EEUU – Marcha https://marcha.org.ar Periodismo popular, feminista y sin fronteras Tue, 20 Jul 2021 18:10:46 +0000 es-AR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.13 https://marcha.org.ar/wp-content/uploads/2022/05/cropped-FAV_ICON-1-32x32.png EEUU – Marcha https://marcha.org.ar 32 32 Territorios militarizados: Colombia e Israel en la estrategia geopolítica de Estados Unidos https://marcha.org.ar/territorios-militarizados-colombia-e-israel-en-la-estrategia-geopolitica-de-estados-unidos/ Tue, 08 Jun 2021 13:08:39 +0000 http://www.marcha.org.ar/?p=53116 La brutal represión de las protestas sociales que estallaron durante las últimas semanas en Colombia y Palestina responde en cada caso a la idiosincrasia propia de su país, pero apunta a un mismo objetivo: aterrorizar y escarmentar a la población para sofocar la disidencia como parte de los entramados geopolíticos en los que se inscriben sus estrategias de seguridad.  

Por Eduardo Giordano

La protesta social en Colombia es sofocada por el gobierno del presidente Iván Duque masacrando a las y los manifestantes con el Ejército y la policía. La rebelión palestina es reprimida en la franja de Gaza con todo el poder de fuego del Ejército israelí, incluyendo ataques de la aviación y bombardeos de artillería. Los proyectiles israelíes derriban edificios enteros a la vista del mundo, con la misma impunidad con que la policía colombiana y los paramilitares disuelven las marchas ciudadanas disparando a la multitud. Durante el actual Paro Nacional en Colombia ya hubo más de 50 manifestantes asesinados y asesinadas por la fuerza pública y un policía muerto al reprimir un saqueo. En los 11 días de bombardeos de la franja de Gaza y lanzamiento de misiles de Hamás hacia Israel, murieron 232 palestinos (de los cuales 67 eran niños) y 12 israelíes (2 niños). En ambos casos, el desequilibrio en el balance de víctimas refleja claramente la desproporción de fuerzas entre un estado militarizado y su población civil indefensa.

Aunque la situación de ambos países no sea en muchos aspectos comparable, existen varias coincidencias que nos permiten indagar sobre posibles vasos comunicantes de esta tragedia humana de violencia extrema que sufren, simultáneamente, en plena pandemia de covid19. Antes de profundizar al respecto, conviene resaltar la singularidad de cada proceso de conformación de la identidad nacional: Colombia con su historia jalonada de guerras civiles y con un estado que ejerció el terrorismo desde tiempos inmemoriales para eliminar la disidencia y centralizar la posesión de las tierras y los recursos naturales; Israel con su militarismo exacerbado y la peculiar complejidad que se deriva de la naturaleza colonial de la ocupación de Palestina. 

En el plano de las similitudes, apuntemos en primer lugar que ambos países, a pesar de ser formalmente democráticos, practican el terrorismo de estado cuando masacran a la  población civil indefensa, un crimen de lesa humanidad característico de las formas de gobierno dictatoriales. Otra importante coincidencia es la intervención de sectores sociales que, además de vitorear la represión estatal, aspiran a hacer justicia con sus propias manos; como aquellos civiles que disparan en Colombia contra los grupos de indígenas para expulsarlos de Cali, o las/los judíos xenófobos que protagonizan una vergonzosa noche de los cristales rotos contra comercios de árabes israelíes o linchamientos de taxistas palestinos.

Hay cierta semejanza en el determinante racista que tienen estas agresiones. La represión en Colombia se focaliza en Cali, una de las ciudades con mayor población afrodescendiente de América, capital del Valle del Cauca, y donde las comunidades indígenas reafirman constantemente su identidad y cultura, como es el caso de los Misak. La discriminación de estas comunidades “racializadas” y empobrecidas a lo largo de décadas, su desplazamiento y aniquilación por grupos armados y el abandono ancestral por parte del Estado es el caldo de cultivo que alienta las protestas, reprimidas salvajemente por el gobierno de Iván Duque.

En el caso de Israel, la ofensiva devastadora va dirigida contra las y los palestinos de la franja de Gaza, pero también alcanza indirectamente a las y los árabes israelíes, dos millones de habitantes cada vez más discriminados en su propio país por no ser ciudadanos de pleno derecho. La ley de Nacionalidad aprobada en 2018 a instancias de Benjamín Netanyahu consagra como única lengua oficial al hebreo y da carta de naturaleza al expansionismo de los colonos judíos: “El estado ve el desarrollo del asentamiento judío como un valor nacional y actuará para alentar y promover su establecimiento y consolidación” (artículo 7). También establece en su artículo 3 que Jerusalén es la capital del Estado de Israel. Un año después de aprobada esta ley, el gobierno de Donald Trump anunció que dejaba de considerar ilegales los asentamientos judíos en Cisjordania. Tiempo más tarde trasladó la embajada estadounidense a Jerusalén, violando así resoluciones de la ONU, en un gesto que enfureció a las y los palestinos y a todo el mundo musulmán.

Por otra parte, en ambos países existen millones de desplazados por los conflictos bélicos, y aún hoy continúan los desplazamientos de legítimos pobladores/as y la usurpación de sus tierras. En el caso de Colombia, los depredadores se valen de grupos paramilitares o del propio Ejército para extender las fronteras de sus negocios ilícitos expulsando a los campesinos e indígenas. El Estado de Israel se edificó sobre la catástrofe (la Nakba) que supuso la expulsión de 750.000 palestinos, y aun hoy la justicia permite el derribo de viviendas palestinas para ceder el terreno a colonos judíos que supuestamente eran propietarios de ese suelo antes de la creación del Estado de Israel. Una justicia que no se aplica a la inversa, impidiéndoles a los palestinos recuperar sus tierras.

No hay otros países en nuestros días en los que se produzca una permanente expansión de las fronteras internas, como ocurre en Colombia e Israel. En ambos casos, el expansionismo de los sectores dominantes sobre las poblaciones subalternas impone formas de ocupación del territorio características del siglo XIX, cuando las naciones americanas independientes, herederas del etnocentrismo europeo, pretendían consolidar su integridad territorial con la “conquista del oeste” norteamericano o la “conquista del desierto” en el cono sur. El desierto, tal como lo veían las élites blancas, era un vasto e inconmensurable territorio que debía ser arrabatado a los indígenas para incorporarlo a las haciendas de los caudillos y militares criollos que se atrevían a conquistarlo. Este proceso colonizador y de expansión de fronteras concluyó en la mayor parte de América hace mucho tiempo, excepto en Colombia, donde hay más de seis millones de campesinas y campesinos desplazados, expulsados de su tierra, y cada semana se informa de nuevas incursiones de grupos armados que provocan más desplazamientos.

El investigador chileno Rodrigo Karmy, que estudió los fundamentos filosóficos de la noción de “pueblo elegido” y sus implicaciones políticas (1), considera al movimiento sionista como una “proyección del colonialismo europeo” en Oriente Medio. En su opinión, no existiría un conflicto religioso ni cultural entre personas judías y musulmanas, sino como consecuencia del colonialismo implícito en la expansión territorial del Estado de Israel. Esta tesis no es nueva, también la suscriben en un libro de conversaciones dos judíos de renombre internacional, el lingüista Noam Chomsky y el historiador israelí Ilan Pappé, quienes asumen que el Estado de Israel practica de forma sistemática la limpieza étnica al despojar a los palestinos de su territorio (2).

Racismo, ultraderechismo y terrorismo de estado

A pesar de estas similitudes, hay diferencias sustanciales derivadas de la historia de cada uno de estos países. Las características demográficas de Israel, cuya población judía es minoritaria en una región geográfica de mayoría árabe y musulmana, dan lugar a un contexto específico insoslayable. Esto alimenta, desde el origen del Estado de Israel, la ideología de atraer a las y los judíos de la diáspora como objetivo geopolítico prioritario. Aunque esta población con derecho a la nacionalidad israelí siempre será numéricamente inferior a la de sus vecinos musulmanes, su número está en permanente crecimiento -con altísimas tasas de natalidad entre los religiosos ultra ortodoxos- y las fronteras “judías” avanzan día a día sobre tierras palestinas, en Cisjordania y Jerusalén, mediante la construcción de nuevos asentamientos o el derribo y la reapropiación de viviendas palestinas.

En Israel hay dos poblaciones que comparten territorio pero no una misma identidad nacional. No hay lugar al cruce de identidades en una misma formulación estatal. La alternativa de crear dos estados resulta ya un espejismo, mientras el único estado existente devora el territorio del otro estado supuestamente embrionario. Los palestinos de Gaza y Cisjordania son ajenos a la condición de ciudadanía de la que gozan los ciudadanos judíos. Tampoco tienen derecho a la ciudadanía plena los árabes israelíes (palestinos/as) por su condición de no judíos/as. Muchos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han advertido sobre la situación de apartheid en la que viven estas comunidades musulmanas bajo las leyes del Estado de Israel. Dentro de Israel actúa B’Tselem, una organización hebrea que denuncia “el avance y la perpetuación de la supremacía de un grupo -judíos- sobre otro -palestinos- (3).

En Colombia, paralelamente, las clases acomodadas llaman a la policía y el ejército a masacrar manifestantes para acabar con los bloqueos vinculados al paro. En algunas ciudades, como Cali, la represión estatal y  paraestatal adquiere tintes racistas. Entran en acción los grupos paramilitares, que desde varias camionetas Toyota blancas alineadas en formación militar disparan contra los manifestantes indígenas de la Minga que llegan a la ciudad, provocando una docena de heridos. Los vehículos atacantes -todos de color blanco, como la vestimenta de sus ocupantes- se retiran del lugar escoltados por motos de la policía. Para justificar esas operaciones paramilitares, las élites caleñas realizan falsas denuncias de ataques a sus propiedades por parte de los indígenas. Un caso de racismo extremo es el de una médica que escribe en una red social a sus colegas: “Dan ganas de que vengan las Autodefensas y acaben literalmente con unos 1.000 indios, así poquitos nada más para que entiendan”. El 25 de mayo, a pocos días del primer mes de paro, un sector de la sociedad caleña (la gente de bien para el gobierno) salió a las calles vestido de blanco y con pañuelos blancos, en una llamada Marcha del Silencio, para reclamar “libertad para trabajar” y el fin de los bloqueos. Esa misma noche en Tuluá, cerca de Cali, se produce la espectacular quema del Palacio de Justicia en una acción atribuida al vandalismo pero que en realidad fue planificada y coordinada, según afirmó el alcalde, y en las inmediaciones del lugar murió un joven estudiante por disparos de arma de fuego. Hay denuncias de que los encapuchados que incendiaron ese edificio histórico actuaron en connivencia con la policía, en una operación de falsa bandera que benefició a los capos del narcotráfico cuyos legajos desaparecieron. A medianoche, en una acción de grupos paramilitares, los ocupantes de una camioneta blanca asesinaron a dos manifestantes en un punto de bloqueo (4).

A diferencia del régimen de apartheid de Israel, Colombia no discrimina jurídicamente por estatus de ciudadanía a las y los indígenas o afrodescendientes, ni a la juventud pobre de los suburbios urbanos, pero con frecuencia los extermina como población desechable. Darío Monsalve, arzobispo de Cali considerado “comunista” por la ultraderecha colombiana, asegura que “en Colombia persiste una mentalidad de ‘limpieza social’ o de lo que yo he llamado ‘genocidio generacional’ entre los más pobres”. La sociedad bien pensante, la gente de bien, les envía los escuadrones de la muerte para que cometan “asesinatos ecológicos” o “muertes con sentido social” (5).

Históricamente, y en particular desde la década de 1980, el Estado colombiano ha delegado la represión de la disidencia social en diversos grupos paramilitares. La etapa más agresiva de estos grupos se desarrolló con la conformación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lideradas por los hermanos Castaño, que centralizaron su accionar y sembraron el terror entre la población rural, participando entre otros crímenes en el genocidio político de la izquierdista Unión Patriótica (UP). Las AUC contaron con entrenamiento directo de oficiales de espionaje y ex militares del ejército israelí. El periodista Alberto Donadio reveló en enero de 2021 que durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) fue contratado un alto oficial de inteligencia israelí, Rafi Eitan, pagado con fondos opacos de Ecopetrol, quien habría aconsejado “eliminar” a todos los miembros de la UP a través de grupos paramilitares que él mismo se ofreció a crear (6). El asesor de Barco no era una figura irrelevante, ya que en su currículum destaca el haber dirigido la captura del mayor criminal de guerra nazi huido a Sudamérica, Adolf Eichmann, en Buenos Aires en 1960. Otro ex militar y conocido mercenario israelí, Yair Klein, tuvo un papel destacado en el entrenamiento y suministro de armas de guerra a los paramilitares colombianos en aquellos mismos años. Al publicarse la investigación de Donadio, la UP solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que citara a declarar al general Rafael Samudio Molina, ministro de Defensa de la época, así como al empresario de seguridad israelí Yair Klein en condición de “mercenario en el genocidio”.

Esos grupos paramilitares no solo aprendieron a asesinar a opositores políticos y a enfrentar a las guerrillas de izquierda sustituyendo en esta misión al estado colombiano. También adquirieron la habilidad de conquistar tierras productivas para grandes terratenientes de la ganadería extensiva y el cultivo de la palma africana, expulsando a la población local por encargo de hacendados que se apropian del territorio intimidando a sus legítimos propietarios para ensanchar sus fincas a precios de saldo. Muchos de estos desplazamientos afectan a pueblos indígenas o afrodescendientes, que se ven obligados a abandonar su hábitat por el temor que les infunden los sicarios paramilitares. Esta forma de terror fue especialmente cruel en Urabá y otros municipios de Antioquia durante la segunda mitad de los años noventa, bajo el gobierno de Álvaro Uribe (7).  

Esta dinámica de desplazamiento de grandes masas de población rural, que afecta a varios millones de colombianos, ha continuado con mayor o menor intensidad durante las presidencias de Uribe (2002-2010), Santos (2010-2018) y Duque.  Aun hoy, en muchos lugares de Colombia se expulsa a las y los indígenas o se los asesina (y en particular a sus líderes sociales) para robarles el territorio, y así extender las nuevas formas de colonización: la frontera cocalera, ganadera, de la palma… La frontera “productiva” avanza sobre las culturas nativas y destruye la biodiversidad gracias a los desplazamientos masivos de población, inducidos por las masacres.

El reclutamiento de jóvenes para convertirlos en sicarios de los grupos paramilitares es incesante. A finales de abril, Norma Vera Salazar, defensora de Derechos Humanos del departamento de Magdalena, denunció que en la Sierra Nevada de Santa Marta el grupo paramilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra estaraba reclutando menores de 15 a 17 años procedentes de Venezuela, uniformándolos y pagándoles un sueldo por incorporarse a ese grupo criminal (8). Y durante el mes de mayo, en una operación que muchos consideran vinculada a la represión del paro nacional, antiguos paramilitares de las AUC desmovilizados en 2005 denunciaron que fueron localizados por las Autodefensas para que volvieran a integrar sus filas. “Están como locos reclutando gente”, declaró a Radio Caracol uno de ellos, que fue acosado en Risaralda -donde viven unos 600 paramilitares desmovilizados- tras haber cambiado varias veces de domicilio, y que denunció a la Fiscalía porque “ellos son los únicos que tienen esa información” para identificar a los antiguos sicarios (9). 

