Por Grupo de Estudios sobre Niñeces y Juventudes de América Latina y el Caribe del IEALC-UB

En las últimas semanas la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires estuvo en el ojo de la tormenta a raíz de la reacción de algunos comunicadores sociales y la Vicepresidenta de la Nación en torno a ciertos  libros pertenecientes a la colección “Identidades Bonaerenses”. Este “debate” fue impulsado a partir de una denuncia penal contra el Director General de Cultura y Educación provincial, Alberto Sileoni, por “abuso de autoridad y corrupción de menores” iniciada por la fundación Natalio Morelli, que señala entre sus propósitos centrales, “salvaguardar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes”, según su sitio web. 

Sobre estos materiales que se distribuyen masivamente a lo largo de toda la provincia en las escuelas secundarias, y que persiguen distintos fines asociados al derecho a la lectura, se alegó que eran “pornografía”. Tomando como mero testimonio algunos pasajes que presentaban escenas explícitas de sexo, se buscó restar valor al material en circulación y condenarlo a su equivalencia con cualquier revista que se comprara “casi clandestinamente” en cualquier quiosco de diarios.

Desde el Grupo de Estudios sobre Niñeces y Juventudes de América Latina y el Caribe del IEALC-UBA queremos compartir algunas apreciaciones con el fin de promover el debate, incentivando el pensamiento crítico.

¿Qué está bien y qué está mal leer en la escuela?

La pauperización del debate público sumado a ciertas reminiscencias oscurantistas que promueven abiertamente importantes sectores del gobierno nacional, han llevado a establecer la equivalencia “escenas de sexo” = pornografía, justificando así su cancelación. Esta cuestión presenta una serie de matices que es necesario recuperar y, como planteaba una de las autoras censuradas Sol Fantín (escritora de la novela Si no fueras tan niña), nos mueve a establecer algunos puntos de contacto con quienes sostienen una preocupación legítima e intervienen discursivamente con honestidad intelectual.

Las políticas de lectura a lo largo de la historia han operado con múltiples mediaciones y condicionamientos: indudablemente la edad de lxs estudiantes, sus intereses y posibilidades de conceptualizar determinados asuntos son aspectos a considerar. Es importante resaltar que la lectura de estas novelas que forman parte de la colección antes mencionada, no son de lectura obligatoria, sino opcionales, y que a su vez van acompañadas de herramientas pedagógicas para trabajar con su lectura.

No obstante, estas obras en circulación no han sido seleccionadas por las escenas que se han viralizado sino porque guardan un valor literario en sí mismas, han sido reconocidas ellas y sus autoras en los círculos de validación literario. Al mismo tiempo, en función de los aspectos antes detallados, algunas han sido pensadas para la lectura autónoma, otras mediante la mediación docente y solo algunas de ellas buscan específicamente reflexionar sobre la sexualidad integral.

Nuevamente, es importante poner en dimensión que el derecho a la lectura, el acceso a la ficción, por ejemplo, tiene que ver con ampliar el mundo simbólico, metafórico y sociopolítico de lxs adolescentes en este caso. La lectura, como arte, escapa a los límites de la pedagogía, es importante su acceso como parte de un derecho, que no se reduce a fines de aprendizaje.

¿Cuál es la concepción de infancias y juventudes que subyace a estas expresiones?

Las políticas de lecturas siempre operan con concepciones más o menos implícitas sobre lo que son y pueden las niñeces y juventudes. En este debate lxs adolescentes han sido pensados como meros receptorxs sin juicio crítico ni capacidad propia para poder valorar el arte y reflexionar, por no decir que directamente han sido raleados de la discusión.

Por otra parte, las políticas de lectura siempre contemplan un diagnóstico y una propuesta: ¿desde qué subjetividad adolescentes se parte para el trabajo en la escuela? ¿Qué se espera poner en tensión, transformar y promover en lxs adolescentes? La colección “Identidades Bonaerenses” busca promover el debate, la reflexión a través de recursos materiales masivamente distribuidos por el sistema público.

La relación entre estas concepciones de la infancia y la literatura se enmarca en un debate de larga data. Para Graciela Montes, esta refleja los valores adultos en lugar de las historias de las niñeces y se ubica en un  lugar problemático porque considera a las niñeces como incapaces de leer y generar los mundos simbólicos que implica la lectura.  

¿Cuál es el horizonte de una política educativa que persigue la censura?

La escuela es por definición un espacio para la circulación de ideas, la Argentina ha atravesado épocas donde se buscó restringir la circulación de libros, autorxs y de este modo empobrecer y achicar la propuesta educativo-cultural.

Nada bueno puede salir de una política que en vez de promover la lectura y financiar la compra de libros para el acceso gratuito, busca socavar la política. Podemos pensar en qué medida contribuiría al debate que los detractores de la colección “Identidades bonaerenses”, con responsabilidades en la administración, pudieran presentar y proponer cuáles serían los libros en torno a la Educación Sexual IntegraI que nuestros estudiantes sí podrían leer.

La cancelación de libros por expresiones “subidas de tono” quita el derecho a los estudiantes de gozar y reflexionar sobre obras literarias consagradas que, nota aparte, existen y circulan desde hace tiempo en el sistema educativo.

Habilitar la experiencia de la lectura como un derecho transformador

La lectura, como acto personal y audaz, trasciende la mera transmisión de contenidos; permite a lxs estudiantes habitar su posición como lectores, capaces de dialogar con textos, desafiarlos y reinterpretarlos según sus propias inquietudes y experiencias.

Es crucial replantear el rol de la escuela no como un espacio que “da de leer”, sino como un ámbito que garantiza condiciones para que la lectura ocurra: tiempo, textos, intercambios y desafíos que invitan a explorar lo desconocido. Por esto, el protagonismo de lxs estudiantes es central; ellxs no son meros receptores, sino co-constructores del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Una política educativa que restringe el acceso a la literatura limita el horizonte simbólico de lxs jóvenes y perpetúa concepciones paternalistas sobre lo que son capaces de comprender. En cambio, habilitar la experiencia lectora, incluso en su incomodidad o provocación, es apostar por formar ciudadanxs críticos, curiosos y autónomos, con la capacidad de habitar y transformar el mundo desde una mirada reflexiva y plural.

No se trata de que la escuela “dé de leer”, como si la lectura fuese un alimento o una medicina, un bien-propiedad de unxs (lxs sabixs, lxs lectorxs avezadxs) otorgado como una dádiva a lxs otrxs (lxs niñxs, lxs ignorantes). La lectura no funciona de esa manera. Si se trata de ayudar a construir lectorxs, justamente, es decir sujetxs activxs, curiosxs, capaces de ponerse al margen y vérselas a su manera con un texto, no se puede pensar en una dádiva, o una administración, sino más bien en una habilitación para la experiencia. Dar ocasión para que la lectura tenga lugar. Garantizar un espacio y un tiempo, textos, mediaciones, condiciones, desafíos y compañía para que el lector se instale en su posición de lector, que, ya vimos, no es mansa, obediente y automática, sino personal, audaz, expectante…y haga su lectura.

Muchas veces sucede que lxs lectorxs perezosxs, que aprendieron a jugar un juego, sólo aspiran a repetirlo. En ese caso irá dejando de leer. Se refugiará en un género y rechazará todo lo que quede fuera de ese género. Leerá sólo cuentos de terror. O sólo un tipo de historieta. Mirará sólo telenovelas. Conoce bien esas reglas y no está dispuestx a moverse de allí. No quiere esa inquietud del enigma, ese ponerse frente al texto y asustarse un poco, quiere saber de antemano lo que le espera. Se siente cómodx. Está acostumbradx a cierta manera de narrar, cierto orden de acontecimientos, cierto punto de vista, cierta “claridad”. No quiere correr el riesgo. Es ahí cuando lxs docentes, lxs bibliotecarixs, lxs mediadorxs intervienen. Parte de su tarea –y una tarea mayor– será sacudir la pereza, volver a poner a lxs lectorxs frente al enigma.

Source

Por Pablo Nolasco Flores

“De los pobres sabemos todo: en qué no trabajan, qué no
comen, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no
piensan, qué no votan, qué no creen… solo nos falta saber por qué
los pobres son pobres… ¿Será porque su desnudez nos viste y su
hambre nos da de comer?”
Eduardo Galeano, Los hijos de los días.

Es una realidad aceptada dentro del campo educativo que la escuela ha transitado una serie
de transformaciones producto de las grandes desigualdades socioeconómicas a partir de las
transformaciones del capitalismo. De hecho, es en ese marco en el cual se masifica la escuela,
ejemplo de ello es la instalación de la obligatoriedad del nivel secundario en el 2006. Esto
implica que el sistema educativo estatal realice numerosos esfuerzos para garantizar ese
derecho a millones de niños y adolescentes sin tener en cuenta a la clase social a la que
pertenecen. Y está bien que así sea, por eso lo defendemos. Pero, ¿qué sucede cuando, por un
lado el Estado destina dinero e impulsa reformas para garantizar ese derecho, a la vez que las
familias de los estudiantes caen con mayor violencia en los umbrales de la pobreza?

¿Cuándo somos conscientes de que tenemos un derecho?

Para ser consciente de que tenemos un derecho hay que atravesar la experiencia de poseerlo.
Es decir, nuestra existencia de vida tiene que sentir en su cotidianeidad que goza de algo que
le permite vivir mejor. Y luego, ser consciente de que ese derecho fue posible por una serie
de acciones direccionadas para lograr esto: ahí aparece la política. No obstante, cuando lo que
se observa es que más de un tercio de la sociedad transita una experiencia de vida
pauperizada y precarizada y un sector de la política le pide que no voten contra sus derechos,
se está cometiendo un error en el análisis de la situación, hasta incluso puede ser peligroso.

¿Hace cuantos años que nuestros estudiantes y sus familias viven mal?

Hace unas semanas se presentaron estadísticas que nos dan escalofríos: más de la mitad de
las infancias son pobres. Detrás de esos números lo que se encuentra es el fracaso del
capitalismo argentino y las variantes políticas que lo gestionaron: salarios cada vez más
bajos, una inflación incontrolable y la profundización del empleo informal. Esto significa que
hay millones de niños y niñas que habitan la escuela y que no pueden satisfacer de buena
manera sus necesidades básicas: alimento, vestimenta, vivienda, acceso a otros tipos de
bienes culturales y sociales.

