educación superior – Marcha

#NoALaUniCABA, “Los profesorados seguimos enseñando”

Marcha — Fri, 23 Nov 2018 17:07:39 +0000

Ayer los legisladores del Pro aprobaron la UniCABA de manera inconsulta y a pesar del amplio consenso contra este proyecto que vulnera el sistema de educación pública. No estuvo ausente la represión frente a las movilizaciones que visibilizaron el rechazo a la ley.

El 22 de noviembre de 2018 quedará grabado en la historia de las políticas educativas como el día en que el PRO –y ningún otro partido más- aprobó la ley que implica la eliminación gradual de los Institutos de Formación Docente.

Mientras la Legislatura se encontraba vallada y militarizada y la represión policial hacía de las suyas, con gas pimienta, golpes y un estudiante hospitalizado, treinta y cuatro legisladores y legisladoras tuvieron la insensibilidad y el cinismo de aprobar la ley. Un proyecto rechazado, a lo largo de todo un año, por las comunidades educativas y los y las especialistas en educación del país y la región.

Lo que hasta ayer, y desde hace ciento cincuenta años, conocíamos como Institutos de Formación Docente, hoy ya no existe. Se ha borrado la institucionalidad de cada uno de los veintinueve profesorados de la CABA, que a partir de hoy tendrán que exponerse a un régimen de acreditación para seguir funcionando, aunque bajo otras lógicas. El “Joaquín V. González”, el “Romero Brest”, el “Sara C. de Eccleston”, entre otros, serán etiquetas del “Sistema de Formación Docente” dependiente de un Ministerio de Educación panóptico y omnipotente, que homologará planes de estudio y unificará carreras y cursos con baja matrícula. A la vez, competirán desigualmente con “los recursos y autonomía universitaria”[1] de la UniCABA, por lo cual, ni aún las etiquetas quedarán en este futuro distópico y patético del macrismo.

Proyecto maquillado

Este segundo –o tercer proyecto-, aunque maquillado, es mucho más perverso que el primero, que pretendía disolver en un acto legislativo los 29 Institutos de Formación Docente, IFD. En ese caso, la resistencia se produciría en cada profesorado, haciendo una trinchera que impidiera el desalojo. A partir del rechazo generalizado, lo cambiaron en busca de apoyo de otros partidos políticos. En la versión definitiva, la sola creación de la UniCABA nos borra del mapa: se ofrece mayor puntaje, se otorga título universitario, seguramente las carreras son más cortas, etc. De a poco, los y las estudiantes van a ir migrando, al tiempo que los y las graduadas van a tener que realizar cursos y posgrados para poder seguir siendo competitivos, x ejemplo en el sistema laboral docente.

Organización de la resistencia

A pesar de todo esto hay algo de los profesorados que trasciende las etiquetas y las leyes canallescas: la comunidad educativa, la resistencia frente a los embates del gobierno, la historia de cada IFD y, por sobre todo, la organización frente a la UniCABA.

La lucha no se terminó por la sanción de la ley: los profesorados seguirán en las calles, reclamando su derecho a seguir existiendo de la manera más justa y entera posible. Allá donde construyan la universidad estaremos desafiantes, tirando al suelo los tachos de pintura, derribando la pared antes de que continúen con la columna, achicando los límites del terreno hasta que solo quepan allí, parados y paradas, y en soledad, los treinta y cuatro legisladores y legisladoras que votaron a favor, la Ministra de Educación y Horacio Rodríguez Larreta.

Desde afuera, les enseñaremos –porque así aprendimos en los profesorados- que las reformas educativas deben tener voz, voto y participación de todas las partes involucradas, que la represión es el reverso exacto en una discusión pedagógica, que para hacer más atractiva la formación docente necesitamos mejores salarios.

Les enseñaremos también, junto a los profesorados de Educación Física, cómo disponer sus cuerpos –tan chico va a ser el terreno- para que se ubiquen más cómoda y relajadamente. Cuando finalmente se sientan a gusto, cuando en ese cuadrado minúsculo encuentren su espacio de pertenencia, cuando comiencen a sentirse orgullosos y orgullosas de sus esquinas maravillosas, muy despacito, como saben nuestras maestras jardineras, les explicaremos que tenemos que cerrar la UniCABA porque nació con el explícito objetivo de ajustar, de cerrar carreras, cursos e Institutos con mucha historia, y eso no tiene nada que ver con la Educación que queremos.

[1] Artículo 29°, inciso e de la “Ley de la Formación Docente del Sistema Educativo y creación de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

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Colombia en caravana por la Educación Superior

lsalome — Mon, 12 Nov 2018 03:33:22 +0000

Por Maryely Quiroga (*)

El pasado 9 de noviembre llegaron a Neiva estudiantes que vienen desde el departamento del Caquetá. Exigen que el gobierno de Iván Duque de mayores recursos para la Educación Pública Superior.