Alianzas político-militares con Estados Unidos

A pesar de la naturaleza claramente diferenciada de cada proceso histórico, existe una coincidencia fundamental entre ambos países: tanto Colombia como Israel son los principales aliados estratégicos de Estados Unidos en sus respectivos continentes y los mayores receptores regionales de ayuda militar estadounidense. Colombia cuenta con al menos siete bases militares norteamericanas en su territorio (de las 70 bases que Washington tiene desplegadas en América Latina), sus fuerzas armadas realizan operaciones conjuntas con asesores del Comando Sur en enfrentamientos contra las guerrillas o el narcotráfico y es el único país latinoamericano que tiene un acuerdo de colaboración con la OTAN. Desde el año 2000 hasta 2016, Colombia recibió 9.500 millones de dólares, de un total de 20.500 millones de ayuda militar para toda América Latina. Esta ayuda triplica la cantidad entregada al segundo receptor de la región, México (2.900 millones de dólares), que comparte con Colombia el carácter de país prioritario en la “guerra contra las drogas”. Durante 2020 la ayuda militar a Colombia alcanzó los 330 millones de dólares. Aunque esa cuantiosa asistencia militar oficialmente se destina a la lucha antinarcóticos, esta siempre sirvió como pantalla para la intervención militar estadounidense en el conflicto armado colombiano (10).

En el caso de Israel, primer aliado estadounidense en el mundo no anglófono, las magnitudes de la asistencia militar son de una escala superior. La ayuda militar al estado hebreo, de unos 3.000 millones de dólares anuales, se incrementó en 2016, al final del gobierno de Barak Obama, con la aprobación de un paquete de 38.000 millones de dólares distribuidos en los 10 años sucesivos. Esta ayuda sirve para equipar al ejército israelí con cazas ultramodernos y se destinan 500 millones de dólares anuales a financiar el escudo antimisiles para blindar el espacio aéreo de Israel.

Durante los 11 días de bombardeos de la franja de Gaza por parte del ejército israelí, Estados Unidos bloqueó varias resoluciones presentadas ante el Consejo de Seguridad de la ONU para frenar la ofensiva. No fue una sorpresa, porque la comunidad internacional está acostumbrada al veto de Washington en todo lo que afecte a Israel. A lo largo del año 2020, la Asamblea General de Naciones Unidas emitió 17 resoluciones contrarias a Israel, según el recuento de un organismo próximo al gobierno israelí. Entre ellas, una resolución aprobada en diciembre referida a la ilegalidad de explotar los recursos naturales en los territorios ocupados, tanto de los palestinos en Cisjordania como de los sirios en los Altos del Golán. Varias resoluciones reclaman a Israel que se retire de los territorios que ocupa y le exigen fijar sus fronteras internacionales. Pero estas resoluciones de la Asamblea tienen solo un carácter simbólico, no son vinculantes. En el Consejo de Seguridad, cuyas resoluciones son de obligado cumplimiento, Estados Unidos ejerce su poder de veto para evitar que se condene el carácter criminal de las ofensivas del ejército israelí.

Los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, sin distinción de partidos, han vetado hasta 45 resoluciones de condena del Consejo de Seguridad de la ONU por todo tipo de abusos y violaciones de soberanía cometidos por el Estado de Israel, dos tercios de los cuales se refieren al conflicto interno con el pueblo palestino (11) (12). Esta situación mantiene de forma permanente el status quo, impidiendo al Consejo tomar medidas efectivas para impedir las masacres de población civil palestina. Los representantes de Washington ante la ONU alegan que “Israel tiene derecho a defenderse”, tal como acaba de hacerlo el presidente Joe Biden para justificar el veto actual.

En la cuenta de los desequilibrios de la región de Oriente Medio hay que sumar también que las potencias occidentales, encabezadas por Estados Unidos, han permitido que Israel desarrollase capacidades de armamento nuclear en instalaciones secretas, fuera del riguroso escrutinio de las inspecciones internacionales a las que se somete a su adversario persa cada vez que añade un puñado de centrifugadoras a sus instalaciones de uso civil. Este poderío, conocido aunque no explicitado, dota a Israel de una capacidad disuasoria que no es meramente defensiva, ya que le permite atacar instalaciones militares o civiles en países vecinos y no temer represalias. Recordemos que el ejército israelí ha bombardeado abiertamente centrales nucleares de Iraq, Siria e Irán sin que la comunidad internacional hiciera nada por impedirlo.

Geopolítica, petróleo, drogas y armamento

Israel y Colombia constituyen dos grandes plataformas militares desde las que Estados Unidos y sus aliados controlan la temperatura social y política de los respectivos escenarios regionales. Ambos tienen una ubicación geográfica privilegiada, muy próximos a los principales pasos estratégicos del comercio internacional, el canal de Suez y el canal de Panamá. Además, ambos países son territorio de frontera con las mayores reservas de petróleo del planeta. En el caso de Colombia, aparte de sus propias reservas, la vecina Venezuela cuenta con las mayores reservas mundiales comprobadas. En el caso de Israel, la vecindad es con los grandes productores de la OPEP, que extraen una tercera parte de los hidrocarburos que se consumen en todo el mundo. 

Durante la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI, el control de la producción y circulación de los recursos energéticos fue una pieza central de la estrategia geopolítica estadounidense para el despliegue de su ejército en el exterior. Las principales multinacionales del sector, muchas de capital estadounidense, aunque también europeo, se cuentan entre las primeras compañías del mundo por capitalización bursátil. Las llamadas “guerras del petróleo”, encadenadas década tras década en Oriente Medio y principalmente en el Golfo Pérsico, no solo sirvieron para saquear los recursos de los países productores; también incidieron en la fijación del precio del petróleo, favoreciendo los intereses de esas mismas corporaciones cuando merman sus beneficios por exceso de oferta con caída del precio del barril. Los bombardeos en Oriente Medio siempre alientan la especulación en los mercados de futuros petrolíferos, ya que la cotización remonta en razón de la inestabilidad que genera la situación bélica.

Por otra parte, el despliegue de bases militares de Estados Unidos en Colombia se efectuó como una pieza clave de la lucha antinarcóticos de Washington en el país con la mayor extensión de cultivos de coca, pero su enfoque puramente represivo fue un fracaso y un flagelo para las comunidades rurales afectadas por la fumigación aérea con glifosato. Después de dos décadas de haber aplicado esta estrategia errada, la exportación de cocaína no se ha reducido, más bien al contrario, y Colombia sigue produciendo el 70 % de la hoja de coca que se cultiva en todo el mundo. Los carteles mexicanos se han implantado en el país y controlan, junto a los grupos paramilitares y bajo la atenta mirada de la DEA, el flujo de estupefacientes hacia los mercados occidentales de consumo.

El despliegue militar antinarcóticos encubría de hecho una intervención directa de Estados Unidos en la lucha contra la guerrilla colombiana, reforzando entre otras cosas el entrenamiento del Ejército con técnicas de guerra contra la insurgencia impartidas por oficiales estadounidenses. Pero la instalación de bases militares en Colombia tiene también un efecto disuasorio en el caso de un potencial conflicto con Venezuela, que sufre constantes incursiones de militares y tropas irregulares colombianas a través de sus fronteras, por no hablar de la implicación directa del presidente Iván Duque en los planes de Estados Unidos de derrocar a Nicolás Maduro y sustituirlo por el presidente ficticio Juan Guaidó. 

La ubicación estratégica de estos países, colindantes con los mayores yacimientos de petróleo conocidos, les permite actuar como “pupilos consentidos” de la superpotencia occidental, pero también ha facilitado que sus poblaciones pudieran convertirse en rehenes de la militarización extrema que implica ese rol de subpotencias regionales que se les ha asignado en el tablero geopolítico internacional. 

Una estrategia extemporánea

La estrategia geopolítica estadounidense de fortalecer el poderío militar de Israel y Colombia como zonas de retaguardia en el control de las mayores reservas de combustibles fósiles mundiales resulta hoy completamente extemporánea. Durante el gobierno de Donald Trump, la extracción de petróleo no convencional a través del fracking convirtió a Estados Unidos en un país autosuficiente para el consumo interno (una cuarta parte del total del planeta) y en el mayor productor mundial de petróleo. Este desarrollo, económicamente viable en un mercado con precios elevados, se derrumbó completamente con la caída del consumo en pandemia; el precio del petróleo descendió hasta valores negativos y eso supuso la ruina de este modelo de extracción y el cierre de infinidad de pozos (13).

Pocos días después del cambio de gobierno en Estados Unidos, el presidente demócrata Joe Biden declaró su voluntad de combatir el cambio climático junto a la comunidad internacional, retomando una senda de la que se había desviado el presidente anterior. Biden aseguró en enero pasado que “la justicia ambiental estará en el centro de todo lo que hagamos”, y creó una Oficina de Política del Clima en la Casa Blanca, incorporando así esta cuestión a la agenda de seguridad nacional.

Si esta opción fuera sincera y el gobierno estadounidense redujese sustancialmente el consumo de combustibles fósiles, y en particular de hidrocarburos, cumpliendo así con los acuerdos internacionales, la estrategia geopolítica de Estados Unidos basada en la concentración del gasto militar en regiones con abundancia de petróleo quedaría completamente desfasada. La imponente maquinaria bélica que se ha desarrollado para proteger ese recurso estratégico dejaría de cumplir su función, ya que la antigua amenaza de una eventual escasez habría desaparecido y sería más previsible que existiera una constante sobreoferta de esta materia prima por la necesidad de reducir su consumo a nivel global.

Sin embargo, las grandes multinacionales petroleras están en el centro del sistema de poder estadounidense y las buenas intenciones del gobierno de Biden en materia ambiental vendrán condicionadas por su poderosa influencia. Y más aún las decisiones estratégicas adoptadas por el Pentágono, siempre reacio a desmantelar ese entramado geopolítico orientado a sostener una estrecha vigilancia de los mayores productores de hidrocarburos y de los flujos mundiales del mercado del petróleo. A esta resistencia se suma la de una industria de armamento que acapara las ventas de material militar a los países receptores de ayuda. En efecto, la contraprestación del acuerdo de asistencia a Israel por 3.800 millones de dólares anuales es la obligación de este país de equiparse solo con proveedores de armas estadounidenses. Un negocio sobresaliente para la industria bélica, financiado con el dinero de los contribuyentes.

Por lo demás, existen vínculos de colaboración y propiedad muy estrechos entre empresas de seguridad israelíes y estadounidenses, y un Israel armado  hasta los dientes es el señuelo de la industria bélica para rearmar de forma permanente a las monarquías petroleras del Golfo, empezando por el mayor comprador de armas del mundo (después de la India), Arabia Saudí, con un gasto militar de 69.000 millones de dólares en 2017. Egipto, que recibe anualmente 1.300 millones de dólares de ayuda estadounidense, y el nuevo aliado árabe de Israel, EUA, son los siguientes países en la lista de importadores de armamento.

El complejo militar-industrial seguirá presionando a la Casa Blanca para mantener este suculento mercado cautivo. La industria de hidrocarburos, por su parte, no cederá terreno fácilmente y buscará recomponer sus alianzas para alcanzar una nueva época dorada del petróleo, con una vuelta al gobierno de Donald Trump o con cualquier otro candidato republicano negacionista del cambio climático. Y los lobbies de ambos sectores seguirán presionando en el Congreso para mantener el status quo de la implicación militar de Washington en esos enclaves que consideran estratégicos. 

Esta es la tendencia estructural de fondo, impulsada por las presiones políticas que propician la complicidad con las masacres que perpetra el Estado de Israel en Palestina, o las razzias del Estado colombiano contra su juventud pobre, negra e indígena. Pero durante los últimos años se produjo un cambio en la percepción de la opinión pública estadounidense que se refleja en las contradicciones y desacuerdos existentes dentro del partido Demócrata. Decenas de congresistas rechazaron las declaraciones del gobierno de Joe Biden de apoyo incondicional al ejército israelí en la ofensiva bélica contra la franja de Gaza. Al mismo tiempo, otro numeroso grupo de congresistas reclamó la suspensión de cualquier ayuda directa de Estados Unidos con destino a la policía colombiana (14). El presidente afronta importantes discrepancias internas, como la del senador Bernie Sanders, judío, que en una tribuna publicada en The New York Times recuerda a sus compatriotas que “las vidas palestinas importan”, o la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien no duda en calificar a Israel como un “Estado de apartheid” y acusa al presidente de su país de complicidad con la muerte de civiles palestinos. (15)

En el caso específico de Colombia, la presencia militar estadounidense no es menos extemporánea con el fin de combatir a las guerrillas, que han quedado muy mermadas tras la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016. Tampoco tiene fundamento sostene esa asistencia militar invocando la lucha contra el narcotráfico. Hace algo más de 20 años, el ejército colombiano, asesorado por militares estadounidenses, ya fumigaba con glifosato las plantaciones de marihuana. Paradójicamente, hoy Estados Unidos es uno de los mayores productores de cannabis del mundo para uso recreativo y Colombia ni siquiera ha autorizado su cultivo para fines medicinales. ¿Podría devenir Estados Unidos uno de los mayores productores de cocaína del mundo en un futuro no muy lejano? Si esto finalmente ocurriera -y no parece demasiado utópico- los clanes del narcotráfico perderían su suculento negocio y los países que padecen esta lacra experimentarían un enorme alivio.

¿Quiénes dieron la orden?

Durante las manifestaciones de protesta en Colombia resuena siempre una pregunta respecto de las masacres y la violencia policial: “¿Quién dio la orden?” Es una pregunta retórica, ya que se presupone la respuesta: el ministro de Defensa, responsable de la policía (cuya moción de censura no prosperó en el Senado), y el presidente Iván Duque como máximo responsable político, y por encima de él, ejerciendo el poder en la penumbra, teledirigiendo los destinos del país, el no menos “presidente” Álvaro Uribe, el máximo responsable de los 6.402 “falsos positivos” entre muchos otros crímenes de estado. En estos días, después de haber instigado a la fuerza pública a usar sus armas durante el paro nacional, una etiqueta recorrió las redes sociales: #uribediolaorden

Tampoco hay dudas de que en Israel las órdenes de atacar las dio el presidente ultraderechista Benjamin Netanyahu. Como lo ha hecho en otras ocasiones, este corrupto dirigente del Likud volvió a coquetear en este ataque a Gaza con los patidos ultraortodoxos y supremacistas para mantenerse en el gobierno y así evitar las causas por corrupción que lo persiguen. En la actual coyuntura, sin haber conseguido hasta ahora formar gobierno y teniendo que convocar nuevas elecciones, los bombardeos contra enclaves palestinos le servirían en sus cálculos oportunistas para mejorar sus expectativas de voto.

