Por Eduardo Giordano | Foto: Edu León *

El asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial por el Movimiento Construye a las elecciones del 20 de agosto en Ecuador, apenas once días antes de los comicios, puso de manifiesto el papel que han adquirido en este país sudamericano las bandas criminales, muchas veces vinculadas al tráfico internacional de cocaína.

Este crimen político tuvo gran repercusión por tratarse de un candidato a la presidencia, pero fue precedido por una sucesión de asesinatos de dirigentes de varios partidos: el alcalde de Manta, Agustín Intriago, del movimiento cantonal Mejor Ciudad, y el candidato a la Asamblea por Esmeraldas, Ryder Sánchez, de la alianza derechista Actuemos, presidida por Otto Sonnenholzner. Ambas localidades destacan por la centralidad de sus puertos en el tráfico de drogas.

Otra víctima reciente de la violencia sicarial fue Omar Menéndez, candidato a alcalde en la ciudad costera de Puerto López, del partido Revolución Ciudadana, asesinado un día antes de las elecciones municipales. Y aun con posterioridad al asesinato de Villavicencio, el 14 de agosto, fue asesinado Pedro Briones, un dirigente de Revolución Ciudadana de la norteña provincia de Esmeraldas. Este crimen se produjo el mismo día del debate televisivo entre los candidatos a la presidencia, enfocado principalmente en “rescatar al país de la inseguridad” como dijo uno de ellos. El último tiroteo registrado en un acto electoral tuvo lugar este jueves en el cierre de campaña del empresario Daniel Noboa, candidato a la presidencia de la Alianza Acción Democrática Nacional. Tuvo lugar en Durán, en el área metropolitana de Guayaquil, aunque el ministro del Interior, Juan Zapata, ha descartado que fuese un ataque contra el candidato.

Ante este escenario favorable al retorno de Correa, lo mas desestabilizador para su partido es el asesinato de un político que se caracterizó por denostar periodísticamente al expresidente

Seis de los detenidos por el asesinato de Villavicencio son colombianos y varios cuentan con antecedentes penales en Colombia, con cargos por asesinato y narcotráfico. Otro de los sicarios detenidos es de nacionalidad venezolana. El autor material del homicidio, también colombiano, habría quedado herido tras un tiroteo con la policía, pero fue conducido con vida a la Fiscalía para ser interrogado y horas más tarde fue dado por muerto. Todos los colombianos capturados ya habían sido detenidos por otros delitos un mes antes y dejados en libertad.

El candidato presidencial asesinado, cercano al presidente derechista Guillermo Lasso y enemigo declarado de Rafael Correa, había destacado en la campaña por su rechazo a las bandas violentas exponiendo algunas ideas sobre su forma de enfrentarlas, entre ellas la militarización de los puertos y construir una mega cárcel de alta seguridad en una zona aislada. Ideas que en general comparten otros candidatos a la presidencia, como es el caso de Jan Topic o Xavier Hervas.

Elecciones y “muerte cruzada” del presidente

Si bien el mandato del presidente neoliberal Guillermo Lasso debía concluir en 2025, en mayo de 2023 decretó la disolución de la Asamblea Nacional y convocó nuevas elecciones, un mecanismo constitucional conocido como “muerte cruzada”, empleado aquí como escapatoria al juicio político iniciado contra el mandatario por malversación de fondos públicos. Meses antes, en de febrero de este año, el Movimiento Revolución Ciudadana de Rafael Correa fue la fuerza más votada en las elecciones seccionales de febrero pasado, con más del 23% de los sufragios; y ganó 9 de las 23 prefecturas y 50 alcaldías, incluidas las de Quito y Guayaquil.

Fernando Villavicencio tuvo una participación crucial en el Congreso para evitar la destitución del presidente y permitirle que convocase elecciones anticipadas. Si bien discrepaba en muchas cuestiones con el presidente Guillermo Lasso, al igual que con el presidente anterior Lenin Moreno, era más importante lo que les unía: su rechazo a las políticas progresistas y antiimperialistas de Revolución Ciudadana.

En un contexto agobiante de estado de excepción y militarización del país, el primer eje del debate presidencial fue el Eje Uno: Seguridad e impacto de la delincuencia

El candidato asesinado había denunciado al ex presidente Rafael Correa (2007 a 2017) por supuestos casos de corrupción, por los cuales Correa siempre se ha considerado injustamente perseguido y víctima del lawfare, la estrategia de desgaste con la guerra judicial que han sufrido y sufren varios mandatarios y mandatarias latinoamericanas. Uno de los casos investigados por Villavicencio durante el mandato de Lenin Moreno acabó en orden de captura contra Correa y lo llevó al exilio en Bélgica. Previamente, en 2014, Villavicencio fue condenado a un año y medio de prisión (incumplida) por la justicia ecuatoriana, por calumnias contra el entonces presidente Correa, a quien acusó sin fundamento de haber cometido delitos de lesa humanidad.

En todas las encuestas publicadas desde junio, Luisa González, candidata presidencial del partido Revolución Ciudadana que lidera Rafael Correa, aparecía como favorita con el 29% de intención de voto, seguida de Yaku Pérez, candidato del movimiento indígena Somos Agua (14%), mientras que Villavicencio figuraba en cuarto o quinto lugar con poco más del 7%. Ante este escenario favorable al retorno de Correa, a quien Luisa González dijo que convertiría en su principal asesor, lo mas desestabilizador para su partido es el asesinato de un político que se caracterizó por denostar periodísticamente al expresidente.

En una de sus últimas intervenciones difundida en redes sociales, Villavicencio intentó vincular a una candidata a la Asamblea de Revolución Ciudadana, Raiza Vulgarín, con la causa abierta por la Fiscalía de Colombia contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Esta candidata fue involucrada como supuesta facilitadora del transporte del dinero a partir de informes del fiscal Francisco Barbosa, sin más prueba de estas graves acusaciones que su vinculación sentimental con un primo del Nicolás Petro. Con tan poco fundamento, el político asesinado afirmaba que iba a pedir a la fiscal general de Ecuador que investigase “los vínculos de la Revolución Ciudadana con el partido de Gustavo Petro en Colombia”. En otra intervención decía sin dar más explicaciones: “Casi siempre que se habla de Socialismo del siglo XXI en América Latina hay un vínculo con el narcotráfico”.

Según estimaciones oficiales del propio Estado ecuatoriano, por Ecuador pasa actualmente cerca de la mitad de la cocaína que sale de Colombia.

En el plano internacional, el posible triunfo de Revolución Ciudadana en las elecciones preocupa desde hace meses en Estados Unidos. El agotamiento del proyecto neoliberal emprendido por Lenin Moreno y acentuado durante los dos años baldíos de Guillermo Lasso, situó en el centro del debate político las diferencias de estrategia económica entre los sectores confrontados. Este era el debate emergente y que debía ocupar los espacios políticos hasta las elecciones, pero el asesinato de Fernando Villavicencio desplazó los ejes del debate hacia el plano securitario. En un contexto agobiante de estado de excepción y militarización del país, el primer eje del debate presidencial —también formalmente militarizado por los presentadores— fue el Eje Uno: Seguridad e impacto de la delincuencia, al que se dedicaron los primeros 50 minutos de las exposiciones y réplicas.

Narcotráfico y bandas criminales

En los últimos años, la narcoviolencia se ha impuesto en las calles de Ecuador. Según estimaciones oficiales del propio Estado ecuatoriano, por Ecuador pasa actualmente cerca de la mitad de la cocaína que sale de Colombia. Este país se ha convertido en “uno de los principales puntos de embarque para el tráfico global de cocaína”, según reporta el sitio especializado InsightCrime en su informe anual de 2023. Y en otro informe sobre el tráfico internacional de cocaína, esta misma fuente añade: “La frontera de Ecuador con Colombia, una de las zonas de mayor tráfico de cocaína, cuenta con unos 70 pasos ilegales. Esto ha hecho que la cocaína, el combustible, los precursores químicos, las armas y las municiones fluyan entre los dos países, y que aumente la violencia a medida que grupos ecuatorianos y colombianos se disputan las economías criminales”.

Ecuador no es productor de hoja de coca, pero se ha convertido en un importante lugar de tránsito, acopio y distribución hacia los mayores centros de consumo de la cocaína colombiana y peruana. Los principales cargamentos salen desde los puertos de Guayaquil, controlado y disputado por las mafias de diverso pelaje, desde las organizaciones narcoparamilitares colombianas hasta la mafia albanesa. También desempeñan un papel importante el puerto de Manta, en la mitad del frente oceánico del país, Esmeraldas al norte y Puerto Bolívar, el segundo puerto de Ecuador, al sur.

En este contexto, parece verosímil que muchos de los políticos asesinados recientemente lo hayan sido por enfrentarse a las tramas del narcotráfico, pero no parece que sea el caso de Villavicencio

En un informe de la Policía Nacional de enero de 2022 , archivado por la justicia, se investigaron presuntos nexos con el Gobierno de la mafia albanesa. Esas informaciones facilitadas por el medio digital La Posta incluían también entre los sospechosos a un general de la policía. Desde entonces son frecuentes las alusiones periodísticas a los narcogenerales que pueblan los cuerpos de seguridad. Los tentáculos del narcotráfico se han diseminado por todos estamentos de poder y han corrompido a las instituciones.

La mafia albanesa expandió sus actividades por el mundo a pasos acelerados. Se inició en el narcotráfico en Europa con el comercio de heroína durante las guerras de los Balcanes, en simbiosis con el grupo terrorista Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK), financiado por Estados Unidos al amparo de la operación de la OTAN en la región. Durante la última década, sus operaciones han saltado a América Latina para controlar el tráfico mundial de cocaína, principalmente a través de puertos ecuatorianos. Es un hecho que Ecuador “es el país de Sudamérica no productor de cocaína que más droga incauta”.

En este contexto, parece verosímil que muchos de los políticos asesinados recientemente lo hayan sido por enfrentarse a las tramas del narcotráfico, pero no parece que sea el caso de Villavicencio.

Rafael Correa denuncia un complot

El asesinato de Villavicencio fue atribuido por algunos medios de comunicación a una banda criminal denominada Los Choneros, que se ha expandido desde las extorsiones y robos que cometía tras su creación en los años 1990, hacia actividades de microtráfico de drogas, implicándose en los últimos años en el narcotráfico a escala internacional. Pocos días antes de su muerte, Villavicencio se refirió a unas amenazas que habría recibido desde la cárcel del jefe de esta banda, alias Fito, vinculado con el cartel mexicano de Sinaloa. El candidato había hecho campaña como abanderado contra la corrupción, pero también contra los narcos: “En año y medio vamos a someter al narcotráfico. No les tengo miedo”, había declarado.

Correa declaró: “Para resolver un crimen, la primera pregunta es a quién beneficia el crimen. Y beneficia a la derecha, para desesperadamente perjudicarnos y lograr una segunda vuelta electoral”

También se mencionó como autores del asesinato a Los Lobos, otra banda criminal a la que se asocia con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, competidores con los anteriores en el tráfico mundial de cocaína. En realidad, no parece documentado que existan vínculos de subsidiariedad respecto de los clanes mexicanos. Más bien las bandas locales ofrecen servicios delictivos (sicariato) a sus clientes mexicanos, pero también a clientes nacionales dispuestos a pagar por ello.

La esposa de Villavicencio, Verónica Sarauz, regresó de Estados Unidos después del crimen. Los cónyuges se habían separado años atrás. Sarauz denunció que el Gobierno no había protegido debidamente a su marido (lo subieron a un coche no blindado y sin chofer), pero cargó la responsabilidad sin pruebas a sus enemigos políticos. Cuando le preguntaron quién estaría detrás del asesinato, afirmó: “Lo voy a decir muy claro, el correísmo”, añadiendo que “el correísmo tiene vínculos con las bandas delictivas de este país”. Además, dio un nuevo giro a la supuesta influencia de Colombia, acusando a la senadora Piedad Córdoba del Pacto Histórico: “Piedad Córdoba dijo a mi esposo que lo iba a desaparecer”. En cambio, exoneró al presidente Lasso de este modo: “El Gobierno de Lasso es débil y tiene muchas falencias, pero no se me pasa por la cabeza decir que es asesino”.

El ex presidente Rafael Correa, tras lamentar la muerte de su contrincante político, respondió a esas declaraciones en una entrevista a la emisora Caracol. Aseguró que a Villavicencio le tendieron una trampa, y declaró: “Para resolver un crimen, la primera pregunta es a quién beneficia el crimen. Y beneficia a la derecha, para desesperadamente perjudicarnos y lograr una segunda vuelta electoral”.

La investigación judicial sobre la muerte de Villavicencio tiene mucho recorrido por delante y aventurarse al respecto sería prematuro

Sobre la escalada violenta que atraviesa Ecuador desde el final de su mandato presidencial en 2017, Correa afirmó: “No he visto en la historia contemporánea una destrucción tan rápida y profunda en época de paz. (…) Pero en seis años, ha pasado de ser el segundo país más seguro de América Latina, con 5,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, a ser uno de los países más violentos del mundo, con 25,3 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. Y la tendencia se acelera este año, y eso nos colocará entre los 15 países más violentos del mundo.”

Correa ahonda en las causas de esta violencia desbordada: “¿Y por qué lo destrozaron todo? Por el odio político. Lo que está pasando hoy en Ecuador no es fruto del azar; es fruto del odio, la ineptitud y la codicia de aquellos que nos sucedieron en el poder”.

La investigación judicial sobre la muerte de Villavicencio tiene mucho recorrido por delante y aventurarse al respecto sería prematuro. No se deben sacar conclusiones anticipadas de quiénes fueron los inductores o responsables intelectuales del crimen. El propio presidente Guillermo Lasso lo definió como un “crimen político” y afirmó: “Y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. No es una coincidencia que este hecho condenable se produzca a los pocos días de la primera vuelta presidencial”.

Hay algunas coincidencias con el asesinato del presidente de Haití en julio de 2021 por parte de comandos colombianos, ya que la mayoría de los sicarios apresados y el que presuntamente disparó contra el candidato son jóvenes de nacionalidad colombiana, algunos con antecedentes criminales. Sin embargo, se sabe que también habrían participado cuatro ecuatorianos, sin que hasta ahora se los haya identificado. Y según la esposa de Villavicencio, los sicarios tuvieron contacto al menos con tres políticos de Ecuador.

En la información que ofreció el Gobierno ecuatoriano sobre los detenidos colombianos, indicaba que estos formaban parte de una organización ilegal pero no llegó a identificarla. Pasada la primera semana, no hubo más información al respecto. Esto confirmaría la hipótesis de que el grupo de sicarios colombianos, que ya residían en Ecuador, fue contratado por intermediarios ecuatorianos y no por narcotraficantes. ¿Al servicio de quién? Esa pregunta permanecerá cierto tiempo sin tener respuesta, pero como bien dice el opositor Rafael Correa, la primera pregunta que uno debe hacerse ante un crimen político es a quién beneficia (y a quién no).

*Publicado originalmente en El Salto

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Por Eduardo Giordano

El gobierno de Gustavo Petro ha dado pasos importantes en las negociaciones de paz con las guerrillas del ELN y los grupos disidentes de las FARC-EP que quedaron fuera del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Sin embargo, el haber priorizado el objetivo de alcanzar la Paz Total con estas y otras organizaciones violentas ha relegado a un segundo plano la exigencia, tanto o más apremiante, de garantizar la seguridad de los ex combatientes firmantes del acuerdo y reincorporados a la vida civil. Consciente de ello, el presidente Petro se implicó personalmente en revertir la situación en los últimos meses, acercándose a espacios de reincorporados que sufren hostigamiento de las disidencias de las FARC para escuchar sus reclamos y articular respuestas.

El marco jurídico impulsado por el gobierno Petro, la llamada Ley de la Paz Total (Ley 2272, de noviembre de 2022), define la paz como una política de Estado prioritaria y transversal. Por una parte, esta ley habilita al gobierno para mantener conversaciones de paz y llegar a nuevos acuerdos con las guerrillas, y acercamientos a los grupos paramilitares “con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento”. Pero además, la ley de Paz Total presupone que el actual gobierno cumplirá con las obligaciones que contrajo el Estado al firmar el Acuerdo final de Paz en La Habana, un compromiso asumido además personalmente por el presidente Petro. Entre estas obligaciones, no es menor la de proteger la vida de los firmantes que dejaron las armas y la de sus familias, así como la de proveerles tierras donde establecerse de forma definitiva.

El Acuerdo de Paz estableció la conformación, primero, de las llamadas Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), que después se convirtieron en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), también de carácter transitorio (inicialmente por dos años) y que ahora llevan una ‘A’ delante para significar Antiguos Espacios Territoriales (AETCR). La mayor parte de los ex combatientes reincorporados tras la firma del acuerdo de paz viven en estos espacios territoriales, administrados por la Agencia gubernamental para la Reincorporación y Normalización (ARN). Asentados en terrenos cedidos temporalmente por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), son lugares de formación y desempeño laboral, además de un ámbito de socialización de los firmantes de la paz con el territorio.

Según lo ha documentado Indepaz, desde la firma del acuerdo de la Habana, en noviembre de 2016, se produjeron 353 asesinatos de ex-guerrilleros firmantes hasta el 31 de marzo de 2023

En total existen 24 antiguos ETCR que dependen directamente de la ARN. En la página web de esta entidad se informa que aunque la figura jurídica de los espacios territoriales era transitoria, “el Gobierno Nacional —más allá de lo establecido en los Acuerdos de Paz— tomó la determinación de avanzar hacia una figura permanente” en las 24 zonas “con el objeto de finalizar esta etapa y brindar soluciones permanentes a los excombatientes que decidieron permanecer en la legalidad”. Para cumplir este objetivo “diseñó una ruta de trabajo orientada a la adquisición de predios para la reincorporación, a fin de generar arraigo socioeconómico por medio del acceso a la tierra, la vivienda y proyectos productivos”.

Este es un aspecto fundamental de la implementación del Acuerdo de Paz. El otro problema crucial que afronta el gobierno de Petro es garantizar la seguridad y cuidar la vida de los ex combatientes. Según lo ha documentado Indepaz, desde la firma del acuerdo, en noviembre de 2016, se produjeron 353 asesinatos de firmantes hasta el 31 de marzo de 2023. Aunque la tendencia sea descendente tras la victoria electoral del Pacto Histórico, el problema persiste y requiere una solución global.

Firmantes atrapados en la confrontación entre guerrillas

Uno de los espacios que habitan los firmantes de la paz, el AETCR Mariana Páez localizado en Mesetas, departamento del Meta, sufrió a mediados de marzo de 2023 el hostigamiento (y un intento de desplazamiento forzado) por parte de las guerrillas disidentes del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, precisamente cuando esta organización quedaba habilitada como interlocutor político para emprender negociaciones de paz con el gobierno. Las declaraciones desafortunadas del Alto Comisionado Danilo Rueda, según las cuales el desplazamiento de los ex combatientes habría sido voluntario, no ayudaron inicialmente a calmar los ánimos.

El hecho desencadenó una llamada de atención al gobierno de Rodrigo Londoño (Timochenko), el ex comandante guerrillero y negociador de las extintas FARC que lidera el partido Comunes, integrante del Pacto Histórico. La respuesta inmediata del presidente Gustavo Petro fue convocarlo a un encuentro para analizar la situación. Después de esa entrevista, Londoño redefinió así la situación: “El Presidente Petro ha tenido que hacer frente a la violencia, que se creció al lado de los enemigos de la paz. Esa es la herencia que dejó Duque en materia de seguridad. Mi confianza plena en el gobierno del Presidente Petro y sus esfuerzos por alcanzar la paz de Colombia.”

Los disidentes del EMC emitieron por su parte un comunicado el 24 de marzo en el cual se indica que “en aras del ambiente de cumplimiento del Gobierno Nacional y del Fiscal general para facilitar la reunión de mandos”, se informa al presidente y al Alto Comisionado para la Paz “que no atentaremos contra la vida e integridad de los firmantes de Mesetas y sus familias, su permanencia en la vereda no será cuestionada por nuestra organización“. No obstante, los dirigentes de esta organización guerrillera admiten haber amenazado a los firmantes de la paz: ”Fue una exigencia que les hicimos por su dudoso comportamiento”. En otro comunicado más extenso, emitido dos días antes por esas mismas disidencias, el EMC afirma: “Los sucesos originados por el pedido a los ex combatientes de abandonar la región obedecen a los coletazos de la confrontación que sostenemos con la Segunda Marquetalia. En reunión sostenida con sus delegados se les pidió apartarse y no tomar partido en el conflicto”.

Es decir que los ex combatientes reincorporados quedaron atrapados en el enfrentamiento entre las dos principales disidencias de las FARC. Para complejizar más el cuadro, el comunicado del EMC afirma que los reincorporados también habrían estado “ayudando al ELN a entrar en la zona”, y alude a una “irracional confrontación impuesta a los frentes de la FARC-EP en Arauca, por parte del Frente de Guerra Oriental del ELN”. Estos enfrentamientos constantes entre las diferentes guerrillas dejan a los reincorporados como rehenes de la lucha por el territorio entre las distintas fuerzas militares.

Algunos días más tarde, el 29 de marzo, Petro viajó al escenario de conflicto y dialogó personalmente con los miembros del AETCR amenazados y que ya estaban a punto de desplazarse a la ciudad de Villavicencio. El presidente trató el caso como una verdadera emergencia humanitaria. En su alocución trazó las líneas de su política para preservar la vida y la integración social de los firmantes del Acuerdo de Paz. Puso énfasis en el fracaso del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones rubricadas en el acuerdo, y sobre todo en el incumplimiento del primer punto, referido a la reforma rural integral, que comporta la exigencia de transferir la propiedad de tres millones de hectáreas de tierras productivas a campesinos y ex guerrilleros reincorporados a la vida civil. El fracaso del Estado, y en particular del gobierno de Iván Duque, que en seis años entregó menos del 1 % de la cantidad acordada, mantiene a los firmantes sobreviviendo precariamente en espacios transitorios en los que no pueden construir mucho más que sus viviendas prefabricadas porque la tierra que ocupan es de propiedad estatal.

Los enfrentamientos constantes entre las diferentes guerrillas dejan a los reincorporados como rehenes de la lucha por el territorio entre las distintas fuerzas militares

En el caso de los firmantes de este AETCR, el presidente se comprometió a brindar a las cerca de 200 familias desplazadas un total de 1.400 hectáreas de tierra fértil, en un plazo de tres meses. El proceso concluirá con la titulación de las tierras a nombre de los firmantes beneficiarios de esta medida, que dejarán así de sobrevivir precariamente en espacios arrendados.

La otra cuestión crucial es la seguridad de estas personas que tienen formación militar pero han dejado las armas. ”La garantía de la vida tiene que ver con que nosotros controlamos el territorio“, dijo Petro. No se trata de poner diez militares a proteger a la comunidad de firmantes, sino de que la presencia de la fuerza pública y de otras instituciones estatales se multiplique por toda la región como garantía de estabilidad territorial.

​La Fila, ¿un espacio de reincorporación exitoso?

En la vereda La Fila del municipio de Icononzo, Tolima, se encuentra el espacio de reincorporación más cercano a Bogotá, situado a una distancia de 114 km. No obstante su proximidad a la capital, ubicado en el mismo límite del departamento limítrofe del Tolima, para llegar hasta allí es preciso circular por carreteras en obras, cuestas muy empinadas y caminos terciarios en pésimo estado. El trayecto puede durar entre cuatro y siete horas, dependiendo del estado de los rutas. Paradójicamente, a pesar de estas dificultades de comunicación, la salida al mercado de una parte de la producción de esa comunidad ex fariana, tanto agrícola como de su incipiente industria artesanal, tiene como destino principal Bogotá.

En la vereda La Fila viven 200 ex guerrilleros de las FARC-EP reincorporados con sus respectivas familias. Su economía depende del trabajo individual en sus parcelas y, opcionalmente, de la organización en forma de cooperativas. Entre estas destaca la fábrica de cerveza La Roja que, desde una modesta producción artesanal, consiguió llegar en pequeña escala a algunos locales bogotanos y tuvo tanto éxito que acabó trasladando su fábrica a la capital.

El trayecto para llegar a La Fila es muy accidentado, con socavones inundables en varios tramos con caminos de tierra. Los errores de señalización dificultan aún más el acceso. Las señales indican las vías más cortas, pero sin advertir que una parte del trayecto puede resultar intransitable. Demoramos unas seis horas en llegar, a la ida, por el camino más corto, y cerca de siete horas a la vuelta, por el camino en mejor estado y que nos recomendaron, debido al tremendo trancón [atasco] que empezó mucho antes de Soacha hasta llegar a Bogotá.

Estas dificultades no son un caso aislado. El mal estado de las vías es un problema que afecta a la totalidad de los territorios rurales de Colombia y es un factor determinante de que muchos campesinos no consideren la posibilidad de sustituir las plantaciones de coca por otros cultivos al no disponer de mecanismos de transporte hacia los principales mercados.

Mientras recorremos el pequeño territorio asignado al ETCR La Fila, Jesús David Albino nos cuenta que estamos atravesando una comuna llamada Brisas de Paz. Explica que en cada comuna o barrio existen varias cooperativas con emprendimientos productivos autónomos. “Cada cooperativa tiene su línea productiva. Hay una cooperativa agropecuaria, hay una asociación de mujeres que está manejando otro proyecto, cada asociación se organiza y tiene un proyecto”. Nos acercamos a un taller textil especializado en determinadas prendas, por ejemplo morrales, y después fuimos hasta el lugar que dio origen a la mítica marca de cerveza artesanal La Roja, que, dada su gran aceptación y las dificultades de transporte para abastecer a la capital, trasladó su fabricación a Bogotá. No obstante, la mayoría de los socios de la cooperativa que gestiona La Roja siguen viviendo en el ETCR La Fila.

Jesús es el presidente de la cooperativa Emprenpaz (Cooperativa multiactiva de servicios Emprendamos Paz), que incluye el hostal Bello Amanecer donde nos alojamos —tan limpio como rudimentario, aunque en proceso de modernización—, los billares, un servicio de comida rápida y el restaurante, que por ahora está cerrado por falta de personas que lo atiendan. Si no se suman socios de la cooperativa, será preciso contratar personal externo para poder reabrir el restaurante, incluso aunque no sean ex guerrilleros reincorporados. La cooperativa Emprenpaz contó con apoyo técnico del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en los emprendimientos turísticos comunitarios que ha ido desarrollando.

“¿Quién nos va a garantizar que acá no hay presencia de grupos armados, aparte del ejército y la policía? Aquí también entra mucha gente de noche, la entrada es libre.”

El tema de la seguridad no es un problema perceptible en el ambiente, aunque en la charla aparece como reflejo de la vida política colombiana. Jesús David fue amenazado dos veces con pintadas de las AUC en el frente de su vivienda. Otras personas del AETCR La Fila y su entorno también recibieron amenazas directas o indirectas, pero la violencia no llegó hasta la agresión física. Pero también me consta el caso de otro ex combatiente que permaneció con su familia en el entorno de La Fila y acabó refugiado en el exterior después de haber recibido amenazas muy directas (tirotearon el frente de su casa y mataron a sus perros). “Acá, por lo que dicen, no hay presencia de grupos armados”, dice Jesús. ”Pero ¿quién nos va a garantizar que acá no hay presencia de grupos armados, aparte del ejército y la policía? Aquí también entra mucha gente de noche, la entrada es libre.“

En cualquier caso, este espacio afortunadamente no ha tenido que lamentar recientes víctimas mortales de la violencia política contra los firmantes que lo habitan, a diferencia de las zonas que ocupan otros ex combatientes de las FARC que fueron asesinados tras dejar las armas.

Jesús nos hace de guía en el trayecto a través de La Fila. Nos explica la disposición de los proyectos productivos en el espacio territorial mientras transitamos hacia la vivienda de Johan David, director del AETCR elegido por los ex combatientes en votación anual en asamblea.

Johan David Machado ejerce un cargo que equivaldría a la presidencia de una Junta de Acción Comunal de una vereda. Se trata del “representante de los reincorporados de un espacio territorial”, una función que se define en asamblea, donde los reincorporados eligen una junta directiva encabezada por el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y fiscal. Pero además, “como hay cinco barrios, también se fortalecen los demás liderazgos que hay en el espacio territorial, por ejemplo de los proyectos productivos”, y de “otros compañeros que son enlaces de la JEP (Justicia Especial para la Paz), o del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), o compañeros de empresas de seguridad…”

La organización es rigurosa y nada queda librado al azar. “En cada barrio hay un encargado de cada sector. También hay un ecónomo general, y un ecónomo de cada barrio para la distribución de los alimentos y el abastecimiento. Así es la estructura orgánica dentro de un espacio territorial, y ahí se configuran los planes de trabajo que hay que hacer”.