Los Hijos e Hijas de la Manigua son estudiantes de la Universidad de la Amazonía los cuales vienen caminando desde el 6 de noviembre por las carreteras del sur del país, partieron de Florencia y quieren llegar a la capital del país para exigirle al gobierno de Iván Duque garantías presupuestales para la Educación Pública Superior, uno de los diez puntos del pliego nacional de la UNEES.

Según Miguel Villanueva, estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de la Amazonía: “Cada uno de los que estamos aquí ha vivido el renacer del movimiento estudiantil y ese renacer no lo quisimos dejar apagar después de un acuerdo que nos dio una cachetada al estudiantado y profesorado colombiano (…). Nosotros decidimos hacerle cara a este gobierno, qué como los otros gobiernos desde el 92, se alejan de una realidad latente y es que la educación es el único medio que nos permite llegar a una verdadera Paz.”

El estudiante fue enfático al decir que su objetivo es, “decirle al gobierno que la educación es un derecho fundamental, es un bien común y como decía José Martí, los derechos no se piden, se toman”.

Estudiantes Universidad Uniamazonia en Neiva

“Resistencia es lo que le decimos y que la lucha continua, que nos vamos a mantener en paro hasta que el gobierno sea serio y responsable frente a la crisis de la educación superior.” sostuvo un estudiante en un video difundido en redes sociales por la UNEES – Uniamazonia.

El grupo de marchantes ha denunciado que el 10 de noviembre, en el municipio de Gigante, departamento del Huila, fueron intimidados por un grupo de jóvenes que con armas blancas y piedras los obligaron a irse del lugar, razón por la cual la caravana debió ser trasladada por la policía hasta el municipio de Hobo. Igualmente han sido víctimas de hostigamientos en la Universidad Surcolombiana por parte de personas desconocidas, que les han lanzado piedras en horas de la noche donde el grupo de manifestantes se encontraban durmiendo.

Estudiantes Universidad Uniamazonia en Neiva

La caravana continuará su marcha hacia la ciudad de Bogotá, pero no sin antes compartir y estrechar lazos con la comunidad universitaria Surcolombiana, los cuales han brindado toda la solidaridad y apoyo a la comunidad universitaria que viene recorre las carreteras a pie, desde el departamento de Caquetá.

*Maryely Quiroga es periodista de Zona Cromay colaboradora de Colombia Informa en el Huila.

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UniCABA: Un modelo Uber para la educación

Marcha — Wed, 10 Oct 2018 14:27:50 +0000

Por Federico Medardo

El macrismo insiste en la UniCABA, un proyecto de “universidad docente” que borraría del mapa a los 29 institutos de formación superior. Para lograrlo, necesita confirmar su concepción de la docencia mediante la Ley de Formación Docente, que mañana comienza a ser tratada en comisiones. Un análisis de la visión cambiemita de la educación “emprendedurista”.

En una nota publicada en Infobae, el legislador porteño Diego Marías, uno de los responsables políticos del proyecto UniCABA, se pregunta: “¿estamos haciendo todo lo necesario para generar los graduados que requerirá el mundo del año 2030?”. Ese discurso, futurista y acartonado, funciona también para “La escuela que queremos” –otrora llamada “escuela del futuro”- y para la política del “emprendedurismo” que es, según nos dicen, el empleo del futuro.

Emprendedores podrían ser, por caso, los y las ciclistas de Glovo o los y las choferes de Uber. Son trabajadores y trabajadoras supuestamente independientes, que en sus ratos libres prenden la app y comienzan con su derrotero ciudadano en busca del crecimiento personal. Pero esa carencia de jefe es ficticia y encubre una explotación radical: la firma no paga ART ni seguro de ningún tipo ni vacaciones ni mucho menos aportes a la jubilación; no son empleados, son contratados que carecen de todo tipo de derechos laborales.

Secretamente –o de un modo completamente manifiesto- hay un vínculo entre el mundo del emprendedurismo y el proyecto UniCABA que excede el terreno meramente discursivo. Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión de Educación, indicó que la universidad que está tramando el PRO no solo incluiría carreras docentes, sino también otras ligadas al emprendedurismo. Una de ellas podría ser la de Evasor fiscal.

El vínculo entre educación y emprendedurismo se estrecha aún más si pensamos en este nuevo actor social que el PRO, ciego a toda la historia de la pedagogía, ofrece: facilitadores. En las distintas entrevistas brindadas, la ministra Soledad Acuña y Cris Morena, la asesora especialista en educación del oficialismo, fueron claras respecto a qué rol ocuparán: oficiarán de guía de los procesos de aprendizaje a través de las plataformas interactivas. A imagen y semejanza de los y las funcionarias del PRO, el facilitador es un tecnócrata enajenado incluso de sus propios estudiantes.