Uribe es el máximo responsable del genocidio perpetrado contra su pueblo, su principal brazo ejecutor, pero hay otra instancia desde la que también se impartió la orden. Netanyahu es el mayor criminal de guerra del Estado judío contra la población civil indefensa de un territorio bajo su custodia, contra sus súbditos palestinos. Pero por encima de Uribe, por encima también de Netanyahu, hay un sistema de poder bien aceitado y refractario a los cambios. Un sistema político y económico que no disimula su voracidad por hacer negocios con traficantes de armamento y petróleo, o con narcotraficantes, y por ello muy complaciente con las atrocidades que cometen sus aliados militares estratégicos contra la población civil dentro de sus fronteras.

Hay una diferencia cualitativa y una cuestión de escala en el apoyo político y militar de Estados Unidos a cada uno de estos dos países. En ese sentido, la situación no es comparable. En el caso de Israel, la fidelidad de Washington es tal que el recurso al veto en el Consejo de Seguridad de la ONU se da siempre por descontado ante cualquier resolución en su contra. Es improbable que esto ocurra si el país condenado por violaciones de derechos humanos fuera Colombia. Algo que sí es comparable, sin embargo, es que sin ese apoyo incondicional de Washington, los responsables políticos de ambos países no podrían masacrar de manera impune a su propia población.

(1) Ver Karmy, Rodrigo: Escritos bárbaros. Ensayos sobre razón imperial y mundo árabe contemporáneo, LOM, Santiago de Chile, 2016.

(2) Conversaciones sobre Palestina. Noam Chomsky e Ilan Pappé, Icono Editorial, Bogotá, 2017. 

(3) https://www.btselem.org/topic/apartheid

(4) La cifra de muertos durante la represión de las protestas esa noche en el municipio ascendió a cinco personas, pero también se reportó otra masacre de cuatro personas en la misma localidad un día antes, en este caso de jóvenes manifestantes secuestrados por grupos paramilitares (Águilas Negras y AGC, entre otros) que distribuyen panfletos contra los bloqueos. Ese mismo día se notificaba otra masacre, la número 40 en los primeros cinco meses de 2021, en la localidad de Suárez, Cauca, con resultado de tres personas jóvenes asesinadas. Ver acá.

(5) https://ctxt.es/es/20200801/Politica/33198/colombia-ivan-duque-masacres-awa-eduardo-giordano.htm

(6) https://losdanieles.com/columnista-invitado/virgilio-barco-y-el-exterminio-de-la-up/

(7) https://pacifista.tv/notas/los-argote-la-poderosa-familia-que-esta-a-punto-de-ir-a-juicio-por-presuntas-alianzas-con-paramilitares-en-uraba/

(8) https://www.opinioncaribe.com/2021/05/12/con-un-dudoso-comunicado-buscan-desmentir-denuncias-hechas-por-norma-vera-defensora-de-derechos-humanos/

(9) https://caracol.com.co/emisora/2021/05/28/pereira/1622201980_584490.html

(10) https://ctxt.es/es/20201201/Politica/34420/plan-colombia-glifosato-violencia-drogas-eduardo-giordano.htm

(11; 12) El gobierno de Donald Trump fue especialmente generoso con su amigo Benjamin Netanyahu, en particular cuando le ofreció dos dádivas muy codiciadas por el expansionismo judío: la capitalidad de Jerusalén, que Trump ratificó trasladando la embajada de Estados Unidos a esa ciudad, y la anexión de los Altos del Golán, territorio estratégico arrebatado a Siria en las guerra de 1967 y 1973, ocupado desde entonces y cuya soberanía fue ‘asignada’ a Israel en 2019 por el magnate ultraderechista en un gesto imperial de rectificación de fronteras. Las resoluciones de la ONU contra estas decisiones de Washington también fueron vetadas. Ninguna resolución en este sentido ha prosperado, con la sola excepción de una histórica abstención en diciembre de 2016, en los últimos días del gobierno de Obama y contra la voluntad del ya elegido presidente Donald Trump. https://www.multimedios.com/internacional/historica-abstencion-de-eua-en-resolucion-de-onu-contra-israel

(13) https://blogs.publico.es/otrasmiradas/32535/la-economia-del-petroleo-y-el-clima-en-tiempos-de-pandemia/

(14) https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/congresistas-de-ee-uu-piden-suspender-ayuda-directa-a-la-policia-de-colombia/

(15) Algunos crímenes de guerra cometidos por Israel, como el derribo de un edificio utilizado por la agencia AP y otros medios de comunicación internacionales, así como las informaciones de ataques a infraestructura hospitalaria con resultado de médicos muertos, socavan cada vez más la posición oficial del presidente Joe Biden dentro de su partido.

(*) Publicado originalmente en Contexto (España), 04/06/2021.

 

Source

]]> Colombia: Un análisis de las elecciones y su relación con EEUU https://marcha.org.ar/colombia-un-analisis-de-las-elecciones-y-su-relacion-con-eeuu/ Tue, 01 Dec 2020 03:01:57 +0000 http://www.marcha.org.ar/?p=52466 Hace menos de un mes se celebraron las elecciones presidenciales en Estados Unidos con Joe Biden, por el Partido Demócrata como ganador. Su triunfo tendrá repercusiones, especialmente, en los países de América Latina que en esta ocasión analiza Antonio García, jefe militar e integrante del Comando Central del ELN.

Por Peoples Dispatch, Brasil de Fato, Resumen Latinoamericano, Colombia Informa y Marcha Noticias

Este nuevo panorama se suma al contexto electoral, político y social, ya bastante álgido en varias regiones del continente. En Colombia, por ejemplo, actualmente se están impulsando dos referendos completamente distintos que reflejan la polarización social. Por un lado, está la indignación ante un Gobierno que profundiza las crisis estructurales del país; y por otro lado, se pronuncia un sector afín al Gobierno de Iván Duque, que insiste en medidas cada vez más antidemocráticas.

Los medios de comunicación Brasil de Fato, Marcha Noticias, Peoples Dispatch, Colombia Informa y Resumen Latinoamericano, realizamos una entrevista exclusiva a Antonio García, jefe militar e integrante del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional -ELN-.

¿Qué significa el triunfo de Biden en Estados Unidos? ¿Qué representa para América Latina? ¿Cómo se puede leer la crisis de gobernabilidad en Colombia? En esta segunda entrega, García responde a estas preguntas.

¿Cuáles expectativas genera la elección del nuevo presidente de los EEUU?

Es de interés el acontecimiento político, cómo culmina o está culminando, el proceso electoral norteamericano, donde el hombre más poderoso del mundo acusa al otro de que le están robando las elecciones y que le está haciendo fraude. Es ridículo que el presidente con el poder y el manejo que tiene la institucionalidad, esté diciendo que el otro le está robando las elecciones.

Trump es un personaje que ha gobernado sobre la base de la amenaza, del chantaje, pero con la opción de buscar una negociación. Como se dice, es una técnica de negociación: “Yo hablo duro para que el otro se baje un poco.” Manteniendo, desde luego, unos focos de conflicto internacional que se seguían desarrollando por la vía militar a través de la OTAN o de otros aliados. Como el caso de Ucrania, el caso de Siria, el caso de Afganistán y otros donde no fue una guerra frontal y abierta.

En el caso de Biden, el porvenir del Partido Demócrata, se podría pensar que va a ser un gobierno democrático. Pero no es así. Con Trump todo se salía un poco de lo que era la rigurosidad institucional y la gobernabilidad. Porque era un gobierno que estaba pensado más para gobernar sin la mediación de los partidos políticos. Era la voz de las transnacionales ejerciendo su labor de gobierno. Y por tanto, es el poder económico que está hablando el que dice: “yo no necesito que hable por mí.” Trump tenía esa imagen que quería transmitir en su forma de gobernar, como si estuviese haciendo un reality.

El caso de Biden representa la institucionalidad norteamericana, las políticas internacionales, la política de seguridad, la comunidad de inteligencia. Entonces, vamos a ver a un gobierno más institucional. Por ejemplo, Biden fue uno de los cerebros de las políticas que se impusieron en Colombia, como fue el Plan Colombia y toda la visión contrainsurgente ligada en ese plan.

De igual manera podemos decir: varias personalidades políticas, movimientos políticos decían que Obama era un personaje democrático y se hicieron esa esperanza de que podían haber cambios sustanciales. Pero detrás de ese mensaje de paz, detrás de ese mensaje de democracia, se impulsaron confrontaciones militares abiertas; a pesar de su mensaje de paz, de su premio de paz, desarrolló confrontaciones militares en todo el mundo.

Entonces, ante este gobierno de Biden, pues vamos a ver algo parecido. O sea, las políticas institucionales del imperio norteamericano con toda la institucionalidad. No mandando solamente mensajes para presionar negociaciones, sino de pronto desarrollando y siendo actores de escenarios militares mucho más confrontativos.

La política norteamericana es una política institucional de un imperio que va en decadencia y que, por lo tanto, trata de coordinar el ritmo de decadencia, trata de frenar la caída de su poderío económico y militar, que hoy se ha confrontado por los nuevos desarrollos de fuerzas sociales y políticas, al igual que económicas como China, Rusia y otros países que también juegan en la escena en coaliciones políticas, en una óptica multilateral.

¿Qué opina de los 2 referéndum que se están impulsado en Colombia?

Hay dos referéndums: uno que plantea el senador Roy Barreras que es un referéndum para buscar la revocatoria del presidente Duque, pues el mandato de Duque no ha sido nada bueno, nada saludable para para el país y por lo tanto hay que revocarlo. Y eso viene generando unas dinámicas de movimiento social y político, de fuerzas que convergen a apoyar ese referendo. Como el caso de senador Petro, que ha planteado unas banderas también ahí y unas propuestas que tienen que ligarse al referéndum, como la renta básica y otras iniciativas que pueden ser interesantes. Al igual que otros movimientos sociales y políticos que van a confluir. O sea, se genera un escenario de convergencia política que busca actuar contra un gobierno de derecha que no ha gobernado, o bien que no tiene soluciones para los problemas del país.

Entonces es interesante para el país que se pueda evaluar un presidente, que la gente cuestione cuando falla un gobierno y que haya posibilidades de que otros gobiernen mejor. Muy seguramente ese referéndum va a tomar camino y ojalá que eso prospere.

El otro referéndum lo ha convocado Álvaro Uribe Vélez, y está más en función de modificar la justicia. Buscar que haya una sola corte para la justicia colombiana. Es decir, unificar las cortes.  Buscar mayor centralización del poder político en el Ejecutivo. Que todos sabemos que son propuestas que buscan un escenario dictatorial para crecer más desde la élite de derecha el gobierno en Colombia.

Entonces estamos ante dos propuestas: una de derecha y otra más de corte democrático que cuenta más con las esperanzas y que posiblemente puede inducir a un escenario de convergencia que busque soluciones para Colombia.

*Esta entrevista tendrá cuatro entregas. Esta es la segunda de ellas.

 

Source

]]> EE.UU: nuevo ataque contra las misiones médicas de Cuba https://marcha.org.ar/ee-uu-nuevo-ataque-contra-las-misiones-medicas-de-cuba/ Fri, 19 Jun 2020 12:25:19 +0000 http://www.marcha.org.ar/?p=49918 Tres senadores republicanos de Estados Unidos promueven hoy un nuevo ataque contra las misiones médicas de Cuba, con la presentación de un proyecto de ley dirigido a castigar a los países que acepten esa cooperación.

Por ZonaFranK | Foto: PERIÓDICO 26

Esto ocurre en momentos en que una amplia campaña internacional aboga por el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a los doctores cubanos del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve.

La mencionada propuesta legislativa se une a las numerosas acciones emprendidas hasta la fecha desde Washington para afectar la solidaridad médica de la isla.

Introducido por los senadores Rick Scott, Marco Rubio y Ted Cruz, el proyecto de ley llama al Departamento de Estado a publicar la lista de países que tienen contrato con el gobierno cubano para su programa de misiones médicas.


Según la iniciativa, la entidad federal debería considerar el hecho de ser una nación receptora de esa ayuda cubana como un factor a la hora de clasificar a los países en su reporte anual sobre la trata de personas.

Los territorios que se incluyen en el nivel tres de ese informe unilateral del Departamento de Estado podrían estar sujetos a restricciones potenciales sobre ciertos tipos de ayuda exterior de Estados Unidos, y sobre otros fondos norteamericanos y multilaterales, recordó el texto.

El objetivo de ese proyecto, bautizado como Cut Profits to the Cuban Regime Act (Detener las Ganancias del Régimen Cubano), es frenar los ingresos recibidos por el país caribeño a través de esas brigadas de profesionales de la salud, las cuales son alabadas por muchos Estados y organismos internacionales.

De acuerdo con el texto del proyecto de ley, los países anfitriones de los doctores cubanos estarían exentos de las sanciones relacionadas con el ‘tráfico de personas’ si cumplen ciertos requisitos impuestos por Washington, entre ellos que los pagos a los médicos se realicen de forma directa, y no a través del gobierno o una organización patrocinadora.

La introducción esta semana del mencionado diseño legislativo tiene lugar después de una larga lista de acciones de la administración de Donald Trump contra las brigadas médicas cubanas, las cuales se han intensificado en medio de la lucha de la isla a nivel nacional e internacional contra la pandemia de la Covid-19.

El pasado 10 de junio el secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, arremetió contra la Organización Panamericana de la Salud por su papel de intermediaria en la colaboración médica cubana en Brasil.

Asimismo, el propio Pompeo cuestionó en mayo las condiciones de trabajo de los doctores cubanos, celebró a países que bajo la presión de Washington retiraron a médicos de la isla de sus territorios y llamó a otros beneficiados por la colaboración cubana a rechazar esa ayuda.

Source

]]> Claudia de La Cruz: “La gente de los Estados Unidos está harta” https://marcha.org.ar/claudia-de-la-cruz-la-gente-de-los-estados-unidos-esta-harta/ Mon, 01 Jun 2020 13:23:42 +0000 http://www.marcha.org.ar/?p=49653 Claudia de La Cruz del Proyecto de educación popular y del Foro del pueblo de Nueva York analiza el racismo sistémico en el país y habla sobre las demandas de los manifestantes.

Por Peoples Dispatch | Foto: Matt Rourke | Traduccion: Ivan Barrera

Protestas y manifestaciones han estallado en todo Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd el pasado  25 de mayo. George Floyd fue asesinado por un oficial de policía que puso su rodilla en su cuello durante casi nueve minutos. Estas protestas exigen justicia, exigen un cambio sistémico, están exigiendo el fin del racismo policial. Para hablar más sobre esto, tenemos a Claudia de la Cruz del Proyecto de educación popular y del Foro del pueblo de  Nueva York.

