Por Laura Salomé / Fotos: Alfredo Alvarado desde San Salvador

En El Salvador, país sede del último Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (EFLAC), se registró desde 2020 un incremento en la violencia hacia las mujeres, pasando de ese año a 2021, de 20 mil a 25 mil las agresiones denunciadas, un aumento del 9% en los feminicidios y de un 32% en los suicidios. Alarmas en un contexto de represión, estado de sitio, desapariciones, persecución a activistas y detenciones ordenadas por el ejecutivo. Agresiones institucionales que incluyen altos índices de gestaciones de niñas y adolescentes y con penalización absoluta del derecho a abortar. 

A la vez, la situación de las personas LGBTI+ en el país para el periodo 2020 – 2022 estuvo marcada por diversos hechos de violencia que tanto medios de comunicación feministas como organizaciones de la sociedad civil reportaron y documentaron ante la decisión política del gobierno -y el paradigma- Bukele de negar el derecho a la identidad. Omisiones que se traducen en: crímenes de odio no investigados correctamente; encierros revictimizantes, torturas y detenciones ilegales; estigmatización y falta de políticas públicas.

Ante esto, convocadas por esta problemática, agrupaciones de San Salvador, La Libertad, Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, Cabañas, Cuscatlán, Usulután y Morazán presentaron una agenda política llamada “Nada sobre nosotras sin nosotras”. Una herramienta para incidir en los partidos políticos que presenten candidaturas presidenciales para sensibilizar sobre la importancia de llevar adelante acciones en favor de los DDHH y la igualdad. 

Retoma las prioridades en 10 ejes: salud sexual y reproductiva, derechos económicos, mecanismos de igualdad de género, articulación entre gobiernos nacional y local para la territorialización de políticas de igualdad, derecho a una vida libre de violencias, acceso al agua y a los derechos ambientales, transparencia y anticorrupción, promoción y respeto del Estado laico, comunicación inclusiva no sexista y educación inclusiva.

“La agenda política del próximo gobierno debe establecer propuestas claras en estos ejes que impactan directamente sobre la vida de las mujeres en El Salvador”, afirmaron desde la iniciativa. Y agregaron que la plataforma es un insumo para la organización y de articulación ya que “las mujeres debemos ser las protagonistas del proceso de elaboración de políticas públicas para la equidad de género, promoviendo cambios estructurales y redistributivos”. 

La problemática de la violencia patriarcal es una situación grave para el país. Los datos de enero a agosto del 2023 reportaron 274 feminicidios, siendo las más jóvenes, entre 15 a 29 años, las principales agredidas. Mientras que a nivel de violencia sexual, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó de enero a junio del mismo año, un total de 2060 denuncias; un promedio de 11 delitos diarios, una situación agravada por el sub registro en historias de mujeres, niñas y adolescentes que por temor, falta de apoyo o de credibilidad en las instituciones estatales, entre otras razones, no denuncian. Según el informe de la Dirección General de Estadística y Censos (DYGESTIC), en el trienio 2015-2017, un promedio de 13 mujeres enfrentaron diariamente un delito contra su libertad sexual en El Salvador. 

Por su parte, el “Estudio sobre el acceso a la justicia de las personas LGBTIQA+ particularmente de la población trans en Guatemala, Honduras y El Salvador” de Cristosal evidencia una violencia que además se traduce en deuda histórica por parte del Estado: la falta de reconocimiento de la identidad de género a personas travestis, trans y no binarias.

Por eso, una de las demandas de esa población ante una eventual reelección de Bukele, y que sobre todo se sintió en las calles durante la última Marcha del Orgullo o Pride, es que la Asamblea Legislativa -de mayoría oficialista y obediencia automática al presidente- deberá cumplir con una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia y crear un procedimiento sencillo y eficiente que permita que las personas trans puedan modificar y reflejar correctamente en los documentos de identidad su género autopercibido y autodeclarado.

Según el informe “al igual que Guatemala y Honduras, el El Salvador no cuenta con normativa especializada que garantice los derechos de las personas LGBTI+”, obligándoles al exilio y a la migración forzada “para encontrar otras oportunidades o a vivir con miedo debido al rechazo social basado en los prejuicios y estigmas basados en la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género”. Esto ante la falta de sensibilización y sobre todo, de una ley de Educación Integral Sexual en las escuelas.

Además de la falta de justicia de género, se suma la ambiental ante territorios contaminados y la inequidad entre lo urbano y rural que también se manifiestan en el acceso al derecho al agua, por ejemplo. Una situación que impacta en El Salvador de forma diferenciada sobre mujeres y LGBTI+, a cargo de las tareas de cuidado o con los más bajos ingresos económicos. Una crisis sistémica que requiere un abordaje donde ellas y elles están presentes para decidir sobre sus vidas y proyectos. Más allá de un resultado de elecciones. 

> Si quieres leer la plataforma completa, accede desde: https://colectivafeminista.org.sv/wp-content/uploads/2018/12/PLATAFORMA-NADA-SIN-NOSOTRAS.pdf 

> Si queres leer el estudio de Cristosal, accede desde: https://cristosal.org/ES/estudio-sobre-el-acceso-a-la-justicia-de-la-personas-lgtbiq/ 

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Por César Saravia y Laura Salomé / Foto: José Cabezas

Era 9 de febrero de 2020 y “algo” se rompía en El Salvador, y no era el esquema de partidos que supo caracterizar a la política representativa desde los Acuerdos de Paz. Nayib Bukele, el presidente “cool”, la sorpresa de la región, asaltaba con aires de antaño la Asamblea Legislativa junto a decenas de integrantes del Ejército fuertemente armados ante una votación que resultó adversa a sus proyectos de control -y dominio- territorial y social. 

Llevaba ejerciendo la presidencia del país centroamericano apenas ocho meses. Su popularidad, construida a base de slogans en los actos de gestión municipal y en las redes sociales, gozaba de la legitimidad suficiente para introducir los cambios que la política tradicional necesitaba. Sin embargo, fue ese acto antidemocrático el que encendió las alarmas en todo el mundo ante lo que la prensa internacional llamó “un intento de golpe de Estado”. Desde entonces, todo se aceleró hasta consolidar un modelo de violencia política. Pero también provocó el surgimiento de las coordinadoras populares contra el autoritarismo.

El próximo domingo 4 de febrero, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y legislativas en El Salvador y no será una elección más. Las y los salvadoreños votarán en un contexto de régimen de excepción en el que por primera vez en 90 años, un presidente busca la reelección pese a que la Constitución nacional la prohíbe expresamente. 

Además de los componentes institucionales, la elección tiene implicancias regionales. Y es que Nayib Bukele se ha convertido en el último tiempo en un modelo de distintos políticos de derecha. Su popularidad entre los sectores conservadores ha crecido, abanderada por un modelo de seguridad que prescinde de los Derechos Humanos y de las garantías democráticas como el derecho a la defensa o la presunción de inocencia. El resultado del domingo podría representar aún una mayor legitimidad del “modelo Bukele”. 

Su principal capital político radica en una reducción de los homicidios que azotaron al país durante más de 20 años, producto de la violencia social. Las imágenes de pandilleros arrodillados y semi desnudos dieron la vuelta al mundo y lo convirtieron en el modelo de “mano dura” en la región. La principal infraestructura con la que Bukele busca la reelección no es una universidad, una carretera, un puerto, ni siquiera la lujosa biblioteca construida por la cooperación China. Su principal bandera es la construcción de una mega cárcel para albergar a pandilleros, muchos de ellos detenidos antes de su gobierno. 

La base de estos logros, según plantea el propio Bukele, estaría en la instauración de un régimen de excepción que está por cumplir dos años. Si sumamos los meses de la pandemia, se podría decir que Bukele ha gobernado al menos el 70% de su periodo sin garantías plenas constitucionales. El país vive una de sus tasas de homicidios más bajas en años, con algún matiz: y es que el gobierno decidió excluir de la estadística oficial las muertes de pandilleros y también las muertes dentro de los centros penales, que a mayo de 2023, según datos de la ONG Cristosal, se estimaron en al menos 160. Cifra que en estos meses creció.

La otra cara de las detenciones de pandilleros, radica en miles de inocentes detenidos. Solo desde que empezó el régimen de excepción, el gobierno liberó a más de 7 mil personas a las que, según fuentes oficiales, no pudo comprobar vínculos con las pandillas y que en algunos casos permanecieron detenidas más de 9 meses. También deja a El Salvador con la tasa más alta del mundo de personas encarceladas. Si tomamos como base los datos de detenciones de los últimos dos años, sumado a la población carcelaria previa al régimen, obtenemos que en la actualidad el 1.6% de la población salvadoreña está presa.

Qué se vota el domingo

Son más de 6,2 millones de salvadoreños y salvadoreñas quienes están registrados para votar en las elecciones; entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. Quienes residen en el exterior ya comenzaron a votar de forma remota desde el 6 de enero y siempre que su dirección -según documento de identidad- se encuentre registrada en el extranjero.

Definirán si el actual presidente, Nayib Bukele, es el primer presidente en la historia del país en reelegirse para un segundo período. Aunque además compiten otros cinco candidatos: Manuel Flores, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); Joel Sánchez, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA); Luis Parada, de Nuestro Tiempo; José Renderos, de Fuerza Solidaria y Marina Murillo, de Fraternidad Patriótica Salvadoreña.

Además, se definirá la conformación de la Asamblea Legislativa a través de la votación de 60 diputados y diputadas tras la reforma que redujo ese número de representantes ciudadanos que antes era de 84. Mientras que el 3 de marzo se realizarán las elecciones para los ejecutivos municipales y los 20 escaños en el Parlamento Centroamericano.

Las claves de la elección 

No todo es represión y una afinada estrategia de propaganda en la política de Bukele. Para alcanzar sus objetivos de concentrar todavía más poder, fue necesario hacer cambios de tipo legales. Estos son algunos puntos que tenés que saber: 

• La reducción del número de diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa de 84 a 60, vino acompañada de un cambio en la metodología de asignación de escaños, que antes se sustentaba en la fórmula de cocientes y residuos hacia el sistema D’Hondt o de asignación proporcional. Esta combinación de reformas, habilita escenarios en que la oposición obtenga 20% de los votos en un departamento y, sin embargo, no consiga ningún curul. Se abre así la puerta a un esquema de partido hegemónico o incluso, de partido único.

• En las reformas también redujeron el número de alcaldías por municipio, de 262, a 44. Esto como respuestas a las críticas de las gestiones municipales que fueron asfixiadas financieramente por el propio Bukele, y que impactan en la imagen a nivel local de su partido. Para asegurarse que la mala imagen de sus alcaldes no impacte en la elección, decidieron separarlas. Una estrategia electoral, pero también política, que busca centralizar más el poder y reducir el margen del surgimiento de liderazgos locales.

• La elección aparece como una de las más desiguales en años. Y es que el ambiente que se respira en El Salvador no es de contienda electoral, sino lo más parecido a un plebiscito, en donde la publicidad oficialista acapara casi en su totalidad los espacios en medios pautados, tanto tradicionales como digitales. El gobierno, además, recurrió en los últimos días a estrategias de corte clientelar y campaña de miedo para movilizar la participación, que se vislumbra podría ser baja. 

• Los altos índices de popularidad de Bukele y el poco conocimiento que hay de las candidaturas opositoras hacen pensar que ganaría cómodamente la reelección. Sin embargo, esto no basta. Y es que para sostener su narrativa de presidente más popular de latinoamérica (y del mundo) Bukele necesita también ganar con números récord.

