Por Ana Paula Marangoni 

A 5 años de la muerte del fiscal Nisman, un grupo de personas se congregó en Plaza de Mayo para reclamar justicia. La contaminación de las fuentes de Plaza de Mayo, teñidas de rojo, parece ser la metáfora más atinada para expresar de algún modo, lo opuesto a la opinión de quienes acudieron a la cita. Porque si hay un rastro contaminado hasta el absurdo, es el del misterioso fiscal sobre el que se investigó mucho la única escena incontaminada, su baño, y muy poco sobre sus vínculos mafiosos al interior de la corporación judicial.

El reciente estreno de la serie documental “El fiscal, la presidenta y el espía”, dirigida por el británico Justin Webster, produjo un antes y un después en la opinión pública y mediática sobre la muerte de Nisman. Y es que, en su favor, reúne declaraciones más que relevantes, y difíciles de obtener: la del ex agente de inteligencia Jaime Stiuso; el supuesto “espía Camporista” de la denuncia del fiscal, Allan Bogado; Ross Newland, delegado de la CIA en Buenos entre 1997 y el 2001; y James Bernazzani, agente del FBI enviado especialmente para colaborar en la investigación AMIA. A los testimonios de lujo, se suman los de Laura Alonso y Diego Lagomarsino, entre muchos otros.

Mientras que una serie no puede ser más que eso, y no reemplaza el deber de esclarecer un caso desde el ámbito judicial (además de que nadie está obligado a decir la verdad para una producción audiovisual), el rompecabezas de testimonios extiende una cantidad de vericuetos hasta hace poco desconocidos en detalle para la opinión pública. La secuencia de testimonios permite contrastarlos; y, sin dar veredicto, al modo de las novelas policiales, le permite al espectador realizar su propia pesquisa, facilitando a su debido tiempo cada llave para resolver los enigmas de la investigación.

De las declaraciones se desprenden, inferencias mediante (hay un cuidado excesivo en no mostrar en ningún momento un rumbo tendencioso), una cantidad de infidencias más que alarmantes, no ya sobre las causas de la muerte del fiscal, sino sobre sus prácticas en vida. Queda en evidencia, con el correr de los testimonios, que el fiscal Alberto Nisman armaba causas a partir de datos aportados por inteligencia (directamente por Jaime Stiuso), y de muy difícil (o improbable) verificación. Es decir, no sólo tomaba información del espurio agente de la ex SIDE, sino que directamente operaba con sorpresivas primicias cuya verificación (elemento indispensable para el debido funcionamiento de la justicia) resultaba por lo menos dudosa. Esto ya había sucedido con la causa AMIA, y lo mismo ocurrió con la denuncia que presentó días antes de su muerte. En su última presentación televisiva, en el programa “A dos voces” de TN, el mismo fiscal exponía como máxima prueba de su denuncia una serie de escuchas absolutamente ilegales, algo que a los periodistas más prestigiosos de los últimos 50 años no les llamó la atención.

Una de las novedades que en el documental más se desarrolla, y no tiene sentido aclarar aquí, es que la denuncia presentada contra el gobierno de CFK por el Memorándum con Irán no resistía la menor revisión, y estaba plagada de errores fácilmente posibles de desmentir, entre ellos, la identificación de Allan Bogado como agente de inteligencia del gobierno, quien en distintas ocasiones ha cambiado ligeramente sus declaraciones. En la serie reconoce que respondía a Stiuso para reunir datos y que el contenido de las escuchas formaba parte del “verso” que realizaba él mismo, haciéndose pasar por hombre del gobierno, para ganarse la confianza de aquellos a quienes investigaba.

En una reciente entrevista con Gustavo Sylvestre y Ariel Zac para Radio 10, posterior al estreno de la serie, llegó a afirmar que integrantes de Presidencia (concretamente, el ex secretario general de la Presidencia Fernando De Andreis) del gobierno de Mauricio Macri lo guionaron para declarar en contra del gobierno de Cristina Fernández, en la causa de Nisman sobre el Memorándum que tomó el juez Bonadío. Nunca explica con suficiente claridad su trabajo para inteligencia, ni por qué lo denunció Stiuso en noviembre de 2014 como falso agente de la ex SIDE, ni cuánto sabe sobre Nisman, AMIA, o la comunidad iraní en Argentina. Desliza que Stiuso le tendió una trampa a Nisman y que omitió intencionalmente comentarle acerca de la denuncia que él mismo había hecho a Allan; sugiere que falta investigar las llamadas de y a Nisman antes de irse a Europa y las razones que tuvo para volver de urgencia de Europa, dejando a su hija sola en el aeropuerto; insiste en investigar las comunicaciones entre Patricia Bullrich, Laura Alonso, Alberto Mazzino y Jaime Stiuso. Deja más dudas que certezas, y no escapa de la sospecha. Pero parece inverosímil que no se hubieran podido reconstruir contactos y movimientos del fiscal, al menos entre uno y dos meses anteriores a su muerte.

Sí queda en claro que el entonces fiscal, en lugar de investigar, delegaba en agentes de inteligencia las presuntas “investigaciones”, a las que simplemente les daba un marco legal, sin corroboración alguna. Esta pista debería al menos escandalizar a quienes se golpearon el pecho en contra de la impunidad y la corrupción, incluyendo a los manifestantes en la plaza de mayo que insisten en el presunto homicidio por parte de allegados a Cristina Fernández, sin la más absoluta prueba, pero que no cuestionan que en 4 años de gobierno macrista la causa no haya alcanzado la sentencia.

Otra pista de las aguas contaminadas que se expone en la serie es el trabajo de Diego Lagomarsino. El informático, que logró imponer su apariencia de che pibe ingenuo era testaferro de una cuenta de Nisman y le daba a su jefe la mitad de su sueldo. Dos hechos claros de corrupción que indicarían, para comenzar, malversación de fondos, de abusos de poder y prácticas intrínsecamente corruptas del fiscal Nisman.

Por fuera del documental, hay otros asuntos que tampoco han sido investigados: los ingresos del fiscal no justificados con su sueldo. La cantidad de propiedades, los gastos, y el departamento en Le Parc que alquilaba sin contrato alguno. ¿De dónde provenía ese dinero? ¿Quién financiaba a Nisman?

Por último, otro dato pasado por alto son las llamadas y mensajes con dueños de agencias de modelos, y su vínculo habitual con modelos, demostrado en mensajes y fotos. ¿A nadie llama la atención esto? ¿Cuál es la red de prostitución VIP a la que el fiscal, como tantos otros, suscribía? Si los ricos tienen el poder de investigar y hacer justicia, ¿quién se ocupa de juzgar sus redes clandestinas?

Investigar la muerte de Alberto Nisman parece ser un camino que permite descubrir uno por uno los pecados capitales del fiscal, y el intento desesperado de algunos círculos por desviar esta pista hacia la hipótesis de su homicidio.

Tanto la serie documental como las investigaciones que surgieron y se potenciaron a partir de su estreno, dan cuenta de un fiscal altamente corrupto que obtenía y lavaba dinero ilegalmente, que operaba para agentes de inteligencia en lugar de investigar, que obstruyó la búsqueda de justicia en la causa AMIA, que muy probablemente tenía consumos en redes de prostitución VIP, y que, finalmente, presentó una denuncia contra el gobierno sin ningún respaldo ni sustento legal.

El estado de su causa, el obrar de Arroyo Salgado, las idas y vueltas de la causa AMIA, y las irregularidades del juez Bonadío, entre otros, son las piezas inconexas de una casta judicial que sustenta niveles de vida exultantes para que nunca se resuelva ningún caso. La verdad, para ellos, es pura frivolidad.

La muerte de Nisman parece hoy una novela interactiva que cada una y cada uno lee desde un ángulo diferente, armando su propia versión de los hechos. Una suerte de Rayuela escalofriante, sin pasajes románticos, con abundancia de episodios sórdidos y plagada de huecos argumentales. Para quien escribe, es sin dudas la historia de alguien que terminó ahogándose en las aguas turbulentas del poder. Aguas que el común de los mortales tan poco conocemos pero que, a la vista, huelen muy mal.

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El martes 20 de noviembre se presentó en el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas el “Atlas del Agronegocio”, una producción conjunta de la Fundación Rosa Luxemburgo, la Fundación Heinrich Böll y el Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente (GEPAMA). Una herramienta de lucha política por parte de la academia para la sociedad civil.

“Campos, animales y praderas: las imágenes en los empaques de los alimentos nos hacen pensar en una agricultura campesina, en un oficio tradicional y en una naturaleza intacta. Muchas personas saben que, con frecuencia, estas imágenes no tienen absolutamente nada que ver con la agricultura actual y con la producción industrial de alimentos”. Esas son las primeras líneas del prólogo del Atlas del Agronegocio, un compendio de artículos de investigadores, investigadoras, periodistas y, en definitiva, especialistas del modelo agrícola de todo el mundo que tradujeron miles de horas de trabajo a un lenguaje accesible para el público no especializado.

Esta versión es una traducción al español del Atlas lanzado el año pasado en Alemania por la Fundación Heinrich Böll y Le Monde Diplomatique, que cuenta también con traducciones al inglés y al portugués. La versión para el Cono Sur, lanzada hace una semana, cuenta con artículos específicos para Chile y Argentina y fue coproducido por la Fundación Rosa Luxemburgo y el Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente (GEPAMA).

El Atlas tiene un objetivo muy claro: mostrar la tremenda concentración de poder de las industrias vinculadas a la alimentación a lo largo de toda la cadena de suministros, desde la producción hasta el supermercado, y sus impactos devastadores sobre las poblaciones y los territorios.

Esta concentración tiene una preocupante tendencia en aumento. Sus efectos son múltiples y con un correlato social netamente negativo. La presión por parte de las cadenas de supermercados sobre los precios de los alimentos, que tienden a incrementar la pobreza, las pésimas condiciones laborales en la agroindustria y las graves consecuencias sobre el medioambiente y el clima son sólo algunos de los ejes que se propone iluminar el Atlas.

Para discutir algunos de estos puntos fueron invitados Walter Pengue, Soledad Barruti y Damián Verzeñassi. El panel fue presentado por Patricia Lizarraga, coordinadora de proyectos de la oficina de enlace en Buenos Aires de la Fundación Rosa Luxemburgo e Ingrid Wehr, directora regional del Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll, que hicieron unas breves introducciones para dejar luego la coordinación de la mesa a Sergio Elguezabal.

El primero en tomar la palabra fue Walter Pengue, Ingeniero Agrónomo y Magíster en Políticas Ambientales y Territoriales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Este Atlas llega en un momento clave. La discusión sobre la agricultura en Argentina es fundamental. Es una agricultura que puede producir bien y mejor tanto para el país como para el exterior, de manera excedentaria tanto por la riqueza de su suelo como por los recursos naturales que tiene”. Es que a diferencia de Europa, por ejemplo, no hay restricciones para la producción agrícola en ningún momento del año.