Entonces, para comenzar con una de las cosas clave que muchas personas mencionan en las calles, es el hecho de que éste definitivamente no es solo un incidente aislado, este no es el caso de un par de manzanas podridas en una estación de policía en una ciudad del país. Este es realmente un problema sistémico, es parte de una serie de asesinatos, de ejecuciones en el pasado y, sin embargo, la tendencia continúa. Hay un gran número de movimientos como también de personas en el poder que han expresado palabras de simpatía. Han hecho llamamientos con lemas vagos para el cambio, pero no ha pasado nada. Entonces, ¿podría hablar un poco sobre los factores sistémicos y cómo juegan en esto, especialmente cuando se trata de la aplicación de la ley?

Claudia de la Cruz: Creo que es sumamente importante entender el problema como algo sistémico. Históricamente cuando hablamos de vigilar, cuando hablamos de la policía y de la militarización, estamos hablando del corazón y las raíces del desarrollo de los Estados Unidos de América. Pensarlo como un caso individual es una pérdida total, no solo para nuestros movimientos, sino en general para nuestra gente. Crea una desventaja en que no entendamos cuán malvado, cuán brutal, cuán demoníaco puede ser el sistema a la hora de proteger el capital, proteger la propiedad y proteger a la élite. 

Hemos presenciado el asesinato de cuerpos negros y marrones, de personas pobres, incluidos los blancos pobres, a lo largo de toda la historia de la violencia estatal. Es importante entender que esto es tan estadounidense como el pastel de manzana. Sigue sucediendo. Creo que la diferencia hoy está en que es algo que está siendo documentado y es algo que está siendo presentado para que el mundo lo vea.

Este caso particular de George Floyd provocó mucha indignación porque no es el primero en ser asesinado en medio de una pandemia. Es una de las muchas personas que han sido asesinadas, algunas de las cuales sabemos y otras de las que no. No solo por la fuerza policial, sino también por vigilantes que han sido apoyados por el Estado. Se toman medidas muy suaves -si se ha tomado alguna- para calmar a la gente. Y la gente está harta. 

Cuando tienes al presidente de los Estados Unidos hablando de negros, marrones y pobres como villanos. Cuando en Twitter trata al alcalde de Minnesota como débil y dice “Voy a enviar una Guardia Nacional para que se encargue de esto de la manera correcta ”, se puede ver el modo en que los supremacistas blancos abordan el dolor de las personas. Están más preocupados por la quema de edificios que por la muerte de personas. Está claro que la gente de los Estados Unidos, la gente que está en las calles, que está haciendo arder las calles en este momento, está harta. Entienden que no es solo cuestión de los nueve minutos que le tomó a ese policía asfixiar con su rodilla a George Floyd. Está más allá de eso, está más allá de esos nueve minutos, son los cuatrocientos años de violencia estatal.

Usted señaló que ha habido movimientos de protestas o ha habido muchos casos de protestas en el pasado, y la instancia más importante fue después de los asesinatos en Ferguson. Una de las preguntas clave es cómo se desarrollan estas protestas, qué tipo de demandas se presentan. Y todavía en los primeros días, especialmente ayer, vimos las protestas realmente extendiéndose a muchas ciudades de todo el país, así que ahora podría contarnos un poco sobre algunos de los aspectos clave que se están planteando.

Cuando ves las noticias, cuando hablas con la gente en la calle, cuando hablas con personas de las diferentes ciudades, la demanda principal es “una respuesta criminal a acciones criminales” Juzgar de asesinato en tercer grado (homicidio imprudente) no es suficiente para alguien que asesinó a sangre fría. Fue un linchamiento público. Si el sistema penal no se encarga de mantener a los oficiales de policía en el mismo nivel que los ciudadanos normales, esto continuará sucediendo. Históricamente está probado. Estos policías continúan brutalizado y asesinando a nuestra gente y no reciben el mismo trato que alguien que mata a una persona blanca o a un policía. El valor de la vida no es el mismo. Esa es la primera demanda. También hay mucha gente en los movimientos más izquierdistas que piden la abolición de las cárceles y la abolición de la policía. Que exigen una vigilancia comunitaria para que las personas puedan autoprotegerse. 

Desafortunadamente existe un alto nivel de desorganización por parte de los movimientos de base y de izquierda en los Estados Unidos. Hay muchas fracciones, está muy fragmentado y, por lo tanto, es muy difícil decir que hay una muy clara demanda política que es unificadora. 

Lo que necesitamos aprender de las rebeliones anteriores, de las revueltas anteriores, es cómo nos posicionamos para elevar el grito de nuestra gente de una manera que tenga sentido y avance en la agenda política. Necesitamos gritar “estamos aquí para defender la vida, estamos aquí para defender a la comunidad, estamos aquí desde una perspectiva anticapitalista, desde una perspectiva antiimperialista ”. Hay mucha fragmentación y hay muchas diferencias en términos de cómo concebimos avanzar. 

Estamos en un lugar diferente de donde estábamos en Ferguson y Baltimore en 2014. La gente eligió a Obama, sobrevivimos a Obama, sobrevivimos a Ferguson, sobrevivimos a Baltimore, pasamos cuatro años de Trump. Pasamos por la creciente agresión de los Estados Unidos a nivel internacional, el extractivismo, la creciente militarización, el ataque a las poblaciones migrantes. Hemos pasado por todo eso. Ahora estamos en medio de una pandemia global, por lo que estamos en un espacio diferente. La gente se unió en un momento y espacio diferente. Tan es así que hubo más de 15 ciudades que se incendiaron anoche..

Estas revueltas tienen un gran sentido histórico. Estas revueltas son la voz y el idioma de aquellos que están oprimidos. Tenemos el derecho de hacer esto, nuestra ira es justa y es lo que moverá este país. Esta es una gran oportunidad para que podamos avanzar en nuestras conquistas. Tenemos que tener el coraje de caminar codo a codo, de estar en esta lucha y luego aprovechar esta oportunidad para construir las organizaciones de la clase trabajadora que finalmente nos llevarán a otra realidad política y social.

Un desafío clave también será el hecho de que este es un año electoral y existe el riesgo y la tentación de que se enmarque por completo en torno a Trump. Obviamente las declaraciones han sido extremadamente violentas, han sido abusivas, pero este no es realmente un problema de Republicanos contra Demócrata en absoluto.

Tienes toda la razón, no es algo partidario. Tanto los Demócratas como los Republicanos han estado en la Casa Blanca y han sido cómplices en el accionar policial. Definitivamente nuestra reclamas no son partidistas, no hay una posición partidista. Es la posición de la clase dominante, la de aquellos que están allí para proteger y promover las ideologías y las prácticas de una clase dominante la que han convertido este país en una dictadura durante demasiado tiempo. 

Es importante recordar que Obama estaba en el poder cuando Mike Brown fue asesinado. Él era un presidente negro, que supuestamente provenía de la organización comunitaria, con padres inmigrantes, con ideas diferentes y que tenía el poder de poner a sus asesinos ante la justicia y no lo hizo. Fue cómplice.  

También es importante entender que el movimiento anti-Trump en los Estados Unidos no es homogéneo. Es un movimiento que también lo conforman Demócratas y gente que está a favor del capitalismo y de mantener el status quo. Debemos ser claros en que nuestra lucha contra la brutalidad policial, contra la supremacía blanca, debe estar emparejada y arraigada muy bien en un línea anticapitalista, antiimperialista, anti patriarcal, anti supremacía blanca. Necesitamos ser realmente muy claros, debemos ser realmente muy cuidadosos de que esto no se convierte en un problema partidario. 

Source

]]> La pandemia habilita el debate sobre el Estado y las políticas públicas https://marcha.org.ar/la-pandemia-habilita-el-debate-sobre-el-estado-y-las-politicas-publicas/ Tue, 28 Apr 2020 03:01:00 +0000 http://www.marcha.org.ar/?p=49036 La economía está en debate en todo el mundo. Lo que preocupa es la recesión en curso y el paro forzoso de la producción, con un elevado porcentaje de población mundial en aislamiento. Las cuarentenas se mantienen y amplían, con mucha discusión sobre el impacto en la salud y en la economía.

Por Julio C. Gambina* / Foto por Daniel Vides

Ya hemos señalado en escritos anteriores que es falso dividir salud de economía, e incluso se puede hablar de economía de la salud o de la salud de la economía.

Una población con niveles adecuados de salud está en mejores condiciones para habilitar unas relaciones económicas con mayores posibilidades de satisfacer las necesidades humanas. Una actividad económica que resuelva las crecientes e históricas necesidades de una población mejora la salud de las personas.

La salud está asociada a equipamiento, infraestructura edilicia, fármacos, estudios, análisis, investigaciones, ingresos del personal de salud, todo lo que supone planeamiento científico, técnico y económico.

Sin embargo, la presión es fuerte desde el poder económico para la reactivación de la producción, verificando que el trabajo es el creador de la riqueza, de los bienes y servicios, del capital y por ende de la ganancia y de la acumulación que resuelve en definitiva la dominación.

Por eso, para sustentar la dominación actúan los medios de información y comunicación, aún hasta el cansancio, con un mensaje relativo a la necesidad de activar la economía y volver a la “normalidad”.

Una normalidad que exacerbó en estos años gravísimas consecuencias sociales en materia de desigualdad, por ende, de concentración del ingreso y de la riqueza y de extendida pobreza e indigencia; con flexibilización salarial y laboral, afectando derechos sociales, sindicales históricamente conquistados. No es solo un fenómeno local o regional. Es una conclusión generalizada en el sistema mundial.

Exponente de esta posición de privilegio a mantener la “normalidad” nos lleva a EEUU, ahora epicentro de la pandemia COVID19. El efecto económico en pérdida de fuentes de empleo es alarmante.

La crónica señala que “4,4 millones de trabajadores se han sumado en la última semana a pedir ayudas al gobierno federal para afrontar su desempleo. El cierre de negocios debido a la crisis sanitaria ha generado que uno de cada seis empleos sea destruido, algo que podría empeorar con la llegada de mayo.” En la nota de France 24 se anuncia bajo el título: “26 millones de personas solicitaron ayudas por desempleo en EE. UU. por la crisis del Covid-19”[1].

El horizonte es de mayor gravedad que en la crisis del 30, sostienen en la nota, en efecto, se indica que durante la gran depresión “el paro en Estados Unidos estuvo en torno al 14%”, y el pronóstico para todo el 2020 será del 20%. El último dato registrado para marzo es de 4,4%, cuando para los 12 meses previos los valores oscilaron entre 3,5% y 3,7% para cada mes.[2]

Los datos globales de la pandemia COVID19 son alarmantes, con casi tres millones de contagiados y casi 200.000 fallecidos, encabezado por EEUU con más de 900.000 infectados y más de 50.000 muertes, lejos de China, el territorio que en origen se manifestó la epidemia, con menos del 10% de infectados (83.900) y fallecidos (4.636) respecto a EEUU.

El caso es que China, quien desplegó la más estricta cuarentena en los territorios con población afectada, aparece ahora precedido por mayores casos de infección y muertes de otros 8 países, EEUU, España, Italia, Francia, Reino Unido, Turquía e Irán.

Recesión, impacto social y salida de la cuarentena

Interesa el tema, ya que el FMI en su reunión de primavera anticipó una caída mundial de -3% para el 2020, con -5,9% para EEUU, -7,1% para la Unión Europea y China creciendo al 1,2%[3]. Es cierto que el dato para China es muy bajo respecto de sus referencias para las últimas décadas, igual indica un tiempo de recuperación, que lo aleja de las perspectivas más agresivas de caída de la producción y de recesión mundial. Vale confirmar con la información actualizada, cual es la realidad de la evolución sanitaria y de la macroeconomía para todos los países.

Un asunto imprescindible para acercar conclusiones sobre las respuestas ante la pandemia e incluso relativo a una situación de la economía mundial que estaba desde antes en proceso de crecimiento pobre, con desaceleración, que la COVID19 aceleró como explosión recesiva. Una recesión que agrega consecuencias sociales graves en materia de empleo, pobreza y marginación.

¿A cuánto llegará la pobreza o el desempleo en cada país luego de la pandemia?

¿Cómo se modificarán las relaciones laborales, a favor del empleo a domicilio o teletrabajo, el que se generaliza en ámbitos tales como la educación?

¿Cuántos contratos laborales serán reformulados a la baja en ingresos y deterioro de las condiciones laborales?

Interrogantes que imaginamos con respuestas regresivas, no solo por lo que acontece en reducciones de ingresos salariales y populares, sino producto de una ofensiva del capital contra el trabajo. Se trata de medidas con ejecución continua desde la salida de la crisis de los años 70 y que se han denominado “políticas neoliberales”, de apertura y liberalización.

La pandemia es de final incierto, incluso y más allá de la aparición de una vacuna, puede involucrar al ciclo del 2020/2021, incluso más allá, por lo que es vital el debate sobre el ¿qué hacer con la economía, la salud y la propia pandemia?

A la fecha, son los países más afectados quienes minimizaron en origen el problema, que habilitaron debates diversos, e incluso alimentan el debate en otros países, donde la opinión diletante interviene sobre una falsa alternativa entre salud y economía.

No es un tema menor, ya que disputan el consenso de la sociedad en la búsqueda de una “normalidad” que debe ser discutida. La esencia de nuestra preocupación es la búsqueda de “otra normalidad”, alternativa y contrapuesta al orden capitalista y a las relaciones económicas sustentadas en la explotación de la fuerza de trabajo, el saqueo y la destrucción de los bienes comunes.

El debate existe en la región latinoamericana y caribeña, con las antípodas en el sur entre Brasil y la Argentina y una situación intermedia es la que nos presenta México. En Brasil, desde el Estado nacional se subestimó el tema desde el inicio, presentando contradicciones con los poderes local, similar a lo acontecido en EEUU. En Argentina la prevención fue temprana y con amplio acuerdo entre la oposición y el oficialismo, más allá de algunas voces disonantes. En México hubo una respuesta intermedia, entre discurso oficial de laxitud y concretas  medidas preventivas.

Los datos son alarmantes para Brasil con más de 54.000 casos y más de 3.700 muertes, para una población de más de 209 millones de habitantes.

Para México, la referencia alude a casi 13.000 infectados y más de 1.200 muertes, con una población de 126 millones de personas. En Argentina, son 3.600 casos, 179 muertes y 44 millones de población. Cualquier comparación relativa a infectados o fallecidos respecto de la población favorece conclusiones relativas a la prevención temprana.

Los datos y proyecciones de la situación económica son graves para los tres más grandes países de la región. Según el FMI, la región caerá -5,2% para todo el 2020, con Brasil cayendo un -5,3%, Argentina un 5,7% y para México un -6,6%.[4] Todos por encima  de la media.

De nuevo, la cuestión sanitaria y la economía como parte de un problema integral que nos lleva a discutir el Estado y las políticas públicas, de salud, de producción y distribución, de bienes y servicios, de ingresos y de riquezas.