• La población en el exterior también jugará un papel en esta elección. Bukele estableció un mecanismo que garantice una amplia participación en lo que entiende uno de sus núcleos más radicalizados, principalmente de la población en Estados Unidos. Este formato electoral fue fuertemente señalado por la ausencia de mecanismos de validación de la identidad y de auditoría de los votantes. El resultado en el exterior podría consolidar el triunfo del oficialismo. 

• La oposición se presenta atomizada, con el FMLN como única expresión de izquierda que busca recuperar parte del terreno perdido estos años y reforzar la autoestima de su militancia. Especial atención a seguir en esta contienda será la posibilidad de reelección de Anabel Belloso, una de las políticas más queridas de la izquierda y que intentará ir por un tercer periodo en el departamento de El Salvador. 

• La reelección fue legitimada por Estados Unidos, lo que evidencia el alineamiento de Bukele a los intereses de la derecha regional y desmonta la idea que todavía algunos sectores del progresismo latinoamericano sostienen del presidente salvadoreño como “antiimperialista”. En esa misma línea, un grupo de congresistas de corte progresistas, liderados por Ilhan Omar, enviaron una carta a la administración Biden, donde señalan la importancia de que el país del norte no mire hacia otro costado. También insistieron en la necesidad de cortar con la ayuda militar y policial al gobierno salvadoreño. 

¿Qué deja la presidencia de Bukele?

“A pesar de que tenemos un país un poco más seguro que antes, Bukele no ha resuelto los principales problemas del país”, afirmó en diálogo con Marcha, Henry Barillas comunicador de Radio Bálsamo, radio comunitaria. “El Salvador ha retrocedido en todos los avances institucionales que había logrado luego de los acuerdos de paz de 1992. Ya no tenemos independencia de poderes y el poder está concentrado en el ejecutivo conformando un gobierno totalmente autocrático y que muchos dirían que ya somos una dictadura”, agregó.

Para el comunicador, “El Salvador está concluyendo una etapa con régimen de excepción que ha durado casi dos años, que ha metido a la cárcel a más de veinte mil personas que son inocentes y que fueron capturadas arbitrariamente y que hasta esta fecha, hay al menos doscientas veinticinco personas que han fallecido dentro de las cárceles, es decir, en las manos y en la responsabilidad del Estado”. 

Sin embargo, Bukele “ha logrado capitalizar las emociones, los sentires de muchas personas, se ha ganado la popularidad y la aceptación de mucha gente y va a la reelección sin ninguna oposición fuerte para que pueda evitar de que se viole plenamente la Constitución. Y si gana, se convertirá en un presidente ilegal, inconstitucional”.

Para Anabel Belloso, la más reconocida candidata a diputada de izquierda en El Salvador, los retrocesos también se observan en las condiciones sociales  “estos 5 años del gobierno han significado retrocesos en materia de derechos humanos y también democráticos y en las condiciones reales de vida de la gente, de la gran mayoría de la población más vulnerable. La pobreza se ha duplicado, la pobreza extrema también”. 

Un aspecto poco analizado cuando se habla del presidente salvadoreño en el exterior, es su política económica, para Anabel, estas se alinean a un esquema de tipo neoliebral “hemos visto medidas y políticas más voraces donde se perdona impuestos a los grandes empresarios, no se da pasos por buscar un sistema tributario progresivo, sino que al contrario, se niegan a implementar medidas que puedan aliviar el bolsillo de las familias más pobres”. 

Al igual que Henry, Anabel Belloso considera que la reelección incrementará “la persecución y represión ante aquellas voces que cuestionen sus abusos de poder, que disienten y que sean valientes de alzar la voz para denunciar las injusticias”. 

¿Y cuáles son los desafíos?

Para Barillas y por fuera del contexto de elecciones, el desafío cotidiano para quienes integran los medios comunitarios en El Salvador es “mantener la voz crítica y la defensa de los Derechos Humanos” trabajando por “una comunicación social transformadora”, “promoviendo el pensamiento crítico, informando de forma veraz y contando las historias que no se cuentan en los otros medios”. Sobre todo en un contexto donde “las libertades están siendo desaparecidas como solo se había dado en tiempos de dictadura”.

Respecto al rol del FMLN, partido que supo consolidar las demandas populares durante mucho tiempo, Anabel señala que  “debemos fortalecer la lucha social, que es al lado del pueblo, al lado de las organizaciones, y también la lucha política y la labor político-diplomática que es fundamental, lo fue en otros contextos en el marco de la dictadura militar, y no dudo que con el esquema autoritario que hoy tenemos con este gobierno y que podría agudizarse en un posible segundo mandato, el FMLN puede jugar ese rol, estando pegado a la gente, siendo organizador y siendo movilizador”. 

Frente a un panorama preocupante, queda aferrarse a las expresiones de resistencia. Si algo demuestra la historia salvadoreña y latinoamericana es que la vía popular y antiautoritaria se construye un paso a la vez. 

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Por César Saravia y Camila Parodi | Foto: Salvador Meléndez*

En 2001, lxs salvadoreñxs recibieron el nuevo año con la noticia de que a partir del 1 de enero, el dólar, sería moneda oficial junto al “colón”. Con el tiempo, el dólar se impuso como la única en circulación, concretando así el sueño de las élites empresariales y la ortodoxia económica. Ese mismo año, apenas unos días después, El Salvador sufrió el primero de dos terremotos en cosa de un mes.  Al sacudón económico que representaba la dolarización, le vino acompañado un sacudón de la tierra, que se cobró varias vidas y dejó millones en pérdidas materiales.

Ese mismo año, unos meses después, y a más de 7 mil kilómetros hacia el Sur, en Argentina, la fantasía de la convertibilidad se desplomaba, provocando una de las crisis económicas y sociales más crudas de la historia democrática del país. Hoy, 22 años después de aquellos acontecimientos, El Salvador y Argentina vuelven a encontrar puntos en común, con la discusión sobre la dolarización, instalada desde hace unos meses por la candidatura de ultraderecha en el contexto electoral. 

Se trata de dos países muy distintos y con contextos y realidades poco comparables. Pero es necesario entender la experiencia de los países que vivieron este proceso, para quienes intentan vender como exitosa y simple una medida que tiene una profunda complejidad económica y social. Por eso charlamos con Lorena Valle Cuéllar, quien es feminista y economista y se especializa en macroeconomía y política económica. 

¿Nos podrías contar un poco en qué contexto se da y qué buscaba la dolarización cuando se implementó en El Salvador? 

Hay una columna muy famosa del economista Carlos Acevedo, que fue presidente del Banco Central de El Salvador, que se llama “Dolarizados por la ideología y un diputado ebrio” donde plantea, prácticamente, que la dolarización fue una política improvisada. Yo coincido parcialmente con eso, porque si bien la forma en que se implementó fue apresurada, los votos para aprobarlo fueron literalmente un canje entre el PCN (histórico partido de derecha) que tenía al diputado Francisco Merino al borde de un juicio por conducir borracho y dispararle a una policía, y Arena (entonces gobernante). Digamos que fue un “madrugón” como lo conocemos en El Salvador. Además no hay evidencia, por ejemplo, de estudios previos ni de análisis que el Banco Central de Reserva haya realizado para garantizar la viabilidad técnica financiera de esta medida. En ese sentido, en términos operativos y técnicos sí me parece que fue una decisión súbita que tomó por sorpresa a la población. Un día nos despertamos y la portada del diario de mayor circulación del país decía “Good morning El Salvador”, y estábamos oficialmente dolarizados. 

Pero haciendo un poco de análisis de economía política y tomando como referencia a otros estudiosos de la economía política de El Salvador, como Álex Segovia, la dolarización venía siendo una aspiración de política económica de la derecha desde hacía muchos años. Precisamente desde el 95, con el gobierno de Cristiani, que es el gobierno bisagra para pasar de la guerra a la paz, ya se venían dando conversaciones e intenciones por parte de quien era el ministro de Economía, que era gran fan de la dolarización. Pero hubo todo un estira y encoge en esas discusiones sobre si la implementaban o no porque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no estaban muy de acuerdo. Entonces, a lo largo de los 90 digamos que se da un debate a puertas cerradas que solo ciertos economistas o historiadores logran identificar sobre si dolarizar o no, o si implementar un “currency board” o caja de convertibilidad, que es como lo que se hizo en Argentina. Hasta que finalmente en 2001 se lleva finalmente a cabo. 

Digamos que fue todo un proceso 

A mí me gusta pensar a la dolarización como la cereza del postre del neoliberalismo y del Consenso de Washington. O sea, desde los 80 se venía construyendo en El Salvador, con el apoyo de organismos e instituciones financieras internacionales un modelo neoliberal. De hecho, Hausmann y Rodrick, dos economistas muy importantes en Latinoamérica y el mundo, plantearon que El Salvador fue el país reformista estrella después de Chile porque cada uno de los puntos los cumplió: reforma fiscal, reformas comerciales, tratados de libre comercio, privatización de electricidad, de la banca, de telecomunicaciones, reformas laborales que implicaron flexibilizaciones y de regulaciones en perjuicio de la clase trabajadora. Entonces todo eso se venía construyendo a la par de un flujo creciente de remesas que le permitió a El Salvador acumular una gran cantidad de divisas. Ese conjunto de reformas estructurales de estabilización de la economía, inmediatamente después de la guerra civil, de mantener niveles de inflación bajos y estables, todos los indicadores macroeconómicos fueron de cierta forma, de acuerdo con economistas como Alex Segovia, los que posibilitaron la dolarización. O sea, El Salvador se fue preparando por una década más o menos con este tipo de reformas y construyendo su “banana split”. La bolita del helado eran las reformas comerciales, la banana era la reformas laborales, la crema eran las privatizaciones, hasta que en 2001 le pone la cereza con la dolarización y culmina el proceso de construcción de un modelo que a la fecha sigue vigente y que no ha podido ser desmontado, ni siquiera en los diez años del gobierno del FMLN (de 2009 a 2019).

Podemos intuir que se trataba de una situación totalmente distinta a la actual de la Argentina, ¿no?

Exacto, es importante plantear que el momento en el que se encontraba El Salvador cuando dolarizó es radicalmente distinto al momento que está Argentina en la actualidad. Los economistas que a inicios finales de los 90 e inicios de los 2000 planteaban a la dolarización como una política, señalaban que esta debe ser una solución extrema solo aplicable en casos extremos. Podríamos argumentar que Argentina está al borde de una situación extrema, sin embargo, como plantean, por ejemplo los análisis que ha hecho Juan Martín Iani y sus colegas de FUNDAR, el proceso de dolarización requiere de una estabilización económica imprescindible, que es el mismo esfuerzo que se requiere para fortalecer la moneda nacional. Entonces por qué dolarizar si puedes, con las mismas herramientas, fortalecer la moneda nacional. 

