A la par, el gobierno de Noboa busca una consulta popular para convocar  a una Asamblea Constituyente y elaborar una nueva Constitución a su medida. El No a la consulta popular ya está presente en las consignas de las diversas protestas de un Paro Nacional descentralizado, expandido en distintas ciudades y que sigue su cocina a fuego lento.

Por Ana Acosta –  @yakuana (Publicado originalmente en Wambra) | Fotos: Wambra

La convocatoria al paro

Una mujer indígena, con falda, botas de caucho levanta su mano frente a un pelotón de al menos treinta militares armados y protegidos con escudos, cascos y máscaras, en una carretera en Imbabura. Un joven con la bandera de Ecuador baila sobre el techo de una parada de transporte público, en Quito, mientras otros y otras cantan. Una movilización de más de 100 mil personas recorre las calles de Cuenca, como un río: “el quinto río”, lo llamaron, en defensa del agua y en contra de la minería en Kimsacocha, una reserva de agua de la tercera ciudad más grande del país. Indígenas y campesinos con poncho rojo caminan en Latacunga para decir que “si sube el diésel sube todo” y que el trabajo de las manos del campo no van a “subsidiar a los de arriba”. En la Amazonía, mujeres indígenas levantan su palabra y le dicen al gobierno que la selva no está en venta.

Desde el 19 de septiembre de 2025, Ecuador vive varios vórtices de protestas, en distintas ciudades del país y con diversas demandas contra el gobierno de Daniel Noboa. El activador fue el decreto 126, que elimina el subsidio a diésel, firmado el 12 de septiembre, con el que el precio del galón pasó de 1,80 a 2,80 dólares, y podrá subir o bajar dependiendo del costo del barril de petróleo West Texas Intermediate, WTI, que el gobierno adoptó, cuyo valor fluctúa diariamente debido a la oferta y demanda de petróleo o a factores geopolíticos.

La medida de Noboa cumple con los planes requeridos por el Fondo Monetario Internacional, FMI, para el desembolso de un nuevo préstamo de 4 mil millones de dólares, el tercero entregado a Ecuador en los últimos seis años. Medida que ya la intentaron cumplir dos gobiernos anteriores.

En 2019, Lenín Moreno y, en 2022, Guillermo Lasso emitieron decretos para eliminar este subsidio. Sin embargo, en las dos ocasiones, un Paro Nacional y un Levantamiento Indígena sostenido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, y otras organizaciones sindicales, campesinas, de mujeres, feministas, disidencias, estudiantes, trabajadores, detuvieron la medida. Noboa vuelve a implementar la misma receta, y, como era de esperarse, las protestas vuelven a surgir. Pero en esta ocasión, hay varias cosas que marcan una diferencia, tanto para el gobierno como para la organización social.

Militarización y criminalización de la protesta en un contexto de autoritarismo

Militares en los exteriores de la Universidad Central del Ecuador, el miércoles 01 de octubre durante manifestación de estudiantes y artistas. foto: Wambra medio comunitario.

Ecuador no es el mismo de 2019 y 2022. Desde enero de 2024, con el llamado “conflicto armado interno” que el gobierno de Daniel Noboa declaró mediante decreto 111, el país se embarcó en un camino sinuoso que combina una política de militarización de la seguridad, un creciente autoritarismo que ha decantado en graves violaciones a derechos humanos y un aumento de la desigualdad.

Como dice el informe de Amnistía Internacional, del 23 de septiembre de 2025,  Son militares, yo los vi: Desapariciones forzadas por las fuerzas armadas en Ecuador : “Las autoridades ecuatorianas han apostado por la militarización de la seguridad pública, a pesar de que esto contraviene estándares y normas de derecho internacional y que ha dado lugar a denuncias de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros malos tratos”.

En esta política, el gobierno de Noboa sostiene que hay una guerra con “enemigos internos” y como respuesta anunció la implementación del llamado Plan Fenix, pero hasta ahora, los indicadores de inseguridad no dejan de subir. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, en el primer semestre de 2025, Ecuador registró 4.619 homicidios  intencionales, esto representa un incremento del 47% respecto al mismo  periodo en 2024. “La cifra de homicidios semestral es la más alta  registrada en la historia reciente de Ecuador.” dice el informe.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en su informe «Desapariciones forzadas en contexto de la militarización en la costa en Ecuador», registra 33 personas detenidas desaparecidas por patrullas militares durante el 2024 en provincias de la costa, 7 de ellas son menores de edad. Además se conoce de 9 personas detenidas desaparecidas registradas por la Defensoria del Pueblo del Ecuador, que estarían en investigación por parte de la Fiscalía. Es decir, serian 42 personas detenidas desaparecidas por militares.

Siguiendo la misma política de gobierno por decreto, Noboa declaró el estado de excepción en siete provincias de Ecuador, por 60 días, con medidas que incluyen la suspensión de la libertad de reunión y la participación de militares en el control de la protesta. A esto se sumó, el  trasladó la sede del ejecutivo a Latacunga, y la sede de la vicepresidencia a Imbabura. Dos provincias con mayor población indígena y dos de los puntos de mayor convocatoria de las movilizaciones de 2019 y 2022. Latacunga, además, es la cuna de Leonidas Iza, ex presidente de la CONAIE, y uno de los más sólidos liderazgos de izquierda anticapitalista dentro del movimiento indígena y social. Mientras que Otavalo, en Imbabura, es la ciudad natal de la actual vicepresidenta de la CONAIE, Ercilia Castañeda. La estrategia buscaba neutralizar los puntos políticos del movimiento indígena y mantener a la capital, Quito, alejada de las acciones de hecho; sin embargo, el efecto fue diferente: la protesta se descentralizó y se expandió a otros territorios.