El Estado y su intervención en la economía

En ese sentido vale pensar las decisiones que hoy se toman en el mundo. Argentina informa que destinará un 3% de su PBI para atender la emergencia económica en curso, que es mucho respecto de otros países, pero poco respecto al 7% de Alemania.

Ni hablar de los millones aportados por la banca central de los principales países del capitalismo mundial, varias veces superior a lo emitido en tiempos de la crisis 2007/2009.

El Banco Central Europeo (BCE) relajó las disposiciones de calificación de bonos de los países miembros hasta septiembre del 2021.[5] Todo indica que en foco de la atención está la crisis italiana, tercera potencia de la zona Euro, luego de Alemania y Francia.

Italia podría perder la calificación de “grado de inversión” y pasar a ser considerado como un país de alto riesgo y con elevado costo para una deuda en expansión, entre las más elevadas del mundo con relación a su PBI.

Existe el temor de la fuga de capitales en Italia, algo que Christine Lagarde, Presidenta del BCE conoce desde su anterior responsabilidad como titular del FMI, con desembolsos a la Argentina por 44.100 millones de dólares que en su mayoría tuvieron destino de fuga.

Kristalina Georgieva informó que de los países emergentes fugaron 100.000 millones de dólares en los dos primeros meses de la COVID19. Es una señal de la búsqueda de seguridad de los capitales especulativos, que en tiempo de pandemia continúan su propósito por la ganancia.

Así como el BCE asigna 750.000 millones de euros para favorecer la compra de deudas que incluyen bonos tóxicos, reiterando una práctica de salvataje ya ensayada en el 2007-09, el FMI anuncia disponibilidad de 1 billón de dólares para atender la emergencia. Entre el Tesoro de EEUU y la Reserva Federal (FED) enuncian salvatajes por 8 billones de dólares.

¿Quién duda de la intervención estatal para el salvataje de las grandes empresas del orden capitalista y de la voluntad de las principales autoridades de los Estados nacionales y las organizaciones supranacionales?

Solo los necios ideologizados del libre mercado en tiempos de transnacionalización sostienen la ilusión de la no intervención de los Estados. Claro, apoyados por los principales medios de propagación ideológica que son los medios masivos de comunicación que difunden la presencia de estos gurúes mesiánicos del liberalismo.

No solo es cuestión del COVID19, sino de los problemas de arrastre de la desaceleración y la recesión ahora agudizada, evidente con los precios a la baja del petróleo. Desde el máximo de 110 dólares el barril en 2012, el precio bajó a 26,5 dólares en 2016 y escaló a 64 dólares a fines del 2019, con oscilaciones relativas a la disputa del mercado entre los principales países productores.

En ese marco se incluyen las negociaciones al interior de la OPEP y de esta con Rusia en lo que se conoce como OPEP+. Son negociaciones encaradas por los Estados, en representación de intereses de corporaciones transnacionales y mediados por objetivos de estrategia global de los Estados nacionales.

No es menor considerar que EEUU recuperó en 2015 su liderazgo mundial en la producción petrolera, lo que había resignado desde la crisis de los años 70. Lo hizo con base en la producción de hidrocarburos no convencionales y la tecnología de la fractura hidráulica (fracking).

Esa producción de no convencionales necesita un precio en torno a los 60 dólares el barril, por el elevado costo de explotación, lo que se fue resolviendo con importantes subsidios estatales y financiamiento de la banca estadounidense.

Curiosamente, el desplazado del podio productivo fue Arabia Saudita, un aliado político de EEUU. La confrontación con los precios fue evidente, con los árabes presionando vía producción y precios definidos en la OPEP a afectar la posición de liderazgo de Washington.

Se complicó el tema con la aparición de la OPEP+ que involucró como tercero en discordia a Rusia. Todo parecía haberse arreglado hacia mediados de abril, en los acuerdos entre los gobiernos árabe y ruso, cuando se precipitó la crisis de los precios futuros del WTI, el petróleo de Texas.

El registro negativo de -37 dólares el barril se presentó como una rareza nunca presentada en la lógica del capitalismo, para acercar el precio del barril WTI a unos 17 dólares el barril, y el Brent a 26 dólares por barril.

La caída del precio internacional del petróleo afecta a las petroleras, especialmente las estadounidense y aquellas que aspiraban a la fuerte acumulación vía hidrocarburos no convencionales, caso de la Argentina con su yacimiento de Vaca Muerta.

Al bajar el precio del petróleo pierden rentabilidad las inversiones y con ello el peligro de quiebras e impacto en el sistema bancario, especialmente en EEUU. Ni hablar de la pérdida de expectativas fuertemente instalada en buena parte de la política argentina, que imaginó un fuerte desembarco de inversiones desde el acuerdo secreto entre YPF y Chevron suscripto en 2013.

El Estado interviene entonces en el salvataje en el amplio espectro del capitalismo. Más allá de especificidades, la intervención ocurre entre los desarrollados, sea en EEUU, Europa o Japón; en China o en cualquier territorio, más allá del mayor o menor volumen de gasto público, o políticas expansivas o de austeridad esgrimidas oportunamente. En todos los territorios interviene el Estado, con mayor o menor capacidad y volumen de inyección de dinero.

Desde la crisis de 1930 que el Estado “capitalista” interviene en la economía para resolver, aun transitoriamente, los problemas derivados de las recurrentes crisis del sistema. El objetivo se centra en asegurar la lógica productiva para la generación de ganancias y la acumulación de capitales.

La transición necesaria

En todo caso, solo resta decir que lo que se requiere es discutir qué cambios políticos se necesitan para modificar el carácter del Estado para asumir un programa de transición desde el capitalismo a otra forma de organizar el orden socio económico.

La transición al socialismo se constituyó en objeto de estudio desde las primeras voluntades de confrontación con el orden capitalista. Resulta un tema de permanente estudio e interés desde la emergencia de la Revolución Rusa en 1917 e incluso desde antes con el intento de la Comuna de París en 1871. Si se quiere el tema estuvo en las consideraciones de los socialistas utópicos, Owen, Fourier o Saint Simón, quienes pensaron e intentaron formas alternativas de organización económica de la sociedad.

Sigue siendo una asignatura pendiente el debate de la transición, contenida en textos varios, pero también en prácticas de políticas estatales de quienes promueven la perspectiva anticapitalista y por el socialismo, caso de Cuba en nuestra región. Pero es también patrimonio de experiencias de autogestión desplegadas en procesos de la economía popular.

¿Es posible alentar desde el Estado de transición estas experiencias autogestionarias como forma de pensar la superación de la recesión actual, incluso en pleno desarrollo de la cuarentena? Claro que ello supone pensar la constitución de un Estado para la transición.

Solo desde allí se puede pensar en transformar el modelo agrario de producción de commodities para la exportación en otro sustentado en la agricultura familiar, comunitaria para un proyecto de soberanía alimentaria. El modelo del agro-negocio de exportación favorece a su vez la especulación financiera que se activa recurrentemente en países sujetos a la lógica especulativa, caso de la Argentina.

Lo mismo vale para pensar en materia energética, cuando es evidente la crisis del petróleo y el imaginario de salvación en inversores externos. La producción de convencionales con destino al aliento de una producción local en tiempos de restricciones y baja de las relaciones de intercambio en el mundo, hacen pensar en la potencia de una lógica política asentada en la soberanía energética para una reactivación que promueva otra “normalidad” con la que especula el sector dominante del capital.

Sin dudas que eso requiere una profunda transformación del régimen de financiamiento, presidido en la Argentina por una legislación establecida en 1977, tiempo de dictadura genocida. Esa legislación fue fundamental para habilitar el mecanismo del endeudamiento que fortaleció la dependencia y subordinación del país a la lógica especulativo del capital ficticio.

Romper con esa legislación y la inserción financiera subordinada impone suspender los pagos de la deuda pública del país, acción a desarrollar con una investigación de la misma que evidencie el carácter ilegitimo, ilegal y odioso de gran parte de la misma. Esos fondos liberados para una política alternativa, acompañada de una reforma tributaria progresiva que recaiga sobre las grandes fortunas, puede habilitar la viabilidad de un Estado de la transición que comienza su gesta en tiempos de pandemia.

[1] France 24, del 24 de abril 2020, en: https://www.france24.com/es/20200423-eeuu-desempleo-crisis-covid19-coronavirus (consultado el 25/04/2020)

[2] Expansión/Datos Macro.com, en: https://datosmacro.expansion.com/paro/usa?sc=LAB- (consultado el 25/04/2020)

[3] FMI. Informe de Perspectivas de la Economía Mundial, de abril 2020, en: https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 (consultado el 25/04/2020)

[4] FMI. Informe citado sobre Perspectivas de la Economía Mundial.

[5] BCE, en: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200422_1~95e0f62a2b.en.html (consultado el 25/04/2020)


* Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP

Source

]]> Silvia Federici: “Están intentando aislarnos en el nombre de esta epidemia” https://marcha.org.ar/silvia-federici-estan-intentando-aislarnos-en-el-nombre-de-esta-epidemia/ Tue, 21 Apr 2020 15:01:00 +0000 http://www.marcha.org.ar/?p=48786 Capitalismo, reproducción y cuarentena en la mirada de la escritora, docente y militante feminista italo- estadounidense. Desde abajo y de forma comunitaria, cómo empezamos a recuperar el control de nuestras vidas.

Por Tinta Limón Ediciones y Traficantes de Sueños / Foto: Camila Parodi

Nosotras como feministas, los movimientos de mujeres en todo el mundo, hace muchísimos años venimos repitiendo que este sistema no garantiza nuestro futuro, no garantiza nuestra vida. Este sistema nos está matando de tantas formas diferentes pero conectadas: nos está matando con la agricultura industrializada, con la comida que nos da diabetes. En el 2019 más de 4 millones de personas murieron de diabetes en el mundo por esta comida fast food tan venenosa. Y también la contaminación de las aguas, los pesticidas. Entonces las mujeres del mundo, campesinas, indígenas, urbanas, son la primera línea en la lucha por una sociedad diferente. Por una reproducción que nos da vida, nos da futuro, que nos nutre, que no nos va a matar.

Es muy importante decir que esta pandemia hace muy visible, muy evidente, lo que pasa cada día con la guerra, con los desahucios, con las deslocalizaciones, las expropiaciones, la gente que es expulsada de su campo, con la contaminación del medio ambiente, la destrucción de la naturaleza. Otro ejemplo es el aumento de la desesperación. Hoy se habla en Estados Unidos de que 20 mil personas murieron por el coronavirus. Es terrible, es terrorífico. Solamente el año pasado 48 mil personas se suicidaron. Se suicidaron porque esta vida siempre es más triste, siempre es más difícil.

Como siempre, las que más sufren son las mujeres. Hoy podemos ver que son la primera línea como trabajadoras de cuidado (enfermeras, cajeras en las tiendas). Y también el incremento de trabajo en la casa, tener a los hijos, no transmitirles miedo, protegerlos de esta amenaza.

Todo esto pone en el centro, hace muy visible, la importancia de la reproducción. Reproducción es una palabra que todavía hace referencia a muchísimas realidades diferentes pero conectadas. Reproducción es el cuidado, las crianzas, cocinar, acompañar a los enfermos. Y también el cuidado de la naturaleza. Es la agricultura sustentable, donde las mujeres son las primeras trabajadoras. Una agricultura que no termina en el lucro, sino en el sustento de su familia. Es así que pueden controlar que lo que entra al cuerpo no te va a matar, te va a nutrir. Esta agricultura industrializada nos ha dado el cáncer, muchísimas enfermedades que son completamente derivadas de un modelo basado en el lucro. No es como la pequeña agricultura, donde la gente trabajaba con una relación muy directa con la naturaleza. Esta globalización, esta división internacional de la producción basada en el lucro no tiene ningún sentido: buscar la manzana que llega de China o de miles de kilómetros.

Entonces podemos ver que la reproducción es el terreno estratégico fundamental para la construcción de un futuro, de una sociedad. Reproducción significa vida, significa futuro. Vivimos en un sistema capitalista que su problema fundamental, lo que lo hace insustentable, es que sistemáticamente se basa sobre la subordinación de la reproducción de la vida. La subordinación de nuestra vida, de nuestro futuro. Se basa en el lucro individual, en el lucro de las grandes compañías y corporaciones. Esto es el capitalismo. Se funda sobre la explotación del trabajo humano y la subordinación de nuestra reproducción. Se puede ver que todas las medidas políticas y económicas que ponen en acción están conformadas por esta finalidad.

Las mujeres ya están dando esta lucha. Los movimientos de mujeres son hoy estratégicamente importantes. Podemos ver que la lucha es para recuperar la medida más básica de nuestra reproducción. Que sea la riqueza social que hemos producido, que sea la tierra, que sea el control sobre el agua, sobre las selvas. Crear una forma de organización. Hay redes de mujeres que ya se están formando para fortalecer los lazos. Fortalecer no solo nuestra capacidad de resistencia al Estado, sino de imponer otro tipo de sociedad. Como se dice en España y en América Latina: una sociedad donde la vida esté en el centro. Y también crear formas de reproducción más solidarias.

Durante muchos años, con compañeras de todo el mundo hablamos de la política de los comunes. Nunca se verificó con tanta claridad este concepto. Pensar colectivamente, no individualmente. Pensar nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo, el futuro. Pensarlo colectivamente, no como seres aislados. Ahora están intentando aislarnos en el nombre de esta epidemia. Debemos tener mucho cuidado. El miedo es que usarán la epidemia. El miedo de morir, que es muy fuerte, muy legítimo, lo usarán para continuar aislándonos, desmantelando nuestras protestas.

Es importante que desde abajo empezamos a recuperar el control de nuestra vida y a tomar decisiones colectivas. Esto signfica también que parte de nuestra lucha debe ser la de imponer al Estado como parte de la recuperación de la riqueza social. El Estado debe relocalizar los lugares donde podemos cuidar nuestra salud. Ahora solo podemos estar en la casa o en el hospital. Mucha gente tiene miedo de ir al hospital porque saben que se pueden infectar. El hospital no es solamente un espacio de cuidado de la salud. Es un lugar donde no hay insumos, donde quienes trabajan están en peligro. Entonces: la importancia de relocalizar, de tener estructuras de la comunidad, como alguna vez tuvieron muchísimos países. Antes del neoliberalismo exisitieron pequeñas clínicas, lugares, donde una persona podía ir si tenía problemas, sin necesidad de ir al hospital. En esta estructura se podía ejercitar también un mayor control sobre el tipo de cuidado que nos dan, que necesitamos. Se podría establecer un intercambio entre la gente del barrio, de la comunidad, con quienes trabajan en las instituciones. Necesitamos revitalizar esta estructura.

Hoy no es Estado sí o no. Es claro que tenemos la necesidad de usar estructuras que llegan de las instituciones, porque no tenemos alternativa. Una alternativa es comenzar a reflexionar colectivamente sobre lo que necesitamos, sobre nuestra salud, sobre la comida, sobre el territorio, sobre todas las situaciones que afectan nuestra vida. Mientras tanto, relocalizar la agricultura, la salud. Crear formas de control colectivo, de tomar decisiones de comprender.