La figura del docente está, para el macrismo, agotada. Pero, en verdad, lo que para este modelo está agotado es el estatuto docente, la posibilidad de elegir en qué Instituto de Formación Docente formarte, la paritaria docente nacional, el derecho a huelga, el derecho a estudiar de los y las estudiantes, las condiciones edilicias mínimas. En suma, los derechos adquiridos son los que le impiden al gobierno impulsar cualquier tipo de renovación educativa que sea regresiva. Por ese motivo, para cambiar las condiciones laborales de los y las docentes tiene que crear la figura del facilitador. Para cerrar los profesorados tiene que impulsar una Ley de Formación Docente que lo garantice de manera expresa.

No sabemos qué ilustre futuro tiene previsto el Gobierno para el 2030, pero sí sabemos que el modelo de docente que pretenden tiene que carecer de una perspectiva crítica, tiene que estar por fuera del estatuto docente, tiene que poder preparar a los y las jóvenes para que se puedan generar un trabajo sin depender ni del Estado ni aun del ámbito privado. La UniCABA nace con esa perspectiva mercantilista y frívola, que se suma al ya claro objetivo de instituir a la educación como la variable fundamental de ajuste.

Maximiliano Ferraro precisó el 18 de septiembre que en seis semanas se votaría el proyecto UniCABA. Los legisladores del radicalismo y de Evolución –los partidos políticos más afines al PRO- anticiparon que no apoyarán la ley, de modo que, en caso de que no sufra un freno, sería el primer proyecto que saldría con los votos de una sola fuerza política.

El jueves 11 de octubre, la comunidad educativa de los veintinueve terciarios concentra a las 14:00 hs. en la Legislatura porteña en función de que comienza el tratamiento de la ley en la comisión de asesores. A las 17:00 hs. del mismo día, se realizará una marcha que partirá a las 17:00 hs. desde el Ministerio de Educación de la Nación hacia la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos aires. Las primeras marchas frenaron el proyecto inicial y forzaron al oficialismo a armar un proyecto más atractivo. No solo no sumaron ni un apoyo más, sino que convidaron a enfatizar el rechazo de buena parte de la comunidad educativa. Que esta nueva marcha logre el retiro definitivo del proyecto.

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Chile y su educación superior: gratuidad sin desmercantilizar

Marcha — Wed, 14 Oct 2015 03:02:20 +0000

Por Nicolás Uribe Oyanedel desde Santiago

La esperada promesa de la gratuidad en la educación superior chilena comienza a tomar forma, aunque no la esperada por el movimiento estudiantil. La ropuesta del gobierno de Bachelet no sale de la lógica mercantil del desregulado sistema de educación.

El pasado 30 de septiembre se anunció por cadena nacional el proyecto de Ley de Presupuestos para el 2016. Entre otros anuncios, el más esperado era el que se daría con respecto al financiamiento a la educación superior. Las expectativas no eran pocas: el gobierno de Michelle Bachelet fue electo enarbolando las banderas del movimiento estudiantil que exigía educación pública, gratuita y de excelencia. Hasta ahora el avance había sido sólo en base a especulaciones, en medio de los conflictos que genera la demanda en la propia coalición de gobierno y las ya comunes presiones de sectores de poder interesados, como la Iglesia y el empresariado.

En este escenario, finalmente el gobierno decidió dividir la reforma de la educación superior en dos. Por un lado, la implementación de la gratuidad en ciertas instituciones a través de la Ley de Presupuesto a contar del año 2016. Y por otro, el nuevo marco regulador de todas las instituciones de educación superior que regirá a contar el 2017, lo que también cambiará cuáles universidades quedarán dentro de la gratuidad y cuáles no a modo de ley. En síntesis, al parecer ninguna discusión está completamente zanjada y esto es sólo una aproximación de lo que se viene en los próximos años.

El modelo chileno de educación superior

En Chile existen tres tipos de instituciones de educación superior (IES): universidades, centros de formación técnica (CFT) y los institutos profesionales (IP). Las universidades, por ley, no pueden ser organizaciones con fines de lucro, mientras que los CFT e IP sí. Aunque en la práctica existen distintos mecanismos de triangulación de dinero (sociedades paralelas, externalización de servicios, arriendo de inmobiliario a mismos dueños, etc.), lo que lleva a un porcentaje importante de instituciones a operar no sólo maximizando utilidades sino que también con retiro de excedentes. Desde el estallido del movimiento estudiantil en 2011 que la justicia investiga distintos casos de lucro. Esto ha traído como consecuencia el tener a muchos estudiantes con formación académica deficiente, carreras sobrepobladas, competencia entre universidades, inestabilidad laboral tanto para académicos y como para funcionarios, entre otras dificultades.