¿Qué pasa con la pobreza en las escuelas?

En este marco, no dudamos de la enorme red de contención social que el Estado construyó
durante estos años para paliar los efectos de la pobreza. De hecho, la consideramos necesaria.
Sin embargo, tenemos que tratar de ir un poco más allá de la intervención estatal en la
carencia y poder pensar en cómo construyen su subjetividad quienes, viviendo en condiciones
de pobreza, asisten a la escuela. ¿Cómo construimos nuestros proyectos de vida las personas?
¿Cómo nos posicionamos frente a la vida y elegimos querer ser? Para poder decidir qué
querer ser hay un elemento muy importante, pero no el único, y esa es la existencia material
de vida, es decir, tener las necesidades materiales y simbólicas cubiertas.

Dentro del campo de las pedagogías progresistas (e inclusive de izquierda) hay un amplio
acuerdo en el rechazo a la idea de la ineducabilidad de los sectores de la población que más
sufren la pobreza, es decir, todos los niños y adolescentes tienen el derecho de acceder a la
educación. Sin embargo, pareciera que durante muchos años se dejó de discutir el problema
de que miles de familias vivan en esas condiciones. Nos habita una sensación de que se
naturalizó la pobreza, que se impuso como norma y por lo tanto, la escuela tiene que
enfrentar el desafío de educar a los pobres.

¿Siempre fue así?

En los años 70’, previo a la última dictadura militar, el salario real de los trabajadores estaba
en su nivel más alto y, además, el conjunto de la clase obrera obtenía cerca de la mitad del
producto bruto interno, es decir, la mitad del valor de todos los bienes y servicios producidos
en la economía nacional se iba a los hogares de familias trabajadoras en forma de salario.
Entonces, no es casualidad que ese mejoramiento en la vida material de los trabajadores
traería consecuencias positivas en el acceso y distribución de los bienes culturales, sociales y
educativos: mejor acceso a la escuela pública y mayores niveles de ingreso a niveles
superiores y universitarios. Es a partir de esta situación concreta que se construye el
imaginario de la movilidad social ascendente por medio de la escuela pública.

Debemos retomar esa historia y ese imaginario social para poner sobre la mesa la discusión
del por qué nuestros estudiantes y sus familias son cada vez más pobres. Pensar un proyecto
educativo sin ubicarlo en el marco de un proyecto político de país que incorpore reformas
estructurales en materia económica que le cambie la vida a las personas es en vano.

Ni la escuela ni la educación van a resolver las causas estructurales que generan pobreza y
exclusión social. No ignoramos que también existe mala praxis intencional, con las reformas
permanentes que las vacían de contenidos. Ni esto implica que no valoremos los avances que
el sistema ha realizado para que los estudiantes asistan a la escuela. Queremos que los
estudiantes vayan a la escuela, pero también queremos que dejen de vivir situaciones de
pauperización social como la que padecen. En todo caso, la escuela debe desnudar aquello
que está detrás de la situación precaria de millones de niños y niñas. Desnudar implica poner
sobre la mesa la pregunta que una vez se realizó don Eduardo Galeano: “¿Por qué los pobres
son pobres?”

Source

Por Agustín Bontempo e Ignacio Marchini

Escuchá la entrevista completa:

El miércoles de la semana pasada Alberto Fernández anunció una serie de medidas para contener la propagación del COVID19, con particular énfasis en el AMBA, ya que es la zona de mayor cantidad de contagios y el puente hacia el resto del país. De aquel momento en adelante comenzó un raid político y judicial sin precedentes.

Primero, Horacio Rodríguez Larreta presentó un amparo en la Corte Suprema pero a las 48 horas se hizo eco de una cautelar presentada por un grupo de padres y madres en la justicia porteña, que no tiene competencia. Tironeo con los niños y niñas en el medio, luego decidió desacatar un fallo de la justicia federal. El jefe de gobierno está atrapado por la influencia de Bullrich y Macri en esta interna entre halcones y palomas del Pro.

La disputa política entre oficialismo y oposición con la educación como rehén, la liberación de las patentes de las vacunas y la designación de jueces afines a uno y otro lado de la grieta fueron algunos de los temas que hablamos en Antes que se acabe el mundo, el programa de radio de Marcha en Trilce Radio, con Myriam Bregman, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), legisladora porteña y abogada.

Como profesional del derecho, ¿tiene lugar lo que está haciendo Rodríguez Larreta?

Si vos en la Facultad de Derecho querés rendir un parcial con lo que dice Larreta y sus ministros, seguro te desaprueban. Jurídicamente, lo que dicen es una barbaridad absoluta. Tal barbaridad, que hace un tiempo hicimos una medida cautelar en la justicia contenciosa de la Ciudad contra el protocolo de uso de armas de fuego de Bullrich. Algo parecido a lo que hicieron estos padres que fueron a la justicia de lo contencioso en la ciudad contra una norma federal. Bueno, el juez de primera instancia nos dio la razón, el gobierno apeló aduciendo que era inadmisible que una norma federal sea cuestionada en los tribunales locales y la Cámara, la misma que ahora dijo lo contrario, dijo “pero qué barbaridad, cómo se les ocurre a la justicia de la ciudad cuestionar una norma de carácter nacional”.

Exactamente lo inverso. Estos tres jueces recientemente asumidos vuelven a decir ahora algo en un sentido totalmente inverso. Ahí tenés una primera contradicción enorme. Segundo, a vos en la Facultad de Derecho algo que te enseñan rápido en procesal es que si un tribunal interviene primero y encima es superior que el otro, la causa queda radicada ahí. Después si alguien va, por ejemplo estos padres, y no sabía que la causa estaba radicada con competencia de la Corte (Rodríguez Larreta ya había radicado una causa allí), el juez al que le llega la causa debe decir que es incompetente porque hay un tribunal de otra jurisdicción, y encima superior, que ya está interviniendo.

Es una barbaridad jurídica por donde lo mires, que en lo único que se explica es que para eso nombraron a estos jueces amigos, para después tenerlos como un menú de opciones cada vez que lo necesitan para sus causas políticas.

Los jueces que fallaron en la justicia porteña (López Alfonsín, Pieragini y Macchiavelli) forman parte de la mesa judicial del Pro, pero no llegaron ahí solos. Esta semana Paz Rodríguez Niell, en una entrevista con Ernesto Tenembaum, dijo que el Frente de Todos acompañó sus designaciones cuando se votó en la Legislatura. No por convicción sino por acuerdos para repartir los juzgados. ¿Esto es así? ¿Cómo funciona?

Fue así, hace 7 meses, con la composición de la Legislatura actual. Lo digo porque después yo escucho algunos legisladores que son súper combativos en los medios. Tal vez hay que ser menos combativo en los medios y un poco más en los lugares donde Larreta discute el poder. Porque lo votaron todos, solo la izquierda no avaló este acuerdo. El resto, todo el peronismo, todo el Frente de Todos, todos los radicales y todos los de Cambiemos los votaron. Yo a veces escucho a algunos que son muy cocoritos en los medios de comunicación o que vienen a renovar la política y después veo los mismos acuerdos de siempre.

¿Esto es una lógica de repartición de cargos que se da entre espacios políticos?

Categóricamente. A nadie se le puede ocurrir que López Alfonsín, que se vive sacando fotos con Laura Alonso, pueda ser un juez imparcial para atender un asunto que tenga que ver con Rodríguez Larreta. Machiavelli es la hermana de un funcionario de Larreta. Es raro que digan que vienen a renovar la política y voten esos jueces.

Detrás de todo esto hay algo central: las condiciones del sistema educativo en general y las escuelas en particular. La ciudad recortó el presupuesto en 10 puntos desde el 2007 para acá (27 a 17%), intentó cerrar profesorados (la creación de la Unicaba), entregaron viandas podridas, hay 20 mil vacantes no garantizadas por año y todo indicaría que el año pasado Larreta no lo aprovechó para acondicionar las instituciones para la presencialidad. ¿Cuál es el estado real de las escuelas donde deben asistir niñes, docentes y personal no docente?

Educación es uno de los rubros que se viene recortando. En el último presupuesto lo que más se recortó fue en infraestructura escolar, que es exactamente lo que hubiese evitado graves consecuencias de la pandemia, porque los cursos superpoblados y demás es uno de los grandes motivos por los cuales no puede haber clases presenciales. Esto lo venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo y por supuesto jamás fuimos escuchados y escuchadas.

Cuando protestamos contra la Unicaba nos reprimieron en la puerta de la Legislatura, lo pueden encontrar en cualquier medio. Ahora de golpe esta derecha que viene gobernando la Ciudad de Buenos Aires hace tantos años se transforma de un momento a otro en defensores de la educación. La verdad es que no es muy creíble y tiene que ver con lo que mencionamos antes. Tiene que ver con un terreno en disputa con el gobierno nacional que no toma ninguna medida en serio porque tampoco es que el gobierno nacional hace un acuerdo con todas estas telefónicas que nos roban día a día con los planes de celular, con los planes de telefonía, y liberó los gigas y “wi-fi gratis para todo el mundo”, como se decía en algún momento en alguna provincia, y todos los chicos van a tener sus clases con solo acreditar que están en edad escolar, van a tener conexión gratuita.

Ni un gobierno ni el otro se están encargando de garantizar las condiciones mínimas para que haya verdaderamente la posibilidad de conectarte desde tu casa, que los chicos puedan seguir las clases virtuales. Entonces ponen a docentes y padres todos los días en medio de una situación terrible. O van presencial y se arriesgan, porque la verdad que el nivel de contagios es altísimo en las escuelas y en los lugares de trabajo, o te quedas en tu casa y no tenés las condiciones de acceso para la conectividad.

Hoy, precisamente, junto con Alejandrina Barry presentamos un proyecto en la Legislatura, sin mucho ánimo de que nos dieran bolilla, pero como mínimo para plantear la discusión y mostrar dónde están las necesidades escolares. Es que hoy los chicos podrían tener reforzado el plantel docente, que es lo primero que tenés que hacer para tener conectividad y disponibilidad de horarios. Después que tengan todos los elementos técnicos y tecnológicos necesarios y tercero que tengan acceso gratuito a Internet. No puede ser que en un año y pico no pudieron prever absolutamente nada.