Yo creo que es importante reflexionar sobre la realidad cotidiana antes del coronavirus. Y hablo sobre todo de Estados Unidos: en el período 2017-2018 más de 60 personas han muerto por Influenza. Y cerca de medio millón de personas murieron de cáncer. Miles y miles mueren de diabetes. Es una estadística increíble. Volviendo al comienzo: es un sistema que crea una condición de muerte permanente. Y sin hablar de la guerra: por años y años Estados Unidos y la Comunidad Europea en complicidad están creando una situación de guerra permanente que ha destruido Medio Oriente y ahora el norte de África.

Entonces: como mujeres, como feministas, ver que tenemos una mirada particularmente clara de la importancia de la reproducción de la vida. De cuáles son nuestras vulnerabilidades y cuáles son las necesidades que tenemos. Podemos ver que necesitamos una lucha muy amplia. Una lucha que conecta a las mujeres de áreas urbanas con áreas rurales para crear nuevas estructuras, nuevos lazos de solidaridad, nuevas formas de reproducción. Siempre inspiradas por el concepto de que la reproducción de la vida, la finalidad de la sociedad, debe ser el bienestar, el buen vivir y no el lucro privado.

Mirá la entrevista en video: “Traficantes de Sueños”

Source

]]> Trump insiste en atrincherar a Venezuela en plena Crisis Mundial https://marcha.org.ar/trump-insiste-en-atrincherar-a-venezuela-en-plena-crisis-mundial/ Thu, 26 Mar 2020 22:53:42 +0000 http://www.marcha.org.ar/?p=48090
El mismo día que Estados Unidos se convirtió en el país con mayor infecciones por Coronavirus debido a un descuidado plan de emergencia sanitaria. Su presidente, Donald Trump, realizó una acusación contra Nicolás Maduro y advirtió que entregará una recompensa millonaria a quién le favorezca información como si la geopolítica se tratara de una película del lejano oeste.

Por Farelis Silva

Durante estos días, donde la atención ha estado centrada en el Covid-19, el Gobierno Bolivariano en una tarea de responsabilidad social ha decidido tomar medidas de aislamiento preventivo en tiempo récord con respecto a la situación de alarma y posibilidades de contagio. Lograr atajar preventivamente la expansión de este virus en su población es una tarea de cuidados dentro de un sistema de salud que tiene por orden, primar las medidas preventivas, antes que interventivas en materia de salud, esta es una interpretación distinta que busca generar bienestar a la población, y no seguir con el vaciamiento al sistema publico de salud que la derecha regional ha tomado como política en sus Estados, sino revertir la pirámide de atención, colocando mayor énfasis en lo preventivo y no sobrepoblar el sistema de atención en salud, que es un sector que ha sido perjudicado por el bloqueo que enfrenta el país bolivariano.

Este Gobierno, junto al de China y Cuba, han desarrollado otras estrategias sanitarias para el bien común. Pensar en el bienestar y la alimentación como medidas primordiales y preventivas en el sistema de salud, da una estocada frontal a las medidas globales del sistema mercantilista en materia sanitaria, que cada vez invita a comprometernos más con los fármacos y la atención médica clínica. Siendo esto un revés al sistema macro económico mundial, queda comprometido y en evidencia las antítesis en materia de políticas sanitarias, pues en este lapso breve de tiempo el gobierno Bolivariano, bien ha brindado estrategias de cuidados a su población en general. En primera instancia generando campañas del correcto saneamiento y las distintas formas y productos para el uso cotidiano, la protección de las vías respiratorias, los cuidados el lugares comunes o de atención sanitaria. Ademas de brindar otras estrategias en materia social, como clases dictadas en la televisión pública, distintas actividades para nutrir la cotidianidad de la comunidad en general, estando en casa. Estrategias para el bienestar de la sociedad, más allá de la alerta sanitaria por el Coronavirus.

La responsabilidad del Gobierno, ha sido evidenciada ante el escenario internacional, por lo que distintas personalidades han propuesto que se levante el bloqueo económico. Siendo de avanzada las estrategias de cuidados preventivos ante otros países, que tienen por preferencia una economía solvente por encima que la solvencia de vidas de sus conciudadanos, esto ha quedado en inoportuna evidencia. El reconocimiento de organizaciones Internacionales de la Union Europea y la OEA, que sostienen la opinion global de potencias mundiales, no forman más que un atentado ante la disputa que el gobierno de Donald Trump quiere sostener sobre la opinión publica de Venezuela. No es más que eso esta nueva cacería de brujas que intenta resituar a Venezuela y su socialismo, como una amenaza inusual y extraordinaria, como bien ya fue señalado en el 2015 por el poder ejecutivo de los EEUU.

La reciente acusación realizada por el presidente norteamericano Donald Trump donde emite que dará una recompensa millonaria a quién acerque información útil para asociar al presidente Nicolás Maduro con el narcotráfico se parece más al libreto de alguna película de vaqueros que a un discurso político. No es casual que, en este momento de recesión, haya una remetida contra la población venezolana. Existe una intensión perversa de desestabilizar a la población de un país que cuya organización social y comunitaria esta pudiendo contener esta emergencia mundial. Es un ataque descarado al pueblo, intentando colocar nuevamente bajo una situación de angustia y descrédito a la figura presidencial de Maduro, y con ello conseguir sostener una opinión pública antipopular.  Año tras año hemos visto la arremetida permanente ante la institucionalidad del gobierno bolivariano, pero es claro para el cuerpo armamentista y ejecutivo de los Estados Unidos que la democracia representativa a la que quieren atacar.
Y no se trata sólo de una amenaza para la figura presidencial, sino también de una tentativa para el pueblo que organizado se encuentra en cuarentena preventiva. Es otra medida de psicoterror para tentar contra las defensas soberanas del pueblo por un lado, y también para correr de eje que, en este momento, los Estados Unidos estarían alcanzando el primer puesto global de la mayor cantidad de infectados e infectadas por el Covid- 19. No es de extrañar que, en estos tiempos, Trump quiera desvirtuar las demandas locales de su propia nación para atender el orden publico y que siga privando su opinión, aunque esta parezca del lejano oeste. Es así, como atentar contra su principal enemigo que es otras formas de economía posibles en gobiernos democráticos, son dinamita para los intereses imperiales que el gobierno norteamericano ha querido someter a américa latina y otras latitudes del mundo.
Este es un nuevo nuevo llamado de acatamiento al ordenamiento imperial de Donald Trump, mientras que desde esta vereda esperamos que el pueblo venezolano sea quien sostenga la disciplina y el cuidado colectivo, para salir con vida, valor y dignidad de esta nueva arremetida escabrosa que quedara en la historia, como otra victoria más del gobierno revolucionario de Venezuela.

Source

]]> Deuda externa: complejidades en el mundo del Coronavirus https://marcha.org.ar/deuda-externa-complejidades-en-el-mundo-del-coronavirus/ Sat, 14 Mar 2020 18:11:29 +0000 http://www.marcha.org.ar/?p=47849 En los próximos días el Ministro de Economía, Martín Guzman, reiniciará las negociaciones de la deuda externa en un escenario sustancialmente modificado por el Coronavirus y la volatilidad de las bolsas internacionales y el precio del petroleo. Opina Francisco Cantamutto.

Por Agustín Bontempo

La deuda externa argentina es una de las cargas más pesadas que cae sobre la población a lo largo de nuestra historia. Esta situación ha tenido vaivenes, con el colapso reciente que nos deja como herencia el gobierno de Mauricio Macri que, entre otras cosas, tomó la deuda más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional (FMI).

A diferencia de la deuda preexistente al macrismo que demandaba también su investigación, en este caso es evidente a los ojos de cualquier ciudadano. Al mismo tiempo que ingresaban los prestamos del organismo financiero, miles de millones de dolares se fugaban del país amparados por las facilidades que le otorgaba el gobierno de turno. Mientras, crecía una herencia que condenaba a la miseria a millones de argentinos y argentinas que se sumarían a la ya vergonzosa cifra de pobreza e indigencia que azota a nuestro país.

En ese sentido, el debate sobre qué hacer con la deuda externa está sobre la mesa. El gobierno reconoce la inviabilidad de la deuda, denuncia los mecanismos a través de los cuales se hizo posible contraerla e incluso se atreve a denunciar su ilegalidad e ilegitimidad, llegando a citar las bases y condiciones del propio FMI. Sin embargo, estos posicionamientos y la búsqueda de apoyo internacional tienen el objetivo de pagar la deuda pero buscando mejores condiciones para la negociación, orientando recursos indispensables para el desarrollo de la economía nacional y la inversión en servicios públicos a costa de una deuda odiosa que siembra más y más problemas.

Sin embargo, la situación tuvo una sustancial modificación en la coyuntura mundial: la propagación del coronavirus. Independientemente de cómo están abordando la situación los países (especialmente los más afectados), existieron medidas drásticas que movieron el tablero económico. Tal es así que en las últimas semanas todo el comercio internacional se vio trastocado por la pandemia, sumando jornadas negativas para las bolsas de todo el mundo, además de la delicada situación que se abrió luego de la falta de acuerdo en la cumbre de la OPEP, que generó un derrumbe en el precio del petroleo.

En ese marco, el gobierno debe renegociar la deuda. Francisco Cantamutto, economista e integrante de un nutrido grupo de especialistas que circularon una declaración en torno a la deuda, afirma que “el gobierno declaró la cantidad de bonos a reestructurar: 68 mil millones de dolares en jurisdicción extranjera. Básicamente en manos de tenedores privados que, de acuerdo a las leyes votadas, irá a renegociar Guzmán como la persona mandatada. Pero el road show que iba a empezar en estos días fue suspendido por el coronavirus y por lo tanto va a realizarse a través del contacto virtual. No obstante, se está avanzando en la negociación con un esquema que aunque no se sabe el detalle de la propuesta, va a constar de reducción en tasa de interés, montos y/o extensión de plazos”.

La negociación no se hará exenta de la participación de los buitres tenedores de bonos argentinos. Sin embargo, el escenario parece tornarse algo más favorable para la Argentina. Según Cantamutto, “el número que están hablando es de una reducción del 50%, considerando que los bonos están cotizando entre 35 y 40%, los tenedores podrían estar teniendo una ganancia capital”. Además, afirma que “muchos de los fondos buitres ya presentes estaban esperando si los bonos estaban por debajo del 35% para salir a comprar y repetir la lógica del juicio prolongado pero para eso necesitaban que el valor fuera muy bajo. Sin embargo, la situación del Coronavirus que acaba de estallar cambió la realidad porque al desplomarse las bolsas del mundo, incluso los papeles argentinos empiezan a ser más creíbles que otras tenencias, otros bienes”.

El señalamiento que hace Cantamutto no está al margen de las condiciones generales que se manifiestan al inicio del presente artículo. En la Declaración Pública titulada “La deuda pública externa es impagable y en buena parte odiosa”, firmada además de Cantamutto, por diversos profesionales y especialistas como Claudio Katz, Claudio Lozano, Alejandro Bercovich y Alejandra Roffinelli, entre otros y otras, afirma que “aún en una exitosa “negociación”, el pago de la deuda se constituye en una gravosa obligación a costo del sacrifico social. Pagar la deuda, hoy o más adelante, supone pérdidas de derechos sociales y ajustes fiscales en desmedro de los más necesitados, con un impacto mayor en las mujeres y las disidencias”.

Luego de cuatro años donde se profundizó la vulnerabilidad de sectores medios y populares de la población, estos ejes no son mera retórica. La principal deuda está con el pueblo. En ese sentido, la declaración asegura que “avanzar en pagos de la deuda, aun con quitas de capital e intereses y corrimientos de los plazos de los vencimientos, supone volver a endeudarse para seguir pagando. Los pagos, aún menguados, demorarán la reactivación de la economía y la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social afectada por la elevada inflación y la recesión. Incluso, más allá de cualquier negociación, nada asegura que en poco tiempo el país retome una nueva crisis de deuda, más aún cuando hay serios indicios que la economía global podría deslizarse hacia una nueva recesión, lo que perjudicaría nuestras exportaciones y por lo tanto el ingreso de dólares”.

Contemplando este escenario, Cantamutto sentencia que “la caída de las bolsas en general lo que hace es que todos los papeles valgan menos y al generar una corrida de esa calidad afecta incluso a los especuladores con la deuda. En ese marco es posible que Guzmán consiga alguna mejora en la maduración de los bonos pero no obstante esto podría implicar continuar la lógica de pagos. Frente a esto es que surge la necesidad de ir por una política más radical y en base a eso, la declaración”.

Por la suspensión del pago y auditoria de la deuda

Así como manifestábamos la posición del gobierno entorno al pago de la deuda, también hay otros espacios políticos que proponen una alternativa. En ese marco se encuadra la “Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda”, un amplio espacio que nuclea organizaciones sociales y políticas que va desde la izquierda hasta algunos sectores vinculados e incluso integrados al gobierno actual.

En una reciente declaración del espacio, afirman que “la prioridad debe ser otra: garantizar nuestros derechos y necesidades básicas. Por eso planteamos suspender todo pago e iniciar una investigación integral y participativa de los reclamos. Cuestionar el origen y uso de la deuda y del acuerdo con el FMI, conocer las responsabilidades y los beneficiarios, denunciar su carácter fraudulento y su funcionamiento como mecanismo de dominación, antes de negociar su pago, es una necesidad para cualquier decisión soberana”. Además, asegura que “suspender los pagos, mientras se investiga, es necesario para no convalidar el fraude y para poder reactivar la economía, generar empleo, salarios dignos, educación, salud, vivienda y oportunidades. La exigencia para la sostenibilidad de la deuda pública, la imperiosa necesidad de acumular divisas para su pago, implica la aplicación de políticas de saqueo, contaminación, exclusión y pérdida de derechos laborales y sociales”.

Con esta base, la campaña viene desarrollando diversos espacios de difusión y debate sobre las posibilidades concretas de impulsar la suspensión del pago y su investigación. Por ejemplo, el último jueves, hubo una conferencia de prensa en la sede del Banco Central (BCRA) y decenas de mesas de difusión esparcidas por diferentes puntos del país. Esto se suma a diversas actividades que se vienen impulsando como la proyección del documental Fondo, de Alejandro Bercovich, charlas-debates, entre otras.

En la misma sintonía que la Autoconvocatoria, la Declaración Pública a la que hacíamos mención debate contra las posiciones apocalípticas y asegura: “¿Qué puede suceder si frente a la intransigencia de los fondos el gobierno tome una acción soberana y declara su propio default? Esto significaría suspender unilateralmente los pagos e iniciar una investigación integral. Se dice que quedaríamos aislados financiera, comercial y políticamente. ¿Acaso no estamos sin acceso a los mercados ´voluntarios´ de crédito desde marzo del 2018? ¿China o Brasil dejarían de comprarnos y vendernos? ¿El FMI, la OCDE, el G20 o la OMC nos expulsarían de sus filas? Nada de esto sucedió antes ni sucedería ahora”.