En este contexto, cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, anunció un Paro Nacional, el 19 de septiembre, y las protestas se activaron en distintas ciudades, el gobierno de Noboa buscó establecer una relación entre los grupos de delincuencia organizada y narcotráfico, con las organizaciones indígenas, campesinas y defensoras de la naturaleza y los derechos humanos que convocaron a la protesta. Esta narrativa tampoco es nueva.

Guillermo Lasso y su ministro de gobierno, Patricio Carrillo, durante el Paro de 2022, afirmaron que las protestas fueron financiadas por el narcotráfico, sin poder probarlo. Lasso dejó la presidencia después de la llamada “muerte cruzada” con varias acusaciones de corrupción en su contra. En 2024, Danilo Carrera, su cuñado y  ex directivo del Banco de Guayaquil, fue sentenciado por la Fiscalía a diez años de prisión por el delito de “delincuencia organizada” en el Caso Encuentro. Carrera también fue relacionado con uno de los narcotraficantes de la mafia albanesa, Rubén Cherrez.

Patricio Carrillo, en cambio, en 2023, fue censurado en un jucio político por incumplimiento de funciones durante el Paro Nacional de junio de 2022 por la falta de seguridad en el país, la crisis carcelaria y el femicidio de María Belén Bernal, quien fue asesinada por su pareja, Germán Cáceres, un Policía en servicio activo, dentro de una Escuela Policial, en 2022.

El gobierno de Noboa volvió a levantar la misma narrativa para deslegitimar las protestas. El ministro de defensa, Gian Carlo Loffredo, en una entrevista en Radio Centro, vestido con chaqueta de camuflaje militar lo dijo: “Cualquiera que atente contra las fuerzas del orden, sea policías y militares, están atentando contra la seguridad nacional”. Ante la pregunta del periodista “¿ustedes van abatir al enemigo?”, el ministro respondió: “no es abatir o no abatir, sino neutralizar al enemigo y sacarlo de circulación, porque las calles son para la gente de bien y la cárcel para los malos. La forma es entregarles a la justicia por los actos de terrorismo que están causando”

En la misma línea, después de la detención de 13 personas en las protestas de Otavalo, el presidente Noboa publicó un tuit en el que relacionó, sin colocar pruebas que lo demuestren, a los manifestantes con las mafias: “Quedaron en evidencia: financiados y rodeados por criminales del Tren de Aragua.” Esto porque una de las personas detenidas es de nacionalidad venezolana. La organización “Corredores Migratorios” denunció que William Rojas es migrante de Venezuela, padre de una hija y antes de su detención trabajaba como vendedor de boletos en unos juegos mecánicos. La organización denunció, además, que su hija, Deysimar, de dos años, quedó sola.

William es parte de los 13 detenidos en las protestas de Otavalo a quienes la Fiscalía los acusa de “terrorismo” y busca responsabilizarlos por la quema de vehículos policiales y del Comando y la Policía Judicial de Otavalo. Este delito está tipificado con hasta 30 años de prisión. Los otros detenidos son jóvenes indígenas, comuneros y campesinos. A ellos se suma Gina Cahuasquí,  una joven indígena que fue detenida cuando pedía a los policías que no lanzaran más bombas lacrimógenas. Gina fue liberada pero continúa judicializada, mientras los 12 detenidos fueron trasladados a cárceles en otras provincias, lejos de sus familias, en Portoviejo y Esmeraldas, donde ocurrió una masacre con 17 personas fallecidas, esto a pesar de que las prisiones se encuentran militarizadas desde enero del 2024.

No son los únicos. La Fiscalía ha accionado denuncias penales contra de una diversidad de líderes sociales. Defensores del agua de la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay, FOA, fueron notificados por el delito de “asociación ilícita”. Nohelia Ochoa, dirigente estudiantil de la Universidad de Cuenca, fue denunciada por “paralización de servicios públicos”. Leonidas Iza, ex presidente de la Conaie, fue acusado por “instigación” en el Paro, esta denuncia se suma a otras por “secuestro” y por “terrorismo”.

Frente a esto, las personas movilizadas impulsaron la campaña para decirle al gobierno: “Somos campesinos, no terroristas; somos estudiantes, no terroristas”

Bloqueo de cuentas bancarias y suspensión de medios comunitarios

El gobierno de Noboa no sólo desplegó la Fuerza Pública como si las protestas de sectores sociales significaran una declaración de guerra, sino que también puso en acción a organismos de control y vigilancia estatal, cuyos fines eran controlar a las mafias.

Desde el 19 de septiembre, líderes sociales denunciaron el bloqueo de cuentas bancarias. El gobierno usó un artículo de la llamada Ley de Fundaciones, aprobada por la Asamblea Nacional para controlar el flujo de dinero ilícito y el lavado de activos. Sin embargo, la ley no se usó para las mafias, ya que el ministro de gobierno, John Reimberg,  aceptó que lo usaron para controlar el “financiamiento de la protesta”. La Fiscalía abrió una investigación a 58 personas por el delito de “enriquecimiento privado no justificado”. Entre las personas que bloquearon sus cuentas está el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas; defensores del agua de Cuenca; la viceprefecta de Imbabura, defensores del bosque de Intag, líderes amazónicos; ex dirigentes y dirigentas de la CONAIE, ECUARUNARIA, CONFENIAE y de Pachakutik, la directora de Fundación Pachamama, entre otros.

A esto se sumó el hostigamiento a medios de comunicación comunitarios y alternativos. El 23 de septiembre, la Agencia de Control de las Telecomunicaciones, ARCOTEL, suspendió la señal del canal 47 UHF TVMICC, la televisión comunitaria del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. En la resolución dice que esto se hace “con el fin de precautelar el orden público y la seguridad nacional”. TVMICC es la primera televisión comunitaria de Ecuador y realizó las coberturas de las movilizaciones que indígenas y campesinos de Latacunga realizaron para rechazar la presencia del presidente Noboa en la gobernación de Cotopaxi.

