con las Defensoras del territorio. La semana anterior asesinaron a una Defensora del territorio y a otra autoridad comunitaria y hay varias compañeras que han tenido que salir al exilio. Varias otras están criminalizadas con procesos legales pendientes, se las acusa de usurpación de tierra e incitación al terrorismo por estar articuladas en las resistencias por la defensa territorial. La situación de las mujeres defensoras es de vulnerabilidad porque están poniendo el cuerpo en contra de empresas mineras, en contra del extractivismo, de un modelo capitalista colonial que sigue poniendo sobre los cuerpos de las mujeres indígenas toda la violencia de este Estado genocida.

– Tu mensaje es potente y resuena en marchas y movilizaciones sociales del movimiento feminista en la región, ¿qué mensaje quieres transmitir aquí en Buenos Aires?

Estoy muy contenta de ir a Buenos Aires, tengo dos años de no ir y la primera vez que fui, realmente fue una experiencia muy bonita, creo que  para todas las mujeres en América Latina, definitivamente las grandes luchas que se han dado en Argentina por la despenalización del aborto han sido de alguna forma como una luz para los otros movimientos y los otros países donde realmente tenemos nuestras libertades mucho más limitadas.

Lo que siempre busco con mi música es poder acercar la realidad de las mujeres centroamericanas a los distintos territorios a los que voy, las mujeres centroamericanas siempre nos hemos solidarizado con las compañeras argentinas, con la lucha de ni una menos o la despenalización del aborto, o las compañeras mexicanas recientemente han tenido movilizaciones muy fuertes y muy potentes, sin embargo, muy pocas veces vemos también que de estos feminismo de las grandes ciudades se responda con la misma solidaridad hacia lo que está ocurriendo a las mujeres centroamericanas y creo que muchas veces es por desconocimiento, pero también tiene que ver con racismos, porque incluso siendo feministas, no podemos negar que hay diferencia entre países en donde hay una mayoría de blanquitud, como es el caso de países del cono sur a países donde somos mayoría mestizas, mestizas- indígenas, indígenas-afrodescendientes.

Hay bastante invisibilización hacia lo que las mujeres en estos territorios estamos viviendo en estos feminismos más masivos. Para mi es muy importante viajar con la música para solidarizarme con la causas feministas que nos aglutinan a todas, pero sobre todo para resaltar y decir lo que las mujeres centroamericanas estamos viviendo.

– Cuando decimos “Nos duelen 56”, ¿cuál es la denuncia al Estado guatemalteco?

La historia de las 56 niñas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción es uno de los casos más emblemáticos para entender porqué en nuestros territorios, e incluso el caso de “Las 17” (y más) mujeres presas en El Salvador, es tan difícil articular movilizaciones feministas tan masivas o movimientos feministas con la misma masividad y potencia que tiene en otros países. Para nosotras, hay una represión absolutamente criminal; es decir, haber quemado con intencionalidad por parte del Estado de Guatemala a 56 niñas que se habían rebelado, que estaban denunciando explotación sexual y malos tratos que implicaban a buena parte del Estado guatemalteco, la respuesta fue asesinarlas, y hacerlo ver como un accidente.

Aunque la mayoría sabemos que no fue una accidente porque sabemos cuál es la lógica de estos Estados militarizados que tenemos, de eliminar; en ese sentido, una de las principales demandas es decir “no fue el fuego, fue el estado”. El Estado de Guatemala y el Presidente (Jimmy Morales) estuvieron altamente implicados en este crimen y tiene que haber justicia para las niñas, reparación y justicia para las sobrevivientes y justicia para las familias que tienen a hijos e hijas institucionalizadas en la misma situación que las niñas asesinadas denunciaban.

El Estado de Guatemala está implicado en redes de secuestro, explotación sexual, redes de tráfico de niños y niñas, hay muchas cosas que desenmarañar en este caso y hay muchas estructuras criminales que tienen que desarticularse a partir de una investigación profunda, cosa que veo muy difícil. Aqui le llamamos “pacto de corruptos”, que logró posicionar nuevamente estas redes de corrupción desde el Estado, sacaron a CICIG que fue una misión internacional de ONU que funcionó durante 10 años para desarticular aparatos clandestinos de poder en el Estado de Guatemala y el nuevo presidente electo. Ha sido de alguna forma un triunfo de este proyecto político porque las estructuras criminales siguen ocupando el Estado de Guatemala. Para las feministas, la lucha por las niñas es la lucha por todas las mujeres.

Guerreras bailando electrocumbia

Hace pocos días, Rebeca Lane presentó “Siempre Viva”, un video en el que convoca a otras mujeres luchadoras a participar con sus voces e irreverencia. Este video musical contó con la participación de mujeres que han estado presentes en diferentes luchas y escenas de Guatemala, así como personas que han impactado en la vida de Rebeca. Pues, como la canción indica, ellas son la mala hierba que no se dejó morir. La electrocumbia de Rebeca y el baile de todas las mujeres que la acompañan nos invitan a bailar sin restricciones.

Un estallido que en solo 24 horas obtuvo más de 12 mil reproducciones y que aquí te compartimos:

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Por Raúl Palencia 

El domingo 11 de agosto se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala. Los comicios se caracterizaron por un 61% de abstencionismo, casi el mismo número que participó en la primera vuelta pero que parecía tener esperanzas en fuerzas políticas menos conservadoras y con propuestas que salieran del discurso común y acartonado. La presidencia la definió un 47,2% del padrón de guatemaltecos y guatemaltecas que acudió a las urnas. Alejandro Giammattei fue electo presidente por el 57% de los votos, es decir 1.907.696 de los más de 17 millones que integran el país, lo cual lo define como jefe de estado para los próximos 4 años.

Tanto Giammattei como Sandra Torres se disputaron un público en común, el voto conservador. Ambos candidatos y sus partidos, enfocaron su estrategia electoral en pelear el voto indeciso de quien quiere apenas ciertos cambios en el país con un histórico racismo, clasismo y patriarcado que se expresan en la realidad concreta en un país donde la mayorìa de la población es indígena. En Guatemala el 60% de la población está debajo de la línea de pobreza y el 12% sufre de analfabetismo. Además se encuentra en el primer lugar en Latinoamérica y sexto en el mundo en desnutrición severa en la población infantil.