Por otra parte, las IES se mantienen económicamente mediante el autofinanciamiento, ya sea vendiendo servicios y a través del arancel de sus estudiantes. Adicionalmente, tienen un Aporte Fiscal Indirecto, un apoyo que se da a las universidades por tener a estudiantes que estén entre los mejores puntajes del país en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) los que se concentran principalmente en las dos universidades más grandes del país (Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica).También existen los convenios de desempeño, que consisten en presentar proyectos de mejora institucional que se postulan de manera muy similar a un fondo concursable. Simultáneamente, las universidades del Estado y privadas que existen previo a 1981 junto sus derivadas, tienen aportes del Estado a través de aporte fiscal directo (AFD) el cual se otorga por criterios históricos.

Esto, lleva a que las y los estudiantes tengan que pagar altos aranceles, inalcanzables para la mayoría de la sociedad chilena, y por tanto se deban endeudar mediante distintos créditos que otorga tanto el Estado como privados y, si es que lo logran, cubrir un porcentaje mediante becas que en su mayoría están asociados a rendimiento académico, algo que por déficit del sistema de educación escolar chileno, ya es muy desigual entre privados, privados con financiamiento público y públicos.

La llamada mercantilización de la educación es eso: cuando el paradigma está puesto en que la educación es un bien privado por el cual cada persona deba autofinanciar o bien endeudarse. Y las universidades vistas finalmente como empresas que, con una que otra ayuda del Estado, deben ser rentables para poder sobrevivir. Además, generando incentivos para competir entre universidades (convenios de desempeño, AFI, aranceles) deben arreglárselas para poder atraer estudiantes. Y por otro lado, las y los estudiantes junto a sus familias que sueñan con mejorar sus oportunidades laborales, se deben endeudar para pagar una carrera que muchas veces ni siquiera pueden terminar.

El movimiento social y la solución de gobierno

Ya conocido es el movimiento estudiantil que el año 2011 llegó a su punto máximo en cuanto a influencia en la agenda nacional. Este, tras un largo petitorio y vaivenes propios de todo órgano de representación que cambia sus directivas una vez al año, proponía la desmercantilización de la educación, o en palabras de slogan, “una educación pública, gratuita y de excelencia”, donde el corazón de este cambio fuera el fin de los incentivos que llevan a competir a las universidades, el término de la generación casi exclusiva de conocimiento en función del mercado, se revitalizara la educación pública y se terminara con las estructuras antidemocráticas que incluso prohibían la participación de estudiantes en sus gobiernos universitarios.

Todo este cuestionamiento fue simplificado por el gobierno a lo que es gratuidad en la educación superior. Lo cual pareciera dar en clavo cuando se refiere a responder a las demandas del movimiento social. Sin embargo, en su solución no toca un ápice del modelo actual.

La gratuidad será implementada, en el caso de las universidades, para aquellos estudiantes del 50% más vulnerable del país, que se matriculen en instituciones acreditadas por al menos 4 años, cumplan con voz y/o voto de funcionarios no académicos y/o estudiantes en las decisiones administrativas; no estén asociadas a personas jurídicas con fines de lucro (¿por qué no prohibir directamente la asociación entre IES y entidades con fines de lucro?); y firmen un convenio de acceso a gratuidad de que no cobrará al estudiante un adicional. En la práctica, la gratuidad será para las universidades que deseen incluirse del llamado Consejo de Rectores: las estatales y las “tradicionales” (privadas creadas antes de 1981). A estas se sumarías las privadas Diego Portales, Católica Silva Henríquez y Alberto Hurtado. En el caso de los CFT e IP los requisitos son los mismos, salvo que no obliga la partición de académicos y/o estudiantes en la toma de decisiones administrativas y la acreditación sólo debe ser vigente.

Es decir, la “gratuidad” del gobierno no significa que las carreras no tengan costo para el estudiante. Se trata de un nuevo tipo de beca abarcada por el Estado, con la obligatoriedad que las universidades no cobren un adicional al estudiante, lo cual evitaría un endeudamiento adicional por estudiar. Esto, si bien es un avance en la mejora de las condiciones de vida muchas y muchos, se debe tener en cuenta que finalmente el modelo educacional (y de negocio) no se cambia en absolutamente nada y el corazón de la educación superior chilena seguirá siendo la competencia entre instituciones para sobrevivir. Avanzar en la demercantilización es otorgar fondos de revitalización para las abandonadas universidades del Estado, aumentar los aportes de libre disposición y el terminar con los incentivos a la competencia entre instituciones. Pasos que el gobierno no ha dado ni señales de querer empezar a dar.

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