A continuación, transcribimos la Declaración Pública completa.

La deuda pública externa es impagable y en buena parte odiosa

Quienes firmamos esta declaración, profesionales, investigadores/as y docentes, todos/as del área de las ciencias económicas, queremos manifestar nuestra preocupación por el elevado endeudamiento público de la Argentina y el curso que está siguiendo la negociación. Somos conscientes que ello supone un gran condicionante de la política económica, que se constituye en una hipoteca que afecta a la mayoría empobrecida de la población. Tanto desde el Gobierno como desde el FMI se sostiene que la deuda no es sustentable, que no existe capacidad actual de cancelación y por ende se sugiere un proceso de renegociación que involucra posponer cancelaciones de deuda al FMI y a los prestamistas privados, en algunos casos estirando vencimientos y en otros, generando quita de intereses y de capital. En cualquier caso, aún en una exitosa “negociación”, el pago de la deuda se constituye en una gravosa obligación a costo del sacrifico social. Pagar la deuda, hoy o más adelante, supone pérdidas de derechos sociales y ajustes fiscales en desmedro de los más necesitados, con un impacto mayor en las mujeres y las disidencias. Es un resultado que escamotea a los grandes beneficiarios del endeudamiento, o sea, del uso de los dineros desembolsados por los prestamistas, sean privados o el propio FMI.

El Presidente de la Nación sostuvo, en la inauguración del periodo legislativo, que el destino de los fondos desembolsados entre 2015-2019 está en estudio en el Banco Central, lo que debería abonar para una tarea de la bicameral de la deuda y más aún para una comisión con participación popular de auditoría de la deuda. Se estima que gran parte de los desembolsos del FMI tuvieron como destino “fuga de capitales”, sea por pagos de intereses de deuda, remesas de utilidades al exterior o constitución de activos externos de residentes locales. Resulta así que un mínimo de esos recursos fue constituido como reservas internacionales. Esclarecer esta cuestión no es un tema menor, ya que podría accionarse judicialmente contra los responsables directos e indirectos de esta verdadera estafa al pueblo argentino. Sostenemos que hay responsabilidades en funcionarios nacionales intervinientes en la suscripción de diferentes modalidades de endeudamiento, también de los prestamistas externos, conocedores de la no sustentabilidad de la deuda pública del país. Es un argumento insoslayable al momento de definir a la deuda pública de la Argentina como Deuda Odiosa, ya que no satisfizo necesidades de la sociedad y tanto el prestatario como el prestador eran conscientes de la incapacidad de pago en los términos en que se asumieron los préstamos.

Avanzar en pagos de la deuda, aun con quitas de capital e intereses y corrimientos de los plazos de los vencimientos, supone volver a endeudarse para seguir pagando. Los pagos, aún menguados, demorarán la reactivación de la economía y la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social afectada por la elevada inflación y la recesión. Incluso, más allá de cualquier negociación, nada asegura que en poco tiempo el país retome una nueva crisis de deuda, más aún cuando hay serios indicios que la economía global podría deslizarse hacia una nueva recesión, lo que perjudicaría nuestras exportaciones y por lo tanto el ingreso de dólares. Así un nuevo rescate del Fondo sería inevitable y colocaría a la Argentina en el rumbo de Grecia, con renovados ajustes tras ajustes que profundizarían la recesión, debilitarían la recaudación fiscal mientras crecerían el desempleo y la pobreza. También puede ocurrir que los poderosos fondos de inversión no acepten quitas importantes de deuda y exijan cobrar algo en efectivo, reducir poco o nada la carga de intereses y conocer el acuerdo con el Fondo antes que firmar su propio acuerdo. En este caso serían los propios fondos los que provocarían el default. Si así fuera la economía se dislocaría, el dólar blue estaría por las nubes y el precio de los bonos se derrumbaría.

Por el contrario ¿qué puede suceder si frente a la intransigencia de los fondos el gobierno tome una acción soberana y declara su propio default? Esto significaría suspender unilateralmente los pagos e iniciar una investigación integral. Se dice que quedaríamos aislados financiera, comercial y políticamente. ¿Acaso no estamos sin acceso a los mercados “voluntarios” de crédito desde marzo del 2018? ¿China o Brasil dejarían de comprarnos y vendernos? ¿El FMI, la OCDE, el G20 o la OMC nos expulsarían de sus filas? Nada de esto sucedió antes ni sucedería ahora.

Por lo antedicho proponemos:

  1. Que la Deuda Pública de la Argentina sea investigada, auditada de manera integral e independiente, con participación popular, para lo cual los organismos estatales deben estar al servicio de esa Auditoria Popular. Así lo ha establecido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el año 2012. En ese camino puede abonar la investigación en curso en el BCRA, para nutrir la bicameral y la participación popular.
  2. Que al tiempo que se investiga la deuda, se suspendan los pagos, contemplando una diferenciación entre los prestadores. Especialmente aquellos vinculados a la política de seguridad social. Aludimos a los títulos en poder de ANSES y otros ámbitos del Estado, a quienes deberá establecerse un régimen particular para evitar el colapso de la política social y/o de seguridad social.
  3. Que en la deuda con el FMI, sustentada en las consideraciones políticas de los principales accionistas del Fondo para otorgar el préstamo, en particular EE.UU., debe discutirse la legalidad de la actuación del Fondo y por lo tanto proponer la nulidad de lo actuado, claro, con las responsabilidades de los funcionarios y entidades involucradas en el accionar. Argentina debe denunciar al FMI ante la ONU por los incumplimientos de su Carta Orgánica.
  4. Que se organice un Censo de tenedores de títulos, con detalle de las operaciones de compra, relativas a los valores de adquisición y cruzando la información con entes de recaudación tributaria en diferentes países. Se busca evitar la legitimación de acciones especulativas y de evasión fiscal. Ello incluye investigar en detalle la fuga de capitales.
  5. Que es necesario derogar la Ley de Entidades Financieras vigente desde los tiempos de la dictadura y fuente de todas las maniobras bancarias y las sociedades financieras. También sancionar una legislación contra los fondos buitres, en el camino de las acciones internacionales impulsadas en 2014/5 en el ámbito de Naciones Unidas.

Nosotros y nosotras sostenemos que las medidas propuestas son la consecuencia lógica y coherente de haber declarado que la deuda es impagable e insostenible. Más aún, es odiosa. Que además está viciada de nulidad. No es legítima, ya que no ha sido autorizada por el Congreso Nacional.

Que constituyen una salida a la actual crisis, no exenta de problemas, pero basada en la defensa del interés nacional y de los intereses concretos de los/as trabajadores/as y los sectores más desprotegidos.

Buenos Aires, marzo de 2020.

Dr .Claudio Katz. Docente, investigador UBA-CONICET; Dr. Martín Schorr, IDAES/CONICET; Lic. Claudio Lozano, Coordinador de IPYPP (Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas); Lic. Gabriela Roffinelli, Coordinadora del Grupo de Trabajo Crisis y Economía Mundial de CLACSO, Docente UBA; Lic. Alejandro Bercovich, Periodista; Dr. Julio C. Gambina, SEPLA, UNR; Lic. Beverly Keene. Docente UBA; Dr. Enrique Elorza, Coordinador Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, UNSL; Lic. Andrea C. Haro Sly. UEDP-Tucumán; Lic. María Julia Eliosoff Ferrero. Economía Feminista, UNLP/SEC; Dr. Mariano Féliz. Investigador CONICET / UNLP / Sociedad de Economía Crítica (SEC); Dra. Agostina Costantino. Investigadora CONICET / UNS / SEC); Dr. Facundo Barrera. UNLP/CONICET/SEC; Lic. Sergio Arelovich, Docente UNR; Dra. Luciana Ghiotto. UNSAM-Conicet; Lic. Lucas Castiglioni, UNICEN, Tandil; Dr. Francisco Cantamutto. Investigador CONICET / UNS / SEC; Dr. Pablo Ernesto Pérez. Investigador CONICET / UNLP / SEC; Daniel Campione, UBA; Lic. Karina Forcinito. Docente investigadora UNLu/UNGS/UBA; Dr. Andrés Musacchio Idehesi-UBA/CONICET; Dr. Andrés Wainer. FLACSO/CONICET; Dr. Néstor Forero. Auditor Causa Olmos; Lic. Alejandro Marco del Pont, UNLP; Lic. Leonardo Pérez Esquivel. Auditor AGN: Lic. César Crocitto, UBA; Dr. Jesús Plaza y Guillermo Robledo, Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe; Eduardo Lucita, EDI; Lic. Demián García Orfanó, Del. ATE Min. de Economía; Lic. Rosario Escola, UBA; Dr. Jorge Francisco Cholvis. Lic. Luis Laferriere. UNER.

 

Source

]]> Coronavirus en China: Los síntomas del Gigante Infectado https://marcha.org.ar/coronavirus-en-china-los-sintomas-del-gigante-infectado/ Fri, 14 Feb 2020 12:02:45 +0000 http://www.marcha.org.ar/?p=47565

El ataque llevado a cabo por un tipo de Coronavirus en China hace aproximadamente un mes exige nuevas reflexiones al respecto. Historia de las epidemias, las nuevas tecnologías y los intereses geopolíticos en esta nota.

Por Paula Giménez Emilia Trabucco (*) | Foto: Skynews

La aparición de una nueva epidemia provocada por un tipo de coronavirus, conocida como “Neumonía de Wuhan” -debido a que los primeros casos aparecieron en esa ciudad de la provincia china de Hubei- está provocando  una gran conmoción en todo el mundo. Ante la emergencia de este brote aparecen en escena explicaciones apocalípticas que exacerban el miedo a la muerte y hacen reinar el caos a escala mundial. Recuerda escenas  de las megaproducciones de Hollywood.

Los medios de comunicación globales alimentan el pánico y la incertidumbre con su bombardeo de información, complicando la posibilidad de una reflexión sobre el fenómeno, sus causas y consecuencias en el contexto económico y político actual.

Las epidemias son tan viejas como la humanidad, pero centrándonos en los años que llevamos recorridos del siglo XXI,podemos encontrar varios ejemplos de enfermedades infecciosas que han causado alertas a nivel internacional: el brote de SARS en el año 2002; la Gripe Aviar durante el 2003– 2008; la Gripe Porcina en 2009, y finalmente, el Ébola, que encendió las alarmas en el 2011 hasta el  2016.

En la era de la cuarta revolución industrial, parece una paradoja que nuestras poblaciones sigan siendo azotadas por “pestes”, al mejor estilo de los tiempos bíblicos. El problema es que hoy, en un mundo interconectado, estas pestes también se expanden a un ritmo más acelerado por todo el globo, ampliando exponencialmente sus consecuencias.

Los grandes avances de la humanidad en materia de ciencia y biotecnología deberían traernos bienestar y soluciones inmediatas, pero éstos son utilizados para crear armas biológicas y especular con la salud, más que para el beneficio del conjunto de la población.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decretado frente a la epidemia causada por el coronavirus la “emergencia de salud pública de importancia internacional”. Su rol ante la aparición de este tipo de epidemias no es ingenuo ni azaroso.

Un antecedente de ello se observa en el caso del virus H1N1, donde la OMS actuó en complicidad con las grandes farmacéuticas Roche y Glaxo Smith Kline, recomendando a los gobiernos abastecerse de Tamiflúy Relenza –los medicamentos creados por ambos laboratorios respectivamente- bajo la afirmación de que eran los “únicos antivirales efectivos”, apoyándose en la investigación de tres científicos asesores que casualmente estaban financiados por los laboratorios antes mencionados, cerrando elc círculovicioso de la especulación y la desidia.

Detrás de estas maniobras se encuentran siempre las corporaciones vinculadas a los intereses transnacionales, junto a la infraestructura mediática, financiera y comercial; quienes seguramente aparecerán en breve y por nuestras pantallas, con la vacuna salvadora. El detalle es que el antídoto costará billones de dólares a los países afectados, que “casualmente”, gozan de la capacidad de pagarlo, aumentando exponencialmente las ganancias de los héroes de la película. Final conocido.

A este manejo especulativo y deshumanizante, Cuba contrapone otra visión. La Comisión Nacional de Salud de China seleccionó el interferón alfa 2B (IFNrec), medicamento cubano producido en la planta chino-cubana Chang Heber (ubicada en Jilin) por su demostrada eficacia frente a la afección.

Arribaron además dos reconocidos médicos de la isla al país oriental, con el fin de reforzar la lucha contra el coronavirus. La ciencia al servicio de la humanidad y la solidaridad entre los pueblos en el centro de la escena.

Los síntomas del Gigante Infectado

Muchos analistas coinciden en afirmar que –al igual que en otras ocasiones-  este virus ha sido inoculado como parte de un ataque biológico y psicológico contra China, con el fin de alterar su crecimiento económico, desestabilizando el centro de gravedad mundial Asia-Pacífico y como parte de una campaña de desprestigio contra el gigante oriental.

La crisis sanitaria irrumpe en un momento de profundas tensiones entre capitales de Estados Unidos y China, en su disputa por controlar los eslabones estratégicos de la economía, relacionados a la tecnología de punta como el 5G y el desarrollo de Inteligencia Artificial, en una carrera por imponer las reglas del juego a escala global.

No es casualidad ni obra de la naturaleza que la infección haya comenzado en el centro neurálgico del mundo, Asia-Pacífico.

El brote infeccioso ya tiene 31.479 casos confirmados en todo el mundo, y lleva 638 víctimas fatales (según datos de Bloomberg). La gravedad del brote llevó al gobierno del gigante asiático a implementar numerosas medidas para contener la enfermedad. China mostró su poderío construyendo un megahospital en menos de 10 días, limitando además la capacidad de movilización en la región e imposibilitando el  traslado de 48 millones de personas.

Como consecuencia, las provincias que representan casi el 69% del PIB chino permanecen todavía cerradas, en lo que fue una extensión de las vacaciones por el Año Nuevo Lunar, clausurando fábricas, tiendas y restaurantes. El resultado ha sido la interrupción de la cadena de suministro global que funciona en estas regiones, donde se desarrolla la producción de autopartes, electrodomésticos, equipos informáticos y productos químicos.

China es el mayor exportador de productos manufacturados intermedios del mundo. La dependencia global de esos productos se duplicó al 20% entre 2005 y 2015, por lo que la crisis sanitaria significa hoy un duro golpe para la economía mundial.

Los primeros en sufrir la crisis fueron los mercados de productos básicos debido al impacto en la demanda de materias primas por la desaceleración de la fabricación y/o consumo de China. De esta manera, se observa que  los precios del crudo cayeron un 7,4% el 26 de enero frente al del 20 de enero, mientras que la cotización del cobre cayó un 5,7% durante el mismo período (S&P Global Market Intelligence).