No todos los reincorporados que pasaron por La Fila siguen allí. Inicialmente eran más de 300 los ex guerrilleros firmantes de la paz que se asentaron aquí, de los cuales permanecen 197 firmantes con sus respectivas familias. Johan David nos aclara que en realidad no todos los que están ahora pertenecieron al grupo inicial: “algunos se fueron, pero también llegaron otros”, aclara. Como se trata de un alojamiento temporal, se les asignaron casas de fibrocemento previstas para una duración de dos años. El espacio es muy reducido para una familia con hijos y los baños se construyen por separado en el exterior. Los ex combatientes proceden en este caso del antiguo frente urbano Antonio Nariño y de otros frentes del Bloque Oriental de las extintas FARC.

Johan David es el antiguo nombre de guerra de este ex jefe guerrillero, que lo ha adoptado ahora como su nombre legal. En un primer contacto al llegar a su casa prima su calidad de padre: nos recibe en la puerta con un bebé en brazos. Es su hijo menor. Muchas parejas constituidas por ex guerrilleros se volcaron de lleno, tras la firma de la paz, a engendrar la descendencia que no pudieron tener en el monte, de modo que se ven mujeres embarazadas y bebés en una proporción tal vez mayor a la de la población general. Actualmente viven allí 130 niños.

Al preguntarle uno de mis acompañantes cuál sería la diferencia entre los términos reincorporado y reinsertado, lo explica de una forma muy didáctica: “La palabra reinsertado viene de cuando se desmovilizaron las AUC (paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia) con el presidente Álvaro Uribe. Ese fue un programa de reinserción: se desmovilizaban, pero sin tener ningún ámbito político; nada más que entregar lo que tienen, contar lo que saben, y ese proyecto muere. A eso se le llama reinserción. Cuando se habla de reincorporados, según el Acuerdo de Paz, nosotros entregamos las armas pero quedamos como partícipes en el gobierno, a través de unos cupos políticos: cinco firmantes al Senado y cinco a la Cámara, en total diez representantes. Entonces es un tema más político”.

Los ex guerrilleros firmantes del acuerdo de paz reciben una paga equivalente al 90 % de un salario mínimo (unos 200 euros al cambio), más las remesas de alimentos administradas de manera colectiva

Los ex guerrilleros firmantes del acuerdo de paz reciben una paga equivalente al 90 % de un salario mínimo (unos 200 euros al cambio), más las remesas de alimentos administradas de manera colectiva. Esto asegura un mínimo de estabilidad a los reincorporados, que sin embargo acusan problemas como la estrechez de sus viviendas, mucho más palpable a medida que aumentan los miembros de las familias, la falta de una escuela en el mismo poblado (no hay ni siquiera terreno suficiente donde poder construirla) y el horario restringido del servicio de guardería infantil, que dificulta a las familias cumplir con los turnos normales de trabajo.

En suma, un asentamiento que iba a ser temporal, por dos años, se fue convirtiendo en residencia permanente de los ex combatientes. Y no hubo ninguna planificación durante el gobierno de Duque, ni voluntad política, como para asignarles un territorio con características más idóneas para la supervivencia a medio y largo plazo de los reincorporados.

Johan David resalta que la situación en otros AETCR es bastante más difícil que la de La Fila: ”No podemos comparar con otros espacios como por ejemplo el de Mesetas, o el del Norte de Santander, porque allí hay una cuestión de seguridad muy compleja… Este ha sido uno de los más calmados, así que es frecuente que lleguen aquí, que está más cerca de la capital, y de ahí salir para otro lado.“

En su relato se vislumbra cierto optimismo con la situación política actual, después de la parálisis y el retroceso durante el gobierno de Iván Duque. Nada se hizo para mejorar la red de vías terciarias, que en las regiones más castigadas por la violencia y la economía ilícita están mayoritariamente en mal estado (un 77,5 % en las áreas que por su vulnerabilidad cuentan con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET). El sur del Tolima está entre esas áreas, pero no la región de este emplazamiento, por lo cual los arreglos de las vías no tienen ese carácter prioritario.

Si el gobierno anterior no incidió en la adquisición de las tierras con arreglo al Acuerdo de Paz, ni apostó por el desarrolló de una red de vías terciarias que permitiese la interacción entre los nuevos actores económicos y los centros urbanos de consumo y distribución, tampoco permitió mejorar la percepción social respecto de los ex combatientes. “Durante el gobierno de Duque no se hizo pedagogía del acuerdo de paz, ni se nos dejó hacerla”.

“Los espacios territoriales eran transitorios por dos años, y ya llevamos seis años. Ahora la figura que se busca es que sean unos centros poblados, para poder tener vinculación de la comunidad con la sociedad en conjunto”, explica Johan David. “No se ha cumplido lo pactado porque hay unos proyectos que llevan seis años, y no se han comprado las tierras, estamos con las tierras en arriendo. Es el caso de algunos proyectos colectivos, y eso ni hablar de los individuales. Aquí ya hay nuevas formas asociativas colectivas, pero no tienen tierra.“

Más tarde, en una segunda charla que mantuvimos por la noche con Jesús, advierto que esa estructura básica de la que hablamos se ha ido ampliando en los territorios para dar cabida a más proyectos de reincorporados. Me cuenta que en Tolima hay 13 nuevas áreas de reincorporación (NAR), que en su mayor parte dependen de los espacios de la vereda de El Oso y de este espacio [La Fila], cuyo nombre ellos quieren cambiar por el de “centro poblado Antonio Nariño”. Un ejemplo de NAR es el grupo asentado en la cercana localidad de Dolores: “Allá hay una nueva área de reincorporación, hay 30 reincorporados; hay algunos de aquí, que son de este espacio y que se fueron para allá, y que siguen con sus proyectos colectivos”.

El acceso a la tierra

Definir la modalidad de adquisición y reparto de tierras es una prioridad del gobierno de Gustavo Petro. Johan David nos recuerda que en los primeros meses de 2023 el gobierno hizo entrega de varios terrenos confiscados a paramilitares que estaban bajo custodia de la SAE. Por ejemplo, Petro entregó 170 hectáreas a 19 mujeres en Montería que, según señala nuestro interlocutor, eran tierras incautadas por el Estado que habían sido usurpadas por el ex paramilitar Salvatore Mancuso. Y también entregó otros títulos de tierras a una asociación de mujeres en Tumaco, Nariño, y en el Huila. “Hay que identificar en manos de quién está la tierra para poder distribuirla”, asegura Johan David, mientras nos recuerda que la patronal de las fincas ganaderas, Fedegan, ha tenido una historia vinculada al paramilitarismo y que negociar con ellos tampoco es muy fácil.

Más allá de la necesidad de redistribuir la tierra, se plantea también la de cambiar el modelo productivo de la ganadería en Colombia: “Hoy en día una vaca vive más sabrosa en una hectárea de tierra que una familia campesina. Entonces en una hectárea usted podría tener 15 o 20 animales”, sustituyendo la ganadería extensiva por ganadería intensiva”.

“Nosotros tenemos un proyecto colectivo de ganadería doble propósito, con ganado girolando y también jersey. Ahí somos 17 personas”. Se trata de dos razas eminentemente lecheras, de tal forma que se busca satisfacer el autoabastecimiento de productos lácteos. Johan es el presidente de esta asociación y nos cuenta que el proyecto fue presentado hace seis años, pero recién en los últimos meses: el nuevo gobierno negoció con el dueño del predio y se les concedió la tierra para poner en marcha la explotación. El proyecto ya está en funcionamiento, después del atasco burocrático que sufrió durante todos estos años. El gobierno de Iván Duque les había mandado en junio de 2018 altos funcionarios que se comprometieron a comprar los terrenos en un año, pero eso nunca llegó a concretarse. “Y cuando llega el actual presidente, junto con el equipo, con el gabinete que le corresponde para hacer el trabajo, pues se da la compra en menos de tres o cuatro meses”.

Le pregunto a Johan David si considera que el gobierno de Petro está tomando las medidas necesarias para proteger la vida de los ex combatientes. “Yo creo que para poder llegar al poder tuvo que entregar algunos ministerios a otros partidos… [Esta conversación se produjo el 7 de abril, antes de la última reestructuración del gabinete] Petro está en medio de varios grupos y hacer la negociación es tan complejo…, y habrá algunos grupos armados que nunca se van a acoger a la paz total. Eso dificulta un poco el avance”. Pero a la vez, está comprometido con los ex combatientes: “Yo estuve hace poco en Mesetas, me invitaron allá [a la reunión con Petro] con todos los líderes de los espacios territoriales. Y es un antecedente de cómo entiende la paz total. Allá hay varios grupos armados disputándose el territorio: cuando en un ETCR los firmantes son amenazados por un grupo, y les toca obligatoriamente desplazarse hacia otro sitio, ahí se llega a la concertación de la compra de un predio (o de la entrega, porque en este caso el predio es del Estado). La solución fue moverse de allá; pero, además, el espacio que queda será una granja agrícola gestionada por los campesinos del territorio”. Se evita así que el espacio quede abandonado y acabe en manos de quienes los expulsaron.

“Hay que buscar tierras fértiles para que los ex combatientes se involucren con las comunidades, para trabajar en pro del desarrollo de la comunidad”

La dotación de tierras fértiles en propiedad colectiva o individual es el primer tema clave para activar los emprendimientos productivos de los firmantes de paz: “Hay que buscar tierras fértiles para que los ex combatientes se involucren con las comunidades, para trabajar en pro del desarrollo de la comunidad”. Otra cuestión no menos relevante, que los afecta tanto como a los demás campesinos colombianos, es la carencia de una red vial que les permita transportar sus productos a los centros de consumo a un costo razonable. Johan David afirma que el presupuesto municipal de Icononzo es insuficiente para las 32 veredas que lo integran, con cuatro vías principales que tienen fallas geológicas. “Aunque la Administración tenga toda la voluntad de mantenerlas arregladas, no hay una cooperación por parte del gobernador. Ahí están las puyas políticas que bloquean el desarrollo de las vías. Si un alcalde es de una corriente pero no es amigo del gobernador, no tiene la maquinaria. O si no le va muy bien con el comité de carreteras, tampoco tendrá recursos para arreglar las vías. Independientemente de los colores políticos, que son los que no dejan avanzar en el arreglo de las vías, la propuesta que haría es que se unifiquen criterios en todas las entidades y puedan trabajar en todo el entorno más afectado, pero también priorizar algunas zonas”.

Muchos alcaldes eluden su obligación de mantener en condiciones la red vial y les piden que pongan ellos el trabajo, porque son los que utilizan las vías. Y muchos de esos caminos deficientes, curiosamente, aparecen en algunos planos como si estuvieran pavimentados. “Eso obedece a que no hay un control social, ni un control presupuestario en temas de infraestructura“.

Con todo, el problema del acceso a la tierra no está completamente encaminado a una pronta resolución en los términos que establece el Acuerdo de Paz. Este es un objetivo esencial del Plan Nacional de Desarrollo (PND), pero aún no se han dotado los recursos suficientes para poder cumplirlo. En una sesión de debate de control político en el Senado sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz convocada el 18 de abril de 2023, intervino Camilo González, presidente de Indepaz, formulando “algunas observaciones sobre el déficit que deja el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo en materia de tierras”. El PND 2022-2026, aprobado el 5 de mayo por ambas cámaras del Congreso, anticipa en 2,9 millones de hectáreas los terrenos “que se estima entregar a los campesinos”. Si bien uno de los grandes objetivos del PND es la Reforma Rural Integral (RRI) para dar cumplimiento al Acuerdo de Paz y disponer de tierras para pueblos étnicos, campesinos y firmantes reincorporados, Camilo González objeta que con la asignación prevista de los recursos de la RRI en el PND (un total de 50 billones de pesos), la compra de tierras quedaría “completamente desfinanciada”. Apoyándose en cifras oficiales, añade que “la mitad del total asignado a la RRI se destina a la educación rural y no aparecen los recursos para cumplir la meta de entregar materialmente tres millones de hectáreas a los campesinos y pueblos étnicos sin tierra”.

Hay algunas matizaciones al respecto, como el hecho de que “con la tierra disponible en manos del Estado y compra de nuevos predios, en el mejor de los casos se podría llegar al 30 % de la meta ideal del cuatrienio” (1,5 millones de hectáreas, ya que el plazo final es 2030). Además, según la Unidad de Restitución de Tierras, sobre un total de 12 millones de hectáreas despojadas a sus antiguos propietarios, hay “identificados procesos de restitución a pueblos étnicos por más de 6 millones de hectáreas y cerca de 2 millones de hectáreas a campesinos pobres”. El PND incluye un canal administrativo para agilizar estos procesos.

En términos generales, la cantidad de tierra necesaria para atender las necesidades de ex combatientes es una pequeña porción del total incluido en el Acuerdo de Paz de 2016 para la totalidad de los campesinos sin tierra. La asignación de recursos a 13.000 firmantes de la paz podría ser más rápida que la obtención de todas las tierras que prevé el Acuerdo.

La cantidad de tierra necesaria para atender las necesidades de ex combatientes es una pequeña porción del total incluido en el Acuerdo de Paz de 2016 para la totalidad de los campesinos sin tierra

Participación política de los Comunes

El Partido Comunes, del que el AETCR La Fila es epicentro local, fue la tercera fuerza más votada para la alcaldía de Icononzo (tras el partido de la U y el partido Liberal) y cuenta con un representante en el Consejo municipal. Esta presencia local se suma a la que tiene el partido de las extintas FARC a nivel nacional: el Acuerdo de Paz les garantizó el nombramiento, durante dos legislaturas, de cinco miembros a la Cámara de Representantes y otros cinco en el Senado, aunque sus candidatos no obtuvieran los votos suficientes.

Desde la firma del Acuerdo de Paz, la participación política de los firmantes se ve afectada por la violencia sistemática que los convierte en víctimas de sus enemigos. Un informe del representante del Secretario General de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, fechado en enero de 2022 y que hace referencia a las elecciones de ese año, señala: “Como votantes, miembros de un partido, titulares de cargos locales o miembros del Congreso, los hombres y mujeres que dejaron las armas son ahora participantes activos de la democracia colombiana” y requiere que garantice los derechos políticos y la protección de los ex combatientes, “especialmente a la luz de la inseguridad y la estigmatización persistentes”.

Entre las sugerencias para reducir la exposición de los ex combatientes a su asesinato por causas políticas, el representante de la ONU afirmó que era necesario “asegurar las zonas afectadas por el conflicto, donde los actores armados ilegales siguen aprovechando la limitada presencia del Estado en algunas partes del país”. El gobierno del Pacto Histórico tiene actualmente el desafío de reconducir la situación para garantizar la participación política de los ex combatientes con el menor riesgo posible.

Detener el exterminio de ex combatientes y líderes sociales

Durante los primeros seis meses de 2023 fueron asesinados 17 ex combatientes acogidos al proceso de paz residentes en 11 departamentos colombianos, según indica Indepaz en su último informe, mientras que corrieron la misma suerte 78 líderes sociales y defensoras de derechos humanos (con corte al 19/06/2023). La cifra de ex guerrilleros asesinados descendió casi a la mitad con respecto a la media de la presidencia de Iván Duque, ya que en sus cuatro años de gobierno se registraron más de 250 asesinatos de firmantes de la paz. Sin embargo, ese descenso general de la violencia política puede ser temporal, característico de un período de reacomodamiento a la nueva situación política.

Las pistas que ofrecen los medios de comunicación sobre la autoría (supuesta) de estos crímenes son siempre sospechosas, como cuando aseguran: “Los principales responsables de haber acabado con la vida de la víctima son los integrantes de la Estructura Carlos Patiño Frente Diomer Martínez de la Segunda Marquetalia y Frente José María Becerra del ELN, los cuales tienen amplia presencia en ese sector del país”. Se insinúa así que estas guerrillas actúan de común acuerdo contra los ex guerrilleros reincorporados, algo completamente falso, aunque de forma individual sí pueden ser los responsables de tales asesinatos.

A lo largo de estos años, la mayor parte de las bajas de ex combatientes se producen en las mismas regiones en las que hay un mayor número de líderes sociales asesinados, principalmente en los departamentos del Cauca, Nariño y Antioquia

Es posible que muchos de estos asesinatos se produzcan por su misma condición de líderes sociales en el territorio más que por su anterior pertenencia a la guerrilla. A lo largo de estos años, la mayor parte de las bajas de ex combatientes se producen en las mismas regiones en las que hay un mayor número de líderes sociales asesinados, principalmente en los departamentos del Cauca, Nariño y Antioquia (638 líderes sociales y 138 firmantes de la paz), según los datos de Indepaz para el período que va de noviembre de 2016 a marzo de 2023.

Al final de nuestra entrevista en La Fila, Johan David me dijo: “No es un secreto para nadie: cuando uno hace el tránsito a la vida civil, obviamente en el reconocimiento de la verdad y al aportar a la JEP para alcanzar la paz, hay unos lineamientos según los cuales uno debe responder como compareciente…” Quedó en puntos suspensivos la evidencia de que esas declaraciones suelen despertar la ira de los enemigos a los que el ex combatiente pudo haber denunciado ante la JEP.

Johan relata el caso de un compañero asesinado por el Ejército con evidente ensañamiento, y argumenta que “la gran mayoría fueron asesinados por la fuerza pública”. Pero en seguida añade: “Y hay que decir que algún ex combatiente no tenía en mente la verdadera reincorporación, o era muy difícil dar el paso…, porque obviamente uno hizo retenciones [secuestros] o participó en algún evento por el que, de una u otra forma, resulta muy fácil reconocerles: se presentan en un sitio, por ejemplo, como el Cauca, y saben que no pueden ir allá porque ya los conocen, saben el prontuario; es decir, hay de parte y parte”.

Johan añade que también hay casos de ex combatientes asesinados por estructuras descontroladas del ELN en la disputa por el territorio y por grupos paramilitares. Cuando le pregunto por qué el ELN tendría interés en perseguirlos a ellos, aclara: “No se alinean a un solo comandante, los distintos grupos pueden hacer su trabajo por otro lado. O sea, son estructuras que no obedecen orientaciones de un comando centralizado. Y estos grupos terminan haciendo algunas alianzas o compromisos con paramilitares, hasta con la fuerza pública, y son los que más daño pueden hacer”.

Esta charla fue anterior al acuerdo bilateral de alto el fuego por seis meses acordado entre el gobierno Petro y el ELN en Cuba, en junio de 2023, por el cual esta organización guerrillera se comprometió a silenciar las armas en todo el territorio nacional. El principal objetivo del cese es facilitar la participación de la población en las conversaciones de paz.

*Nota originalmente publicada en El Salto

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Por Eduardo Giordano* | Foto AFP

Los poderosos sectores que se oponen a las políticas de cambio del Pacto Histórico en Colombia han puesto en marcha una maniobra destituyente del presidente Gustavo Petro, tal como él mismo lo denunció en las marchas convocadas el 7 de junio en apoyo de sus reformas sociales. Petro comparó esa maniobra conjunta de la oposición derechista, los principales medios de comunicación e instancias judiciales con la encerrona tendida al presidente peruano Pedro Castillo por el Congreso para destituirlo y apresarlo. 

El mismo día, en una carta firmada por cerca de 400 líderes políticos e intelectuales de todo el mundo, se denunció que en Colombia se está incubando un “golpe blando” para derrocar al presidente Gustavo Petro. La carta fue suscrita por muchas figuras de renombre internacional del campo de progresista: Noam Chomsky, Adolfo Pérez Esquivel, Jean-Luc Mélenchon, Jeremy Corbyn, José Luis Rodríguez Zapatero, Baltazar Garzón, Ada Colau y muchos otros políticos de izquierda, intelectuales y defensores de derechos humanos.

En una carta firmada por cerca de 400 líderes políticos e intelectuales de todo el mundo, se denunció que en Colombia se está incubando un “golpe blando” para derrocar al presidente Gustavo Petro.

“Los poderes tradicionales del país están desplegando el poder institucional combinado de las agencias reguladoras, los conglomerados de medios y el poder judicial para detener sus reformas, intimidar a sus partidarios, derrocar a su liderazgo y difamar su imagen en el escenario internacional”, dice la misiva impulsada por la Internacional Progresista.

Mientras tanto, el escándalo propiciado por los medios de mayor difusión, controlados por conglomerados de empresas vinculados políticamente a la derecha, eclipsa noticias tan importantes como la firma del cese al fuego con el ELN en Cuba, rubricada personalmente por el presidente Petro y el máximo jefe de esa guerrilla, Antonio García, o el debate en el Congreso de las reformas políticas que propone el gobierno. Así mismo, la intensa campaña de desprestigio que alientan los principales medios eclipsa la información sobre las tremendas acusaciones que formuló el ex paramilitar Salvatore Mancuso ante la Justicia Especial para Paz (JEP), que involucran a militares, policías, políticos y empresarios en la financiación de las organizaciones narcoparamilitares. 

El detonante de esta nueva ofensiva mediática y judicial fue la ruptura con el presidente Gustavo Petro de una persona de su entorno político más próximo, Armando Benedetti, jefe de campaña electoral del Pacto Histórico y embajador en Venezuela. Una serie de audios filtrados a la periodista Vicky Dávila, directora de la revista Semana, fueron publicados con el fin de comprometer a otra persona muy cercana al presidente, su jefa de gabinete Laura Sarabia.  El mismo medio de comunicación se ocupó previamente de crear un entorno dramático sobre el cual proyectar su relato orientando la interpretación de los hechos: una niñera “secuestrada” por la jefa de gabinete para hacerle una prueba de polígrafo y detectar así su culpabilidad en un robo; un viejo amigo que le abrió las puertas a los círculos políticos, Armando Benedetti, le recomienda a esa niñera a pesar de haber sido él mismo víctima de un robo similar y de haberle hecho también la prueba del polígrafo, y otros detalles similares en clave de telenovela.

El escándalo propiciado por los medios de mayor difusión, controlados por conglomerados de empresas vinculados políticamente a la derecha, eclipsa noticias tan importantes como la firma del cese al fuego con el ELN en Cuba.

En los audios filtrados a Semana, Benedetti se despacha exaltado, entre gritos y sollozos, entre el agravio y la autocompasión. Frustrado en sus expectativas de ocupar un cargo relevante —esperaba ser ministro de Exteriores o del Interior, y fue enviado como embajador a Venezuela—, Benedetti reclama, temeraria y brabuconamente, que le ofrezcan su “espacio político”. La grosería y torpeza con la que habla Benedetti permite presumir que esta ebrio o drogado, y por supuesto colérico.

El momento más comprometido es cuando alude a los 15.000 millones de pesos que supuestamente habrían entrado a la campaña de personas de dudosa honorabilidad. “O es que quieren que diga quién puso la plata”, llega a decir. Y por si eso fuera poco, le dice a la jefa de gabinete de Petro que investigue cómo empezó la historia del Proceso 8000, por el cual fueron condenados ministros y otros funcionarios del gobierno de Ernesto Samper y su jefe de campaña electoral en 1994, por haber recibido financiación ilegal del Cartel de Cali.

Finalmente, el 6 de junio Benedetti se retracta en un trino de todo lo dicho en esos audios y asume su responsabilidad: “He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”. 

El problema que ha creado Armando Benedetti al presidente Gustavo Petro no es menor, ya que con sus exabruptos ha arrojado una sombra de duda sobre la financiación de la campaña presidencial. Llueve sobre mojado, porque ya existe el precedente de su hijo Nicolás, acusado de presunto enriquecimiento ilícito por fondos de dudoso origen recaudados durante la campaña que nunca ingresaron a las arcas del PH. En uno y otro caso, Petro declaró que la Fiscalía debía investigar cualquier indicio de delito, reiterando que nadie debía acercarse a su proyecto político para usarlo en provecho propio.

Mentiras, filtraciones y manipulación periodística

Hasta aquí los hechos. El relato periodístico los deforma induciendo a error.

El semanario Semana lidera en Colombia los ataques contra el presidente, pero no se queda atrás la cadena televisiva Caracol, propiedad del grupo Prisa. Caracol da crédito a la versión de la Policía que cuantifica en 9.000 personas los asistentes a las marchas en Bogotá y 16.000 personas en todo el país. En las imágenes que circularon por redes sociales se comprueba que esta cantidad de gente es más o menos la que se movilizó solo en algunas ciudades de menor tamaño, como por ejemplo en Barranquilla. La emisora pretende responder a la pregunta de si se llenó la Plaza Bolívar, mientras muestra imágenes de grupos dispersos, previas a la llegada del grueso de los manifestantes. 

Simultáneamente el diario español El País se sumó al desprestigio inducido contra el gobierno Petro con este titular: “El Congreso de Colombia se para y las reformas de Petro se hunden”, de su corresponsal en Bogotá. En la contraportada del mismo día se afirma que ya ha cumplido un año la edición colombiana de este periódico.

Los medios de comunicación colombianos realimentan su ofensiva antipetrista con los despojos informativos que esparce la prensa internacional. Un ejemplo es el uso que hace Semana de la información que publica Bloomberg sobre la coyuntura nacional: “Demoledor pronóstico de Bloomberg para Petro: pasará de ser el líder de una revolución pacífica a un ‘pato cojo’ que gastará su tiempo en defenderse”, titula la revista, lo cual es toda una declaración de intenciones.

Los medios de comunicación de masas, en muchos casos filiales de grupos de comunicación multinacionales —principalmente españoles, como Prisa y Planeta—, se han convertido en el principal ariete contra el Gobierno del cambio.

El foco del “prestigioso medio económico” se pone en los escándalos, proyectando su sombra a lo largo de todo el mandato popular, en lugar de enfocarse prioritariamente en la marcha de la economía colombiana: el acelerado descenso de la inflación, que ha llevado al peso colombiano a convertirse en la moneda que más se revaloriza frente al dólar (14,8 % este año). Además, Bloomberg admite que varios fondos de inversión internacionales han invertido dinero en bonos del Gobierno en moneda local, y que otros indicadores de la actividad económica son francamente positivos: “El déficit de cuenta corriente en Colombia está disminuyendo, las perspectivas fiscales han mejorado y las entradas de las empresas para pagar impuestos también están fortaleciendo el peso local”.

Estos datos contundentes quedan anegados en el lodazal que alimentan dichos medios al asegurar que habrá un bloqueo de la actividad política por los escándalos que ellos mismos alimentan, anticipando además que eso “enfadará a los votantes”.

Esta narrativa mediática se completa con encuestas que atribuyen al presidente una gran pérdida de popularidad. Un claro ejemplo es la encuesta de Invamer encargada por Blu Radio, Caracol y El Espectador, y difundida el 2 de junio. Varias preguntas que pretenden auscultar el sentir político de los colombianos arrojan resultados inverosímiles. Por ejemplo, más del 70 % de los encuestados a nivel nacional, y el 76 % en el caso de Bogotá, habrían contestado que el país va por mal camino. Los presentadores de Blu Radio encargados de exponer estos datos alimentan el pesimismo que ellos mismos instalan en la sociedad colombiana: “Esta es la temperatura del país, esta es la pregunta que mide el espíritu del país. (…) Es un país desesperanzado (…) casi tan pesimista como en la pandemia”.

Así mismo, más del 60 % de los encuestados habría mostrado su desacuerdo con las reformas del Gobierno y solo un 32 % estaría de acuerdo. También habría descendido la aprobación a la gestión del presidente Petro hasta el 33,8 %, mientras que el 66,8 % de los consultados se sentiría más inseguro con la política de Paz Total. Según dicha encuesta basada en una muestra de 1.200 personas, solo el 28,5 % de los entrevistados dijo que el proyecto de Paz Total va por buen camino, frente al 63 % para el cual va por mal camino.

La principal garantía de continuidad del gobierno colombiano frente a los ataques de sus poderosos enemigos es multiplicar el respaldo del pueblo movilizado en las calles. Por eso Petro llamó en su discurso del 7 de junio a conformar asambleas populares con algún poder de decisión.

Otra encuesta de la consultora Datexco Opinómetro realizada para W Radio, que adopta por buena el diario español El País del 7 de junio, muestra un apoyo al presidente Petro del 26 %, en una medición realizada antes de que Semana divulgara los audios de Benedetti. 

En el discurso que dio a sus seguidores, Petro se refirió así a las encuestas: “Nos sacaron unas encuestas mentirosas. Sepan que el Gobierno sabe que las encuestas son mentirosas. Las encuestas de verdad nos dicen que aún somos la mayoría popular de Colombia. Con igual certeza les puedo decir que en mi campaña no entró ni un solo peso sucio”.

Los medios de comunicación de masas hiperconcentrados, en muchos casos filiales de grupos de comunicación multinacionales —principalmente españoles, como Prisa y Planeta—, se han convertido en el principal ariete contra el Gobierno del cambio, coordinándose con las otras instituciones para planificar la maniobra de acoso y derribo que se cierne sobre el presidente. Algunos medios como Semana actúan en coordinación con la Fiscalía, la Procuraduría y otras viejas instancias de poder aún controladas por el uribismo y otros sectores conservadores.