Pese a la presión desde Washington por una 2da vuelta que ya se había definido desde el 16 de junio, ninguna de las causas estructurales que actualmente son el resultado palpable de un estado corrompido por los poderosos capitales empresariales, el poder militar y el narcotráfico, van a ser siquiera reformadas en nombre del “progreso”.

Cómo ganó y quién es el nuevo presidente

La diferencia de votos entre los candidatos es de 520,641, es decir un 15,9%. Una distancia aplastante en términos porcentuales pero que en votos refleja que Gianmmetti ganó con un 23,40% del total del padrón electoral inscripto. Es decir que este resultado lo definió un 6,38% de las personas que podían votar en toda Guatemala. Este nivel de participación sobrepasa por muy poco al de las elecciones de 1995, año previo a la firma de los Acuerdos de Paz que ponía fin a 36 años de conflicto armado en el territorio centroamericano.

El restante 42% de los votos se los llevó Sandra Torres, candidata por el partido de la Unidad Nacional de la Esperanza, (UNE). Partido de centro fundado en 2002 que en las últimas contiendas electorales encabezadas por Sandra no ha podido pasar el techo del 1,3 millones de votos. Es la tercera elección en la que Sandra pretende disputar la presidencia, si tomamos en cuenta la del 2011 en donde un fallo de la Corte de lo Constitucional no validó su divorcio del ex presidente Álvaro Colom impidiendo presentarse como candidata. Luego, en el 2015 logró entrar a la contienda pero nuevamente en la segunda vuelta perdió contra Jimmy Morales (el presidente saliente), acumulando el mismo número de votos. La imposibilidad de superar ese número parece estar en la misma candidata, quien está siendo investigada por la CICIG de financiar ilícitamente su campaña de 2015. Esto la coloca en una impopularidad irremontable, sobre todo si tomamos en cuenta el avance del discurso anticorrupción y su manejo para inmunizar candidatos.

El electo presidente, Giammattei, ganó con una estrategia que marca la tendencia de las elecciones de la región. Al igual que en el país vecino, El Salvador, los discursos y las estrategias que caracterizaron estos triunfos son similares. Lo primero es mostrar una cara “renovada” de la política. Primero, el partido VAMOS es un partido recién fundado. Según Giorgio Bruni secretario del partido, el 85% está compuesto por jóvenes. Aunque se complet con militares retirados, empresarios tradicionales y algunos técnicos. El discurso que acompañó es el de una amplia participación de distintos sectores, buscando dejar a fuera a “la vieja política”. En este armado participó una parte de SEMILLA, el movimiento político progresista que impulsaba la candidatura de Thelma Aldana. Lo segundo tiene que ver con sus relaciones internacionales, llevando un diálogo directo con Trump buscan hacer un lobby de campaña para las próximas elecciones en Estados Unidos, en donde el actual presidente pretende una reelección. Esto en el discurso busca acompañar la “crisis migratoria” negociando escasas oportunidades para la numerosa población centroamericana que vive en el país del norte del continente e invisibilizando la realidad de esta población migrante la cual está siendo cruelmente perseguida, encerrada, torturada y deportada a sus países de origen. El tercero tiene que ver con la corrupción, tema en el cual Guatemala ya tiene una experiencia caminada y también saboteada por intereses de Estados Unidos y sectores parásitos del Estado, sin embargo Gianmmettei dice que creará una nueva CICIG con cooperación bilateral y no multilateral, señalando como la principal falencia de la anterior comisión creada por la ONU.

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Continuidad y profundización del dominio de EE.UU. en la región

El próximo 14 de enero del 2020 el Estado de Guatemala comenzará una transición de gobierno amena dando continuidad al pacto de corruptos que caracteriza esta etapa en el país. Entre el 2008 hasta el 2018 el Estado se vio reformado por una limpieza judicial de las facciones más poderosas y retrógradas del país, ganando reconocimiento internacional al llevar al banco de los acusados el genocida militar Efraín Ríos Mont y al sacar de la presidencia, enjuiciar y encarcelar al militar retirado, Otto Pérez Molina en el 2015 gracias a las fuertes y multitudinarias manifestaciones.

Entre el 2016 y el 2018, la CICIG llevaba a juicio por corrupción a 650 poderosos enquistados en estructuras del Estado. El 3 de septiembre de este año se termina el mandato de la CICIG y el recién electo ya declaró que no lo renovará, lo cual nos da muestra que las estructuras viciadas del Estado, las que generan enormes desigualdades, estarán intactas.

En Centroamérica la misoginia de lo mandatarios, la ostentación del poder político por parte del sexo masculino, de raza blanca y de familias tradicionalmente adineradas siguen gobernando sus Estados. A esto se le suma la reciente reacción conservadora global de parte de los fundamentalismos religiosos. En la región que más personas expulsa hacia Estados Unidos y que paradójicamente más depende de los países poderosos y sus políticas internacionales, se logra colocar en el gobierno a presidentes con alto nivel de sumisión a estos poderes pero bajo nivel de representación y legitimidad social.

Estas elecciones no dejan solo un nuevo presidente sino que ponen en jaque el gobierno de los poderes y los sistemas tradicionales de construcción de los Estados capitalistas que dejan afuera y destinan a la miseria a las mayorías originarias. Sin embargo, hay un mensaje que subyace y que debe ser escuchado tras este proceso eleccionario: Giammattei no será, por más que intente engañarles, quien liderará estos pueblos. Porque a la corrupción se la combate y la población está en pie. Por eso, a fuerza de llamar a Paros, protestas urbanas, piquetes rurales, construcción desde abajo, reafirmación de la identidad plurinacional y denuncias de los asesinatos de defensores/ as de derechos humanos ante la prensa internacional, será Thelma Cabrera, la primera candidata indígena en la historia de ese país -junto al surgimiento de nuevos actores políticos aliados-, quien liderará la dignidad y la esperanza para toda Guatemala.

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Por César Saravia y Laura Salomé Canteros / Foto: Nelton Rivera 

Las elecciones en Guatemala dejaron a su paso un sabor agridulce. Si bien las encuestas anticipaban una segunda vuelta con Sandra Torres y Alejandro Giammattei, fueron estas mismas encuestas las que subestimaron lo que podía hacer Thelma Cabrera y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), que obtuvo un cuarto lugar; apenas tres puntos porcentuales por detrás del segundo lugar, logrando una histórica votación para una movimiento de base indígena y con propuesta anti- neoliberalismo y anti- colonialismo. 