La muerte de Efraín y el uso de armas letales

Un video de cámaras de seguridad muestran a una persona tirada en el piso. Varios manifestantes se acercan a auxiliarla, pero un camión con militares armados llega. Solo un manifestante se queda junto al cuerpo y lo abraza. Militares se acercan, lo patean, lo golpean con sus armas, a él y al cuerpo de su compañero herido, hoy sabemos, de muerte.

Efraín Fueres murió durante las protestas en Pinsanquí, Imbabura, el domingo 28 de septiembre. Tenía 46 años, padre de dos niños, artesano y maestro de construcción, comunero indígena y líder comunitario de Cuicocha, comunidad Inguintzala perteneciente a la organización UNORCAC. Dayuma Amores, abogada de INREDH, participó en el levantamiento del cadáver y cuenta que Efraín muere por el impacto de una bala de arma letal que entró por su espalda, esto, para ella, demuestra que las Fuerzas Armadas no están haciendo el uso progresivo de la Fuerza para controlar las protestas:  “Hemos visto, sobre todo en el caso de Efraín, que las armas de fuego fueron la regla general, disparando sin ninguna contemplación a los manifestantes y puede ser eso, ya lo determinarán las investigaciones, pero podemos presumir que por eso el disparo de Efraín entra por su espalda, porque los manifestantes están corriendo desprotegidos, desarmados y que reciban un disparo por la espalda muestra que el uso de la Fuerza no fue progresivo, fue letal y fue con la intención de causar un daño letal”.

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Marcha en Quito durante las jornadas del Paro Nacional. Foto: Wambra medio comunitario

Marcha en Quito durante las jornadas del Paro Nacional. Foto: Wambra medio comunitario

La Alianza de Derechos Humanos, en su monitoreo de vulneraciones del Paro 2025, con corte del 28 de septiembre, documenta 109 reportes de vulneraciones a derechos humano. La organización registra 63 personas detenidas y al menos 48 personas heridas, 6 personas detenidas desaparecidas y 1 persona fallecida “todos estos hechos se han dado en el marco de las acciones de intervención de miembros de la fuerza pública.” Hasta el momento no existen cifras oficiales actualizadas, incumpliendo con ello la obligación estatal de proporcionar información oficial oportuna y transparente. La última cifra que entregó el Ministerio del Interior de fecha 26 de septiembre fue de aproximadamente 100 personas detenidas.” dice el informe.

Una Consulta Popular y el deseo de una Asamblea Constituyente a la medida

Como si de una máquina acelerada se tratara, días después del decreto de eliminación del diésel, Noboa emitió el decreto 148, para una Consulta Popular que apruebe la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Al igual que lo hizo con el Derecho Internacional, cuando invadió la embajada mexicana, Noboa buscaba pasar por encima del control de la Corte Constitucional y que el Consejo Nacional Electoral, CNE, incluyera la pregunta sobre la constituyente dentro de la Consulta Popular ya aprobada.

Según la Constitución ecuatoriana toda propuesta de consulta popular debe pasar por la revisión de la Corte, quien debe analizar la constitucionalidad de las preguntas y emitir un dictamen favorable o no. En la noche del viernes 19 de septiembre, Noboa emitió el decreto y el CNE convocó para las ocho de la mañana para sesionar sobre el inicio del proceso electoral. Pero la Corte sesionó en la noche para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del decreto. Esa noche, policías rodearon la Corte y obligaron a las y los jueces a salir por una supuesta amenaza de bomba. Esto fue visto como una forma de presión y hostigamiento a la Corte para que no emita una resolución.

El domingo 21 de septiembre, el CNE, sesionó y dio inicio al proceso electoral con las preguntas ya aprobadas por la Corte sobre si se permite la instalación de bases militares extranjeras, algo que hoy prohíbe la Constitución; y una pregunta sobre la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos, algo que busca desfinanciar a los partidos y movimientos opositores. Mientras que sobre la pregunta referente a la Constituyente, el CNE solicitó a la Corte que se pronuncie.

Organizaciones internacionales de derechos humanos y sociedad civil expresaron su preocupación frente “al clima de hostigamiento y presión” contra la Corte y advirtieron que esto se suma “a un contexto de presiones externas que incluyen interrupciones en el normal funcionamiento de la Corte, campañas de estigmatización pública contra sus integrantes y la reducción de medidas de seguridad previamente otorgadas”.

Ya para el 24 de septiembre, la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable y dio paso a la Consulta Popular para preguntar al pueblo ecuatoriano si quiere o no una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución. El CNE anunció que la consulta será el 16 de noviembre y tendrá un costo de 59,7 millones.

El No a la constituyente ya está presente dentro de las consignas y carteles en las diversas protestas en todo el país en un Paro Nacional que se sostiene a fuego lento. La CONAIE  presentó diez demandas donde ya hizo un llamado para votar no en la consulta como una forma de rechazar al gobierno de Noboa y sus medidas de ajuste.

Es así que el Paro de 2025 tal vez no logre que el gobierno dé marcha atrás en el decreto de aumento del diésel; sin embargo, el crecimiento del descontento,  la negativa al diálogo y los ataques a múltiples organizaciones están configurando una articulación anti Noboa que pueden tener un efecto en los resultados de la consulta popular y detener el anhelo de una Constitución a la medida del autoritario de Carondelet.

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Por César Saravia Fotos/ Prensa Leónidas Iza y Luisa González

Las primeras elecciones del año serán en Ecuador, país en el que hace más de 7 años la derecha neoliberal gobierna luego de que Lenin Moreno, que llegó al poder con la bandera de la Revolución Ciudadana (Correísmo) diera un giro a su política y traicionara el programa electoral con el que llegó al poder. 

