Por el Colectivo de Educadorxs de AulaVereda* / Foto: Juan Pablo Barrientos

Desde que la pandemia del covid-19 arribó a nuestro país y se decretó el aislamiento social obligatorio para todo el territorio nacional, diversos sectores del campo popular venimos advirtiendo sobre la necesidad de evitar el ingreso del virus en los barrios populares, villas y diversas formas de vivienda precaria. Intuíamos que su multiplicación e impacto serían mucho mayores allí donde las injusticias y las desigualdades son moneda corriente. Con el correr de los días, empezó a ser cada vez más evidente que esto no era una prioridad para muches, y el ingreso del SARS Cov2 en los barrios populares se convirtió en una realidad. La toma de medidas específicas para frenar esta avanzada es hoy nula y, por tanto, no podemos esperar más que una catástrofe sanitaria que se llevará cientos de vidas.

Tomando el caso de la Villa 31, donde aproximadamente viven alrededor de 45 mil personas, se estima que hoy en día hay más de 1.100 casos confirmados positivos de Covid, con una tasa de duplicación que ronda en los cuatro días, o sea que un 2% de la población de la villa se encuentra contagiada (lo que equivaldría a unas 900 mil personas si hacemos el paralelo a nivel nacional). La tasa de duplicación nos permite estimar que si todo sigue igual, en una semana, nada más, tendríamos allí alrededor de cuatro mil casos.

Sin duda, entonces, la situación de la 31 y de otros barrios populares debería estar bastante arriba en la lista de prioridades del Gobierno de la Ciudad, así como también del Estado Nacional. La ya conocida y renombrada dicotomía entre salud y economía en estos barrios resulta falsa desde sus propias premisas, porque no hay margen para elegir entre una y otra. Ninguna se les presenta como un horizonte de lo posible, producto de las décadas de ausencia del Estado y de la negación sistemática de los reclamos de les vecines. Mientras que ya por estos días en los programas del prime time televisivo comienza a exigirse la apertura de la cuarentena utilizando las necesidades de les trabajadores como excusa, queremos traer la atención sobre estos barrios, y elaborar una pequeña reflexión respecto de lo que allí está sucediendo para no caer en visiones simplistas o soluciones mágicas de un conflicto que tiene una larga historia.

Problemas antes de la pandemia

En la villa 31, el problema del agua, que gracias al grito de Ramona cobró visibilidad, viene desde hace años por la desidia y el abandono del Gobierno de la Ciudad. Es su responsabilidad que los distintos puntos del barrio tengan acceso al agua potable de las redes de AYSA garantizando una conexión de calidad, y no las conexiones precarias que existen hoy, que a cada rato deber ser emparchadas. La superposición de actores institucionales genera inconvenientes a la hora de realizar reclamos y exigir el cumplimiento de los derechos esenciales, a lo que se suma el histórico tira y afloje que existe históricamente entre Ciudad y Nación respecto de este territorio.

A esta altura no quedan dudas de que si estos problemas existen en el barrio Padre Mugica y en otros barrios popular de la CABA, la responsabilidad es de la gestión del PRO, partido que gobierna desde hace 15 años la Ciudad. La falta de respuesta frente a las múltiples movilizaciones que año a año se vienen sucediendo frente a la Legislatura porteña (donde Cambiemos tiene, actualmente, mayoría automática) da muestra de que la actual gestión está más preocupada por hacer negocios inmobiliarios con las villas del norte de la ciudad (31 y 31bis, Rodrigo Bueno y Fraga) que por resolver los conflictos en los barrios populares del sur. Esto tiene consecuencias gravísimas para miles de familias no solo frente a esta nueva pandemia, sino frente a tantas otras enfermedades que afectan a les más pobres como el dengue, el sarampión y la desnutrición, que son moneda corriente.

El derecho a la salud es sólo uno de los tantos que cotidianamente la población ve vulnerados. La falta de planificación, la inexistencia de un proyecto integral de urbanización que tome en cuenta sus perspectivas y la disputa entre los diversos actores que gestionan, controlan y regulan estos procesos hacen a un problema estructural que requiere voluntad política y años de inversión para que las y los habitantes de estas zonas logren tener una vivienda digna y segura.

Desde sus inicios, el hacinamiento es unos de los principales problemas de las familias que residen en las villas. En una sola vivienda conviven varios hogares, donde la cantidad de metros cuadrados por persona es menos de lo recomendado y el baño es compartido por un batallón. La dificultad de circulación es otro gran problema ya conocido por muches: los estrechos pasillos impiden el acceso de ambulancias e incluso autos particulares, a lo que se suman las calles de tierra que se embarran con la lluvia, y dificultan el paso.

Por ello, el problema del acceso al agua fue la punta del iceberg para que quienes nos gobiernan pusieran el foco en las problemáticas de las y los habitantes. La denuncia de Ramona puso en cuestión esta realidad, que repercute en las posibilidades de cumplir el aislamiento. Para conseguir un poco de agua, las familias debían salir de sus casas e ir a un punto más o menos cercano, más o menos concurrido y más o menos higiénico donde conseguían uno o dos baldes para el día. Esto dificultaba prácticas esenciales de prevensión del SARS Cov2, como lavar las verduras e higienizarse las manos.

Cuando el trabajo no te encuentra en casa

Muchas de las personas que residen en las villas continúan asistiendo a sus trabajos porque no cuentan con un empleo en blanco que les permita quedarse en su casa mientras perciben su salario, haciendo home office, para lo que además es necesario disponer de una computadora propia y accesibilidad a Internet. Generar ingresos cuando se trabaja por día o a destajo empuja a que las opciones se encuentren entre quedarse en su casa y no percibir ingresos, o salir a buscarlos y exponerse al contagio. Muches de les vecines trabajan dentro de los mismos barrios, lo que implica una circulación diaria por sus calles. El no contar con un salario mensualizado les imposibilita realizar las compras semanales como se recomienda, teniendo que salir cotidianamente a comprar el alimento. Esto sumado a la falta de bancarización tanto propia como de los negocios de cercanía que se torna otro impedimento más para evitar salir de sus hogares. Así, una vez que comenzó a haber contagios de covid-19 dentro de los barrios, la exposición al virus fue recurrente.

La falta de bancarización también impacta negativamente en quienes cobran la IFE, ya que muchas familias que deben acceder al cobro por cajero automático han tenido diversos inconvenientes para quienes no cuentan con un correo electrónico propio o un número de celular a su nombre. Para ellxs la única opción es cobrar a través del Correo Argentino, lo que significa hacer horas de cola para poder tener el dinero en sus manos. La IFE otorga unos pocos $10.000 que resultan insuficientes para saldar la falta de trabajo de los miembros del hogar, si se toma en cuenta que sólo se puede cobrar uno por familia. Por otro lado, podríamos hacer una pequeña reflexión acerca de cómo el Estado Nacional se encontró con dimensiones impensadas de la informalidad, probablemente acrecentadas durante los últimos cuatro años de macrismo. Y si bien la política se va transformando en función de llegar a estos sectores, lo cierto es que a dos meses de iniciada la cuarentena hay muchas personas que no han podido cobrar aún este Ingreso ni ninguna otra ayuda.

Mención aparte merece la situación de les niñes en cuarentena: hace casi dos meses que muches no tienen contacto con sus escuelas porque carecen de conectividad o han cambiado el número de teléfono que la institución tenía de contacto y ya nadie pudo comunicarse. La continuidad pedagógica es imposible para muches niñes que viven en casas en donde hay un solo dispositivo, que debe ser compartido entre todos sus habitantes. El reparto de comida en las escuelas es otro problema más que se les suma a las familias: deben hacer cuadras de cola para recibir un bolsón para dos semanas pero que es insuficiente, si es que no les llega solamente el refrigerio con dos leches y galletitas por algún supuesto error administrativo. Como dato de color podemos contar que en el bolsón a veces incluyen una cajita de flan instantáneo para el que se necesita utilizar un litro de leche del que las familias no disponen, lo que da cuenta de la falta de conocimiento sobre la situación que están viviendo miles de personas.

La pandemia y el aislamiento social son potenciadores de las necesidades básicas insatisfechas que existen desde mucho antes que este virus se esparza por el mundo, y que probablemente se prolonguen mucho más una vez finalizada la cuarentena. Lo que logra la excepcionalidad de las circunstancias actuales es poner de manifiesto aquellas desigualdades históricas que existen en CABA (y en el resto del país), y visibilizan múltiples derechos vulnerados que generan que esta crisis sanitaria no impacte a todes por igual. Muy lejos de esto, corremos el riesgo de que esta pandemia termine afectando, como ya sucede en otros países del mundo como Estados Unidos y Brasil, únicamente a los sectores populares, mientras el resto de la sociedad mira hacia otro lado.

A pesar de que ya es un dato irrefutable el hecho de que en los barrios populares de la Ciudad es donde hay mayor multiplicación del virus, aún no existe un protocolo sanitario para cuidar a las personas que se contagian de covid-19 ni a quienes estuvieron en contacto con ellas. Hasta hoy, si un miembro de la familia presenta síntomas y da positivo, al resto se les aísla en el hogar pero no se les testea. Luego de la denuncia de Ramona, el GCBA anunció con bombos y platillos la desinfección de las calles de las villas con lavandina, como si eso pudiera frenar la circulación, o fuera un cambio significativo frente a la falta de elementos de higiene básica en los hogares. Cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio se torna cuesta arriba cuando salir a trabajar, buscar un plato de comida o asistencia médica por fuera del hogar es imperante. El Estado sigue siendo el gran ausente, y esta responsabilidad recae sobre las organizaciones sociales y barriales que a través de donaciones logramos acercar aquello que el gobierno les niega.