Thelma Cabrera logró poner en agenda dos de los temas centrales en la búsqueda de una transformación estructural de la sociedad guatemalteca y esa necesidad fue reconocida con el voto: el reemplazo del régimen de propiedad privada de la matriz energética por una estatal, mediado por la consulta popular y comunitaria; y la necesidad de construir un Estado Plurinacional en un país donde cerca del 50% de la población se reconoce indígena. Destaca el hecho de que la votación realizada en Estados Unidos, dio a Cabrera como ganadora, pese a que en términos absolutos los votos en el país norteamericano son significativos porque expresan un deseo de la población en el extranjero por un cambio en su tierra de origen.

Por eso, frente a un sistema político corrupto y fraudulento, en que el propio Tribunal Supremo Electoral (TSE) se ha visto obligado a reconocer la necesidad de un recuento por las claras señales de fraude, ¿qué conclusiones podemos sacar de este resultado? Los 11% conseguidos por Cabrera pueden ser leídos en cierta forma como un triunfo, si pensamos que lo electoral es nada más un momento coyuntural de una lucha más amplia, una lucha que ha estado ahí, silenciosa, incluso menospreciada por algunos sectores del progresismo y la izquierda, una lucha contra un modelo que tiene como bandera la muerte y el despojo. Esa Guatemala que en sus profundidades resiste a la muerte y que logró articular un proyecto electoral por el que nadie daba nada hace unos meses; y lo hizo levantando dos de las banderas más claves en la lucha social. Quizás sea un triunfo que opere en el plano de lo simbólico, pero en un país donde reina la apatía y la desesperanza, esto es bastante, es la certeza de que “hay algo más” por fuera del pacto de las élites de corruptos y conservadores.

La elección del pasado 16 de junio, además, dio cuenta de una dispersión importante en el voto. No solo ningún candidato y candidata logró el 50%, sino que la suma de los votos de Torres y Giammattei tampoco lo logró. Es decir que la segunda vuelta tendrá como protagonistas a una candidata y a un candidato que no tienen el apoyo de al menos el 60% de las y los votantes. Es más, si miramos a la izquierda ideológica, si se suman los votos del MLP, WINAQ, URNG Maíz (partido político que surgió de la guerrilla), LIBRE y Convergencia, el resultado arroja un 19%, suficiente para entrar a la segunda vuelta. Si bien hay importantes diferencias entre estos partidos, no se puede descartar la posibilidad de que alrededor de la figura de Thelma Cabrera se puedan sumar otros sectores para pensar a futuro una alternativa más amplia.

“Ningún proceso electoral es perfecto”

A una semana de las elecciones, el partido movimiento que llevó como candidata a la primera mujer indígena del país centroamericano y que fue sorpresa ante unas elecciones que poco prometían cambiar la apatía generalizada, anunció que presentarán, a nivel municipios, las impugnaciones necesarias y tal como lo establece la ley, como evidencia de fraude tras cotejar que las actas físicas que poseen no se corresponden con los resultados publicados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Además informó que se estarán realizando asambleas y convocatorias a acciones colectivas de protesta y repudio frente a la estafa electoral, con el llamado a “defender nuestro voto digno en las calles”.

Más de una semana de las elecciones pasó hasta que el TSE comenzó a corregir lo que llamaron “errores” en el software, lo que perjudicó el traspaso de los datos de las actas electorales. Esto provocó que algunos candidatos/ as a diputados/ as del Parlamento Centroamericano, Congreso y cinco alcaldías recibieran hasta el doble de votos o se les restaran. Según informaron desde el Departamento de Informática del organismo, en los próximos días se verificará la adjudicación de votos, proceso que se espera finalice en 15 días, esperando se cumpla con los plazos para llegar a la segunda vuelta electoral que se realizará el 11 de agosto. 

Antes se dedicó a difundir las posiciones de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del consorcio de organizaciones de la sociedad civil que ofició de observador, “Mirador Electoral”. El primero rechazó “las insinuaciones de fraude en las elecciones”, afirmando con tono paternalista que “ningún proceso electoral es perfecto” y que, si bien la Misión recibió denuncias de compra de votos y observó el acarreo de votantes y errores en la digitación de las actas, “de ninguna forma estas acciones modifican la voluntad popular reflejada en los resultados de la contienda presidencial”. El segundo concluyó “ante las evidencias de errores de digitación de actas electorales” que “el evento electoral se desarrolló de manera normal” y que al momento del conteo, en aproximadamente el 90% de los espacios, hubo fiscales de al menos dos de los partidos políticos contendientes, confiando en que el TSE será el organismo que “desvanecerá la desconfianza y dudas que se generaron por los errores incurridos en las elecciones”.   

Cabe mencionar que en uno de los municipios del país, San Marcos, se suspendieron las elecciones por hechos de violencia que ponían en riesgo la integridad de las autoridades de mesa. Como hecho previo y que revierte una mayor gravedad institucional, el fiscal de delitos electorales, Oscar Schaad, había solicitado una licencia tras denunciar amenazas contra su integridad y la de su familia. Durante el 16 de junio se registraron además ataques contra periodistas/ corresponsales que estaban cubriendo los comicios.

Una segunda vuelta con sabor a continuidad 

Durante la jornada del lunes, pobladores de San Juan Chamelco, en el departamento de Verapaz, protestaron frente a la oficina municipal. También lo hicieron las y los pobladores de la aldea Cabezas, municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa, quienes bloquearon durante horas la carretera que conduce a El Salvador. En las últimas horas la situación se tornó confusa en Guatemala luego de que algunas organizaciones llamaran a no caer en la manipulación, luego de que el partido FCN-Nación, del presidente Jimmy Morales desconociera los resultados electorales y alertara sobre la amenaza de una “dictadura” impuesta por la UNE, el partido de Sandra Torres.

De concretarse el resultado electoral, la segunda vuelta enfrentará a Sandra Torres, quien llega por segunda vez a esta instancia, y a Alejandro Giammattei, quien fue ex director del Sistema Penitenciario de Guatemala y quien estuvo en prisión durante 10 meses a causa del “Caso Pavón” en 2006, cuando la policía y el ejército entraron a un centro penitenciario para restablecer el control, operativo en el que fueron asesinados 5 personas privadas de su libertad. Tras pasar un tiempo en prisión, Giammattei salió de la cárcel al no poder probarse su participación en los hechos. 