La elección presidencial tendrá una particularidad. Será el cierre del periodo que le correspondía a Guillermo Lasso, quien fue elegido presidente en 2021, luego de derrotar a Andrés Arauz, candidato del correísmo, en una elección donde además, el movimiento indígena, representado en el Pachakutik, estuvo cerca de llegar a la segunda vuelta.  

Durante 2023, Lasso, frente a la amenaza de un juicio político iniciado desde la Asamblea Nacional, con mayoría opositora, optó por disolver el poder legislativo a través de una “muerte cruzada”. Esta acción, válida durante los primeros 3 años de mandato, fue cuestionada por la oposición pero vista también como un triunfo en las medida que aceleró un proceso electoral general, tanto presidencial como legislativo. 

Las elecciones se llevaron a cabo el 20 de agosto de ese mismo año, dando la presidencia a Daniel Noboa, luego de imponerse en segunda vuelta. En la contienda se enfrentó a Luisa González, candidata por el correísmo, quien a pesar de un leve favoritismo no pudo superar la barrera del anticorreismo. Esta fotografía podría repetirse en estas elecciones, pues la mayoría de encuestas dan a Noboa y González una difencia marcada respecto a otros contendientes. 

Los últimos años en Ecuador no han sido fáciles. Para Alejandra Santillana, de la Asamblea Transfeminista de Mujeres y Disidencias y del colectivo Yasunidos, el país vive una crisis multidimensional que se presenta también como colapso. Esta crisis puede ser entendida alrededor de 3 elementos que conforman un panorama que viene afectando a los sectores populares y mujeres, por su impacto en el terreno de la reproducción de la vida. Se trata de una crisis energética, de seguridad y económica que impacta en el sistema político en su conjunto. 

La crisis económica se caracteriza por una paulatina precarización de la clase trabajadora, una inflación provocada por el aumento del IVA (que pasó del 12 al 15% en 2024) y una pérdida relevante del empleo. Según el Instituto de Censos y Estadísticas, en Ecuador se perdieron 132 mil empleos entre 2023 y 2024. A lo anterior hay que sumar las alarmantes cifras que organizaciones como el Observatorio del Cambio Rural señalan sobre un probable aumento de la crisis agroalimentaria.

Más conocida y palpable en el exterior es la crisis de seguridad que vive el país producto de un avance del narcotráfico. Las imágenes de un canal de televisión siendo asaltado por grupos armados en enero de 2024, durante una transmisión en vivo, dieron la vuelta al mundo. Ese mismo año, Ecuador se posicionó como el país con la mayor tasa de homicidios en la región con una tasa de 47 por cada 100 mil habitantes, por encima de otros países históricamente más violentos como Guatemala, Honduras, Colombia, El Salvador o Venezuela. El auge del narcotráfico coincide con el inicio del ciclo neoliberal y la idea de reducir lo que se llamó un “Estado obeso” que facilitó su inserción en los territorios más empobrecidos. Durante la elección de 2023, el sistema político se vio golpeado tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. 

Finalmente, el tercer elemento que compone esta crisis es el energético. La falta de inversión en infraestructura, producto de una achicamiento del Estado en pro de pagar al FMI, ha llevado a un profundo deterioro del sistema de suministro energético que generó durante 2024 sistemáticos cortes de hasta 14 horas diarias. 

¿Qué esperar el domingo? 

Daniel Noboa llegó a la presidencia en parte como el candidato de un voto bronca y descontento. Su popularidad a inicios del mandato fue alta producto de una “bukelización” de su política de seguridad. O lo que es lo mismo, “un punitivismo demagógico” pero los cortes de energía y medidas antipopulares como el aumento del IVA golpearon en su imagen. Sin embargo, se mantiene fuerte, en particular entre los sectores económicos que al tratarse de un empresario del sector bananero ven en Noboa un aliado y en especial una fuerza de contención frente al correísmo. 

Del lado del correísmo, la carta fuerte en esta elección es nuevamente Luis González, abogada y ex integrante de la Asamblea Nacional. El movimiento de la Revolución Ciudadana, viene experimentando dificultades para recuperar la confianza en el electoral y mantiene un techo del 33% en primera vuelta. Para poder aspirar a ganar en una eventual segunda vuelta, Luisa deberá tener un mejor desempeño y lograr esos votos que faltan en la segunda. Un escenario muy similar al que vivió el Frente Amplio en Uruguay, donde al superar el porcentaje obtenido en la presidencial anterior, llegaron mejor posicionados a la segunda. Dato no menor. De imponerse en la contienda electoral, Luis se convertiría en la primera presidenta en la historia de Ecuador. Ya en octubre del año pasado la candidata se reunió con Claudia Sheinbaum, actual presidenta de México, en lo que podría interpretarse en una búsqueda de proyectarse como dos mujeres al frente del progresismo regional. 

La tercera candidatura relevante, sobre todo para el movimiento popular, es la de Leónidas Iza, referente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Iza es una de las figuras políticas más destacadas del país, sobre todo estando al frente de las luchas y movilizaciones contra el extractivismo y la reducción del Estado. En entrevista con Jacobin Latinoamérica, Leónidas señaló que parte de su propuesta de llegar al gobierno será recuperar la política social como instrumento para hacer retroceder al narco y el reconocimiento de la plurinacionalidad en Ecuador. Si bien las encuestas lo ponen por detrás de la contienda su partido Pachakutik, ha tenido históricamente buenos resultados en la Sierra. Por lo que en un contexto de atomización del voto de derecha, no se descarta alguna sorpresa. 