Los medios de comunicación de la derecha han ido desarrollando el relato de un presidente supuestamente dedicado a cazar periodistas, autoritario y enemigo de la libertad de prensa. En días tan turbulentos como estos se observan los reflejos corporativos de las asociaciones de la prensa que pretenden reconvenir a Petro, convirtiendo su derecho a la legítima defensa en un ataque a la libertad de expresión. La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) lo acusó de hacer “generalizaciones y estigmatizaciones constantes a medios y periodistas”, y recibió críticas similares de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). Un periodista de RCN Radio, Luis Vélez, invirtió así los términos del conflicto, convirtiendo a la víctima en victimario: “El presidente Petro es responsable de la mayor confrontación que un mandatario colombiano ha sostenido contra los medios del país”.

En medio de esta crisis política, el presidente Gustavo Petro dijo estar tranquilo: no solo recibió el apoyo de intelectuales y políticos de la Internacional Progresista y sectores afines, también el del presidente Joe Biden desde Estados Unidos. Este puede ser un aviso para navegantes desorientados: en este momento no se dan las condiciones internacionales como para que haya un golpe de Estado, sea duro o blando. Pero estas condiciones podrían variar cuando haya un cambio de poder en Washington. 

La principal garantía de continuidad del gobierno colombiano frente a los ataques de sus poderosos enemigos es multiplicar el respaldo del pueblo movilizado en las calles. Por eso Petro llamó en su discurso del 7 de junio a conformar asambleas populares con algún poder de decisión. La siguiente garantía tiene que ver con los medios de comunicación. Frente a un sistema de medios que sólo busca derribarlo, el gobierno del Pacto Histórico deberá imaginar una nueva reforma, la del sistema de comunicación, que dé cabida a una pluralidad de medios independientes que no permitan que todo el espectro mediático esté copado por sus detractores.

Marchas en apoyo a las reformas sociales

En medio del clima destituyente impulsado por la derecha, el Pacto Histórico reforzó la convocatoria de marchas en todo el país para el 7 de junio, en apoyo de las reformas sociales del gobierno Petro. El presidente no quiso esta vez hablar desde el balcón de su residencia y prefirió salir a la calle, participando en la marcha hacia la plaza Bolívar entremezclado con los ciudadanos. En una primera declaración a la televisión oficial, explicó el motivo de las marchas: “Que el Congreso sepa que las reformas presentadas no son un capricho del presidente de la República; son los deseos, las ganas de vivir de todo el pueblo de Colombia. Que el Congreso no traicione al pueblo”, declaró Petro desde una improvisada tarima en la calle Séptima. 

Más tarde, ya en la plaza Bolívar, prosiguió: “Nos han acusado de chuzar [intervenir] teléfonos. Acaban de allanar otras oficinas de la presidencia. [El semanario] Semana ordena y el CTI obedece”. Petro alude así a la inmediata reacción de la Fiscalía, al mando del fiscal Francisco Barbosa, al que algunas encuestas ya incluyen como potencial candidato a futuras elecciones, que ordenó la entrada de personal del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial (CTI) a la residencia presidencial cuando el presidente estaba de viaje en el exterior. El CTI se entretuvo varias horas en un intento de requisar supuestas pruebas contra la jefa de gabinete presidencial. Al mismo tiempo, un documento de la Fiscalía induce a pensar que ella habría ordenado intervenir las conversaciones telefónicas de la empleada doméstica —y así se divulga en la prensa, incluso después de su desmentido—, aunque la dirección de la Policía documenta que la orden de intervención había sido anterior a la fecha del robo. Toda una serie de eslabones inconsistentes que sin embargo se convirtieron en materia de una ofensiva propagandística sin precedentes contra el gobierno, en un momento clave para la aprobación de las reformas en el Congreso. 

Acuerdo de alto al fuego con el ELN

En su discurso en las calles de Bogotá, Petro reveló que al día siguiente viajaría a Cuba para la firma del documento final del tercer ciclo de conversaciones con el ELN. Este anuncio, que implica el esperado acuerdo de alto al fuego con esa organización guerrillera, representa el primer gran avance en los planes del gobierno de alcanzar la paz total. Esta noticia quedaría completamente deslucida en unos medios de comunicación volcados de lleno a husmear los trapos sucios del ex jefe de campaña del Pacto Histórico.

Sin embargo, el viaje de Petro a La Habana para clausurar el tercer ciclo de negociaciones con el ELN, en presencia también del primer comandante de la organización, Antonio García, es el mayor éxito de un gobierno colombiano en favor de la paz desde la firma en 2016 del Acuerdo de Paz entre el presidente Juan Manuel Santos y las FARC. En el curso de sus negociaciones con el ELN, Santos consiguió un cese el fuego de apenas tres meses, que nunca se llegó a consolidar. Las negociaciones fueron a la deriva con el gobierno de Iván Duque.

El comunicado conjunto del Gobierno de Colombia y el ELN establece “un cese al fuego bilateral, nacional y temporal” por un plazo inicial de seis meses, y establece como prioridad absoluta “el proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz”. El vocero del ELN Pablo Beltrán desgrana en su discurso que no hay que confundir la paz con pacificación, como en su opinión ocurrió en procesos de paz anteriores: “Aspiramos a que haya, con la participación de la sociedad, análisis de las causas que generan el conflicto para que también como sociedad resolvamos eso”. Beltrán recuerda una frase del acuerdo firmado en México al final del segundo ciclo de negociaciones: “Este proceso está al servicio de los históricamente excluidos en Colombia. (…) Los jóvenes, las mujeres, los indígenas, las comunidades afro, los pueblos ancestrales, los trabajadores”.

La declaración firmada por las partes, en presencia del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, y representantes de los países garantes y la ONU, se titula Alistamiento para el proceso de participación de la sociedad y del cese al fuego bilateral y establece “dar inmediato cumplimiento a los acuerdos de Cuba. Para tal fin, las partes declaran que la mesa de diálogo de paz entra en una actividad permanente, que conjuga distintas modalidades de trabajo, en diversos escenarios y tiempos, manteniéndose los ciclos de conversaciones”. El primer punto se refiere a la “convocatoria a la sociedad para participar en el proceso de paz”. Se establece también la “instalación del Comité Nacional de la Participación” que empezará a funcionar el 25 de julio próximo.

El portavoz del ELN argumentó que si se permite la protesta social sin reprimirla violentamente como ocurrió durante el gobierno de Iván Duque, ya no habría necesidad de rebelión armada

El cese al fuego se producirá en tres fases, la primera de casi un mes de duración, incluye la creación de un canal de comunicación entre las partes y la preparación del “mecanismo de monitoreo y verificación”. La implementación plena del proceso del cese al fuego iniciará el 3 de agosto de 2023. A partir de esta fecha se empiezan a contar los 180 días de vigencia del cese al fuego bilateral, nacional y temporal. Y se convoca también el cuarto ciclo de conversaciones, que tendrá lugar en Venezuela a partir del 14 de agosto, en el que se hará un balance del cumplimiento de los acuerdos suscritos.

El jefe negociador por el ELN, comandante Pablo Beltrán, valoró muy positivamente una frase de Gustavo Petro, cuando el presidente dijo: “Este gobierno no va a perseguir”. Argumentó que de producirse un cambio de régimen, si se permite la protesta social sin reprimirla violentamente como ocurrió durante el gobierno de Iván Duque, ya no habría necesidad de rebelión armada. El presidente Gustavo Petro añadió un dato esperanzador en su discurso, al situar la firma de la paz definitiva con el ELN en una fecha bastante próxima y precisa, el 25 de mayo de 2025. Aunque este sea solo un proyecto, pone un horizonte temporal a las negociaciones y es sin duda un dato alentador.

Los medios opositores minimizaron el alcance de este acuerdo al diluirlo en medio de sus campañas difamatorias, de desgaste y desprestigio del presidente Petro. Se trata de un cese al fuego muy esperado y reclamado por la sociedad colombiana, con la mirada puesta en un acuerdo definitivo que ahora puede resultar más verosímil. 

En caso de un cumplimiento efectivo, este acuerdo supone la desactivación de la violencia política que ejerce la mayor organización guerrillera de alcance nacional y significaría, en palabras de Petro, el final de la guerra de guerrillas en el continente: “En cierta forma aquí se acaba una fase: la insurgencia armada en América Latina”.

Pese a la importancia del alto al fuego alcanzado en Cuba, muchos titulares de prensa priorizaron al día siguiente otras noticias, volviendo la mirada hacia las intrigas políticas con las que intentan seguir afectando la imagen presidencial: “La historia del oficial que apareció muerto y había pedido ser oído en caso de ex niñera”, titula El Tiempo en portada de su edición digital del 10 de junio, e incluye un video con información filtrada desde la Fiscalía. Después El Tiempo también informa del rescate de cuatro niños en la selva con gran despliegue de imágenes, y mucho más abajo, en un pequeño recuadro, titula crípticamente: “Con tregua ya pactada, Petro plantea que paz con ELN llegará en 2025”.

Por su parte El País de Cali también desplaza la noticia del acuerdo a la parte inferior de la portada, dando prioridad a los ataques contra el gobierno del fiscal Barbosa con noticias como esta: “Fiscalía abre investigación a Petro por posible investigación ilegal de su campaña: audios de Benedetti revelados por Semana fueron claves”. Otros periódicos de ese día, como por ejemplo El Universal de Cartagena de Indias, ni siquiera ofrecen a los lectores la noticia del cese al fuego en la portada de su edición digital.

En pocas palabras, los grandes medios de comunicación definen la prioridad de las noticias que brindan no por su valor informativo, sino en función de su capacidad de dañar al gobierno de Gustavo Petro, ocultando o distorsionando sus logros reales. Complacientes con los gobiernos anteriores, han descubierto su misión de ‘perros guardianes’ de la democracia con la llegada al poder del Pacto Histórico.

A falta de una política de comunicación consistente —un problema que nunca resolvieron bien otros gobiernos progresistas latinoamericanos—, la agenda informativa continuará en manos de los poderes fácticos que se oponen furibundamente a las reformas sociales y a la construcción de la paz.

* Publicada originalmente en El Salto.

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Argentina atraviesa una profunda crisis que tiene múltiples caras: simultáneamente se produce una arremetida de los sectores más conservadores del peronismo por el control de la política económica, al mismo tiempo que la derecha acentúa su discurso de odio en los medios de comunicación e instiga a sus aliados en el poder judicial para intentar una maniobra destituyente de quien representa al sector más progresista del peronismo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Por Eduardo Giordano | Foto: Nadia Petrizzo

El giro derechista en la política económica

El gobierno de Alberto Fernández ha dado algunos volantazos en política económica en los últimos meses, desde que firmó en marzo pasado el acuerdo con el FMI, asumiendo el pago de la deuda fraudulenta de 44.000 millones de dólares adquirida por el gobierno anterior, y que es solo una parte del total de 100.000 millones de deuda externa. El entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, cuestionado por los sectores más próximos a la vicepresidenta Cristina Kirchner por su negociación de la deuda, entre muchos otros desacuerdos, renunció intempestivamente el 2 de julio y fue reemplazado por la economista Silvina Batakis, una figura de bajo perfil político, cuya designación se concertó entre el presidente y la vicepresidenta después de la intervención de varios mediadores para que se comunicaran entre sí, ya que el diálogo entre ambos llevaba varios meses interrumpido. Esta anomalía de la política argentina puso a la nueva ministra en una situación de inicial fragilidad, en parte porque su designación se percibió como una improvisada solución de compromiso.

La respuesta inmediata del poder económico fue de boicot absoluto. Los grupos concentrados no aceptaron una gestión de la Economía que contase con el respaldo de la vicepresidenta, presuponiendo que esta implicaría una mayor intervención estatal y un posible aumento en la tributación de los más ricos, en particular de los grandes productores agropecuarios. El llamado dólar blue se disparó en el mercado informal con un incremento cercano al 50 % en pocos días, duplicando con creces el tipo de cambio oficial. Dada la política de restricción cambiaria que el gobierno implementa desde hace años para evitar la salida de divisas, el aumento del valor del dólar en el mercado negro -donde se efectúa un bajo volumen de operaciones- sirve como referencia automática para aumentar los precios de todos los productos, y en particular de los alimentos, desencadenando una espiral especulativa promovida por los grupos más concentrados de producción alimentaria y las cadenas de distribución. 

La inflación es la enfermedad crónica más grave de la economía argentina y la que genera mayores tensiones sociales. La tasa de inflación interanual alcanzó en julio un 71 %, superando a la de todo el año 2021 (51 %). Entre sus causas hay factores internacionales, como la guerra de Ucrania, que inciden en Argentina como en todo el mundo, pero esta dinámica inflacionaria es un mal enquistado en la economía nacional desde tiempos remotos y  los factores externos sólo pueden agravarlo. El ex ministro Martín Guzmán no logró controlar la inflación durante sus casi tres años de ejercicio, a pesar de un plan macroeconómico elaborado según las exigencias de los poderes fácticos del mundo de las finanzas internacionales. La persistencia de una altísima inflación resta valor a la moneda argentina no solo por su poder de compra, sino también como moneda de ahorro, de modo que un alto rango inflacionario favorece la fuga masiva de los ahorros al dólar, aumentando más aún la brecha entre el cambio paralelo y el cambio oficial de la moneda estadounidense. Un auténtico círculo vicioso que ninguno de los últimos gobiernos ha podido contener. 

La nueva ministra de Economía Silvina Batakis permaneció en el cargo menos de un mes. El presidente le comunicó que había sido destituida a su regreso del primer viaje que hizo al exterior para reunirse con Kristalina Georgieva, directora del FMI. En su lugar, el 28 de julio fue designado Sergio Massa como superministro de Economía, Producción y Agricultura, unificando los tres ministerios bajo su control. La posibilidad de su entrada en el gabinete dotado de poderes especiales para el área económica ya se había considerado antes de nombrar a Batakis, pero fue descartada porque no obtuvo el consenso inicial del sector que representa la vicepresidenta, ya que Massa supone continuidad o incluso una involución con respecto al ex ministro Martín Guzmán. 

Sergio Massa es un político todoterreno que procede del menemismo, y que tras haber sido alcalde del municipio de Tigre y durante un año jefe de gabinete de Cristina Kirchner (julio de 2008 a julio de 2009), lanzó su propio partido, el Frente Renovador, presentándose con un discurso cuyo principal argumento de mejorar la seguridad. Este dirigente de talante conservador sumó sus huestes al Frente de Todos (FdT), en las últimas elecciones presidenciales de 2019, llegando a un acuerdo de gobierno con Alberto Fernández y Cristina Kirchner dado su decisivo aporte de votos, por el cual obtuvo la presidencia del Congreso.

El nuevo contexto de aceleración de guerra jurídica contra Cristina Kirchner, digitado por la oposición macrista y los medios afines, ha situado a la vicepresidenta en una situación defensiva dentro del mismo gobierno, ya que depende más que nunca del apoyo en bloque del peronismo y de sus principales dirigentes para enfrentar la trama mediático-judicial que se ha urdido en su contra. Después de dos cambios en el ministerio de Economía, la vicepresidenta accedió al nombramiento de Massa por entender que se requería una figura fuerte para contener la crisis. Sin embargo, la diferencia de enfoques es notable y podría ser causa de futuras fricciones.

Relaciones estrechas con Estados Unidos

La agenda económica de Sergio Massa está enfocada principalmente a atraer inversiones de compañías energéticas, mineras y de agroindustria para aumentar la capacidad exportadora del país y obtener más divisas. Este es su primer objetivo en el exterior, en su primera gira por Estados Unidos, donde se reunirá con ejecutivos de las petroleras Chevron, Exxon, Shell y Total, las mineras Rio Tinto y Livent (Litio) y el grupo Amazon, entre otras compañías. 

Su trayectoria es bien conocida por los sectores kirchneristas que aceptaron su nombramiento a regañadientes, considerándolo el mal menor. Aceptaron que el descontrol de la situación económica requería una figura de peso, con entrada en los mercados de capitales para calmar las turbulencias monetarias que presagiaban una espiral inflacionaria desenfrenada. Massa serviría así como parapeto para poner freno a una posible debacle económica, pero también, paradójicamente, como correa de transmisión de los planes del FMI y del Departamento de Estado para Argentina.

El primer conflicto interno en el peronismo como consecuencia del nombramiento del nuevo ministro se manifestó el 31 de agosto, cuando Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande, anunció que su grupo saldría del bloque de Diputados del Frente de Todos para formar un grupo propio, con un alegato muy duro contra la orientación de la política económica de Massa. Afirmó que habían esperado casi un mes en vano a que el Ejecutivo cumpliera con la promesa de adoptar medidas destinadas a los sectores más vulnerables: “Nos mintieron… Nos dijeron que iba a haber algo para los más pobres y no hubo nada”, afirmó Grabois, implicando en ese plural al presidente Alberto Fernández. Y sobre las reuniones de Massa con empresarios estadounidenses, sentenció: “Le va a dar todo a los dueños del litio, los hidrocarburos y el agronegocio. A los banqueros y grupos económicos”. “En mi visión este gobierno va perdiendo su carácter popular y adoptando un carácter colonial”. El Frente Patria Grande, que dirige Grabois, fue uno de los organizadores de las 50 marchas convocadas en todo el país el 20 de julio, en reclamo de un Salario Básico Universal inmediato para sacar de la indigencia a los más pobres, una exigencia que no obtuvo respuesta por parte del gobierno.

El sector kirchnerista de La Cámpora manifestó su respaldo al nuevo ministro Sergio Massa forzado por las circunstancias. Su portavoz, Andrés Larroque, reprochó a Grabois el haber tomada la “decisión inoportuna” de romper el bloque, restándole así centralidad en la agenda pública a “la recuperación de la épica y la mística del peronismo” con la defensa de Cristina del acoso jurídico.

Lawfare: acoso jurídico a la vicepresidenta

La persecución judicial y de los grandes medios corporativos contra Cristina Kirchner es la otra cabeza del animal bifronte que se apresta a devorar la convivencia entre los argentinos. Es sabido que el lawfare, o guerra jurídica, es la forma que ha adoptado la derecha latinoamericana para derrocar o inhabilitar mandatarios y candidatos del campo popular. Fue el caso de Lula da Silva en Brasil, con un proceso montado por quien sería el futuro ministro de Justicia de su adversario ultraderechista Jair Bolsonaro, por el cual se le impidió disputar las elecciones presidenciales en las que era el favorito. Es también el caso de Rafael Correa en Ecuador, perseguido por supuestos actos de corrupción con el fin de impedirle que vuelva a la política activa. Y fue el caso del ex presidente Evo Morales en Bolivia, perseguido y procesado sin fundamento durante el gobierno golpista de Jeanine Áñez. 

Esta estrategia de guerra jurídica instigada por la derecha contra los gobiernos progresistas sigue extediéndose por todo el continente con parecidos objetivos. El último ejemplo es la persecución de Pedro Castillo y sus familiares en Perú desde el primer año de su presidencia, combinada con maniobras del Congreso, mayoritariamente opositor, para trabar la gestión de su gobierno y reclamar la vacancia presidencial.

En Argentina, como en los demás países citados, la persecución judicial va acompañada de la difusión continua de falsedades y noticias ficticias por parte de los grandes grupos periodísticos de capital concentrado, en este caso principalmente Clarín y La Nación, que interactúan con los relatos y/o fabulaciones de fiscales sobornados y testigos arrepentidos para ofrecer un panorama siempre desdibujado y denigrante de los “K”, la familia Kirchner y sus allegados. En muchísimas ocasiones de la historia reciente, estos medios han servido como altavoz para la descalificación sin matices de la ex presidenta, también durante todo el gobierno de Macri, alimentando siempre la crispación social y la llamada grieta entre el peronismo y la oposicón .

Las causas judiciales contra Cristina Kirchner incluyen algunas tan absurdas como el intento de implicarla en un caso de supuesto encubrimiento de los autores del atentado contra la AMIA en 1994, por un memorándum firmado en 2013 por su gobierno con el gobierno de Irán, para que los ‘supuestos autores’ del atentado accedieran a declarar ante la justicia argentina. En esta causa fue acusada de colaborar con el enemigo por un acto legítimo de su gobierno. Este estigma la persiguió durante años, ya que en 2017 un juez la procesó pidiéndole prisión preventiva por “traición a la patria”, de la que quedó eximida por ser senadora, hasta que en 2021 fue sobreseída. La causa fue iniciada en 2015 por el controvertido fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto en misteriosas circunstancias, supuestamente por suicidio. La oposición instrumentalizó la muerte del fiscal como una bandera política contra la presidenta, acusándola de haberlo asesinado, y realizó marchas multitudinarias antes de las elecciones de ese año, que dieron la victoria en segunda vuelta a Mauricio Macri con un ajustado 51 % de los votos.

Las manifestaciones populares en defensa de Cristina Kirchner de los últimos días de agosto tuvieron como detonante los pedidos de condena de los fiscales por el llamado caso Vialidad, uno de los múltiples juicios abiertos contra la expresidenta que se interpretan como parte de esa maniobra opositora para desgastarla y retirarla del ejercicio de la política. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola han pedido para ella una pena de doce años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, además de inhibición de bienes, al involucrarla en una supuesta red delictiva de sobornos a cambio de obras públicas que habría tenido lugar en la provincia de Santa Cruz y de la que se habría beneficiado especialmente el empresario Lázaro Báez. Como quiera que sea, la investigación estuvo llena de irregularidades y no se permitió a la ex presidenta hacer todas las alegaciones, rechazando su pedido de ampliación de declaratoria. 

Los militantes peronistas se movilizaron para defender la integridad de su lideresa ante lo que consideran un avance de la “mafia judicial” sobre la esfera política. La convocatoria a manifestarse delante del domicilio de Cristina Kirchner fue reprimida por la policía del gobernador de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, perteneciente al macrismo (Juntos por el Cambio), quien hizo cercar con vallas y un fuerte dispositivo policial el acceso a su vivienda, en el céntrico barrio de Recoleta. Esta medida tuvo un efecto reclamo, redirigiendo otras convocatorias realizadas en parques y plazas hacia ese mismo lugar. La defensa de la vicepresidenta en las calles adyacentes a su domicilio fue sostenida por La Cámpora, la agrupación kirchnerista que dirige su hijo Máximo Kirchner, ex presidente del bloque de diputados del FdT en el Congreso, a quien la policía de la ciudad golpeó, insultó y maltrató cuando acudió a visitar a su madre.

La persecución judicial a Cristina Kirchner es el mayor triunfo de la derecha autoritaria para desactivar su potencial político.  Las causas más estrafalarias la persiguen desde que asumió la presidencia en 2007, y cuando algunas caen por la evidencia del montaje, en seguida arrecian las que permanecen activas. En un libro publicado hace cinco años (durante el gobierno de Macri), Cristina Kirchner se refiere a “cómo está funcionando el sistema judicial argentino, no como adminisrador de Justicia sino como un instrumento de persecución política […] ¿Y cómo? Muy simple: amenazando”. Y añade que a ella no la “van a hacer callar así armen 80 causas porque soy la misma de siempre”. 

El hecho de aceptar los retos y tramoyas judiciales con valentía y confianza en sí misma no significa que esos golpes no dejen mella. El desgaste que ocasiona esta guerra (sucia) jurídica a sus víctimas es inimaginable, tanto a nivel emocional y familiar como por la dedicación intensiva que conlleva desmontar las patrañas de los fiscales y documentar las alegaciones. El lawfare obliga a concentrar la atención de sus víctimas en su defensa como prioridad absoluta, en pos de la supervivencia, desactivando así una parte de su potencial de intervención política.

No obstante, el nuevo proceso urdido contra la vicepresidenta puede resultar un búmeran que se vuelva contra la oposición. La encendida defensa que hace Cristina Kirchner de su inocencia puede ser finalmente un arma política que engrandezca su figura y reinstale la conexión popular con ella: “Este es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares”, afirmó en sus redes sociales. “Necesitan dirigentes disciplinados”, aseguró, motivo por el cual Cristina Kirchner considera que “la sentencia ya está escrita”. La causa será resuelta en última instancia por los cuatro miembros de una Corte Suprema que también le sería adversa.

Democratizar la Justicia

Algunos intelectuales progresistas sugieren que la única forma de democratizar la Justicia es a través de una nueva Constitución. Por ejemplo, el escritor Mempo Giardinelli ha solicitado en carta abierta al presidente que la convoque. El reclamo se basa en la necesidad de depurar el sistema judicial de fiscales y jueces corruptos, que han creado falsas pruebas de manera sistemática para implicar en supuestos casos de corrupción a la vicepresidenta y miembros de sus anteriores gobiernos. Algunos de estos funcionarios no están libres de culpa, como el famoso José López, ex secretario de Obras Públicas del gobierno de Cristina Kirchner a quien ella misma considera ahora corrupto, condenado por no poder justificar la posesión de nueve millones de dólares arrojados al jardín de un convento. La vicepresidenta alegó en el Senado que los jueces de la causa no quisieron “tirar del ovillo” del origen de esos fondos porque, según dijo, provenían de comisiones de empresarios cercanos al ex presidente Mauricio Macri.

La mayor parte de las organizaciones de derechos humanos están de parte de Cristina Kirchner, incluidas Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre muchas otras organizaciones populares. El juez español Baltazar Garzón es una de las figuras internacionales que acaba de denunciar la irregularidad de la docena de procesos iniciados contra Cristina Kirchner desde que fue nombrada presidenta, recordando que en casi todos se contó “con la intervención de los mismos fiscales y jueces, con probados vínculos con el anterior presidente Mauricio Macri”. 

Por su parte el sacerdote Eduardo de la Serna, miembro del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, responde así a una pregunta de este periodista: “Decir que el lawfare no existe como dijo el impresentable (fiscal) Luciani y todo el periodismo hegemónico es burlarse de todos y crear sentido en la sociedad con todos sus cañones mediáticos. Podrán invisibilizarlo, pero como ocurre con las brujas…, que las hay, ¡las hay!”.  

La parcialidad de la Justicia en esta causa fue denunciada también por la dirección del Frente de Izquierda (FIT), una formación marxista que impugna radicalmente la política económica del gobierno peronista y sostiene la movilización popular en su contra. A pesar de estas diferencias y viejas disputas, rechazaron de forma categórica el pedido de inhabilitación para Cristina Kirchner. La diputada Myriam Bregman, dirigente del FIT, aseguró que el juicio resultaba sospechoso, entre otras razones, por las estrechas relaciones de amistad entre el fiscal de la causa y el presidente del tribunal con el ex presidente Mauricio Macri, con quien ambos suelen jugar al fútbol en su casa. La trotskista Myriam Bregman, partidaria de crear tribunales populares para juzgar los casos de corrupción, denunció: “Quieren ir hacia un gobierno de los jueces”. También acudió en defensa de la vicepresidenta el dirigente social Juan Grabois, a pesar de su denuncia pública de la gestión económica del gobierno de Alberto Fernández.

Ante el cariz que han tomando los acontecimientos, hay quien opina que aunque Cristina Kirchner no merezca ser condenada, el lawfare ya habría triunfado. La prueba es la imposición del programa económico neoliberal de Sergio Massa. La estrategia de condicionar el proceso político para influir en las decisiones del gobierno estaría operando con éxito. 

Aunque así fuera, el desempeño de los fiscales en el caso Vialidad anuncia una nueva etapa de confrontación social. El nuevo esquema ideado por la derecha para dejar a Cristina Kirchner fuera de la contienda electoral en las próximas elecciones de 2023 puede incendiar las calles. Según una encuesta del mes de abril, la vicepresidenta es la candidata mejor situada en cuanto a preferencias de voto, con el 15 % del total nacional en las primarias (sobre 31 % para todos los candidatos del FdT). El candidato peronista que suma todas la preferencias del establishment sin duda es el actual superministro Sergio Massa, pero apenas mereció el 3 % de las preferencias y nunca podría competir en popularidad con ella. 

La tentativa de magnicidio

La primera gran chispa acaba de encenderse con el intento de asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al regresar a su casa el 1 de septiembre. Después de 10 días de concentraciones populares de apoyo ante su domicilio, un ultraderechista se coló entre la multitud que la espera a diario y disparó un arma a pocos centímetros de su cara. Por suerte no había ninguna bala en la recámara, aunque la pistola estaba  cargada con cinco municiones. El autor del disparo, Fernando Andre Sabag Montiel, es un brasileño de 35 años -nacionalizado argentino- que frecuenta páginas de internet esotéricas y supremacistas, se define como ‘Cristiano’ en su perfil de Instagram y lleva tatuado en el codo izquierdo un sol negro típico de la simbología neonazi.