Tanto Torres como Giammattei son figuras conocidas en la política guatemalteca. Sus aspiraciones presidenciales vienen desde hace años y en buena medida son parte del llamado “pacto de corruptos”. Paradójicamente, todo parece indicar que Giammattei podría ser electo presidente más que por méritos propios por el amplio rechazo que genera Sandra Torres.

El desencanto de la población se profundiza y el sistema, en decadencia, garantiza, al menos por un tiempo, su supervivencia. La esperanza para los próximos años quedará en sí las fuerzas políticas desplegadas en las movilizaciones ciudadanas del 2015 y 2017, así como en la digna resistencia indígena- campesina contra el saqueo extractivista y de los incipientes movimientos feministas que se levantan contra el conservadurismo religioso, pueden encontrar un punto de encuentro que permita construir para las y los guatemaltecos, un proyecto de consenso y transformación para el disfrute de la vida digna.

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Por César Saravia y Laura Salomé Canteros

Hace unas semanas el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se reunió junto a las y los fiscales de los partidos políticos y quedó conformada la papeleta con las 20 candidaturas a la Presidencia de la Nación centroamericana. Fue noticia y comentario político, sin embargo, la exclusión de esa lista de dos mujeres fuertes de la política. Fueron negadas por diferentes motivos las postulaciones de Thelma Aldana, ex fiscal general de la república, y de Zury Ríos, hija del represor Ríos Montt sentenciado por crímenes de lesa humanidad.

Zury Ríos, a quien la mayoría de encuestas daban un segundo lugar y en algunos casos la victoria, quedó fuera de la elección por una prohibición del artículo 186 de la constitución guatemalteca que determina que los familiares en primer grado de violadores de derechos humanos no pueden optar a la presidencia de la república. Ríos agotó todas las instancias posibles y finalmente, su candidatura, que representaba al sector más conservador de Guatemala, terminó por caerse.

Otra de las candidatas fuerte, Thelma Aldana, a quien las encuestas daban en su momento como tercera, también quedó fuera de la contienda. Aldana logró generar simpatía entre amplios sectores ciudadanos al posicionarse como una figura“anticorrupción”, luego de su paso por la Fiscalía General de la República. No obstante, aunque en buena medida las comunidades apoyaron su investigación a corruptos, también se denunció que durante su gestión las instituciones no hicieron nada para investigar los asesinatos de líderes y lideresas sociales, ni tampoco hubo una reducción de la persecución judicial contra los defensores y defensoras del territorio, protegiendo siempre los intereses de los grandes capitales.

Fue, paradójicamente, una acusación de corrupción la que dejó fuera a Aldana, luego de que se le acusara de crear plazas fantasmas durante su gestión, así como la compra anómala de un edificio. Más allá de estar fuera de la contienda, la ex candidata por el Movimiento Semilla generó mucha cercanía con Nayib Bukele, actual presidente de El Salvador, y que ha instaurado una forma de gobernar desde las redes sociales, con fuerte carga de autoritarismo y linchamiento mediático. En el tiempo que duró Aldana su campaña fue bastante parecida a la que utilizó Bukele. ¿Se trata esto de un nuevo modelo de la derecha para la región?

La panacea de querer ganar a través de las redes

El triunfo del candidato de derecha en El Salvador, Bukele, inaugura, para el triángulo norte y, por qué no, para toda Nuestra América, una nueva era, con inéditas características para la disputa electoral. El éxito del político “millenial” que logró posicionarse en el Ejecutivo de ese país, sin propuestas programáticas claras y sin asistir a los debates con el resto de los candidatos, puede transformarse en regla más que en excepción.

Hoy, además de la publicidad política tradicional, las y los candidatos deben mostrarse capaces de generar la empatía “coucheada” a través de las redes sociales, donde se encuentra la mayoría del electorado, el público objetivo y las y los influencers, jóvenes entre 18 y 35 años de los grandes centros urbanos. Una nueva cara de las y los representantes de un modelo capitalista y neoliberal que se regenera para adaptarse alas nuevas prácticas de consumo.

De este modo, la agenda de las elecciones se aliviana para tratar de dar respuestas vía Facebook Live, encuestas de Twitter o narrativas visuales en Instagram a las polémicas coyunturales en países donde las problemáticas estructurales y el combate a la desigualdad y al crimen organizado son urgentes. Por otro lado, las dinámicas de esta nueva/vieja política hacen que se abandone la calle y otros espacios públicos, aun en actos proselitistas, en países donde la inseguridad mantiene encerrada a la ciudadanía.

En este nuevo modelo que lava la cara a la vieja política donde los formatos son la propuesta, las izquierdas y los movimientos políticos que representan a las comunidades y deciden competir por los votos ciudadanos con listas electorales deben decidir cómo jugar en estas elecciones en Guatemala, en la que parten con una amplia desventaja respecto a las maquinarias mediáticas con la que los políticos representantes del status quo cuentan. Esta batalla asimétrica por los sentidos que se ha generado, es quizás uno de las principales razones por las que seguir los procesos en Centroamérica se vuelve clave en el actual avance conservador en la región.

La cruzada de Thelma Cabrera y el MLP

– Y tú, ¿a quién vas a votar?

– Pues, luego de escuchar sus propuestas, a ella.

Una charla de café en Antigua Guatemala, a unos 25 kilómetros de la capital del país, una mañana que ya no parece ser tan típica. La joven que habla señala, tímida pero decidida, la cara de Thelma Cabrera (la candidata indígena a presidenta del país por el MLP), en la tapa del diario “Prensa Libre”, donde se publicaron ayer las últimas encuestas rumbo a las elecciones generales del próximo domingo y que la colocan disputando el tercer puesto, 7 puntos abajo del segundo en contienda.

En medio de múltiples denuncias por corrupción, candidaturas impugnadas, un panorama electoral fragmentado, el fin de un gobierno de títeres yankis, un fiscal exiliado por amenazas y una democracia secuestrada por la violencia y la exclusión de las elites y los grupos de ex militares, las generaciones de la posguerra en Guatemala se preparan para votar con el resultado de que seguramente haya una segunda vuelta.