El resto de la lista la cierran otras 13 candidaturas, que corren desde el centro como hasta la ultraderecha. En este escenario, con una elección que es obligatoria, un descontento alto y un voto volátil, la mesa está servida para que no falten sorpresas. Algo que la voluntad de más de 13 millones de votantes terminará de definir. 

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Por Sybel Martinez @sybelmartinez | Edición: Ana María Acosta @yakuana

Ilustración: Vilma Vargas @vilmavargasva

Ricardo* no dejó una carta de despedida, pero su compañera de vida, un día antes de su muerte, recibió un correo electrónico que contenía una carpeta con todos los documentos escaneados, correos y mensajes de WhatsApp relacionados con el abuso sexual sistemático que vivió por parte F.G. Cadena, un coadjuntor —religioso laico—  del Centro Juvenil San Patricio, de la comunidad salesiana, en 1987. Del expediente que Ricardo armó durante 36 años y que lo mantuvo en su poder hasta su muerte, al menos once vicarios de alta jerarquía eclesial, aquí y en El Vaticano, conocieron su denuncia de abuso sexual. A pesar de esto, el pederasta hoy sigue siendo párroco en Santa Cruz, en las Islas Galápagos.

La muerte de Ricardo*, en  marzo de 2024, fue noticia porque ocurrió dentro de la Asamblea Nacional; días antes él fue visto con una carpeta pidiendo ser escuchado. Lo que llevaba en sus manos no era su hoja de vida en busca de trabajo, era su búsqueda de justicia.

Una cárcel llamada San Patricio

Ricardo* tenía trece años y seis meses cuando ingresó al Centro Juvenil San Patricio, CJSP, en agosto de 1985. Antes de eso, había vivido un año en la calle y dos meses en un albergue temporal conocido como ‘El Sótano’, ubicado en el lugar donde hoy se encuentra la Universidad Salesiana, en Quito. Según Ricardo, la estancia en este albergue era obligatoria como paso previo para ingresar al Centro Juvenil.

Sentir que finalmente tenía un lugar permanente para dormir, alimentarse y vivir seguro le generó muchas expectativas. Sin embargo, esa alegría fue efímera. Durante el primer semestre en San Patricio, la violencia entre los internos era incluso peor a la que Ricardo había experimentado en las calles. Según sus propias palabras, “ni la seguridad de tener comida todos los días ni una cama para dormir justificaban tanta agresión dentro del grupo”. La violencia física era constante. Mientras que la sexualidad —un tema en permanente tensión— orillaba a los chicos a demostrar su virilidad; incluso debiendo mostrar su pene erecto al resto del grupo en múltiples ocasiones. Por supuesto, ninguna expresión de feminidad era permitida.

Varias veces Ricardo intentó escapar y volver a vivir en las calles siguiendo su propio ritmo de vida. Sin embargo, con el tiempo encontró cierta protección temporal en un grupo de amigos antiguos y nuevos, lo que le permitió sobrevivir los primeros seis meses en el internado. Al comenzar el segundo semestre, alcanzó un nuevo estatus social, al dejar de ser considerado como uno de los recién llegados, lo que le brindó  tranquilidad, al menos en algunos momentos.

Dentro del Centro Juvenil San Patricio operaba el Proyecto Salesiano “Chicos de la Calle”, cuyas áreas de enfoque eran la acogida temprana, la reintegración familiar y educativa, así como la formación técnica y artesanal; además de la educación religiosa, entre otros aspectos. El objetivo principal era atender a niños y adolescentes varones en situación de calle, abordando problemáticas como la callejización, el consumo inicial de sustancias psicoactivas, la explotación sexual, el maltrato, entre otras vulneraciones a sus derechos.

Durante la época en la que Ricardo permaneció en San Patricio, el centro albergó entre 80 y 125 niños y adolescentes de 6 a 18 años. A pesar de ser un programa de internamiento con un enfoque especial en la protección, los internos no estaban organizados en grupos según sus edades, y carecían de un seguimiento individualizado.

Además, el Centro Juvenil San Patricio, CJSP, no contaba con suficientes profesionales a tiempo completo. Durante las noches, vacaciones o días festivos, los jóvenes quedaban bajo la supervisión de voluntarios religiosos o personas en formación sacerdotal, que eran insuficientes en número y carecían de formación especializada.

Después de pasar un año en el internado, Ricardo se adaptó a la dinámica del Centro y continúo una carrera de carpintería. Comenzó a destacar en sus estudios siendo elegido con frecuencia para hablar en público sobre los beneficios del programa de educación e inserción social

Llegó el tercer año de permanencia en el Centro, un período muy confuso y doloroso para Ricardo, que aunque siempre destacaba en lo académico y tenía mucho potencial, psicológicamente estaba devastado. Ricardo comenzó a ser abusado sexualmente por uno de los hermanos coadjuntores salesianos del Centro, F.G. Cadena, en principio responsable del taller de sastrería, después educador general a tiempo completo en el CJSP y hoy párroco en la parroquia Sagrada Familia de la Isla Santa Cruz, en las Islas Galápagos.

Pederastia Clerical

Era 1987, Ricardo tenía 15 años, cuando F. G Cadena, de 32 años, comenzó a abusar de él de forma sistemática. Cadena era coadjuntor —un religioso laico, que vive en la comunidad religiosa junto con sacerdotes o diáconos salesianos— , su poder, la autoridad y la confianza, le permitían tener contacto directo y constante con todos los niños y adolescentes internos.