Las organizaciones y las necesidades que vemos desde el barrio

Somos, entonces, las organizaciones sociales las que estamos día a día trabajando en los barrios para acompañar en estos contextos. Sin embargo, sin una ayuda del Estado las limitaciones frente a la situación crítica son cada vez mayores. Los comedores, que antes de la pandemia recibían comida, no vieron un aumento en la cantidad de alimento, y aquellos que no recibían nada siguen teniendo que gestionar con sus propios recursos el plato de comida para les vecines. Además, el GBCA no provee elementos básicos de higiene y seguridad (como barbijos, guantes, alcohol en gel) a quienes están trabajando en los barrios, propiciando así más contagios aún.

Dada la tasa de multiplicación y la inacción del GBCA, no se espera más que un estallido en las villas porteñas que será casi imposible de contener. Aún hoy, sin haber entrado en el famoso pico de contagios, las salas de los hospitales empiezan a estar atestadas, y no podemos esperar un mejor panorama si no empieza a haber una transformación radical del plan de acción en los barrios populares. Resulta, entonces, necesario que se tomen medidas que contemplen las realidades territoriales de los sectores populares. En la villa 31, desde las organizaciones se viene exigiendo que se pongan a disposición los múltiples hoteles que hay en la zona para aislar a las personas que estuvieron en contacto con quienes están contagiades, o en caso de que tengan que aislarse en sus casa, que desde el GCBA se garanticen los alimentos y elementos necesarios para que no tengan que salir de sus casas. Esto no solo no está sucediendo, sino que ni siquiera se les hace un seguimiento a los contactos estrechos sobre los síntomas que van teniendo.

En materia educativa, se exige que el gobierno garantice el acceso a las TICs de les niñes para que puedan continuar con sus tareas y en contacto con sus maestres y profesores, algo que está implementándose incipientemente y sin certitud de que alcance a todes les niñes. También se exige que se implemente la tarjeta alimentaria para todes les niñes de escuelas públicas para que puedan mantener la alimentación diaria sin que sea necesario movilizarse de su casa.

En suma, la exigencia es por un Estado que trabaje para les más necesitades, de manera articulada con las organizaciones sociales y barriales, con las familias y vecines de los barrios para evitar no sólo que la pandemia se lleve miles de vidas, sino también que el aislamiento no profundice los niveles de empobrecimiento. La gestión de la ciudad tiene que dejar de ser un negocio para los contratistas y comenzar a ser pensada para todes sus ciudadanes según sus necesidades.

Y después del coronavirus, ¿qué?

La cuarentena es al día de hoy la única medida para luchar contra la pandemia. La eficiencia es indiscutida a nivel nacional e internacional por los principales exponentes en materia de salud y epidemiología.

No negamos que sostenerla es la manera de evitar que se profundicen los contagios y muertes. Pero queremos poner en cuestión la dicotomía entre salud y economía, que viene sobrevolando los debates de la sociedad desde el inicio de la cuarentena. Desde el gobierno nacional se afirma que es falsa pensándola, a nuestro entender, en una dimensión nacional y estatal: un Estado no puede elegir su economía por sobre la salud de su población, porque eventualmente ella se enfermaría de a cientos de miles, desplomando la economía en el corto plazo (como está sucediendo, de hecho, en países que tomaron otros rumbos).

Pero dicha dicotomía tampoco existe para estas familias de los barrios, porque tener que elegir entre salir para comer y no salir para no contagiarse es un escenario imposible. Sin un plato sobre la mesa no se tiene salud, y sin un trabajo digno tampoco. Lejos de ignorar, de negar o moralizar estas realidades, el Estado debería contemplarlas para construir políticas con anclaje territorial real que acompañen estas situaciones. Es urgente para que el virus no siga propagándose en estos barrios, donde tiene mayor circulación y donde la población está más vulnerada. Basta con escuchar lo que las organizaciones sociales que trabajan en los barrios tienen para decir y proponer.

No es cierto que esta pandemia nos iguala, como se escuchaba allá por el inicio de esta crisis. No es verdad que tenemos las mismas posibilidades frente al virus. Porque en una sociedad profundamente desigual, las injusticias no se suspenden ni siquiera en una crisis mundial. Al contrario, se profundizan aún más, y cuando termine este caos, cuando se invente finalmente una vacuna, aunque la comunidad internacional decida patentarla libremente y que toda la población acceda a ella, la desigualdad social seguirá profundizándose.

La urbanización real y participativa de los barrios populares de la Ciudad es una necesidad imperante y urgente que ya no puede esperar. La falta de cloacas, de agua y electricidad es un incumplimiento estatal con el derecho al hábitat y a la salud. Esta es una crisis mundial, pero no queremos que cuando termine y podamos observar sus efectos, nos demos cuenta de que nuevamente quienes más afectades se vieron fueron los sectores populares, racializados y oprimidos. Urge que las medidas se tomen ahora, no esperar a datos sobre cómo afecta la pandemia y la cuarentena a las familias, tenemos los ejemplos de otros países, tenemos el conocimiento científico acumulado en materia sanitaria y epidemiológica, hace falta que el Estado se haga cargo.

* AulaVereda es una organización que trabaja con niñxs desde la educación popular en CABA, PBA, Mendoza y Entre Ríos. En CABA trabaja en Almagro, Boedo y la Villa 31.

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Por Agustín Bontempo / Foto Facundo Luque

El modelo de educación Pro es ya conocido. Desde los años de gestión de Mauricio Macri que los presupuestos se acotan, se estigmatiza a trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes. Una perspectiva que asume total claridad con aquella frase en 2017 del entonces presidente: “Una terrible inequidad, de aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública”.

La gestión de Horacio Rodríguez Larreta vino a continuar y profundizar varios puntos de esta situación. El 2020 arrancó con los reclamos salariales y por condiciones de trabajo de capacitadores y capacitadoras docentes pero veníamos de años de conflictos. Las falta de decenas de miles de vacantes para las y los niños que se repite, el intento de cierre de los institutos de formación para poder avanzar en la UNICABA, una medida que ajustaba a la educación, denigraba la formación y favorecía los negociados inmobiliarios pero pudo contenerse con la organización del las y los trabajadores del sector.

Todo esto venía a sumarse a la ya conocida deficiencia en materia de infraestructura que se evidencia ante cada lluvia, especialmente en las escuelas del sur de la Ciudad. Y esto no debe sorprender: la gestión de Soledad Acuña al frente del Ministerio de Educación de CABA redujo el presupuesto en mantenimiento en un %20 y en infraestructura en un %5. Esta reducción se enmarca en una crisis más general que se representa en el ajuste en todo el sistema educativo. Entre 2006 y 2019 el Pro redujo el presupuesto en educación en un %9. Los resultados están a la vista.

Ante este escenario general y con la propagación de la pandemia del coronavirus, era factible que en la ciudad donde los comedores escolares cumplen una función esencial especialmente en las familias con mayores dificultades económicas, sería adversa. Al respecto, hablamos con Natalia Daniel y Alejandra Giusti, integrantes de la lista Granate en la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

Antes de la situación de la pandemia, ¿los comedores en qué situación estaban?

La crítica situación de los comedores escolares y de las viandas entregadas en las escuelas data de hace muchos años. La declaración de cuarentena ha dejado expuestas muchas de las irregularidades y deficiencias arrastradas a lo largo del tiempo mientras nuevas problemáticas se agregan al cuadro general, ante decisiones irresponsables y falta de escucha por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Partimos de un problema: el comedor escolar es un espacio privatizado dentro de la escuela pública. Esto significa que la alimentación en las escuelas se desarrolla bajo criterios empresariales de reducción de costos y maximización de ganancias, en vez de guiarse bajo la idea de derecho garantizado por el Estado. Las empresas concesionarias de comedores escolares tienen escaso o nulo control por parte del Estado y especulan sus ingresos con la malnutrición de les niñes en las escuelas.

¿Qué gestiones o reclamos vienen llevando desde su espacio para que el gobierno revise la situación?

Hace ya tiempo venimos denunciando que en el distrito más rico del país, la Ciudad de Buenos Aires, la comida entregada en la escuela (tanto la de comedor de las jornadas completas como las viandas de jornada simple) no alcanza ni de cerca el valor nutricional necesario para niñes en edad escolar. La calidad de la comida es tan baja que les mismes funcionaries del gobierno se han negado públicamente a probarla en sus visitas a las escuelas.

Las situaciones irregulares, denunciadas por los sindicatos en cada mesa de negociación con el gobierno, se repiten año tras año. En el 2017 el Gobierno de la Ciudad modificó el medio de acceso a las viandas, estableciendo un formulario on-line que cada familia debe bajar de internet, imprimir, completar y llevar al Distrito Escolar. Esta modalidad restrictiva y confusa hizo que se presentaran menos formularios de viandas no por falta de necesidad sino por imposibilidad de solicitarla. En 2018 se implementó el programa “Alimentación Saludable” que implicó la reducción de las raciones, la eliminación del pan (con el que lamentablemente muchas veces les niñes se llenaban ante la escasa comida del plato) y la especulación de cantidad de comida en función del ausentismo, enviando en promedio un 20% menos de raciones, a partir del supuesto de que esa cantidad de niñes falta a la escuela diariamente. Durante el 2019 modificaron el menú nuevamente, reduciendo aún más las cantidades de carne (reemplazando, por ejemplo, el pastel de papa y carne por pastel de lentejas). Y en el 2020, aún con las pocas semanas de clase que hubo, llegaron a haber tres escuelas con varios casos de intoxicación por comida en mal estado.

¿La situación se profundizó en esta coyuntura?

A pesar de todas estas falencias denunciadas, la comida que se da en la escuela sigue siendo, muchas veces, indispensable para las familias de los barrios populares de la Ciudad. Es por eso que la política adoptada por el Gobierno durante los últimos días para la continuidad de la entrega de comida escolar generó una situación crítica. A partir de la declaración de la cuarentena se determinó la entrega de viandas (es decir, un sanguche con una feta de queso y una feta de fiambre, más una fruta que muchas veces viene en mal estado) en todas las escuelas, sean de jornada simple o de jornada completa. A esto se suma la escasez de viandas debido a que, con la interrupción de las actividades escolares, muchas planillas para su solicitud no fueron entregadas por las familias.