Esta potencialidad de la agricultura argentina sólo es posible con una diferente inserción en el mercado mundial. En la actualidad (y desde hace mucho tiempo), la región latinoamericana no es más que un reservorio de materia prima para los países más desarrollados, que estarán haciendo presencia en nuestras latitudes esta semana por la cumbre del G-20. Una de las funciones de esta cumbre, justamente, es observar qué tenemos para ofrecer como productores para satisfacer el capitalismo brutal de sus territorios al costo más bajo posible.

En contraposición a este modelo, Pengue propone “la agroecología con agricultores. Cuando nosotros hablamos de agroecología hablamos, primero y principal, de la gente y del entorno. No hay agroecología si no hay un cambio rotundo en la ecología como tal”. Algunas de las discusiones necesarias para este cambio son la inclusión en las decisiones de los pueblos fumigados (algunas de las víctimas más representativas del modelo agroextractivista), la desconcentración de la industria mecánica agrícola y el retorno a los pueblos de la propiedad de las semillas.

En relación a este último punto, Soledad Barruti, periodista especializada en alimentación y autora de los libros “Malcomidos” y “Mala Leche”, analizó el rol de los bancos de semillas y el impacto sobre la biodiversidad que “está en total crisis actualmente. Toda la diversidad de alimentos de la historia de la humanidad está en riesgo porque a medida que no se producen en el territorio o que son sustituidos por productos comerciales dejan de tener su lugar en la tierra”.

Los bancos de semillas surgen como un intento de salvaguardo de la biodiversidad para garantizar la seguridad alimentaria y que ninguna especie de semilla desaparezca en el transcurso del tiempo. El problema es que esos bancos son cámaras frías, que no tienen contacto con la tierra. Para Barruti, “se está cortando esa historia de esa semilla que aprende año a año, en contacto con el territorio. Si las aislás en un laboratorio estás cortando con eso”.

Otro de los problemas claves para la periodista es el avasallamiento de los cuerpos. En el artículo que escribió para el Atlas habla sobre la comunidad boliviana Capirendita, en Villa Montes, limítrofe con Argentina, que tiene cada vez más casos de niños y niñas de 8 años o más con diabetes tipo 2, la cual sólo se adquiere a partir de una mala alimentación y hasta hace algunos años se consideraba una enfermedad exclusiva de adultos. “No entendían lo que pasaba. Lo único que tomaban eran bebidas azucaradas, no tomaban otra cosa. Incluso reemplazando al agua. Son el ejemplo perfecto de los problemas que el agronegocio lleva a la mesa, el último eslabón”. Esta comunidad es sólo una pequeña muestra de las 24 millones de personas con diabetes tipo 2 en América Latina.

Las consecuencias de la mala alimentación y la sustitución de la comida son muy graves para la salud. Los efectos más evidentes son la obesidad y el sobrepeso. Lo grave es en realidad lo que acompaña ese aumento de peso, que son una amplia gama de enfermedades (diabetes, hígado graso, problemas cardiovasculares, entre otras) que afectan a cada vez más niños y adultos. Esto no es una mera pretensión elitista de “comer sano”: los organismos internacionales alertan que esta situación puede directamente quebrar países, ya que atender a todas esas personas colapsaría los sistemas de salud, tanto públicos como privados.

Las consecuencias de suplantar los alimentos sanos también impactan sobre la subjetividad de los y las comensales. Para Barruti, esta batalla con las empresas de alimentos es una disputa cultural. ”La industria se mete en la intimidad de tu casa. Secuestra tu paladar y va performateando tus momentos de desayuno, de almuerzo, de cena. Las personas tienen antojos provocados por las marcas que sólo ellas satisfacen. Eso es gravísimo porque se desmantela cualquier forma de cultura o de identidad que no sea la de la marca alrededor de la comida”.

En la misma línea se expresó el médico paranaense Damián Verzeñassi, otro de los expositores de la presentación. El especialista remarcó el impacto del agronegocio que “nos roba no sólo nuestra identidad genética y cultural, sino que nos roba nuestros gustos, nuestros sabores, nuestros olores y colores y nos roba nuestras vidas”. La afirmación no es una exageración: ser un militante ambiental en América Latina es una de las profesiones más peligrosas, ya que tienen los índices de asesinatos más altos de la región.

Mientras la discusión sobre los derechos humanos por parte de las empresas se limita a cuánto pagan de multa por cometer una “infracción”, el Atlas pone de manifiesto la otra cara, la cual es exigir el derecho y el respeto de la integridad física. En palabras de Verzeñassi, “si no definimos tener veneno en nuestros cuerpos, tener transgénicos en nuestros cuerpos, tener microplásticos en nuestros cuerpos, han violado nuestros cuerpos y eso es una violación a los derechos humanos”.

El vínculo con el territorio se vuelve entonces fundamental para replantear el modelo de producción agrícola actual. El primer paso de las empresas relacionadas a la alimentación fue haber expropiado a sus pobladores de sus territorios y generar el consecuente desarraigo. A partir de ahí cobra sentido el objetivo de la industria alimenticia: ¿para qué necesitan territorio si ella se encarga de proveer todos los alimentos?

Para Verzeñassi, esto constituye una “privación de la soberanía alimentaria”. La posibilidad del sostenimiento a lo largo del tiempo de este modelo ecocida es a partir de esa lógica. La salida de los pueblos de su territorio para trasladarse y ser parias en los cordones de las grandes ciudades, es una de las consecuencias directas de este accionar. “Necesitamos recuperar nuestra relación con los territorios, necesitamos recuperar nuestro entendimiento de los ciclos de la vida y, en esa deconstrucción, tenemos que entender que el alimento es la columna vertebral a partir de la cual podremos salir de este sistema o habremos fracasado”, enfatizó el médico.

Otro aspecto importante de la discusión fue el eje de las nuevas tecnologías. “Las tecnologías nos van a salvar” es una de las falacias que el Atlas trata de desarmar. La velocidad a la que avanzan estas nuevas herramientas de dominación y destrucción de los cuerpos es aún mayor que lo que venía sucediendo con los transgénicos. Para Verzeñassi, “si estamos acá es porque nos vendieron el discurso de que la tecnología nos va a salvar. Porque creímos en la tecnología aceptamos la revolución verde, porque creímos en la tecnología aceptamos todo el avance de la revolución biotecnológica y ahora, no solo no se resolvió el problema del hambre, sino que se profundizó”.

El panorama es ciertamente preocupante. Varios son los y las militantes agroecológicas asesinados, siendo quizás el más conocido el caso de Berta Cáceres en 2016, líder indígena lenca, feminista? y activista del medio ambiente de Honduras. Esta situación la confirman entidades como Amnistía Internacional, que hizo informes sobre cómo fue creciendo la cantidad de activistas ambientales asesinados, sobre todo en América Latina. A pesar de lo preocupante de esta información, Verzeñassi no quiso dejar de resaltar que “eso nos lleva a incrementar nuestros vínculos, nuestras relaciones, nuestros acompañamientos solidarios, para que sepan que no estamos solos. Como dijo Vandana Shiva: “Se ponen contentos cuando nos entierran, pero no se dan cuenta que somos semilla”.

Publicada originalmente en Fundación Rosa Luxemburgo

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El Altas del Agronegocio. 
Datos sobre la industria agrícola y de alimentos.

Fundación Rosa Luxemburgo, Fundación Heinrich Böll y Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente (GEPAMA).

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Trabajadores y trabajadoras de la Cooperativa Cueroflex ocuparon a principios de julio el Ministerio de Energía para protestar contra los tarifazos. La decisión fue acompañada por la Corriente Federal de Trabajadores, la Federación Gráfica, la Federación de Cooperativas y Trabajadores Autogestionados y el gremio de Curtidores, entre otras organizaciones sindicales y sociales. Marcha dialogó con Andrés Ruggeri, del Programa Facultad Abierta, sobre la situación crítica de las fábricas recuperadas.  

Permanecieron unas horas en el hall. Las autoridades se comprometieron a evitar los cortes de luz y gas en las fábricas recuperadas y cooperativas. Con esa promesa se levantó la protesta. ¿Qué podés comentar sobre esta situación que atraviesan las fábricas recuperadas y cooperativas?

Esa fue una medida que se tomó entre varias organizaciones. Cueroflex fue la que más trabajadores aportó porque es una de las más complicadas por el tarifazo. Pero es una situación que afecta a todas las empresas recuperadas, sobre todo las industriales que tienen altos costos energéticos. Hay una situación que no sólo es para las recuperadas, para las Pymes también, en general para toda la economía que no es especulativa ni exportadora. Son estos altísimos costos que está generando el tarifazo que viene implementando el gobierno desde que asumió y que compromete la actividad productiva del país. La diferencia con las fábricas recuperadas es que tienen la capacidad de movilizarse y visibilizar el reclamo.

Hay cierta desesperación porque la situación está llegando al límite en muchas fábricas. Esta nueva vieja gestión, porque la política es la misma, solo cambiaron algunos personajes, tuvo que abrir un poco la negativa férrea que venían teniendo hasta ahora donde no había nada que negociar. Esta vez prometieron suspender los cortes, aunque no sé exactamente si se avanzó en la promesa de discutir una tarifa diferenciada para las recuperadas.

Los aumentos de gas y electricidad impactan fuertemente, como vos bien decís, no solamente a las empresas recuperadas por sus trabajadores sino también a las pequeñas y medianas empresas. Mencionaste dos temas, la tarifa diferencial y la suspensión de los cortes. ¿Hay alguna otra medida que exijan las recuperadas? No solamente en referencia al tema energético, sino de conjunto.

Hay varias. Inclusive con el tema energético hay otra medida más que es el congelamiento de las deudas. Porque lo que está provocando mayores problemas es que se va acumulando deuda. Por ejemplo, Cueroflex tiene una deuda de casi 9 millones de pesos entre gas y luz y todos los meses le llega un millón más. La deuda sube exponencialmente, puede no cortarse el suministro pero la deuda se acumula. Lo que se está intentando es aguantar hasta que cambie la situación política, hasta que cambie el gobierno. Evitar el cierre por causa de esta situación. Pero después hay muchas otras, un pedido histórico como es la Ley de Expropiación.

Algo se resolvió favorablemente en Santa Fe.

En Santa Fe y en otras provincias un poco más insólitas en este sentido porque no se caracterizan por tener empresas recuperadas, como son La Rioja y San Luis, donde hay una decisión política de los gobiernos de avanzar en las expropiaciones y en darle las fábricas que van cerrando a cooperativas de trabajadores. Hay casos nuevos en esas provincias.

¿Ha habido cierre de empresas recuperadas por estas razones que estamos comentando?

Sí. Hubo algunos cierres. Estamos por sacar un nuevo informe y una de las cosas que más nos llaman la atención es una cantidad importante de fábricas que si bien siguen en manos de los trabajadores, están trabajando con muy bajo nivel de producción o directamente están paradas. Una de las causas son las tarifas impagables.