Ricardo narra los inicios del abuso así:

“Recuerdo que había una habitación aislada, lejos del edificio central que servía como enfermería, era un lugar al que no todos tenían acceso, que tenía seguridad y que servía para descansar o recuperarse o aislarse médicamente. No recuerdo exactamente por qué me encontraba en la enfermería pero me viene a la mente que el presbítero F. Cadena, que en ese momento tenía unos 32 años, entró a la enfermería y empezó a acariciarme las piernas, en principio yo lo entendí como un juego puesto que él era muy ‘juguetón’ con todos los internos, pero empezó a acariciarme los genitales”, narra Ricardo, en una declaración, en 2018, ante el llamado “Tribunal Diocesano” en lo que la Iglesia denomina “investigación previa” conformado por el investigador delegado Presbítero Luis Miguel Aldaz y el notario Roque Gavilanes.

Un día Cadena invitó a Ricardo a su habitación a pretexto de mostrarle algo; pese a que era prohibido hacerlo, se las ideó para ingresar con él a su dormitorio, ahí le dio un libro y mientras Ricardo lo ojeaba, sentado al filo de la cama, Cadena, abusó sexualmente de él. Esta dinámica se mantuvo a diario y se convirtió casi en un ritual. Incluso por las noches Cadena obligaba a Ricardo a cruzarse por el muro del tercer piso para ir a su habitación, un par de ocasiones fue encontrado saliendo del cuarto del coadjuntor, por sus compañeros de internado.

A cambio del abuso sistemático, cuando el grupo estaba a cargo de Cadena, Ricardo era “recompensado” con dotaciones extras de comida, exoneraciones de trabajos, de castigos o de tareas forzadas.

El abuso duró casi seis meses y esto generó que Ricardo abandone San Patricio sin terminar el programa. En un certificado de 1989, el director del Centro Juvenil San Patricio, de ese entonces, padre Jaime Calero, dice que Ricardo se retiró “por circunstancias personales”. Pero en realidad la razón fue que Ricardo prefirió volver a las calles, antes que seguir viviendo el abuso del cual era objeto.

Cadena, al poco tiempo, también, salió del Centro Juvenil y fue a trabajar como docente en el Colegio Técnico Don Bosco de La Tola, de Quito. Allí fue donde él y Ricardo se volvieron a encontrar. Cadena no desaprovechó la oportunidad para proponer a su víctima seguir “manteniendo contacto”. Ricardo, esta vez, libre de sometimientos, encierros y ataduras, se negó rotundamente, poniendo un alto a su agresor y al abuso, aunque, en ese momento, no fue capaz de denunciarlo.

“yo me limité a evadir lo más que pude, pero no fui capaz de denunciar, ya que eso al interior de mis compañeros hubiese significado la burla permanente e incluso el aislamiento entre otras cosas. Creo que pesó mucho las consecuencias que se darían de una denuncia que el mismo hecho del abuso. Esto hizo que termine viviendo el abuso incluso como una situación normal.” dice Ricardo, en una carta enviada al inspector salesiano, años después.

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Denunciado al clero: Sacramentorum Sanctitatis Tutelano

Ricardo necesitó dieciséis años para poder hablar y denunciar el abuso sistemático al que fue sometido por F. G. Cadena, en el Centro Juvenil San Patricio.  Su primer intento de dar a conocer lo vivido es una carta enviada al Padre Franciso Sánchez, inspector de la comunidad  Salesiana, el 20 de abril del 2003. 

“Después de una fuerte reflexión de cuaresma, me he sentado a escribir y expresar lo que estoy viviendo. Soy un ex-alumno del Centro Juvenil San Patricio (Cumbayá “SP”), estuve en el centro desde el 10 de agosto de 1985 hasta el 15 de noviembre de 1988*, durante los tres años y tres meses viví muchas cosas y situaciones” inicia la carta de cinco páginas donde narra la violencia vivida en el Centro y el abuso sexual por parte de Cadena.

“Hace unos años me negaba a creer que la sexualidad es importante en la vida misma, me negaba como forma de no reconocer que he sido violentado y abusado en mi corta edad, la negación como forma misma del miedo y de la incapacidad de superar momentos tan dolorosos para mí (…) una forma de afrontar es tener la fuerza suficiente para reconocer que fui abusado y decirlo hoy.” narra Ricardo.

La respuesta del párroco Francisco Sánchez, inspector de la comunidad Salesiana, fue una llamada telefónica donde le dijo que Cadena había dejado de pertenecer a la comunidad Salesiana y que no era sacerdote sino un laico religioso. Esto para deslindar a los salesianos de toda responsabilidad de cara a este acto abominable.

Dos meses después, el 2 de junio del 2003, el abusador Cadena remite un correo a Ricardo donde le dice:

“yo no sé qué le impulsó hacerme daño de esta manera en contra de mi persona, por lo que le pido de por favor retire esa documentación pidiendo disculpas en vista que la comunidad salesiana no tiene que ver nada en este asunto. Hace algunos años atrás que me retiré de los salesianos, por lo tanto, ya no soy miembro de esa comunidad. Y nunca en mi vida he pasado por estos casos engorrosos de leguleyos de los cuales usted menciona”.

Que el agresor tome contacto con la víctima de violencia para recriminarle por su denuncia es una forma de amedrentamiento, una forma de buscar silenciarlo. Ricardo se sintió presionado y  por años esperó, pero los intentos de Cadena no lograron callarlo.  Así, el 23 de octubre del 2006, envió una carta abierta a la Comunidad Salesiana:

“La comunidad salesiana no puede exonerarse de responsabilidades, yo fui parte de una institución dirigida y administrada por la C. Salesiana, el abusador sexual fue miembro de la comunidad, los abusos fueron frecuentes y sistemáticos dentro de un sistema de “rehabilitación” bajo modalidad de internado, los cuales han sido y son promovidos como alternativa de educación por parte de la comunidad Salesiana. Es decir, las condiciones institucionales del internado permitieron que un abusador sexual tenga instrumentos y posibilidades que le permitieron abusar de mí sin ser detectado y sobre todo salir impune del hecho. A esa impunidad la C. Salesiana representada en la inspectoría resulta sumarse con una posición de simple lavado de manos.” dice Ricardo en la carta.