Entonces, es un problema histórico pero también es un problema actual. Y después está el problema de la educación, que desde el gobierno de Carlos Menem nadie se animó a tocarlo, se transfirió sin beneficios de inventario a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. Desde Nación parece que les da sólo para suspender las clases y ninguna otra cosa. 

Se mencionó en algunos medios que esto fue la presentación de Rodríguez Larreta como candidato a las elecciones presidenciales de 2023. ¿A vos te parece que hay una intencionalidad política detrás de toda esta discusión, donde quedan en el medio docentes, niñes y padres?

Sí, estoy convencida. Primero, porque lo veía a Larreta últimamente muy “apretado” por su propia interna, entonces me parece que quiso mostrarse duro para que la dureza no quedara toda en manos de Patricia Bullrich o Mauricio Macri. Hay un problema de disputa interna. Después que tuvieron habilidad, de estas que se crean en un estudio de marketing, porque la derecha viene instalándose durante la pandemia con grandes temas. Por ejemplo, se plantaron con Vicentín y el gobierno retrocedió.

Vienen bastante envalentonados. Porque se plantaron en varias y lograron que el gobierno de Alberto Fernández retrocediera. Y ahora toman casos muy populares. Es la primera vez que toman una bandera que es popular: la educación. No es para defender a un empresario corrupto como Vicentín o la ley antivacunas, esas cosas reaccionarias y terraplanistas. Se plantaron para enfrentar al gobierno nacional en un tema que es muy sentido y muy popular. Por eso me animo a responder que sí, me parece que es el inicio de la campaña electoral.

Al día de hoy, jueves 22 de abril, tenemos un récord de muertos a nivel país, 537 personas pero según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, todo indica que nada genera nuevos contagios. Hace unos días La Nación publicó una nota donde Daniel Gervini, un matemático egresado de la UBA, actualmente trabajando en Wisconsin, proyectaba 10 mil casos diarios ahora en mayo. ¿Qué está haciendo el Gobierno de la Ciudad para enfrentar la pandemia?

La respuesta es sencilla: nada. También debo ser sincera y tener una mira completa en esto. El FMI le prohibió a Alberto Fernández que aumente en gasto social y eso es lo que está haciendo. Es inexplicable que en este momento no haya un IFE, una ayuda mínima que no le alcanzaba a una familia para vivir ni una semana, ni esa ayuda le permite el FMI. Biden aumenta el gasto social y acapara vacunas, pero a través del FMI le impone a otros países, especialmente a la Argentina, que por herencia macrista tenemos este acuerdo infame con el Fondo, que no puede hacer nada de eso.

¿No les parece que Argentina necesita ya un IFE acorde a la canasta básica para que todas las familias puedan elegir quedarse en casa? A quedarse en casa para empezar, porque no te podes quedar si tenés que salir a trabajar, hacer una changa o cumplir en un trabajo precarizado donde no tenés una mínima licencia. Me parece que es una situación muy grave y la Ciudad de Buenos Aires es la más rica y tiene el presupuesto más alto del país.

Esta semana nos enteramos de que la planta de Richmond va a estar produciendo la vacuna Sputnik V en el país. Ustedes vienen reclamando desde hace tiempo la liberación de las patentes, ¿Qué están exigiendo desde el FIT?

Vengo del Ministerio de Salud, donde pedimos una reunión y lamentablemente no nos la concedieron, con la ministra Carla Vizzotti, porque nosotros queremos discutirlo en el Congreso. Hemos presentado un proyecto y se supone que allí deberíamos estar discutiendo estas cosas.

Primero, creo que la Argentina tiene que cortar unilateralmente con todos los acuerdos comerciales porque hay una situación que así lo amerita, de emergencia sanitaria. Hay una causa mayor para hacerlo en este momento y romper con los acuerdos que te imponen las patentes, incluso en todo el país se está pidiendo y la OMS (Organización Mundial de la Salud) lo está pidiendo. Argentina y toda la región deberían ya mismo tomar una medida como esta y apropiarse de ese conocimiento que es conocimiento, y financiamiento, de los Estados.

Y segundo, el acuerdo que han hecho para la Sputnik V demuestra lo que venimos diciendo desde el Frente de Izquierda, que las vacunas que se hacen en Garín se pueden envasar en Argentina y que hoy podríamos tener a toda la población vacunada. Porque se fugaron 44 millones de dosis. Con eso vacunas a toda la población de Argentina. Pero no lo tenemos porque se respetan los negocios privados.

Source

Desde que empezó la cuarentena social obligatoria en el mes de marzo se viene hablando de la continuidad pedagógica. El Ministerio de Educación de Nación ha decretado la suspensión de clases en todos los niveles educativos y ha elaborado a lo largo de estos dos meses una serie de lineamientos para decirnos a les docentes cómo seguir educando a la distancia, cómo educar virtualmente. Pero ¿es posible la continuidad pedagógica en los sectores más vulnerables?

Estamos asistiendo a una realidad nunca antes vista: nos enfrentamos a una crisis mundial que pone en jaque todo lo conocido. Todo es puesto en duda. No sabemos cuándo ni cómo será la vuelta a nuestras actividades cotidianas: la escuela, el trabajo, la sociabilidad, la recreación. Muchas personas empiezan a sentir la asfixia de quedarse adentro, en sus casas. Pero hay sectores que además tienen otras preocupaciones.

En la ciudad más rica del país les vecines de la Villa 31 estuvieron semanas sin agua. ¿Se nos ocurre pensar cómo sería seguir los protocolos de higiene y de cuidados en este contexto sin agua? creo que no. En la Villa 21-24 las organizaciones sociales y les vecines del barrio sostienen ollas populares cada noche para garantizar un derecho básico: la alimentación. Silvia, es vecina de la 21-24, trabajadora de la economía popular y referente del Frente Popular Darío Santillán, ella junto con vecinas y vecinos están cocinando cada noche la cena para 300 familias en su manzana. Además nos cuenta: “la lavandina, el alcohol en gel y los barbijos que usamos durante el reparto de la cena a les vecines lo ponemos nosotres. El gobierno de la Ciudad no nos está entregando nada”

Esta experiencia se replica a lo largo y ancho de la 21-24 así como en muchos barrios populares de la ciudad. Una vez más nos encontramos con la organización y la solidaridad de les de abajo para hacer frente a la crisis económica y social que está siendo brutalmente acentuada por el distanciamiento social.

En este contexto tan duro para un gran sector de la población nos preguntamos cómo seguir educando, cómo seguir aprendiendo.

Distintas realidades, respuestas insuficientes

Desde el Ministerio de Educación de Nación han elaborado distintas estrategias para “no profundizar las desigualdades”. Como primera medida se dispuso que las clases continuaran de manera virtual, ya sea por medio de plataformas de videoconferencia, mail, por llamada o mensajes. Han dispuesto contenidos priorizados para trabajar en cada nivel educativo, acercando propuestas y planes de actividades con recursos y herramientas para les docentes. Han elaborado nuevos formatos de contenidos como el de Seguimos educando que se emite por los canales de televisión y radios de gestión estatal. Se han entregado cientos de notebooks en distintos distritos del país y han repartido material impreso y libros allí donde no se cuenta con tantas herramientas informáticas. Entendemos que las políticas que se están encarando son acertadas pero ¿es esto suficiente? ¿llega a todos los rincones del país? creemos que no.

En la ciudad de Buenos Aires se ve una tremenda desigualdad en torno al tema que aquí nos convoca: la continuidad pedagógica. Nos encontramos con realidades muy diversas en cada barrio de la ciudad donde tener computadora y tener internet se vuelve la cuestión fundamental si pensamos en esa continuidad educativa.

Nos preguntamos qué está haciendo el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta junto con la ministra de Educación Soledad Acuña en este sentido. La respuesta es nada. No hay políticas que garanticen el derecho a la educación de quienes menos tienen en este contexto de aislamiento social.

Desde muchas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires manifiestan la imposibilidad de llegar a todos los hogares. Se está empezando a ver, luego de dos meses, cómo a ciertas familias no les llegan las propuestas de las escuelas por falta de recursos. Por otro lado, las escuelas de doble jornada, expresan la preocupación a la hora de repartir la comida. El gobierno de la Ciudad manda un bolsón de alimentos para cada estudiante, lo cual resulta insuficiente para hacer frente a la crisis económica en la que se vieron envueltas muchas familias que se han quedado sin ingresos. El panorama es desolador.

Aún queda la cuestión pedagógica. Muchas escuelas de los distintos barrios porteños están logrando a través de los distintos dispositivos continuar con el desarrollo del ciclo lectivo. Pero esto no es así en toda la ciudad. Esta educación virtual la están pudiendo sostener aquellos sectores sociales que tienen acceso a computadoras e internet, que siguen cobrando un salario y que acceden a los derechos básicos. El resto no cuenta con esta suerte.

Desde los distintos sectores educativos hemos estado elevando reclamos al Ministerio de Educación a cargo de Soledad Acuña, exigiendo más y mejores viandas; el cobro de la beca que beneficia a miles de personas en la ciudad; la entrega de computadoras para aquelles estudiantes que no están pudiendo continuar con su proceso educativo por falta de recursos; red gratuita de internet en aquellos barrios que más se necesita. Y podemos seguir.

Evidentemente en la Ciudad de Buenos Aires el agua, la comida y la educación son privilegios y no derechos.

Educar para la transformación en contexto de pandemia

La educación es un derecho, esto no es un concepto o un principio nuevo. Sin embargo, algunos gobiernos no lo entienden de esa manera: recortes presupuestarios y redireccionamiento de fondos hacia el sector privado es el modus operandi de esta gestión. Así somos espectadores de cómo la desinversión en materia educativa termina profundizando las desigualdades sociales.

A mediados de la década del 2000 surgieron nuevas experiencias educativas en los barrios más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires: los Bachilleratos Populares. Estas escuelas nacieron como una propuesta de los movimientos sociales para hacer frente a la falta de propuestas educativas para las personas jóvenes y adultas que habían sido expulsadas de alguna u otra forma del sistema educativo. Como decía Evita “donde hay una necesidad nace un derecho”.