Pero bueno, en El Salvador estábamos en una situación completamente distinta porque nosotros estábamos en una situación en términos macroeconómicos y políticos relativamente estables. Es decir, a los ojos de la comunidad internacional,  estábamos saliendo de una guerra con un exitoso acuerdo de paz y todo estaba bien. Y lo que es clave en este punto, que es un mensaje clave y contrario al proceso de Argentina, El Salvador si tenía una piscina (pileta) de dólares, pero Argentina no la tiene y ese es el gran problema que argumentan muchos economistas sobre por qué es inviable dolarizar: el Banco Central de Argentina tendría que incurrir en una gran cantidad de estrés financiero para poder cubrir con los requerimientos de reserva necesarios para convertir pesos a dólares. En El Salvador no teníamos ese problema, veníamos acumulando reservas. Incluso seguimos acumulando reservas por el creciente flujo de remesas que tenemos, que son más del 25% del PIB. Hoy por hoy Argentina no tiene esa situación, al contrario, no tiene las condiciones para dolarizar como sí las tuvo El Salvador. 

Tras más de 20 años de su implementación, ¿cuáles son los impactos que esta medida tuvo para la economía en general y específicamente en la vida de la gente?

Al dolarizar en El Salvador se prometieron una serie de medidas y a mí me gusta porque este es un tema que yo enseño a mis estudiantes de la universidad para desmenuzar las promesas y para ver si se cumplieron. La conclusión que les doy de entrada es que la dolarización en El Salvador no cumplió sus promesas. En primer lugar, nos dijeron que la dolarización iba a reducir los tipos de interés, porque al hacerlo íbamos a adoptar la política monetaria de los Estados Unidos y, por lo tanto, nuestros tipos de interés iban a ser iguales o similares a los de ellos, que suelen ser bajos. Eso es cierto hasta ahora y me lleva al segundo punto: la dolarización promete niveles de inflación bajos y estables, lo cual es un gran atractivo para el caso argentino que tiene inflación galopante y esa promesa también se cumple, pero más bien yo introduciría un matiz el país que dolariza hereda la inflación y la tasa de interés del país que emite el dólar, es decir de Estados Unidos, y claro durante décadas, eso nos benefició porque las tasas de interés y la inflación de allá han sido muy baja. Pero hoy estamos en medio de un ciclo inflacionario alrededor del mundo y El Salvador es muy vulnerable a esos shocks que rompen completamente la capacidad adquisitiva. Incluso, el poder de compra de los salarios no ha crecido en lo absoluto en los últimos 20 años. Entonces, obviamente si los comparamos con Argentina siempre nos vamos a ver mejor, pero en términos internos la inflación baja y estable la disfrutamos mucho tiempo, pero ahora esa apertura nos está afectando porque heredamos la inflación de Estados Unidos. Ahora mismo estamos heredando una inflación alta y condiciones de financiamiento adversas por el alza en las tasas de interés y por la restricción monetaria de la nueva política estadounidense.

Otra promesa muy importante de la dolarización, es que va a haber disciplina fiscal. La dolarización, como elimina la política monetaria, prácticamente quita la capacidad del Banco Central de imprimir dinero, entonces ya no hay forma de que el Banco Central le financie gasto ilimitado al gobierno y por lo tanto ya no hay déficit fiscal y las finanzas públicas se mantienen estables. Bueno, eso no es verdad y el caso de El Salvador es muy ejemplificador de eso, estamos a niveles de deuda mayores al 80% que han crecido justamente en la década de la dolarización. La dolarización no nos ha impedido adquirir financiamiento externo con el Fondo Monetario Internacional. Pero con los niveles de deuda actual, ni siquiera el Fondo nos quiere prestar, entonces hay que buscar otra fuente de financiamiento que en estos momentos tienen altas tasas de interés y altos costos. El Fondo ha alertado que estamos en una situación crítica y qué va a pasar cuando la dolarización le quita al Banco Central la capacidad de ser prestamista de última instancia. ¿Quién va a ser nuestro prestamista de última instancia? El Fondo. Y ya sabemos qué implica eso: ajuste y mayor precarización para la clase trabajadora. Entonces la promesa de la disciplina fiscal no se cumplió en lo absoluto con la dolarización. Es una chaqueta de fuerza a medias porque no impide que el Estado se endeude con deuda externa, que es quizás más perversa que la deuda que se puede adquirir de otras partes. Luego, la otra promesa, que va “a haber inversión extranjera directa, más empleo y más crecimiento económico”, sin embargo, durante las décadas después de la dolarización fue el momento de menor crecimiento económico, de menor inversión extranjera directa y de un aparato productivo completamente débil frente al resto del mundo. Entonces estamos más expuestos al resto del mundo como una economía débil sin una industria ni un aparato productivo atractivo ni que produzca bienes de alto valor agregado. Al dolarizar el Estado decide cortarse uno de los dos brazos que tiene para intervenir en la economía: la política monetaria, y deja solo a la política fiscal, como responsable de activar la economía. Pero lo ha hecho de una forma deficiente, débil y ahí están los resultados. Entonces, en esos cuatro puntos podemos decir que la dolarización en El Salvador no cumplió realmente con todas las promesas que se hicieron.

La pandemia desnudó un poco lo que implica no tener política monetaria y vos mencionabas el impacto sobre la producción nacional, y es que una de las promesas de la dolarización, es que va a facilitar la importación de productos, ¿cómo impacta el no contar con una política monetaria propia?

Hay quienes consideran que entre la política fiscal y la política monetaria es más importante tener política fiscal porque es quizás la forma más directa de incidir en las desigualdades, en el bienestar o a la inversa. Pero la política monetaria y la política cambiaria tienen un rol importante primero en estabilizar el sistema financiero, que al final de cuentas es como el que le inyecta la sangre a la economía, mediante la regulación y el establecimiento de las tasas de interés. Además, la política cambiaria que también se pierde con la dolarización es importante para poder hacer frente a los shocks externos, a hacer más o menos atractivas las exportaciones o las importaciones. Y bueno, la política monetaria también es importante porque mediante la regulación de la tasa de interés, el Banco Central puede, a través de los bancos, dirigir fondos para estimular la economía por la vida del crédito y ese es el famoso estímulo de la demanda agregada. Entonces, aunque la política monetaria y la política cambiaría no sean incidentes en la economía de las personas, sí son importantes sobre todo en momentos de crisis para llevar a cabo políticas contracíclicas. Es decir, políticas que vayan contra el ciclo de recesión y puedan estimular demandas agregadas. Entonces la política monetaria tiene como un rol de backstage, pero no poco importante y el perderla se pierde la autonomía del Estado de generar esos estímulos. 

¿Es posible revertir la dolarización?

Para empezar no hay tantos experimentos de dolarización oficial plena como en El Salvador, incluso el experimento de Ecuador es distinto porque creo que de alguna forma sigue circulando su moneda para algunos usos. En el caso de El Salvador, los colones están enterrados en la bóveda del Banco Central, o sea, no existen, es una pieza de museo. Entonces no hay tantos experimentos de dolarización tan extrema como en El Salvador de hecho y por ende, no hay mucho en la literatura académica y mucho menos hay ejemplos de revertir estos procesos.

El consenso entre economistas salvadoreños, me atrevo a decir, por lo menos lo que yo he escuchado y con quienes he hablado, es que la dolarización como la tenemos en El Salvador es un callejón sin salida. Es decir, vuelvo a citar a Carlos Acevedo que ha hablado mucho sobre este tema la dolarización, es como que te des un balazo en la cabeza y todavía te puedes salvar pero si te sacas esa bala te morís. Salir de ahí sería prácticamente imposible, entonces el consenso actualmente es que no hay forma de salir. Ya nos morimos ahí. 

Yo creo que siempre hay margen de posibilidad para todo y creo que nunca pensamos que íbamos a despertar un día teniendo Bitcoin como moneda de curso legal y hace dos años lo tenemos, pero no funcionó tampoco. Pero pasó, o sea, todo puede pasar con este régimen. Yo no pienso que sea imposible salir de la dolarización, la pregunta es a qué costo. Sí hubo un economista, Carlos Glower, que lastimosamente falleció y no pudo desarrollar más esta propuesta, que tiene un libro muy interesante que se llama “Aspectos monetarios de la dolarización y la reactivación económica en El Salvador” y al final de ese libro él formula muy a grandes rasgos, una propuesta para desdolarizar porque consideraba el camino que estaba llevando la deuda pública. Es el único economista en El Salvador que planteaba que es posible salir de la dolarización, pero salir en un escenario extremo, de crisis de deuda. Entonces no es una respuesta de sí o no.  Es una respuesta de que existe la posibilidad pero el problema siempre es a qué costo, en qué circunstancias y de qué forma.

*Fotógrafo de Revista Factum

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Por Mariana Belloso y Kellys Portillo*

El Salvador amaneció este 7 de junio de 2023, y a menos de ocho meses de los comicios presidenciales, legislativos y municipales de 2024, con un nuevo sistema electoral. Se bajó de 84 a 60 el número de diputados, y se cambió el sistema con el que se calculaba cuántos escaños ganaba cada partido, y que anteriormente permitía la participación de partidos más pequeños. La reforma no fue discutida ni aprobada por la comisión de asuntos electorales, sino que se introdujo a la agenda de la sesión plenaria del miércoles 6 de junio por la noche, con dispensa de trámite. 

La reforma había sido anunciada unos días antes, el 1 de junio, durante el discurso por el cuarto año de gobierno de Nayib Bukele, quien también dijo que reduciría de 262 a 44 los municipios del país y, por tanto, la cantidad de alcaldes que serán elegidos. 

Esta reforma del sistema electoral tendrá implicaciones serias en la pluralidad y en la representación de sectores minoritarios de la población, aseguraron analistas y juristas consultados tras el madrugón legislativo, pero también es el resultado de una concatenación de movimientos con los que el actual gobierno ha ido concentrando el poder, una vez Bukele contó con una Asamblea Legislativa con mayoría afín a su gobierno. Estas iniciaron el 1 de mayo de 2021 con la remoción ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, actualmente ocupada por jueces alineados al oficialismo. 

El 15 de septiembre de 2022, el presidente Bukele anunció que buscaría la reelección presidencial, pese a que la Constitución lo prohíbe, y el pasado 15 de marzo de 2023, también con dispensa de trámite y sin consulta ni análisis previos, la Asamblea oficialista derogó el artículo 291-A del Código Electoral, que prohibía hacer cambios o reformas al sistema electoral un año antes de las elecciones. 

«Un año antes de celebrarse cualquier tipo de elección, no se admitirá ninguna modificación a las reglas que rigen el proceso electoral, salvo aquellas que sean estrictamente necesarias para ejecutar algún aspecto de la elección»

Art. 291-A del Código Electoral, derogado el 15 de marzo de 2023. 

La última gran reforma electoral en El Salvador se había dado tras un fallo en 2011, en el que la Sala de lo Constitucional de entonces eliminó el mecanismo de votación que anteponía el voto por bandera sobre el voto por persona. Esto fue seguido por meses de negociaciones entre las diversas fracciones de la Asamblea Legislativa de la época para concluir en reformas que incluyeron el habilitar las candidaturas independientes, el voto por rostro, y el voto cruzado entre candidatos de diferentes partidos. 

Lo aprobado

Los diputados reformaron el Art. 10 del Código Electoral para cambiar las circunscripciones electorales, y el Art. 13 para pasar de los 84 diputados actuales, a 60. También sustituyeron el Art. 217, para cambiar la fórmula de asignación de diputados. En el sistema anterior, se dividía el total de votos válidos entre la cantidad de diputados a asignar, y se obtenía el cociente electoral. Partidos pequeños que no alcanzaban el cociente electoral pero sí un residuo alto, podían ganar representación. 