Thelma Cabrera es una lideresa Maya Mam de 49 años, referente del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), organización que conforma el Movimiento de Liberación Popular (MLP) como herramienta electoral para esta elección. Thelma es clara al señalar que el MLP es ante todo un partido con ideología antineoliberal yankicolonial. Esto es visible en sus dos principales propuestas de campaña, la nacionalización de la energía eléctrica y la reforma del Estado, mediante consulta popular, para la construcción de un Estado Plurinacional. En entrevistas previas a su candidatura, Cabrera no ha tenido problemas en expresar que mira el proceso de la Bolivia de Evo como referente. La plurinacionalidad, una lucha invisibilizada incluso desde sectores de izquierda, hoy genera expectativas entre las comunidades. El MLP ha ido generando simpatías en campaña y ha logrado sumar el interés no solo de las comunidades, sino de algunos sectores urbanos, progresistas y de izquierda, sobretodo juventudes, que se han movilizado a favor de su candidatura bajo las consignas #YoElijoDignidad “Volcancito visto, volcancito marcado”, en referencia al escudo del MLP, un volcán azul, con un sol en su copa.

Sandra Torres, la eterna candidata o “la tercera es la vencida”

La figura de Sandra Torres es quizás una de las más polémicas y que genera posiciones encontradas en la política guatemalteca. En el lenguaje de los analistas, se ha llegado a hablar incluso de un voto anti Sandra. Durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-2014), Sandra fue coordinadora del Consejo de Cohesión Social, espacio encargado de llevar a cabo política social de forma interinstitucional. Las políticas, de carácter asistencialista, implementadas por Sandra, le permitieron generar un importante apoyo en las zonas rurales. No obstante, los casos de corrupción asociados a la Unidad Nacional de la Esperanza, partido del cual Torres es candidata y Secretaria General, la ubican para buena parte de la población como parte del“pacto de corruptos”. Además, cabe decir que Sandra es empresaria en la industria textil, un sector con altos niveles de precarización laboral.

En 2011, Torres intentó buscar la presidencia en contienda contra Otto Pérez Molina, pero el mismo artículo 186, que hoy prohíbe a Zury Ríos participar de la elección, la inhabilitó para participar pues la constitución guatemalteca no permite a los y las cónyuges del presidente o presidenta participar en la elección (Sandra estuvo casada con Álvaro Colom). En 2014, ya divorciada, perdió en segunda vuelta contra Jimmy Morales, pese a que las encuestas la daban como favorita. A la fecha, Sandra es la gran favorita para ganar, pero todas las encuestas indican que de llegar a la segunda vuelta el escenario le es adverso, tal y como ocurrió en 2014. De haber segunda vuelta, eso sí, parece ser la candidata más afianzada para llegar a esta instancia. Cabe decir que su candidatura también peligró, pero a diferencia de Ríos y Aldana, logró sortear los obstáculos legales.

¿Habrá segunda vuelta?

En las últimas grandes actividades de campaña, realizadas el pasado fin de semana, se pudieron ver y escuchar las principales propuestas. En la encuesta realizada por”ProDatos”, con un muestreo de 1.200 personas en 138 puntos del país, (UNE) lidera con 20.2 puntos, le sigue Alejandro Giammattei (Vamos) con 14.4 puntos y luego la disputa entre Edmond Mulet (Humanista) con 8.5, Roberto Arzú (Alianza PAN- Podemos) con 8 y Thelma Cabrera (MLP) con 7.6 puntos, con margen de error de +- 2.8. Ganando, entre estos tres últimos, Thelma Cabrera entre las intenciones de votos de las poblaciones rurales, entre personas entre 25 y 34 años y de los llamados sectores sociales bajos.

Estas elecciones hablan por demás del sistema político y los poderes públicos en Guatemala. Dos ex ministros de la Nación, Víctor Corado, de Economía, y Víctor Manuel Asturias Cordón, de Comunicaciones, están siendo enjuiciados por hechos ilícitos durante el ejercicio de sus funciones. La ex fiscal general de la Nación, Thelma Aldana, a quién se le negó la candidatura por una denuncia por corrupción está exiliada en los Estados Unidos. Al igual que el fiscal de delitos electorales, Oscar Schaad, quién solicitó una licencia tras denunciar amenazas contra su integridad y la de su familia. Sin embargo, el caso más extremo es el de Mario Estrada (UCN), candidato presidencial que fue detenido, acusado de haber contactado al cartel de Sinaloa para financiar su campaña electoral y de conspirar para el asesinato de dos presidenciables cuyos nombres no han sido revelados.

Tanto Cabrera como Torres han acumulado un “antivoto” o al menos es así como grandes medios lo han querido representar. Más allá de las diferencias ideológicas entre ambas, se enfrentan a una estructura estatal fuertemente machista, racista y conservadora, en uno de los países con los mayores niveles de subrepresentación de mujeres, y a la posibilidad histórica de ser la primera presidenta en la historia de Guatemala. A nuestro entender, lo más relevante de esta elección pasa por lo que pueda hacer el MLP, única alternativa que representa los intereses de las grandes mayorías, ya que todo parece indicar que habrá segunda vuelta. Sea como sea, la sensación de los últimos días es que hay más entusiasmo de los pueblos por salir a elegir dignidad, y esto no solo refiere a un voto, sino a algo más grande, que descansa en cada lucha por la defensa del territorio y por los derechos, un volcán que en Guatemala hace tiempos comenzó a hacer erupción.

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Por David Toro para Prensa Comunitaria

Thelma Cabrera es una mujer Maya Mam de 49 años. Pasó su niñez trabajando en el campo en el municipio de El Asintal, Retalhuleu. La realidad le permitió darse cuenta de la explotación y desigualdad que existía en los campos del sur de Guatemala. Fue así como comenzó a sentir la necesidad de pelear por sus derechos. En 1992 se incorporó al Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y en la actualidad es uno de los rostros visibles de este movimiento. Es candidata a la presidencia con un instrumento político nuevo. Desde su creación han sufrido asesinatos y la criminalización de sus líderes. Cabrera junto al Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP) propone nacionalizar la energía eléctrica y buscará reformar el Estado, que asegura solo representa a la élite del país.

Thelma Cabrera creció en época de guerra, recuerda que durante su niñez fue afectada psicológicamente porque aparecían muchos muertos en las cuadras y carreteras cercanas a su casa en El Asintal. Sus padres no le permitían salir después de las 6:00 p.m. por el peligro que representaba, “cuando crecí me di cuenta de que a algunos los mataron y a otros nos inculcaron el terror”.