Ya van 15 años de construcción teniendo como premisa otra forma de educar y aprender. Más de una década de construcción colectiva desde los movimientos con les docentes y les estudiantes, con los pies y la cabeza en el territorio. Esta forma de pensar la educación tiene como punto de partida la pedagogía de la liberación y la esperanza y se plantea como horizonte el cambio social. Promovemos la conciencia crítica, la autogestión y la formación para el trabajo a través de talleres de oficio. Militamos todos los días una educación emancipadora.

Muchas de las problemáticas presentes en la vida de les estudiantes y docentes de las escuelas populares se han visto profundizadas a propósito de la pandemia. Es así que tomando los lineamientos del Ministerio de Educación nacional hemos ido delineando nuevas estrategias para sostener el proceso educativo de les jóvenes y adultes que asisten a nuestras escuelas. Estamos siendo testigues y protagonistas de situaciones y realidades muy complejas en los barrios en los que trabajamos y vivimos. Venimos asistiendo a la desidia del gobierno porteño desde hace más de una década, donde estudian quienes pueden, no quienes quieren.

Se viene profundizando un modelo educativo cada vez más excluyente, donde la gran mayoría de la población está quedando afuera. Es en ese sentido, que los espacios de educación popular redoblamos los esfuerzos para sostener el proceso educativo de les estudiantes. Pero entendiendo que ese proceso en este contexto también implica un acompañamiento desde lo emocional y lo material, no sólo desde lo pedagógico.

Es por esto que frente al contexto de pandemia, desde los bachilleratos populares de la Ciudad de Buenos Aires estamos articulando distintos reclamos con muchas de las escuelas porteñas como se enumeraba anteriormente.

Las respuestas son nulas, por lo tanto seguimos trabajando desde los movimientos y las organizaciones sociales para llevar a cabo un acompañamiento integral en los sectores más golpeados. Derechos como el trabajo, la vivienda, la salud y la educación nos parecen muy lejanos en los barrios populares. Esto no puede seguir así.

La pandemia vino a profundizar las desigualdades existentes. Vino a poner de manifiesto una vez más que es vital abonar a ese cambio social que se viene gestando desde abajo, con el trabajo y la militancia desde los barrios populares. Como dice Enrique Dussel, es hora de repensar los principios éticos en torno al desarrollo de la humanidad y volver a darle valor a la vida por sobre la acumulación de capital.

Source

Por Noor Jiménez Abraham* / Foto: Educ.ar

A la pregunta repetida: ¿cuándo se reinician las clases?, la reiterada respuesta del ministro de educación, Nicolás Trotta, sobre que, de manera virtual, las aulas siguen funcionando. En tiempos de Covid19 se escucha sobre la preocupación de familias por las demandas del homeschooling o educación en el hogar, que en este caso no fue una decisión ligada a la voluntad sino al imperativo de la pandemia.

De esta situación se derivan otras, como la falta de conectividad y la sobrecarga, especialmente de mujeres, en tiempos en los que ellas tienen más trabajo en sus casas –todavía son quienes unilateralmente cubren las exigencias de la familia las 24 horas del día

Según datos del Censo Nacional de Personal Docente de 2014, tres de cada cuatro docentes son mujeres y el 35,5% ejerce en la provincia de Buenos Aires con un porcentaje de alumnos y alumnas del 36,5% (Sice –Secretaría de Innovación y Calidad Educativa-, mayo de 2017).

La educación suele ser de esos temas en los que la gente juzga solo desde un lugar que se podría denominar de “sentido común”. Es decir, haber pasado por un aula en algún momento de la vida o tener familiares en el sistema escolar. Estas dos situaciones parecieran dar pasaporte para opinar, criticar y hasta sentenciar lo que es o no correcto.

Las personas que se encuentran en el primer grupo, haber pasado por un aula en algún momento de sus vidas, parecen desconocer un dato relevante: la escuela actual está muy distante de la de años previos, y no tan lejanos. Si bien no se dieron transformaciones coyunturales, lo que sí cambió es la sociedad, eso que se denomina comunidad educativa, y que incluye a docentes, alumnos y alumnas, personal administrativo, auxiliares, jerarquías y familias.

A quienes están en el segundo grupo, el de tener algún familiar cercano en etapa escolar, la ansiedad actual de las personas adultas está generando en niñas, niños y adolescentes una gran angustia, pues deben vivir el momento con la observación cercana, mucho mayor que antes del tiempo de aislamiento social, en el que, además, tienen que compartir con sus familias todas las jornadas, a veces sin lugar para espacios personales.

Silvia, profesora de escuela de gestión privada de la provincia de Buenos Aires manifiesta que “si bien la institución nos dio absoluta libertad, nos brindó pocas herramientas y la mayoría de niños y niñas tienen escasos conocimientos tecnológicos”. A ese malestar le suma el hecho de recibir respuestas de las familias de los y las estudiantes, que intervienen con sus opiniones sobre las tareas “de mala manera”; tales casos fueron elevados a su directivo quien le manifestó que “hagamos oídos sordos a lo que madres y padres critican”.

Si bien el ministro de educación mencionó en distintas entrevistas en los medios masivos la buena voluntad y el profesionalismo docente, se escucharon críticas desde otros sectores no expertos en el tema, sobre si la cantidad de tarea es mucha, poca, difícil, sencilla y otras valoraciones.

Al ser consultada por Marcha, Laura, docente de primaria en el Mariano Acosta, en su rol de mamá cuenta que su hija adolescente, que concurre a otra escuela, “a veces está colapsada y me pide que la ayude”, a lo que agrega: “En mi escuela hay gente que la pasa muy mal, les cuesta distribuirse los horarios para usar la única computadora que tienen en la casa, yo mando al colegio por correo las actividades, se imprimen y quienes las necesitan las pueden pasar a buscar”. Con respecto a su doble trabajo, manifiesta: “Hay que contener muchos frentes a la vez”.

De acuerdo con lo publicado por la consultora Grow (Género y Trabajo): “Incluso sin una crisis, las responsabilidades de cuidado generalmente recaen en las mujeres. Mientras que el 83% de las mujeres con hijos/as realiza tareas de cuidado, el 13% los varones realizan estas tareas” (ENES, 2015)(7).

Entre los interrogantes al ministro Trotta, está el reiterado pedido de fecha de vuelta a las aulas presenciales, a lo que él repite que se desconoce porque está ligada al desarrollo de la enfermedad ya que niñas, niños y adolescentes, aunque no son quienes mayormente la padecen, sí son las personas con grandes posibilidades de transmitirla a otras en riesgo.

Surgieron dudas además con respecto a los recreos: “¿los van a sacar para recuperar el tiempo en que no hubo clases”?, interrogan al ministro. A lo que el funcionario responde que “el año no se perdió porque tanto docentes como alumnas y alumnos están trabajando desde el día 1”.

De ser implementada semejante política sería pensada solo desde la mirada de la eficiencia (en duda) y no en los seres humanos que se pretende proteger y de quienes, paradójicamente, también se menciona su agotamiento.

Stella, profesora de escuela pública de nivel secundario, se refiere a la gestión de la angustia que genera la situación: Los docentes no estamos capacitados para resolver lo emocional, no solo porque nos faltan herramientas sino porque no percibo que el personal jerárquico esté haciendo un buen trabajo alrededor de esto, siento que la mayor demanda es la contención de las emociones”.

El home office al que se hace referencia actualmente no aplicaría en el caso de la docencia, ya que trabajadores y trabajadoras deben utilizar sus propios recursos (tablets, pc, notebooks, teléfonos) y la conectividad, vía wifi,o por datos del celular, es un cargo que abonan en forma personal.

Silvia afirma: “En mi caso yo prefiero que mis estudiantes no tengan mi número de teléfono, como preservación; el caudal de trabajo aumentó muchísimo, estoy con la vista cansada, y veo peor que antes de que todo esto empezara”.

Grupos de WhatsApp armados en forma compulsiva, mensajes de audio larguísimos, que llegan a toda hora, y que pueden ser no solo de estudiantes sino también del personal directivo o de otras personas de la comunidad educativa –preceptores y preceptoras, equipos de orientación o personal administrativo-, con marchas y contramarchas en los pedidos y consignas; sin fines de semana ni feriados, frente a una población trabajadora que es mayoritariamente femenina y que, a su vez, siente la recarga de las tareas de cuidado.

Lara, alumna de cuarto año de escuela secundaria de gestión privada de la CABA, dice que en su escuela se creó una plataforma, y que siente que es mucha la exigencia, con actividades que superan las habituales. Y agrega: “Hay días que me los tomo como respiro para descansar un poco. Algunos profesores explican temas, otros preguntan cómo viene la cuarentena. Yo no salgo ni a la puerta, me siento bastante estresada. Hay muchos compañeros a los que les cuesta ponerse al día, una profesora que nos dijo: en este momento, hagan lo que puedan”.

Otro tema son las vacaciones, le consultan al ministro si va a haber clases en enero. Él reitera que el presente ciclo escolar no fue un tiempo perdido. Y más allá de sus palabras, cabría imaginarse el contexto de las aulas en verano, en un sistema en el que ni ventilador hay en algunas escuelas y en el que otras carecen de agua.

María Laura, profesora de escuela pública en la provincia de Buenos Aires, declara: “Existen directivos cálidos que piden información en forma amorosa: mandálo como puedas, profe, si se te cortó la luz o estás sin wifi, no importa si está hecho a mano”. Según sus expresiones, otros arrasan a docentes que quedan en medio de reclamos de arriba, de abajo y del costado.

Si bien previo a la pandemia existían en otros niveles educativos cursos virtuales, siempre contemplaron poblaciones adultas y entre los requisitos primaba el de la conectividad. La continuidad pedagógica frente al COVID19 visibilizó la problemática por sectores sociales y edades.

En medio de la contingencia educativa, niños, niñas y adolescentes, sin embargo, aprendieron a desarrollar otras habilidades, capacidades que, más allá de las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación), son también importantes, como la compresión de textos, la interpretación de consignas o el aprendizaje sobre el modo de entregar un trabajo en forma legible.

Diego, profesor de escuela media con gestión estatal de la provincia de Buenos. Aires, afirma: “En medio de una pandemia que afecta a todo el planeta, las escuelas no son una isla, tenemos modificada nuestra actividad, ya no está la interacción cotidiana con compañeros, directivos y alumnos. Trabajar en nuestros hogares a priori parecía más cómodo, pero nos encontramos con problemas de conectividad de un lado y del otro, se ha modificado nuestra rutina, y eso nos provoca angustia. Las ganas de retomar nos generan impotencia y al mismo tiempo sabemos que es necesario el aislamiento, por lo que es una contradicción.