Ahora esto se ha sustituido por la fórmula de D’Hondt. Los votos de cada partido se dividen entre 1, 2, 3, y sucesivamente, hasta llegar al total de escaños en disputa. El nuevo artículo incluye un ejemplo en el que se asignan seis diputaciones. 

Estos cocientes parciales se colocan de mayor a menor, hasta completar la asignación de las seis diputaciones. En el ejemplo incluido en el Art. 217 reformado, el partido A obtiene 2 diputados, el B 2, el C obtiene 1, el D también 1, y el E y el F no alcanzan ninguno.  

Sistema de cocientes en la nueva ley

La ley aprobada esta madrugada incluye un ejemplo de cómo se distribuirían las diputaciones. En el sistema anterior, de cocientes y residuos, se obtenía un cociente electoral, que en este caso habría sido 23,300 (total de votos entre número de diputados. Ahora se aplicará el método de D’Hondt.

Esto hace que para ganar cada diputación los partidos hayan tenido que tener, por cada escaño: 

• Partido A: 20,500 votos 
• Partido B: 17,500 votos 
• Partido C: 29,000 votos 
• Partido D: 21,000 votos 

Con este sistema, los partidos pequeños necesitan más votos que los grandes para ganar un diputado, lo que concentra las posibilidades en los partidos con mayores votos. En países como España, se ha criticado precisamente que esta fórmula favorece a partidos grandes y a regiones poco pobladas. 

“Está claro que esta reforma lo que busca es eliminar la competencia, sobre todo de aquellos partidos más pequeños. Aunque se mantiene siempre una fórmula proporcional, es menos generosa con los partidos pequeños, obviamente se está buscando excluirlos. Si a esto le sumamos que se ha pasado a circunscripciones de dos escaños en varios departamentos, se está restringiendo aún más, porque generalmente esto lleva a un bipartidismo o a un partido hegemónico», explicó Malcolm Cartagena, especialista en temas electorales. 

Agregó que, al cambiar el tamaño de las circunscripciones y la fórmula para asignar las diputaciones, se elimina la representación de las minorías con un objetivo netamente electoral, sobre todo porque se está haciendo a menos de ocho meses de las elecciones.  

Por su parte, Mauricio Maravilla, abogado y comunicador, aseguró que estas reformas vulneran varios principios constitucionales. “El primero es que hay una ausencia de debate en esta propuesta, ya que apenas fue anunciada por el presidente el pasado jueves y aprobada anoche. Una reforma de esta envergadura debería de tener una amplia discusión”, sostuvo.  

Dijo que también vulnera un principio de seguridad jurídica, pues las leyes deben tener una amplia discusión y difusión. Cuando las cosas se aprueban así, se atropellan los procesos, principios de la ciudadanía. “Esto es una muestra más del carácter autoritario del oficialismo y de que están dispuestos a renunciar a cualquier apariencia de demócratas con tal de asegurar mayoría parlamentarias para el próximo período electoral. Tiene legalidad porque ha sido aprobado por la Asamblea, pero carece de legitimidad”, acotó. 

Las reformas entran en vigor a ocho días de su publicación en el Diario Oficial, y el decreto aprobado deja claro que estas deben regir las elecciones que se celebarán el 4 de febrero de 2024.

* Publicada originalmente en Alharaca.

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Por Joshi Leban* desde El Salvador | Foto: Colectiva Feminista

Llevaba un par de meses desconectada de espacios de organización. El cansancio y la desesperanza me tenían de bajón, como popularmente se dice acá, y es que en El Salvador, los retrocesos en materia de Derechos Humanos son cada día más crueles, a tal grado de normalizar que aquellos derechos que significaron años de lucha y resistencia no son sirven de nada.

Como dije, desesperanzada me sentía; hasta que una amiga me compartió una invitación a un espacio para articular acciones en memoria de Beatriz y mi pecho nuevamente retumbó. Sí, un espacio de lucha por la memoria de Beatriz, esa joven que sin saberlo es el motivo por el que me involucré en la lucha por los derechos de las mujeres.

Hay quienes seguramente conocen la historia de Beatriz pero para quienes no, déjenme contarles sobre su hazaña que hasta hoy nos moviliza e inspira.

Con la Bea éramos contemporáneas, ella nació el 30 de octubre de 1990, en una comunidad rural de Usulután. A sus 19 años fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que erróneamente ataca el tejido sano y puede afectar la piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro y otros órganos.

Nuestra historia se cruza allá en 2013, yo vivía en uno de los municipios más violentos del país y mi historia de vida me acercó a un grupo de teatro que a través de sus obras buscaban sensibilizar a las jóvenes sobre la prevención de embarazos, ITS y VIH. Este espacio me dio la oportunidad de participar en un intercambio con colectivas de mujeres jóvenes feministas y quedé helada al conocer al clamor de una joven que ante un Estado y leyes que le restringían su derecho a la vida, no tuvo el temor de alzar su voz y exigir lo que ella y todes quienes la acompañaban consideraban justo: Beatriz tiene derecho a vivir.

En febrero de 2013 a Beatriz se le diagnosticó un embarazo de alto riesgo y cuando acudió al hospital por lesiones vinculadas al lupus, un ultrasonido reportó una malformación congénita en el feto, conocida como anencefalia. Al conocer el nulo pronóstico de vida del feto y las posibles complicaciones para su salud, Beatriz solicitó la interrupción del embarazo, pero el personal médico le explicó que eso no era posible en El Salvador.

Hasta 1998, la ley permitía abortar a mujeres que enfrentaban la misma situación que Beatriz, pero con el retroceso que significó la penalización, el Estado fue el verdugo que la mantuvo recluida por más de ochenta días en el hospital de maternidad. Por si fuera poco, padeciendo además el acoso de grupos conservadores que odian a las mujeres y se oponen a sus derechos, tratando de convencerla que lo que estaba pidiendo era un error.

Recuerdo muy bien que durante más de ochenta días experimenté mis primeras acciones como activista, mi primera vez en un plantón, en una marcha, en un volanteo, despojándome del pudor para desnudar mi cuerpo y hacer bodypaint… Fueron muchas primeras veces. El deseo y la rabia por la injusticia que atravesaba Beatriz me hizo viajar casi todos los días sin ninguna queja a San Salvador, y eso que no siempre tenía el dinero para movilizarme.

Diez años después, llega una nueva invitación para luchar por Beatriz, ahora ella no está físicamente entre nosotres, pero su legado de lucha y resistencia nos inspira para exigir un cambio real para las mujeres en El Salvador.

Hoy haciendo uso de la memoria histórica traemos al presente la fuerza de Beatriz, su causa nos convoca a movilizarnos ampliamente para denunciar que lo que vivió no puede repetirse y que la ley que prohíbe el aborto en El Salvador debe cambiar. Este próximo 22 y 23 de marzo se llevará a cabo en Costa Rica la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una lucha que trascendió fronteras y que busca la justicia que le fue negada a ella y a su familia.

La causa de Beatriz nos convoca para decir con mucha fuerza nunca más. Despenalización del aborto ya. #JusticiaParaBeatriz.

*Activista feminista.

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Por Krissia Girón y Eugenia Olan | Fotos Katya Romero*

El agua y el viento se escuchan entre las ramas en el manglar. El manglar es fuente de vida; un bosque fangoso en cuya base las aguas dulces de los afluentes se encuentran con las saladas del mar. El ritmo de las aguas y sus mareas da armonía y resistencia a los inmensos mangles, cuyas raíces, como bailarinas en puntas de pie o como miles patas de flamencos, permanecen sobre la superficie y se adaptan a la salinidad de las aguas. El manglar es un ecosistema de asombrosa plasticidad natural y por eso mismo es tan valioso.

—Si no tenemos manglar, no tenemos agua. Si no tenemos río, tampoco.

La que habla es María del Cid. A las 7 de la mañana, puntual, va desde su comunidad en Bola del Monte hacia la carretera que conduce a Garita Palmera, donde se encuentra uno de los manglares de la zona baja de San Francisco Menéndez, en el fronterizo departamento de Ahuachapán, El Salvador.

María llega hasta El Mirador, un hotel turístico con servicio de lanchas, que utilizan para recorrer el manglar. Ahí la espera Glenda Lara. Las dos llevan ropa ligera, porque el lugar es extremadamente caluroso. Están organizadas en la Asociación Intercomunitaria para el Desarrollo y la Gestión Sustentable de la Microcuenca El Aguacate (ACMA), con quienes generan un frente contra los impactos que sufre el bosque de manglar.

Preparadas para iniciar el recorrido, antes de subir a la lancha se colocan unas blusas con mangas largas por encima de su ropa y unas gorras, eso las protege del sol y de los mosquitos que habitan el bosque de manglar. Ahora sí están listas para partir.

Los manglares son “ecosistemas extraordinarios”, así los definió la UNESCO. El manglar de Garita Palmera es el bosque más importante para la población del municipio de San Francisco Menéndez. Abastece de alimentos a más de 1.700 familias que viven de la pesca artesanal y de la captación de animales que habitan en el manglar, como cangrejos, camarones y variedades de peces.

Según un estudio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador, los manglares deberían ser terrenos pantanosos, con alta biodiversidad y múltiples ramificaciones hidrológicas. Sin embargo, el manglar ha sufrido transformaciones en los últimos 40 años debido a la urbanización, el cambio climático y los impactos negativos de prácticas como la construcción de mecanismos para el riego de monocultivo de caña, la contaminación, la deforestación. Contra esos y otros males luchan mujeres como María y Glenda, en su trabajo de vigilancia del bosque.

El manglar ha sufrido transformaciones en los últimos 40 años debido a la urbanización, el cambio climático y los impactos negativos de prácticas como la construcción de mecanismos para el riego de monocultivo de caña, la contaminación, la deforestación.

El mismo estudio reveló que la extensión del manglar de Garita Palmera se redujo a 200 hectáreas, “de las cuales la mitad han sido taladas casi totalmente, mientras que en la otra mitad, el promedio de tala encontrado es de 1.200 árboles por hectárea”.

María y Glenda tienen en el horizonte tres de las cinco zonas del manglar: El Bajo del Caballo, El Enganche y El Perol. A las 9 de la mañana, la marea está alta y la corriente hace que la lancha avance más rápido.

Mientras recorre el manglar, María explica que una de las acciones de cuidado es la siembra de mangle colorado y de istaten. Para ello, realizan campañas de reforestación del bosque. Sin embargo, no siempre han culminado con éxito, por el pastoreo de ganado, que se come el manglar recién sembrado y no permite que crezca. La lancha llega a la orilla de una de las zonas del manglar donde hay sembrado istaten y no ha crecido más de un metro por los animales. “Si ustedes ven, se está comiendo el istaten, porque es su comida favorita, se está terminando la plantación, porque además donde patean, se pierde el manglar”.

“Para que el manglar tenga vida”, explica María, “deben fluir las aguas dulces del río Paz y las aguas saladas del mar. El equilibrio perfecto para la conservación de este ecosistema”. Sin embargo, ambos cuerpos de agua ya no fluyen de la misma forma que hace algunos años. El punto de encuentro entre el río Paz, fronterizo con Guatemala, y las aguas saladas del mar es un canal al que las comunidades llaman “zanjón El Aguacate”. Según el MARN, este ha sido el único punto de comunicación entre el río y su antiguo delta de inundación del lado salvadoreño, luego de que en 1974,el paso del Huracán Fifi desviara su curso completamente hacia territorio guatemalteco.