Este intento de magnicidio, cuyo ejecutor está siendo interrogado para conocer quiénes fueron los autores intelectuales, supone el cenit la degradación de la lucha política en Argentina. El presidente Alberto Fernández se dirigió a la nación esa misma noche:

“Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos. Podemos tener profundos desacuerdos pero en una sociedad democrática, los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia”, declaró el presidente. “Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra sociedad”, insistió, anunciando también que el día siguiente sería festivo laboral “para que en paz y armonía, el pueblo pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y solidaridad con nuestra vicepresidenta”.

En el nuevo contexto que se abre, la derecha política y mediática está quedando descolocada. Cada uno de sus actos tiene el resultado de un búmeran que vuelve con fuerza contra sus propios fines. El acoso jurídico y mediático contra Cristina Kirchner, coronado ahora por el intento de asesinarla, ha situado a su figura en el centro del debate político nacional. Las crecientes movilizaciones y vigilias en su respaldo muestran que ella no ha perdido poder de convocatoria a pesar de las deficiencias del actual gobierno. Horas antes del intento de asesinato, varios dirigentes de La Cámpora, incluido su hijo Máximo Kirchner, expresaron festivamente su “deseo militante” de favorecer su candidatura a la presidencia, un tema que hasta ahora estuvo fuera de la agenda pública. A partir del pedido de condena de los fiscales, se generó un proceso interno en el peronismo que le permitió expandir su poder de convocatoria y resaltar su liderazgo. Los efectos perversos de la cacería política, jurídica y periodística a la que se ve sometida Cristina Kirchner aún no se conocen en todas sus dimensiones, pero los resultados que ya son visibles parecen incluso contraproducentes para sus adversarios políticos, enemigos y perseguidores.

• Publicada originalmente en El Salto

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Por Eduardo Giordano/ Foto Prensa Latina*

 El terror ha regresado al escenario urbano con extraños atentados con maleta bomba en Bogotá, y ha vuelto a irrumpir en el escenario rural bajo la forma de terrorismo de estado, concretamente en la región amazónica de Putumayo, donde el ejército asesinó a 11 civiles que disfrutaban de un festival bailable en el pueblo.

La colocación de una maleta bomba en lugares concurridos de la capital del país tiene un efecto claramente disruptivo sobre la normalidad de una campaña electoral; solo comparable al que produce la conmoción de una masacre de civiles perpetrada por un comando dirigido por un militar de reconocido historial en ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes, conocidas como ‘falsos positivos’.

Esta especie de vuelta al pasado se completa con la desatada intervención de grupos paramilitares en la campaña electoral. Tras las primeras amenazas del Clan del Golfo y otros grupos narcoparamilitares, aparecieron por diversos departamentos panfletos intimidatorios de las misteriosas Águilas Negras amenazando con “dar de baja” a líderes sociales, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos, incluyendo en este caso a toda la plana mayor del Pacto Histórico (PH).

Estos grupos criminales adquirieron notoriedad mediática incluso antes de la campaña electoral. En agosto de 2021 el Clan del Golfo amenazó a Carlos Caicedo, gobernador del departamento del Magdalena y líder del partido Fuerza Ciudadana, aliado del PH. Desde enero de 2022 los paramilitares están también muy activos en el sur y la costa del Pacífico. A lo largo del mes de marzo aparecieron varios panfletos del autodenominado Bloque Occidental de las Águilas Negras en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, con amenazas de muerte a numerosos dirigentes sociales. En uno de los casos la amenaza de muerte se llegó a concretar, con el asesinato del líder indígena nasa Miller Correa el 14 de marzo, justo al día siguiente del histórico triunfo de la izquierda en las elecciones legislativas. Miller se desempeñaba como consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), era muy reconocido en la comunidad por su activismo ambiental y en protección de los derechos humanos e hizo campaña por el PH en las elecciones legislativas. Con su homicidio se registraron 14 asesinatos de líderes indígenas solo en el departamento del Cauca en apenas dos meses y medio, desde inicios de 2022. El 16 de marzo se conoció un nuevo panfleto en el que las Águilas Negras se responsabilizaron del asesinato de Miller Correa y amenazaron a otros líderes del pueblo Nasa: “Estamos cumpliendo nuestro comunicado anterior, ya comenzando a limpiar de líderes indígenas y sociales. No se la creían, ahí tienen a su líder izquierdoso Miller Correa en las cuatro tablas. Vamos a hacer masacres colectivas, no nos vamos a dejar doblegar por el llamado Pacto Histórico”.

Las Águilas Negras amenazaron después a Francia Márquez, candidata a la vicepresidencia por el Pacto Histórico. En un trino del 4 de abril la lideresa afirmó: “Es la tercer amenaza que recibo en menos de un mes, también amenazaron a Gustavo Petro. Nos quieren imponer la política del miedo en Colombia. El cambio es imparable. […] ¡Exigimos garantías para nuestro ejercicio político!” En el panfleto fotografiado que acompaña al trino, puede leerse su nombre entre insultos malsonantes y amenazas de muerte, extensivas a decenas de líderes progresistas enumerados al pie del panfleto, incluido Gustavo Petro. El “comunicado” está firmado por un supuesto Bloque Capital de esta organización y fechado vagamente en abril. Los paramilitares hacen un llamado a “que todos los sectores que creen en la seguridad democrática se unan y eviten que el comunismo vuelva a Colombia una nueva Venezuela…” Es decir, sus ideólogos o titiriteros emplean el propio panfleto como táctica de deslegitimación política de las víctimas para excusar los crímenes. Además del grave intento de intimidación que suponen unas amenazas tan directas, es evidente que detrás de los autores hay un elaborado trabajo de Inteligencia (“de campo”, dicen en otro panfleto) para dar listados de dirigentes políticos y sociales de varias regiones del país.

Atentados con maleta bomba en Bogotá

Antes y después de las elecciones legislativas se produjeron dos atentados con potentes explosivos en Bogotá, los días 5 y 26 de marzo, contra sendos Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la Policía Nacional. En la última de estas explosiones hubo dos víctimas mortales: un niño de 12 años y una niña de cinco, y otras 34 personas resultaron heridas. En el área circundante quedaron 60 viviendas con afectaciones materiales, lo que indica que se trató de una operación programada y ejecutada por una organización con cierto grado de infraestructura.

Simultáneamente, los propagandistas de la ultraderecha difamaron a la candidata a vicepresidenta por el Pacto Histórico, Francia Márquez, con fake news en las redes sociales, divulgando un supuesto mensaje suyo en el que justificaría que los CAI son “objetivos legítimos”. Con esta burda manipulación se pretendió arrojar dudas sobre la autoría de los atentados, insinuando que los habrían cometido simpatizantes del PH. La propaganda uribista insiste en presentar sin fundamento a los candidatos de la izquierda como aliados de organizaciones guerrilleras, allanando el camino a las masacres y el asesinato de los líderes sociales que hacen campaña en favor del PH.

El contexto y desarrollo de los dos atentados contra los CAI es muy llamativo. Ambos se cometieron mediante el mismo procedimiento de dejar una maleta bomba en las proximidades de un CAI de Ciudad Bolívar, distrito del sur de Bogotá de estrato socioeconómico bajo. Solo hubo muertos y heridos entre la población civil. No hubo bajas policiales, aunque sí algunos daños materiales. En el segundo atentado, el más mortífero, quien dejó el explosivo en la parte trasera de la estación policial fue un sujeto encapuchado. El director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, afirmó que el autor intelectual del atentado era el jefe del Frente 33 de las disidencias de las FARC, Javier Alonso Veloza alias Jhon Mechas, quien habría subcontratado a otra organización ilegal (según Vargas, una banda de outsourcing criminal) para sembrar el terror en la capital del país.

Según el relato del ejército, el Frente 33 de las disidencias de las FARC se habría responsabilizado del atentado mediante un comunicado grabado en un video, en el que se afirma que la bomba formaba parte de una serie de acciones en “celebración de la muerte de Manuel Marulanda Vélez” (alias ‘Tirofijo’), a quien se dedica un caluroso homenaje; pero el orador da un giro inesperado y a continuación expresa una gran admiración por “la obra que emprendió el comandante Hugo Chávez Frías y que es continuada por el líder socialista camarada Nicolás Maduro Moro”, a quien ofrece solidaridad y apoyo, además de mostrarse agradecido por “el reconocimiento que el pueblo de Venezuela hace al camarada Manuel [Marulanda]”. Firma el comunicado un supuesto “Estado Mayor de las FARC-EP” desde las “Montañas de Colombia”.

Por otra parte, aunque en los últimos tres años se divulgaron informes sobre la posible cooptación de bandas criminales de Ciudad Bolívar para realizar trabajos sucios a las órdenes de las disidencias, no es menos cierto que los informes de Inteligencia presentados a la Alcaldía por el ministerio de Defensa niegan que exista alguna actividad guerrillera en la ciudad. En cualquier caso, la onda expansiva de este evento y de su interpretación supone instalar en el espacio público la sospecha de una presencia guerrillera con capacidad operativa en Bogotá. La propia alcaldesa Claudia López asumió como propia la versión oficial de que el atentado había sido “planeado y ejecutado desde el Catatumbo [región transfronteriza con Venezuela] por un grupo armado organizado, como el grupo residual frente 33 de las disidencias de las FARC”.

La percepción social de una hipotética irrupción de la guerrilla en el escenario urbano podría distorsionar los equilibrios políticos en plena campaña electoral, con especial impacto sobre los indecisos, aumentando su desconfianza hacia el voto por candidatos progresistas que la derecha identifica como extremistas de izquierda.

En la segunda parte del video del supuesto comandante de las disidencias, que estaría grabada al día siguiente, los autores se atribuyen acciones conmemorativas de la muerte de Tirofijo “a lo largo y ancho de todo el territorio del Magdalena Medio”, además de “actividades militares, de propaganda y culturales”, entre ellas la “activación de una carga explosiva en Ciudad Bolívar, en Bogotá, contra un CAI de Policía”.

Este video arroja dudas sobre su autenticidad. La hipótesis que lo sustenta es una supuesta alianza entre las guerrillas marginales de las FARC que no depusieron las armas y el gobierno de Venezuela, y la exageración de ese vínculo induce a sospechar que podría ser una operación de Inteligencia. Es bien conocida la permanente confrontación del gobierno de Duque con el de Nicolás Maduro, incluyendo su participación en operaciones internacionales para derrocar al presidente venezolano. A los pocos días del atentado contra el CAI de Ciudad Bolívar en el que se quiso involucrar a Venezuela, Nicolás Maduro denunció nuevos planes del gobierno de Duque para “profundizar los ataques y actos de sabotaje” contra su país.

La masacre del ejército en Putumayo

Mientras se celebraban los funerales de las víctimas de Bogotá, el terror volvió a golpear con más fuerza si cabe a la población de una vereda de la selva amazónica, en Puerto Leguízamo, Putumayo. El 28 de marzo varios comandos militares disfrazados de guerrilleros dispararon contra el poblado y en particular contra una caseta de feria donde se celebraba un baile, masacrando a 11 personas.

Según la explicación de las autoridades militares y policiales, adoptada como propia por el presidente, las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en Putumayo iban dirigidas contra las “disidencias” que se declararon responsables del atentado de Bogotá. Pero todos los testimonios indican que no había guerrilleros ni hombres armados, sino una fiesta popular que los francotiradores del ejército convirtieron en un baño de sangre. La población estaba realizando un bazar para recaudar fondos comunitarios. El evento se convocó como un “Gran Festival bailable” y se prolongó durante varios días. Entre los fallecidos destacan el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Remanso y su esposa, así como el gobernador indígena del Cabildo Kichwa, Pablo Panduro Coquinche.

La versión de las autoridades es que hubo un combate con la guerrilla. El ministerio de Defensa emitió un primer comunicado argumentando que los muertos formaban parte de las disidencias de las FARC: “En una operación conjunta 11 presuntos integrantes de la Segunda Marquetalia fueron dados de baja en inmediaciones del caserío Alto Remanso en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo”. Y el presidente Duque amplió esa versión de los hechos: “Continúa la ofensiva contra estructuras narcoterroristas en todas las regiones del país. En operaciones de nuestra Fuerza Pública, se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las Farc y la captura de 4 criminales más en Puerto Leguízamo (Putumayo).”

En este fantasioso relato del presidente y los altos generales se han fraguado hasta los menores detalles de la supuesta operación militar, narrada por Duque como si él mismo la hubiera planificado: “Los sujetos abatidos forman parte del frente 33 de las disidencias de las FARC, cuyo cabecilla es alias John Mechas, el mismo que se ufanó de haber ejecutado el atentado terrorista contra el CAI de la Policía.”

Una exhaustiva investigación realizada sobre el terreno por tres medios de comunicación colombianos recogió testimonios de 30 personas que estuvieron presentes ese día. Todos coinciden en afirmar que los militares bajaron de la montaña vestidos de negro y que después de gritar: “No somos fuerza pública, somos guerrilleros”, comenzaron a disparar.

En el “operativo” participaron el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, y estuvo comandado por el Mayor General Edgar Rodríguez Sánchez, quien tiene abiertas 32 investigaciones ante la JEP relacionadas con 56 casos de ‘falsos positivos’. En esta ocasión, como en aquellas terribles ejecuciones extrajudiciales, los militares pusieron armas sobre los cuerpos de algunas víctimas para simular su pertenencia a la guerrilla. Adicionalmente, se llevaron toda la recaudación del bazar y robaron mucho dinero a los campesinos. Varios de los hombres vestidos de negro que se habían hecho pasar por guerrilleros se retiraron del territorio en helicópteros del ejército.

Un comunicado de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIC) reafirmó la versión de los hechos que dieron los testigos y planteó algunas exigencias a las instituciones, entre ellas: “1. Al Ejército Nacional que cese de manera inmediata los homicidios a través de la modalidad de FALSOS POSITIVOS, de la población civil del municipio, y en especial en contra de la población indígena y sus autoridades. 2. Al Ministerio de Defensa para que se retracte de sus declaraciones y aclare que las personas asesinadas por el Ejército Nacional no era guerrilleros sino población civil.” En el punto 6 solicitan también a la Procuraduría General de la Nación “que investigue disciplinariamente a todos los funcionarios que participaron en este FALSO POSITIVO, incluyendo al ministro de Defensa Diego Molano”.

También se supo que el ejército habría presionado a sobrevivientes de la masacre, incluyendo heridos en los hospitales, para que firmasen unas hojas en blanco estampando sus huellas digitales.

A pesar de las pruebas y testimonios contundentes que sugerían lo contrario, el presidente Duque se aferró a su ciega defensa del ejército. Al tercer día de la masacre reiteró que “las personas abatidas en la zona rural se encontraban armadas” y las calificó como “delincuentes”. Aseguró también, sin dar nombres ni aportar imágenes, que “algunos de nuestros hombres claves fueron heridos en ese intercambio de disparos”. Ese mismo día, tanto la Defensoría del Pueblo como la ONG Human Rights Watch confirmaron que los muertos eran civiles, y exigieron a las autoridades judiciales esclarecer rápidamente los hechos.

La presencia del ejército en esos departamentos selváticos no es casual, sino permanente; pero las tropas no están allí para proteger a los más pobres. El Ejército de Colombia ha firmado varios contratos para la prestación de “servicios de seguridad” con empresas multinacionales extractivistas en el departamento de Putumayo. El equipo periodístico del portal colombiano Cuestión Pública reveló en una investigación conjunta con Mongabay Latam que se firmaron tres convenios entre el Ministerio de Defensa y la petrolera Amerisur-Geopark (acusada por las comunidades ante tribunales internacionales por sus vertidos contaminantes). El primero de ellos data de 2014 y fue por un valor de 157.000 dólares. El convenio se renovó sucesivamente cada dos años, en 2016 y 2018. Una parte del pago de la petrolera consta como gastos “destinados a bienestar personal” de los mandos militares. Al mismo tiempo, la compañía “ha sido señalada de posibles alianzas con disidencias de las FARC para proteger sus proyectos de explotación”, según denuncias de familias desplazadas por estos grupos a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Los investigadores señalan que en “las zonas de influencia de la compañía en las que el Ejército ejerció labores de protección” ha recrudecido la violencia: “Mientras la fuerza pública brindaba seguridad a la empresa, los resguardos eran víctimas de amenaza”, constatan.

Estas pruebas de connivencia entre el estamento militar y las compañías petroleras señalan que en el ejército prima, en las zonas rurales y selváticas, una función de milicia privada al servicio de los intereses de sus contratistas por encima de su misión teórica y estatutaria como fuerza pública.

La realidad paralela del presidente Duque

Dos semanas después de la masacre del ejército en Putumayo, a pesar de haber quedado documentada la existencia de víctimas civiles, el presidente de Colombia seguía suscribiendo la versión del ejército, alegando que esa operación contó con “planificación, información de inteligencia, información precisa sobre la presencia de cabecillas y miembros de células terroristas y narcotraficantes en ese lugar del territorio”.

Duque hizo estas declaraciones al llegar a Nueva York para intervenir ante el Consejo de Seguridad de la ONU, con el fin de defender la implementación de los acuerdos de paz con las FARC durante su gobierno. El presidente aseguró en la ONU que un principio rector de las políticas de su gobierno es “la construcción de la paz sin impunidad”. ¿Qué quiere decir esto? ¿No quedarán impunes los crímenes de los militares que masacraron a los campesinos en Puerto Leguízamo si el propio presidente se niega a ver los hechos?

En la realidad paralela que ha inventado Iván Duque para ocultar la violencia en el país, y que difunde a diestra y siniestra, el ejército nunca masacra civiles sino que combate con guerrillas y elimina disidentes. De igual modo, en esa realidad paralela que le sirve de escaparate ante el resto del mundo, su gobierno habría sido impecable en la implementación del acuerdo de paz. Duque se felicitó por lo actuado para favorecer la reincorporación de los ex guerrilleros de las FARC desde que asumió la presidencia. Sobre los 315 guerrilleros asesinados desde la firma del acuerdo de paz, la mayor parte bajo su gobierno, el presidente se escudó en que esa cifra ha sido menor a las muertes que siguieron a otros procesos de paz acometidos en Colombia. No hizo ninguna mención a los continuos desplazamientos de los ex guerrilleros por las amenazas de grupos paramilitares, sin que el gobierno garantice su seguridad. Los representantes de Francia y de Rusia recordaron a Duque que la Corte Constitucional de Colombia ya advirtió sobre una violación masiva del Acuerdo de Paz. “La Comisión de Garantías de Seguridad no está brindando las garantías suficientes”, dijo la embajadora francesa, quien también evocó “los asesinatos de ex combatientes, de defensores de derechos humanos, de líderes sociales…”.

Además, el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, aludió a los sucesos de Putumayo: “Deseo recalcar la importancia de que haya investigaciones completas por parte de las autoridades pertinentes de las muertes de 11 personas, incluidos dirigentes indígenas y de la comunidad, en una operación militar contra miembros de un grupo armado ilegal”. El discurso de Ruiz Massieu precedió al de Duque, quien no se dio por aludido y desgranó con parsimonia el relato de su realidad paralela: “Es muy importante que Colombia siga dando certezas sobre el actuar de su fuerza pública”, dijo el mandatario al final de su discurso, y añadió con un quiebre en la voz que lo delataba: “Nuestra nación tiene cero tolerancia contra cualquier violación de los derechos humanos por parte de agentes de la fuerza pública”.

Un gran déficit de la sesión fue que no se invitase a las víctimas de la violencia política al debate del Consejo de Seguridad. Sus voces hubieran podido contrarrestar la propaganda del gobierno.

*Nota originalmente publicada en El Salto Diario

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Por Eduardo Giordano | Fotos: Luis Carlos Ayala

El próximo mes de agosto concluye el período presidencial de Iván Duque en Colombia. Será sustituido quien gane elecciones del 28 de mayo, o bien, en su defecto, el que triunfe en la segunda vuelta del 19 de julio. Previamente, el 13 de marzo, se celebran las elecciones al Congreso. 

La mayor parte del pueblo colombiano pone pésima nota a la presidencia de Iván Duque, con un índice de rechazo superior al 70 % en enero de 2022, mientras que solo dos de cada diez de las personas consultadas aprueba su gestión. Su gobierno será recordado como un período de retroceso general del país, tanto por el deterioro de los indicadores socioeconómicos como por su falta de cintura política y el fracaso de su estrategia de seguridad.

A lo largo de estos casi cuatro años aumentaron la pobreza y la desigualdad por encima de la media histórica, ya de por sí muy elevada. Según las estadísticas oficiales, 21 millones de colombianos y colombianas viven por debajo del nivel de pobreza. A pesar de la recuperación económica del último año, el desempleo se sitúa en el máximo de los dos últimas décadas y Colombia aparece ahora, por primera vez, en los informes de organismos internacionales (FAO) entre los países americanos con riesgo alimentario extremo, junto a Honduras y Haití, a pesar de sus formidables recursos en tierras para uso agrícola.

Mientras caen los principales indicadores sociales, aumenta la violencia en todo el país. En estos años de gobierno de Duque se ha multiplicado el número de masacres y asesinatos de líderes y lideresas sociales, dirigentes de comunidades indígenas y poblaciones negras, ex guerrilleros suscritos al acuerdo de paz, miembros de colectivos LGTBI u opositores políticos. Uno de cada tres lideresas o líderes ambientales asesinados en el mundo encuentran la muerte en Colombia, así como la mitad de las y los defensores de Derechos Humanos. Por no hablar de las recientes masacres de juventudes urbanas perpetradas por la fuerza pública y paramilitares durante las marchas de protesta del Paro Nacional.

Bajo el ala de Uribe: “mermelada” y ñeñepolítica

Iván Duque Márquez inició su actividad política en 2001 como funcionario estatal en Washington. Durante 13 años fue representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que le da un perfil eminentemente tecnócrata. Más tarde participó en el gobierno de Juan Manuel Santos durante un breve período, pero muy pronto se desvinculó del mismo para sumarse al nuevo partido creado por el ex presidente Álvaro Uribe, el Centro Democrático (CD), ideológicamente opuesto a las negociaciones de paz con la guerrilla y obsesionado con ganar la guerra por la vía militar.

Duque se presentó a las elecciones presidenciales de agosto de 2018 respaldado por Uribe y, a diferencia del presidente saliente, Juan Manuel Santos -quien también fue aupado por Uribe pero se desmarcó con una agenda propia-, Duque se mantuvo casi siempre fiel a las indicaciones de su mentor. Ganó las elecciones en segunda vuelta con el 54 % de los votos, después de una campaña muy enconada contra su principal rival, el progresista Gustavo Petro (Colombia Humana). La victoria de Duque en 2018 permitió visibilizar la permanencia de una amplia base social conservadora, muy polarizada con respecto a “la izquierda” y que adhiere a las políticas de seguridad (uribistas) contrarias a los acuerdos de paz.

La gran promesa electoral de Iván Duque fue acabar con la llamada “mermelada”, es decir, con la corrupción de políticos y empresarios que actúan mancomunadamente para conseguir prebendas. Las y los congresistas, cuando legislan para favorecer los intereses del grupo en el poder, reciben a cambio la famosa “mermelada”, que consiste en obtener cargos públicos para sus amigos y parientes o sustanciosos contratos para sus empresas. Esa promesa fue incumplida y el balance en este aspecto también es negativo, ya que destacados miembros del partido CD, ministros de su gobierno y amigos del presidente fueron investigados por sobornos, financiación ilegal y otros delitos característicos de la vieja política del contubernio. 

Por otra parte, hay indicios de que la campaña electoral de Iván Duque habría recibido financiación de un conocido empresario de la región Caribe, conocido como “Ñeñe” (José Guillermo) Hernández, muerto en Brasil en misteriosas circunstancias. El Ñeñe, ganadero y narcotraficante, habría sido una figura clave en la financiación de la campaña electoral del CD en algunos departamentos del Caribe, tales como La Guajira y César, que el uribismo consideraba imperioso disputarle a Petro. El Ñeñe aparece en múltiples fotografías posando familiarmente con Duque en plena campaña, una proximidad promiscua que dio lugar al término ñeñepolítica.

En diciembre de 2020, a partir de numerosos audios de conversaciones telefónicas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) llamó a declarar al gerente de la campaña presidencial de Duque, Luis Echeverri, así como a María Claudia Daza, asesora de máxima confianza del entonces senador Álvaro Uribe.  La Corte Suprema de Justicia reactivó este proceso en enero de 2022, citando a declarar a la ex asesora de Uribe y a otros políticos implicados en la trama, hasta determinar si cabe citar también al ex presidente.

Un balance de la presidencia de Duque

En términos generales, la política económica del gobierno de Duque ha profundizado el neoliberalismo latifundista y extractivista en beneficio de los propietarios del agronegocio y las multinacionales mineras y petroleras. Esto es lo que se ha llamado la cogobernabilidad corporativa o captura corporativa del Estado, que se expresa en priorizar el diálogo y los acuerdos con los grandes empresarios en detrimento de otras instancias de la ciudadanía.

El proyecto estrella del gobierno, la reforma tributaria del ministro Alberto Carrasquilla (un ex ministro de Hacienda de Uribe), fue el detonante que desató el Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021, el más prolongado de la historia reciente. Duque tuvo que retirar finalmente la reforma y aceptar la renuncia de su ministro. Pero lo hizo cuando ya se habían documentado al menos 26 asesinatos por disparos de la fuerza pública. El paro continuó por otras reivindicaciones, pero ante todo como medida de fuerza de la población -y en particular de la juventud- contra la terrible represión de las movilizaciones.

La política económica de Iván Duque, además de haber dejado a gran parte de las y los colombianos en condiciones de vulnerabilidad extrema frente a la pandemia, profundizó el deterioro de los términos del intercambio de los bienes agrícolas que produce Colombia, favoreciendo las importaciones, con un efecto perverso para la producción nacional de alimentos. Según un informe de Greenpeace, Colombia importa actualmente un 30 % de los alimentos que consume. Pero el 75 % de las importaciones de alimentos y productos agropecuarios (un total de 8.000 millones de dólares anuales en 2021) se podría sustituir por producción nacional.

Hay pocas dudas de que el principal producto de exportación de Colombia es la cocaína. El dinero negro del narcotráfico insuflado a la economía redunda en un aumento exponencial de las importaciones, que superan los 40.000 millones de dólares anuales, con resultado siempre deficitario de la balanza comercial por el estancamiento de las exportaciones (27.000 millones de dólares en 2020).

Entre las exportaciones que oficialmente quedan registradas como tales, la principal fuente de ingresos del país corresponde a las exportación de combustibles fósiles. En un complejo contexto geopolítico regional, Colombia llegó a exportar 13.000 millones de dólares en petróleo en 2019, incluso más que Venezuela (12.200 millones), aunque sus reservas en comparación son ínfimas. En conjunto con la exportación de carbón, ambos combustibles fósiles aportaron ese mismo año el 46 % de los ingresos en divisas. 

A pesar de la recuperación económica de 2021, el desempleo fue aun mayor que en 2019. El trabajo informal es la única posibilidad de empleo para un 60 % de la población, mientras que al menos uno de cada tres jóvenes está desocupado, convirtiéndose así en carne de cañón para su reclutamiento por parte de las organizaciones criminales. El mayor lastre de la presidencia de Duque en el plano político es no haber hecho nada por garantizar la seguridad de la población colombiana ante los ataques de los grupos armados, o incluso de la represión de la propia fuerza pública.  

En respuesta a esta dramática situación económica y de emergencia social, durante todo el gobierno de Iván Duque se mantuvo la protesta en la calle, con una serie de movilizaciones que culminaron en el primer Paro Nacional, de noviembre de 2019, violentamente reprimido por la policía. Durante el año 2020, a pesar del inicio de la pandemia, las protestas sociales fueron subiendo de tono: la Minga indígena se movilizó desde el Cauca hasta Bogotá para protestar por los asesinatos y masacres de la población indígena, campesina así como a lideresas y líderes sociales; hubo una marcha de ex combatientes de las FARC en repudio a los asesinatos de sus compañeros y compañeras firmantes del acuerdo (más de 300 desde la firma del acuerdo); un nuevo Paro Nacional en noviembre de 2020 contra la violencia política y el inmovilismo del gobierno en materia social, y, finalmente, el Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021 contra la Reforma Tributaria y otras políticas de Duque que se prolongó durante más de dos meses por la negativa del gobierno a negociar con las y los huelguistas. El accionar de represión y violencia sistemática hablan de la consolidación de un (narco)paramilitarismo que ha proliferado sin control durante su gobierno. 

Todos estos crímenes de lesa humanidad, cometidos muchas veces con implicación de funcionarios del Estado, le han pasado factura al presidente tanto en el interior del país como cuando viaja al exterior. Por ejemplo, cuando Iván Duque acudió a la toma de posesión del presidente Luis Arce, en Bolivia, fue interpelado por algunos de los asistentes, que lo acusaron de complicidad con los asesinatos de líderes y lideresas sociales increpándolo al grito de ‘¡paramilitar!’. Y en las contadas visitas del presidente a las zonas donde se producen masacres, Duque suele recibir el repudio de la población local, que le reprocha la interminable repetición de la violencia, la falta de protección y la escasa presencia del Estado. 