Pero lo peor vino cuando, desconociendo las realidades de los barrios y la organización existente entre escuelas y distritos, el Gobierno propuso una “reorganización”, modificando y nucleando las sedes de entrega de alimentos en un solo edificio escolar para comunidades de dos o tres escuelas. No sólo generaron así la aglomeración de gente en las sedes de entrega, sino que supusieron que las familias podían trasladarse hasta veinte cuadras, exponiendo su salud y sorteando el creciente control policial.

Durante los días miércoles 25 y jueves 26 de marzo las situaciones conflictivas se repitieron en distintos puntos de la Capital Federal: en la villa 21, donde el hostigamiento policial se ha recrudecido, las familias tienen que trasladarse fuera del barrio, a más de quince cuadras. La comunidad del Esnaola de Saavedra debe buscar sus viandas a treinta cuadras de distancia, en Villa Urquiza. También hubo cambios de horarios y sedes de entrega durante el transcurso de la jornada, generando que muchas familias no reciban la comida, y en algunos lugares las leches fueron a un lugar y los sanguches a otro.

¿Qué medidas vienen adoptando desde su organización gremial?

En estos días desde las escuelas nos organizamos entre les docentes y las cooperadoras para avisarles a las familias por todos los medios posibles los lugares de entrega de viandas y para denunciar la situación actual. También, ante la inminente posibilidad de que la cuarentena se extienda, demandamos que se realice una reorganización íntegra del sistema de entrega de alimentos, en la que se garantice comida de calidad nutricional y la menor circulación y aglomeración de gente posible. En este sentido, propusimos que el gobierno asegure la entrega de bolsones de comida con alimentos diversos, saludables y nutritivos en las mismas escuelas a las que asisten les alumnes todos los días para todas las familias que lo soliciten.

Finalmente, después de hacer oídos sordos durante días, por la presión y ante la imposibilidad de sostener un sistema tan riesgoso como ineficaz, el Gobierno de la Ciudad tomó la propuesta de la entrega de bolsones, anunciando que se realizarán cada diez días. Sin embargo, no sólo surge la problemática de que aún no queda claro dónde se hará dicha entrega, sino que el anuncio indica que recibirán bolsón les alumnes que hayan presentado la solicitud de vianda o comedor, cuando sabemos que muchas solicitudes no han podido ser entregadas al entrar en cuarentena. Por otro lado, basándonos en la experiencia nos permitimos dudar de la calidad y valor nutricional de la comida que se entregará. Es por eso que sostenemos la exigencia de que los bolsones sean para cada alumne matriculade, que se retiren en las escuelas a las que asisten y que cuenten con comida nutritiva, entendiendo que en tiempos de pandemia, una buena alimentación es condición indispensable para la salud.

¿Cómo se enmarca esta situación en un plano más general de la educación en Ciudad?

El extraordinario proceso que estamos viviendo en la actualidad visibilizó una de las tantas problemáticas en las que se encuentra la educación pública. A partir de lo ocurrido esperamos y exigimos que la alimentación de nuestres alumnes deje de ser considerada un negocio y sea garantizada de una vez y para siempre como un derecho. Además esta situación de cuarentena puso en evidencia que les docentes somos actores fundamentales de la realidad política y social de nuestro país, y desde nuestro trabajo, desde nuestro compromiso cotidiano y desde el vínculo con la familias conocemos mejor que ninguna esfera estatal la realidad y las necesidades que tienen las comunidades. Sabemos que en los barrios populares es donde más se hace sentir la adversidad económica, habiendo una gran mayoría de familias sostenidas por trabajadores y trabajadoras de la economía popular, con empleos no registrados que en este momento no disponen de ingresos fijos. Es por eso que les docentes queremos ser escuchades y tenides en cuenta para pensar la mejor manera de llegar a los barrios. Como lo hacemos día a día en el aula, también hoy, ante esta situación queremos hacer nuestro aporte a la construcción de infancias y juventudes dignas.

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Por Ignacio Celis / Foto: Archivo Marcha 

El sistema universitario argentino se compone de 136 instituciones universitarias, de las cuales 71 son de gestión pública (nacional y provincial) y 63 de gestión privada. A estas se suman una de gestión internacional y otra de gestión extranjera. La mayoría de estas instituciones se localizan en las grandes capitales. La Ciudad de Buenos Aires reúne al 45% de todos los rectorados del país.

Con la excepción de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, Argentina ha tenido un crecimiento sostenido en el tiempo de la matrícula universitaria. En las últimas décadas pasó de 700 mil en 1990 a más de 2 millones de matriculadxs en el año 2015. Este proceso de crecimiento universitario se viene dando en diferentes países de América Latina, en un marco de acelerados cambios en las especializaciones necesarias para la división del trabajo.

La mayoría de los y las estudiantes universitarias en Argentina se concentran en las carreras de grado de las universidades públicas. En el año 2015, alcanzaron a ser 1.491.452 estudiantes, es decir, más del 70% de la matrícula del país. El otro 30% estudia en universidades privadas o en carreras de posgrado.

En este contexto, es necesario establecer una real dimensión de la presencia de estudiantes extranjerxs en las universidades argentinas. No porque exista un “grado aceptable” de estudiantes con nacionalidad extranjera, sino más bien para establecer contrapuntos frente a los discursos xenófobos y reaccionarios.

¿Cuántos estudiantes de nacionalidad extranjera hay en las universidades públicas?

En el año 2015, hubo un total de 57.953 estudiantes de pregrado, grado y posgrado de nacionalidad extranjera cursando en universidades públicas y privadas. Esto representó el 1,87% de toda la matrícula universitaria. De este total, fueron 37.833 los estudiantes de grado en universidades públicas y gratuitas. Es decir, el 65%, mientras que el 35% restante estudió carreras aranceladas tanto en universidades privadas como en carreras de posgrado de universidades públicas.

Estos 37.833 estudiantes de nacionalidad extranjera representan el 2,53% de las y los estudiantes de grado de las universidades públicas. O, dicho de otro modo, por cada mil estudiantes en carreras de grado en universidades públicas, solo 25 son extranjerxs. Si consideramos la historia de la migración en Argentina y el actual contexto de una acelerada internacionalización y globalización de la sociedad, estas cifras son más bien moderadas.

Residentes extranjeros y extranjeros residentes

Argentina es un país cuya historia posee una fuerte impronta en torno a la migración. ¿Quiénes componen este 2,53%? ¿Qué tipos de estudiantes con nacionalidad extranjera están presentes en las carreras de grado de la universidad pública?

Usualmente, se reconocen dos tipos. Por un lado, el estudiantado con nacionalidad extranjera que reside en forma permanente en el país, es decir, ya establecidos en el país junto a sus núcleos sociales o familiares. Estudiar en la universidad es un aspecto más de sus vidas en el país. Por otro lado se encuentra el estudiantado de nacionalidad extranjera que reside en otro país y viene a Argentina con el objetivo específico de cursar estudios universitarios. Son los llamados “estudiantes internacionales”.

Estas distinciones ayudan a repensar la cifra de estudiantes que vendrían a específicamente al país por la educación universitaria argentina. Las primeras tres nacionalidades que registra la Secretaría de Políticas Universitarias provienen de Perú, Paraguay y Bolivia, que también son de los más grandes grupos migrantes que habitan y trabajan en el país.

Si de cada 1.000 estudiantes de grado en universidades públicas, 25 son estudiantes de nacionalidad extranjera, ¿cuántos de esta cifra corresponden a jóvenes y adultos que habitan en el país hace años, con proyectos de vida completos en la Argentina?

Este volumen no tiene cómo ser el culpable de la crisis educativa argentina. Entonces, ¿cuál sería la razón para que cada cierto tiempo salga en la prensa hegemónica o en otros grupos de poder un cuestionamiento a las colectividades migrantes?

La concentración del sistema universitario nacional permite falsear la realidad

La Universidad de Buenos Aires (UBA) recibió al 35,9% de los estudiantes de grado con nacionalidad extranjera de todo el país, que a su vez correspondió al 4,3% del total de la UBA en el año 2015. La Universidad Nacional de La Plata contuvo al 12% del total de extranjeros, siendo el 4% del total de estudiantes de dicha universidad. Estas son las dos universidades con más estudiantes de nacionalidad extranjera. Juntas, reúnen casi al 50% del país.

Además, hay una concentración geográfica. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es por lejos el lugar donde se reúne la mayoría de la matrícula extranjera, con el 49% de los estudiantes extranjeros de grado. La cifra aumenta a un 61% si incluimos la ciudad de La Plata.

En todo el país, son cinco ciudades que reúnen al 77% de la matrícula de nacionalidad extranjera. Es decir que, en la mayoría de las universidades del país y, por lo tanto, en el resto de las ciudades, “no es un tema”.

Las áreas fronterizas pueden servir de ejemplo: en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el 2,8% son estudiantes extranjeros; en la Universidad Nacional de Cuyo, el 1,4%; en la Universidad Nacional de Jujuy, el 0,48%; y en la Universidad Nacional de Misiones, el 0,7%.

La presencia de migrantes en las universidades públicas argentinas parece ser más la excepción que la regla. Un ejemplo recurrente es la carrera de medicina de la Universidad de Buenos Aires, que tiene el mayor número de extranjeros y extranjeras. La universidad más importante del país, una de las carreras más deseadas y la centralidad de la Capital Federal son los ingredientes necesarios para el sensacionalismo que gusta de compartidas y retweets.