Dos ejemplos. Una es Inimbó que es una textil de Resistencia, Chaco, una de las primeras recuperadas en 1993 que está prácticamente sin trabajar y otra en Santa Fe, Vitrofin, una fábrica de cristalería fina con vidrio soplado que no pueden prender los hornos siendo prácticamente todo el costo que tienen. De hecho hace dos o tres semanas se hizo una gran actividad para recaudar dinero, una cena solidaria en Rosario para ayudar a Vitrofin. Es una situación que se está expandiendo y hay pérdida de puestos de trabajo porque la gente se empieza a ir de las cooperativas.

Es lo que está pasando en Neuquén con Zanón.

Zanón acumula una deuda infernal, de millones de pesos.

Se han ido muchos trabajadores. Están también las problemáticas que tienen que ver con la Justicia. En el caso de La Toma, y en el caso de una de las cerámicas recuperadas de Neuquén, el Bauen también.

Sí. El Bauen tiene una deuda de agua muy importante.

Estuviste bastante tiempo fuera del país, viajaste a Sudáfrica ¿Cómo marcha la organización de los congresos regionales de fábricas recuperadas?

Se están organizando en este momento los tres que se vienen armando como regionales, el de Sudamérica va a ser a principios de noviembre en Chile, del 1 al 3 en Santiago. El comité local ya está funcionando, ahora estamos por empezar la convocatoria a nivel regional.

El otro que viene con fuerza es el de América del Norte, impulsado por el cambio de gobierno que va a haber en México. Se va a hacer del 8 al 10 de noviembre en la ciudad de México en las instalaciones de la nueva cooperativa que se armó con el sindicato mexicano de electricistas que es la Cooperativa Luz y Fuerza del Centro.

Un sindicato de mucha tradición de lucha.

Y que vivieron una situación terrible cuando Felipe Calderón, el Presidente anterior a Peña Nieto que llegó al poder por fraude contra López Obrador en 2006, cerró directamente la empresa de energía estatal de la ciudad de México que era donde estaban prácticamente todos los afiliados al sindicato. Una situación de mucha lucha que finalmente llevó a la formación de esta cooperativa. Y en ese encuentro de América del Norte se está desarrollando con mayor activismo la zona de EE UU y Canadá. Hay un foro de izquierda que se hace todos los años en Nueva York donde hubo una mesa especial para tratar el tema de la economía de los trabajadores y especialmente para la organización de nuestra red que tuvo bastante repercusión, así que creo que va a haber un salto importante de esa regional.

La regional europea viene con un poco más de retraso, hubo dificultad de los compañeros de Rimaflou, que eran los que iban a organizar, después dijeron que no y ahora retomaron la responsabilidad de organizar el tercer encuentro regional que va a ser en Milán entre marzo y abril del próximo año.

¿Alguna novedad de Sudáfrica?

Estuve hablando con compañeros, di algunas charlas respecto de este tema. Está un poco verde la organización de una región en África, pero se está empezando a mover. En realidad yo estuve haciendo otro trabajo allá, en Angola y Namibia. En Sudáfrica también hubo un cambio de gobierno al estilo Dilma Rousseff, una especie de golpe parlamentario, asumió otro Presidente, hubo una huelga general muy grande y empieza a haber un clima de lucha obrera.

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La movilización de las y los trabajadores chubutenses frente al ajuste no se detuvo ante la lluvia y llegada anticipada del invierno patagónico. A las respuestas insatisfactorias de las autoridades, en medio de una paralización general de las actividades de la provincia, se sucedieron los acampes, los cortes de ruta y las tomas de ministerios y delegaciones provinciales.

El gobierno nacional de Mauricio Macri celebra que la Argentina vuelve a recurrir a los préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y usa el veto presidencial para dar luz verde a los tarifazos de los servicios públicos. Mientras tanto, la inflación se desboca, la devaluación del peso no encuentra freno y se expanden los conflictos sociales.

Nos sobran los motivos: Cronología reciente de la acción directa de las y los trabajadores

Las protestas llevan más de tres meses, cuando se montó la Carpa de Unidad frente a la Casa de Gobierno en la ciudad de Rawson (capital provincial), dando inicio a un acampe que se mantiene hasta la actualidad. Distintos sectores de trabajadores reclaman, principalmente, aumento salarial y apertura de paritarias, aunque otros motivos se suman a la conflictividad. La situación se ve agravada con el endeudamiento que acarrea la provincia. “Hace un año que no tenemos aumento salarial (…) Esto arrancó el año pasado cuando no nos respetaron la paritaria salarial”, sostuvo Guillermo Quiroga, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Chubut, ante las cámaras de la cadena venezolana Telesur.

El gobierno provincial de Mariano Arcioni -quien en noviembre de 2017 asumió el cargo de gobernador a la muerte del anterior mandatario Mario Das Neves- propuso la semana pasada el pago de un bono de $3.000 a los empleados que cobran hasta $30.000, pero la oferta fue rechazada por los sindicatos.

Ante la falta de respuestas favorables, en el marco de jornadas de lucha y huelgas provinciales, las y los trabajadores han cortado las rutas y tomado ministerios y delegaciones públicas. El 29 de mayo, las y los docentes ocuparon los edificios de Supervisión de Escuelas en Comodoro Rivadavia. En esa jornada, en la ciudad de Puerto Madryn, el acto de entrega de viviendas del gobernador Arcioni se vio envuelto en forcejos e incidentes en el vallado de seguridad, cuando una movilización encabezada por representantes de ATE y Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) quiso alcanzarle un petitorio al mandatario.

En Rawson, el 30 de mayo, docentes nucleados en la ATECH y autoconvocados tomaron el Ministerio de Educación, cuestionando además los pagos salariales escalonados.

El 1 de junio, la comunidad educativa de la Escuela N° 200 de Esquel realizó un abrazo simbólico al edificio en defensa de la educación pública, apoyando el derecho de las y los trabajadores y el de las niñas y los niños a estudiar gratuitamente y en condiciones dignas. A la vez, solicitaron que se garantice el transporte gratuito para quienes se encuentran alejados de los centros educativos.

El día 2 de junio, docentes y estudiantes intentaron ocupar la Supervisión de Escuelas de Esquel, articulando con los reclamos que ATECH realiza ante el Ministerio de Educación. Sin embargo, los manifestantes no consiguieron entrar las instalaciones porque la policía se los impidió y realizaron un acampe en el acceso al edificio.

El 5 de junio, en Puerto Madryn, las y los trabajadores realizaron un corte total sobre el Acceso Sur de la ruta 3. En la ciudad de Esquel, se cortaron parcialmente las rutas 40 y 259, y trabajadores de la Dirección General Oeste de Obras Públicas cortaron calles. Ese mismo día, docentes de distintos niveles de enseñanza y padres de alumnos ocuparon las instalaciones de la delegación del Ministerio de Educación de Puerto Madryn, agregando a los reclamos la concreción de obras para las escuelas con problemas edilicios. En este sentido, un caso emblemático lo constituye la Escuela N° 222 de esa ciudad que, desde el mes de enero de este año, se encuentra en peligro de derrumbe en algunos sectores.

El 6 de junio, en Esquel, se sumó la ocupación de la Delegación Administrativa Región III del Ministerio de Educación por parte de las y los auxiliares de la educación agremiados en ATE. La toma se realizó en el marco del inicio del paro de 72 horas dispuesto por el sindicato y en demanda de pase a planta permanente de 300 trabajadores y trabajadoras que se desempeñan como monotributistas.

El 8 de junio, en la misma ciudad, trabajadores de la Corporación de Fomento (CORFO) de Chubut, afiliados a ATE, ocuparon el edificio de esa entidad. A ese local también se acercaron solidariamente los trabajadores del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC) y de la Subsecretaría de Bosques de la provincia. Además, en horas de la noche se realizó una marcha de antorchas “en defensa de la Educación Pública”. Asimismo, en la pequeña localidad de Río Senguer, dos escuelas realizaban acciones de movilización que empalmaban con los reclamos de la educación pública provincial. A estos acontecimientos de la jornada, hay que sumar las movilizaciones de docentes y trabajadores de la Cooperativa de Luz y Fuerza que se produjeron en Camarones.

Vale agregar que, en lo que va del mes de junio, también se efectuaron ocupaciones de delegaciones provinciales en el paraje Las Golondrinas (en las inmediaciones de Lago Puelo) y Sarmiento.

El silencio no es salud

Los trabajadores y las trabajadoras de la salud provincial desde hace tres meses están con retención de tareas y también se adhirieron al paro, aunque mantienen la atención de urgencia y los servicios de emergencias. Denuncian el vaciamiento de la salud pública y reclaman falta de medicamentos e insumos en los hospitales, precarización laboral e incumplimiento del convenio colectivo de trabajo. A esto se añade la suspensión del Servicio de Obra Social (SEROS) de la provincia.

El 4 de junio, las y los trabajadores de los hospitales de Esquel, Trevelin y de la región cordillera aledaña decidieron, en el marco de la Asamblea Interhospitalaria del Noroeste de Chubut, la ocupación del edifico de Área Programática de Esquel, dependiente del Ministerio de Salud provincial.

El silencio de los principales medios de comunicación de la Argentina ha llevado a un relativo ocultamiento del conflicto de Chubut durante varios días. Lejos de una omisión casual, el silencio trata de encubrir los efectos sociales devastadores del ajuste del gobierno nacional y la complicidad de las administraciones provinciales. Un sigilo poco saludable y beneficioso para otros negocios que quieren hacer pie en la provincia.

Las fauces de la megaminería

Ante la crisis económica, las ofertas laborales prometidas por la megaminería buscan presentarse como una salida posible y aceptable, intentando dar vuelta el rechazo popular que mediante plebiscito le impuso la población cordillerana chubutense en 2003. Recordemos que, en marzo de ese año, el “No a la mina” concentró en Esquel el 81% de los votos, obteniéndose resultados similares en consultas populares realizadas en Trevelin, Lago Puelo y Epuyén. Dos meses más tarde, la Ley provincial N° 5001 concretó la prohibición de la actividad minera a cielo abierto y con uso de cianuro en toda la provincia.

No obstante, la población de la Meseta Central Norte provincial padecen el asedio permanente de representantes de las empresas megamineras. Así lo denunció el sacerdote Antonio Sánchez, en diálogo radial con Kalewche FM, quien sostuvo que ocho intendentes de diferentes localidades promocionan actividades mineras en torno a los yacimientos de plata, plomo y uranio.

Asimismo, otros sujetos -vinculados a la Asociación Sindical de Personal Jerárquico Profesional y Técnico de la Actividad Minera en la Argentina (ASIJEMIN)- solicitan a la población de Paso de Indios, Paso del Sapo, Gan Gan, Gastre, Lagunita Salada, Las Plumas y Telsen que acerquen sus currículums, prometiendo empleo en localidades con falta de políticas públicas y empobrecidas por el ajuste provincial y nacional. En paralelo, en la ciudad de Trelew, se realizó por estos días una conferencia a favor de la actividad minera promovida por la empresa Pan American Silver.