Pese a no haber obtenido respuesta en sus anteriores comunicaciones, el 4 de junio del 2018, Ricardo vuelve a enviar un correo electrónico al párroco Francisco Sánchez, inspector salesiano, con copia a varias autoridades de la Iglesia, incluida la Conferencia Episcopal, donde solicita una audiencia personal por “abuso sexual a menor de edad”.

“Han pasado 15 años de la primera carta que le escribí denunciado la situación de ABUSO SEXUAL a un menor por parte de un miembro de la comunidad salesiana de aquel momento. Me preocupa que haya transcurrido 15 años y la Comunidad Salesiana no ha tenido la delicadeza de afrontar el hecho, la madurez de asumir una denuncia y la oportunidad de subsanar una vida” dice el correo.

Tras 15 años de espera, esta vez Sánchez responde el correo y le otorga audiencia. Once días más tarde, Ricardo mantiene una reunión con monseñor Patricio Bonilla, obispo Vicario de Galápagos, y el padre Teófilo León, vicario de Misión, quienes solicitan a Ricardo rehacer la denuncia y ponerla en conocimiento, también, de la máxima autoridad de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en ese momento, monseñor Eugenio Arellano.

Ricardo no se demoró en entregar la denuncia, la tuvo lista por años. El 15 de junio del 2018 la remitió, y en ella solicitó:

“se realice la investigación que determine las responsabilidades, sanciones y resorciones necesarias del abuso sexual denunciado” y concluye con esta frase: “no más víctimas de abuso sexual en instituciones educativas religiosas”.

La razón por la que avocó conocimiento el vicariato de Galápagos, es porque Cadena cambió de congregación y se ordenó como sacerdote diocesano, el 6 de diciembre del 2003, es decir, ocho meses después de que Ricardo lo denunció por primera vez ante los salesianos. Cadena fungió de párroco en la Isla Floreana, luego pasó a la Isla Isabela, en la cual permaneció por mucho tiempo, hoy según una fuente reservada dentro de la iglesia, conocemos que es párroco de la parroquia Sagrada Familia de la Isla Santa Cruz, en las Islas Galápagos.

El Vicariato Apostólico de Galápagos, el 16 de julio del 2018, mediante decreto No. 002-2018-DEVAG-CFGCP, dio inicio a la investigación previa por las acusaciones en contra de Cadena “conforme el Instructivo para el juzgamiento de causas de abuso sexual por parte de clérigos, que realicen su labor pastoral en el Ecuador, emitido en 2014, por la Conferencia Episcopal, decretando:

“ 1. Dar inicio a la investigación previa, a norma del CAN. 1717, de la actual legislación canónica.

2. Nombrar como Delegado para esta investigación previa al presbítero Reverendo Padre LUIS MIGUEL ALDAZ SALAZAR, incardinado en la Arquidiócesis de Quito.
3. Nombrar como Notario al Reverendo Padre ROQUE GAVILANEZ, incardinado en la Arquidiócesis de Quito.”

El 14 de septiembre del 2018, Ricardo fue interrogado por este llamado “Tribunal Diocesano”, en una llamada “investigación previa” donde le realizaron ocho preguntas. Es desgarrador leer el interrogatorio, los detalles del abuso sistemático del que fue víctima, las secuelas irreversibles en su vida de esta vil agresión. Algo que salta a la vista y es de enorme preocupación es la pregunta cinco:

— ¿Sabe usted si el presbítero F. Cadena cometió otros abusos a otros menores?

— No tengo la certeza, sin embargo, después escuché muchos rumores de que así era.

Al contestar la última pregunta Ricardo es enfático en mencionar:

“Quiero decir que no es la primera vez que hago esta denuncia, entregó una carta indicando la cronología de las denuncias que realicé, tanto a la comunidad Salesiana como a la Conferencia Episcopal y al Vicariato apostólico de Galápagos, pido que se haga justicia y que se escuche la voz de las víctimas para que de deje de encubrir y la Iglesia actúe como debe hacerlo. Quiero añadir también que en los últimos dos meses recibí dos llamadas del Presbítero F. Cadena. En la primera me pide superar estos hechos asumiendo su culpabilidad y en la segunda me dice que yo fui el culpable, quien lo provocó y lo abordó y que él es inocente.”

 

El 8 de noviembre del 2018, monseñor Patricio Bonilla eleva a consulta el caso a monseñor Fernando Filone, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos de la ciudad del Vaticano, donde le da a conocer  que luego de haber mantenido una conversación personal con F.G. Cadena, este reconoció su culpa por lo que pregunta cómo proceder considerando que al momento “de cometer el delito tipificado en el Art. 6 de MP. Sacramentorum Sanctitatis Tutelano*,  no era clérigo, sino hermano Coadjuntor salesiano”.

Cuatro meses después, el 8 de marzo de 2019, monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico del Ecuador, remitió a monseñor Bonilla, el oficio N. 1918/19, en el cual le hizo conocer que, monseñor Giacomo Morandi, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, entidad encargada en el mundo de las sanciones disciplinarias en casos de abuso sexual, “se proclama no competente en el caso mencionado” pues solo puede juzgar delitos cometidos contra el sexto mandamiento por los clérigos (no de religiosos laicos). Dejando a criterio del Obispo las medidas a tomar, considerando que, la acción criminal conforme lo establece el Código Canónico (Can. 1362 § 1, 2) prescribe a los 5 años.