El derecho a la educación universitaria

Lxs estudiantes extranjerxs que optan por estudiar en la Argentina en gran medida lo hacen porque provienen de países donde el acceso a la educación universitaria es restringido. Brasil, Colombia y Chile corresponden al cuarto, quinto y sexto lugar respectivamente de nacionalidades extranjeras en universidades públicas argentinas. En Brasil, la alta selectividad universitaria permite sólo a pequeños grupos el ingreso a carreras universitarias de alta demanda como medicina, que fue la carrera más cursada por extranjeros en el año 2016. En Colombia y Chile, los aranceles son tan elevados que implican el endeudamiento forzado de cientos de miles de estudiantes con el sector financiero a 10, 15 o 20 años con tasas de interés usureras.

Por otro lado, poco se menciona que lxs universitarixs extranjerxs son también una fuente de ingresos para el país porque reciben dinero enviado desde sus países de origen. Pagan impuestos, invierten en residencia y demás consumos necesarios para el día a día. Sería algo difícil de contabilizar, como lo intentó un estudio, pero no es poco dinero. De hecho, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires alienta la internacionalización de las universidades con distintos programas.

Tampoco mencionan que los estudiantes de posgrado muchas veces pagan aranceles diferenciados sólo por ser de nacionalidad extranjera. Este año, la carrera de especialista de la Facultad de Medicina de la UBA cobró 18.750 pesos a médicxs argentinxs y 97.500 pesos a médicxs extranjerxs. Estudiar una maestría en ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba cuesta el doble para un extranjero que para un argentino.

La crisis no es culpa de lxs migrantes

El tema de lxs estudiantes universitarixs de nacionalidad extranjera resuena en los medios de comunicación cuando la derecha entra en crisis. Cuando no, abundan las notas sobre la importancia de la multiculturalidad o el poco peso relativo de la población universitaria extranjera. Los grupos políticos conservadores abusan de este recurso para ganar popularidad, construyendo un enemigo a partir de las diferencias nacionales. Son muchos y muchas quienes gustan de buscar chivos expiatorios.

Sin embargo, los datos matan el relato, como ellos mismos gustan decir. Revisando el Anuario de Estadísticas Universitarias se puede demostrar que el discurso contra el extranjero es más bien una fantasía ideológica para ocultar la propia realidad. Porque sí, exagerar es fácil.

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Por Luz Ailín Báez | Foto de La Ciudad Revista

La Ley de Educación Superior (L.E.S.) y una matriz privatizadora

A partir de la sanción de la Ley de Educación Superior (Ley 24.521) en 1995, último año de la primera presidencia del riojano de patillas, la operatividad de todas las instituciones de educación superior públicas y privadas quedaron bajo una serie de regulaciones que despertaron en su momento -y hasta el día de hoy- polémica, debates y rechazos. La utilización de la palabra “servicio” para referirse a la educación superior, el “agujero negro” en torno a la no explicitación de la gratuidad, la creación de una comisión encargada de evaluar y acreditar a las instituciones y carreras (la Coneau) y la habilitación a las casas de estudios con más de cincuenta mil estudiantes para definir “su propio régimen de admisión”, fueron algunas de las cuestiones que generaron mayores discusiones en ese entonces. Discusiones que siguen vigentes, al igual que la ley.

Esta ley -que no fue otra cosa que la aceptación del programa político y científico del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la educación superior en todo el mundo- habilitó además a las instituciones educativas superiores a generar recursos adicionales a los Aportes del Tesoro nacional. Para Antonio Roselló, economista y Secretario Adjunto de la Conadu Histórica, Cambiemos está profundizando una matriz pre-existente.

“El 90% del presupuesto universitario está dedicado a salarios desde hace 25 años. Esto hace que no haya financiamiento para la infraestructura y desarrollo de proyectos en las universidades en todo el mundo”, explicó Roselló. De ese modo, se normalizó mediante ley la habilitación y regulación para que cada universidad genere “fondos propios”, quitando esa carga de los presupuestos, becas y subsidios estatales, abriendo la puerta, además, al arancelamiento de dichas instituciones. “En la Argentina el ícono fue la minería de La Alumbrera en Catamarca”, detalló Roselló. “Mientras anduvo la mina todas las universidades cobraban regalías de la explotación minera contaminante en la Alumbrera. Excepto la Universidad de Luján, todas las otras universidades aceptaron los fondos que venían de la minería contaminante”.

En relación a esto, resaltó que “Manpower es una empresa multinacional de oferta de trabajo temporaria, que vende trabajo precario. La segunda empresa que vende trabajo precario en el país es la Universidad de Buenos Aires (UBA). A través de los pasantes, los tutores de los pasantes o las pseudopasantías ofrecen mano de obra barata en el mercado laboral. Hasta De la Rúa tuvo que modificar el porcentaje que cobraban las universidades y reducirlo a un 5% porque vendían la mano de obra de docentes, graduados y estudiantes a bajo precio en el mercado porque no pagan ningún tipo de cargas sociales, no tienen aguinaldo, vacaciones, servicios de salud, porque son pasantías. Venden la mano de obra calificada a precio vil de mercado”.

Por otra parte, existen los convenios -con el Estado o con sectores privados- que tienen las distintas universidades. “La facultad de medicina de la UBA llegó a tener un convenio con las farmacéuticas por el cual, a cambio del vademécum que se utilizaba en las obras sociales, le construyeron un piso. Sin mencionar al Conicet con Lino Barañao, primero como investigador en la agencia y luego como ministro de Cristina y de Macri, diciendo que el glifosato no es contaminante. Un compañero investigador, (Andrés) Carrasco, fue perseguido por decir que era contaminante, como está probado en todo el mundo. Mientras tanto, Monsanto financiaba proyectos del Conicet para decir que no lo era”, explicó el economista.

Tres niveles de profundización de la matriz privatizadora

Cambiemos está profundizando, entonces, dicha matriz en tres niveles:

Títulos low cost, baja de competencias

En primer lugar, en lo que hace a la equiparación con el sector privado de la educación superior, se crea el Régimen de Trayectorias Académicas, cuyo creador y autor material es el expresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ex rector de la Universidad de Córdoba y Ministro de De la Rúa, el médico Hugo Juri.

“Vos haces en estas Universidades low cost tres cuartas partes de la carrera en modalidad no presencial, online, y después te pasas a la Universidad Nacional de Córdoba y te vas con un titulo de clase A, de clase mundial. Te podes cambiar de una carrera a otra, de un sector a otro y te llevás tu trayectoria académica a través de puntitos o cupones que fuiste coleccionando”, explicó Roselló.

¿Para qué tener, entonces, 57 universidades estatales? ¿Por qué no tener simplemente una universidad que haga todo por Internet, sin culturas regionales, sin rescate de las necesidades del desarrollo local, sin tradición cultural propia ni esquema educativo universitario propi? Esta es la estandarización del sistema educativo que busca el Banco Mundial para rebajar el nivel académico, objetivo fundamental en los planes estratégicos de destrucción de la educación superior.

Por otra parte, junto con el Régimen de Trayectorias Académicas se publicó, en el Boletín Oficial de 2018, la Resolución nº 1254 del Ministerio de Educación de la Nación que ha pasado totalmente desapercibida en la agenda comunicacional hegemónica. La misma cuenta con el apoyo de todos los rectores por unanimidad y comprende la rebaja de competencias de los títulos ya otorgados, es decir: baja los requisitos para ejercer una determinada profesión. En Farmacia y Bioquímica, por ejemplo, ya no hace falta tener el título de Licenciado en Bioquímica o Farmacia para poder ser quien controla los medicamentos de los laboratorios internacionales. Basta con tener una tecnicatura para tener la competencia habilitante para hacer el control de los fármacos.

“Pretenden bajar las barreras para bajar el precio de la fuerza de trabajo. El resultado es la destrucción del modelo universitario, montado con la Reforma Universitaria de 1918 y profundizado en 1949 con el no arancelamiento de las casas de estudios que llevó finalmente al ingreso irrestricto”, analizó Roselló.

Recortes en las becas

Según el Informe Presupuestario 2016-2018, elaborado por el Instituto de Estudios y Capacitación de la Conadu (IEC-Conadu), desde 2016 se viene implementando una política de recortes en la cantidad de becas universitarias otorgadas por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). Durante 2017 se otorgaron menos becas para carreras prioritarias y para bajos recursos que en 2016, año en que también habían sido recortadas con respecto al año anterior. Para 2018 se profundizó el recorte sobre las becas para bajos recursos y se dejó de informar de manera independiente la cantidad de becas para carreras prioritarias, integrándolas al Plan Progresar.

La población estudiantil es profundamente migrante. Eliminando las becas y tutorías, así como dejando morir los comedores universitarios y los alojamientos para estudiantes, se expulsa a los hijos e hijas de la clase trabajadora del sistema universitario.

Según el economista, “lo que se necesita es no menos de 400 mil becas para retener la matricula y lograr que estudiantes egresen de la universidad, con el esfuerzo que la gente hace para mantener a la universidad pública. Sin embargo, todo sucede al revés: el 80% de los que entran, no egresan. El universitario es el nivel educativo con mayor índice de fracaso. Este porcentaje ha ido creciendo porque es el objetivo estratégico del Banco Mundial de destruir el valor de la fuerza de trabajo. No quieren egresados, quieren mano de obra barata para las pocas actividades productivas, intermediarias o incluso financieras que tiene la economía nacional”.

Y agregó: “la localidad de San Pedro, en la frontera con Brasil, es el único lugar donde se forman los guardaparques nacionales, en la Universidad Nacional de Misiones (UNM). De todo el país se tienen que ir al extremo Noreste a estudiar esa carrera. Si allí no hay albergues no puede estudiarse esa carrera: destruís la matricula de la UNM y logras destruir los parques nacionales y forzás su privatización. Todo tiene una lógica, como la de Monsanto, como la de La Alumbrera”.