Docentes reclaman que se sienten expuestos, antes sus aulas eran de ellos y ellas con sus alumnos y alumnas, ahora el juego se abrió y participan personas que deberían ser ajenas a ese proceso porque la situación activa de aprendizaje les pertenece a los niños y a las niñas.

En el portal de educación de Fernando Carlos (docente y abogado), seguido por alrededor de 275000 personas, se expresaron profesores que no desean hacer sesiones de zoom u otras aplicaciones de sala de reunión, sienten que es una violación a su intimidad entrar la escuela a su casa, que de algún modo los y las incomoda, o temen hacer videos o audios que después puedan tener otro destino, viralizados en las redes, “mi límite son mis alumnos y las paredes del aula”, expresó una maestra.

Alejandro, maestro de grado en una escuela primaria de gestión pública en la CABA, cuenta que el modo de comunicación es a través de una página, “a veces la situación es tediosa, no estamos preparados para esto y tratamos de reinventarnos día a día”. Reconoce y agradece a editoriales que les envían material para el trabajo virtual. Y subraya: “Procuramos no solo dar tareas, sino estar presentes apoyando a las familias. A partir de esta semana –la número 7- empezamos a recibir capacitación del Gobierno de la Ciudad. Tratamos que los chicos y las chicas no se sientan en soledad, y acompañarlos desde nuestro lugar, que es la docencia”.

En la provincia de Buenos Aires existen casos de cursos con puestos docentes vacantes, dado que el aislamiento obligatorio se decretó a mediados de marzo y que la mayoría de los trámites se realizan en forma presencial, no se llegó a tiempo para cubrir varias de las suplencias, por lo que equipos directivos solicitaron a profesores y profesoras de otros cursos que se ocupen de esos grupos a modo de favor para que el alumnado no quedase sin clase: un trabajo “de onda”, por el que no reciben compensación económica.

Diego agrega que “en algunas escuelas el equipo directivo es realista, se puso a la cabeza de esta nueva metodología y decidió acompañar el proceso de todos los actores, y en otras, descargó todo el peso sobre los docentes. Creo que hay que actuar donde hay sobre exigencias”

“¿Qué voy a hacer si hay que volver a trabajar?” se lee en algunos comentarios en las redes sociales, especialmente de parte de madres que en general tienen la carga de gestionar el cuidado de menores y de personas adultas mayores, en un pedido de respuesta a las instituciones educativas sobre situaciones que exceden la función de las mismas.

Dentro de los países afectados por la pandemia no en todos los casos se generaron soluciones educativas para continuar el proceso de enseñanza, y entre los que lo hicieron, los métodos elegidos fueron diferentes. En Argentina el tema surgió desde el día 1, con una premura con la que el sistema no estaba preparado. La profesora Stella manifiesta: “No hubo una consulta, se trató de resolver todo rápido, entonces ahora veo que estamos disconformes, docentes y estudiantes, faltó preguntar sobre los sentimientos y las necesidades”.

Sillas ergonómicas, almohadilla para el mouse, asignaciones por el desgaste de los elementos propios que se utilizan, están entre los requerimientos contemplados para el tele trabajo (aún sin regular).

Stella subraya que “estábamos muy poco capacitados en aspectos tecnológicos, es urgente una capacitación en servicio, si nos exigen, es nuestro derecho que nos capaciten”. Con respecto a las emociones agrega: “Cuando fui a la escuela a repartir alimentos, un alumno me dijo: “Gracias, profe, por no mandar tareas largas”. Eso es reconfortante, nosotros necesitamos recibir la valoración, no solo de alumnos, también de directivos”.

En cuanto a los sindicatos, en la provincia de Buenos Aires, tanto la Feb (Federación de Educadores Bonaerenses) como el Suteba (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires), decidieron reclamar ante la DGCyE (Dirección General de Cultura y Educación) “un protocolo para docentes que cumplen con la continuidad pedagógica, desde sus hogares, para establecer horarios concretos de trabajo. La hiperconectividad de los docentes a toda hora del día y la falta de horarios fijos, afecta la propia situación personal y familiar de los trabajadores y trabajadoras de la educación”, explicó la presidenta de la Feb, Mirta Petrocini.

Source

Por Laura Salomé Canteros @laurasalome / Foto: Cobertura colaborativa 13J 2018

La voluntad política de debatir el aborto no alcanzó y la era de garantizar derechos y ampliar reconocimientos parece haber llegado. Si el debate parlamentario de 2018 sentó las bases del acceso a la información y la sociedad consolidó, de la mano de los feminismos organizados, el apoyo multitudinario a una demanda de reconocimiento de autonomía que es histórica; el 2020 será, de forma irreversible, el año en que las decisiones ejecutivas harán más que las palabras. Serán las llamadas que recuperen la diginidad de una puebla que fue arrasada por la política gubernamental de la represión y el abandono macristas.

Alberto Fernández no mencionó que el aborto inseguro está dentro de las emergencias del nuevo gobierno. Sin embargo, en dos días, parece haber hecho más que en los cuatro años anteriores. Ginés González García ya anunció que restituirá derechos a través del recuperado Ministro de Salud de la Nación y que convocará para tal fin a sus pares provinciales previo a otorgar al Protocolo ILE 2019 -derogado por el ex presidente Mauricio Macri-, rango ministerial. En provincia de Buenos Aires, todo parece indicar que Daniel Gollán, al frente de la cartera de esa provincia, hará lo mismo. Mientras que Nicolás Trotta, al frente del Ministerio de Educación, afirmó que impulsará el cumplimiento de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) en todas las escuelas de todo el territorio como una cuestión fundamental.

Es que si es posible volver a delinear un modelo de Estado presente, llegó el momento de garantizar el acceso al derecho y de discutir cómo será la reglamentación de una Ley que efectivamente se traducirá en el respeto a las decisiones y en una mejor calidad de vida para las mujeres y las personas con capacidad de gestar en todo el territorio nacional sin discriminación alguna. Sobre todo en un contexto de avance de los conservadurismos políticos, los fundamentalismos religiosos y los fascismo sociales en en el país y en toda Nuestra América.

Leé también:

“En el Protocolo ILE trabajamos desde 2015, es un material en constante actualización”

Mauricio Macri, el antipopular más obvio

Lo que no se menciona en los palacios, existe en las calles

Lejos de ser sólo un espacio de resistencia, las calles fueron para los feminismos, la arena de disputa con los poderes tradicionales y de expresión de la organización de décadas durante el período 2015- 2019. Así fue leído el 10 de diciembre, durante el discurso de asunción presidencial del nuevo mandatario, Alberto Fernández. “Un nuevo contrato de ciudadanía social incluye los movimientos sociales, que incluyen al feminismo, la juventud y el ambientalismo”, afirmó. Sin embargo, la palabra que más se deseaba escuchar no se mencionó.

“Esperaba que este nuevo presidente hable sobre aborto”, afirmó Celeste Mac Dougall, docente especialista en ESI e historiadora, integrante de la Campaña y de la Red de Docentes por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “Es verdad que el anuncio de Macri de que iba a habilitar el debate se dio en la apertura de sesiones legislativas, pero sí esperaba que Alberto Fernández diga algo. Lo esperé cuando habló de salud, que es la perspectiva que asumió; cuando mencionó al movimiento feminista como uno de los actores sociales claves en la realidad política del país; y cuando dio los anuncios respecto a que se iba a poner por delante de las demandas de las mujeres”.

“El 2020 será el año del tratamiento y aprobación del aborto legal en nuestro país”, afirmó Jenny Durán, comunicadora e integrante de la Comisión de Cabildeo de la Campaña. “Hubo una gran aprendizaje desde el año pasado. Tras las elecciones también las fuerzas políticas mayoritarias hicieron su elección sobre cuál sería el sujeto social que interpela e identifica a cada una. Entonces, el espacio que ganó en octubre pasado tomó de las expresiones más progresistas la demanda por aborto legal, entre otras”, afirmó.

Según las fuentes de la Campaña, será el nuevo Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que encabeza la abogada feminista Elizabeth Gómez Alcorta, en conjunto con la cartera de Salud, encabezada por Ginés González García, médico cirujano en favor del aborto legal y la Jefa Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quienes redactarán el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional.

“Realmente estamos esperanzadas en que se acerque mucho al proyecto de la Campaña presentado en 2018”, afirmó Durán. “Los tres organismos están encabezados por funcionaries que defienden la despenalización y legalización del aborto, fundamentado en la necesidad de trasformarlo en un aspecto más del derecho a la salud, aunque también traen la mirada de la autonomía y de poder allanar los obstáculos para el acceso. Ya sean éstos obstáculos dogmáticos, territoriales o técnicos”, agregó.

“En el 2020 el aborto tiene que ser legal porque es una deuda de la democracia”, afirmó Yamila Picasso, politóloga e integrante de la Articulación federal de la Campaña. “La clandestinidad y los abortos inseguros traen consecuencias en los cuerpos y en las vidas de mujeres y personas gestantes”, agregó. “Decidir libremente sobre nuestros proyectos y cuerpos es un derecho humano”. “Estamos convencidas que todo lo debatido, las masivas movilizaciones y la necesidad de escuchar las demandas del movimiento feminista serán las condiciones a las que este gobierno deberá atender”, dijo Durán, “este también es un tema que forma parte de la emergencia social”.

“Nosotras vamos a seguir en las calles”, afirmó Mac Dougall. De hecho hoy al mediodía habrá una convocatoria para recordar que en La Plata V., madre de 3 hijxs, murió consecuencia de un aborto inseguro producto de la clandestinidad y la criminalización. “La clave es ver qué dice el nuevo presidente en la apertura de sesiones, en marzo del año que viene, para exigir que se trate y apruebe”, para que “haga realidad sus declaraciones: enviar un Protecto de Ley que garantice el aborto legal, seguro y gratuito”.