Frente al reflote de la alternativa minera por parte de los intereses corporativos y de dirigentes políticos asociados, la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (UACCH) produjeron un manual que propone difundir las implicancias de la megaminería. El material conjuga el aprendizaje popular con argumentos científicos y datos provenientes de fuentes probadas y válidas. La resistencia se mantiene despierta.

Unidad de las y los trabajadores

El 7 de junio, la oferta brindada por el gobierno provincial -centrada en un aumento salarial exiguo y escalonado- a la Mesa de Unidad Sindical (MUS) de Chubut no fue aceptada y el paro provincial se extenderá toda la próxima semana. El ministro Coordinador, Marcial Paz, solicitó a los gremios negociar abandonando las medidas de fuerza.

La MUS está compuesta por el Sindicato de Trabajadores Viales Provinciales de Chubut (SITRAVICH), el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH), el Sindicato de Trabajadores de la Educación (SITRAED), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), la ATE, el Sindicato Único de Administraciones Portuarias (SUTAP), la ATECH, el Sindicato de Auxiliares de la Educación de Chubut (SADECH), Asociación Personal del Instituto de Seguridad Social y Seguros (APISSYS), el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), y la Asociación del Personal Legislativo (APEL). Además, está representada por los niveles provinciales de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de los Trabajadores, y la CTA Autónoma.

Sin embargo, las bases autoconvocadas, el apoyo de comerciantes, padres de estudiantes, y el mecanismo decisorio de las asambleas están imprimiendo de dinamismo y combatividad a la dirección de la lucha provincial. Soportando el frío gélido, Chubut arde por su futuro.

* Profesor de la carrera de Relaciones Internacionales e Integración de la Universidade Federal de Integração Latino-Americana (UNILA), Brasil/Investigador del Grupo Interdisciplinar sobre Capitais Transnacionais, Estado, Classes Dominantes e Conflitividade na América Latina e Caribe (GIEPTALC)/Director del Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO), Argentina.

Notas relacionadas: Chubut: docentes enfrentan al frio gobierno provincial

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El viernes, en la residencia presidencial de Olivos, Carrefour y el sindicato de Comercio firmaron un “Acuerdo colectivo de crisis”. Este habilita a la empresa francesa a 1.000 retiros voluntarios, baja de salarios, rebaja del 50% de las cargas sociales y cierre de sucursales con solo avisar al Ministerio y el gremio 30 días antes. La multinacional estará formalmente en crisis hasta marzo de 2021, lo que le permitirá abaratar los despidos.

Este sábado en muchos hipermercados (San Lorenzo, Warnes y otros), así como en varias sucursales de distintos barrios, hubo asambleas y paros. El rechazo al acuerdo, que implica no solo la pérdida de puestos de trabajo hoy sino una espada de Damocles por tres años, era mayoritario.

Ramón Muerza y Mario Amado, quienes tienen la intención de disputarle el sindicato que dirige hace 35 años Armando Cavalieri, participaron personalmente de las medidas. Cabe recordar que Comercio es uno de los sindicatos que aceptó el techo paritario impuesto por el gobierno nacional del 15% y que en febrero fue uno de los diez gremios que “en concepto de capacitación” se repartieron 1.000 millones de pesos.

Mario Amado aseguró que “este acuerdo es nefasto para nosotros. Cavalieri no nos representa. Nos deja tres años a merced de una empresa que nos mintió”. Además denunció que “esta crisis la generó la empresa hasta con actos de corrupción dentro de la misma empresa. En los últimos 12 años hubo sobreprecio para el mantenimiento”.

La medida fue levantada luego de que directivos de Carrefour aceptaron recibir a integrantes de la Secretaría de Organización en un hotel del centro porteño y se confirmó una reunión en el Ministerio de Trabajo para este lunes a las 16:00. Allí serán recibidos también los delegados que se oponen al acuerdo.

Esta primera reacción también tiene eco en otras grandes cadenas. Es que el temor que empezó a correr ayer, una vez que viera la luz lo pactado por Cavalieri, Carrefour y Jorge Triaca, es que Cencosud, Wallmart, Coto y Día % sigan el mismo camino y busquen un trato similar por parte del Ministerio de Trabajo. Eso generalizaría los despidos y la reducción de salarios en toda la actividad.

Por su parte, con un comunicado emitido ayer, el Sindicato de Choferes de Camiones comunicó que, en la sede de La Federación de Choferes de Camiones de Argentina, se reunieron Hugo Moyano, Pablo Moyano, Marcelo Aparicio y Oscar Borda, con Rami Baitieh, CEO de Carrefour. El representante de la compañía se comprometió ante los directivos de Camioneros a respetar la planta de personal correspondiente al convenio 40/89 de este sindicato que agrupa a 1.700 trabajadores de un total de 19.000, asegurando que no habrá despidos.

Los puntos principales de este acuerdo -que tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2021- y en el cual las partes se comprometen a mantener la “paz social” incluyen:

–1.000 retiros voluntarios: hasta el 150% de indemnización y con “beneficios” en cuanto a seguro médico para embarazadas y matrimonios y “gratificación” a quienes estén en condiciones de jubilarse. Se establece un adicional de cobertura médica de 18 meses para las trabajadoras embarazadas que renuncien, de 12 meses para las parejas que trabajen en la empresa y decidan irse y una moratoria de hasta dos años para los que se encuentren a dos años de jubilarse.

Hasta octubre de 2019 la empresa se compromete a no despedir personal. Desde noviembre de 2019 hasta marzo de 2021, Carrefour podría despedir trabajadores pagándoles por debajo de la indemnización que corresponde, gracias a la vigencia del proceso preventivo de crisis.

–cierre de sucursales: con 30 días de preaviso al sindicato y al Ministerio de Trabajo y reubicación de quienes quisieran mantener la relación laboral buscando un “equilibrio sustentable en la dotación de cada sucursal”.

–baja de salarios: aplicación de las negociaciones salariales sólo al básico del convenio, dejando por fuera los adicionales, lo que reduce los haberes por lo menos por los próximos 3 años. El acuerdo contempla que las actuales paritarias del sector se apliquen sólo a la categoría básica de convenio, mientras que la suba en los adicionales tendrá un tope de 3.480 pesos. Pero, además, desde 2019 hasta 2021 las subas salariales se aplicarán sólo sobre el básico de convenio, lo cual excluye de las paritarias una parte del actual sueldo de bolsillo de los trabajadores de Carrefour.

 –rebaja de aportes patronales: exclusión del pago del 50% de las contribuciones previsionales patronales sobre la totalidad de la plantilla de empleados. “Se acuerda por un plazo de 18 meses (…) la exclusión del 50 % de las contribuciones previsionales patronales sobre el total de las remuneraciones de todo el personal integrante de la nómina de la empresa”.

–cláusula de paz social: “las partes se comprometen a mantener la paz social en el seno de la empresa (…) ante cualquier situación de conflicto que pudiera avecinarse”, reza el punto Quinto del acuerdo.

El abogado y ex diputado Héctor Recalde calificó de “ilegal e inconstitucional” ya que viola derechos adquiridos de los trabajadores, como la remuneración y las condiciones de trabajo, y extiende su plazo de acción a 30 meses”.

Notas relacionadas: Carrefour anuncia despidos masivos

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Miles de trabajadores y trabajadoras se movilizaron en distintos puntos para frenar los despidos, por las negociaciones paritarias y por aumentos salariales. En la movilización del próximo miércoles habrá una columna que exigirá un paro nacional y un plan de lucha unificado a las centrales y sindicatos que dicen oponerse al ajuste.

Para los trabajadores y trabajadoras organizadas el jueves la jornada comenzó temprano con concentraciones en los diferentes puntos del área Metropolitana donde hay despidos: Hospital Posadas, INTI, Jefatura de Gabinete. Hacia el mediodía, por los distintos accesos a Capital Federal fueron arribando columnas organizadas: Acceso Oeste, Sur y Norte. Fue al mediodía que miles confluyeron en la intersección de 9 de Julio y Avenida de Mayo. Hacia las 14 horas comenzaba el acto central de la jornada en Plaza de Mayo.

Abrió el acto la madre de todos los luchadores y luchadoras, Nora Cortiñas: “Pedimos la reincorporación inmediata de todos y todas las despedidas y despedidos porque todos y todas son imprescindibles. No sobra nadie, en ningún puesto, todos y todas somos imprescindibles. 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre, hasta la victoria siempre, ¡venceremos!”.

Hugo “Cachorro” Godoy tomó el micrófono e informó que durante toda la jornada hubo paro y movilizaciones desde Jujuy a Tierra del Fuego. Como parte de la Federación Azucarera Regional, Rafael Vargas dijo: “Venimos de Salta y Jujuy representando a la Federación Azucarera Regional (FAR) que ante este avasallamiento ha preparado una caravana para el lunes 19, transitando más de 200 kilómetros visibilizando nuestros conflictos”.

Al coreo de “En INTI no sobra nadie, en INTI no sobra nadie”, tomó la palabra el delegado General de ese organismo, Francisco “Pancho” Dollman, que afirmó que en ningún sector del Estado sobra gente. “Van 21 días de acampe y permanencia, 21 días de construir un camino que tiene que ver con el compañerismo, la lucha y el compromiso”, añadió a la vez que dijo que entre los despedidos hay 40 delegados.

Sobre el conflicto en el Hospital Posadas, que enfrenta 122 despidos, habló Mirta Jaime de CICOP: “El Hospital Posadas no se vende, se defiende, y al gobierno de Macri le decimos que no estamos dispuestos a seguir con este plan de ajuste porque estamos dispuestos a defender el trabajo y una salud universal, gratuita y de calidad para todos y todas”.

Recién llegado de Río Turbio, habló Cristian Rodillo: “El carbón se transforma en energía para darle electricidad a 4 provincias, pero este Gobierno cree que eso es inviable. Le decimos basta a la política del Gobierno Macri. Tenemos que estar organizados. No queremos a nuestros dirigentes al frente, los queremos al lado. Con organización vamos a poder lograr que esta lucha salga adelante”.

Por su parte, Gustavo Montiveros, del SENASA pidió “la inmediata reincorporación de los compañeros y compañeras y también queremos denunciar y poner en alerta a la población sobre el achique de nuestro organismo y el peligro sanitario para todos los ciudadanos y ciudadanas que consumimos productos de origen cárnico y de origen vegetal, dado que están sacando los controles del Estado y se lo están dando a los entes privados encabezados por la Sociedad Rural Argentina”.

En representación de los SUTEBA combativos que movilizaron en toda la provincia, Romina Del Plá, dijo: “Traigo el saludo de la docencia a esta movilización de sindicatos, organizaciones de obreros ocupados y desocupados, movimientos sociales”, y sentenció: “Frente a los despidos y los cierres de fábricas nos planteamos la necesidad de la ocupación y de las huelgas”.