Según el informe del MARN, “El Aguacate ha sido convertido por empresarios cañeros en una acequia para el uso exclusivo de riego de caña de azúcar. Este fenómeno tiene impactos severos en el desarrollo y productividad del manglar”. “Ahorita vemos fluidez de agua porque estamos en invierno, tenemos esa dicha, pero en el verano es cuando se sufre porque no tenemos agua del río Paz, porque en la boca hacen tapas los cañeros. Con piedras y sacos llenos de arena detienen el agua y luego ingresan los motores para sacar miles de litros de agua por horas. También hacen tapas en los brazuelos del río Paz, para sus cañales, y perforan pozos”, dice María con preocupación.

Un paraíso para la agroindustria

Durante el recorrido, María vuelve a los inicios de ACMA y a la indignación que causó en las comunidades el crecimiento de la industria azucarera. “La idea surgió en un grupo de hombres y mujeres, de ver la falta de agua en el estero y dándonos cuenta de que había más cultivo de caña que de otra hortaliza. Ellos comenzaron a sacar el agua de los ríos, a tirar el veneno de las avionetas y ahí nos dimos cuenta de que también nos estaba afectando la salud”.

María llama “ellos” a la industria cañera salvadoreña, esa que no escatima en recursos para desviar los ríos y afluentes de agua para el riego de un monocultivo que deja graves daños a los suelos y bienes naturales de la zona. Y que, además, posee 113.670 manzanas cultivadas a nivel nacional, según la Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA), del Ministerio de Agricultura (MAG).

El MARN detalla que parte de los cultivos de caña se concentran en la zona costera del país, territorios donde es necesaria la implementación de sistemas de riego, lo que vuelve aún más crítica la demanda de agua en estas zonas. Un estudio de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) explica que, pese a la importancia de conocer la cantidad de hectáreas de caña de azúcar que requiere de riego para su producción, no existe un dato exacto al respecto, pero se estima que “casi la totalidad del cultivo en la zona oriental requiere riego, de la misma forma que en la zona costera occidental”.

En las zonas cercanas al manglar de Garita Palmera, donde se ven grandes cultivos de caña de azúcar, las mujeres de la ACMA mencionan que para el riego se extrae anualmente el 80% de recursos hídricos subterráneos disponibles.

Las extracciones de bienes del manglar, la contaminación por ganaderos, la quema de caña, el uso de plaguicidas y el acaparamiento del agua para el beneficio de las grandes industrias azucareras, hizo que las comunidades decidieran vigilar el manglar desde 2012.

Tomaron la iniciativa para la vigilancia comunitaria, el monitoreo del clima y las prácticas de sustentabilidad en huertos comunitarios, viveros dulces y salados, para restaurar, proteger y preservar los recursos naturales.

Así, formaron una asociación que con los años se convirtió en ACMA y que, ahora, está liderada por alrededor de 83 mujeres de las comunidades. Pero no siempre en la asociación fueron mayoría las mujeres.

“La asociación empezó con más hombres que mujeres, pero con el tiempo hemos ido motivándolas, diciéndoles que somos las mujeres las que ocupamos más el agua. ¿Qué hacemos las mujeres? ¿No lavamos los trastes, no vamos al molino? La higiene del cuerpo, también. Ahí es donde las mujeres se van motivando”, dice María.

“Es una gran responsabilidad ser madre, mujer y defensora del territorio”, cuenta Glenda Lara, quien además de ser lideresa, es madre de dos hijas que la acompañan en los procesos de formación de ACMA. “Mis niñas tienen 12 y 6 años, pero yo siempre las he andado, porque me dieron permiso de andarlas, no las puedo dejar. Así hacen bastantes madres aquí en las comunidades”.

María asiente con su rostro para confirmar lo que dice Glenda y agrega que se han convertido en una gran familia de defensoras. “A veces, cuando vemos a Glenda llegar sola le preguntamos por las niñas. Hacen falta, porque compartimos con ellas. Ariel, una de las niñas, nos comparte historias porque se fija en todo. Entre todas las cuidamos y ella ha logrado hacer amigas en otras comunidades como Sonsonate, Guaymango, con hijas de otras defensoras del territorio”.

Este encuentro entre defensoras de diferentes territorios del país ha motivado a otras jóvenes a organizarse y a aprender más sobre la protección de los bienes naturales

Este encuentro entre defensoras de diferentes territorios del país ha motivado a otras jóvenes a organizarse y a aprender más sobre la protección de los bienes naturales, afirma Glenda. “Nuestras hijas participan en un grupo juvenil donde van aprendiendo sobre lo que se tiene que hacer para el cuidado de los manglares. Hay alrededor de unas 25 jóvenes de 18 a 25 años que ya participan. Ya están organizadas”.

Ahora, la junta directiva de ACMA está conformada por seis mujeres y un hombre, y contabiliza a más de 83 mujeres que hacen recorridos por el manglar, controlan la humedad, incorporan huertos ecológicos y de manglares, viveros y bancos de semilla, así como se involucran en procesos de ecofeminismo y justicia fiscal.

Las mujeres son el pilar fundamental de estas comunidades. Sobre sus cuerpos recae el cuidado de la vida humana y natural. También están expuestas a los peligros de ser defensoras de sus territorios y guardianas del manglar.

Los riesgos de ser guardiana del manglar

Ahuachapán es uno de los departamentos fronterizos con la República de Guatemala. Justo en el límite se encuentra San Francisco Menéndez y las playas de Garita Palmera y Bola del Monte. Esto hace que el territorio sea zona de paso de narcotráfico y tráfico de personas hacia Estados Unidos. Y que la respuesta estatal sea recrudecer la militarización del municipio, para fortalecer la seguridad de las fronteras. En la actualidad hay un alto despliegue de agentes de seguridad pública y militares en los puntos ciegos que atraviesan pequeños caminos de agua en el bosque.

Esta medida, en lugar de dar seguridad a las mujeres y a las personas de la comunidad, se ha convertido en una problemática de acoso sexual que niñas y jóvenes viven día a día.

Uno de los puntos de destacamento está a un costado del Centro Escolar Brisas del Mar. Un día normal para el ingreso a su centro de estudios se vuelve un hostigamiento por parte de los soldados.

—Salen de ahí, de su estación, y cuando pasamos enfrente comienzan a decirnos cosas, tirar besos.

Las familias han hecho la petición a los docentes para que el Ministerio de Educación solicite el traslado de la estación de militares. No sólo es el acoso lo que acecha a las niñas y jóvenes, sino la intimidación que les causa cuando el grupo de soldados salen de su estación.

Otro factor de inseguridad para las lideresas de ACMA son las diferentes amenazas que reciben de otros miembros de la comunidad, de los cañeros, de los dueños del ganado. Son quienes ven amenazados sus intereses en las acciones de cuidado del manglar.

—Nos han dicho que nos retiremos porque podemos amanecer un día y el otro ya no.

En medio de esta situación de inseguridad, el trabajo de ACMA no se detiene. “A veces, es 24/7”, dice María. “Como organización tenemos grupos de whatsapp donde a diario recibimos denuncias sobre el ganado, los cañeros o alguna otra cosa que se haga en contra del manglar. También se dan denuncias para las vedas de camarón y para la recolección de huevos de tortugas”.

Mujeres del agua y el clima

La lancha se detiene en medio del manglar, y el motor apagado deja escuchar mejor la voz de María y de Glenda. María aprovecha para hablar sobre el trabajo de monitoreo del clima para el que han recibido capacitaciones por parte de organizaciones como la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

En 2014 crearon un Sistema de Monitoreo Climático comunitario en la zona sur de Ahuachapán. Las lideresas se capacitaron, involucraron y responsabilizan en la toma y análisis de datos en invierno. Así, pueden dar sustento científico a la toma de decisiones relacionadas a la protección y defensa de sus territorios.

Para realizar el control de las aguas y monitoreo climático, UNES capacitó en el uso de pluviómetros que miden el agua lluvia y el clima. Esto ayuda a definir medidas preventivas, restaurativas y protectoras, ante un riesgo de desastre. Cuando las lideresas tienen una medición de 45 mm de agua lluvia, dan esos datos al Sistema de Protección Civil para que alerte a la zona costera y envíen excavadoras que liberen el cúmulo de sal y arena que pueda generarse en la bocana.

“Tenemos un grupo de personas monitoreando el pluviómetro para el conteo del agua lluvia, porque ahí vemos la cantidad de agua que cae por mes, por año y cuánto puede guardar de humedad la tierra. El invierno de este año no nos ha impactado mucho con las llenas del río Paz, porque ha llovido unos días y ha parado otros, entonces el agua se ha logrado consumir y esa humedad la guarda la tierra”, explicó María.

Si nos mantenemos reforestando la zona verde y deteniendo al humano a no sacar la fluidez de las cuencas, y lograr que el agua llegue a la zona baja, vamos a tener un mejor nivel de vida: agua con menos contaminación, menos enfermedades.

“Si nos mantenemos reforestando la zona verde y deteniendo al humano a no sacar la fluidez de las cuencas, y lograr que el agua llegue a la zona baja, vamos a tener un mejor nivel de vida: agua con menos contaminación, menos enfermedades. En la lucha que llevamos con los cañeros, ya paramos a la avioneta y logramos que no estén quemando, pero en un descuido nos vuelven a atacar”.

El recorrido en lancha termina. A lo lejos se atraviesan otros botes de mujeres jóvenes que salen a pescar para el almuerzo familiar o para la venta. María y Glenda las saludan.

Un mes después de este recorrido, la tormenta tropical “Julia” dejó graves estragos en Centroamérica. Hablamos con María para conocer la situación del territorio. El agua había llegado a los 100 mm, un índice altamente perjudicial para los medios de vida. Alrededor de diez familias fueron evacuadas de las comunidades. En la zona baja del río Paz, su desbordamiento provocó inundaciones en las comunidades de San Francisco Menéndez.

—Hacemos una lucha ambiental con el agua pero también la lucha con las personas. Siempre hay algo por lo que una debe estar luchando y abriendo brechas.

*Este artículo fue realizado en el marco de Semillera, el programa de becas y mentorías para periodistas de LatFem, con apoyo de We Effect. Se trata del primer concurso de crónica latinoamericana y caribeña sobre mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes que defienden el derecho a la alimentación, el medioambiente y la tierra.

Créditos

• Dirección: Flor Alcaraz, Vanina Escales y Agustina Paz Frontera
• Coordinación institucional: Mariana Paterlini
• Jurado: Azul Cordo, María Paz Tibiletti y Edward Rodwell Arrazola
• Edición y mentorías: Flor Alcaraz y Vanina Escales
• Dirección de arte y diagramación: Jimena Zeitune
• Desarrollo web: Mercedes Jáuregui
• Prensa y comunicación: Carolina Rosales Zeiger

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Por Vivian Palmbaum desde El Salvador

La violencia es una realidad histórica en El Salvador y los territorios mesoamericanos, tal como lo muestran la masacre de poblaciones originarias en 1932, la guerra civil y el actual Estado de Excepción impulsado por el presidente, Nayib Bukele, que suprimió derechos y garantías constitucionales.