Leé también:

La muerte de V. por un aborto inseguro era evitable

El Proyecto es feminista y federal

El 28 de mayo de este año, tras el debate social y parlamentario que se dio entre marzo y agosto de 2018, la Campaña presentó por octava vez el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ante el Congreso de la Nación. La primera presentación fue en 2007 y desde entonces, generalmente cada dos años, la renueva para que el derecho al aborto no pierda estado parlamentario.

El nuevo texto no es uno más. Tras años de exigirlo, incorpora los aportes que surgieron durante el debate en el que expusieron más de 350 especialistas y de la sanción de la Cámara de Diputados. Es el texto que está más cerca de ser Ley. Fue realizado por la comisión redactora de la Campaña -multidisciplinaria e intergeneracional- y retoma además las perspectivas federales de las 33 regionales y de las 4 redes feministas que la componen: de socorristas, docentes, profesionales de la salud e interuniversitaria.

Es la tercera redacción que realiza y fue actualizada al ritmo de las últimas decisiones judiciales, reformas legales tales como el Fallo F.A.L. (2012), la Ley de Identidad de Género (2012) y el Código Civil y Comercial (2015).

En su primer artículo, el Proyecto de IVE garantiza el acceso al aborto voluntario a mujeres u otras identidades con capacidad de gestar hasta las 14 semanas, inclusive de gestación. 14 semanas es el plazo que, según la legislación comparada, es el de mayor consenso.

En su artículo 2, garantiza el ejercicio de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y Tratados de Derechos Humanos sin importar la condición de tránsito y/o status de residencia/ ciudadanía. Esto quiere decir que no hace falta ser ciudadanx ni tener residencia reconocida por una X cantidad de tiempo. Sea cual sea la situación de la mujer o persona gestante se debe garantizar la práctica.

En su artículo 3, define salud integral como el completo bienestar físico, mental y social según lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).

>> Qué dice el Proyecto feminista de la Campaña

El proyecto legaliza estas condiciones y elimina además cualquier tipo de penalización a la mujer o persona gestante. Establecería que en la primera consulta el/ la profesional o personal de salud debe informar a las persona gestante sobre métodos, alcances y consecuencias de la práctica y riesgos de demora; que esa información debe ser objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible, científica, actualizada y laica. El Estado debe garantizar además un/a intérprete de la lengua o idioma en la que se comunica la persona gestante. Deberá proporcionar formatos y medios accesibles para personas con discapacidad, accesos que no deben contener opiniones personales o religiosas ni juicios de valor.

Se propone, en resumen, mantener los abortos por causales (los que ya son legales) y sumar el aborto voluntario (sin causales) hasta la semana 14 de gestación. Luego de la semana 14, y como los abortos por causales no tiene plazos, los abortos luego de la semana 14 de gestación deben ser garantizados dentro de alguno de los dos causales: salud o violación. En relación a las y los profesionales de la salud, el Proyecto elimina la pena a quiénes causaran un aborto con consentimiento y establece que no hay pena por abortar hasta las 14 semanas de gestación y luego de las 14 semanas no hay pena si el aborto entra dentro de los causales.

***

El 28 de mayo del año que viene, la Campaña cumplirá 15 años. Una herramienta de articulación y unidad feministas que contiene a activistas de más de 700 organizaciones de todos los espacios políticos, sociales, de derechos humanos y sindicales. Es la protagonista de esta etapa en que se interpela a la institucionalidad porque entre todas las colectivas que militan por el acceso al aborto seguro, es la que propone una Ley para que el Estado intervenga ante la problemática con una modificación del Código Penal para el reconocimiento de un derecho, con presupuesto, políticas públicas transversales y capacitación para las y los profesionales de la salud en todo el territorio y para todas las comunidades.

El año comenzará temprano para las activistas de la Campaña. El 19 de febrero será un nuevo aniversario del pañuelazo que dio inicio al debate en 2018 y se prevén acciones en todas las provincias. El 1 de marzo será la apertura de sesiones, ocasión en la que se esperará de forma más contundente el anuncio de Alberto Fernández en relación a qué texto legislativo enviará el Ejecutivo nacional al Congreso. El 8 de Marzo, fecha global de lucha por los derechos, encontrará nuevamente en las calles al movimiento de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binaries y de liberación feminista. Será una fecha en la que se volverá a exigir la demanda política de mayor consenso: ¡aborto legal ya! El proyecto que reconoce y garantiza derechos, el que hará historia sin fronteras, ya está en las calles. Será Ley en el 2020.

Source

Por Emily Dulce (*)

Miles de estudiantes, docentes, sindicalistas, trabajadores y activistas de movimientos populares denunciaron los retrocesos del gobierno de Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal). El tercer “tsunami educativo” contó con movilizaciones en 25 estados brasileños, además del Distrito Federal. Según un conteo de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), hubo protestas en más de 207 municipios brasileños.

Como en las masivas protestas realizadas anteriormente, el 15 y 30 de mayo, continúa el rechazo contra los recortes presupuestarios del Ministerio de Educación y el trámite de la propuesta de Reforma de las Pensiones. La novedad de esta jornada es la protesta contra el proyecto llamado “Future-se” [en portugués], que establece la creación de un fondo de R$ 102.000 millones [US$ 27.000 millones] para atraer inversión privada para las instituciones de enseñanza superior del país

Rectores, ex ministros de Educación y otros especialistas afirman que el proyecto amenaza la autonomía presupuestaria de las universidades y representa también una amenaza para la gratuidad de la enseñanza superior pública.

En Salvador (Bahia), el “Tsunami educativo” reunió a cerca de 35 mil estudiantes, docentes, funcionarios y sociedad civil en las calles contra  el desmantelamiento de la educación y en defensa de las pensiones. Aún en la región Noreste, en João Pessoa, capital de Paraíba, la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia participó de las protestas junto con 15 mil estudiantes y profesores. En Alagoas, el acto público tuvo lugar en la capital del estado, Maceió, donde más de 12 mil personas salieron a las calles.

En Brasilia (Distrito Federal), capital do país, el acto fue realizado en conjunto la Primera Marcha de Mujeres Indígenas, con cierre en frente al Congreso Nacional.

Manifestantes protestan en frente al Congreso Nacional este martes por la mañana en Brasília (Foto: Rafael Tatemoto)

En Florianópolis, capital de Santa Catarina (región sur del país), la protesta tuvo lugar en la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) y más de cinco personas estuvieron presentes. En Curitiba, capital de Paraná, 10 mil personas salieron a las calles para defender la educación. En Porto Alegre, fueron 30 mil manifestantes. El siguiente mapa muestra todos los municipios brasileños donde se realizaron manifestaciones este 13 de agosto.

La jornada de movilizaciones fue organizada por la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) que ya manifestó su posición contraria al programa. Según la entidad, el programa tiene un sesgo privatizador y hay que combatirlo.

Más allá de las protestas callejeras de hoy, que reunieron a estudiantes, profesores y funcionarios, la Unión Nacional de Estudiantes anunció que buscará ampliar su apoyo popular, parlamentario y académico para presentar al Congreso Nacional un proyecto de ley para garantizar inversiones en educación pese al congelamiento del gasto público y para anular el recorte presupuestario de las universidades públicas e institutos federales.

Catia Barbosa, docente de la Universidad Federal Fluminense (UFF), participó en el acto público en Rio de Janeiro y denunció la ausencia del diálogo por parte del Ministerio de Educación durante la elaboración del “Future-se”.

“El proyecto salió de las tinieblas, hace pocos meses que este nuevo ministro está en el gobierno y ya presentó una propuesta completamente inmadura y sin dialogar con la comunidad científica brasileña, que mata la ciencia brasileña y la enseñanza superior, además de la esperanza de muchos jóvenes de titularse en la educación pública”, afirmó en una entrevista con Brasil de Fato.

Cátia Barbosa, docente de la UFF, durante el acto en el centro de Rio de Janeiro (RJ) (Foto: Clívia Mesquita)

En São Paulo, se calcula que 100 mil personas participaron de la protesta. La Policía Militar armó un cordón policial y obligó a los manifestantes a parar la marcha varias veces. Larissa Carvalho Mendes, estudiante de Construcción Civil de la Facultad de Tecnología de São Paulo, estuvo en la manifestación y habló sobre la importancia de la universidad pública en su vida y la de sus colegas.

“Son personas que realmente necesitan un trabajo para permanecer en la universidad pública. Sabemos que los costos aún no son tan asequibles. En FATEC, no hay muchas políticas de inclusión social, comedor, bonos. Entonces venimos a reivindicar eso también. Si hoy es difícil mantenerse en una universidad , pagando mensualidades sería imposible”, declaró.

La estudiante Larissa Carvalho Mendes, de 22 años, durante la protesta en la Avenida Paulista exhibe un cartel con la foto de Fernando Augusto Santa Cruz de Oliveira, víctima de la dictadura militar y blanco de burlas en declaraciones recientes del presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Igor Carvalho)

(*) Publicada originalmente por Brasil de Fato 

Edición: Rodrigo Chagas | Traducción: Luiza Mançano

Source

Por Luz Ailín Báez | Foto de Leandro Guidii

El recorte en educación no es un caso aislado en Sudamérica y mientras se escriben estas líneas, en Brasil están parando una marcha contra las desfinanciación promovida por el gobierno de Jair Bolsonaro. Desde el inicio de la gestión de Cambiemos, universitarios docentes, no docentes y estudiantes han promovido movilizaciones de variados niveles de adhesión. Pero, ¿cuánto de este esfuerzo, de poner el cuerpo, es plasmado en los grandes medios de comunicación?

Cristian Dodaro, Doctor en Ciencias Sociales, docente de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Secretario de Prensa del Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA), analizó en un trabajo de investigación, titulado “Son todos vagos”, el papel que cumplen los diarios de mayor tirada (Clarín y La Nación) en la visibilización del conflicto universitario.

“En 2016 y 2018, hay una constante temática: los estudiantes como rehenes de los docentes, obviando las organizaciones estudiantiles que acompañan el reclamo, y definen a la paritaria docente como un delito de la cual nadie paga ningún costo. Sobre el conflicto universitario en 2018, recién en la semana del 20 de agosto comienza a visibilizarse de forma contundente. Se mantiene en ambos diarios la figura de estudiantes-rehenes. La estrella de las noticias es la Universidad de Buenos Aires, siguiendo en orden de visibilidad las universidades del conurbano. Este recorte selectivo permite que sea verosímil calificar como acatamiento dispar un paro que alcanzó 57 universidades”, narra en su investigación Dodaro.