Por los trabajadores de prensa, habló el secretario General del SIPREBA, Fernando “Tato” Dondero: “Estamos orgullosos de ser parte de esta movilización porque es la marca de los conflictos y la lucha. Porque es la movilización de los trabajadores para cambiar el rumbo de ajuste de este gobierno” e informó que en prensa se perdieron en los últimos dos años más de 2.000 puestos de trabajo: “Cada vez menos voces y menos democracia para decir lo que pasa en el país”, remarcó al tiempo que denunció el achicamiento y vaciamiento de los medios públicos.

Fredy Mariño, de la Corriente Clasista y Combativa dijo que esta movilización es “ejemplo de unidad porque la patria está en peligro”. En representación de CTEP, hizo uso de la palabra el referente de La Dignidad, Rafael Klejzer, quien manifestó: “Quiero saludar este paro activo porque imagínense qué haría el sector más rezagado, que es el de la economía popular sin un Estado presente, o sin trabajadores comprometidos en la construcción de un Estado para todos”.

Jorge Adaro, Secretario General de Ademys, añadió: “Esta es una jornada ejemplar que va en el curso de avanzar en nuestro repudio y lucha contra el ajuste del gobierno y los gobernadores. Los docentes ya estamos debatiendo qué vamos a hacer, y si no hay marcha atrás con el tope salarial del 15 %, habrá paro”, anunció.

Walter Córdoba habló en nombre de Barrios de Pie: “Es un orgullo estar acá reclamando la emergencia alimentaria para nuestros comedores escolares y comunitarios. Queremos un Estado presente que fortalezca nuestros derechos”, remarcó.

El acto cerró con las palabras del secretario General Adjunto de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro quien informó que en el marco de la Central, “hoy están parando los estatales pero también los compañeros de la actividad privada como los AAPM, que enfrentan a la industria farmacéutica, los docentes de Conadu Histórica y los médicos de Fesprosa”.

La jornada terminó con un abrazo a la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, ejemplo de lucha, coherencia y resistencia.

Movimientos Populares 

Miles de trabajadores de la economía popular, de la Ciudad de Buenos Aires, se movilizaron en el marco de la Jornada Nacional  #SialTrabajo #Noalajuste. Participaron la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) con el apoyo del movimiento obrero organizado de los distintos sectores.

El principal reclamo tiene que ver con la articulación del Estado para proveerse del trabajo y la producción de las diferentes cooperativas del sector. Se realizó un acto en el barrio porteño de Parque Patricios, donde se ubica la nueva sede del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de miles de trabajadores y trabajadoras.

Más de 40.000 trabajadores y trabajadoras de la CTEP, la CCC y Barrios de Pie marcharon junto a otras organizaciones sociales y sindicales, a la gobernación de la provincia de Buenos Aires en La Plata, en el marco de una jornada nacional de lucha hacia todas las gobernaciones del país. Le exigieron al gobierno de María Eugenia Vidal la emergencia Social y Alimentaria, y que un 25 % de los fondos para obras públicas sean destinados a cooperativas.

Además, estuvieron presentes Juan Carlos Schmid (CGT), Pablo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (Bancaria), Pablo Micheli (CTA), Roberto Baradel (SUTEBA), el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Popular Darío Santillán, el Frente Barrial 19/12, el Frente de Organizaciones Populares y el Frente Social 17 de octubre.

Los movimientos populares anunciaron que participarán de la jornada de lucha del 21 de febrero en la 9 de Julio y del paro y movilización nacional de mujeres del 8 de marzo.

Los luchadores votaron una columna independiente para el 21F

Dos mil trabajadores y trabajadoras se reunieron este sábado por la tarde en el Hospital Posadas.

El protagonismo lo tuvieron los conflictos en curso: los trabajadores del mismo Hospital Posadas, los mineros de Río Turbio, los trabajadores del Inti, Senasa, La Esperanza, UEP de La Plata, Ferrobaires, Diario Hoy de La Plata, Cresta Roja y Stockl, entre otros.

A la extensa lista hay que sumar al Hospital Garrahan, ATE Sur, Ministerio de Trabajo de la Nación, la Unión Ferroviaria de Haedo encabezada por Rubén “Pollo” Sobrero, las Listas Roja y Granate en la conducción del Sutna, Sindicato de Aceiteros, Comisión Interna de Mondelez-Victoria, trabajadores de Pepsico en lucha, entre muchos otros.

Uno de los objetivos de la coordinación es favorecer a los conflictos en lucha, mejorando las posibilidades de pelear. También hubo un capítulo especial para las docentes, que están en las puertas de un conflicto testigo por salario, igual que los bancarios. Por eso fue importante la participación de delegaciones de los SUTEBA combativos así como de representantes del SUTE (Mendoza), Ademys y AMSAFE.

Otro de los aspectos más importantes para avanzar en este camino fue la decisión, votada por unanimidad, de convocar a una jornada nacional de protesta el miércoles 28 de febrero. Ese día, quienes participaron del Encuentro deberán definir bajo qué modalidad son parte de una acción de lucha conjunta.

Las críticas hacia las conducciones sindicales burocráticas fueron un común denominador. Entonces, el miércoles 21 de febrero habrá una columna encabezada por los convocantes al Encuentro y otros sectores, que exigirá un paro nacional y un plan de lucha unificado a las centrales y sindicatos que dicen oponerse al ajuste.

Julián Morales, trabajador despedido de la UEP de La Plata planteó que “vamos a ir a la marcha del 21F pero con una columna independiente. No tenemos nada que ver con Moyano y no tenemos nada que ver con la burocracia sindical”, pero también fue crítico con el rol que venía jugando ATE Nacional y Provincial conducidos por “Cachorro” Godoy.

Luego de que pudieran intervenir todos los referentes que estaban en el Encuentro, se votaron a mano alzada las resoluciones. Para pelear por la reincorporación de los despedidos, contra los techos salariales y la precarización, contra la criminalización de la protesta y otros puntos, se definió:

– Organizar una columna independiente el 21F, con una bandera que plantee “Reincorporación de todos los despedidos, basta de ajuste. Paro General y Plan de lucha”. Además se pedirá que los que vienen enfrentando los despidos tengan una voz en el acto.

– Realizar una Jornada Nacional de Lucha el miércoles 28 de febrero, con acciones simultáneas en distintos puntos del país.

– Continuar con la coordinación, con una reunión el 6 de marzo que evalúe la jornada de lucha, nuevas actividades y la realización de un nuevo encuentro.

– El apoyo a la carpa que instalarán los mineros de Río Turbio en la Plaza Congreso.

– Apoyar a los docentes contra el techo salarial y a todos los gremios en lucha por el salario.

– Apoyar y promover el Paro Mundial de Mujeres del 8M. Exigir a las centrales y sindicatos que se pare efectivamente.

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El gobierno de Cambiemos avanza, no sin resistencias, con una serie de reformas que afectan negativamente las condiciones de vida de millones de personas. Las condiciones políticas, sociales y culturales en las que se juega el proyecto de gobierno macrista están siendo objeto de interesantes análisis por parte de muchas y muchos intelectuales y militantes. En buena hora.

El contenido del proyecto

En su capítulo 1, el proyecto de reforma laboral plantea una regularización del empleo en el sector privado. Exceptúa al ámbito rural, al de la construcción y a las empleadas de casas particulares, tres de los mayores bolsones de trabajo precario (e incluso esclavo) en nuestro país. Lo que en principio puede parecer beneficioso para los y las trabajadoras, esconde sin embargo una enorme condonación de deudas sobre la evasión tributaria a favor del sector empleador. La reforma perdona las deudas de las patronales y les otorga una suerte de amnistía sobre delitos como el fraude al fisco y aquellos otros que se desprenden de la precarización y el trabajo no formalizado.

El capítulo 2 trata la cuestión de las indemnizaciones. Sustituye la modalidad vigente según Ley 24.013, anulando el sistema de denuncia que los trabajadores poseen frente a la no registración o la registración incorrecta y reemplazandolo por un sistema de “infracciones” por la violación de normas de registración. Esta modificación coarta la posibilidad de acción judicial del trabajador/a hacia el empleador. Esto implica en los hechos una menor protección para la parte trabajadora y un abaratamiento de los costos por incumplimineto del empleador sobre las obligaciones de la seguridad social.

En el capítulo 3 se introduce un nuevo sujeto, no existente en la legislación laboral. Se trata de los llamados “trabajadores profesionales autónomos económicamente vinculados”, a quienes la reforma prescribe excluir de la Ley de Contratos de Trabajo (LCT). Actualmente dicha ley no se aplica al empleo público, trabajadores agrarios y personal de casas particulares, que tienen su legislación singular diferenciada. La reforma define a los trabajadores autónomos como “…aquellas personas que presten servicios especializados, realizando una actividad a título oneroso, de manera habitual, personal y directa, para una persona física o jurídica, de la que resulte económicamente hasta el OCHENTA POR CIENTO (80%) de sus ingresos anuales y/o no se superen las VEINTIDÓS (22) horas semanales de dedicación, quienes se regirán por una regulación estatutaria especial”. De la sola lectura de esta definición, se desprende la conclusión de que un trabajador/a cuyos ingresos dependen en un 80% de una persona física o jurídica, mantiene con esta una relación de dependencia. Excluirlo de la LCT es privarlo de la protección constitucional del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Bajo la figura introducida, está la intención de ampliar las posibilidades para los contratos por agencia, legalizando altos niveles de fraude laboral y exclusión de trabajadores/as de la protección legal y los convenios colectivos de trabajo.

El artículo 29 del proyecto de reforma laboral modifica la LCT en lo que respecta a la irrenunciabilidad de los derechos. Retorna, nada menos, que a la redacción original proveniente de la última dictadura cívico militar. Esta modificación plantea que las partes pueden alcanzar acuerdos individuales, cambiando o suprimiendo regresivamente derechos consagrados en los contratos colectivos de trabajo. Así, se legaliza la extorsión patronal a un trabajador o trabajadora en forma individual, para que renuncie a derechos adquiridos colectivamente.

El artículo 30 podría titularse como de “fomento a la tercerización laboral”, ya que anula la responsabilidad solidaria del empleador principal en el incumplimineto de las obligaciones laborales en relación a los servicios tercerizados de limpieza, seguridad, montaje de instalaciones o maquinarias, servicios médicos de emergencia y de higiene y seguridad en el trabajo, gastronomía e informática, que se realicen en un establecimiento. Excluye también a los servicios de transporte de personas, desde y hacia el establecimiento. Esta modificación implicaría la completa normalización del fraude laboral permanente que se vive mediante la tercerización de amplios sectores al interior de los establecimientos laborales. Para nada sorprende, si rastreamos la práctica que el propio Triaca Jr. ha tenido con el personales de limpieza del ministerio a su cargo.