El gobierno admite no haber dotado al Estado de los medios necesarios para resolver estas situaciones. La ministra del Interior, Alicia Arango, uribista de primera hora, afirmó: “No podemos negar la débil presencia y capacidad del Estado en resolver estos desafortunados asesinatos, y estas desafortunadas amenazas y riesgos que corre la vida de los defensores de derechos humanos, líderes, lideresas sociales, así como los reincorporados”, dijo entonces.

Además, durante dos años consecutivos (2019 y 2020), Colombia encabezó el listado de los países con más lideresas y líderes ambientalistas asesinados en todo el mundo. Según la organización internacional Global Witness, 65 de los 227 homicidios de líderes medioambientales que se registraron en el mundo durante 2020 tuvieron lugar en Colombia, casi un 30 % del total. Durante ese año el país perdió 170.000 hectáreas de bosque (un 8 % más que el año anterior) y el 64 % de esa pérdida se concentró en la Amazonia. Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), afirma que una tercera parte de esa superficie puede haber sido devastada por responsabilidad de los campesinos (con los que ahora hay acuerdos), pero que al menos dos terceras partes (cerca de 100.000 hectáreas) son incendiadas por obra de acaparadores de tierras y apropiadores ilegales. Es imposible resolver un conflicto como la deforestación, muy ligado al acceso y el derecho a la tierra, sin un enfoque rural integral que aborde este problema estructural de la sociedad colombiana.

El gobierno de Iván Duque ha sido incompetente en controlar la situación de violencia en los territorios. No ha existido una política de seguridad territorial capaz de poner freno a la desestabilización y el éxodo de los habitantes, que es permanente en las áreas rurales. La falta de protección estatal expone a las poblaciones campesinas e indígenas a desplazarse y abandonar una y otra vez sus hogares, huyendo de las confrontaciones armadas y escapando de las masacres.

El incumplimiento de los acuerdos de paz

La política de seguridad del gobierno de Duque está signada por la herencia de Uribe, y consiste básicamente en militarizar la guerra contra el narcotráfico, sabotear los acuerdos de paz, permitir las masacres de la población indígena y campesina a través de sicarios, así como asesinar líderes sociales y ex miembros de las FARC incorporados a la vida civil tras la firma de los acuerdos de paz. Los ejecutores de estas últimas acciones son grupos paramilitares que actúan impunemente en los territorios que deberían vigilar las fuerzas de seguridad. Exista o no un plan sistemático de ejecuciones extrajudiciales, el gobierno de Duque es responsable de estas prácticas cuando menos por omisión.

Tras los primeros cinco años del acuerdo de paz, entre noviembre de 2016 y noviembre de 2021, se produjeron 299 asesinatos de ex guerrilleros de las FARC-EP, es decir, de firmantes del acuerdo de paz que se habían reincorporado a la vida civil. La mayor incidencia de estos crímenes perpetrados por sicarios se produjo en 2019 (77 homicidios) y 2020 (76), en pleno gobierno de Iván Duque. A estos asesinatos se suman los de centenares de líderes y lideresas sociales y defensores/as de derechos humanos, así como las masacres de población civil.

Según la organización no gubernamental Indepaz, en todo el año 2020 hubo 91 masacres, con 381 víctimas mortales; en 2021 hubo 96 masacres, con 338 víctimas, y durante los primeros 23 días de enero de 2022 ya se habían perpetrado 10 masacres con 29 víctimas.  Aunque algún ministro del gobierno de Duque intentó quitar dramatismo a las cosas llamando a estos hechos ‘homicidios colectivos’, pero recibió toda clase de críticas por parte de organismos defensores de derechos humanos. Se considera masacre el asesinato simultáneo de al menos tres personas.

Sobre la restitución de tierras, los datos empujan al pesimismo. Por ejemplo, de la meta de entregar a campesinos 3 millones de hectáreas que establece el acuerdo de paz se ha cumplido menos del 1 %. Un alto consejero presidencial de Duque, Emilio Archila, rechazaba que existiera inmovilismo del gobierno en la implementación de este punto del acuerdo de paz, y para demostrarlo aseguró que se han devuelto 50.000 hectáreas, en beneficio de “22.674 víctimas de despojo y desplazamiento forzado”. Una cantidad exigua después de cuatro años, teniendo en cuenta el número de afectados y la ambiciosa meta establecida.

La Corte Constitucional condenó en enero de 2022 al Estado colombiano por violación masiva del Acuerdo de Paz, admitiendo los argumentos de los ex guerrilleros reincorporados que interpusieron tutelas en las que habían alegado falta de garantías de seguridad en los territorios, entre otros incumplimientos. La magistrada Cristina Pardo, ponente de la propuesta de resolución, explicó así la sentencia adoptada: “Consideró la Corte que, en efecto, los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz fueron desconocidos. La Corte Constitucional, además, considerando el alto número de firmantes del Acuerdo final de Paz que han sido víctimas de homicidio y el bajo nivel de implementación de las normas sobre garantías de seguridad para los desmovilizados, también decidió declarar el estado de cosas inconstitucional y expedir órdenes estructurales generales para el cumplimiento de lo establecido en las normas del Acuerdo en lo relativo a las garantías de seguridad”. Además de dejar al desnudo las insuficiencias de todo tipo del gobierno, la Corte formuló más de diez directrices para corregir la situación.

El presidente Duque reaccionó inmediatamente con una trasnochada alusión a las restricciones que impuso esa Corte a las fumigaciones con glifosato: “¿Esos grupos de qué se nutren?, se nutren del narcotráfico y para vencer el narcotráfico hay que tener todas las herramientas. Entonces, por un lado, se limitan las herramientas para enfrentar el narcotráfico y, por otro lado, se está diciendo ahora que están asesinando los líderes y que ese fenómeno es responsabilidad estatal. No, señor”. El texto en cursiva casi no requiere comentarios sobre la falta de empatía de Duque con los familiares de las víctimas.

Yesid Arteta, escritor colombiano residente en Barcelona, resume así la evolución de los últimos años: “La violencia en Colombia se ha venido extendiendo. En el ámbito territorial estamos en una situación mucho más complicada que la que teníamos cuando existía una guerra más o menos reconocida por la comunidad internacional e incluso por algunos agentes nacionales”. El responsable de esta situación no es solo el gobierno, sino también buena parte de su entorno político, dado que el Congreso, “que tenía la misión de reglamentar los acuerdos de paz, ha fallado”, entre otras cosas por no haberles dado representación a las víctimas.

El abandono de la población rural

El cumplimiento del acuerdo de paz requiere una transformación profunda de las áreas rurales del país, donde la presencia del Estado siempre fue insuficiente. La consecución de la paz implica generar condiciones que faciliten la concreción de experiencias locales concretas, en los contextos específicos de las comunidades. La paz no es (solo) el resultado de un acuerdo, sino también la garantía plena de su implementación. Pero el gobierno de Colombia no ha afrontado los problemas y dinámicas socioeconómicas que originaron el conflicto. En gran medida, la expansión de las disidencias y otras fuerzas insurgentes es consecuencia de no haber realizado una reforma rural integral según lo acordado en La Habana.

Al abandono de la población rural por parte del gobierno, se suma el impacto negativo que tiene la política económica neoliberal sobre los territorios rurales y selváticos, basada en la extracción de recursos naturales como el petróleo y el oro para su exportación, o en la deforestación de la selva amazónica para la siembra de palma africana o ampliar las fincas ganaderas. 

Los territorios de frontera de 13 departamentos (un total de 77 municipios) sufren de manera especial la ausencia del Estado.  El investigador Wilfredo Cañizares, de la Fundación Progresar Norte de Santander, ha estudiado la paradoja de estas regiones con grandes potencialidades socioeconómicas y culturales que, sin embargo, sufren “una tasa de desempleo cinco veces mayor que la media nacional” y una informalidad laboral superior al 80 %. Además, los municipios de frontera tienen un índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del 53 %, cuando el promedio nacional es de 28 %.

En estas zonas aisladas de los centros urbanos se ha generalizado el modelo económico extractivista basado en el desarrollo de proyectos mineros, energéticos, agroindustriales, biotecnológicos y turísticos, que necesitan “garantías de seguridad y control territorial”, con la consiguiente “militarización del territorio a través de la fuerza pública, el uso de grupos paramilitares o el apoyo de fuerzas extranjeras”.

Además, las características demográficas de estas zonas son un agravante, ya que estos fenómenos “ocurren en regiones eminentemente rurales y mal comunicadas, con territorios colectivos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas afectadas por una eterna crisis migratoria.” En línea con sus antecesores, el gobierno de Duque ha considerado estos problemas como un asunto de orden público, un enfoque que lo ha llevado a “aplicar en el ámbito interno, de manera permanente, planes de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”, concluye el investigador.

Un claro ejemplo de este prolongado abandono de las periferias rurales por parte del Estado puede verse en el departamento de Arauca, limítrofe con Venezuela, donde la violencia política causó la muerte de más de 50 personas en enero de 2022. La inexistencia de comunicaciones viarias en este departamento dificulta desde siempre la presencia de las instituciones, facilitando el accionar guerrillero y de grupos narcoparamilitares. Aunque el gobierno de Duque anunció en abril de 2021 la realización de obras viales de intercomunicación regional (el llamado Pacto Bicentenario), de las obras presupuestadas se ha ejecutado hasta fin de año menos del 1 % y la inauguración del primer tramo de 50 km está prevista para el año 2030.

Mientras tanto, indígenas de la comunidad kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta, del departamento fronterizo de la Guajira, sufrieron a fines de enero de 2022 la quema de sus viviendas (50 bohíos) y lugares sagrados por parte de grupos armados que los obligaron a abandonar su tierra. Este no es un incidente aislado, ya que se suma a otros cuatro casos similares que fueron denunciados en diciembre de 2021, cuando “indígenas kankuamos denunciaron la quema, también por parte de hombres vestidos de civil, de cinco centros sagrados entre los departamentos del Cesar y La Guajira. Todos ellos dentro del perímetro de la Sierra Nevada de Santa Marta”, donde operan   a sus anchas los comandos narcoparamilitares.

Por otra parte, el presidente ha dejado desfinanciada la administración de justicia local y rural, un proyecto impulsado por él mismo, pero al que nunca dotó de los recursos necesarios para su funcionamiento. 

El Estado colombiano está ausente en la articulación del espacio rural, pero su presencia es también insuficiente para resolver los problemas que aquejan a la población de los núcleos urbanos. Por ejemplo, no se han realizado las necesarias obras de infraestructura para prever los daños que ocasionan los fenómenos naturales cada vez más intensos que se producen en todo el país, como consecuencia del cambio climático y de los desplazamientos demográficos vinculados a la guerra y la pobreza. Un claro ejemplo es el de las ciudades de la costa Caribe, tales como Cartagena de Indias, que sufren inundaciones cada vez más devastadoras (las aguas anegaron el 70 % de Cartagena en 2020 y hubo 150.000 damnificados) por la falta de concreción de los planes de drenaje fluvial previstos desde la década de 1980.áLa mayor parte de la sociedad colombiana, que aparece estratificada en los registros oficiales con un sistema comparable al de castas -con rangos que van del 1 al 6 en función de sus ingresos y hábitat-, no se ha visto beneficiada por el crecimiento económico general del país. Este solo revierte en producir mayores beneficios para las capas más altas, los estratos 5 y 6. Un ejemplo es el recurso a la exportación de petróleo, que aporta un tercio de los ingresos en divisas pero no tiene casi ningún impacto sobre el empleo, y a pesar de esta contribución de las energías sucias a equilibrar la balanza comercial del país, esta resulta de todos modos deficitaria, en gran parte por la importación de 12 millones de toneladas anuales de alimentos, que representa un 30 % del consumo total.

Este desajuste estructural de la economía colombiana es uno de los resultados del proyecto neoliberal extractivista, acompañado de exclusión social, que se ha consolidado en los últimos años con las acciones y omisiones del gobierno de Iván Duque. Un dilema que se definirá en las próximas elecciones es si Colombia seguirá ‘contaminando’  con más extracción de carbón y petróleo para pagar sus alimentos, o aprovechará su maravillosa naturaleza para hacer los cambios estructurales que su sociedad necesita, tanto en la distribución del suelo agrícola como en la protección ambiental de los territorios acosados por las empresas extractivistas.

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Por Eduardo Giordano

El Consejo de Ministros de España decidió el pasado 14 de septiembre concederle al presidente colombiano Iván Duque la Orden de Isabel la Católica, una de las máximas condecoraciones que otorga el Estado español. Este reconocimiento está vigente desde 1815 y el gran Maestre de la Orden es el rey, Felipe VI, secundado por el ministro de Exteriores en su carácter de Canciller de la Orden. En la exposición de motivos del monarca español para entregar la condecoración al mandatario colombiano puede leerse que le otorga el collar de la orden “queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a Su Excelencia señor Iván Duque Márquez”.

El presidente de Colombia llegó a Madrid para promocionar su libro autobiográfico en la Feria del Retiro, pero vio frustrado el intento por la protesta de escritores colombianos y libreros de toda España que rechazaron, en un comunicado público y a través de marchas dentro y fuera del recinto, que Duque utilizase ese espacio para blanquear su imagen, mientras se excluía a los escritores críticos por no ser políticamente “neutrales”.

El presidente de Colombia mantuvo encuentros con el rey, con el presidente Pedro Sánchez y con autoridades de la Comunidad de Madrid. No es extraño que Duque haya sido bien recibido allí, dados los vínculos existentes entre su partido, el Centro Democrático, y el Partido Popular, que gobierna en esa comunidad autónoma. Es mucho menos obvio que un gobierno de izquierda, con sensibilidad por los derechos humanos, distinga al presidente del país en el que se cometen las mayores violaciones del derecho a la vida de manera sistemática. La organización colombiana Indepaz ha documentado que durante el año 2020 fueron asesinados 310 líderes sociales y defensores de derechos humanos [1] y un total de 1.248 desde la firma del Acuerdo de Paz (2016), la mayor parte durante la presidencia de Iván Duque. Este año 2021 ya suman 136 los líderes sociales asesinados y hubo 72 masacres de campesinos e indígenas (con 258 víctimas) perpetradas por grupos paramilitares, así como 38 asesinatos de ex combatientes de las guerrillas que se sumaron al acuerdo de paz [2]. Quienes perpetran estos crímenes actúan en connivencia con militares y políticos a las órdenes del gobierno. En casi todos estos casos la fuerza pública llega tarde para impedir las matanzas, pese a las frecuentes alarmas tempranas que se emiten. Mientras sigue esta situación de indefensión y abandono en el interior del país, la represión policial en las ciudades contra los jóvenes manifestantes durante el reciente Paro Nacional provocó al menos 70 muertes por disparos, mayoritariamente de la policía, y dejó más de un centenar de desaparecidos, muchos de los cuales reaparecieron más tarde asesinados [3].

Con estos antecedentes bien conocidos, el hecho de que un gobierno progresista español condecore a Iván Duque parece un gran contrasentido. El simbolismo de la condecoración añade una nota de vetustez a este circo de las vanidades. La concesión de la Orden de Isabel la Católica no es un hecho excepcional, también la reciben esforzados funcionarios públicos españoles; pero eso no le resta valor simbólico y proyección internacional en un caso como este. Uno de sus predecesores en recibir este honor durante el gobierno de Pedro Sánchez, en agosto de 2018 y con Josep Borrell como ministro de Exteriores, fue el ex presidente del PP Mariano Rajoy. Así mismo, en 2019 se concedió el Collar de la Orden de Isabel la Católica al presidente de Perú, Martín Vizcarra, destituido en 2020 por corrupción. También fueron condecorados con esta orden otros dos anteriores presidentes colombianos, ambos del mismo tronco político derechista: Álvaro Uribe, el padrino político de Duque, y su otro ahijado (díscolo) Juan Manuel Santos, acaso el único que merecía un reconocimiento internacional por su labor como artífice de los acuerdos de paz.

El derribo del imaginario colonial

El debate sobre la validez de conceder esta Orden debe extenderse más allá del personaje y sus méritos para ser condecorado, o no, por el Gobierno de España, para enfocarse en cuestionar la existencia misma de la institución, empezando por su propio nombre y filiación. Una Orden cuya proyección simbólica tiene resabios arcaicos, de fuerte afirmación nacionalista española y con ecos de trasnochada vocación neocolonizadora del continente americano. La institución fue creada por Fernando VII en 1815 con el nombre de Real y Americana Orden de Isabel la Católica, en plenas luchas por la independencia de las colonias hispanoamericanas, con la finalidad de “premiar la lealtad acrisolada y los méritos contraídos en favor de la prosperidad de aquellos territorios”. Obviamente la prosperidad para la metrópoli y sus colonizadores, casi siempre reñida con la vida digna de nativos y esclavos. Se trata de un galardón extemporáneo y a contrapelo de la marcha de la historia, un despropósito si se desea estrechar los vínculos entre los pueblos, pues sugiere autocomplacencia de la España actual con los crímenes de la conquista.

En los últimos años toda América ha despertado a una nueva rebelión que se expresa en el plano simbólico en el rechazo a los monumentos y emblemas del pasado colonial. El derribo de la estatua de Cristóbal Colón en varias ciudades de Estados Unidos con motivo de las revueltas antirracistas, o la de Fray Junípero Serra en San Francisco, tienen su correlato en los monumentos de conquistadores tumbados en Chile, Colombia, México y otros países latinoamericanos cuyas luchas sociales van acompañadas de una revisión crítica del pasado colonial, considerado el origen remoto de la ideología racista que persiste en las actuales políticas de exclusión.

En Estados Unidos, en el contexto de las manifestaciones por la muerte del afroamericano George Floyd, las estatuas de conquistadores empezaron a considerarse ofensivas y muchas protestas se centraron en derribar monumentos que enaltecían el pasado colonial e imperialista. Consideradas por algunos activistas como símbolos del racismo, varias estatuas de Cristóbal Colón y de los líderes del ejército confederado fueron derribadas en ciudades de Massachusetts, Minnesota, Florida y Virginia en junio de 2020. Más de un centenar de estatuas de Colón fueron derribadas, decapitadas, pintadas o de algún modo saboteadas durante aquellos disturbios. 

Poco antes en Chile, durante el estallido social de noviembre de 2019, fueron derribadas en medio de grandes ovaciones las estatuas dedicadas al conquistador español Pedro de Valdivia en varias ciudades del centro sur y sur del país. En la ciudad de Concepción el monumento había sido donado por el gobierno español en homenaje a quien fuera el fundador de esa ciudad. En la región del Bio Bio, unos/as 500 mapuche autoconvocados/as derribaron no solo la estatua de Pedro de Valdivia y también la de García Hurtado de Mendoza, quien fuera gobernador de Chile (1556-1561) y más tarde virrey del Perú, tras haber derrotado al recordado cacique Caupolicán. El simbolismo no puede ser aquí más diáfano: Caupolicán fue el toqui (jefe militar) de la resistencia mapuche contra la ocupación de su territorio por los conquistadores españoles.

La valoración social de estos fundadores de ciudades y países en tierras ocupadas militarmente y avasalladas no es igual según se mire desde la perspectiva de los descendientes de colonos o desde la mirada de los pueblos nativos. Mientras que los primeros se aferran a representaciones del pasado complacientes con la colonización y lamentan la “vandalización” del patrimonio artístico en el espacio urbano, las poblaciones indígenas que aún sufren las consecuencias de los viejos agravios a través de las políticas contemporáneas de sus gobiernos, señalan y denuncian con sus acciones simbólicas la disrupción que los condujo a la catástrofe.

En el convulso departamento colombiano del Cauca, indígenas de la comunidad Misak tumbaron una estatua del conquistador español Sebastián de Belalcázar en la ciudad de Popayán. Afirmaron en un comunicado que su objetivo era “reinvidicar la memoria de ancestros asesinados y esclavizados por las élites”. Martha Peralta, presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) de Colombia, afirmó en Twitter: “De Belalcázar fue un genocida que masacró a los pueblos que conquistó. Mi respeto a los Misak que hoy reivindican sus muertos. Al suelo un símbolo de 500 años de esclavitud” [4]. Previamente los Misak ya habían derribado en Bogotá una estatua del conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador en 1538 de Santafé de Bogotá. Desde la comunidad indígena justificaron su acción de forma lapidaria: “Fue históricamente el más grande masacrador, torturador, ladrón y violador de nuestras mujeres y nuestros hijos”, afirmaron [5].

Así mismo en Colombia, fogueados por las protestas contra el gobierno de Iván Duque, donde manifestantes derribaron en Barranquilla la estatua del almirante que dio nombre a este país. Cristóbal Colón fue volteado de su pedestal con una soga al cuello y su cabeza, una vez arrancada, deambuló por las vías públicas de la ciudad. Días antes, en Bogotá, indígenas Misak intentaron derribar las estatuas de Cristóbal Colón e Isabel la Católica, en este caso sin éxito porque fueron detenidos por la policía. La estatua de Isabel la Católica también fue objeto de vertido de pintura roja en varias ciudades americanas, incluso en el monumento que hay en Washington ante la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La indignación que causó en Canadá el descubrimiento de miles de niños y niñas indígenas muertas en condiciones deplorables, tras haber sido enviados durante décadas a internados gestionados por la Iglesia católica, inflamó los ánimos y produjo airados ataques contra los símbolos de ese pasado genocida, como la quema de algunas iglesias y el derribo, el 1 julio de 2021 (aniversario de la fundación de Canadá), de una estatua de la reina Victoria de Inglaterra (1819-1901) y otra de la actual soberana, Isabel II [6].

La reapropiación del espacio público

Dos días antes de la conmemoración del 12 de octubre de 2020, la estatua de Cristóbal Colón fue retirada de su céntrico emplazamiento en Ciudad de México, tras difundirse una convocatoria en redes sociales para acudir a derribarla. La alcaldesa Claudia Sheinbaum tomó la decisión de trasladarla a otro lugar menos emblemático y propuso su reemplazo por la estatua de una mujer indígena, una apuesta arriesgada y polémica. Al mes siguiente, varios grupos de mujeres feministas instalaron en ese pedestal una estatua en honor a “las mujeres que luchan”: la figura de una mujer con el puño en alto “dedicada a aquellas que en todo el país han enfrentado las violencias, la represión y la revictimización”, según expresaron en un comunicado [7].

Hay aquí una forma muy vital de reapropiación del espacio urbano para poner en el centro del debate ciudadano los problemas de mayor emergencia social. Esta clase de intervenciones se han ido popularizando en México con el nombre de anti-monumentos o contra-monumentos, y gracias a su acción subversiva en el espacio público operan como un revulsivo para voltear las conciencias sobre los temas más acuciantes del presente. La confrontación en el orden simbólico va más allá del debate sobre el colonialismo y la figura de Colón, ya que se plantean nuevos interrogantes sobre el uso del espacio urbano para la representación de la historia y la restauración de la memoria histórica.

Un antecedente similar fue la retirada por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en junio de 2013, de la estatua de Cristóbal Colón de su emplazamiento original en el centro de Buenos Aires, para sustituirla por la de Juana Azurduy, una memorable luchadora boliviana por la emancipación del Virreinato del Río de la Plata. 

El siguiente paso en esta senda de deconstrucción de la historia oficial de la Colonia sería descabalgar la fecha misma de celebración de “la Hispanidad”, el día 12 de Octubre, ya que ambos símbolos van indisolublemente asociados. En Argentina se sustituyó con buen criterio el antiguo “Día de la Raza” -que se sigue celebrando en otros países, por ejemplo en Colombia- por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El único desacierto fue mantener la fecha de la celebración, con toda la carga simbólica que supone, en lugar de haberla trasladado -pongamos por caso- al día de la Pachamama (1 de agosto) como contrapunto alusivo a las culturas indígenas.

La caída del navegante Cristóbal Colón de ese pedestal simbólico en el que lo mantuvieron los estados americanos durante tantos siglos es parte del proceso de reconocimiento identitario de los pueblos originarios y de todos los que sufrieron las consecuencias directas o indirectas del racismo y el colonialismo. Colón no fue solo un “descubridor”, sino el primer Virrey y cruel Gobernador de las Indias Occidentales entre 1492 y 1500, piedra angular de la conquista al servicio de la Corona española. 

Usos políticos de la memoria remota

La disposición del gobierno español a rendir homenaje al presidente de Colombia con un símbolo de reafirmación del pasado colonial tiene connotaciones en el plano de las relaciones internacionales y socava la posibilidad de establecer un diálogo sincero con algunos de sus pares latinoamericanos. 

Mientras en las calles y plazas se derriban los símbolos de la vieja dominación colonial, el presidente de México, Manuel López Obrador, reclama al Rey de España y al Papa Francisco que se disculpen por las “oprobiosas atrocidades” que padecieron los pueblos originarios durante la colonización española.  Esta petición reitera la ya efectuada por el presidente mexicano en 2019, en sendas cartas enviadas al rey Felipe VI y al papa Francisco, y que fue rechazada “con toda firmeza” por el gobierno español e ignorada por el Vaticano.

Esta vez el reclamo de México tuvo respuesta por parte de la Iglesia católica. Con motivo de los actos conmemorativos de los 200 años de la independencia nacional, el Papa Francisco envió una carta admitiendo que “tanto mis antecesores como yo mismo hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización”.

Cuando las figuras del almirante Cristóbal Colón y de otros conquistadores resultan tan cuestionadas por los pueblos nativos de los territorios colonizados, cuando hasta el Papa pide perdón a México en nombre de la Iglesia por los “errores” cometidos durante la conquista (como ya lo hizo en 2015 con Bolivia), resulta hasta sorprendente que España no sólo rechace hacerlo, sino que además mantenga como máxima distinción para mandatarios latinoamericanos una condecoración de Isabel de Castilla, cuya figura representa el origen mismo de la empresa colonial que dio lugar a la conquista y la implantación del imperio español.

Después del manto de silencio que envolvió a la historia de España durante la transición posfranquista, la izquierda española se ha ido fogueando en la lucha por recuperar la memoria histórica, reabriendo expedientes y promoviendo exhumaciones para curar viejas heridas del siglo pasado. Sin embargo, el horizonte temporal de este gran esfuerzo de memoria colectiva se ha acotado a los crímenes políticos cometidos durante la guerra civil y la dictadura de Francisco Franco. 

En el plano de la memoria histórica se juega la gran confrontación simbólica con una derecha muy embebida de ideología franquista. En esta disputa tiene centralidad la desactivación del carácter simbólico de ciertos monumentos, como el mausoleo franquista del Valle de los Caídos. Tras una dictadura de cuarenta años que sólo honró a los vencedores de la guerra civil, nada cambió en este aspecto con la llegada de la democracia, dada la correlación de fuerzas existente durante la transición. La ley de Amnistía de 1977 (preconstitucional) facilitó el olvido y la impunidad de los crímenes franquistas. Transcurrieron 25 años hasta que la presión de la sociedad civil llevó el tema de las víctimas republicanas de la guerra y de la represión del bando vencedor a los debates parlamentarios, y pasaron varios años más hasta que se pudo articular una nueva política de recuperación efectiva de la memoria histórica.

El esfuerzo de revisitar el pasado por parte de los intelectuales y políticos de partidos progresistas se agota sin embargo en esa etapa histórica, mientras queda huérfano de  cuestionamiento el largo período de conformación de España, de implantación del imperio español y dominación colonial. ¿Puede la izquierda española quedarse muda cuando se glorifica ese pasado tan brutal para con los pueblos indígenas y los negros esclavizados?  ¿Merecen ellos menos reconocimiento simbólico que los vencidos de la guerra civil? ¿No es un insulto a su ancestral sufrimiento que el actual monarca español y el gobierno de España condecoren al cuestionado presidente de Colombia con una Orden de la forjadora del imperio?

La ofensiva neocolonial de la derecha

La defensa de los símbolos patrios vinculados a la conquista de América -una conquista que no fue precisamente gloriosa en términos de respeto a los derechos humanos- es el debate predilecto de la derecha ultramontana, que se vale del rancio imaginario del imperio para afear al gobierno socialista ante cualquier vínculo que este pretenda establecer con gobiernos progresistas latinoamericanos. No en vano fue Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata en ascenso del Partido Popular, quien lanzó desde Washington un mensaje descalificador contra el Papa y se atrevió a cuestionar sus disculpas, declarándose sorprendida de “que un católico que habla español, hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español, y a través de las misiones, el catolicismo y, por tanto, la civilización y la libertad al continente americano”.