Y agrega: “Como ocurrió en 1989 con la primera privatización de los canales de televisión durante el primer gobierno menemista, lo primero que hizo el gobierno actual fue avanzar contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), permitiendo una concentración aun mayor, persiguiendo medios alternativos y despidiendo trabajadores de prensa. Nosotros, como trabajadores universitarios, fuimos fuertemente estigmatizados. Por eso hicimos un trabajo para ver cómo era la forma en que se producían los estigmas de setteo (configuración/planificación) de agenda y vimos cuáles eran las palabras que se repetían, las formas en que se titulaba, con el hecho fundante de Prat Gay diciendo que iba a sacar la grasa militante del Estado y con Télam y con las dos fechas fuertes del 12 de mayo de 2016 y el conflicto universitario del 2018”.

Sobre la batalla cultural, especificó que “se construyen sentidos que se repiten constantemente, una metodología de laburo por fuera del medio con una estrategia clara de manipulación. Hay una previa a la salida de los declarantes a los medios. El jefe de gabinete (Marcos) Peña larga un documento (“Qué estamos diciendo”), un brief con indicaciones a sus funcionarios que luego son reproducidas hasta el hartazgo por las redes sociales y los twitteros caracterizados, repitiendo el mismo patrón o guión con casi las mismas palabras y casi el mismo discurso. Un ejemplo: hay 1 estudiante cada 4 docentes universitarios”, explica Dodaro, dejando lugar a la noción de que entonces “sobran docentes”.

Para el grueso de la población, el conflicto en el área de Ciencia y Tecnología salió a la luz tras la participación de Mariana Simián, bióloga que dirige un grupo de investigación en la Universidad de San Martín abocado a encontrar tratamientos para el cáncer, en el programa ¿Quién quiere ser millonario?, conducido por Santiago Del Moro en Telefé. La historia de Marina se volvió viral y estalló en las redes sociales luego de que revelara el motivo por el que decidió concursar en el programa: “no nos depositan los subsidios que tenemos ganados y tenemos que trabajar. Me anoté porque soy osada y me pareció una oportunidad. Pueden venir cuando quieran a ver el trabajo que hacemos”, aseguró la investigadora que reveló que usará el dinero para comprar reactivos para su investigación.

A la efervescencia redsocialera colmada de indignación sobrevino la reacción del Gobierno. Una reunión con la científica, una foto y un mensaje de 188 caracteres: “Recibí en Olivos a Marina Simián, investigadora del CONICET. Tuvimos una buena reunión donde conversamos sobre qué medidas tomar para mejorar la situación de los científicos en el país y facilitar el desarrollo científico”.

Recibí en Olivos a Marina Simian, investigadora del CONICET. Tuvimos una buena reunión donde conversamos sobre qué medidas tomar para mejorar la situación de los científicos en el país y facilitar el desarrollo científico. @MarinaSimian pic.twitter.com/Ym1UeqoS0j

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) May 10, 2019

¿Conclusiones, detalles de la charla? Esa también nos la debe. Podemos hablar a esta altura de pañitos fríos, paliativos redsocialeros para apaciguar indignaciones de sillón por quienes no pueden continuar investigando. ¿Pero qué ocurre si quien ve coartada su posibilidad de investigar, es una doctora en Letras, un filósofo, un estudioso de la cultura popular?

“Lo hicieron con nosotros, lo hicieron con Télam, el INTI, el Conicet y ahora lo repiten respecto de las ciencias sociales. Lo que dice Finocchiaro diciendo cuáles son los sectores que él considera que son estratégicos y que sólo financian los espacios que son estratégicos porque el pueblo tiene que financiar todas las investigaciones y no se puede investigar lo que uno quiere. Lo cual implica una discusión mayor, pero es una discusión que se está dando todo el tiempo en el Conicet o en las Ciencias sociales, que tiene que ver con el aporte que hace tu investigación a lo social”, sostiene Dodaro y agrega: “Lo que yo te cuento es aplicar mi capacidad como licenciado en comunicación y doctor en ciencias sociales a una dimensión práctica: cómo los medios producen estigma, para poder contribuir a un funcionamiento más democrático de los medios”. En el punto álgido del conflicto universitario en 2018, y previendo la línea de avance discursivo estigmatizador del gobierno nacional, los universitarios armaron una respuesta punto por punto a lo dicho por los medios hegemónicos y plantearon la discusión acerca de esa reiteración que pretendía crear esa acción de estigma.

Durante estas últimas semanas, la comunidad científica y universitaria utilizó el caso de Simián a su favor y respondió en el mismo tenor que el gobierno. Las redes se colmaron de fotos de investigadores con pancartas improvisadas, en clara alusión a la imagen de quien pide limosna en la calle, pidiendo que la gente de a pie les tomara una foto y viralizara la situación de desamparo en la que se encuentran.

Dodaro reflexiona: “tiene que ver con una dimensión de lo político, toda definición científica-tecnológica es política. Esto viene desde Horkheimer hasta Varsavsky, que es uno de nuestros mayores exponentes de pensar la investigación y su aplicación a la sociedad. Es el que mejor entiende el proyecto científico-tecnológico como un proyecto ligado a la emancipación y como un proyecto de desarrollo colectivo. Lo que Ramón Carrillo dijo para la salud en el ’45, Varsavsky lo dijo pensando en los ‘70 pensando en una sociedad que ya era tecnológica. Tenemos una línea que va en detrimento de eso y de posibilidades estratégicas de ahorro de costos. En el PARLASUR se había logrado la compra regional de medicamentos a los laboratorios y eso bajaba mucho el valor de vacunas y medicamentos. Todo eso está siendo dejado de lado, desplumado”.

Notas relacionadas

Cambiemos profundiza la crisis de la universidad pública

Source

Por Emilly Dulce, Igor Carvalho y Luciana Console / Brasil de Fato

Según los datos de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), más de un millón de personas participaron de las manifestaciones. El conteo de Brasil de Fato, basado en la prensa nacional y en las redes sociales, registró protestas en más de 180 municipios.

A fines de abril, Abraham Weintraub, economista y actual ministro de Educación del gobierno de Jair Bolsonaro, anunció un recorte de 30% en todos los niveles de la educación. En las universidades federales, el gobierno congeló un 30% del presupuesto destinado al pago de deudas consideradas “no obligatorias”, como tarifas de energía, agua, internet, compra de insumos y equipos y servicios de limpieza y seguridad.

El presidente Jair Bolsonaro, durante su visita al ex mandatario estadunidense George W. Bush en Texas (EE.UU.), criticó las manifestaciones y calificó de “idiotas” a los manifestantes. “La mayor parte de los que se manifiestan son militantes, no saben ni la fórmula del agua, son unos idiotas útiles, unos imbéciles, masa de maniobra de una minoría que domina muchas universidades federales”, afirmó el derechista sin hacer caso que los manifestantes, en su mayoría, eran estudiantes de secundaria.

Durante las protestas, los manifestantes también criticaron la reforma de las Pensiones propuesta por el gobierno federal. Las entidades que organizan el paro de este 15 de mayo convocan ahora una huelga general para el 14 de junio.

La jornada de luchas empezó aun por la mañana y hacia el final de esta tarde hubo manifestaciones en todos los estados del país.

Protestas masivas reunieron a 250 mil personas en Belo Horizonte y São Paulo y en Rio de Janeiro aproximadamente 200 mil personas estuvieron en las calles contra los ajustes.

Presente en la marcha en Rio de Janeiro, la vicepresidenta de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), afirmó que la jornada fue histórica y alabó la organización de los manifestantes.

“Miles de estudiantes ocuparon las calles del país junto con profesores y trabajadores. Fue muy lindo, la movilización más grande desde que Bolsonaro fue electo”, declaró la referente.

Presente en la marcha en la ciudad de São Paulo, la docente del Departamento de Biofísica de la Escuela Paulista de Medicina vinculada a la Universidad Federal de São Paulo (UNIESP) criticó al ministro de la educación, que había afirmado que las universidades públicas promueven “alboroto”.

“Cualquiera con un bueno juicio que sepa algo sobre el funcionamiento de la universidad sabe que [la declaración] no es verdadera. Pienso que tal vez el objetivo de estas declaraciones sea influenciar a las personas que desconocen lo que pasa dentro de la universidad, cómo se estudia y se investiga en la universidad, para disminuir el apoyo y las universidades”, finaliza la profesora.

En la región noreste del país, las capitales Fortaleza (Ceará) y Salvador (Bahia) reunieron 100 mil y 50 mil personas respectivamente.

Represión

En Brasilia, capital del país, aproximadamente 50 mil personas participaron de una marcha según sus organizadores. La policía intentó dispersar con gases lacrimógenos a manifestantes que protestaban contra el gobierno.

La fuerzas de seguridad también reprimieron a manifestantes en la capital de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, donde 20 mil personas participaron de una marcha este miércoles por la tarde, disparando balas de goma y bombas de gas lacrimógeno contra manifestantes que habían bloqueado una vía en frente a la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS).

En Rio de Janeiro, también hubo represión policial al cierre de la jornada.

Source

La semana pasada confluyó el paro docente por 72 horas y el histórico Paro Internacional de Mujeres, lesbianas, trans y travestis. En este artículo, abordamos la relevancia que adquiere esta relación en la actualidad.

“Las escuelas están en cada lugar del país y no tienen fecha de vencimiento. Los que sí tienen fecha de vencimiento están en la Casa Rosada”. Con esas palabras, la Secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, culminaba el acto que se llevó a cabo en Plaza de Mayo, en un nuevo paro nacional con marcha y movilización de miles de docentes de todo el país. Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina se convocó a un paro de 72 horas que inició el 6 de marzo y confluyó con el Paro Internacional de Mujeres Trabajadoras, el 8 de marzo. Desde hace varios años ya que el inicio de clases, tensionado por la profundización del recorte en educación, viene tejiendo redes con el 8M. Y esto no es casual.

Según el Censo Nacional del Personal de los Establecimientos Educativos (CENPEE) realizado por la Secretaria de Innovación y Calidad Educativa en 2014, el 75,7% del personal que trabaja en establecimientos educativos, 8 de cada 10 personas son mujeres.