Thelma solo pudo estudiar hasta sexto primaria porque tenía que trabajar. Su formación política la desarrolló en las luchas sociales. Cuenta que desde sus inicios en 1992 se dedicó a la defensa de la naturaleza y el territorio. Dirigió la red de mujeres de Codeca durante sus primeros años de participación y desde el 2010 hasta el 2019 ha encabezado la junta directiva de esta organización campesina que se resiste a la privatización de la energía eléctrica propiciada por la empresa distribuidora Energuate.

La privatización de este bien fue en 1996 cuando Álvaro Arzú era presidente y los altos costos de la energía fueron notables a partir del año 2000. Esta defensa les ha costado muchos detractores, persecuciones penales e incluso asesinatos El hijo de Cabrera fue implicado por Energuate en un caso de robo de energía eléctrica hace algunos años, pero fue absuelto por falta de pruebas.

¿Cómo surge el Movimiento por la liberación de los Pueblos (MLP)?

El MLP surge desde las entrañas de más de 597 comunidades que vivimos en carne propia la criminalización. Fue formado en el 2016 por más de mil 500 personas con trayectoria de lucha. No somos un partido politiquero de esos que surgen cada cuatro años. Nosotros mismos debemos ser los organizadores, comunicadores y promotores de la fundación del Estado plurinacional, que es nuestro objetivo central.

¿Cómo financia su campaña política el MLP?

Cada integrante aporta su granito de arena, si va a una actividad del partido, cada uno cubre su pasaje, lleva su banderín, arma su propio pedazo de tela, ese es su aporte. Así sobrevivimos porque sentimos que el partido es de nosotros.

¿Usted considera que el MLP es un partido de izquierda?

Yo no me puedo llenar la boca diciendo que soy de izquierda, porque lo que va a ver el pueblo son mis acciones, en que luchas estoy involucrada. En el MLP, nosotros definimos que nuestra ideología como antineoliberal, anticolonial. Entonces mis acciones deben mostrar de qué lado estoy.

¿Qué diferencia han hecho las izquierdas en el Congreso?

Nada, es nulo. Por eso a mí me da pena decir que soy de izquierda, porque hay supuestos izquierda en Guatemala, es complicado hablar de eso.

Su primer paso en la política fue con URNG-MAÍZ ¿Cómo fue esa experiencia?

Hay experiencias que uno no quisiera recordar, a veces las personas se podrían enojar con uno por decir lo que piensa. Cuando se fundó Codeca vimos que la URNG era la única opción para participar e ir construyendo ideas. Pero ese partido tiene dueño, las puertas no se pueden abrir. Yo proponía la participación como lo hago en el MLP, pero nos expulsaron del partido en una asamblea general hace algunos años, cuando estaba como secretario general Ángel Sánchez. Pensaban que queríamos tomar la dirección del partido, pero cuando estamos en un espacio político estamos para proponer no para ir a mandar.

¿Por qué buscar la nacionalización de la energía eléctrica y cómo lo haría si gana las elecciones?

Después de que se dio la privatización la gente comenzó a sentir el alto costo de la energía, nosotros como Codeca no teníamos cómo acompañar esa demanda. Entendimos que el acceso a la energía es un derecho y la lucha nace de nuestros hermanos de San Marcos. Investigamos porque de lo contrario tendríamos que regresar al candil o la candela. Porque los ricos no iban a perdonar un solo centavo, pusimos memoriales gobierno tras gobierno, nunca respondieron a las demandas que hacíamos denunciando a la empresa (Energuate). Porque nos estaba saqueando, por eso basados en el artículo 44 y 45 de la Constitución decidimos declararnos en resistencia, porque ni siquiera hay trabajo ni salarios dignos ¿cómo íbamos a mantener a una empresa?

Hemos designado candidatos al Congreso porque el primer paso es revisar los convenios y contratos con las empresas, tenemos que hacer un estudio técnico para entender cómo se dio la privatización. Es importante ganar plazas en el Congreso porque el tema de los costos de la energía es una convulsión social que todos los guatemaltecos lo sentimos, y es un tema que se debe atender de urgencia nacional. Sabemos que en cuatro años no podemos darle la vuelta a todos los problemas estructurales pero es importante iniciar ya.

¿Ustedes consideran que han sido criminalizados?

Desde el inicio de la lucha la empresa (Energuate) nos ha criminalizado y asesinado, porque algunos líderes han investigado sobre derechos laborales. Cuando resistimos a la privatización aumentó la cantidad de presos políticos y asesinados. Hemos sido secuestrado y en ocasiones han encarcelado a nuestros líderes sin fundamentos ni órdenes de captura.

Un ejemplo claro que vivimos de la agudización de la criminalización fue en Chiantla, cuando nuestro defensor Mauro Vay y la compañera Blanca Julia Ajtún, estuvieron tres meses en la cárcel acusados de robo de energía. La empresa y los medios de comunicación nos acusan, pero ninguna de sus acusaciones ha procedido en los tribunales. En el caso de Mauro Vay la Organización de Naciones Unidas (ONU), reconoció que existió una detención arbitraria.

En ninguno de los casos de criminalización la empresa ha podido probar sus acusaciones, incluso nuestra compañera Vicenta Jerónimo quedó absuelta y ahora participa como candidata al listado nacional del Congreso. Todo se ha tratado de una estigmatización a nuestra lucha por parte de los medios de comunicación a servicio de las empresas privadas.

¿Por qué buscan impulsar una Asamblea Plurinacional Constituyente?

Hoy lo que tenemos es un Estado unitario, en donde los que gobiernan son los criollos y poderosos de corbata, que justifican que hay una democracia, pero realmente no existe. El MLP plantea el Estado Plurinacional con la participación de todos los pueblos mayas, xinca, garífuna y mestizo. queremos la inclusión de los idiomas, culturas e identidad, que sea un Estado donde nos sintamos representados.

¿Qué opina sobre la Cicig?

Hizo un buen trabajo, no puedo decir que todo lo que hicieron sea malo. Pero es un proyecto que fue impuesto por Estados Unidos y respondió a ciertos intereses particulares. No podemos ignorar que el mismo Ministerio Público de la señora Thelma Aldana, que trabajó en estos casos de corrupción, impulsó políticas de criminalización en contra de defensores de derechos humanos, no solo de Codeca, también de los pescadores de El Estor y líderes comunitarios de Huehuetenango. No hizo nada por investigar por el asesinato de Luis Marroquin, 09 de mayo 2018.