Revelando su desconocimiento del uso más elemental del léxico político, Díaz Ayuso añadió que durante los últimos años crecieron “alarmantemente” algunos movimientos a los que llamó “el indigenismo, la revolución y el populismo” (“el indigenismo que es el nuevo comunismo”, añadió), los cuales estarían haciendo “una revisión maniquea de la historia de España” a fin de “dinamitar el legado español”, que en su opinión ha sido “uno de los mayores hitos de la historia”. Esta narrativa de la derecha del PP, a la que ya se han sumado José María Aznar así como varios dirigentes ultraderechistas de Vox, es compartida en general por todo el bloque político nacionalista español que se ha polarizado contra el idependentismo catalán y cuya principal argamasa es la salvaguarda de la unidad de España y las loas a la superioridad de su civilización. Esta ideología confrontativa se ha expresado durante años a través de una guerra de símbolos, concretamente de banderas desplegadas en los balcones de toda España en el caso del conflicto catalán, que pretenden resignificar las disputas políticas en el espacio público.

Precisamente Vox reabrió las heridas de México y de todo el continente con un mensaje publicado en su cuenta de Twitter el pasado 13 de agosto: “Tal día como hoy de hace 500 años, una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlán. España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas. Orgullosos de nuestra Historia”. Vox ha apoyado en varios países latinoamericanos a espacios políticos de ultraderecha e incluso intenta implantar sucursales con su misma sigla.

No se queda atrás el ex presidente del PP José María Aznar, quien acompañado del actual presidente del partido, Pablo Casado, se reapropia del discurso de su colega Isabel Días Ayuso y manifiesta, en pleno congreso de su partido: “El nuevo comunismo de allí se llama indigenismo. Y el indigenismo, que supone volver a las sociedades precolombinas, prehispánicas […] sólo puede ir contra España […]; y eso lo tienen que saber muy bien los españoles, si queremos hacer algo al respecto.” José María Aznar se anticipó a Vox en potenciar los vínculos con las derechas latinoamericanas desde la Fundación FAES, y ahora Vox capitaliza su embrionaria cosecha de aprendices de autócratas.

Afirmar como lo hace Aznar que las políticas de reafirmación de las identidades indígenas (de los pueblos originarios) “sólo puede ir contra España” es ignorar completamente la historia y hacer una lectura sesgada del presente, ya que el mismo López Obrador acaba de pedir disculpas a indígenas mexicanos por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en la etapa como país independiente. Otros países americanos deberían seguir este ejemplo, en particular aquellos que después de la independencia mantuvieron un plan de exterminio sistemático de poblaciones indígenas, como fue el caso de Argentina y Chile.

El reclamo político de la Hispanidad

El trabajo político de la derecha en el orden simbólico está adquiriendo una dimensión creciente. Vox lanzó hace un año La Gaceta de la Iberosfera, una publicación digital orientada a lectores hispanoamericanos para dar la “batalla cultural” contra la izquierda y las ideas progresistas, y que actúa como una máquina de difusión y propaganda del pensamiento reaccionario y golpista. En cuanto al Partido Popular, la presidenta regional Díaz Ayuso convocó en Madrid un Festival de la Hispanidad entre el 28 de septiembre y el 12 de octubre, con un programa de manifestaciones artísticas, al mismo tiempo que anunciaba la creación de una Oficina del Español (que podría competir en competencias con el Instituto Cervantes y también con la RAE). 

La derecha española se pavonea con frecuencia recurriendo al término Hispanidad. La primera mención contemporánea del término Hispanidad, a comienzos del siglo XX, se atribuye a Miguel de Unamuno y no iba ligada a la idea de Madre Patria, tan grata al pensamiento fosilizado, sino a una ideal asociación de naciones iguales vinculadas por la lengua. Cuando Unamuno recurrió a ese término, en cambio, sólo vislumbró la conveniencia de crear una hermandad de países iguales. El vocablo fue resignificado en la década de 1930 al servicio del proyecto ideológico de la derecha. El escritor Ramiro de Maetzu, embajador en Argentina de la dictadura de Primo de Rivera, “fue un impulsor del concepto de ‘hispanidad’, referente para toda una escuela de pensamiento reaccionario en España” [8]. Su obra más celebrada, que recopila artículos publicados antes y durante la guerra civil, se titula precisamente Defensa de la Hispanidad (1934).

El debate sobre una posible esencia común de los países hispanos más allá de la lengua no trascendió más allá de las tribunas periodísticas y univesitarias de España y Argentina, ya que nunca suscitó polémica ni adhesión alguna en otros países de ascendencia hispana. La última vez que se manifestó un grupúsculo de personas con carteles favorables a la Hispanidad fue en Perú, durante el largo recuento de votos tras las últimas elecciones. Estos autodenominados hispanistas se alinearon con la candidata Keiko Fujimori, inventando acusaciones de fraude, saboteando el resultado electoral que desplazaba del mapa político a la derecha tradicional. La paradoja es que Perú es el único país con alta proporción de población indígena en el que no han caído hasta ahora monumentos o símbolos de la conquista, pese a su lugar crucial en el despliegue del imperio y durante la colonia.

La aceptación acrítica de este imaginario de España, proyectada al exterior como un país conquistador que exporta un modelo de Hispanidad impregnado de símbolos monárquicos y significantes imperiales, sitúa a la izquierda española ante una crisis de identidad. En primer lugar en el plano interno, la cual que enfrenta, en el seno del gobierno de coalición, a los políticos partidarios de mantener el estatus quo monárquico (constitucional) y con otros decididamente republicanos. La resolución de esta contridicción dista mucho de estar al alcance y afecta, cuando menos indirectamente, a las actitudes que mantienen distintos miembros del gobierno de coalición centro-izquierda con respecto a los actos de corrupción de la Corona con todas sus consecuencias. 

En política exterior, un gobierno de izquierda que utiliza como condecoraciones esos símbolos del pasado imperial carece de herramientas para enfrentar los desafíos de los nuevos tiempos. Nunca podrá conceder una condecoración asociada al inicio de la conquista a aquellos presidentes latinoamericanos a los que la derecha llama ahora “indigenistas”, con lo cual quiere decir presidentes indígenas elegidos por poblaciones mayoritariamente indígenas (como en Bolivia y Perú). Desde la perspectiva neocolonial de las derechas españolas y latinoamericanas, la irrupción de estos movimientos populares en la escena política es un fracaso póstumo de los largos procesos de aculturación a los que se sometió a esas poblaciones desde la conquista. De ahí la preocupación de los viejos liberales, como la del escritor Mario Vargas Llosa, que ha transitado con todo su equipaje intelectual hacia el derechismo más autoritario. En su intervención en el congreso del PP lo verbalizó así: “Los latinoamericanos saldrán de la crisis cuando descubran que han votado mal. Lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien, y votar bien es algo muy importante porque los países que votan mal, como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos, lo pagan caro”. En pocas palabras, empoderar a las poblaciones nativas a través del voto ya no está bien visto por estas élites intelectuales que hoy prefieren sacrificar las libertades e imponer a los indígenas su “buen gobierno”.

El desafío de deconstruir la historia colonial

¿En qué medida se distancian las visiones de la izquierda española de este relato de la Hispanidad que enarbola la derecha? ¿Qué reflexión existe sobre la posibilidad de establecer una relación de equidad -que opere también en el plano simbólico- con las antiguas colonias? Mientras en el imaginario oficial prevalezcan los símbolos de la vieja dominación y, peor aun, se impongan condecoraciones a quienes hoy ejecutan las mismas políticas supremacistas que en su día adoptaron los conquistadores, es posible que el diálogo entre Madrid y algunas capitales latinoamericanas se mantenga en muy bajo nivel.

El proceso de descolonización del saber está en marcha y es irreversible, nada puede ya detenerlo. En las últimas tres décadas se han multiplicado los gestos y expresiones contra los símbolos históricos de opresión y privación de derechos. Las políticas progresistas europeas podrían sumarse a esta nueva conciencia social que pretende desterrar no solo el racismo y el patriarcado, sino además toda forma de denigración de la persona humana. 

Tal vez ya sea hora de apelar al debate sobre la memoria histórica más remota, sobre las formas de dominación y victimazación de los pobladores originarios y esclavos durante la conquista, adoptando una mirada no eurocéntrica sobre los procesos de conformación de las identidades. De este modo se podrían establecer nuevos vínculos de carácter horizonal entre los pueblos y actores políticos de los países hispanohablantes.

[1] https://www.elsaltodiario.com/america-latina/colombia-paro-nacional-entierra-reforma-tributaria

[2] http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/

[3] https://www.elsaltodiario.com/colombia/colombia-retorno-terror-paramilitar

[4] https://www.dw.com/es/pol%C3%A9mica-en-colombia-por-derribo-de-estatua-de-conquistador-espa%C3%B1ol-por-ind%C3%ADgenas/a-54966460

[5] https://www.dw.com/es/ind%C3%ADgenas-colombianos-derriban-estatua-de-conquistador-espa%C3%B1ol-en-bogot%C3%A1/a-57467325

[6] https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57702227

[7]  https://codigoinformativord.com/sustituyen-estatua-de-colon-por-la-de-una-mujer-en-mexico/

[8] https://es.wikipedia.org/wiki/Ramiro_de_Maeztu

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Por Eduardo Giordano* | Foto: Sebastián Gutiérrez

Desde el comienzo del Paro Nacional, la represión de las protestas sociales dejó de ser en Colombia un asunto exclusivo de la fuerza pública. En los últimos meses han entrado en escena diversos actores paramilitares que actúan en consonancia con los objetivos del gobierno y el ministerio de Defensa, que está a cargo de la Policía. Los videos de francotiradores vestidos de civil, acompañados e instigados por policías, circularon velozmente en la redes sociales y en pocas horas dieron la vuelta al mundo.

Las disparos de paramilitares contra manifestantes tuvieron especial intensidad en Cali. A finales de mayo, desde varias camionetas blancas alineadas en formación militar, se disparó  contra una concentración de la Minga indígena, causando una docena de heridos y heridas. Las camionetas se retiraron del lugar escoltadas por motos de la policía. Y ese mismo día, los ocupantes de otra camioneta blanca asesinaron a dos manifestantes en un punto de bloqueo en Tuluá, municipio cercano a Cali. También se reportó otra masacre de cuatro personas en la misma localidad un día antes, en este caso de jóvenes manifestantes secuestrados por grupos paramilitares (Águilas Negras y AGC). En otras ciudades del país, como Pereyra, ocurrieron hechos similares.

Esta visibilidad inmediata de la intervención paramilitar en la represión contra los manifestantes implica un profundo cambio en la percepción social de la naturaleza y legitimidad de la violencia estatal, delegada parcialmente en grupos paramilitares. Como ha observado Camila Esguerra, investigadora de la Universidad Nacional de Colombia: “Estamos presenciado una paramilitarización del conflicto social sin precedentes, pues imágenes de la connivencia entre fuerzas armadas estatales y civiles armados están siendo grabadas y transmitidas en vivo”.  

En realidad, esta visibilización es posible porque el conflicto social se produce en el contexto urbano, donde además de periodistas hay decenas de teléfonos móviles registrando las imágenes. Las masacres de población civil y los asesinatos de líderes y lideresas sociales son constantes en las zonas rurales, pero quedan invisibilizados porque no hay quien los registre y difunda.

Los jóvenes decapitados

En los últimos meses aparecieron en distintos lugares de Colombia varias cabezas de jóvenes decapitados/as. En algunos casos se especuló con que podría tratarse de manifestantes vinculados a las protestas sociales y el Paro Nacional. En poco más de dos meses, hay constancia de seis apariciones macabras de estas características, seis cabezas cortadas y dejadas a la vista de todos, apenas envueltas en sábanas o bolsas de plástico, como trofeo criminal de una perversidad sin límites que evoca las peores épocas de los crímenes paramilitares que se creían ya superadas.

La primera decapitación reciente fue la de una joven cuya identidad no fue revelada por ser menor de edad, cuya cabeza fue hallada el 21 de mayo en una bolsa de plástico dejada en un contenedor de basura de un colegio, en el barrio Kennedy de Bogotá. Aunque los medios de comunicación informaron del horrendo hallazgo sin profundizar, un medio digital añadió una pista útil para contextualizar el hecho: “Cabe mencionar que la localidad de Kennedy ha sido escenario de fuertes enfrentamientos en los últimos 25 días, por lo que se establecerá si la persona es una de las reportadas como desaparecidas”.   Hay que recordar que varias organizaciones de Derechos Humanos, incluida la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), denunciaron ante la ONU a fines de junio la desaparición de 327 personas en dos meses de Paro Nacional. Los cuerpos sin vida de algunos de estos desaparecidos fueron hallados en las aguas del río Cauca o en cañaduzales. A finales de agosto, pasados cuatro meses desde el comienzo del Paro, la Mesa Nacional sobre Desaparición Forzada denunció que aún no se sabía el paradero de 60 personas desaparecidas en el contexto del Paro Nacional.

En los últimos meses aparecieron en distintos lugares de Colombia varias cabezas de jóvenes decapitados/as. En algunos casos se especuló con que podría tratarse de manifestantes vinculados a las protestas sociales y el Paro Nacional

El departamento del Valle del Cauca y su capital, Cali, fueron epicentro de las protestas. Varias de las víctimas de decapitaciones son de este departamento, aunque por ahora es difícil comprobar el vínculo de cada caso con la situación social y política. El 15 de junio se produjo un doble asesinato con decapitación de ambas víctimas en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). Se trataba de los jóvenes afrodescendientes Cristian Andrés Mesa, de 25 años, y Edwin Gutiérrez, de 24 años, cuyas cabezas fueron arrojadas en una bolsa de plástico negra a una vía pública desde una motocicleta y a cien metros de un CAI de la policía. Sus cuerpos aparecieron más tarde en una zona boscosa alejada de ese lugar. Las autoridades policiales afirman que el degollamiento habría sido un mensaje enviado por narcotraficantes a otros mafiosos, un ajuste de cuentas entre bandas de delincuentes. La investigación sigue abierta.

La siguiente cabeza cortada apareció el 19 de junio y se identificó como perteneciente a Santiago Ochoa, un joven del municipio de Tuluá (Valle del Cauca). Aunque se dijo que participaba en la primera línea y que había sido capturado por el Esmad mientras se desplazaba en bicicleta, una tía declaró que “ni él hacía parte de la primera línea, ni tuvo nada que ver con las marchas o bloqueos, ni fue detenido por la Policía o amenazado nunca. Él simplemente trabajaba en una ferretería y salió a la hora del almuerzo y desapareció”. La cabeza de Santiago también estaba envuelta en una bolsa de plástico y fue dejada en el antejardín de una vivienda por un sicario que se desplazaba en motocicleta. Justificadamente o no, Santiago se convirtió en un símbolo de las protestas a través de las redes sociales y su cabeza cortada ilustró la sevicia de la represión contra los jóvenes manifestantes.

Tuluá fue una localidad muy golpeada por la violencia policial, militar y paramilitar contra las protestas. Los jóvenes Hernán David Ramírez y Jimmy Hernández no fueron decapitados, pero aparecieron (uno flotando en el río, el otro en un cañaduzal), con evidentes señales de tortura y de haber sido asesinados de manera lenta y despiadada. La familia de Jimmy asegura que él tampoco participaba en las protestas, que el 28 de junio salió de su casa en bicicleta y desapareció. Su cuerpo apareció con las manos y los pies atados, cuatro días más tarde de haber sido asesinado.

La quinta cabeza cercenada corresponde cronológicamente a un líder social del Pacífico colombiano, Luis Picasio Carampaima, dirigente de la comunidad indígena Embera del resguardo Catrú, decapitado el 1 de julio en el municipio de Alto Baudó (Chocó) por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), un grupo paramilitar que emergió tras la disolución de las antiguas AUC de los hermanos Castaño. 

El impacto de estos hechos no debe ocultar la dimensión total de la tragedia que vive el país: con el asesinato de Luis Picasio se alcanzó la escandalosa cifra de 84 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en los primeros seis meses de 2021 (y 112 hasta el 24 de agosto, según datos de Indepaz). Más de 1.200 asesinatos desde 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc. Crímenes perpetrados en su mayor parte por los paramilitares, que en lo que va del año 2021 también asesinaron a 34 ex combatientes de las Farc reincorporados a la vida civil.

El recurso a esta metodología siniestra nos retrotrae a las épocas salvajes en que los sicarios de las AUC jugaban al fútbol con las cabezas de sus víctimas, como ocurrió en la masacre de El Salado (Bolívar) de febrero de 2000 —hubo una anterior en 1997—, en la que 450 paramilitares al mando de Salvatore Mancuso torturaron y ejecutaron a más de un centenar de campesinos y campesinas indefensas a lo largo de una semana, despedazándolos y degollándolos con motosierras a la vista de todos, en la plaza, la Iglesia y la cancha de fútbol. En la masacre habría intervenido un capitán de corbeta de la Armada, Héctor Pita, investigado por la Fiscalía. Después de la masacre de 1997 se produjo el desplazamiento forzoso de toda la población, 7.000 habitantes, de la cual regresó poco más de la mitad. Después de la segunda masacre, 4.000 campesinos volvieron a abandonar sus hogares. 

En los viejos tiempos del terror paramilitar, las motosierras, decapitaciones y desmembramientos eran frecuentes. La táctica de decapitar y desmembrar se utilizaba para enviar un mensaje aterrador a la población rebelde, que se oponía a su control territorial

En los viejos tiempos del terror paramilitar, las motosierras, decapitaciones y desmembramientos eran frecuentes. La táctica de decapitar y desmembrar se utilizaba para enviar un mensaje aterrador a la población rebelde, que se oponía a su control territorial, y para forzar el desplazamiento de los pobladores y apropiarse de sus tierras. Uno de esos grupos era el de los ‘Mochacabezas’, como se autodenominaban algunos escuadrones paramilitares de las AUC de aquella época. Y que ahora resurgen, misteriosamente con el mismo nombre, como supuestos grupos de “limpieza social”. Así por ejemplo, en el municipio de Coveñas (Sucre), el 5 de junio de 2021 distribuyeron panfletos con amenazas de muerte, en los que advierten a la vecindad: “¿PENSARON QUE ERA UN JUEGO? … FALTAN MÁS MUERTOS … SABEMOS DONDE ESTÁN Y LES LLEGAREMOS”, y señalan a varias personas y familias de seis localidades de la zona rural Bellavista, incluido todo un equipo de fútbol. 

Entre tanto, Organizaciones de Derechos Humanos han denunciado que en Colombia “se están desarrollando operaciones de control social y territorial ligadas al narcotráfico, por parte de estructuras paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, sin que se desarrollen acciones militares o judiciales para el desmonte de estas estructuras”.

La sexta decapitación fue el 25 de julio, día en que apareció la cabeza cortada de otro joven en la puerta de una vivienda de la zona de Andalucía (Valle del Cauca). Pertenecía a Yeisson Soto Gutiérrez, de 21 años, y estaba envuelta en una sábana.  A los dos días apareció su cuerpo en un cañaduzal. Yeisson fue identificado por la policía como “barrista del Frente Radical Verdiblanco, movimiento en apoyo al Deportivo Cali”. La policía dejó entrever una motivación mafiosa al lanzar sus hipótesis sin pruebas, denigrando la memoria de la víctima, y así lo transmitió la prensa: “Las autoridades manejan como hipótesis del caso un posible ajuste de cuentas producto de las rentas criminales asociadas con el microtráfico”. 

Hay que franquear estas cortinas de humo para poder atar cabos. Por los datos que tenemos de estos jóvenes, que eran muy diferentes entre sí, lo único que tendrían en común es que no formaban parte de las marchas, o al menos no se los llevaron en ese contexto. Esto se deduce del testimonio de los familiares. De modo que si hay alguna coincidencia en los hechos, es que todos ellos parecen elegidos al azar por sus captores-asesinos, sin nada que los vincule directamente a las protestas.

¿Y eso con qué finalidad? En el marco de la estrategia para aterrorizar a la población y frenar las protestas, la aparición de cabezas cortadas provoca sin duda un tremendo efecto de shock. Conmociona y paraliza. Muchos dirigentes políticos y sindicales se preguntarán hasta dónde están dispuestos a llevar el pulso contra el gobierno. No importa de quién fueran esas cabezas, si eran de manifestantes o no. Su irrupción en el espacio público es un presagio de futuras masacres.

Represión y asesinato de estudiantes

Un joven estudiante de música de la Universidad del Cauca, Esteban Mosquera, fue asesinado en agosto por paramilitares en la ciudad de Popayán, capital del departamento, junto a su domicilio. Esteban era bien conocido como líder estudiantil y sufrió la pérdida de un ojo durante una protesta en el 2018 a causa de una granada aturdidora lanzada por el Esmad. Sus compañeros de universidad informaron: “Esteban fue capturado ilegalmente dos veces por la Policía en las movilizaciones del paro nacional, a pesar de que se identificaba como periodista, porque participaba en un colectivo de comunicaciones alternativas de la universidad”.

La existencia de nexos entre la fuerza pública y los actores paramilitares se materializa con frecuencia en la historia de Colombia. En un documental realizado por la Universidad de Nariño se explica con todo detalle cómo opera el terror paramilitar amparado por la policía y el ejército. Entre 2000 y 2003, las actividades que realizaban los paramilitares “lograron generar terror en la comunidad universitaria” de Nariño, produjeron numerosos desplazamientos y culminaron con el asesinato de cuatro estudiantes y un trabajador de la universidad.  El informe retrospectivo del centro académico concluye: “En la planeación y concreción de estos actos la complicidad de miembros de la fuerza pública fue determinante. Su vínculo con grupos paramilitares se materializó en el intercambio de información, en el señalamiento a la comunidad universitaria de integrar supuestas redes de apoyo a las guerrillas y en la infiltración de los paramilitares en la comunidad universitaria”.

En un encuentro propiciado por la Comisión de la Verdad para analizar las consecuencias que tuvo el conflicto armado en la Universidad de Nariño, celebrado en agosto de 2021, dos ex jefes de las AUC en la región declararon y pidieron perdón por sus crímenes. Aunque sus declaraciones deben leerse entre líneas, estos dos paramilitares adscritos al Bloque Libertadores del Sur, Guillermo Marín y Aníbal Gómez, admitieron haber cometido el asesinato de los cuatro estudiantes y revelaron que la información para realizarlos “provenía de la inteligencia del Ejército”. Gómez aseguró que a ellos no les constaba que los estudiantes tuvieran relación con grupos ilegales, pero un sargento del Ejército colombiano le entregó en mano “la lista de estudiantes [a los] que había que quitarles la vida”, y añadió: “Si uno dijera motivos para la muerte de los estudiantes, pues, primero, el dedo señalador de la inteligencia militar, y segundo, las informaciones que pasaban los mismos estudiantes que resultaron siendo parte de las AUC”.

El asesinato premeditado de Esteban Mosquera en Popayán parece haber tenido las mismas intenciones que motivaron las muertes de estudiantes universitarios dos décadas atrás, cuando “el miedo como instrumento emocional de control logró instalarse en la comunidad universitaria, frenando significativamente el ingreso de nuevos estudiantes a las organizaciones políticas y diezmando las acciones de movilización”, en palabras de los relatores del caso de la Universidad de Nariño.

Los planes de asesinar al gobernador del Magdalena

El gobernador del departamento del Magdalena, Carlos Caicedo, debió abandonar Colombia el 19 de agosto tras denunciar ante la Fiscalía un plan paramilitar para asesinarlo. Esta denuncia fue ratificada por altos oficiales de la policía y el ejército, quienes dos días antes sostuvieron una reunión virtual con la “fuente confiable” citada por el gobernador. Simultáneamente a estos hechos, en sectores populares de Santa Marta aparecieron grafitis en los que se anuncia la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), la organización paramilitar que pretendería cometer este crimen político. En un mensaje publicado el 26 de agosto, el gobernador explica así la situación: “Salí del país por información de fuente confiable de un plan inminente de las AGC o Clan del Golfo para atentar contra mi vida; salí para evitar que se consumara el plan”, escribió en Twitter.  

Oriundo del municipio de Aracata (Magadalena, al pie de la Sierra Nevada), Carlos Caicedo militó desde muy joven en partidos políticos de izquierda que confluyeron en la Unión Patriótica, la organización exterminada por el paramilitarismo. Tras haber sido rector de la Universidad del Magdalena durante seis años, y a pesar de varios juicios con testimonios fraguados en su contra con los que intentaron doblegarlo, Caicedo afianzó su carrera política como alcalde de Santa Marta, capital del departamento, donde su gestión fue muy bien valorada. A finales de 2019 fue elegido gobernador del Magdalena con el 58 % de los votos, consolidando a su partido Fuerza Ciudadana como primera formación política del departamento. Es el único gobernador con perfil progresista de los 32 departamentos colombianos.

Al poco tiempo de ser nombrado gobernador, Caicedo desmanteló negocios de las viejas oligarquías regionales cercanas al uribismo y atacó frontalmente al poder de los carteles narco-paramilitares que operan principalmente en la Sierra Nevada, en particular el clan de “los Pachenca”, sucesores del llamado Bloque Resistencia Tayrona de las AUC y que ahora se autodenominan Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Carlos Caicedo reclamó con insistencia a Iván Duque que se dejara de considerar a este grupo como “delincuencial común” y se lo incluyera en la categoría de Grupo Armado Organizado (GAO), como corresponde a los grupos paramilitares y de narcotraficantes. En una entrevista publicada por El Tiempo en mayo de 2020, Caicedo denunciaba que ese “grupo criminal estaba recibiendo información directa de la Policía y el Ejército, lo que ha facilitado su desarrollo de actividades ilícitas y su fortalecimiento”.

La existencia de estas filtraciones ya fue denunciada al gobernador por el líder social Alejandro Llinás, poco después asesinado. Llinás aseguraba que las cartas que él enviaba a la Gobernación con información de irregularidades —como el cobro de “peajes” en áreas turísticas de Santa Marta— eran filtradas tanto a la policía como a la organización criminal. Su asesinato es prueba mayor de esas filtraciones. Una investigación del portal 360 grados, publicada en diciembre de 2020, traza el perfil de este líder social y ecologista asesinado y caracteriza a sus verdugos:

“Llinás denunciaba lo que todos saben y callan por miedo: en esa zona del Magdalena existe un gobierno paralelo. Mandan las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN), conocidas también como Los Pachencas; una estructura narcoparamilitar heredera del clan de Hernán Giraldo, dueña de la zona desde fines de los ochenta, que ha mutado sin perder su esencia: asesinatos contra líderes sociales, extorsiones, despojo de tierras, apropiación de rutas y rentas del narco, control social, amenazas y dominio del territorio”.

Al denunciar estos hechos, Caicedo ofreció a la Fiscalía todo el apoyo de la administración departamental para desmantelar al grupo Los Pachenca, al que responsabiliza del asesinato de más de 80 líderes sociales durante los últimos años en el Magdalena.

Las denuncias del gobernador obligaron al presidente Iván Duque a actuar. A comienzos de septiembre Duque anunció, con gran despliegue informativo, la captura de Norberto Quiroga Poveda, “Alias 5-5”, considerado el máximo cabecilla del rebautizado Grupo Delincuencial Organizado (GAO) de ‘Los Pachenca’. Duque presentó la operación como “un triunfo de la Fuerza Pública” tras definir a “Alias 5-5” como un “asesino de líderes sociales, masacrador, narcotraficante y, también, involucrado en redes de proxenetismo”. En cualquier caso, poco después de la captura de “Alias 5-5”, un narcotraficante de su misma calaña, “Alias 5-7”, escapaba de la cárcel de alta seguridad tras un traslado a una visita médica. En Colombia es frecuente que los capos narcos paguen por salir de la cárcel por la puerta principal. Con tales antecedentes, la captura en sí no asegura que el jefe paramilitar vaya a ser juzgado y mucho menos que cumpla una condena.

los planes paramilitares de asesinar a políticos opositores, incluido el gobernador rebelde del Magdalena, muestran que el límite de la democracia en Colombia es que nunca gobierne un político progresista, en ningún lugar del país, si no quiere acabar pagando con su vida

Mientras tanto, el presidente Duque abandonó a su suerte la seguridad del gobernador del Magdalena. El jefe jurídico de la gobernación, José Humberto Torres, indicó que el gobernador debió recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la falta de disposición del Estado colombiano para garantizar su seguridad. La Unidad Nacional de Protección, que es un organismo estatal de seguridad, “literalmente nos está vendiendo la protección”, dijo Torres, ya que obliga a la gobernación a pagar por ella. Esta situación contrasta vistosamente con la protección oficial que recibió “Alias 5-5” mientras realizaba todas sus actividades criminales hasta el momento de su detención.

El gobierno de Iván Duque insiste en que el esquema de seguridad de Caicedo es el mejor del país, argumento en el que coinciden con él los paramilitares de las AGC. En un “Comunicado a la opinión pública” los propios criminales niegan su intención de asesinar al gobernador: “Han informado los medios de comunicación que como producto de las supuestas amenazas de las AGC el señor Caicedo ha abandonado el país a pesar de que posee un vigoroso esquema de seguridad […]. Queremos hacer un llamado a la opinión pública para que no crea en estas mentiras que dicen políticos en evidencia por su pésima gestión.”. 