Como puede intuirse entonces, los países productores de commodities son los primeros en ser afectados por la interrupción de la cadena global de suministro. Un ejemplo de este proceso es el de la alianza de productores de petróleo (OPEC+), que redujo en 1,7 millones de b/d petróleo del mercado hasta finales de marzo para ayudar a absorber el exceso de oferta.

Es así como el Coronavirus “infectó” la economía a nivel global. Las  aseguradoras de riesgo más importantes, Standard and Poor y Moody´s, coinciden en prever que el PBI de China vería afectado su crecimiento, impactando negativamente en el  PBI mundial.

Analistas de Moody´s fueron más allá, planteando que la epidemia del coronavirus sería un “cisne negro” aún mayor que la crisis hipotecaria y financiera de 2008-2009, es decir, un suceso inesperado y de consecuencias graves e impredecibles. En su informe, comparan esta situación con la pandemia de gripe española de 1918, que se cobró la vida de 50-100 millones de personas y contagió aproximadamente 550 millones. Hacen hincapié en la baja de los precios de metales industriales, principalmente el índice de cobre, indicador de gran impacto en la economía mundial.

Por su parte, el Banco Mundial, que a principios de año había estimado un aumento del crecimiento económico hasta el 2,5% desde el 2,4% en 2019, predice que estas cifras se verán reducidas por los efectos de la crisis.

Estas  predicciones agregan que la crisis actual pone en duda el cumplimiento de la fase uno del acuerdo comercial firmado por China y Estados Unidos el 15 de enero. Plantean que China tendrá problemas para comprar productos a Estados Unidos, debido a la disminución que sufrirá en el consumo de productos importados. Esta situación alterará las correlaciones de fuerza entre los  polos de la disputa, donde China parecía traer la delantera.

¿Cuál es el antídoto?

Lo que se debate en esta guerra es la imposición de las reglas  de juego económicas y políticas, en un mundo interconectado donde un hecho genera  el “efecto mariposa” en el resto del mundo. Algunos tensionan a profundizar esta interconectividad desde el control financiero global, mientras otros cierran fronteras, levantan muros y recurren a un proteccionismo nacionalista.

En síntesis, en el núcleo del 1% que hoy maneja el mundo -la llamada “moderna  aristocracia financiera”– se dirime quién se llevará la “corona” de vencedor en la crisis sistémica actual.

El verdadero problema entonces radica en no limitarse a tratar los síntomas, sino a curar la enfermedad.El conocimiento de las verdaderas causas de nuestros males deben llevarnos a generar acciones que ataquen al corazón del problema, en el menor tiempo posible y con nuestro principal antídoto: la organización a escala global y la conciencia de quien es nuestro real enemigo.

Microorganismos con corona hay muchos y de diferente variedad, pero las epidemias que hoy afectan a la humanidad son consecuencia directa de un patógeno mucho peor: el capitalismo y su virus más potente, el imperialismo.

 

(*) Publicado originalmente en Contrahegemonia Web. Las autoras son Investigadoras y redactoras del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

 

Source

]]> EE.UU: Comienza el juicio contra el Colectivo Protector de la Embajada de Venezuela https://marcha.org.ar/ee-uu-comienza-el-juicio-contra-el-colectivo-protector-de-la-embajada-de-venezuela/ Tue, 11 Feb 2020 12:57:56 +0000 http://www.marcha.org.ar/?p=47512

Comienza el juicio contra el Colectivo Protector de la Embajada de Venezuela en EE.UU tras realizar una ocupación durante 37 días ante el reconocimiento de Guaidó por parte de Donald Trump. Entrevista exclusiva a los activistas.

Por Paul Dobson (*)

En marzo de 2019 el Colectivo COSI de Venezuela recibió una delegación del Consejo de Paz de los EE. UU. Un mes después, algunos/as miembros/as de esa delegación encabezaron la famosa ocupación de la embajada venezolana en Washington para prevenir su entrega al equipo de Guaidó. Ecomo “presidente interino” en enero de 2019 causando un rompimiento en las relaciones diplomáticas entre la administración de Maduro y el gobierno norteamericano.

En marzo, el representante de Guaidó en los EE.UU, Carlos Vecchio, intentó establecerse en la embajada venezolana en Washington DC. Su intento fracasó debido a las acciones de alrededor de 10 activistas de la solidaridad quienes iniciaron una ocupación de 37 días del edificio, insistiendo que Guaidó no fue electo y no tiene ninguna base legal para tomar la estructura.

La ocupación que inició el 10 de abril, terminó en mayo cuando la policía de Los Servicios Secretos de los EE.UU allanaron el edificio diplomático y arrestaron los cuatro activistas quienes quedaban adentro, ahora conocidos como el Colectivo Protector de la Embajada: Kevin Zeese, Margaret Flowers, Adrienne Pine y David Paul.

En esta entrevistaexclusiva, un diálogo con ellos y ellas sobre su inminente juicio y las consecuencias políticas.

¿Para quienes no conocen al Colectivo Protector de la Embajada, resúmenos los cargos en su contra, el proceso hasta ahora y los escenarios que se les pueden presentar?

Cuatro miembros del Colectivo Protector de la Embajada están siendo procesados en el Corte Federal de Washington D. C. por “interferir con las funciones protectores del Departamento de Estado de los EE.UU.”.

La administración de Trump argumenta que nuestra negación de salir de la embajada interfería con la capacidad del gobierno de protegerla.

El juicio inicia el 11 de febrero y pudiera durar hasta una semana aproximadamente. Las penas máximas que pudieron ser aplicadas son hasta un año de cárcel y hasta US $100.000 en multa cada uno.

Nuestro juez es la juez principal del Corte del Distrito de Washington D.C., jueza Beryl A. Howell, quien busca resolver este caso rápido. Dos de nuestros abogados han sido removidos del caso por la juez después de seis meses con nosotros. Han sido removidos de nuestro caso cuando la juez los ha citado a otros compromisos que tienen. Juez Howell también ha rechazado todas nuestras solicitudes de descubrimiento (1) y limita tanto lo que podemos decir en el juicio que ¿cómo nos podemos defender? Los fiscales del gobierno de Trump también buscan limitar masivamente la información que será compartida con el jurado durante la audiencia.

¿Pueden explicar cómo es que en un juicio político se prohíbe hablar sobre la política?

La juez Howell busca mantener la política fuera de la audiencia. Por eso, el jurado probablemente no va a recibir datos importantes ni el contexto de nuestra presencia en la embajada. Esto es común en las persecuciones políticas en los EE.UU.

Bajo una precedente legal de larga estancia y repetidamente reforzada, las audiencias no se meten en temas políticos. En esto caso, es particularmente relevante que el presidente de los EEUU pueda decidir quién reconozca como jefe de estado de otro país. Las audiencias no pueden cuestionar las decisiones del presidente.

La audiencia deba operar dentro de una ficción legal en la cual Juan Guaidó es presidente de Venezuela, a pesar de que él [efectivamente] no ha sido presidente ni durante un minuto.

Si los fiscales ganan, el jurado no se va a enterar que el Colectivo Protector de la Embajada estuvo dentro de la embajada por 37 días con la autorización del gobierno democráticamente electo de Venezuela. Tampoco se va a enterar que Carlos Vecchio no es ningún embajador sino parte de un golpe fracasado, y menos que la Convención de Viena hace ilegal que los EE.UU. entrara la embajada.

Tampoco se enterará que los Servicios Secretos de los EE.UU., órgano responsable para proteger a las embajadas extranjeras, coordinaron con una gentuza golpista para aterrorizar los/as miembros/as del Colectivo, destrozar puertas y ventanas, forzar la entrada a la embajada, bloquear el ingreso de alimentos y asaltar a los/as activistas. Tampoco se enterará cómo los servicios de electricidad y agua del edificio fueron ilegalmente cortados.

Nuestro equipo legal trabaja para asegurar nuestro derecho de una defensa en la audiencia citando el derecho constitucional a un juicio justo. Si no logramos esto, promoveremos una apelación, la cual nos llevaría a una nueva audiencia, algo que la juez no quiere. Esta es la realidad del sistema jurídico penal de los EE.UU.

¿Que tiene el gobierno de los EE.UU. para ganar o perder del caso y cuáles pudieran ser las consecuencias para el movimiento popular norteamericano?

Esta juicio es el desafío del estado a los/as activistas por la paz, la justicia y contra el imperialismo. Fue la primera vez que unos/as ciudadanos/as norteamericanos/as entraron a una embajada extranjera a protegerla de un intento de golpe conducido por los EE.UU. El gobierno quiere enviar un mensaje de castigo a cualquier persona que ofrezca resistencia al intervencionismo.

El gobierno y los medios de comunicación trabajaron en conjunto para asegurar que el conflicto no salió en la prensa. Los medios no cubrieron lo que estaba pasando porque hubiesen surgido preguntas sobre el fracasado golpe de Estado en Venezuela, la legitimidad de Juan Guaidó y la realidad de que el Presidente Nicolás Maduro fue democráticamente elegido en mayo de 2018.

El intento de golpe de Estado con el lacayo Guaidó es cada día más vergonzoso para la administración de Trump. A pesar de esto, los EE.UU. ha renovado su compromiso a financiar la oposición en Venezuela y continuar sus agresiones contra su soberanía y bienestar.

El gobierno y medios de los EE.UU. continúan en publicar cuentos falsos sobre Venezuela. Dicen que es una dictadura y que el Presidente Maduro es un tirano. No informan sobre cómo el gobierno busca garantizar las necesidades del pueblo a pesar de una guerra económica feroz conducida por los EE. UU. Los medios no informan que las ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas sobre Venezuela contribuyen a decenas de miles de muertos. Si el pueblo norteamericano entendiese que una guerra económica es tan devastadora y mortal como una guerra militar, se opondrían de la misma manera.

Si nos absuelven de los cargos, desafiaría toda la narrativa sobre Venezuela y otros blancos del imperialismo norteamericano. Efectivamente confirmaría que el intento de golpe de los EE. UU. y su reconocimiento de Juan Guaidó son absurdos, y que fue el gobierno de los EE. UU. quien violó la ley en invadir la embajada. También dejaría una precedente legal en la cual los/as ciudadanos/as que tomen acción para proteger una embajada no interfieren con las funciones del Departamento de Estado. Si el Departamento de Estado hubiese seguido la ley internacional, no hubiera habido una necesidad para la existencia de un Colectivo Protector de la Embajada.

¿Cómo visualizan su lucha dentro de un movimiento global que busca exigir respeto para la ley internacional y la Carta de la ONU?

El día que el asedio de la embajada venezolana en Washington D. C. comenzó, otras embajadas venezolanas en otras ciudades del mundo también recibieron ataques. Los movimientos sociales en esos países defendieron las embajadas de la misma manera.

Nuestra presencia en la embajada en Washington duró lo suficiente para recibir la atención global. Llamó la atención la falta de ley en los EE.UU., algo que nosotros describimos como el pandillerismo.

Cuando la policía llegó a la embajada a presentarnos una noticia de evicción falsa y ridícula, que nos acusaba de invasión, la advertimos que si violara la Convención de Viena y entrara ilegalmente a la embajada para arrestarnos, habrá repercusiones en las demás embajadas del mundo. El estado de derecho sería reemplazado por un mando de mafias, y esto es algo que estamos viendo hoy en día.

Para muchos que siguen la solidaridad con Venezuela, la ocupación les ubicó a ustedes al centro de la confrontación entre el dominio imperialista y la autodeterminación de los países. ¿Cómo es que esta experiencia ha cambiado su análisis político y su motivación?

Cuando entramos a la embajada y decidimos quedarnos con la autorización del gobierno democráticamente elegido no sabíamos qué esperar. Para las primeras tres semanas pudimos entrar y salir libremente, traer alimentos, realizar actividades y hacer nuestro trabajo. La policía brillaba por su ausencia. Esperábamos que nuestra presencia haya dificultado la entrega de la embajada a los aliados golpistas de Juan Guaidó. El gobierno de los EE.UU. acababa de entregar el consulado en la ciudad de Nueva York y las oficinas de los atachés militares en Washington D. C.

Todo cambió el 30 de abril, el día del intento del golpe de Estado militar en Caracas.

Los/as que apoyaban el golpe llegaron a la embajada y trabajaban con los Servicios Secretos para asediarla los próximos 17 días. Fueron bien equipados y entrenados.

Para esas dos semanas y media vivimos el racismo, el odio, y la violencia que el pueblo de Venezuela y otros países han sufridos por mucho tiempo. Cuando nos cortaron el acceso de alimentos, luz y agua conocimos de primera mano cómo es vivir bajo una guerra económica. Por supuesto, lo que vivimos fue leve comparado con la violencia y opresión de los EE.UU. contra otros pueblos y otros países.

Así como todos los pueblos agredidos por el imperialismo norteamericano tuvimos que adaptarnos para sobrevivir. Nuestros aliados fuera de la embajada arriesgaron su seguridad física para evadir la gentuza y hacernos llegar comida y bienes. Muchos fueron agredidos.

Todo de esto nos hizo entender mejor lo que los EE.UU. es capaz de hacer. El resultado fue que profundizó nuestra solidaridad con los/as venezolanos/as y demás pueblos en países agredidos por el imperialismo. Como activistas contra el racismo, el militarismo y el imperialismo, la experiencia fortaleció nuestra firmeza de luchar contra el intervencionismo norteamericano y fue una oportunidad única para tomar acción directa contra el imperialismo norteamericano, algo que pocas veces se presenta.

La experiencia en la embajada nos unió profundamente, nos hizo formar una comunidad, nos convirtió en hermanos.

¿Cómo responden ustedes a la presión de aceptar un acuerdo de culpabilidad en lugar de llevar el caso a juicio?

Tuvimos que educar a algunos de nuestros abogados que un caso político es diferente. Ellos sintieron la responsabilidad de protegernos del castigo y nos animaron a negociar.

Decidimos no abogar como culpables desde el principio. Nosotros nos somos quienes violaron la ley, fue el gobierno de los EE.UU. quien violó la ley internacional y colaboró con agentes terroristas quienes nos negaron nuestros derechos.

Nos llamamos el Colectivo Protector de la Embajada en parte porque esperábamos que el posponer la entrega ilegal de la embajada a Juan Guaidó permitiría a los dos países negociar un acuerdo mutuo de protección de poder y resolver el tema pacíficamente. Nos preocupó que el violar la Convención de Viena solamente profundizaría el conflicto y de repente nos llevaría a una agresión militar. Sentimos que la lucha era más grande que nosotros como individuos.

Logramos una victoria: hoy en día la embajada venezolana está vacía. A Vecchio le permitió entrar para un día para tomar una foto, pero no está establecido adentro como esperaba.

A pesar de cómo termina la audiencia, nuestro esfuerzo es para asegurar que el juicio ayude a construir un movimiento contra la intervención, la guerra económica, amenazas militares y el ‘regime change’ de los EE. UU. La época de la Doctrina de Monroe debe llegar a su fin y la soberanía de los países debe ser respetado.

(*) Periodista de Venezuelanalysis y coordinador regional del COSI 

Source

]]>