Es necesario el trabajo de CICIG, pero el problema es de estructura. Para hacerle frente a la corrupción yo propongo renunciar al derecho de antejuicio que la Constitución otorga a presidentes, diputados, alcaldes y magistrados y al secreto bancario para poder rendir cuentas y tener un gobierno transparente.

¿Ha sido objeto de ataques racistas durante la campaña?

Cuando yo acepté la candidatura tenía claro a quienes iba a enfrentar. En una sociedad machista patriarcal impuesto por el sistema, sabía que tenía que enfrentar esas consecuencias tan solo por mi humildad. En redes sociales veo comentarios que dicen que me falta capacidad y formación, pero eso no me afecta, me fortalece, porque debo seguir con mi formación. Yo acepto que no fui a una academia, pero soy trabajadora del campo, conozco las necesidades de los territorios olvidados y empobrecidos. Los ataques son parte de este contexto y por medio de mis luchas puedo demostrar que soy una persona reconocida que he andado en las calles en momentos difíciles de mi pueblo y he dado la cara, nunca me niego a hablar la verdad en cualquier espacio.

Thelma Cabrera recibió su acreditación como candidata hace dos semanas, luego de que el TSE rechazó un recurso de nulidad interpuesto en su contra por el abogado independiente Rafael Briz Méndez. La participación de Cabrera es histórica pues ninguna otra mujer maya mam proveniente de las luchas sociales había competido por la presidencia. Según las encuestas más recientes previo a publicar esta entrevista Cabrera está lejos de los punteros, pero con una intención de voto del 2% que ha crecido conforme pasan las semanas.

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Por César Saravia y Laura Salomé Canteros / Foto: Prensa Comunitaria

Guatemala se prepara para las elecciones generales que se celebrarán el próximo 16 de junio. El país llegará a ese momento luego de cinco años de crisis e inestabilidad política, que incluye la salida de la presidencia, en 2015, del militar retirado Otto Pérez Molina, actualmente en prisión por corrupción y la llegada de Jimmy Morales, un comediante que ha profundizado desde el Estado las políticas de despojo de los territorios; el aumento de la persecución y los asesinatos de líderes y lideresas sociales y defensores/as de Derechos Humanos y la institucionalización del llamado “pacto de corruptos” entre las élites locales.  

En un país con altos índices de feminicidio, crímenes de odio, embarazo forzado en niñas y adolescentes y sub- representación política -aunque no de participación-; esta elección representa para Guatemala la oportunidad histórica de que una mujer sea, por primera vez, presidenta. Sin embargo, el espectro ideológico que configuran las candidatas a presidir el ejecutivo va desde la representación de la esperanza de las comunidades que son mayoría, hasta la ultraderecha negacionista del genocidio indígena y antiderechos de las mujeres y disidencias. Un mapa de disputa política y territorial que se trasladará también a la elección y/ o renovación de 160 diputados/as del Congreso de la República, 20 diputados/as del Parlamento Centroamericano y de las/ os alcaldes/ alcaldesas de los 340 municipios.

Guatemala: Crónica de una (constante) crisis política

En los últimos años, las noticias que recorren el mundo sobre Guatemala han estado marcadas por las sucesivas crisis institucionales que ha enfrentado el país desde 2015. Secuestrada por una élite económica, militar y religiosa, heredera del régimen que predominó en el Siglo 20 luego del Golpe de Estado a Jacobo Árbenz en 1954, la nación centroamericana, de reciente vuelta a la democracia, vive hoy la impugnación de este modelo desde sectores diversos. Los cuestionamientos son desde lógicas institucionales y ciudadanistas hasta el reclamo de las comunidades indígenas y campesinas por la defensa de los bienes comunes y el fin de un modelo que tiene el despojo como bandera.

La crisis política tiene su origen en las movilizaciones de 2015, luego de que la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG), instancia de carácter internacional para la investigación de casos de corrupción, un formato por primera vez aplicado en Guatemala y cuyo modelo busca expandirse a otros países centroamericanos, señaló por corrupción al entonces presidente Otto Pérez Molina, un ex militar acusado de participar en crímenes de lesa humanidad durante la guerra, y a la vicepresidente Roxana Baldetti, por el caso “La línea”, una compleja red de contrabando que involucró a altos funcionarios del gobierno de Pérez Molina. Las movilizaciones, protagonizadas por una clase media urbana hasta entonces apática llevaron a la salida del presidente y puso a la CICIG como una institución necesaria en el imaginario de buena parte de la sociedad, pese a ser una institución alineada a la política de la ONU y con importantes apoyos de Estados Unidos en su programa anticorrupción en la región. Es más, durante las movilizaciones, se vio a grandes cadenas trasnacionales cerrar sus negocios en forma de protesta, lo cual situó al conflicto político en un escenario “post ideológico”. La demanda anticorrupción pasó a ocupar el centro del debate público desplazando demandas históricas en materia de derechos humanos y sociales, como la realización de juicios a militares por las masacres cometidas durante la guerra.

En las últimas semanas, la crisis tomó un nuevo giro. Luego de que la ex fiscal y candidata por el Movimiento Semilla, Thelma Aldana, denunciara haber sido parte de una lista de personas a las que Mario Estrada, candidato a la presidencia por la Unión del Cambio Nacional. Estrada fue detenido a finales de abril en Miami por vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, lo que llevó a la cancelación de su candidatura por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La detención de Estrada también complica al presidente Morales, luego de que este se reuniera en varias ocasiones con este. Estos hechos muestran un escenario que podría enmarcarse en una película de ficción y hablan del estado actual del deterioro de la democracia en Guatemala. Si el realismo mágico se inventó en Colombia, Guatemala parece haber encontrado la forma de convertirlo en política de Estado.

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Luego de la salida de Molina, las elecciones adelantadas llevaron a la presidencia a Jimmy Morales, un reconocido comediante que derrotó a Sandra Torres, secretaria general del partido Unidad Nacional de la Esperanza, partido que gobernó desde enero del 2008 a enero de 2012 con quien fuera en ese entonces esposo de Sandra, Álvaro Colom. La llegada de Morales lejos de resolver la crisis la profundizó, luego de que la misma CICIG comenzara una investigación por casos de soborno que incluía al actual presidente. Frente a esta investigación, Morales decidió arremeter contra la CICIG, logrando que la oligarquía guatemalteca y la élite militar y religiosa, cerrara filas contra lo que denominaron una “violación a la soberanía”, generando una fuerte tensión con la ONU, la Embajada estadounidense y ONGs ciudadanas con agenda anticorrupción; en su mayoría financiadas por la cooperación internacional. Este escenario llevó a nuevas movilizaciones, similares a las ocurridas en 2015, abriendo un frente social contra el denominado “pacto de corruptos”.