La organización narco-paramilitar goza de tanta impunidad que se permite lanzar un mensaje político como si tuviera entidad legal. En el territorio del Magdalena y otros departamentos del Caribe “hay una alianza básica entre los Pachenca y el Clan del Golfo para dividirse el territorio” en la captura y administración de rentas ilícitas, afirma el periodista de Barranquilla César Molinares, experto en el tema. “No hay conflicto entre ellos mientras se respetan los acuerdos, en caso contrario hay ajustes de cuentas”.

Deudores del poder político que les permite operar en el territorio, los clanes mafiosos se pagan con sus servicios sicariales. El gobernador ahora exiliado por la amenaza paramilitar responsabiliza directamente al uribismo: “Hago responsable al presidente y Uribe si las AGC atentan contra mi vida; uno por crear clima de desprecio a mi Gobierno y al pueblo del Magdalena en favor de la impunidad de grupos paramilitares, y el otro por azuzar a la extrema derecha en contra nuestra y de la izquierda colombiana”. Y para rematar la idea sin dejar sombra de duda, Caicedo añade otro trino: “El Uribismo expresado en sus clanes políticos-narco paramilitares han tratado de liquidarme moral y judicialmente con sus órganos de control, me han detenido injustamente, hecho todo tipo de montajes, y campañas difamatorias; ninguna les ha funcionado. Ahora planean asesinarme.”

En el siniestro cálculo político que articula el accionar paramilitar, la ejecución, el desmembramiento y la decapitación de jóvenes en un contexto de protesta social produce un tremendo impacto emocional desmovilizador. Del mismo modo, los planes paramilitares de asesinar a políticos opositores, incluido el gobernador rebelde del Magdalena, muestran que el límite de la democracia en Colombia es que nunca gobierne un político progresista, en ningún lugar del país, si no quiere acabar pagando con su vida. Caicedo reveló que Gustavo Petro, el candidato de Colombia Humana con mayor intención de voto en las próximas elecciones, también estaría en la mira de estos grupos paramilitares.

(*) Publicada originalmente en El Salto

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Por Eduardo Giordano

El ataque contra la residencia presidencial, llevado a cabo por un grupo paramilitar integrado por 26 colombianos y cinco estadounidenses de origen haitiano, contratados por una empresa de seguridad de Miami vinculada al exilio venezolano y colombiano, ha encendido todas las alarmas de la comunidad internacional. Los comandos de ex militares colombianos entraron a la residencia presidencial con chalecos de la DEA y gritando que eran funcionarios de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos. Intimidados por sus amenazas de disparar, los responsables de seguridad del presidente se replegaron sin oponer resistencia ni intercambiar disparos.

Jovenel Moïse fue asesinado con visible ensañamiento, tenía varios huesos fracturados, un ojo arrancado y recibió 16 balazos en distintas partes del cuerpo. La esposa del presidente fue herida en las extremidades y trasladada inmediatamente a Miami. Antes de huir, los asaltantes sustrajeron varios objetos de valor que encontraron a su alcance.

El presidente no gozaba de una amplia base social en el país. Empresario rural y ex secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Haití, Jovenel Moïse se presentó en 2016 como candidato del partido de derecha Tet Kale, enfrentado ideológicamente a la corriente de centroizquierda que lidera Jean-Charles Moïse (Pitit Desalin), próxima al ex presidente Jean-Bertrand Aristide, derrocado en dos ocasiones a instancias de Estados Unidos. El partido Tet Kale venía gobernando el país con candidatos del agrado del Departamento de Estado desde el terremoto de 2010 y la posterior intervención de la ONU liderada por Washington. El predecesor de Jovenel Moïse, Michel Martelly, fundador de ese partido político, fue elegido fraudulentamente en 2010 bajo presiones de la OEA y de Estados Unidos, que forzaron su paso a la segunda vuelta pese a haber quedado en tercer lugar (en lugar del líder izquierdista Jude Celestin, que había obtenido un mejor resultado).

Una situación similar se produjo en las elecciones de 2016. Tras denuncias de fraude que llevaron a repetir las elecciones un año más tarde, Moïse fue elegido con una representatividad muy baja, y su gestión estuvo caracterizada por múltiples conflictos con la oposición, entre otras razones por no haber convocado elecciones legislativas para renovar el Congreso. Al final de su mandato el Senado solo contaba con diez de sus miembros y la Corte Suprema estaba descabezada.

Moïse gobernó el país con rigor y talante autoritario. Durante su gobierno se produjeron estallidos sociales que reprimió sin compasión, y hubo un descomunal despliegue de las bandas criminales que de forma creciente aterrorizan a la población de la capital. El propio presidente se sentía amenazado, evitaba salir de su residencia y denunció en febrero pasado que se fraguaba un atentado en su contra. Acusó como inductores a un importante grupo empresarial que controla el monopolio de la electricidad y a la “oligarquía corrupta”, de la que él mismo formó parte, acusado de haber dilapidado en beneficio propio los ingresos de Petrocaribe, la compañía impulsada por Venezuela para abastecer de petróleo subsidiado a los países caribeños. En febrero de 2019 una auditoría del Tribunal de Cuentas reveló irregularidades entre 2008 y 2016 que comprometen a 15 ex ministros y funcionarios, así como a una empresa que dirigía Jovenel Moïse antes de convertirse en presidente [1]. Paradójicamente, su alineamiento político junto a Donald Trump lo convirtió a su vez en un acérrimo enemigo de Venezuela. Al conocerse esos hechos, la población de Haití estalló enfurecida ocupando las calles y exigió su renuncia. Previamente, en 2018, una manifestación de cientos de miles de personas ya había reclamado su destitución.

El asesinato de Moïse tiene todos los ingredientes de una novela de espionaje, con poderes mafiosos y acción política; dicho esto sin intención de banalizar la situación del país, que por supuesto no es ficticia sino muy real y dramática. La intriga principal de esta trama es el móvil: quién podría haber querido asesinarlo faltando apenas tres meses para las elecciones legislativas y presidenciales del 26 de septiembre, y por qué, cuando él mismo había anticipado que no se presentaría como candidato y la Constitución le prohibía un segundo mandato consecutivo.

Militares colombianos en la industria del crimen

El gobierno del presidente colombiano Iván Duque, en gran parte desbordado por la situación política interna tras más de dos meses de Paro Nacional, condenó el brutal atentado y se vio obligado a colaborar con la policía de Haití. El jefe de la policía colombiana confirmó que los 26 mercenarios de esa nacionalidad habían pertenecido al Ejército, del cual se retiraron entre 2018 y 2020. Entre ellos había varios oficiales y suboficiales, y se supo que al menos siete mercenarios sabían cuál sería el desenlace final de la operación. La esposa de uno de los ex militares capturados declaró que a su marido le pagaban 2.700 dólares mensuales y que había sido contratado como vigilante. Se trata de Fancisco Eladio Uribe, quien dejó el ejército colombiano en 2019 y está implicado en una investigación por ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos.

En esta clase de operaciones internacionales es cada vez más frecuente contratar personal militar reciclado para ejecutar operaciones especiales que no quieren acometer directamente los estados. El gobierno de George W. Bush contrató ejércitos privados para hacer parte del trabajo sucio durante la guerra de Irak, y muchos de ellos quedaron envueltos en casos de masacres y torturas. Por las mismas fechas se despegó también el Plan Colombia, por el cual Estados Unidos envió asesores militares y empresas de seguridad privada para entrenar al Ejército colombiano. Durante la última década, el fenómeno de la “seguridad privada” como tapadera del reclutamiento de mercenarios floreció en Maimi, con Colombia como principal cantera de ex militares, y las mismas empresas que formaron a esos comandos con técnicas de contrainsurgencia de la CIA empezaron a reclutarlos como mercenarios para realizar operaciones terroristas en el exterior. El negocio de la seguridad privada con caladero en Colombia prosperó y rápidamente se internacionalizó, ya que contratar mercenarios norteamericanos o europeos resulta mucho más caro [2].

Altos mandos del Ejército colombiano expresaron su preocupación por la imagen de la institución en el mundo, ya muy degradada por su historial represivo y de masacres en el interior del país. Entre ellos, el general Jaime Alfonso Lasprilla, ex comandante del Ejército, afirmó que cuando los militares dejan las fuerzas armadas, “si incurren en hechos al margen de la ley no se los pueden achacar a las fuerzas”, añadiendo que “uno asocia estos hechos a los temas de desempleo en el país, y el crimen es una industria que ha venido creciendo y desafortunadamente busca a estas personas”. 

En contrapunto, el general (r) William Salamanca aseguró que “cuando uno deja la institución es dueño de sus actuaciones, y aquí es importante que la comunidad nacional e internacional sepa que ellos ya gozaban de su escenario del retiro”. En su opinión, llegado este momento el único compromiso del Ejército es pagar su jubilación, ya que “cada uno es dueño de sus actuaciones cuando deja el uniforme”. Una pensión de jubilación que a algunos ex militares les parecerá insuficiente, ya que muchos de ellos se reciclan en el mercado de los servicios sicariales o la “industria del crimen”, que tienen por pantalla empresas legales de seguridad privada estrechamente vinculadas a la extrema derecha y los servicios de inteligencia.

En sus declaraciones a la policía haitiana, algunos mercenarios dijeron haber sido contratados por Christian Emmanuel Sanon, un pastor evangélico haitiano residente en Florida que diez años atrás lanzó una fantasmagórica propuesta de “Liderazgo para Haití” a través de una breve intervención en Youtube, con un video en inglés titulado “La corrupción en la política” en el que se postula para gobernar Haití. Después de esta esta fugaz aparición, solo se sabe que se declaró en quiebra en 2013 y que dado su nivel de ingresos, nunca podría haber financiado la operación.  El costo de la operación, estimado en unos 30 millones de dólares, es otro elemento a favor de la hipótesis de un golpe inducido.

En el primer relato policial de los hechos, Christian Sanon se habría desplazado un mes antes a Haití con la agenda política de derrocar a Jovenel Moïse y asumir la presidencia del país. Según confesó Sanon a una persona de su confianza, citada por la agencia AP, habría sido contactado por agentes de los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos para embarcarlo en la aventura, ofreciéndole la presidencia de Haití como recompensa, tras una operación que en principio sería incruenta porque sólo debía consistir en arrestar a Jovenel Moïse. 

La empresa que contrató a los mercenarios, CTU Services (Counter Terrorist Unit Federal Academy), registrada en Doral Beach (Miami), es propiedad del opositor venezonalo Antonio Intriago, muy próximo al autoproclamado ‘presidente’ de Venezuela Juan Guaidó. Intriago se jacta de haber pertenecido a la oficialidad de la policía venezolana y de “tener vínculos o haber trabajado directamente para agencias de inteligencia de Estados Unidos” [3]. Su compañía vende servicios, cursos de formación y armamento a personal de seguridad de países latinoamericanos. Y es una más de las que actúan desde Florida en operaciones políticas tenebrosas, amparadas en una legislación muy permisiva, a veces en concomitancia con los organismos de seguridad estadounidenses.

Por otra parte, el medio digital (venezolano) La Tabla reveló que Intriago “es miembro y tesorero de la Fundación Latino Americanos Unidos, organización de derecha con amplia presencia política, social y mediática en toda Florida” y “forma parte de una cofradía llamada ‘Hombres de la Guerra Crisol’. Es una especie de hermandad de participantes de un programa bélico y filosófico de formación de ‘guerreros’ entrenados por exagentes de Navy Seals, Comandantes SWAT, emprendedores Élite y expertos en artes marciales” [4]. 

El principal socio del venezolano Intriago en CTU Services es Gabriel Pérez, empresario colombiano experto en seguridad conocido en círculos de Miami como Arcángel Pretel, antiguo informante de la DEA. Los ex militares colombianos que actuaron como jefes de los comandos lo conocen desde hace al menos diez años, cuando los capacitó en Cali en métodos de lucha contra el narcotráfico en el marco del Plan Colombia, y mantienen contacto desde entonces [5].

El periódico El Nuevo Herald de Miami recuerda en su edición del 10 de julio que “un golpe fallido en mayo de 2020 en Venezuela involucró de manera similar a hombres de seguridad contratados en Florida”, refiriéndose a la operación Gedeón, patrocinada por Estados Unidos para sabotear Venezuela y derrocar a Nicolás Maduro, a la que también optó sin éxito la empresa de Intriago. El periódico estadounidense concluye: “Miami y el enclave de Doral se han convertido en una especie de taberna de Star Wars para los aspirantes a libertadores y guerreros a sueldo” [6].

A su vez en la prensa colombiana aparecen los nexos entre Antonio Intriago, el “reclutador de militares-sicarios colombianos”, con el presidente Iván Duque, con quien organizó en 2019 el macroconcierto de Cúcuta contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Intriago, propietario de la marca organizadora “Venezuela somos todos”, se reunió en diversas ocasiones con el presidente de Colombia, previamente durante su campaña electoral y después en ese concierto internacional patrocinado por el gobierno de Estados Unidos, en presencia de la estrella fugaz Juan Guaidó.

El director del Cerac, Jorge Restrepo, constata por su parte que “el crimen organizado en Colombia ha adquirido, unas dimensiones formidables y tiene un alcance de desestabilización regional que no habíamos sospechado”. A diferencia de los ex oficiales citados, Restrepo advierte “la necesidad de adoptar medidas drásticas en un esfuerzo para prevenir la creación de grupos de mercenarios por parte de militares y de policías en retiro del servicio activo” [7].

La periodista colombiana María Jimena Duzán completa este análisis: “Muchos de los militares que fueron entrenados bajo el Plan Colombia, la estrategia de Washington para ganar la guerra contra las drogas y contra las guerrillas de izquierda, se están retirando a la edad de 40 años luego de haber prestado 20 años de servicio. Eso ha ido creando un mercado de mercenarios de bajo precio que parecen estar dispuestos a todo. Se estima que hay cerca de 6.000 mercenarios colombianos en el Medio Oriente, unos cuantos han montado compañías de seguridad y otros han terminado prestando sus servicios para secuestrar y/o asesinar a presidentes. Así de simple” [8].

La trama basada en Colombia no se agota en la aportación de los ex militares que actuaron como mercenarios en la ejecución del crimen de estado. El jefe de seguridad del Palacio presidencial del presidente haitiano, Dimitri Herard, viajó siete veces a Colombia desde el 19 de enero de este año. En el vuelo del 6 de mayo, de regreso desde Bogotá a República Dominicana, coincidió con los jefes de los mercenarios colombianos contratados para cometer el magnicidio [9]. Incluso llegó a mantener una reunión ese día en Santo Domingo con al menos dos ex sargentos integrantes del grupo, Duberney Capador y John Jairo Ramírez, según reveló Interpol Colombia [10]. Meses antes Capador había creado un grupo de whatsapp para ofertar trabajo a ex militares colombianos indicando que se trataba de “prestar la seguridad del presidente del país”. Este actor clave fue abatido por la policía haitiana después del magnicidio. 

Según la policía colombiana, en la planeación y organización del ataque también habría participado el ex capitán del Ejército colombiano Germán Rivera, quien sí ha facilitado información sobre los autores intelectuales del crimen. En sus declaraciones a la policía aseguró que hubo reuniones previas a la operación donde se planificó el relevo presidencial, y que “el programa de gobierno lo hizo todo [el empresario colombiano] Gabriel [Pérez] porque Sanon no tenía ni idea”. Gabriel, alias Arcángel Pretel, habría digitado y financiado el cambio de régimen a cambio de asegurarse millonarios contratos con el nuevo gobierno haitiano que esperaba imponer por la fuerza y es ahora la persona más buscada del hemisferio. 

Por su parte el jefe de seguridad de la residencia presidencial, Dimitri Hérard, con antecedentes de narcotráfico en los registros de la DEA, declinó declarar ante la Fiscalía de Haití a los pocos días del magnicidio y se ordenó su captura. También quedó detenido por negarse a declarar Jean Laguel, el coordinador de seguridad del presidente. Añadiendo más intriga a esta historia, si cabe, pocos días después del atentado se supo que varios de los ex militares colombianos que intervinieron en la misión delictiva son confidentes de la DEA -que lo admitió en un comunicado- y del FBI [11]. Así pues, todo cobra un giro inesperado cuando el jefe de la Policía de Colombia ‘revela’ que el comando paramilitar pretendía en realidad ‘retener’ al presidente Jovenel Moïse para entregarlo a la DEA. 

Tres de los colombianos detenidos habrían implicado además al primer ministro Claude Joseph en la planeación del asesinato, extremo rechazado por el jefe de la policía haitiana, que está bajo su control. Algunos medios de comunicación colombianos, en cambio, como la emisora Caracol, aseguran que el FBI no descarta esa posibilidad. El móvil en este caso saltaría a la vista. El presidente Jovenel Moïse acababa de sustituir a Joseph designando un nuevo primer ministro, Ariel Henry, ex ministro del Interior de talante supuestamente aperturista con la oposición, rechazado por las élites derechistas del Tet Kale. El momento del crimen podría haber sido perfectamente calculado para que Henry no llegase a jurar el cargo.

Cabe preguntarse finalmente si la policía de Estados Unidos no debería estar bien informada por sus confidentes de quién actuó como cerebro de la operación. Según opinión generalizada entre muchos haitianos, en el país nada se mueve sin que lo sepa Estados Unidos. ¿Cómo podrían ignorar sus servicios de inteligencia que se estaba gestando un hecho de esa magnitud, con semejantes ramificaciones internacionales? Una explicación hipotética sería que el FBI o la DEA no podrían saber a priori los planes de otras agencias de inteligencia estadounidenses, pongamos por caso la CIA, que pudieran haber estado interesadas en conectar los movimientos de Christian Sanon, Antonio Intriago, Arcángel Pretel, Duberney Capador, Germán Rivera, Dimitri Herard y eventualmente Claude Joseph, entre muchos otros, para conseguir la sustitución del autócrata ya desgastado por otro gobernante del agrado de Washington.

El colapso planificado del Estado

Las principales medidas que adoptó el primer ministro Claude Joseph tras la muerte del presidente Moïse fueron tres: autoproclamarse primer ministro (en lugar del nuevo primer ministro elegido por el presidente días antes, que no había llegado a jurar el cargo), declarar el estado de sitio y solicitar el envío de tropas estadounidenses y de la ONU para mantener el control interno. También requirió la colaboración del FBI para investigar y esclarecer los hechos. Varios agentes de ese organismo y de la DEA se desplazaron inmediatamente al país caribeño, del mismo modo que ya desembarcaron en Haití oficiales de inteligencia del Ejército y la policía de Colombia a fin de colaborar con el gobierno haitiano.

El caso Moïse ha adquirido una gran relevancia internacional. Antes de haber transcurrido la primera semana desde el atentado, ya aparecen implicados ciudadanos e instituciones de cinco países: Colombia, Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana (como país facilitador del tránsito de personas y armas) y Taiwan (en cuya embajada se refugiaron 11 de los mercenarios detenidos). Además, la policía colombiana investiga las frecuentes escalas en Ecuador y Panamá de algunos ex militares en sus viajes entre Colombia y República Dominicana. Como bien señala el periódico haitiano Le Nouvelliste en su editorial del 12 de julio, “el caso Moíse es complicado porque están implicados varios países y cada país querrá proteger su imagen, a sus ciudadanos y sus intereses”. 

Un duro pronunciamiento del Colegio de Abogados de Port-au-Prince muestra el ánimo de los letrados haitianos. Afirman que se trata “de unas prácticas infra-estatales que ilustran el nivel de colapso planificado del Estado mismo” [12].  Para esta entidad, se trataría de un signo de decadencia que pondría de manifiesto la claudicación del Estado ante fuerzas ajenas a sus intereses. Algunos miembros del poder judicial que investigan el asesinato del presidente recibieron amenazas de muerte y pidieron protección especial.

Con todo, no pocos activistas haitianos se oponen a la narrativa del caos como estado permanente (y actual) de su sociedad, ya que esta mirada a la que consideran sesgada es lo que permitiría que el país sea ocupado militarmente de forma continuada por tropas estadounidenses y/o internacionales. Además de los tremendos atropellos reportados durante las prolongadas estadías de militares extranjeros en el país, como los abusos sexuales denunciados  contra niñas por cascos azules de la ONU, con más de 2.000 casos documentados entre 2004 y 2017 [13], o la propagación de epidemias de cólera, hay entre los haitianos clara conciencia de que cualquier intervención exterior en tiempo de elecciones solo puede servir para consagrar a un nuevo gobierno derechista en el poder. La retirada de la misión de la ONU (MINUSTAH ) no significó el final de su influencia en Haiti, ya que desde 2017 mantiene una misión civil con un componente policial, que le permite conservar su influencia en la política interna haitiana [14].

La trama del asesinato presidencial se complica a diario. Los países occidentales, encabezados por la diplomática estadounidense Helen La Lime, representante de la ONU en Haití -conocida en medios populares como la ‘reina de Haití’-, permitieron que el primier ministro Claude Joseph continuara a cargo del Ejecutivo, contrariando lo dispuesto por el presidente Moïse, quien ya había designado para ese puesto a su ministro de Defensa Ariel Henry. Al difundirse las sospechas de que Joseph podía estar involucrado en el golpe, Estados Unidos y el llamado core group (Francia, España, Canadá, Brasil, la UE y la OEA) decidieron inclinar la balanza a favor de Henry, quien asumió como primer ministro a los trece días de la muerte de Moïse. En un nuevo enroque de poder, Joseph volverá a ocupar el ministerio de Exteriores.

El nuevo jefe de gobierno forma parte del establishment político de Haití que domina el país desde el golpe contra Aristide de 2004 y que él mismo promovió. A la caída de Aristide, Henry formó parte del ‘Consejo de Sabios’ nombrado para sustituirlo, que impuso un regimen dictatorial y sanguinario. Tras el terremoto de 2010 ejerció como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del gabinete de Michel Martelly y después como ministro del Interior de Jovenel Moïse. Su principal misión como primer ministro sería ahora asegurar la celebración de las elecciones, aunque el día de su investidura dejó sin concretar la fecha en que se celebrarían.

Toda esta estructura internacional paternalista destinada a monitorear la democracia en Haití es un gran lastre para el pequeño país y no aporta ninguna ayuda real. Así lo advierten algunos analistas haitianos, como por ejemplo el periodista Daly Valet, director de Radio Trans Inter, quien afirma en un tuit en francés: “Estados Unidos y ese cartel internacional llamado Core Group deben dejar de tomar a Haití como su posesión de hecho y de derecho. Deben dejar de tomarse por el pueblo haitiano, su Constitución y nuestra Corte Suprema. Los haitianos deben hacer cuerpo contra este Core Group.”

Esta es la temperatura política del país antillano, al que acaba de llegar el ex presidente Aristide, recuperado de la covid-19 tras haber pasado algunas semanas en Cuba. Sin ambiciones presidenciales, su presencia seguramente agitará la campaña de los sectores populares que siguen identificándose con el ex sacerdote salesiano de orientación socialdemócrata y su partido Familia Lavalas. Mientras tanto, en la sociedad haitiana crece el rechazo a la presencia militar extranjera solicitada por sus élites, tras una larga historia de secuestro de la democracia por poderosos intereses foráneos.

En este contexto, una nota editorial del diario Le Nouvelliste insta al primer ministro Henry a entablar un amplio diálogo con la oposición, y advierte que si los haitianos no consiguen encontrar un consenso para dirigir el país, “el campo queda libre a la comunidad internacional para imponer su solución. Una apuesta arriesgada cuando se hace balance de las intervenciones extranjeras en Haití desde el golpe de Estado de 1991” [15].

Hace ahora 30 años Haití pudo haberse convertido, por primera vez en su historia, en un país democrático. Esta esperanza se vio truncada con el derrocamiento del presidente Jean Bertrand Aristide, que triunfó en las elecciones de 1990 con el respaldo de grandes mayorías populares (67 % de los votos). Aristide fue derrocado por el general Raoul Cédras siete meses después de llegar al gobierno con apoyo implícito de Estados Unidos.

La represión dictatorial que impuso el general Cédras produjo cerca de 4.000 muertos y generó un enorme caos, hasta que una coalición internacional tuvo que forzar su dimisión en 1994 y restituyó a Aristide en la presidencia. Después de entregar el poder en 1995 al presidente electo René Préval, Aristide volvió a ser elegido en 2001, pero en 2004 volvió a ser derrocado, esta vez con intervención directa de Estados Unidos, cuyas tropas lo trasladaron a un exilio forzado en la República Centroaficana. Tras su destierro, Aristide quedó excluido de participar en las elecciones.

Uno de los promotores de ambos golpes contra Aristide fue el influyente empresario haitiano Reginald Boulos -con intereses en los sectores financiero, farmacéutico, de medios de comunicación y en la distribución comercial, entre otros-, dueño de una de las mayores fortunas del país. Boulos creó en 2018 un nuevo partido político para optar a la presidencia, el llamado Movimiento Tercera Vía (MTV), con fuertes vínculos en el Congreso de Estados Unidos, y ahora es, junto con el también empresario Dimitri Vorbe, sospechoso de haber actuado como cerebro de la trama local en el asesinato de Jovenel Moïse [16].

[1] https://www.nodal.am/2019/02/crisis-en-haiti-continuan-las-protestas-y-manifestantes-piden-ayuda-a-rusia-y-a-china/

[2] https://www.elespectador.com/mundo/america/la-huella-de-los-mercenarios-colombianos-en-guerras-ajenas/

[3] https://www.tampabay.com/news/florida/2021/07/10/colombians-held-in-haitian-assassination-say-they-were-hired-by-florida-firm/

[4]  https://t.me/latablablogDatos/529

[5] https://noticias.caracoltv.com/informes-especiales/arcangel-pretel-el-eslabon-perdido-del-magnicidio-en-haiti

[6] https://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article252705428.html

[7] https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-11-2021-exmilitares-colombianos-mercenarios-en-todo-el-mundo

[8] https://elpais.com/opinion/2021-07-20/el-culebron-de-haiti.html?event_log=oklogin&fbclid=IwAR0GtutIIIB0bWlXE1Dh2rhAUuGylyZ1Jik3yJM-Lwp8tXaAi6n-PcTIhxA&utm_source=Facebook&ssm=FB_CM

[9] https://noticias.caracoltv.com/mundo/capturan-a-dimitri-herard-jefe-de-seguridad-del-asesinado-presidente-de-haiti

[10] https://noticias.caracoltv.com/colombia/jefe-de-seguridad-del-presidente-de-haiti-se-habria-reunido-con-exmilitares-implicados-en-el-crimen

[11] https://cnnespanol.cnn.com/2021/07/12/haiti-sospechosos-informantes-estados-unido-trax/

[12] https://lenouvelliste.com/alaminute/19099/lassassinat-de-jovenel-moise-illustre-le-niveau-deffondrement-planifie-de-letat-meme-selon-le-barreau-de-port-au-prince

[13] https://www.elperiodico.com/es/internacional/20191219/cascos-azules-onu-abusado-2000-mujeres-haiti-7780756

[14] https://nuso.org/articulo/haiti-sin-la-onu/

[15] https://lenouvelliste.com/article/230397/lassassinat-de-jovenel-moise-la-boite-de-pandore

[16] https://www.mintpressnews.com/haiti-suspected-moise-assassins-trained-by-us/277898/

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Por Eduardo Giordano

“Para el imperialismo yanqui o inglés, el valor económico de estas tierras sería mucho menor si con sus riquezas naturales no poseyesen una población indígena atrasada y miserable a la que, con el concurso de las burguesías nacionales, es posible explotar extremadamente.” 

(José Carlos Mariátegui, 1929)

La campaña para la elección presidencial fue, probablemente, la más sucia y enconada de las últimas décadas. Los medios de comunicación concentrados focalizaron su atención en la candidata de la derecha, Keiko Fujimori, hija del ex dictador convicto Alberto Fujimori, la figura política que despierta más pasiones entre la población. Keiko, como familiarmente la llaman los medios de comunicación nacionales, contó con el respaldo de toda la clase política tradicional, que votó de forma muy fragmentada en la primera vuelta del 11 de abril. La candidata de Fuerza Popular obtuvo solo el 13 % de los votos, una magra representación que aun así la colocó en situación de encabezar el bloque liberal-conservador en la segunda vuelta.

Una campaña feroz y desigual

Por activa o por pasiva, Keiko Fujimori contó en la segunda vuelta con el apoyo de casi todos los medios de comunicación, en algunos casos respaldando abiertamente su candidatura, en otros exhibiendo una falsa neutralidad que de hecho invisibilizaba el programa de Perú Libre o, peor aún, demonizaba sus propuestas sin llegar a analizarlas.