Visitamos los territorios de la memoria para pasar por el cuerpo y volver a mirar nuestras historias para seguir construyendo sin olvidar los dolores, las violencias y las luchas de quienes nos antecedieron. Hacer memoria para no quedarnos mirando lo que pasa por la televisión. La actualidad salvadoreña se escucha en los primeros espacios de palabra donde el terror se hace presente en las voces de las mujeres. El gobierno actual instaló la presunción de culpabilidad dirigida hacia jóvenes y opositores bajo el argumento del combate a la delincuencia organizada que no disminuyó, aunque las cárceles se llenan de sospechosos sin condena. No es lo mismo decir régimen que decir gobierno, y eso late en cada palabra.

Las lideresas se sostienen gracias a las redes que continúan; atrapadas entre la violencia delincuencial y un Estado represor que vulnera y criminaliza todos sus derechos humanos. Por eso, su presencia en los territorios garantiza el acompañamiento y la contención de las mujeres. Las condiciones de inequidad, impunidad e intolerancia en América Latina y el Caribe componen la raíz estructural de una violencia que no cesa, como expresó el Dr. Eduardo Espinosa, ex viceministro de salud, exiliado por cuestiones políticas.

¿Por qué la violencia es un problema de salud pública? Se planteó como interrogante teniendo en cuenta las violencias cotidianas que se ejercen en todos los ámbitos, incluidos los servicios de salud pública dirigidos a toda la población, pero especialmente hacia las mujeres en El Salvador. El creciente embarazo de niñas y adolescentes no son causales de interrupción del embarazo, con una insuficiente implementación de la Ley de Educación Integral Sexual (EIS) y las emergencias obstétricas son criminalizadas a partir de acusaciones que provienen, en gran porcentaje, del propio personal de salud.

La profundización del modelo neoliberal que ha mercantilizado la vida, los programas de formación del personal de salud que no reconoce la dimensión ética humanista, son algunas de las razones para el grave retroceso en materia de salud que se desentiende la determinación social, en una sociedad que necesita construir la paz. Iniciativas como “Alerta Raquel”, “Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas”, dan cuenta de la violencia sistemática que en El Salvador de enero a mayo ya contabilizan 577 personas desaparecidas, con el mayor porcentaje para las mujeres, y luego el número es incierto ya que el organismo estadístico oficial del país dejó de funcionar como tal.

La pandemia histórica es la violencia contra el cuerpo de las mujeres, así lo expresó Sara Fernández Moreno, integrante de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social Capitulo Colombia y que se encuentra exiliada por un atentado que sufriera hace pocos meses; quien ubicó al feminicidio como categoría política que criminaliza a las defensoras territoriales, pero para la sociedad patriarcal se ubica como un crimen menor. El cuerpo de las mujeres es el territorio en disputa, tal como lo muestra la reciente promulgación de la ley “Nacer con Cariño” que detrás del argumento contra la violencia obstétrica constituye un retroceso que ve a las mujeres como madres y no como mujeres. Coincide con el fallo que condenó recientemente a una joven a 50 años de cárcel por una emergencia obstétrica con el mismo argumento, “las madres son la fuente de protección de los hijos en cualquier circunstancia de la vida y usted no lo fue”.

Las voces de las mujeres reunidas en los talleres dieron cuenta de lo inolvidable de las múltiples violencias como las obstétricas, que han sufrido desde la gestación, donde algunas de las causas que han podido identificar son, desconocimiento de derechos sexuales, deshumanización de las y los profesionales, maltrato, que se suman a las innumerables situaciones de abuso que han atravesado por su condición. A pesar de estas situaciones las mujeres reconocieron, “tengo el valor de hablar porque estoy participando”.

El espíritu de Margarita Posada estuvo presente a pocos días de cumplirse el segundo aniversario de su muerte. Luchadora incansable, fundadora del Foro Nacional de Salud que nació hace más de 10 años y consiguió impulsar el proceso de Reforma de Salud Integral desde las comunidades y para las comunidades, para que las personas conquisten y defiendan su derecho humano a la salud. Una delegada de la mesa intersectorial del Foro explicó que en 2011 se constituyó la primera iniciativa de prevención de violencia social y hacia la mujer que hoy se sostiene desde las comunidades sin apoyo del Estado. Si bien en el país existe una Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres que tiene 10 años de vigencia, las situaciones de vulneración de derechos continuada que soportan está cada vez más lejos de encontrar alguna solución.

Las intensas jornadas de construcción de conocimientos contaron con la co coordinación de María Hamlin Zuniga, educadora popular y activista en salud comunitaria en Mesoamérica desde hace más de 50 años, también amenazada por el régimen nicaragüense, fundadora de organizaciones como ASECSA, Asociación de Servicios Comunitarios en Salud de Guatemala y CISAS, en Nicaragua.

Las voces que llegaron desde Guatemala, nos contaron sobre el Movimiento Nacional de Comadronas que tienen reconocimiento en 22 departamentos a diferencia de El Salvador, donde las comunidades originarias fueron desterradas. También escuchamos la voz y el valor de Feliciana Cedillo, sobreviviente de las acciones del Ejército en el área ixil, de la comunidad Nebaj, y su valentía para interpretar la lengua maya en los juicios por genocidio en Guatemala.

La organización feminista SAMA, desde la India, trajo el testimonio del trabajo territorial con mujeres y las problemáticas locales como el trabajo con los conocimientos tradicionales o los matrimonios forzados a edades tempranas.

Es de destacar el intenso trabajo que realiza la organización feminista salvadoreña Las Mélidas, con 30 años de trabajo continuado, a pesar de sufrir amenazas, persecución y la criminalización por la defensa de los derechos de mujeres y disidencias, pese a lo cual continúan incansablemente con campañas comunicacionales como #YoDecido o #Manuela sobre derechos sexuales y reproductivos y el intenso trabajo territorial que realizan lideresas del grupo motor que estaban allí participando. “En 24 años se han procesado 180 mujeres por aborto y cuando entran en proceso judicial no son condenadas por aborto, sino por homicidio agravado, con penas de entre 30 y 50 años de cárcel”. Desde la organización expresaron, “si nosotras como mujeres nos quedamos inactivas, si no nos plantamos y no decimos basta ya, si nos quedamos cruzadas de brazos va a ser peor”.

La Universidad Internacional de la Salud de los Pueblos que organiza el Movimiento por la Salud de los Pueblos Mesoamérica y organizaciones como el Frente Nacional de Salud, Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL), Las Mélidas, Centro de Investigación y Desarrollo en Salud de la Universidad de El Salvador junto a agencias de cooperación como Médicos Mundi y el Gobierno Vasco hicieron posible esta formación.

La propuesta fue pensar la salud por fuera del paradigma médico hegemónico, porque las enfermedades y las muertes están asociadas a la exclusión social, “hoy tiene más salud quien tiene más dinero”. Sin dudas, es necesario cambiar un modelo civilizatorio neoliberal excluyente que vulnera porque deja por fuera las consideraciones de clase, género y etnia. La situación con variantes se repite en los países de la región, como Nicaragua donde la violencia contra mujeres y cualquier voz disidente al gobierno hacen dudar de la vigencia del estado de derecho; o en Guatemala, donde la pobreza, el abandono y la violencia contra las mujeres es cotidiana. Sin dudas, merece una consideración la situación que sufren las disidencias del colectivo LGBTIQ+ que en 2020 reportaron más de trece denuncias mensuales por violencia, maltrato y discriminación.

Durante los nueve días que duró la formación, invocamos al Nahual o espíritu protector maya para que nos ilumine en las poderosas jornadas. Muchas presencias nacionales e internacionales nos ayudaron a pensar, debatir y permitieron construir proyectos territoriales con el objetivo de apuntar a una salud que se base en la eliminación de las violencias y en la consagración de los derechos plenos sexuales y reproductivos para las mujeres. El poder de las mujeres es como el del agua. El agua a veces parece inofensiva pero gota a gota puede destruir la roca. Vandana Shiva.

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Por César Saravia

¿Cuál es el trabajo que vienen haciendo con CISPES y alrededor de cuáles demandas?

Ahora las dos campañas que tenemos son: recortar la ayuda militar y de seguridad, el financiamiento que se le da a las fuerzas de seguridad de los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, con enfoque en El Salvador, en nuestro caso, y acompañar a los movimientos sociales en su lucha contra la represión, que están viviendo ahora bajo el régimen de Bukele. Estamos también acompañando a los presos políticos que llevan más de un año en la cárcel, sin juicio. La decisión de trabajar en cortar los fondos de seguridad tiene que ver con el apoyo a los movimientos sociales en la lucha contra la represión. Para ello es importante cortar los fondos de seguridad que están recibiendo de los Estados Unidos los gobiernos centroamericanos.

Ustedes son una organización de salvadoreñxs, hijxs de salvadoreñx y también gente afín, solidaria, con El Salvador y Centroamérica. En ese sentido, la migración es un tema que les atraviesa bastante, ¿cómo catalogás la política migratoria de Joe Biden?

Nosotrxs no somos necesariamente una organización de derechos de migrantes. Pero en general las organizaciones están muy decepcionadas con la política migratoria de Biden. Principalmente en torno a los migrantes que están aquí, que ya han llegado, que están en la frontera o que están queriendo entrar. Una de las cosas que pasó al principio fue que se terminaron los acuerdos de “el tercer país seguro“, con Guatemala, Honduras y El Salvador. En esa campaña sí se involucró CISPES en coordinación con organizaciones en Estados Unidos y también de la región, porque es un tema de política exterior y fronteriza. Bajo la Alianza para la Prosperidad, del 2016, se mandó mucho dinero para eso, y bueno, ya estaba pasando con el Plan Frontera Sur. Entonces no necesariamente solo bajo la Alianza para la Prosperidad, pero en ese marco se aumentó. 

En torno a las políticas directas que afectan a los migrantes que ya están en la frontera o que han entrado, está el título 42, que no permite a ningún migrante entrar por razones de Covid y también la política de que los migrantes se tienen que quedar en México. Hace poco, la Corte Suprema decidió sacar una orden de que Biden tiene el poder terminar esa política que ha mantenido a muchas personas en la frontera en condiciones muy peligrosas. Esta administración ha hecho un esfuerzo bastante intencional de conectar la política de migración con la política exterior.

¿Cómo se relaciona este apoyo militar que tiene el gobierno estadounidense a los países de Centroamérica con la política migratoria?

Esto es algo que viene desde la Alianza para la Prosperidad. Pero ellos en esta en esta política lo presentan como que si es algo nuevo, pero en realidad no lo es, es una extensión, una continuidad a las políticas de migración y de exterior que siempre han tenido y nosotres como organizaciones antiimperialistas y anticapitalistas, siempre hemos tenido ese análisis, que la razón por la que más migrantes vienen para acá es por la política neoliberal que se impone en los países de donde venimos. Y esa política neoliberal se impone a través de la represión policial y militar. Ellos vienen y dicen: “Sí, las dos cosas están conectadas y tenemos que poner soluciones a la inseguridad que viven las personas allá, a la pobreza, y la manera que para solucionarlo, nosotros como Estados Unidos, es apoyar a los policías y militares, a que ellos hagan más seguro los países. Vamos a impulsar,  incentivar a las transnacionales, a las corporaciones, que invierten en esos países también, para que se solucione el problema de la pobreza”.

Según ellos el dinero que mandan para policías y militares es para hacer los países más seguros en la guerra contra las drogas, en la guerra contra el tráfico humano y la trata, pero al final sabemos que todo eso se usa para reprimir a los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, defensorxs de agua, defensorxs de tierras,  que están luchando y organizando en contra de estos proyectos explotadores, que están causando división, conflicto y violencia en en las comunidades de donde ellos vienen.