Desde sus orígenes y hasta el siglo XIX, la profesión docente se trató de una actividad predominantemente masculina. Esta feminización de la docencia se remonta a los tiempos de la creación del sistema educativo nacional que retomó el discurso político- pedagógico sobre la importancia de las madres biológicas y espirituales en la educación de les niñes originario de la Europa del siglo XVIII.

Según Silvia Cristina Yannouls, autora de la investigación Educar: ¿una profesión de Mujeres?, “Asociada a la idea riqueza de la nación, la maternidad biológica de todas las mujeres asumió un sentido político y público anteriormente desconocido”.

La conformación heteronormativa y patriarcal de los Estados Nación dejó pocas alternativas para las mujeres en el mercado laboral formal: la docencia es una de ellas. Y esto, sólo bajo la condición de mostrarse como “un ejército de soldaderas anónimas, sin clase, sin raza, sin sexualidad y sin emociones, simplemente misioneras de una identidad nacional que también sumergió a los ciudadanos en el anonimato de lo homogéneo”, expresa Yannouls. Del otro lado, siempre nos esperó el trabajo más forzoso no remunerado: el doméstico. Y aquí también el Estado parece mirar para otro lado siempre.

Según el informe del Banco de Desarrollo de América Latina, en primer lugar, las mujeres dedican una mayor cantidad de horas al trabajo doméstico, independientemente del nivel socioeconómico al que pertenezca el hogar. En segundo lugar, mientras que la cantidad de tiempo que las mujeres dedican al trabajo doméstico es decreciente en el ingreso, la dedicación de los hombres a esas tareas no muestra diferencias entre los distintos niveles socioeconómicos. En consecuencia, la brecha de género (mujeres menos hombres) en el tiempo destinado a los quehaceres domésticos y cuidados no remunerados es mayor entre los hogares más pobres. Esto sugiere que los hogares más ricos disponen de otros recursos (otras personas en el hogar, servicio doméstico, tecnología, etc.) que reemplazan a las mujeres en las tareas domésticas y de cuidado. Ciertamente lo que no está sucediendo es que parte de esas tareas las estén asumiendo los hombres en los hogares más ricos. En resumidas cuentas: con mucha o poca plata en el bolsillo, el trabajo hogareño siempre queda en las mismas manos.

¿Cómo hacemos las miles de mujeres, que somos docentes y muchas veces madres, jefas de hogar, para bancar laburo y crianza? Sin nosotras, mujeres; sin nosotras, trabajadoras docentes y domésticas el sistema capitalista y el sistema educativo en particular, entran en jaque. Somos nosotras quienes siempre los hemos sostenido, con nuestro trabajo remunerado y sobretodo con el no remunerado, que nos ha privado de llegar a mejores puestos laborales, relegados a la población meramente masculina.

“Esta es una conquista de los últimos años: reconocer que los reclamos de la docencia y de las y los trabajadores en general entroncan directamente con los reclamos del movimiento de mujeres”, opinó Romina Del Plá, diputada y Secretaria General de SUTEBA La Matanza en diálogo con Marcha. Para la referenta sindical, el 8 M “va adquiriendo en los últimos años el anclaje donde debiera estar: el Día Internacional de la Mujer Trabajadora como una jornada de lucha”. Tanto el reclamo del Aborto Legal Seguro y Gratuito, como la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, como que se aplique la interrupción voluntaria desembarazo para casos de niñas y mujeres violadas, forman parte de reclamos que tienen que ver con lo que cotidianamente las docentes vemos, sufrimos y tenemos que ver en nuestras alumnas y a la vez el reclamo contra el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI”.

Durante los tres días de huelga, faltando nuevamente a la obligación por Ley, el gobierno no se ha tomado el trabajo de convocar a ninguna reunión de paritarias con los referentes sindicales docentes. “Están tratando de hacer que el conflicto se disipe, no darle un solución a los reclamos”, sostuvo.

El presupuesto: un signo de época

Para este año, el presupuesto educativo del Estado Nacional argentino es el equivalente al 1.24% del Producto Bruto Interno del país, lo cual implica una pérdida comparativa del 22% de su participación en el PBI nacional. Además, “se destinará 3.3 pesos al pago de  la deuda externa por cada peso destinado a la educación”, resalta el docente de escuela media y miembro del Instituto Nacional de Formación Docente, Manuel Becerra. El dato da una idea de la prioridad del gobierno. “Tomó deuda que se destinó a la fuga mientras en la escuela seguimos con problemas de infraestructura”, sostiene Becerra, que agrega que “a partir de la crisis económica empezamos a tener más problemas sociales que ingresan en la escuela y no tenemos infraestructura para sostenerlo. Los equipos de Orientación Escolar son muy pequeños, no tenemos psicología clínica, no tenemos abogados ni trabajadores sociales. Hay algunos programas por fuera del Estado pero que también están muy solos o no funcionan. Hay un montón de cosas que no funcionan y son necesarias para que nosotros podamos garantizar el derecho a la educación que no dependen de la escuela y evidentemente este Gobierno da claramente prioridad a otras cosas. Se destina el triple de pesos a la deuda que a la educación”.

En relación a esto, Del Plá observa que “ahí vemos más que nunca cómo las mujeres, como trabajadoras, sufrimos una doble opresión: con bajísimos salarios, con la falta de jardines maternales para dejar a nuestros niños, con la falta de las licencias adecuadas para atender tanto a nuestros hijos como otros familiares cuando en las mujeres recae, por regla general, las tareas de cuidado en la familia”.

Enfrentar el ajuste con organización

Esta política de ajuste y de ataque a los ingresos de las y los trabajadores de la docencia se  manifiesta en la falta de infraestructura educativa en muchos aspectos: la falta de nombramiento de cargos, el ataque a las ramas y modalidades con los cierres de carreras y cursos. El recorte en educación recayó también en los distintos programas relacionados directamente con las políticas de inclusión y sostenimiento de las trayectorias escolares como el plan Progresar. “Por su nivel de cobertura, el volumen de la transferencia monetaria y, con esto, la magnitud de la inversión social involucrada, el Progresar constituyó desde sus orígenes en 2014 como la principal política de ingresos destinada a los jóvenes de la Argentina”, expresó María Laura Lombardía, socióloga autora del informe del Centro Estudios de la Ciudad (CEC), dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Según la investigación elaborada por el CEC en 2015, el análisis de los datos relevados  muestra una fuerte presencia femenina en el Progresar: más de 6 de cada 10 (61,9%) de las integrantes del programa son mujeres, dato que condice con la mayor participación relativa de las mujeres en la educación a nivel general. La actualización en 2017 de esa misma investigación detalla que “La última vez que se actualizó el monto del Progresar fue durante el primer trimestre de 2015, cuando pasó 600 a 900 pesos mensuales: allí la prestación obtuvo el máximo valor real de la serie. A partir de ese momento fue perdiendo poder adquisitivo de manera drástica, y el valor real que representa en la actualidad es un 47 por ciento menor que en el primer trimestre de 2015 y un 41 por ciento inferior al del último trimestre de ese año.”

En este tipo de hechos se plasma la política antipopular y misógina del gobierno de turno. Para Manuel Becerra esto forma parte del ajuste blando que realiza el machismo: no  mata las escuelas de un tiro certero, las deja heridas solas a la intemperie.

“Nosotros realizamos capacitaciones todo el año con la oferta que nos da el Estado y estamos todo el tiempo discutiendo pedagogía, estamos discutiendo el futuro de los pibes que tenemos en el aula, estamos todo el tiempo preguntándonos si lo que hacemos le va a servir a los chicos para desarrollarse después en el trabajo, como ciudadano. Y eso no sale en ningún lado. Solamente se habla de algo así cuando aparece lo de Global Teacher Prize. Y se le pone énfasis a un docente que desarrolló un trabajo como si fuera algo aislado que se puede hacer en cualquier parte. En casi todas las escuelas del país hay intervenciones muy buenas y eso no sale en ningún lado. Solamente hablamos de educación cuando tenemos un conflicto paritario, y sólo hablamos de educación con Baradel en el medio como figura demonizada. Nunca se nos da la oportunidad de discutir educación en otro contexto. Y no es algo que nosotros no estemos capacitados o dispuestos para debatir. Pero simplemente nos ponen una cámara y un micrófono cuando hay un conflicto paritario”.

Los gobiernos nacionales y provinciales se embanderan en el discurso que desnaturaliza el carácter de trabajo remunerado de la actividad docente: los docentes tienen que estar en las aulas enseñando. Y aquellos que reclaman son tildados de enemigos de los niños, a quienes dejan sin clases. Para Becerra, “el Gobierno hizo un análisis acertado de contradicciones discursivas que están en la sociedad. Comunicacionalmente ha sido muy efectivo y esta efectividad tiene que ver con saber leer algunos discursos que están dando vueltas en el sentido común. No operan sobre el vacío. El Gobierno logra anudar cuestiones que parecen y son contradictorias: un discurso meritocrático con un discurso de castigo a las y los docentes por reclamar un mejor salario, para algo que supuestamente es lo más importante de la política pública: la educación.

Las mismas construcciones patriarcales que operan el sentido común de la distribución de los quehaceres domésticos, fomentan la idea antagónica entre el docente vocacional que va a dar clases sin importar el contexto en contraposición al docente combativo.

“Con esa vocación no se carga la sube, no se compran las milanesas ni el arroz. Podemos tener toda la vocación del mundo pero si la heladera está vacía vamos a reclamar salario. El Gobierno apela a una idea de vocación absolutamente desinteresada y desprovista de todo atravesamiento material, de toda carnadura de lo real  y puramente articulado desde lo espiritual”, agrega Becerra.

Si volvemos sobre las cifras que arrojan una amplia mayoría de trabajadoras de la educación mujeres, todos estos discursos, recortes y represión se vuelven directo contra nuestros cuerpos. “Hay una situación de opresión y sobrecarga sobre las mujeres que se ve reflejada en cómo crecientemente vamos participando en la lucha del movimiento de mujeres, y la docencia pasa a ser un elemento fundamental de ella”, concluyó Del Plá.

No somos acetas que vivimos del aire. Efectivamente, hay que desarmar esa contradicción ambulante de meritocracia y castigo. Y está en manos de las mujeres hacerlo.

Source