En el orden de las alianzas políticas de gran calado, la candidata derechista recibió el apoyo de los presidentes del grupo de Lima (los gobiernos del continente concertados con Estados Unidos para desestabilizar Venezuela) y de la internacional neoliberal que encabeza el peruano-español Mario Vargas Llosa, quien en estas elecciones dio un vuelco de 180 grados en su valoración de la familia Fujimori. En  septiembre de 2014, Vargas Llosa declaró que nunca respaldaría a Keiko Fujimori como candidata a la presidencia por ser “la hija de un asesino y ladrón”. El polémico premio Nobel de literatura lo justificaba añadiendo que “lo primero que va a hacer (de llegar al poder) es sacar a (Alberto) Fujimori (de la cárcel), que es quien dirige su campaña, quien sería en cierta forma electo si gana las elecciones”.^[1] En su única incursión en política, en 1990, Vargas Llosa perdió las elecciones peruanas frente a Alberto Fujimori, que obtuvo el 62,50 % de los votos en la segunda vuelta.

Más allá de antipatías personales, Vargas Llosa comparte con Fujimori el credo del neoliberalismo económico y el darwinismo social como dogmas de la gestión del Estado. No sabemos qué hubiera ocurrido ante un eventual gobierno de Vargas Llosa. Sabemos que Alberto Fujimori, a lo largo de sus dos gobiernos -un período llamado la década infame- ejecutó una política criminal en materia de Derechos Humanos, y que se produjeron cerca de 70.000 muertes en el juego cruzado entre el Ejército y Sendero Luminoso, casi todas ellas resultado de masacres de campesinos e indígenas perpetradas por ambas partes. Además, su gobierno fue el más corrupto de la historia peruana, según constata Alfonzo Quiroz, autor de una completa Historia de la corrupción en el Perú, quien afirma: “Según algunos historiadores, el nivel de corrupción de la década de 1990 definitivamente superó al de todos los demás gobiernos de la historia moderna y sería comparable tal vez únicamente con el período colonial”.^[2]  Quiroz ha llegado a cuantificar el impacto económico del fenómeno, y en este período estima el costo de la corrupción en el 50 % del gasto público y un 4,5 % del PIB nacional. ingentes recursos que se hurtan al desarrollo socioeconómico del país.

A partir de entonces, la economía de la corrupción se enquistó profundamente en el Perú a través de una alianza entre dirigentes políticos, altos mandos militares y otros funcionarios del Estado, especialmente del poder judicial. En las elecciones de 2016, Mario Vargas Llosa respaldó al candidato ultraliberal Pedro Pablo Kuczynski (Partido PPK), quien en marzo de 2018 se vio obligado a dimitir por corrupción. Sustituido por su vicepresidente Martín Vizcarra, este también fue depuesto por el Congreso en noviembre de 2020, y tras declarar su vacancia le sucedió en el cargo el no menos corrupto presidente del Congreso, Manuel Merino. Su presidencia apenas duró cinco días, forzado a dejar el cargo por el estallido social que derivó en la elección de un presidente de transición, Ignacio Sagasti, a fin de convocar elecciones y renovar un Congreso en el que la corrupción se había institucionalizado.^[3]

Fujimori y Vargas Llosa

Tras la primera vuelta electoral de abril de 2021, Keiko Fujimori se presentó como el muro de contención de una izquierda que podía trastocar todo el escenario político. Aunque Pedro Castillo no alardea de sus ideas de izquierda y nunca se ha definido como “comunista” (tal como aparece en la agresiva propaganda en su contra en redes sociales y afiches), las élites limeñas temen y rechazan su victoria porque representa el despertar de la América indígena y mestiza, la incorporación del Perú profundo a la toma de decisiones políticas; y porque asume la exigencia de una nueva distribución de la riqueza frente al saqueo del país por parte de las multinacionales extractivistas y una legislación que comprometa a las empresas a conceder derechos sociales. Su candidata a la vicepresidencia, Dina Boluarte, declaró en campaña que su gobierno destinaría un 10 % del PIB a Educación y otro 10 % a Salud.^[4] Una inversión social de esta magnitud supone una conmoción en un país que ya no podrá dilapidar sus recursos “aceitando” la economía con el combustible de la corrupción. Y por supuesto supondrá también un aumento de la presión fiscal sobre los sectores de mayores recursos, cuyos tipos impositivos están entre los más bajos del continente.

Keiko Fujimori está procesada por financiación ilegal de su partido en dos campañas de elecciones anteriores, que también perdió en segunda vuelta. Hizo esta última campaña con autorización judicial, tras habérsele notificado en marzo una orden de prisión preventiva. A fin de abril, tras conocerse el resultado de la primera vuelta, Keiko Fujimori fue invitada a participar en el foro ‘Desafíos de la Libertad’ por Mario Vargas Llosa, convocado en Quito por la Fundación Internacional para la Libertad que presidide el escritor. Fujimori intervino por videoconferencia y escuchó encantada los buenos augurios del viejo adversario: “Es muy importante la situación tuya en estos momentos -le dijo Vargas- porque estás enfrentando a un adversario que puede acabar con la libertad en el Perú”.^[5]

En las encuestas realizadas tres semanas antes de las elecciones, Perú Libre aventajaba en casi un 6 % de los votos a Fuerza Popular. Ante esta clara ventaja de Pedro Castillo en los sondeos, Vargas Llosa hizo un dramático llamado al voto por Fujimori para “salvar al país del peligro enorme que es caer en manos del totalitarismo”. La cusqueña Verónika Mendoza, la candidata presidencial de Nuevo Perú – Juntos por el Perú, que brindó su apoyo a Castillo en la segunda vuelta, respondió con dureza: “Hemos escuchado al señor Vargas Llosa insinuando un golpe de estado, invocando a las fuerzas del orden a que perpetren un golpe de estado si el señor Castillo gana. Un discurso claramente antidemocrático, dictatorial y muy peligroso. Eso es lo que tenemos al frente”.^[6]

La distancia entre ambos candidatos se fue estrechando a medida que el bloque conservador acentuó su campaña del miedo, divulgando machaconamente que el país se encontraba ante la doble amenaza de un quiebre económico y de la llegada “del comunismo”. Se intentó vincular a Castillo, disparatadamente, con Abimael Guzmán, el delirante líder de  Sendero Luminoso apresado por Fujimori en 1992. El recurso más usado en campaña contra los dirigentes de izquierda para denigrarlos fue llamarlos terrucos, es decir, terroristas o simpatizantes con las ideas políticas de Sendero Luminoso. Ya es habitual conjugar el verbo “terruquear” para denominar a esta forma grosera de hacer campaña, generalmente desde el anonimato de las redes o a través de periodistas serviles.

El 23 de mayo, a dos semanas de la segunda vuelta, una derivación de Sendero Luminoso (reconvertida en narcoguerrilla) irrumpió en la campaña con un atentado en el que masacró a 18 personas, incluidos dos niños, en locales nocturnos de una zona del departamento de Junín dominada por narcotraficantes. Los asesinos distribuyeron panfletos llamando a no votar en las elecciones, y también a votar en contra de Keiko Fujimori. Después del atentado, la candidata de la derecha trepó cinco puntos en las encuestas, hasta situarse a solo un punto de distancia de Pedro Castillo (49,5% frente a 50,5%).

El maestro nombrado presidente

Nacido en el poblado de Puña del departamento de Cajamarca, Castillo ejerció la docencia durante más de 20 años en la escuela primaria de su lugar natal, que cuenta con poco menos de 400 habitantes. Destacó como sindicalista en 2017, año en el que dirigió un paro docente que se prolongó más de dos meses, y fue elegido presidente del Comité de Lucha de las bases regionales del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP), y después fue Secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (FENATEP).

Aunque en 2002 hizo una breve incursión en la política, presentándose como candidato a la alcaldía de Aguía por Perú Posible, no formó parte de ninguna estructura partidaria hasta enero de 2021, cuando se incorporó a Perú Libre con otros miembros de su embrionario “partido de maestros” con el fin de aspirar a la presidencia.^[7]

Contra la corriente de los medios hegemónicos, en pocos meses supo conectar con esa población eternamente postergada del Perú profundo, indígena y mestizo, que siempre estuvo ausente de la agenda política nacional. José Pedro Castillo es uno de ellos, el que enarbola la clamorosa exigencia de hacerse visibles para el resto del país y para el mundo. Él habla el lenguaje de su pueblo y alimenta sus esperanzas contra todo pronóstico. Por eso es subestimado y tratado de incompetente por ciertos/as periodistas limeños, dignos portavoces de las élites desconcertadas ante le metéorico ascenso del candidato al que no asignaban ninguna posibilidad. Se daba por descontado que la cusqueña Verónika Mendoza, histórica candidata de la izquierda al frente de Nuevo Perú, sería quien pasase a la segunda vuelta. Nadie imaginaba el ascendente que podía cobrar un nuevo liderazgo inesperado, ajeno a la corrupción generalizada del sistema político y en sintonía con el deseo de cambio del pueblo llano.

Los medios oligárquicos intentaron colgar a Castillo el sambenito marxista-mariateguista-leninista, un combinado ideológico por supuesto inexistente. Su praxis política es perfectamente compatible con el pensamiento del precursor José Carlos Mariátegui, quien desde un enfoque marxista situado preconizó hace un siglo la lucha por la justicia y los derechos de los indígenas y olvidados/as. Pero Castillo no hace alarde de teoría política ni necesita invocar celebridades para que se comprenda su mensaje.

Con el triunfo de Castillo se produce la irrupción de lo popular en un mapa político hasta ahora acotado al centralismo clasista de Lima como lugar exclusivo del poder. Pedro Castillo conquistó la presidencia en tiempo récord con un partido de arraigo regional, creado por el ex gobernador del departamento de Junín, el marxista Vladimir Cerrón, profesor de neurocirugía. Con el triunfo del nuevo líder cajamarquino, el centro de gravedad político se desplazó bruscamente desde los palacios hasta las laderas de los cerros y los montes. El voto índigena, mestizo, mulato y zambo no pudo ser manipulado con el bombardeo de mensajes alarmistas.

Todo el sur del país, de mayoría quechua y aymara, lideró este voto de protesta, así como las demás regiones de la Sierra andina. Los criollos que dominan la política de Perú desde la independencia se resisten ahora a este desplazamiento del poder estatal, que pasa de la defensa de los intereses de las élites blancas globalizadas a la gestión consciente de los recursos públicos, atendiendo a la diversidad de exigencias del campo popular.

Una elección muy disputada

No es la primera vez que el desenlace de unas elecciones muestra un Perú dividido entre dos candidatos por mitades casi iguales. Los resultados fueron también muy disputados en la segunda vuelta de las presidenciales de 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynsky  triunfó por un ajustado margen de 40.000 votos, con el 50,12 %, frente a la misma Keiko Fujimori que alcanzó un 49,88 %. Aunque la segunda vuelta se disputó entonces entre partidos de derecha, Keiko Fujimori no reconoció la victoria de su contrincante, y solo admitió el resultado cuando intervino como mediador el embajador de Estados Unidos. No obstante, el fujimorismo boicoteo a ese gobierno ideológicamente afín (neoliberal) de Kuczynski desde su mayoría en el Congreso, hasta forzarlo a renunciar en 2018, al conocerse su implicación en la trama Odebrecht, por la que también es investigada Keiko Fujimori.

En esta segunda vuelta, Keiko Fujimori aventajaba a Pedro Castillo en varios puntos  al promediar el recuento de votos. La distancia se fue acortando con la llegada del voto rural, mayoritario para Perú Libre, hasta que la tendencia se invirtió y empezó a consolidarse una diferencia cada vez mayor a favor de Castillo, que luego se volvió a estrechar por el voto del exterior. Finalizado el cómputo, el resultado fue de 50,12 % de los votos para Perú Libre, y 49,87 % para Fuerza Popular, con una diferencia de apenas 44.000 sufragios (el 0,25 % de los votos emitidos).

A pesar de la campaña feroz en su contra, Castillo consiguió conectar con las necesidades y expectativas de las y los votantes. El nuevo líder de la izquierda peruana ha formulado la necesidad de acabar con un modelo económico extractivista, que empobrece y provoca devastación ecológica para la población local. La propaganda contraria a su candidatura afirmó que su política espantaría a los inversores, aumentaría la desocupación y causaría inflación. Este discurso caló en la mayor parte de la clase media peruana y en sectores populares de zonas urbanas, o entre migrantes muy influenciados/as por la información manipulada que circula a través de los medios y las redes sociales.

Perú Libre se impuso abrumadoramente en el interior del país, principalmente en toda la región andina. En varios departamentos de la Sierra (andina) arrasó con más del 80 % de los sufragios: Cusco, Apurimac, Huancavelica, Ayacucho y Puno. El resultado en este último departamento, que limita con Bolivia y comparte con ese país la extensa altiplanicie del lago Titicaca, fue el más favorable al candidato de izquierda (89 % de los votos), próximo en su ideario, cultura e idiosincrasia al proyecto político desarrollado en ese país por el hermano aymara Evo Morales. En toda la región andina del sur de Perú, el candidato de Perú Libre obtuvo incluso más votos que en su norteño departamento de Cajamarca (71 %).

En cambio, la votación le fue adversa en la ciudad de Lima, que equivale a una tercera parte de la población nacional, donde Fujimori obtuvo dos tercios de los votos. En algunos distritos selectos de la capital peruana, como Chorrillos y San Isidro, Keiko Fujimori superó el 80 % y 90 % de los votos, respectivamente. También fue mayoritario el voto de derecha en otras ciudades de la costa, como por ejemplo en El Callao y Trujillo. En el exterior, el recuento arrojó también dos tercios de los votos (200.000) para Fujimori y poco más de un tecio (102.000) para Castillo.

La reacción autoritaria de la derecha

Días después, al verse derrotada por escaso margen, Keiko Fujimori declaró que se había producido un “fraude sistemático”. Sin presentar pruebas, impugnó el recuento de votos en 802 mesas, en una maniobra de dilación demasiado obvia. Jorge Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), advirtió que en las elecciones de 2016 hubo 29 mesas impugnadas y que, dada la cantidad “extraordinaria” de mesas observadas en esta ocasión, resultaría difícil cumplir los plazos legales. Esa misma noche Salas denunció perturbaciones causadas por manifestantes ante la sede del JNE y también (“lo que está peor”) en su domicilio.^[8] Pese a esta denuncia, las presiones del fujimorismo surtieron efecto. Al día siguiente el JNE acordó ampliar el plazo para presentar nulidad de actas, una decisión que hubiera sido inconstitucional y que finalmente no prosperó. Horas más tarde, el JNE volvió a reunirse para anular la medida previamente adoptada.

Mientras los exaltados fujimoristas presionaban a las autoridades electorales, un fiscal encargado del caso Odebrecht requirió aplicar la prisión preventiva a Keiko Fujimori,  argumentando que había incumplido “con la restricción de no comunicarse con los testigos”. La hija del dictador convicto afronta una petición del fiscal de 30 años de prisión por financiación irregular de sus campañas electorales en 2011 y 2016.^[9] Keiko Fujimori habló de una maniobra judicial en pleno recuento de votos, pero la solicitud está plenamente justificada. Uno de esos testigos es el jefe de su campaña electoral, Miguel Torres, con quien conversa en público todos los días. El abogado penalista Rafael Chanjan ha señalado que el comportamiento de Fujimori “puede significar un riesgo para la actividad probatoria en el proceso, más aún con los antecedentes que se tiene en este caso referido al direccionamiento de otros testigos anteriormente”.^[10]

Mientras tanto, los bufetes de abogados de Lima, representantes de los intereses de los votantes de Fujimori, acumularon la presentación de denuncias ante la justicia electoral, y se produjo una retirada masiva de fondos del sistema bancario que generó una devaluación del sol respecto al dólar.

El acoso de la derecha en las calles durante el recuento de votos no se limitó a los funcionarios del JNE. La campaña afectó al director del diario La República, Gustavo Mohme,^[11] y los ataques se lanzaron también en redes sociales contra conocidos personajes y activistas contrarios a Fujimori. Sus promotores difunden fotografías de intelectuales, artistas, políticos, periodistas y juristas a los que acusan de “arruinar la vida de todos los peruanos”. Alientan a sus seguidores a conseguir los teléfonos y direcciones de esas personas para “que tengan que irse del país como muchos otros peruanos van a tener que hacerlo”.^[12]

La situación procesal de Keiko Fujimori es una metáfora caricaturesca de la situación actual del país: posicionada en la primera fila de unas élites corruptas, que no aceptan la regeneración de la democracia en Perú, de su victoria o fracaso electoral depende mucho más que su futuro político, ya que en caso de perder las elecciones correría la misma suerte que su padre, arquitecto de la dinastía que gobierna la política peruana entre bastidores desde hace décadas, a pesar de permanecer entre rejas.

Fujimori capitaliza ahora la furia de las multitudes exaltadas y manipuladas con la idea de que hubo un inexistente fraude electoral, siguiendo el patrón aplicado en 2019 por la derecha golpista bolivana. Es una forma de incendiar el país y también una precondición para imponer un gobierno tiránico. Algunos miembros del Congreso, encabezados por el Almirante Jorge Montoya -ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ahora congresista por Renovación Popular (RP)-, se pronunciaron abiertamente por desconocer el resultado del proceso electoral, lo que equivale a promover un golpe de Estado.^[13]

A esta situación le siguió un pronunciamiento de ex altos mandos militares en retiro, instigando a la rebelión en caso de que el JNE proclame el triunfo de Pedro Castillo. “Creemos que las fuerzas armadas no podrían aceptar a un jefe supremo ilegítimamente investido producto de un fraude”, expresan en una carta al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sin aportar más pruebas que los dichos de la prensa. La carta la firman alrededor de 400 oficiales en retiro del Ejército, 600 de la Marina y 300 de la Fuerza Aérea, incluidos ex comandantes del Ejército y del Comando Conjunto.^[14]

Entre las fuerzas políticas internacionales que llaman a desconocer el resultado electoral favorable a Castillo destaca el partido de ultraderecha Vox, que presentó una propuesta dirigida a la Mesa del Congreso de los Diputados de España a fin de “promover el desarrollo de las acciones internacionales necesarias” para inmiscuirse en el resultado electoral de Perú, que es solo competencia del JNE. El propio Abascal se ha involucrado personalmente difundiendo su interés al respecto, en la “primera cumbre de resistencia a las dictaduras narcocomunistas y terroristas de Iberoamérica” a la que convocó su partido a mediados de junio. Uno de sus aliados es el excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, que se reunió en Lima con el vicepresidente de Vox, Víctor González. Tanto Rafael López Aliaga como el almirante Jorge Montoya han firmado la Carta de Madrid promovida por la Fundación Disenso del partido ultra.^[15]

Algunas dificultades que afrontará el nuevo gobierno

El gobierno de Pedro Castillo deberá contar con un Congreso mayoritariamente adverso y tendrá grandes dificultades para conseguir que sus leyes prosperen. El fujimorismo buscará por todos los medios a su alcance declarar -una vez más- la vacancia presidencial. Perú Libre es la primera minoría pero tendrá que constituir alianzas para poder legislar, ya que solo cuenta con 37 congresistas sobre 130 escaños.  Sin renunciar a su programa social, el líder de Perú Libre se mostró conciliador con los sectores que, aún habiéndose inclinado por Fujimori en la segunda vuelta, son contrarios al autoritarismo de Fuerza Popular y sus compañeros de viaje.

En los primeros días de junio, el nombramiento como asesor económico de Pedro Francke -experto en políticas sociales y ex asesor del Banco Mundial- quiso enviar un mensaje de calma a los agentes económicos sobre la profundidad de los cambios que realizará el presidente electo. Francke formuló toda una declaración de intenciones en un artículo publicado el 12 de junio:^[16]

“Cambios fundamentales son, en primer lugar, una economía cuyo centro son las economías populares, familiares, y por eso la generación de empleo es un objetivo central. […] Cambiar esta situación es un reto grande. Significa una gran reorientación de la política económica. Pero también requiere entender que no se trata de estatizar ni expropiar […]. También significa reconocer la gran importancia de los mercados, que permiten recoger las preferencias de los consumidores y, donde hay una buena competencia, promueven la eficiencia e innovación de los productores. A su vez, un buen funcionamiento de los mercados requiere de estabilidad monetaria; que la inflación esté controlada y el dólar estable.”

Estas declaraciones merecieron una llamada de atención desde la dirección política de Perú Libre. El secretario de organización del partido del lápiz, Arturo Cárdenas, aseguró entonces que “no iba a haber ninguna moderación” respecto de las propuestas centrales del plan de gobierno, tales como la nacionalización de los hidrocarburos y la minería, o la Asamblea Constituyente. El propio Vladimir Cerrón expresó su malestar en un tuit: “Parece que algunos invitados no son conscientes del espacio que ocupan. Les recuerdo que Perú Libre es el que ha ganado las elecciones”.^[17]

Un importante desafío del partido Perú Libre tras las elecciones será poner orden en casa para cuidar la imagen que proyecta como partido. Vladimir Cerrón, el fundador y secretario general que invitó a Castillo y al grupo de maestros afines -14 de ellos elegidos congresistas- a utilizar su estructura partidaria en estas elecciones, no pudo presentarse en las listas (como vicepresidente segundo) por haber sido condenado en marzo a prisión, en un proceso por supuesto pago indebido de obra pública. La acusación se remite a cuando era gobernador del departamento de Junín, cargo al que se vio obligado a renunciar. Sin embargo, a pesar de su condena a prisión en firme, hay que analizar esta situación en el contexto de un sistema judicial que en varios países latinoamericanos se caracteriza por el recurso sistemático al lawfare contra los dirigentes de gobiernos y partidos progresistas. Valdimir Cerrón deberá despejar cuanto antes si tuvo alguna responsabilidad en los hechos que se le imputan, dada la vulnerabilidad que esta situación ofrece para las campañas de desprestigio de la formación política.

El lawfare parece en cualquier caso haberse instalado como parte de la estrategia de la derecha para deslegitimar el resultado de las elecciones. El excandidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, lamentó recientemente que un fiscal especial del caso Odebrecht le haya prohibido salir del país al día siguiente de haber afirmado que Pedro Castillo era “presidente electo”. Y el 17 de junio, cuando ya hay pronunciamientos de golpe de Estado para oponerse al triunfo de Castillo, se conoce que Arturo Cárdenas, secretario nacional de Perú Libre, es investigado por supuestos vínculos con una “organización criminal” dedicada a percibir comisiones a cambio de facilitar los trámites de licencias de conducir. Una trama delictiva denunciada en el departamento de Junín desde 2011, investigada por la Fiscalía a partir de 2019, y que estalla judicialmente en plena disputa por la proclamación del candidato que ha ganado las elecciones, en un claro intento de proyectar una imagen de Perú Libre como un partido envuelto en la corrupción.

El aspecto más polémico de las propuestas políticas formuladas por Pedro Castillo en campaña es la ausencia de perspectiva de género en su programa de gobierno. Desde una mirada de la familia muy tradicional, también se manifestó contrario a la interrupción voluntaria del embarazo y consideró “peor todavía” el matrimonio entre personas del mismo sexo. En otras declaraciones se ha mostrado “transfóbico” y contrario a introducir como tema de educación escolar la existencia de personas LGTBI.

A pesar de estas actitudes, personas como Gahela Cari, activista trans y ex candidata de Juntos por el Perú, llaman a realizar un voto crítico a favor de Pedro Castillo, a quien consideran “el mal menor” frente a Fujimori: “El fujimorismo es desprecio por la vida de las personas LGBTIQ+ y de las mujeres; por eso, son el enemigo más grande.” En cualquier caso, ese apoyo crítico “significa que si gana Castillo, no me voy a quedar sentada a ver cómo los cambios caen del cielo; o como el señor nos da o nos quita derechos […] y significa que voy a seguir enfrentando el machismo, la homofobia, la transfobia y todas las formas de discriminación, vengan de dónde vengan, así sean del machismo de militantes de derecha o de izquierda”.^[18]

Las expresiones del líder de Perú Libre que denotan conservadurismo moral fueron a veces descontextualizadas y explotadas en campaña para alejar de su proyecto político a sectores progresistas con mayor presencia en centros urbanos. Este es el caso de los votantes del Partido Morado, que incluye el enfoque de género en su programa. Y su principal aliado en la segunda vuelta, Juntos por el Perú, el partido que dirige la feminista Verónika Mendoza, quien ejercerá su contrapeso con perspectiva de género dentro del nuevo gobierno. Tildada de “abortista” por el sector más reaccionario de la Iglesia,^[19] Mendoza fue estigmatizada durante la primera vuelta de la campaña electoral por su defensa del enfoque de género en la educación. Es de esperar que con su aportación humana al equipo de Castillo consiga moderar la gestión del gobierno en este aspecto, acordando una agenda de género progresista.

El triunfo electoral de Pedro Castillo puede representar el final de una etapa de degradación extrema de la política peruana. Y podría ser el inicio de un saneamiento general del ejercicio de la función pública. Para desesperación de las élites corruptas, un humilde maestro de origen campesino enfrentó con éxito a toda la maquinaria bien engrasada de la propaganda ultraconservadora, alzando como símbolo de su lucha un lápiz y convocando al pueblo en la calle. Supo fijar sus prioridades recogiendo las necesidades elementales de la gente, siempre pospuestas por los sucesivos gobiernos, y explicó su programa de gobierno en términos sencillos y creíbles, sin falsas promesas populistas y sin recurrir a los discursos utópico-teóricos que caracterizan a gran parte de la izquierda tradicional. Dependerá de su coherencia al asumir la presidencia el que pueda conservar y acrecentar, o no, ese prodigioso capital político que el pueblo peruano ha puesto en sus manos.

^[1]    https://peru.com/actualidad/politicas/mario-vargas-llosa-keiko-fujimori-hija-asesino-y-ladron-noticia-287058

^[2]    Historia de la corrupción en el Perú, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2019 (1ª edición 2013).

^[3]    https://ctxt.es/es/20201101/Politica/34177/peru-corrupcion-jovenes-odebrecht-protestas-sagasti-vizcarra-eduardo-giordano.htm

^[4]    https://rpp.pe/peru/actualidad/elecciones-2021-dina-boluarte-las-personas-que-conforman-el-equipo-tecnico-de-pedro-castillo-no-son-nadie-del-pasado-corrupto-noticia-1336975?ref=rpp

^[5]    https://elpais.com/internacional/2021-05-24/mario-vargas-llosa-pide-a-keiko-fujimori-salvar-a-peru-de-caer-en-manos-del-totalitarismo.html

^[6]    https://www.telesurtv.net/news/simulacro-ventaja-pedro-castillo-frente-fujimori-peru-20210521-0009.html

^[7]    La también maestra Lilia Paredes Navarro, esposa de Pedro Castillo, explica este proceso en el documental “El profesor”, una biografía audiovisual del nuevo presidente peruano.

          https://www.youtube.com/watch?v=OtnJQwqHEQY

^[8]    https://elcomercio.pe/politica/elecciones/keiko-fujimori-presidente-del-jne-sobre-pedido-de-fp-para-anular-802-mesas-de-sufragio-deben-tomar-algun-tiempo-minimo-como-para-poder-decidir-jorge-salas-arenas-elecciones-2021-segunda-vuelta-nndc-noticia/

^[9]    En marzo de 2021, el fiscal del equipo especial que se ocupa de la trama Odebrecht solicitó 30 años y 10 meses de pena privativa de la libertad contra Keiko Fujimori por los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.

^[10]  https://elcomercio.pe/elecciones-2021/keiko-fujimori-estos-son-los-argumentos-del-fiscal-perez-para-pedir-que-se-ordene-prision-preventiva-fuerza-popular-noticia/

^[11]  https://larepublica.pe/politica/2021/06/11/sociedad-interamericana-de-prensa-condena-acoso-politico-contra-director-de-la-republica/

^[12]  https://www.publico.es/politica/fiscalia-peru-investiga-campana-acoso-opositores-fujimori.html

^[13]  https://larepublica.pe/elecciones/2021/06/15/elecciones-2021-llamados-a-desconocer-el-resultado-de-eleccion-son-delitos-y-violan-la-constitucion-pltc/?ref=lre

^[14]  https://larepublica.pe/elecciones/2021/06/18/elecciones-2021-ex-altos-mandos-militares-en-retiro-instigan-a-la-rebelion-de-institutos-armados-pltc/?ref=lre

^[15]  https://caretas.pe/politica/diputados-de-vox-presentan-iniciativa-para-promover-acciones-internacionales-para-el-respeto-a-los-principios-democraticos-en-las-elecciones-peruanas/

^[16]  http://pedrofrancke.com/2021/06/12/nuevos-rumbos-en-la-economia-por-donde/

^[17]  https://sudaca.pe/noticia/informes/cerron-sigue-mandando-la-sombra-que-impide-la-moderacion-del-plan-de-castillo/

^[18]  https://www.marcha.org.ar/el-fujimorismo-es-la-mayor-amenaza-para-la-democracia/#

^[19]  https://www.publico.es/sociedad/cura-espanol-ultraderechista-negacionista-campana-candidata-izquierda-peru.html

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