En su artículo 31, la reforma apunta a modificar el artículo 66 de la LCT. Se trata de los alcances del llamado “Ius Variandi”, que es la facultad que tiene el empleador de cambiar aspectos -supuestamente menores- del contrato de trabajo. De implementarse esta reforma, un trabajador/a ya no dispondrá de la posibilidad de que al iniciar una demanda por el ejercicio abusivo del Ius Variandi de su empleador, ello implique la no innovación en las condiciones y modo de trabajo hasta que el proceso iniciado finalice su curso con una sentencia definitiva. También se elimina la posibilidad de que dicha acción se lleve adelante mediante proceso sumarísimo, lo cual en los hechos -y debido a que un trámite en la justicia laboral puede llevar años-, daría como resultado que el trabajador/a deba someterse “sin chistar” a la nuevas condiciones abusivas y, de no poder objetivamente hacerlo, renuncie al empleo, en lo que redundaría en un despido sin costos para su patrón.

El dulce que el gobierno ofrece para pasar el trago amargo de la reforma laboral es la ampliación del régimen de licencias establecido en la LCT. Resulta poco, si se tiene en cuenta la enorme confiscación de derechos que la reforma plantea.

El proyecto prevé 15 días corridos de licencia para los padres varones por el nacimiento de sus hijos/as. Este periodo sigue resultando corto si se evalúa con perspectiva de género, ya que refuerza la noción de que la crianza del bebé es mayormente tarea de la madre.

La licencia por fallecimiento de la persona unida en matrimonio, cambia por la denominación “persona conviviente”. Se amplía a 15 días la licencia por adopción de hijo y a 10 días corridos la licencia por unión civil (se equipara a la de matrimonio). Se otorgan 5 días al año para someterse a técnicas y procedimientos de reproducción médicamente asistida y se dan 30 días corridos sin goce de sueldo por año por razones particulares planificadas.

En cuanto a la reducción de la jornada laboral para el cuidado de menores a cargo, el texto del artículo 35 es francamente regresivo con respecto al 198 de la LCT, ya que promueve que las horas no trabajadas (licenciadas) no serán remuneradas, es decir que el pago será proporcional al tiempo efectivamente trabajado. Recae sobre el trabajador (¡y sobre todo sobre todo la trabajadora!) la responsabilidad del cuidado, que en realidad debe ser una co-responsabilidad en la que se impliquen el Estado y el empleador.

El esquema indemnizatorio de la reforma es lisa y llanamente la violación de las pocas protecciones existentes contra el despido arbitrario, ya que en el artículo 36 quedan afuera del cálculo indemnizatorio por despido el proporcional del aguinaldo, los bonos, compensaciones y reconocimientos. Esta definición contraría el Convenio 95 de la OIT y el artículo 103 de la LCT, que establecen con claridad que estas sumas forman parte del salario y son remunerativas. El resultado sería, otra vez, el abaratamiento de los costos por despido a favor del patrón. Esta intención se profundiza cuando leemos los artículos 39 al 51, que establecen la conformación de un Fondo de Cese Laboral Sectorial. Dicho fondo incluye a las cámaras empresariales y a las asociaciones sindicales, las cuales “comparten” los costos de los pagos indemnizatorios. Serán los propios trabajadores los que financien parte de los costos por los despidos sin causa y con preaviso… a ellos mismos.

Si la indemnización funciona como sanción (siempre relativa) para disuadir a los patrones del despido sin causa, la creación de este Fondo disminuye e incluso elimina dicho efecto. A su vez, este instituto abre la puerta a la estrategia patronal de despedir al personal con mayor antigüedad con un costo amortizado y contratar personal novel con menos derechos.

El texto del proyecto de reforma también prohíbe las sumas no remunerativas en el marco de las convenciones colectivas de trabajo, excepto que las mismas sean autorizadas por el Ministerio de Trabajo. En términos legales no modifica demasiado la legislación vigente, que establece que no se permite establecer sumas no remunerativas como parte del salario. El dato es que la reforma le da un creciente poder discrecional al Ministerio de Trabajo, con lo que ello significa en términos políticos, ya que en realidad las sumas no remunerativas no quedan prohibidas sino sujetas a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional.

El texto de reforma plantea la creación de un Sistema Nacional de Formación Laboral Continua, con la conformación de organismos específicos tripartitos (Estado, empresarios y trabajadores) y de un Documento de Identidad Ocupacional para el registro de los trayectos de capacitación. Esta modalidad impulsada por el gobierno pareciera apuntar a la creación de las famosas “cajas” (similares a las de las obras sociales), que brindan al Estado una de sus herramientas predilectas de negociación política con los sindicatos. A su vez, la estatalización de la capacitación podría disminuir la autonomía de las organizaciones de trabajadores en cuanto al perfil y contenidos de la capacitación laboral.

El título cuarto del proyecto de reforma retoma una discusión que tuvo cierto alcance público, sobre todo en el mundo educativo. Se trata de las prácticas laborales o formativas para estudiantes secundarios, terciarios y universitarios. La letra habla de que los estudiantes deben realizar tareas exclusivamente formativas y no productivas, cuestión de muy dificil cumplimineto en un establecimineto -justamente- productivo. Cada Convenio Colectivo de Trabajo definirá el perfil de dichas prácticas, las cuales no pueden superar los 12 meses y las 30 horas semanales, aunque la reforma también deja abierta las posibilidad de esquemas distintos acordados entre las partes, que podrían conducir a extensas jornadas laborales apenas disimuladas con el nombre de “prácticas formativas”.

El gobierno aumenta sus potestades en cuanto al control de la relación educación-trabajo, disminuyendo la autonomía de las instituciones educativas en cuanto a la planificación y puesta en prácticas de los programas de formación. Los y las estudiantes quedan así al arbitrio de un sistema legalizado que tranquilamente pueda explotarlos para obtener ganancias.

El título 7 del proyecto de reforma establece un seguro de desempleo ampliado para trabajadores echados de empresas que se encuentren bajo la figura de transformación productiva (artículos 95 y 96 del proyecto). Se trata de establecimientos con “dificultades competitivas y/o productividad declinante que requieren mejorar sus procesos o tecnología, modificar y/o desarrollar nuevos productos, o redireccionar su actividad y/o integrarse a otras empresas con el objeto de potenciar su desempeño”. La amplitud del concepto de empresas en transformación productiva es sospechoso y abre la puerta a todo tipo de maniobras patronales, cuestiones que el empresariado ya nos tiene acostumbrados. El seguro de desempleo ampliado consta de pagos no remunerativos por un plazo de hasta 9 meses.

Una breve conclusión

Habiendo expresado y balanceado varias caracterizaciones políticas sobre el contexto general y la reforma laboral en particular y habiendo descrito su contenido de forma general, solo resta afirmar que la misma no apunta a lograr los “buenos” objetivos que su letra propone sino centralmente a legalizar un conjunto de prácticas (muchas de las cuales se vienen realizando desde hace años) en perjuicio de los y las trabajadores y a favor de los sectores patronales y empresariales, poniendo al Estado cada vez más del lado de estos últimos. Con respecto a la legislación vigente, esta reforma es llanamente regresiva. Sintetiza uno de las más altos anhelos de la fuerza de gobierno. La fuerza contraria es la de los y las trabajadoras en su enorme y compleja heterogeneidad y su potencia. La reforma laboral será (está siendo) un capítulo clave en el que se juega parte del futuro de los sectores populares.

Nota relacionada: La reforma laboral de Cambiemos: la intención de inclinar aún más la balanza (I)

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El gobierno de Cambiemos avanza, no sin resistencias, con una serie de reformas que afectan negativamente las condiciones de vida de millones de personas. Las condiciones políticas, sociales y culturales en las que se juega el proyecto de gobierno macrista están siendo objeto de interesantes análisis por parte de muchas y muchos intelectuales y militantes. En buena hora.

Como aporte a ese conjunto de análisis, este artículo busca sumar elementos en uno de los capítulos centrales de la disputa: el de la reforma laboral impulsada por Cambiemos.

Si bien el gobierno pretendía terminar 2017 con el asunto convertido en ley (junto a las reformas previsional y tributaria que logró “hacer pasar” por el Congreso con un costo bastante alto), aparentemente el proyecto será tratado a comienzos de este 2018.

Un anteproyecto de la reforma ya estuvo sobre la mesa en dos ámbitos fundamentales de negociación política, uno con gobernadores y otra con el triunvirato de la CGT. La “mitigación” que sostuvo haber logrado la cúpula de la central obrera, no dejó tranquilo a nadie, salvo al gobierno. La reforma laboral es uno de los motivos de la tremenda crisis política de la entidad gremial. Todos los días hay noticias sobre el crujir de la unidad de la CGT, la judicialización de sus dirigentes y la compleja relación con el gobierno nacional.

Entiendo que en términos de “pensar el macrismo” desde el espacio popular, los últimos dos años pueden representarse como un movimiento pendular que fue desde la subestimación inicial (“es un gobierno de Ceo´s que cree que el Estado es una empresa y no va a poder sostenerse”) a la sobreestimación luego de las elecciones de octubre 2017 (“es una maquinaria perfecta de manejo y capitalización de las subjetividades. Duran Barba, finalmente, es un genio.”). Actualmente ese péndulo no se encuentra en ninguno de los extremos, más bien viene saliendo del polo de la sobreestimación. Ello no es producto de la iluminación intelectual de nadie, sino del proceso de luchas reales que tuvieron su punto más alto en la resistencia a la reforma previsional del último diciembre. Allí se combinaron actores sociales y repertorios de protesta que, en cierta medida, condensan años de experiencias heterogéneas. Masividad organizada, auto defensa y cacerolazos fueron algunos de los modos que asumió la multitud, con la calle como territorio de disputa frente al brazo armado del gobierno, como bien plantó Ezequiel Adamovsky en un muy buen artículo publicado en la Revista Anfibia.

Producto de la acumulación de resistencias, hoy se empiezan no solo a afinar las caracterizaciones sobre el bloque dominante y sus estrategias de poder, sino también a instalar preguntas y proyecciones sobre cómo debe ser la disputa contra ese bloque. La interrogación por quién es el “nosotros” y cuál debe ser su amplitud y marco de alianzas, ocupa el centro de las preocupaciones. Se va configurando la conclusión de que el macrismo representa una forma de gobierno que combina elementos típicos y recurrentes en la historia de las clases dominantes argentinas, con otros de nuevo tipo. Esa particularidad del adversario, requiere de una necesaria creatividad para rivalizar, al menos en cuanto a permitirse un grado mayor de eclecticismo en los métodos. Aflojar algunos corsets que otrora brindaron contención, pero hoy no son sino un límite que bloquea potencias.

La reforma laboral será una de las próximas peleas de envergadura. Seguramente arroje resultados que no podemos anticipar totalmente. Algo del orden de los imprevisto permea la dinámica de la lucha de clases en los tiempos que corren en Argentina.

Gracias al muy buen trabajo de la Asociación de Abogados Laboralistas y de algunos periodistas especializados en el tema, es posible sistematizar los aspectos principales del proyecto de reforma laboral. El espíritu del mismo es, como anticipa el título de esta nota, inclinar más la balanza en favor de los sectores patronales y en contra de los trabajadores y trabajadoras. Esta reforma también robustece el rol del Estado como garante de los objetivos patronales, creando toda una serie de institutos y reparticiones encargadas de administrar y gestionar ese movimiento de la balanza que no estará exento de conflictividad.