En agosto de 2018, el otrora comediante Morales dio una conferencia de prensa rodeado por altos mandos militares. Esa imagen, plasmada en una fotografía, fue compartida por redes sociales y se comparó a una similar durante el golpe de Estado en 1982 que llevó a Ríos Montt a la presidencia. En ese contexto y como pantalla a las acusaciones de corrupción, Morales decidió recurrir a la carta del conservadurismo, impulsando una ley que buscaba retroceder en los derechos fundamentales de las mujeres y la comunidad LGBTI.

En enero de este año, Guatemala volvió a sacudirse; los pueblos indígenas y las mujeres estuvieron al frente de grandes protestas tras el intento de Morales de retirar a la CICIG del país, organismo que anunció que lo estaba investigando por cargos de corrupción. La ira que generó la impunidad del primer mandatario se transformó en organización, una reacción popular que solo se había visto cuando la masacre con fuego de las 41 niñas del Hogar Seguro, que el 8 de marzo de 2017 murieron quemadas bajo custodia del Estado.

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Extractivismo y defensa de los bienes comunes

Por fuera de la centralidad que dan los medios de comunicación a la lucha anticorrupción, desde años se vive en Guatemala un avance de proyectos extractivos que aparecen como continuidad de las políticas de terrorismo de Estado durante los 80. Activistas e investigadores/ as han documentado la relación causal entre las masacres, ejecutadas por los ejércitos, y la instauración de megaproyectos en territorios indígenas. Uno de los casos más emblemáticos es el de la comunidad de Río Negro, en el departamento de Baja Verapaz, al norte de Guatemala. Esta comunidad se vio despojada de sus formas de vida y territorio luego de que la construcción de la represa Chixoy inundara por completo. La resistencia a este megaproyecto desencadenó una masacre donde fueron asesinadas más de 400 personas en 1982, como parte de una lógica de exterminio y desplazamiento forzado.

Sumado a la impunidad de los crímenes de guerra cometidos contra las comunidades indígenas, Guatemala vive un estado de persecución, asesinato y criminalización de lideresas y líderes sociales. Solamente hasta agosto de 2018 se registraba el asesinato de 18 defensores/ as de los Derechos Humanos. Entre los casos de persecución más sonados están el de Lolita Chávez, lideresa del pueblo Maya Kiché, quien estuvo en Argentina el año pasado relatando la situación en el participando del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. En esa ocasión, denunció la persecución que las empresas hacen bajo la complicidad del Estado femicida de Guatemala sobre las mujeres en los territorios.

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Otro caso emblemáticos son el de Bernardo Caal Xol, docente y líder comunitario maya q’eqchi de 46 años que se opuso a dos proyectos hidroeléctricos en el departamento de Alta Verapaz, por lo que fue sentenciado a 7 años de prisión por “robo agravado”. Por otra parte, hace unos días la justicia liberó de todos los cargos a Abelino Chub Caal, indígena maya Q’equchi, un triunfo que da un poco de aire a las y los defensores. Los asesinatos, no obstante, no paran, y a la fecha también han sido asesinados candidatos por el Movimiento Popular de Liberación.

Candidatas en un país con subrepresentación de las mujeres y sin agenda feminista

Guatemala ostenta, no casualmente, una democracia simulada. La baja representación política de las mujeres y de las comunidades indígenas afecta de forma considerable la legitimidad de las instituciones del Estado y la gobernabilidad diaria de las autoridades nacional y departamentales que son, meras figuras decorativas al igual que las elecciones.

Guatemala es uno de los dos países latinoamericanos -junto con Brasil- con el índice más bajo de representación política de las mujeres; un territorio donde medir estos índices de la política parece banal al lado de las frías cifras de los feminicidios, expresión de la crueldad del sistema machista que se llevó solo en los primeros tres meses de 2019 la vida y subjetividades de 177 mujeres, casi 60 por mes, casi 2 por día, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Un país donde 1.183 personas fueron asesinadas en ese período.

Hablando de sub- representación, sólo en el ámbito parlamentario, apenas el 13,9% de las mujeres guatemaltecas participa en las decisiones del Congreso y un 2,9% dirige los gobiernos municipales del país. A esto se suma la discriminación en un país donde más de la mitad de la población es indígena; apenas una mujer indígena forma parte del Congreso como diputada y un único municipio de los 340 está gobernado por una alcaldesa indígena.

En este contexto, luchar por leyes con perspectiva de género y disidencias -y su cumplimiento- y por políticas destinadas a alcanzar la paridad es, para el movimiento por los pueblos y feminista, gritar al vacío. La paridad, un concepto más que político que expresa la importancia de la redistribución del poder y las responsabilidades en los ámbitos públicos y privados, estatales y comunitarios; no está en la agenda del corrupto Estado guatemalteco. A esto se debe sumar la persecución a defensores/as de Derechos Humanos, la dificultad en el acceso a la justicia, la complicidad mediática con los machos y poderosos y claro, la postulación de una mujer que pretende con una cara bonita lavar la de su padre, uno de los máximos represores, condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Aun a pesar de la inconstitucionalidad, Zury Ríos es una de las candidatas a presidenta de Guatemala; hija del genocida Efraín Ríos Montt, sentenciado en 2013 por crímenes de lesa humanidad. Otra es la ex fiscal Thelma Aldana, cuya candidatura (por el Movimiento Semilla) está actualmente siendo bloqueada; otra Sandra Torres, quien compitió en 2015 contra Jimmy Morales; y otra Thelma Cabrera, representante del Movimiento Popular  de Liberación (MPL), herramienta electoral del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) lideresa indígena que levanta la construcción de un Estado Plurinacional como una de sus principales banderas.

¿Qué está en juego para el pueblo de Guatemala en estas elecciones? ¿Podrá la democracia y sus instituciones, a través de los partidos y el sistema representativo, alejarse del “pacto de corruptos” y superar la apatía social, la crisis de credibilidad y acercarse a las lógicas comunitarias? ¿O seguirá siendo apenas una sombra de esperanza?

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