En relación a los recortes de fondos militares, ¿qué acciones viene desarrollando CISPES? Y, ¿cuál ha sido la respuesta, tanto de la institucionalidad, congresistas, como otros movimientos dentro de Estados Unidos?

Pues varias cosas. Uno es a través de contrarrestar la narrativa que se está dando, trabajando con otras organizaciones de solidaridad con Centroamérica, en específico este plan se enfoca en Guatemala, Honduras y El Salvador.  Entonces, colaborar con esas organizaciones que comparten nuestro análisis, que también tienen relaciones estrechas con comunidades en estos países y que se nutren de ahí, de cuáles son los impactos de la política estadounidense. La idea es colaborar y proveer una narrativa alternativa a lo que se da en los medios, que también apoyan las políticas del Departamento de Estado y del presidente Biden.

Este es el tercer año que venimos con esta campaña. El primer año nos enfocamos en señalar los fondos de seguridad y el segundo año nos enfocamos también en los fondos económicos, que promueven la privatización, en sectores esenciales como la salud, agua, educación y electricidad. Lo que le  estábamos pidiendo al Congreso, que es al final quien asigna los fondos para este plan, es que pongan en la legislación de asignación el no permitir algunos fondos de desarrollo que promueve el sector privado. Por ejemplo: que no se permitan fondos de desarrollo a proyectos de infraestructura que van a llevar al desalojo o que las comunidades se oponen. El año pasado también hicimos estas mismas demandas en torno al financiamiento de las fuerzas militares y de seguridad en los países, porque van juntas las cosas, desde nuestra perspectiva.

De esa manera, la idea es luchar contra las partes más problemáticas del planteamiento que tiene el Ejecutivo. Decirle al Congreso: “esto no está bien y de esta manera pueden ustedes responder”. Este año nos estamos enfocando en la campaña de cortar los fondos militares y de seguridad, pero siempre en relación a la presencia del sector privado en estos sectores esenciales. Algo difícil, porque es muy aceptado, la gran mayoría acepta y no cuestiona el papel del sector privado, como una cosa que va a traer eficiencia.

En el último tiempo hemos visto algunos cruces de gobiernos centroamericanos, particularmente de Giammattei y de Bukele, que ha sido por ahí más mediático, ¿ustedes qué lectura hacen de esta tensión que se ha generado de parte de estos gobiernos con la administración Biden?

Nuestra lectura, desde los movimientos sociales, las organizaciones, los activistas con quienes nosotros tenemos relación y que acompañamos, es que Bukele es una persona que no tiene una política muy diferente a la política de los Estados Unidos. Entonces, aunque tal vez haya algunas contradicciones entre ellos, como élites, en realidad la clase de programas que quieren impulsar son iguales, la diferencia es más bien quién se va a lucrar esos programas o de esa política. Bukele también promueve la privatización del agua,  también promueve el desarrollo que va a causar gran daño al Medio Ambiente, también promueve la militarización como una respuesta a la violencia que causa la pobreza y la desigualdad. Entonces, no es diferente a la política de los Estados Unidos.

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Respecto a las detenciones arbitrarias, la ONG Cristosal, reportó que el perfil de los detenidos son principalmente jóvenes, de 18 a 30 años, trabajadores del sector servicio. Se trata en muchos casos del principal proveedor económico del hogar y el portar tatuajes les vuelve directamente sospechosos.

Por Gerson Vichez/ Fotos Gerson Najera *

“El presidente amante del freestyle”. Ese era el título de la nota que tuiteó el 10 de marzo de 2019 el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, mejor conocido como Slipt, nombre que usaba como grafitero y rapero. La publicación de The Urban Roosters –una famosa plataforma de freestyle– detallaba que Nayib Bukele “promueve el freestyle como método para que los jóvenes no caigan en malos hábitos”. Tres años después, al menos tres artistas de freestyle (rap improvisado) han sido detenidos durante el régimen de excepción: Diktx, Visionario y Anormal. Los tres son padres de familia. Los tres provienen de familias pobres. Los tres residían al occidente del país. Los tres vivían de hacer rap improvisado en los autobuses. 

Guadalupe y Vanesa distan un par de décadas en edad entre sí, pero ambas muestran afiches, videos y fotografías de Diktx. Cada una habla sobre el talento de este joven para el rap improvisado. Cuentan sobre sus presentaciones en Santa Ana y Sonsonate, también narran las batallas de freestyle en las que ha participado. Cualquiera pensaría que son dos fans del rapero, pero en realidad Guadalupe es la madre de Diktx y Vanesa la esposa. Desde el 18 de abril, Diktx, cuyo nombre de pila es Bennett Ruano, fue detenido por la policía en el marco del régimen de excepción. Desde ese momento, su madre y su esposa buscan desesperadas una respuesta sobre su paradero. 

“Nosotros no nos oponemos al régimen (de excepción), porque para nosotros sería lo mejor poder ir a cualquier lugar, pero sí nos duele que agarren a personas inocentes y que no se les pueda defender”, dice Guadalupe, mientras muestra la documentación que ha recogido para demostrar la inocencia de su hijo.

En sus manos lleva: una solvencia de la policía que detalla que Bennett no posee antecedentes penales, varias hojas de firmas de personas que dan fe de que su hijo es un joven trabajador, también la impresión de capturas de pantalla de un video donde Bennett está rapeando en un autobús (como constancia laboral) y afiches de las presentaciones del rapero, entre estas, en la Latin American Bitcoin & Blockchain Conference (Labitconf) y otra en la sede del partido Nuevas Ideas en el municipio de Sonsonate.

El régimen de excepción en El Salvador lleva dos meses y fue renovado el pasado 26 de mayo para un mes más por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista. El régimen suspende los derechos de asociación y reunión, también la defensa en caso de detención. Además, permite la detención administrativa por quince días, cuando el plazo normal es de un máximo de tres días. El origen de esta medida fueron los 87 asesinatos ocurridos entre el 25 y 27 de marzo de 2022. De acuerdo a una investigación del periódico El Faro, esa ola de homicidios fue consecuencia del rompimiento de las negociaciones que mantuvieron el gobierno de Nayib Bukele y las pandillas durante los últimos dos años y medio. Esto lo confirmaron con audios de un funcionario público: Carlos Marroquín.

Otto Flores, abogado de Los Siempre Sospechosos de Todo, una organización que trabaja para prevenir el abuso policial y de la Fuerza Armada, señala que la acción penal que se está ejerciendo durante este régimen se basa en elementos subjetivos por parte de la policía: antecedentes penales, desavenencias personales o discrepancia con la personalidad o el oficio de una persona, como en el caso de los miembros de la comunidad hip hop. 

“Existe una criminalización de la personalidad, cosa que va contraria a la Constitución y al derecho procesal penal, porque claramente se establece que este juzga actos, no personalidades, no formas de vestir, no actitudes”, explica Flores, y agrega: “También existe una estigmatización basada en la aporofobia, es decir, el hecho de que una persona porque vive en una zona marginal o considerada zona roja ya la hace sospechosa como tal”.

Desde la detención de Bennett, su madre y su esposa dedican parte de su tiempo a la búsqueda de información sobre su proceso. “Yo he ido a varios lugares, a la Fiscalía, a la Procuraduría, me he ido a meter hasta la Asamblea y ya no sé dónde más ir para que me ayuden. Mi hijo no es un delincuente, él nunca había estado preso, ni siquiera por pleitos. Mi hijo es inocente”, asegura Guadalupe. 

Bennett tiene 27 años y es padre de una niña de dos años. “Él es el apoyo de nosotros, yo solamente trabajo dos días en una casa (como empleada doméstica) y el resto del tiempo él me ayuda con mi comida y mis cosas. Igualmente, él mantiene el hogar de su esposa y su hija y cuando estoy ahí, él ve hasta por mis medicinas”, cuenta la madre.

Guadalupe relata que de pequeño Bennett quería ser arquitecto, “pero yo soy madre soltera y hasta noveno grado pude darle”, agregó. También cuenta que desde niño su hijo mostró interés por la música y que en los últimos años él escribía, grababa y editaba sus propias canciones, que pueden encontrarse en su canal de YouTube y en su página en Facebook.  

En una de esas canciones, “Último intento”, comparte créditos con Anormal, y en uno de sus versos dice: “Todos tenemos sueños de pequeños. Aquí no hay paz, aquí hay guerra, aquí hay traiciones de la gente que uno no espera.” Anormal, Carlos Figueroa, era compañero de Bennett cuando subía a improvisar a los buses. También fue detenido el 18 de abril.

Carlos Figueroa tiene 24 años de edad, una década como artista y una hija de seis meses de edad. Su pareja, Jenniffer, dice que Carlos le habló por última vez para preguntarle si quería pollo para el almuerzo, ya que estaba en el comedor del mercadito El Ángel, en Sonsonate, junto a Bennett, quien también compraba comida para su esposa e hija. Después ya no respondió sus llamadas. Luego, supo que Carlos había sido detenido por la policía. 

Cuando Jennifer llegó a la delegación, vio a Carlos golpeado y no le quisieron dar ningún dato sobre él. Horas más tarde, la madre de Bennett también llegó a la delegación y le entregaron las pertenencias de su hijo, junto a los dos platos de comida que había comprado para su esposa e hija. Ambos jóvenes habían sido trasladados al Centro Penal “La Esperanza”, mejor conocido como Mariona, sin derecho a defensa. 

Carlos tenía un año trabajando en los buses, haciendo freestyle junto a otros artistas de la zona. El día de su detención, él y Bennett portaban un carnet que les acreditaba como artistas y como trabajadores con permiso para brindar su show en las unidades del transporte colectivo. 

Cuatro días después de las detenciones de Bennett y Carlos, el 22 de abril,  fue apresado René Linares, Visionario, quien también es parte de la escena de hip hop del occidente del país, pero en la ciudad de Santa Ana. René es reconocido como uno de los pioneros de su generación en el rap y el freestyle. También es padre de una niña de 11 años. Su madre tiene un puesto de pupusas y su padre es ayudante de carpintero. La mitad de lo que ganaba a diario cantando en los buses, lo entregaba a su mamá para los gastos de la casa. Si en una jornada lograba $10, cinco eran para su familia.

Un día, René le contó a su mamá que tendría empleo, que por fin podría aportar una cantidad fija a la casa y ayudar más a su hija. “Le iban a dar empleo como encargado de la limpieza en el Seguro Social de Metapán. Entonces debía presentar todos sus documentos. Aquí en Santa Ana sacó sus antecedentes y aquí tengo el documento donde dice que no posee antecedentes penales”, recuerda Christian, su hermano, mientras muestra los documentos.

René le pidió a su mamá que lo acompañara a San Salvador para solicitar su solvencia de la policía. Para su sorpresa, al tramitarla en el lugar, lo detuvieron. “Lo agarraron, no mediaron palabras con mi mamá, y lo llevaron a la delegación de La Tiendona”, narra Christian. 

“Mi mamá me contó llorando que mi hermano estaba contento porque al fin iba a tener un trabajo formal con el que le iba a poder ayudar, tener fechas para pagar las cosas, no andar afligido en la rebusca –como le llaman ellos a salir a cantar en los buses– él estaba ilusionado con el trabajo que iba a tener”, añade el hermano de René.