Huelga decir que nuestro país sufre alrededor de un 40% de trabajo informal y que ello es un problema estructural que se arrastra, al menos, desde los años ’90. La precarización no ha sido combatida, en sus causas de fondo, por ningún gobierno. Al revés de lo que muchos podrían pensar, la reforma laboral no solo impactará en los trabajadores formales, sino que también expolia a los informales, pues el empeoramiento de las condiciones laborales de los primeros “derrama” (aquí si funciona!) en los segundos, que ven todavía más pauperizadas sus condiciones de vida.

Decir una cosa y hacer otra

El uso de eufemismos es parte constitutiva en la búsqueda de legitimar las acciones del gobierno. La reforma laboral no es la excepción. El proyecto que el Poder Ejecutivo elevará al Congreso plantea entre sus objetivos la regularización del empleo no registrado, la lucha contra la evasión laboral, la capacitación laboral continua y la transición entre el sistema educativo formal y el trabajo, fomentando el empleo juvenil y el entrenamiento laboral. Sin embargo, cuando leemos el articulado propuesto, vemos que las acciones que se plantean no van para nada en ese sentido.

De hecho, de implementarse, la reforma implicaría un retroceso en derechos y garantías de la parte trabajadora consagradas en la Ley de Contrato de Trabajo y otras normas relevantes, como la Ley Nacional de Empleo. Esta crítica no implica de ningún modo dejar de reconocer las (inmensas) falencias de la legislación vigente. Pero hay que reconocer que nuestra legislación es más progresiva que la de casi todos los países del continente, ya que tiene como base el hecho de asumir que la parte empleadora tiene más poder que la parte trabajadora, razón por la cual ésta debe ser especialmente protegida.

La reforma que impulsa Cambiemos no solo transfiere derechos y recursos de la parte de trabajadora a la patronal, sino que estructuralmente tiene como mira dinamitar la base progresiva de la legislación laboral de nuestro país para ponerla en sintonía con otras como las de Chile, Colombia o México, donde los trabajadores y trabajadoras son objetivamente más débiles como actor social.

La reforma laboral del gobierno retoma varios aspectos que ya han estado en agenda desde que el macrismo gobierna la Ciudad de Buenos Aires, e incluso durante los primeros dos años de su administración nacional. Iremos encontrando esos temas en la sistematización posterior. En términos políticos, este compendio de asuntos varios en un proyecto de ley bajo la denominación de “reforma”, nos habla de una fuerza de gobierno que luego de un triunfo electoral bastante contundente, se siente fortalecida como para avanzar con asuntos que reflejan sus más hondas necesidades como representante del sector patronal. Aunque el ministro de trabajo Triaca Jr. (hoy envuelto en un escándalo que podría costarle el puesto) se haga el desentendido, el proyecto de reforma laboral de Cambiemos está bastante en sintonía con el que la derecha logró imponer en Brasil.

La “cantinela” de Cambiemos y el espíritu de la reforma

El leimotiv del gobierno es que las leyes laborales vigentes generan un ambiente negativo para el desarrollo del trabajo en Argentina. Este postulado de corte claramente neoliberal intenta justificarse con datos y estadísticas que demostrarían que los empleadores no registran a sus trabajadores porque le temen a la “mafia de los juicios laborales” y otros seres imaginarios. Para el gobierno se precariza por culpa de la inseguridad jurídica y la base de la inseguridad jurídica son, nada menos, las garantías y derechos avalados por una legislación que, como plantee antes, se basa en la asunción de un asunto tan evidente como la desigualdad de poder existente entre los trabajadores y los patrones.

El proyecto de reforma laboral avanza contra una serie de principios constitucionales y de los tratados internacionales a los que la Argentina suscribe: no respeta la irrenunciabilidad de los derechos, el principio protectorio y el principio de progresividad – no regresividad.

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Marzo de 2017 pasará a la historia como un momento de multitudinarias demostraciones de fuerza con capacidad de marcar agenda y poner un límite al programa del gobierno para disputar sentido en amplios sectores de la sociedad cada vez menos al margen del debate público.

Los conflictos y luchas fueron los frenos parciales a medidas –o sus intentos– antipopulares del gobierno macrista. A los paros de estatales, nacionales como provinciales durante el primer año de gestión de este gobierno, se fueron sumando tomas de fábricas en defensa de las fuentes de trabajo, asambleas reclamando paritarias sin techo, primer paro nacional de mujeres en octubre de 2016, movilizaciones del sector de la economía popular por una ley de Emergencia Social o de pueblos en defensa de la tierra, el agua y el aire frente al avance de mega proyectos mineros, petroleros y de saqueo de los bienes de la naturaleza.

Sin dudas se fue gestando un nivel de organización, debate y decisión de lucha que fue construyendo el dinamismo social de las movilizaciones que marcan este marzo. Pero, lo más destacado de este mes es que la fragmentación de las luchas va centralizando los reclamos en masivas tomas callejeras. Estas siempre superaron las 300 mil personas en cada convocatoria –sólo en la ciudad de Buenos Aires, replicándose en la provincia de Buenos Aires y en las ciudades más importantes del país–.

Se gestaron movilizaciones que lograron aglutinar, además de los sectores organizados, a toda una franja de la sociedad, indignados con el desempeño del gobierno, en ejes y reclamos comunes. Estos van desde el rechazo a los tarifazos, la inflación y la baja del poder adquisitivo del salario, hasta la defensa de los puestos de trabajo, de derechos de las mujeres conquistados y el reclamo de paritarias. Por historia, por acumulado de años y básicamente por su presencia constante en las calles desde hace décadas el protagonismo colectivo avanza aún con contradicciones y diferencias en su interior.

Ante esta situación de conflictividad social abierta y en aumento, desde el gobierno apelan a recursos diversos. Funcionarios de primera línea utilizan una mentirosa figura de “diálogo” que hasta ahora solo va para un lado y es la defensa de los intereses de las empresas más concentradas y transnacionales. La lucha docente por una paritaria nacional sin techo develó en toda la extensión del territorio el monólogo de un proyecto de país que intenta eliminar conquistas históricas. A tal punto que la gobernadora Vidal y sus ministros en la provincia de Buenos Aires, Acuña y Rodríguez Larreta en la ciudad y Bullrich desde el ministerio nacional de educación insisten con avanzar sobre las personerías gremiales y en consecuencia sobre derechos normados en el estatuto docente o la paritaria nacional. Dialogo extraño el que no escucha a millones de personas en todo el país que no aceptan las políticas de premios al “carnereo” de las huelgas o incentivos que solo intentan quebrar las luchas.

Con la pluma y la espada también

Para la defensa de las políticas conservadoras, los medios hegemónicos junto con la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y funcionarios de Cambiemos manifiestan nuevamente la necesidad de implementar el protocolo antipiquetes.

Desde cómodos sillones con ingresos mensuales que multiplican por 20 veces o más a los de un salario mínimo vital y móvil, ministros, secretarios y funcionarios cuestionan la veracidad de los reclamos y los métodos elegidos. Mientras se miente sobre la inexistencia de presupuesto para aumentar salarios a docentes y estatales, se suben los montos de ingresos de las fuerzas de seguridad y se invierte y perfecciona el aparato represivo. El lanzamiento de gas pimienta el 15 de marzo a una de las cabeceras de la columna de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que subían al Puente Pueyrredón, la presión de fuerzas policiales en esa misma arteria que comunica el conurbano sur bonaerense con la ciudad de buenos Aires, el 22 de marzo en la Marcha Federal Educativa, marcan las posibles formas de incursión en marcha. Cabe mencionar que, por su parte, la gobernadora Vidal y su ministro de Seguridad no cejaron jamás de incrementar la militarización de edificios públicos ante las presencias organizadas de reclamos de diversa índole de trabajadores y trabajadoras en la ciudad de La Plata. En el mismo recorrido de decretos se abrieron causas a referentes y dirigentes sindicales en diversos puntos del país.

En un año que se manifiesta complejo dada la inminencia de las elecciones de medio término, las obras públicas –en lugares preferentemente céntricos y de mucha movilidad en el conurbano bonaerense y la CABA– se presentan esta vez con el incremento de presencia de policías locales o de la Federal. Obras públicas que provienen de fondos que endeudan municipios –como aconteció en la Ciudad de Buenos Aires–, la gobernación o la Nación. En este contexto el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, alcanzó un acuerdo con 21 provincias para avanzar en un plan que “apunta al equilibrio fiscal y la reducción de la carga impositiva previendo para avanzar en esta meta, recortes del gasto público y control del empleo estatal”. Es decir, una vez más, irán en detrimento de presupuesto para salud, educación y calidad de vida de las mayorías.

Decretos contra migrantes, o por la baja de imputabilidad a los niños y niñas o el amedrentamiento a jóvenes en las barriadas populares, así como el intento de culpabilizar a las mujeres que llegan a centros de salud con abortos en curso o denuncian la potencialidad femicida de varones de su entorno, no hacen más que mostrar que las recetas de las clases dominantes se repiten, perfeccionadas y adaptadas, desde la constitución mismo del Estado nacional. Las y los de abajo, trabajadores, desocupados y desocupadas, niños y niñas, mujeres y jóvenes son el blanco predilecto para instalar un discurso que habilite la acción estatal por decretos o por la fuerza.

Se aplican medidas disciplinadoras que en todos los casos niegan derechos. Policías de civil intentando infiltrarse en asambleas de trabajadores, uniformados yendo a escuelas bonaerenses para obtener nombres y apellidos de docentes huelguistas, seguimientos callejeros, llamadas telefónicas o mails amenazantes se intentan instalar desde un lugar oscuro del poder gobernante que nos retrotraen a épocas nefastas de nuestra historia.

En un año electoral el gobierno intentará generar consenso y estaría dispuesta a realizar una actividad callejera impulsada desde redes sociales para los primeros días de abril, que revisando la historia reciente se asemeja a aquella “Plaza del Sí” del inefable Neustadt en apoyo al gobierno privatizador de Carlos Menem. El discurso gobernante insiste con el lema de un “clima destituyente”, le conviene polarizar con el kirchnerismo o variantes del PJ, mientras que las luchas y debates en el seno de los y las trabajadoras y el pueblo siguen su curso.

Se construye participación, resistencia y un proyecto de país

Sin embargo, no le está siendo fácil la tarea y los resultados parciales no son muy alentadores para la Alianza Cambiemos. Podemos interpretar que quizás en las altas esferas del gobierno exista cierta preocupación, ya que luego de un año de asumir el gobierno, la lluvia de inversiones no llegan, la economía no repunta, no hay recuperación del poder adquisitivo y se está a pocos meses de las elecciones legislativas. Ante este panorama decidieron reformular algunos aumentos en tarifas que están en agenda y hacerlo de manera gradual.