Destrucción del salario y el sistema científico tecnológico

Un relevamiento del sistema universitario nacional, realizado por la totalidad de las universidades nacionales en el año 2018, arrojó la cifra de 14 mil docentes trabajando sin renta asignada, mal llamados y llamadas “ad honorem”, de los cuales 9600 (el 68 por ciento) pertenecen a la Universidad de Buenos Aires (UBA). La gente que esta ad honorem pone plata para el transporte, no tiene obra social ni A.R.T., paga su propia capacitación y no es reconocido ninguno de sus derechos como trabajador y trabajadora. No sería inapropiado decir que las universidades nacionales se paran sobre los hombros de trabajadorxs que pagan por ir a trabajar. Para aquellos que sí tienen renta, la situación no es mucho más favorable.

El salario para aquel docente que tenga dos cursos y que cuente con 10 años de antigüedad cobrará $15.300. En otras palabras: el que no lo hace gratis ya lo hace casi por vocación. Buscan desalentar el incremento de docentes e investigadores dentro de la universidad.

En diálogo con Marcha, Mariel Casentini Maffeo, politóloga agremiada al Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, analizó las ideas-fuerza detrás de este proceso y expresó que “detrás de esto está una idea de universidad. La política salarial, como la presupuestaria, no son algo casual sino que se relacionan con una idea que tienen sobre la universidad. Nosotros planteamos desde nuestra práctica profesional y sindical la idea de construir conocimiento desde la idea de la universidad como derecho. Esto implica que es un derecho humano reconocido, sustanciado por el Estado. La gratuidad y el ingreso irrestricto te limita la posibilidad de pensarlo como un derecho humano netamente individual. Pensarlo como un derecho humano implica pensar que la universidad produce y reproduce el conocimiento socialmente necesario, tanto en la formación de esos profesionales individualmente como en la formación de un sentido colectivo”.

La politóloga considera que “las políticas que van contra el salario docente y el presupuesto universitario condicen con la idea de la universidad elitista, como un privilegio; es la universidad que quiere este gobierno, una universidad limitada para un sector, entendiéndola como un derecho individual para acceder a los estudios superiores. No sería extraño que hablaran de arancelarlas. Esto se ha visto desde los dichos de Vidal de que `ningún pobre llega a la universidad´ y las notas en los medios sobre `las universidades que no producen graduados´. Como si el rol de la universidad fuera uno: producir chorizos. Hay una disputa no sólo salarial sino en la cuestión simbólica de la universidad”.

Sin embargo, la estrella del desguace cambiemita es el sistema de becas y promoción de las ciencias e investigación. Con la política económica y la devaluación de la moneda que pasó de 9 a 48 pesos en cuatro años, el presupuesto en Ciencia y Tecnología tendría que haber sido aumentado en igual medida, dado que la mayoría de los insumos -como los reactivos para laboratorios- son importados. Por otro lado, se congeló y se redujo la cantidad de ingresantes a la carrera de investigador científico. Este año se presentaron 2500 postulantes; con sólo 400 vacantes, quedaron despedidos y despedidas 2100 universitarixs formadxs en su mayoría en la universidad publica, que habían completado su formación de doctorado y postdoctorado con becas del estado nacional. “Lo que el Estado está diciéndoles es `andate al sector privado o al exterior´, financiando a la investigación multinacional o a potencias extranjeras, provocando el exilio de los investigadores. Esta es la masacre particular que inauguró Cambiemos. Ante todo esto, la única respuesta es: vamos a la huelga”.

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La semana pasada la noticia del cierre de escuelas medias nocturnas de la CABA de educación pública se conoció porque circuló en redes sociales antes que la resolución fuera oficialmente comunicada.  Ayer se realizó un paro de docentes con movilización como medida de protesta.

El viernes 14 de diciembre circuló por medio de grupos de whatsapp la Resolución N° 4055/2018, donde el Ministerio de Educación de la Ciudad decide de forma unilateral el cierre de las escuelas comerciales nocturnas, y el cierre de cursos de otras nocturnas de CABA.

Rumores oficiales

El rumor de redes sociales se confirmó, posteriormente, con la entrega de carpetas a los rectores de las escuelas afectadas con el “modus operandis” a seguir.

“Tomamos la noticia con estupor,  porque nos cayó de golpe la noticia el viernes. Es un golpe muy duro porque el gobierno nos pone a nosotros como responsables de decirles a los docentes que van a perder su trabajo y a las chicas y chicos que van a perder su escolaridad. Son dos golpes muy duros que estamos dando en las escuelas”[i], expresó Alejandra Gómez, rectora titular de la Escuela de Comercio N° 10 ubicada en Ayacucho y Paraguay.

Escuelas nocturnas: ¿para qué?

A las escuelas nocturnas concurren estudiantes que trabajan durante el día. La gran mayoría tiene entre 15 y 17 años y no concurren a los CENS, para mayores de edad.

Los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) son la institución principal de Secundaria de Adultos. Están destinados a personas que quieran retomar o iniciar los estudios secundarios y cuentan con un plan de estudios de tres años de duración y son para mayores de edad.

“Tenemos chicos que trabajan de manera  muy rudimentaria. Manejan Glovo, o si tienen un auto, un Uber.  Van a la escuela como una necesidad para poder crecer en su futuro y es una posibilidad que les están cerrando.
“Pedimos en estas escuelas que hubiera una sala con una maestra jardinera para quienes tienen hijos y así evitar  la deserción. Nunca logramos esto”, explica Gómez.

Hace once años que el Pro-Cambiemos gobierna en la Ciudad nunca tuvo una política para ayudar a estas escuelas. Ahora los directivos de las mismas son puestos bajo la lupa como responsables del conflicto “por no adecuarse a lo nuevo”. El pedido de apertura de más escuelas y de más vacantes ha sido un reclamo histórico de las instituciones educativas públicas. Sin embargo, como resalta la rectora Gómez: “Desde el 83 nunca se cerró una escuela, no existe eso”.

Según un informe del Observatorio de la Universidad Pedagógica (UniPe), en la Ciudad hay 420 mil personas que no han terminado el nivel medio. De ellas sólo 32.000 asisten a alguna de las propuestas educativas existentes.

“Tengamos en cuenta que no tienen la misma cantidad de alumnado que las escuelas de turno mañana y turno tarde. Pero son pibes y pibas que necesitan de esa escuela. Que no pueden andar viajando porque salen a las once o doce de la noche de esa escuela y no pueden andar viajando una hora hasta su casa o su barrio. Entonces se ubican en lugares que les quedan más accesibles a sus trabajos”

“Estos pibes que son los que más dificultades tienen, porque tienen que trabajar para mantener una familia, porque su realidad es otra, se quedan sin escolaridad”, explicó Gómez. “Este gobierno está des-escolarizando a nuestras  pibes. Sacarles esta posibilidad es decirles no estudien más”, concluyó la rectora.

Si bien las imágenes que el gobierno promueve por todos los medios de comunicación resalta la importancia de la educación y el compromiso en su mejora, los hechos concretos hablan por sí mismos: de llevarse a cabo esta medida, unas 400 mil personas sin escolaridad secundaria perderían la posibilidad de ejercer su derecho a finalizar sus estudios secundarios, obligatorios según la Ley Nacional de Educación sancionada en el año 2006.

Una política,  que se parece más al desguace de la educación pública,  se viene llevando adelante en la ciudad, en consonancia con la baja de los recursos para educación destinados en el Presupuesto 2019. En la ciudad la falta de vacantes cada año va en aumento,  con más de 10 mil niñas y niños afuera,  la reducción de las viandas escolares, el cierre de cursos, la imposición de UniCABA, la reducción de salarios docentes, la falta de implementación de la ESI, modificación de planes de estudio, entre otras situaciones más como la que padecen en el ámbito universitario y en las carreras de investigación y la lista continúa. La educación pública parece estar en jacque en todos los niveles, sin mencionar la complejidad que vienen atravesando los Bachilleratos Populares.

Trabajadoras y trabajadores organizados

Con la medida del Ministerio de Educación de la CABA peligrarían los puestos de trabajo de docentes suplentes e interinos a partir de fin de año. Esto podría crear, a su vez, bajas en otros puestos de trabajo que superan los propios de las escuelas nocturnas: siguiendo el artículo 64 del Estatuto Docente, los titulares que pasen a disponibilidad podrán ser reubicados en otros establecimientos, creando así un efecto dominó, donde otros compañeros quedarían sin cargo.

Tal como explicó Gómez, la medida tiene una impacto en el corto plazo, “en la medida en que se van cerrando los cursos en 4 años las y los rectores también nos vamos a ir quedando sin el trabajo correspondiente”.
El dia lunes 17 de diciembre se realizó una asamblea en el  Colegio N°14 Juan José Paso. Allí se detalló que no sólo cerrarán todos los comerciales de la ciudad, que otorgaban el título de Perito Mercantil, sino que también se recortará el 60% de los cursos en los ‘nacionales’ o bachilleratos. La intención del Ministerio de Educación Porteño es reducir en un 60 % el plantel y dejar solo una división por año.

Desde el gremio Unión de Trabajadores de la Educación, UTE, se realizó una reunión  para analizar las medidas a tomar luego del anuncio del cierre de todas las escuelas comerciales y nocturnas. Allí se decidió el paro general que se realizó ayer,  miércoles 19 de diciembre,   con la presencia y movilización de representantes de todos los niveles educativos al Ministerio de Educación de CABA. Según la Unión de Trabajadores de la Educación, “más de 10 mil personas colmaron la Avenida Paseo Colón con carteles y consignas que exigían la derogación de la resolución que cierra 14 Escuelas de Comercio y cientos de cursos en colegios y liceos de turno noche”. Eduardo López, secretario de UTE, reivindicó la lucha de la comunidad educativa para defender las escuelas y anunció que si no se deroga la resolución se realizará un paro con movilización para la semana que viene y anunció que en caso de no obtener una respuesta favorable, no comenzará el ciclo lectivo 2019.