“En un momento el gobierno dijo que nos apoyaría en nuestros proyectos para que los jóvenes no recurrieran a malos pasos, pero es triste que nos tachen como delincuentes, como vagos, como personas que no buscan un futuro. ¡Claro que buscamos un futuro! Aunque acá en el país es difícil, ya que la música que hacemos no es tan apoyada”, afirma un amigo de Bennett que también es artista de rap, Danny Crespín, conocido en la escena de hip hop como Dxnny. 

Para uno de los veteranos del rap en la zona occidental del país, Marvin Carpio, cuyo nombre de rapero es Artillero, “más que régimen de excepción, es un plan de más abuso de poder desde el sistema, ya sean policías o militares”. Él considera que esta medida afecta a todos los artistas urbanos, “porque por el simple hecho de ser joven y andar tatuajes o representar música que no sea del agrado de ellos, es razón suficiente para ser detenido”, subraya.

Marvin cree que todos los acusados tienen derecho a un debido proceso y que si ahí se comprueba que son culpables, deben pagar por sus delitos. Dice que desde la comunidad hip hop, eso es lo que se pide para los artistas detenidos. “Sus familiares tienen derecho a saber dónde están, de qué se les acusa y cómo va su proceso, es lo mínimo”, concluye. 

Con el paso de los días, el teléfono de Guadalupe dejó de recibir llamadas. Al marcarlo, no enlaza llamadas, como si el número no existiera. La razón: alrededor del penal de Mariona no hay señal para teléfonos celulares y Guadalupe es una de las centenares de madres que pasó días y semanas enteras esperando algún dato sobre su hijo, durmiendo por la noches a la intemperie. Comiendo unos días sí y otros no. Eso, antes de que la policía y el Ejército las desalojara el 24 de mayo

* Esta nota fue publicada originalmente en Revista Factum medio de investigación en El Salvador

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Sobre lo que fue el conflicto armado existen múltiples lecturas e interpretaciones. En los últimos años, muralistas, poetas y cineastas “hijxs” de la guerra han intentado llenar de voces y nuevos significados un proceso que durante años fue empujado al silencio, o sobre el cuál hablaron muy pocos. 

Julio López Fernández, productor y director de documentales. Julios es de nacionalidad salvadoreña y mexicana. Y su primer documental es La batalla del volcán. Una película que recoge testimonios de combatientes del ejército y de la guerrilla del FMLN, sobre la última batalla de la guerra civil salvadoreña, la última gran batalla , la batalla que definió el final de la guerra y aceleró la salida negociada y el proceso de Paz. 

La Batalla del Volcán pretende ser una lectura más, sacando el foco de las voces que normalmente son invitadas a hablar del tema. Es una lectura de los hechos de 1989 en El Salvador, que constituyen la expresión local de un fenómeno global. Un documental valioso en un contexto donde, desde el gobierno, llaman al olvido. 

Por Gustavo Rivera/ Foto: Trípode Audiovisual

¿Qué concepto de memoria se trabaja en la película?

Nosotros ocupamos la memoria como concepto político. El concepto político de la búsqueda de la memoria, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la comunidad judía, los sobrevivientes del holocausto salieron a contar al mundo y empezaron a hablar: tenemos que hacer memoria para que no vuelva a ocurrir, para que la gente sepa lo qué pasó y para que haya procesos de justicia y procesos de no repetición.

¿Para qué sirve este trabajo de memoria? Sirve para darle sentido a la tragedia. Hay tanta tragedia generada por esta tragedia totalizante, que la afectación, aparte de la inmediata, de la directa, de la física, como que el tejido social que queda destruido después de una violencia totalizante tiene que ser reconstruido. El primer paso para reconstruirlo es darle sentido, entender qué ocurrió y entender cómo nos afectó, y entender qué podemos hacer para curarnos, para curar ese tejido social, para reconstruir ese tejido social. Dentro de eso se da la memoria.

Ahora, la memoria se puede dar en un montón de formas discursivas, y en este caso el cine, y dentro del cine, específicamente el documental. Entonces, para mí era muy importante hacer mi película de memoria de la guerra civil salvadoreña tomando como referente los primeros documentales de memoria bajo esta idea política, que vienen tal vez desde Patricio Guzmán con La Batalla de Chile e instaura ese modelo que todavía sigue operando. Y la tradición de documental de memoria en Argentina es poderosísima. Desde el trabajo que hizo Fernando Birri, Pino Solana, Getino, y hasta terminar en los últimos años con películas como Los Rubios. Que, bueno, Los Rubios ya tiene 15 o 18 años, le dieron vuelta a cómo entendemos la memoria en América Latina, rompiendo límites políticos, cinematográficos, discursivos. Ahora tenemos El Teatro de Guerra, de Lola Arias, de veteranos de la guerra de las Malvinas ingleses y argentinos hablando y recreando. Una película espectacular. Creo que el cine de memoria argentino, sin duda, siempre está a la cabeza en América Latina de esa exploración.

En nuestro caso, lo que estamos haciendo nosotros, que somos la generación de los niños y niñas de los 80, que nos tocó vivir la guerra como bebés o como niños y niñas, que ahora estamos haciendo estas películas de memoria en Centroamérica, sobre todo en los países que tuvieron la guerra abierta y declarada, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Y bueno, somos una generación y lo estamos haciendo con esta categoría política de memoria, y también, así como en Chile, Brasil, Argentina y Colombia que tienen su generación propia de piezas artísticas y cinematográficas, nosotros en Centroamérica también.

Me llamó la atención esto que dijiste de “hacer sentido de la guerra”.  Hay varias intervenciones donde las personas involucradas hacen énfasis en hablar. Vos buscabas ese hablar como uno de los ejes centrales del proyecto. ¿Crees que se puede hacer sentido si uno no habla, comunica, transmite?

La película está construida como un gran ejercicio de diálogo entre distintos interlocutores. El primer nivel tal vez es el de las personas propias, que es un diálogo entre las personas y sus pasados que se despliega enfrente de la cámara. También hay un nivel en que la persona habla con el espacio, justamente dentro de esta puesta en escena de llevar a las personas donde (lo) vivieron. Pero luego se empieza a dar un diálogo entre terceros, cuando un militante habla con otro militante compañero y empiezan a dialogar, y luego empiezan a hablar con miembros del bando contrario.

Creo que hay un diálogo muy importante también generacional entre el grupo que hicimos la película, que éramos de una generación más joven que los militantes, también hay como un diálogo entre los que están frente a la cámara y los que están detrás. Y el último diálogo, el que termina siendo el más importante, el fundamental de todos, que es el que la película y lo que cuenta la película genera con el público, sobre todo con el público salvadoreño, que es él tiene que darle sentido a la guerra dentro de sus propias vidas, dentro de sus propias familias.

La película está hecha como eso, un ejercicio de diálogo. Está esta triada dentro de los procesos de memoria de que hablábamos, que se repite mucho en los procesos de justicia en un crimen de lesa humanidad o en procesos de violencia totalizante, que es Memoria, Verdad y Justicia. Ese trío de palabras va en ese orden, no es, al contrario. Primero se tiene que hacer memoria, que es a donde se habla, se cuenta, se reconstruye qué fue lo que pasó. Luego se busca la verdad, porque la memoria no es verdad, es un proceso propio y nosotros nos recordamos de lo que nos interesa, o conviene, o necesitamos recordar u olvidar. Pero luego tiene que venir un proceso de verdad donde procesos de equipos jurídicos determinen qué fue lo que pasó, a qué horas pasó, quién lo hizo, quién lo ordenó, quién lo sufrió, cuáles fueron realmente los daños. Y a partir de tener esa información, una verdad jurídica, se hacen procesos de justicia restaurativa.

En El Salvador no tuvimos ni siquiera los procesos de memoria, olvidémonos de tener proceso de verdad, de justicia, menos. Evidentemente hay casos aislados, la Ley de Amnistía se derogó hace unos cinco años, ya están dándose los primeros juicios, pero es algo mínimo respecto a todo lo que se pudo haber hecho respecto a la guerra. La película aborda estos temas desde este punto de vista humanista y hace este ejercicio de tener este diálogo honesto, y creo que eso también ha hecho que la gente conecte de una manera muy especial con la película, sin importar el bando con el que uno simpatice, o el color de la ideología que uno profese.

Este “factor humano” … ¿fue por eso la elección de personajes?, ¿por eso no acudiste a ningún mando o a ninguna figura que fuera muy políticamente vinculable?

Una de las decisiones políticas de la película era, no vamos a entrevistar a ningún líder de ninguno de los bandos, a ninguna figura pública, porque estos líderes y estas figuras ya tuvieron muchos años la oportunidad de dar su versión, y su versión ya está ahí, y es una versión que está condicionada por intereses particulares. Yo quería que esta película fuera narrada por lo que yo llamo la “gente de las trincheras”, los soldados, los guerrilleros que estaban en la primera fila del combate, realmente combatiendo, y los civiles que se vieron metidos en medio de esas líneas de fuego.

Generalmente se habla que en El Salvador impera el silencio porque es un tema tan grande que no se supo cómo sacarlo, pero ustedes se toparon con un montón de personas que estaban dispuestas a hablar…

Cuando nosotros hicimos La Batalla, la guerra había terminado hace 20 años, y, contrario a lo que muchos pudieran pensar, todo mundo quiere hablar, todo mundo quiere recordar, todo mundo quiere darle sentido. O sea, no todo mundo, pero yo creo que es una mayoría de la gente que sí quiere tener estos procesos.

Creo que La Batalla del volcán se hizo en un momento muy específico que permitía mucho el diálogo. Porque el FMLN había llegado al poder, entonces toda la gente que participó en la guerrilla tenía una perspectiva muy diferente a la que tuvo unos años antes, a la que puede tener ahora, que ha cambiado totalmente el panorama político en El Salvador, entonces, en ese momento creo que era muy propicio para hablar.

Otra cosa importante. Nosotros hicimos este análisis de porqué la gente no hablaba en El Salvador, más allá de que, desde la institucionalidad del estado y de la sociedad civil, no se quiso o no se pudo crear los espacios de diálogo y de memoria y de reflexión, de análisis, de perdón, de reconciliación. Entonces, una persona por qué no habla. Nosotros identificamos que, primero, no hablas por miedo, por tu seguridad. Porque la cultura del terror, dentro de los gobiernos represivos y luego durante la guerra, generó en la gente un pánico de hablar. Uno no podía usar barba, no podía leer tal libro, no podía escuchar, porque desaparecía. Al igual que pasó en Sudamérica muchos años.

El miedo, la seguridad por cuidar a los demás. Luego está también el dolor, son procesos que duelen mucho y que en un momento no se hablan, pero que está muy comprobado en psicología que la forma de curarlos es hablarlos y darles sentido. Y encontramos un tercer factor que es muy doloroso y triste de encontrarlo frente a frente: y es la vergüenza, la pena, el remordimiento, sobre todo en la gente que participó en la guerra, porque es imposible hacer una guerra, vivir una guerra, pelear una guerra sin cometer errores. Errores que pudieron haber costado la vida de mucha gente, que pudieron haber causado mucho dolor. Y ese remordimiento, esa pena, creo que ha pesado mucho en el lado de los combatientes, respecto a lo que se habla o no se habla.

Entonces, no es fácil, pero se tiene que ir desmontando, y creo que la película es un buen ejemplo de cómo sí se puede y todavía estamos a tiempo en El Salvador de seguir teniendo estos procesos tan necesarios, porque nos ayudan a entender este presente tan desastroso que tenemos actualmente.

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