Muchos años de movilización y organización variopinta acumula nuestro pueblo. Es tanto, tan variado y diverso que todas las masivas movilizaciones de este mes se fueron construyendo con diferentes tácticas e ideas en tensión. Las calles y veredas tomadas por cientos de miles que llegaron a cada una de esas fechas con producciones artísticas, pancartas, cantos y músicas tienen mucho que decir. Lo más destacable es sin dudas que gran parte de los y las concurrentes se juntó con otros y otras para crear una consigna, una canción, un ruido, una producción artística que esté allí. Existe cierta unidad de acción por arriba, de diferentes estructuras pero también emergen asambleas por abajo, debates con resoluciones en mayoría y minoría, contradicciones entre cúpulas de conducciones en muchos casos retrógradas y verticales o que deciden sin consultar a las bases. Todo confluye con conflictos internos multiplicando voces, presencias y participación.

Abril ofrecerá una continuidad de luchas que comenzaran con el paro general que seguramente no será tan “dominguero” como pretenden ciertos dirigentes de la CGT, el día 6. Antes cerrando este movido marzo 17, el día 30 la movilización de algunas centrales, sindicatos y movimientos sociales que otra vez llenará las ciudades. El conflicto docente no tiene respuesta pero sí más medidas de lucha que ya se están convocando en diferentes distritos. Un conflicto que es testigo y multiplicador de demandas generales de los sectores populares representado en la consigna “si ganan los docentes ganamos todos”. A partir de la pelea salarial y la paritaria nacional, no solo se está disputando por romper techos de ingresos y subas de salarios mínimos iguales a la canasta básica, sino también la resistencia al plan del gobierno hacia las y los trabajadores en su conjunto. El proyecto de país que se quiere construir desde el pueblo también está en disputa y ese es el que los sectores más consecuentes de las luchas instalan como debate necesario para que las muestras de fuerzas se conviertan en proclamas de construcción común del pueblo.

El 24 de marzo otra vez se gritó bien fuerte que son 30 mil y que la dictadura cívico-militar y eclesial entre 1976 y 1983 planificó y ejecutó un genocidio. Porque como escribió Rodolfo Walsh un día antes de su desaparición el 25 de marzo de 1977, “en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. Las calles se llenaron con la presencia de los 30 mil y la continuidad de los ideales por los que lucharon. Porque la política negacionista del genocidio y el terrorismo de Estado con la que provoca este gobierno también se la disputó masivamente en las calles.

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Tras el agotamiento de la “herencia recibida” como factor explicativo del rumbo del gobierno, Macri apela ahora a un viejo argumento, que también esgrimió el kirchnerismo: el clima destituyente.

Durante el primer año de mandato de Cambiemos, la referencia a la “herencia recibida” fue utilizado por el gobierno para explicar las medidas antipáticas que llevó a cabo. Por ejemplo, el aumento desmedido de tarifas en los servicios públicos: frente al supuesto desfinanciamiento de las empresas de energía que habría promovido el kirchnerismo y que nos llevó casi a la crisis energética, el tarifazo vendría a subsanar a largo plazo dicha negativa “herencia”. Lo más curioso es que el gobierno apeló a la herencia recibida inclusive al respecto de indicadores que su propia gestión empeoró; si bien es cierto que según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Macri habría recibido una pesada herencia de un 29% de pobreza, no se explica cómo haber empeorado este guarismo en un 3% en apenas 15 meses de gobierno, también es responsabilidad de la herencia, y no de la actual gestión.

Pero hay que decir que el recurso de la “pesada herencia” no es nuevo, ni monopolio exclusivo de Cambiemos. Prácticamente todos los gobiernos presidenciales que asumieron luego de una gestión del signo político contrario al propio, acusaron a la herencia. Eugenia Mitchelstein, profesora de la Universidad de San Andrés y experta en comunicación, analizó el promedio de tiempo que los mandatarios/as dedicaron a hablar críticamente de las gestiones anteriores en los discursos de apertura de las sesiones legislativas, desde el retorno democrático de 1983. Allí muestra que casi todos los presidentes/as dedicaron un porcentaje de entre el 11 y el 30% a esta apelación, con casos como el de Eduardo Duhalde en 2002, que dedicó un 27%, y Néstor Kirchner en 2003 que lo hizo en un 11%. Pero si excluimos a Raúl Alfonsín, quien tal vez por suceder a un gobierno dictatorial requirió de un 31% de sus palabras a denostar al pasado régimen, Macri aparece en 2016 como el presidente que más tiempo utilizó en su discurso inaugural para criticar la herencia recibida; es decir que se trata de un viejo recurso, pero que Cambiemos reactualizó como ninguna otra gestión.

Pero tras un año de gobierno presidencial, el recurso parece haberse agotado o entrar en una fase de declive. En ese marco se explica que la propia María Eugenia Vidal haya declarado el pasado enero: “la pesada herencia pasó, me hago cargo de lo que hay hoy en la Provincia”. Aparentemente Cambiemos está tomando nota de que acusar incesantemente a los pasados gobiernos de todas las consecuencias negativas de las políticas tomadas por este gobierno, ya no surte efecto.

Un nuevo (viejo) relato asoma

Este escenario explica cómo, desde el gobierno y desde los grandes medios oficialistas, el relato de la herencia recibida se va extinguiendo a medida que una nueva narrativa emerge y busca imponerse: la del clima destituyente.

La semana del 6 de marzo, que reunió tres enormes movilizaciones en distintos días, sumado a las movilizaciones de la semana pasada que incluyeron acampes, cortes de calle y la realización de más de 300 ollas populares en todo el país en reclamo por la implementación de la ley de Emergencia Social, fueron el escenario perfecto para que las usinas mediáticas macristas reactualicen, por un lado, la narrativa represiva y por el otro la acusación de intenciones destituyentes.

Nuevamente, el concepto de “clima destituyente” no es cosecha propia del macrismo. Por el contrario, fue durante las jornadas de 2008 donde el autodenominado “Campo” se enfrentó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por la famosa resolución Nº 125, cuando Carta Abierta colocó en el debate público la alarma acerca de las intenciones destituyentes de muchos sectores que respaldaban a los productores rurales.

Lo curioso es que el actual gobierno engloba dentro de las intenciones destituyentes a un arco muy variado y heterogéneo de acciones colectivas de protesta, que van desde la exigencia por el cumplimiento de la ley de paritaria nacional docente, hasta el reclamo por el fin de los femicidios, pasando por la demanda por cuidar la industria nacional esgrimida por la CGT, y por el reclamo de los movimientos sociales por que se implemente la ley de Emergencia Social que los propios legisladores de Cambiemos votaron. Todo este cúmulo de demandas económicas, políticas y sociales, formaría parte de un plan siniestro orquestado desde el kirchnerismo y la izquierda para voltear al gobierno.

Esto es lo que sostuvieron tanto Marcos Peña como María Eugenia Vidal en recientes conferencias de prensa, donde fueron interpelados acerca del paro de la CGT en general, y de la demanda gremial docente en particular. Pero también los principales editorialistas de los mass media, como Joaquín Morales Solá, Luis Majul y otros del mismo talante insistieron en que, desde Baradel hasta los piqueteros, todos forman parte de una misma intentona desestabilizadora que tiene por objeto no lograr un mejor aumento salarial (por tomar el caso docente), sino desgastar y voltear a Macri.

En realidad, es probable que desde el propio gobierno sepan que la hipótesis desestabilizadora, aplicada a: docentes que no quieren ver depreciado su salario, cooperativistas que quieren que la asistencia del Estado llegue en forma efectiva, y dirigentes de la CGT –que están más cercanos a los brindis presidenciales de fin de año que a destitución alguna–, es descabellada, ridícula e insólita.

Pero entonces, si dicha narrativa no tienen ningún asidero en la realidad: ¿por qué el gobierno busca implementarla? Una posible respuesta puede venir desde el análisis del cálculo electoral, que lo lleva a reforzar la estrategia de la polarización.

En realidad, cuando el gobierno denuncia los supuestos planes desestabilizadores, lo que hace es reactivar un clivaje entre “ellos” y “nosotros”, tan propio de la polarización política que le fue criticada al kirchnerismo. Es consabido que para que en un relato la potencia de la figura de la víctima se pueda expandir, es necesario expandir a su vez la figura del victimario. O como fuera dicho durante la campaña de 2015, la imagen angelical de Vidal sólo pudo acrecentarse en relación con la imagen en “espejo invertido” de su competidor, Aníbal Fernández: lo más parecido a un personaje que provoca escozor.

Desde el actual relato destituyente, Roberto Baradel podría ocupar el lugar de Aníbal Fernández, y desde allí podría explicarse la diatriba descalificadora y personalizadora en Baradel de un reclamo docente que, además de ser justo por donde se lo mire, excede con creces al dirigente del SUTEBA.

Pero cuando el conflicto docente termine, ya no será Baradel sino cualquiera que pueda personificar el rol de “enemigo del cambio”, el que le servirá a Macri para reactualizar la llamada “grieta”. Pero entonces, ¿no era que el gobierno venía a unir a los argentinos?

Es probable que Cambiemos haya tomado nota de que la estrategia de polarizar, dividir y tratar de identificar a todo aquello que se lo opone como los “otros”, que se enfrentan al “nosotros”, sea electoralmente más redituable que la apelación vaga a una unidad nacional carente de programa y sustento.

Descalificar a los argentinos

Nuevamente, es posibles que la instalación del discurso destituyente no sea siquiera creída por los propios gobernantes. Lo problemático de todos modos no sería esto, sino que sea incorporada por el imaginario colectivo de nuestra sociedad.

Y es por ello que huelga insistir en que el clima de movilizaciones callejeras que se está viviendo, no solamente no atenta contra la democracia, sino que la fortalece. La democracia sustantiva se constituye a partir de la participación, el involucramiento y la transformación de las grandes masas de la población en sujetos activos de su propio destino común. Esa activación democrática se produce no solamente con la participación esporádica y limitada que implica el acto electoral, aunque por supuesto que la contiene.

Trabajadores/as formales, movimiento de mujeres, docentes, trabajadores/as cooperativistas, trabajadores/as precarizados/as, en fin: Argentina es, y nunca dejó de ser, un enorme laboratorio de experimentación política. Esto, lejos de representar un riesgo, “instituye” en forma continua y permanente normas, procedimientos y formas de actuar en común que ensanchan la vida democrática.

Lo que ocurre es que cuando desde los gobiernos se recortan derechos y se profundizan las desigualdades sociales, las expresiones activas de la democracia se constituyen como un dique de contención frente a esas políticas. Por ello, sería deseable que la incorporación de las demandas de la sociedad movilizada, sea vista por el gobierno como una oportunidad para mejorar los horizontes democráticos, y no como un cronograma de acciones desestabilizadoras. Salir de la paranoia desmesurada, y desactivar esta narrativa destituyente, es un buen aporte a la estabilidad democrática que podría hacer el gobierno nacional.

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