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Escuela Afectadas:
-Comercial N°2 DE 1 Dr.Antonio Bermejo
-Comercial N°10 DE 1 Islas Malvinas
-Comercial N°26 DE 1 Enrique de Vedia
-Comercial N°29 DE 3 Isaac Halperin
-Comercial N°1 DE 4 Joaquín V. González
-Comercial N°29 DE 7 Marina Mercante Argentina
-Comercial N°9 DE 11 José Ingenieros
-Comercial N°21 DE 11 Capitan de Navío Hipólito Bouchard
-Comercial N°11 DE 17 Dr.José Peralta
-Comercial N°12 DE 21 Juan XXIII
-Comercial N°35 DE 21 Leopoldo Marechal
-Sup.Comercial N°3 DE 7 Hipólito Vieytes
-Liceo N°7 DE 1 Domingo F. Sarmiento
-Liceo N°8 DE 13 Esteban Echeverria
-Colegio N°2 DE 1 Domingo F. Sarmiento
-Colegio N°14 DE 2 Juan José Paso
-Colegio N°15 DE 2 Revolución de Mayo
-Colegio N°7 DE 3 J. Martín de Pueyrredon
-Colegio N°11 DE 4 Hipólito Yrigoyen
-Colegio N°4 DE 9 Nicolás Avellaneda
-Colegio N°9 DE 12 Justo José de Urquiza
-Colegio N°16 DE 15 Guillermo Rawson.

[i] Entrevista realizada por Mauricio Polchi para el programa La Mañana AM750

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Frente al ajuste en educación que lleva adelante la gestión cambiemita, docentes y estudiantes responden con enormes movilizaciones, tomas de edificios y asambleas masivas. Un análisis sobre la situación actual del sistema educativo y las respuestas ante el abandono del Estado.

El gobierno nacional ha blanqueado sus prioridades en materia educativa: 25 millones de pesos que estaban destinados a los ministerios de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Salud y Desarrollo Social, serán girados al Ministerio de Seguridad. Esos fondos, que podrían estar destinados a mejorar la propuesta salarial de los y las docentes o a un plan de reformas edilicias, se destinarán a las fuerzas armadas. El guiño es claro: para poder aplicar el plan de ajuste dictado por el Fondo Monetario Internacional necesitan una militarización de las calles.

No obstante la policía, no obstante la metropolitana y las fuerzas armadas –que gracias al reciente decreto presidencial puede involucrarse en materia de “Seguridad interior”- el 12 y 13 de septiembre las y los docentes paramos. Porque si bien nuestro trabajo es social y compromete la formación de niñxs, adolescentes y adultxs, entendemos que dentro de cada propuesta pedagógica también tiene que haber espacio para la defensa de nuestros derechos.

Desde que asumió el macrismo, cada noticia que recibimos del Ministerio de Educación es una amenaza, un agravio, una ofensa. Balada triste de trompeta. Cada reforma es un retroceso que se embellece con un discurso futurista y “new age”; a nuestros ojos una distopía macabra, propia de George Orwell o Aldous Huxley. Las escuelas “del futuro” tienen drones, pero no tienen borradores; tienen nuevo mobiliario, pero para la mitad de los y las estudiantes; tienen aulas nuevas, pero no aptas para chicxs con movilidad reducida.

El nuevo proyecto de UniCABA asume que los profesorados que pretende disolver tienen “experiencia y potencialidad”; la UniCABA, por su parte, tendría “recursos y autonomía”. ¡Pero si es eso lo que pedían los profesorados: recursos y autonomía! Sucede que el objetivo del gobierno no era hacer más atractiva la formación docente, sino ajustar el presupuesto educativo: veintinueve Institutos de Formación Docente les parecen muchos: podrían ser diez, ocho, o uno.

En la Ciudad de Buenos Aires, la ministra Soledad Acuña suspendió la mesa salarial docente e indicó, mediante una carta que viralizó, que el derecho a la educación está por delante del derecho a huelga. Por lo pronto, nos intentan conformar con un aumento del 15% en cuotas, cuando la inflación se prevé por encima del 40% anual.

Este abandono del Estado en materia educativa tiene sus costos humanos. Sandra y Rubén murieron por la desidia y el desfinanciamiento del gobierno provincial. Semanas después, en una escuela de Caballito hubo un incendio pero en los medios lo que quemaba eran los cuadernos gloria. Ayer a la tarde secuestraron a Corina De Bonis, una maestra que estaba llevando adelante ollas populares en Moreno. La metieron en un auto, le taparon la cabeza con una bolsa, la torturaron y escribieron en su cuerpo con un punzón “Ollas no”.

Las respuestas no se hacen esperar. A lo largo y ancho del país se toman profesorados, universidades y colegios secundarios porque hemos decidido defender nuestros derechos, porque no queremos ni un solo muerto más, porque queremos que el sueldo docente no sea el peor pago de todos los gremios profesionales, porque creemos que la educación es una herramienta que permite emancipar nuestros cuerpos y nuestras mentes de la ideología dominante.

La gestión macrista en educación ha logrado retrotraer todas las discusiones históricas: el boleto educativo gratuito, la ampliación de becas, la apertura de guarderías en universidades y terciarios, entre otras. El movimiento docente y estudiantil está enfocado en la defensa de la educación pública tal como la conocemos. El impulso que generaría tirar abajo la UniCABA, lograr una buena oferta paritaria, desterrar la “Escuela del futuro”, nos colocaría en una situación privilegiada para luego ir por todo.

Hoy marchamos desde las 11:00 hs. porque la escuela que nos ofrece el macrismo no es “la que queremos”, porque el FONID no es para el Ministerio de Seguridad, porque la paritaria nacional docente es un derecho conquistado, porque queremos que nuestros Institutos de Formación Docente sigan existiendo tal y como los conocemos, porque creemos que la oferta paritaria docente debe ser digna, porque la educación está en peligro, pero cada vez nos encuentra más organizados y organizadas para la lucha.

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Las clases en las universidades públicas no se han iniciado como respuesta al vaciamiento de las políticas educativas que afectan al salario de las y los docentes y a la educación pública en general. La emergencia educativa mañana tendrá como escenario una importante movilización.

Más de cien clases públicas universitarias se llevaron adelante en Plaza de Mayo, para visibilizar el reclamo contra el ajuste en educación universitaria, ciencia y tecnología, recortes que inciden, en rigor de verdad, en todos sus niveles de la comunidad educativa de nuestro país.

Hacia fines del 2017 la CTERA realizó un estudio del proyecto presupuestario enviado a tratar en el Congreso. Allí resaltaba que el ajuste no sólo se traducía en una reducción nominal del presupuesto propiamente dicho, sino también en un proceso de desfinanciamiento concreto, que preveía el desmantelamiento de programas diversos en el nivel educativo que el gobierno actual viene sosteniendo y profundizando desde su asunción en el 2015. Si bien el conflicto presupuestario de las universidades nacionales es de larga data, en el marco de la galopante inflación, un dólar que ya saluda los $32 y sigue su camino, ha tornado la situación en crítica.

Hace poco más de dos meses la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se preguntaba: “¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la Provincia de Buenos Aires de universidades públicas,  cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad?”. Una pregunta que se formulaba en el ámbito del selecto Rotary Club.

Hoy estamos transcurriendo la cuarta semana de paro universitario, que comenzó con 57 Universidades y mantiene, en este momento,  a 33 de ellas sin retomar sus actividades normales. El viernes 24 hubo clases públicas en Plaza de Mayo- pese a las desfavorables condiciones climáticas- y para mañana se espera una multitudinaria movilización para rechazar las políticas educativas.

Un guadañazo a las universidades

Un informe realizado por la Facultad de Ciencias Exáctas (FCE) de la UBA titulado “Ciencia y Universidad en Emergencia”^[1], da cuenta en términos concretos de la situación salarial de trabajadores docentes y no docentes de dicha universidad.

Desde el inicio de la gestión cambiemita, se denota una gran brecha entre los aumentos en el salario universitario y el nivel de precios medidos por el INDEC. Tomando diciembre 2015 como base, sólo en noviembre de 2017 se logró equiparar el salario real con la inflación. Desde ese entonces la diferencia se acentuó, tocando el máximo actual de 20 puntos porcentuales de diferencia entre inflación y salario. Es decir, entre diciembre 2015 y hoy, el salario docente perdió el 20’% de su poder de compra.

Fuente: FCE UBA

Desde noviembre de 2017 , el salario de universitarios aumentó sólo un 5% (adelanto a cuenta del convenio paritario actual), mientras que el de no-docentes sufrió un incremento del 11% desde septiembre del año pasado. En ese tiempo, el nivel de precios aumentó más del 25%.

Ante este panorama, la propuesta salarial de 15% sólo se puede entender en clave de un gobierno que, redoblando las apuestas del FMI, ajusta las tuercas más de lo que la rosca puede. El salario docente, en todos sus niveles, es la piedra angular de un gobierno que viene sosteniendo una sistemática campaña de desprestigio, a la educación pública, al rol docente y todos aquellos y todas aquellas que tienen el orgullo de estudiar en el sistema público.

Otra situación alarmante es señalada por el Instituto de Estudio y Capacitación (IEC) de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU). Según se detalla en “El ajuste sobre las universidades nacionales”^[2], solo durante el primer semestre se recortaron 1.056 millones de pesos del presupuesto para universidades nacionales. Estos recortes se focalizan en las áreas de Proyectos Especiales, Infraestructura, Conducción, Gestión y apoyo a las políticas de educación superior y Fomento a la actividad de investigación de los docentes universitarios. A su vez, señalan que el nivel de subejecución del presupuesto es el más bajo en los tres años de gestión cambiemita. Sumado a esto, solo durante este periodo de tiempo, la deuda exigible por las universidades por los gastos contabilizados llega a 13.552 millones de pesos.

Juan Winograd, Consejero Superior de la UBA e integrante de Federación Universitaria de Buenos Aires, FUBA,  expresó “en un nivel general, el contexto de ajuste es consecuente con los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y en ese sentido se camina hacia la privatización de las universidades públicas- algo que ya fue pactado, hace dos años, con el sistema de reconocimiento académico que el gobierno firmó con más de 60 Rectores de universidades y que presenta un sistema parecido al europeo, de carreras de tres años de duración y luego másters/posgrados que se vuelven necesarios en la medida en que el título de grado está vaciado y no tiene los contenidos ni la habilitación del título de grado que tenía previamente”.

La guadaña prueba su intensidad con la educación pública y universal en cada nivel. Las universidades, la ciencia y la tecnología parecen cosas del pasado para una gestión que apuesta a lo privado, al coaching y a los cursos de emprendedurismo.

Últimas novedades en el conflicto

Este lunes 27 de agosto el presidente de la cartera educativa, Alejandro Finocchiaro, se hizo presente en la quinta reunión de la Mesa de Negociación Salarial de la docencia de las universidades nacionales. Una vez más se ofreció el 15% de aumento en tres instancias: 5% de aumento en mayo (ya cobrado), 5,8% en agosto (a cobrarse en septiembre) y 4,2% en septiembre (a cobrarse en octubre). La reunión se dilató con un cuarto intermedio hasta el día miércoles 29 media mañana-  mientras que desde las gremiales docentes se mantiene la postura de no inicio de actividades y la marcha masiva en el Congreso de la Nación el jueves 30 de agosto.

“El no inicio de clases ha conseguido quebrar el cerco mediático y ha colocado el tema en los medios de comunicación. La huelga en las universidades ha demostrado que en particular las y los trabajadores (docentes) tenemos reservas para enfrentar este ajuste. Hoy el gobierno está operando activamente para limitar el alcance de la marcha del jueves y contener el conflicto”, expresó Winograd, y agregó: “reivindicamos que la Universidad sea no sólo un ámbito de enseñanza sino también un lugar de producción de conocimiento científico y con estas cifras que difunde el gobierno queda totalmente eliminado este problema”.

Para enfrentar esta resistencia de las y los trabajadores, que cuenta con la solidaridad de una gran parte de la sociedad, el presidente Mauricio Macri recibió a 25 Rectores mientras los trolls del gobierno y los medios afines hacen el trabajo sucio tratando de instalar la idea de que sobran docentes.

Por su parte, el Secretario General de CONADU Histórica, Luis Tiscornia, expresó que “Mantenemos el paro durante toda la semana. Se mantiene la marcha con más fuerza que nunca. Criticamos que no haya habido una respuesta concreta ayer. Es la primera vez que participa el ministro de educación, es evidente que tomaron nota de la amplitud de la protesta y las movilizaciones y que estarán pensando y discutiendo la respuesta que nos van a dar. Dicen que están dispuestos a discutir todo, y que esa negociación sería sin techo salarial. Hasta ahora ellos venían diciendo que el 15% de aumento es lo que había”.

Los gobiernos nacional y provincial están asfixiando la educación pública. Desde lo discursivo, en todas las plataformas de comunicación posibles, creando y recreando el sentido común de que lo público es obsoleto y los docentes no quieren trabajar. Solamente recordemos la movida twittera a principios del 2017, cuando, bajo el hashtag #VountarioDocenteNoAlParo, miles de usuarios se ofrecían a dar clases tras el fracaso de la paritaria docente. La táctica del desprestigio de docentes de todos los niveles y el cinismo con que utilizan los gerundios-“vamos a seguir trabajando e invirtiendo”- conforman el preludio. Y en esta gran orquestación destructiva, del dicho al hecho se toman segundos. Lo nefasto en lo dicho por Vidal, es el sentido de la concepción del otro, la lectura de la sociedad acerca del papel del Estado y su responsabilidad para garantizar derechos y para incidir en reducir las brechas y las desigualdades. En su discurso, Vidal- y por propiedad transitiva, el gobierno nacional también- naturaliza la discriminación. Y cuando vuelan trabajadores docentes por los aires, se lamenta cínicamente por redes sociales. Este gobierno, tanto con la palabra como con los hechos, clausura destinos. Nos quieren bien necios, sin educación, sin información, sin poder.

^{[1] El ajuste sobre las universidades nacionales} 

^[2] Ciencia y universidad en emergencia

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A pocos días de comenzar las clases, la Escuela Primaria N º 21 de José C. Paz no está en condiciones para recibir a las y los chicos. La empresa constructora, encargada de la refacción del edificio, decidió suspender la obra (iniciada ya hace varios meses) por falta de pago.

Todo esto sucede en un contexto de brutal ataque a la Escuela Pública por parte del gobierno de María Eugenia Vidal. A finales del año pasado, la gobernadora había disuelto la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), organismo que se encargaba de solucionar los problemas de infraestructura escolar.

Ante esta situación, ayer  las madres del barrio dijeron “basta” y se acercaron a las inmediaciones del establecimiento a reclamar el derecho de sus hijas e hijos a estudiar en condiciones dignas, y comenzar las clases en tiempo y forma.

Pocos minutos después del mediodía, llegó la Inspectora para llevar adelante una reunión entre el equipo directivo del establecimiento, docentes y representantes del SUTEBA.

En la puerta, las mamás acompañadas por algunos padres y varios de sus hijos, organizaron un corte de calle y una reunión en clave de asamblea permanente bajo el único refugio de sombra que brinda el árbol de la cuadra.

A las cuatro de la tarde, aproximadamente, las madres pudieron intercambiar palabras con la inspectora en la puerta de la Escuela. Mientras tanto, afuera, el corte se duplicaba y un pequeño grupo se dirigía a cortar también la avenida principal cercana al lugar. ” Queremos que nos apoyen, porque yo sé que las maestras, para dar clase, están desde la mañana. Lo que queremos es que el edificio esté en condiciones”, aseveró una de las madres.

Como la obra que no está finalizada es la que se realizó en la Primaria, la propuesta de la Inspección es que se arme un cronograma de contingencia, compartiendo el espacio con la Secundaria que allí también funciona.

“No estamos de acuerdo con que haya un cronograma de clases, que un día tengan que si, y otro día que no”, respondió una de las madres. Adjudicando también que, además de este plan suponer una discontinuidad pedagógica para sus hijos e hijas, ellas son trabajadoras que no pueden organizar su vida laboral en base a un plan de escolarización con días de escuela “salteados”

Tras partir una comitiva de madres, rumbo a la jefatura distrital, policías de civil se acercaron a la escuela.
Mientras se desarrollaba la reunión con el Jefe Distrital Hernán Rodriguez Colucigno, eran cada vez más las madres y otros miembros de la comunidad educativa que se autoconvocaban en la puerta del establecimiento. Al grito de “Queremos escuela”, un grupo de niñas acompañadas de bombos murgueros, también dijeron presente reclamando su derecho.

Al regresar las madres que se habían dirigido a la Jefatura, informaron que Colucigno se desentendió del problema, incluso asegurando que el “Comedor de la escuela ya está terminado y funcionando”, lo que da cuenta del desconocimiento y el bastardeo del funcionario para con este problema. Tampoco se comprometió a proponer soluciones a esta situación.

Ante esta prácticamente nula respuesta por parte de las autoridades, las madres decidieron sostener el corte de calle y, en conjunto con representantes del sindicato, se improvisó una pequeña asamblea donde definir los pasos a seguir.

Hoy, mientras cientos de miles de mujeres alrededor del mundo hacen huelga y salen a las calles, las mamás de la EP 21 también son parte de esta marea. Están en el corte desde muy temprano esperando ser escuchadas, exigiendo la presencia de las autoridades municipales, del Presidente de Consejo Escolar Pablo Castro, del Arquitecto a cargo de la obra, de la empresa y del Jefe Distrital; y la inmediata solución y finalización de la obra.

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A partir de los dichos del ministro de Educación, Esteban Bullrich, sobre “revolucionar la educación en la Argentina” y la dificultad de sostener la escuela pública por otro lado, entrevistamos a Laura Marrone, pedagoga y legisladora electa de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el Ministerio de Educación, al igual que en diferentes medios de comunicación, intentan profundizar el déficit en el sistema educativo. “La intención es reestructurar todo a partir del trabajo desde las tecnologías digitales, pensando en un reemplazo creciente de docentes por programas administrados por la web”, afirma Laura Marrone.

De hecho, en la última semana, el diario Clarín le otorgó casi una página entera a una encuesta realizada en la última semana de octubre que señala que el 75% de la sociedad cree que el sistema educativo no está funcionando bien, y que responsabiliza a las políticas públicas y a la falta de capacitación docente. Debajo de la encuesta, se aclaraba que de todas maneras esta no era la principal preocupación de la gente, sino que lo son la inseguridad, luego la pobreza, la inflación, la desocupación, la suba de tarifas, el narcotráfico. Consultamos a la pedagoga y legisladora de la Ciudad de Buenos Aires al respecto.

-¿Qué opinión te merece la encuesta?

–La fuente de esta encuesta es de una consultora que se llama Management and Fit, que, por lo que investigué, no tiene historia, no se sabe cuándo empezó a funcionar, pero se dedica a brindarle a las empresas informes sobre personal que podría ser tomado para cuestiones laborales. Hacen una especie de filtro. Sus integrantes son personas que no tienen nada que ver con la educación, sí con la estadística y el management.

Es muy poco seria esta encuesta, porque incluso como diagnóstico está dicho de una forma que pretende justificar la necesidad de estigmatizar al sistema educativo ante una necesidad de reforma. Es una campaña que está haciendo Clarín, también La Nación, y va en consonancia con el Ministerio de Educación nacional que, como dijo Esteban Bullrich, pretende “revolucionar la educación en la Argentina”. Una revolución que más vale que no se haga porque va a arrasar el sistema educativo. La intención es reestructurar todo a partir del trabajo desde las tecnologías digitales, pensando en un reemplazo creciente de los docentes por programas administrados por la web.

-¿Esto es lo que se está implementando España, con Google en el medio incluso?

–Sí, y definen al docente como un curador, como el de un Museo, que lo que tiene que hacer es preparar el material para que las chicas y los chicos se auto administren las pruebas que están en los paquetes digitalizados en internet y que se compran a empresas.

Hay un proceso combinado; durante la época de Menem hubo un operativo para justificar la privatización de las empresas de servicios públicos a través de desacreditarlas en forma creciente por los medios de comunicación junto con periodistas como Neustadt o Grondona, que en aquel entonces se encargaban de esto. Eso es lo que están haciendo ahora con la educación, por eso Clarín sacó esta nota, otra la semana pasada y La Nación hizo lo mismo.

Escribí una nota sobre Lanata, que también está en esta línea, que se llama “No está bien hablar de lo que no se conoce”, porque con toda impunidad pretende desacreditar el trabajo docente diciendo que no queremos ser evaluados. Esto es falso, porque nosotros tenemos sistemas de evaluación, hacia los alumnos en forma sistemática, durante todo el año, y de nosotros mismos por los cuerpos directivos o por los cuerpos de inspectores y supervisores.

El sistema de evaluación está pensado en forma situada, a partir de las propias instituciones que tienen que ver con el proceso educativo. En esta consultora, sus integrantes están formados en dirección de empresas, magister en gerencia y servicios de salud y embajador para asuntos especiales en Europa y Estados Unidos, o sea, que de educación no saben nada y, por lo tanto, hacen un trabajo sumamente superficial.

“Se está montando una ingeniería de recolonización ideológica”

La misma empresa está participando también en la inscripción online. En una nota reciente, en el diario Tiempo Argentino se menciona que la empresa Sintagma resultó beneficiada con el desarrollo del software y su implementación, aunque arrancó con errores básicos como la falta de opciones para quienes tenían prioridad. Lo llamativo, dice, es que el Ministerio vuelve a llamar a licitación y siempre Sintagma resulta favorecida, junto a otra firma FDV Solutions S.A.

-¿Creés que esta es una “línea de trabajo”?

–Yo creo que esta es una línea de debate que tenemos que sostener, porque se está montando una ingeniería de recolonización ideológica a través de la educación de nuestra juventud mediante estas empresas, bajo el formato de consultoras y ONG, pero que son todas filiales de empresas estadounidenses centralmente, que importan recetas pero también importan todo un recorte del currículum de lo que a ellos les interesa. Por ejemplo, esta semana se aprobó en la Legislatura el pase a recinto de una declaración que presentó una asociación privada para que promueva, salude y recomiende el uso de paquetes de programas para trabajar en las escuelas el tema de desórdenes alimenticios que son hechos en empresas norteamericanas que harían una adaptación a nuestra particularidad regional. Como si no tuviéramos profesionales que encaran estos problemas y que generan estrategias de trabajo… Hay una invasión dentro de la escuela pública de este tipo de asociaciones.

Recientemente se sancionó en el Congreso nacional una Ley sobre dislexia, es gravísimo porque el concepto de la dislexia como una tipificación de origen neurológico de lo que pueden ser problemas de aprendizaje en la lecto-escritura, inclusive hasta en el habla por parte de niños, está cruzado por una trama de problemas que no tienen un origen necesariamente neurológico, sino que están entramados con un contexto social, histórico, emocional que requiere no la patologización de nuestra infancia y, por lo tanto, la derivación a tratamientos neuropsiquiátricos o medicalizantes, sino un enfoque que se hace desde la psicopedagogía, de la misma educación con un proceso paulatino donde se va logrando que esos chicos aprendan a leer, escribir  y expresarse sin errores.

Esta invasión de empresas y enfoques biologicistas anula los problemas sociales. Lo que se deriva de esta Ley de dislexia es que a los docentes nos van a llevar al Instituto de Facundo Manes para capacitarnos y poder detectar los problemas de la dislexia y transferirlos a tratamientos neurológicos y psiquiátricos.

-¿Todo esto combinado con la medicalización de los niños y las niñas entonces?

–Así es. Estados Unidos tiene un porcentaje muy alto de alumnado medicamentado y con serias consecuencias porque esos niños y niñas se vuelven adictos, si desde la primera infancia les están dando psicofármacos. Es un problema gravísimo. En este momento hay un alerta muy grande de los psicólogos e incluso de los psiquiatras para revisar esta situación. Pero todo lo que en Estados Unidos se está revisando y reevaluando, el PRO lo compra como la novedad.

-Por otro lado, desde que se instauró el sistema de inscripción online hace 3 años, las autoridades reconocieron al menos que 23.432 chicos y chicas se quedaron sin vacantes…

–Eso es así. Este año como FIT pedimos un informe que nos entregaron en mayo más o menos, porque el Ejecutivo está obligado a responder y no sabemos si es exacto; mucha gente se fue a inscribir en octubre, noviembre, diciembre, febrero y marzo y no consiguió vacante y bajó los brazos, porque tiene que volver a trabajar. Entonces, lo que quedó como demanda insatisfecha fue esa cifra este año, unos 10.000 para nivel inicial, otros 500 en primaria y otros 400 para nivel medio.

Ese fue el paquete que el PRO reconoció en Legislatura en mayo, no sabemos si es así realmente, porque tengo constancia habiéndome parado en una esquina para juntar firmas en un barrio de zona sur y encontrarme en una hora con 20 pibes y pibas sin vacante.

El problema fue grave este año y lo va a ser también el siguiente, siguen creciendo las villas, hubo un debate por la urbanización de la Villa 20 que fue muy emocionante porque las familias lograron caminar hacia la urbanización. Pero estamos hablando de un plan en etapas de alrededor de 2.500 viviendas con una sola escuela, cuando el Distrito 21, que es la zona de Lugano y Villa 20 es uno de los distritos que viene sosteniendo una falta de vacantes gravísima desde hace 6 años. Se les ofrece un micro para llevarlos a la escuela en Zona norte con 3 horas de traslado diario y se desgranan, porque terminan no yendo.

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Ayer más de 100 mil personas se movilizaron en todo el país en defensa de la Educación Pública. Un nuevo cimbronazo contra el gobierno que muestra el malestar generalizado con las decisiones políticas y económicas en estos meses de gestión.

Estudiantes y graduados, docentes y no docentes. Gremios y militancia académica y sindical. Todos estos sectores, y más, formaron parte de la histórica jornada que ayer ocurrió en nuestro país. No fue solo el epicentro político y económico, sino que en todas las provincias, en cada lugar donde se la ve vulnerada, hubo al menos un grito por el tan indispensable derecho de acceder libremente a la educación pública de calidad. Así se desató la Marcha Nacional en defensa de la Educación Pública.

Hace algunas semanas atrás toda la burocracia se puso de acuerdo para herir de muerte a la Universidad de Buenos Aires: cero por ciento de aumento en presupuesto para este año. Como si no fuese grave que sigan existiendo docentes ad honorem, que no se concluyan las obras de infraestructura y se sostenga el mantenimiento edilicio y de las y los trabajadores, como si los fondos en sí mismo ya eran insuficientes, esta vez asistimos al ajuste más feroz de los últimos años. Tarifazos en los servicios, en el transporte, inflación acelerada. Pero el prepuesto para uno de los iconos de la educación en Argentina y el mundo, ese hermoso símbolo que es nuestra casa de estudios, no podía gozar de ningún incremento. Y así las clases, públicas por naturaleza, ocuparon el lugar que correspondía: las calles. Y junto a ellas, las asambleas estudiantiles y docentes, los reclamos, los gritos de resistencia.

Fue el presupuesto, la paritaria docente, la falta de respuesta para acceder a becas, al boleto estudiantil, a las necesidades de las personas que pasan buena cantidad de sus vidas en cualquier institución educativa pública la que detonó un problema que quiere avasallar un derecho que, se demostró, no se perderá.

Una jornada que hizo historia

Corrían las primeras horas de la tarde cuando las primeras personas se congregaban en la Plaza Houssey, aquella que convive con la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Medicina y una de las sedes de la Facultad de Ciencias Sociales.

De un momento a otro, eran miles quienes cantaban y coreaban por la unidad de obreros y estudiantes y se disponían, así, a movilizar primero al Palacio Pizzurno (Ministerio de Educación) para luego llegar hasta la Plaza de Mayo, frente a Casa Rosada. Todo esto sin omitir el río humano que se iba formando en el recorrido.

Pero la crisis educativa genera un herida profunda, con una hemorragia que no se detiene en los límites de la General Paz. Córdoba, Río Negro, Tucumán, Jujuy y todo el país vivió una jornada de lucha histórica.

La convocatoria fue impulsada por las bases del movimiento estudiantil y lanzada por la CONADU Histórica, CONADU, FEDUN, UDA, CTERA y FAGDUT. Además, por parte de los gremios estudiantiles, estuvieron presentes la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), FUA, FULP (La Plata), FUC (Córdoba), FUP (Patagonia), y FUNE (Nordeste), entre otras.

Cómo sigue

Desde que se acentuó el conflicto educativo, hace ya casi un mes, venimos destacando cuáles son los reclamos y las luchas que vienen llevando adelante aquellos quienes integran el mundo académico. Sin embrago, consideramos que es importante no aislar esta crisis del contexto general que hoy somete a los sectores populares de la Argentina. Los miles de despidos en los sectores público y privado, la constante inflación, los tarifazos y el ajuste también en salud, se contrapone con la benevolencia empresarial, el pago a los Holdouts, la quita de retenciones al agro y la ayuda impositiva a las mineras, la escalada represiva en los conflictos laborales, los techos paritarios.

Esa es, en resumen, la situación actual. Y la masiva movilización en defensa de la Educación Pública es un hito para las luchas del pueblo. Porque es el mismo movimiento de estudiantes y docentes que supo ser vanguardia en otros difíciles momentos del país y que hoy es llamado, nuevamente, a asumir las responsabilidades que la historia les ha otorgado.

Es la organización el único camino posible para detener la embestida macrista y poder ganar nuevamente terreno en las conquistas populares.

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