Cuatro días más tarde, monseñor Patricio Bonilla, suspende vía decreto ad tempore a Cadena, donde le impone una pena canónica de un año y revoca sus beneficios y ejercicio del ministerio sacerdotal. El documento dice:

“Siguiendo las instrucciones dadas, el Consejo de Misión, reunido en Puerto Baquerizo Moreno, San Cristóbal, el 12 de marzo de 2019, impuso una pena canónica de un año al Rvdo. F. Cadena, privando de todos los beneficios y del ejercicio de su ministerio sacerdotal. Además, exhortándolo a reflexionar y meditar este tiempo en un retiro prolongado en la Isla Floreana. Esta pena, cuya finalidad es suscitar el deseo sincero de cambio y conversión tendrá efecto desde el momento en que P. F. Cadena, tenga conocimiento del mismo”

La pena la impone Monseñor Bonilla por ser el Vicario de Galápagos, pero al haberse cometido el delito en Quito, esta sanción debía también ser impuesta por la máxima autoridad eclesial de esta ciudad. Pese a que la pena canónica es de efecto inmediato, recién cinco años más tarde, el arzobispo de Quito y primado de Ecuador, Alfredo José Espinoza Mateus, a través del oficio 077-CAQ-2024, del 31 de enero de 2024, le hace conocer a F. Cadena la revocatoria de sus facultades ministeriales, al tiempo que le recomienda que vuelva a su jurisdicción, pese a que el sacerdote ya se encontraba de vuelta en Galápagos.

Una fuente reservada, experta en derecho canónico, explica que esta acción del arzobispo de Quito. Alfredo José Espinoza, es una forma de “curarse en sano” ya que queda la duda de que esta revocatoria corresponda a la pena impuesta por monseñor Patricio Bonilla, Vicario Apostólico de Galápagos, en 2019, o si se trata de otra sanción impuesta al mismo sacerdote Cadena, años después, dado el tiempo transcurrido y la falta de justificación en el documento.

En todo caso, este decreto de revocatoria de facultades a F. Cadena, emitido por el Arzobispo de Quito consistía básicamente en: no poder celebrar misa, impartir la palabra de Dios y escuchar confesión, por un año. Siendo así, el cura Cadena, este año, 2024, debería estar privado de sus facultades ministeriales, cosa que no ha sucedido.

Todas estas decisiones tomadas por las autoridades eclesiásticas no le fueron comunicadas oficialmente a la víctima. Ricardo tuvo que nuevamente enviar una carta y pedir una reunión para obtener respuesta con el nuevo inspector de los salesianos, el párroco Marcelo Farfán,  el 7 de febrero del 2024,  para recién ahí conocer que Cadena había aceptado su responsabilidad y que había sido suspendido por un año. Ricardo y el párroco Farfán se conocieron en el Centro Juvenil San Patricio, cuando este último recién iniciaba su camino al sacerdocio como estudiante de teología, a esto apeló Ricardo para lograr reunirse con él.

Entre la calle y el cielo

Ricardo fue un niño en situación de calle, un adolescente vulnerable, hijo de madre soltera, el menor de dos hermanos. A los 12 años se fue de su casa y sobrevivió en la calle, subiendo y bajando de buses interprovinciales, así conoció todo el país  y así pudo evadir, por un año, el maltrato y la negligencia parental de las que era objeto.

Durante este tiempo experimentó mucha violencia, pero nada fue comparable al abuso clerical que tuvo que soportar en el Centro Juvenil San Patricio. Allí escapar le fue imposible, el Centro era una cárcel sin barrotes, en donde el desamparo se fundía con el miedo y el silencio, creando un terreno fértil para que todo tipo de malos tratos y el abuso clerical se produjeran.

Ricardo sabía que hubo más chicos violentados sexualmente en el Centro; también, sabía que no tuvieron su misma suerte, no solo por no lograr irse de San Patricio sino por no haber podido salir de la calle, terminar el colegio y graduarse en la universidad, como él sí lo hizo.

Ricardo tenía altas capacidades y un problema de visión que no fue corregido a tiempo, lo que le causó dificultades en la escuela. Cuando era niño, no le gustaba asistir a clases porque no podía leer, lo que le costó recibir palizas no solo de su madre sino también de los empleadores de ella. Su madre era una trabajadora doméstica.

Aunque se graduó tarde, casi a los 33 años, tuvo muchos logros en el campo profesional. Fue asesor de autoridades locales, fue funcionario en la Asamblea Nacional, hasta febrero del 2024, cuando fue desvinculado.

Ricardo tenía 52 años, estaba casado y tenía dos hijas, una de su matrimonio y otra con su pareja anterior, cuando pudo concluir lo que él llamaba “su sanación”, es decir, supo que F. Cadena aceptó su culpa y recibió una irrisoria pena canónica. Había pasado 36 años de su vida buscando verdad, justicia y reparación y no la encontró.

El 5 de marzo del 2024, Ricardo, que aún mantenía la credencial de la Asamblea Nacional por haber trabajado en la institución, pasó los filtros de seguridad, llegó hasta la terraza del Palacio Legislativo y se quitó la vida. La Asamblea Nacional emitió un escueto comunicado sobre su muerte. Pese al hermetismo de las autoridades, en redes sociales el caso se viralizó asegurando que la desesperación por encontrar trabajo llevó a esta persona, cuya identidad era desconocida, a quitarse la vida.

Alex Samaniego, funcionario de la Asamblea Nacional en su cuenta de X publicó:

“Un día, nadie le paraba balón en la puerta, tenía una carpeta amarilla en el brazo (su hoja de vida), vio que yo tenía credencial de Asamblea Nacional, me pidió que le ayudara a hablar con el presidente de la Asamblea (Henry Kronfle) o alguna comisión para que lo volvieran a contratar. Por supuesto, le ayudé en lo que pude; sin embargo, no lo volví a ver desde aquella ocasión. Supe por otros despachos que, durante tres meses, recorrió toda la asamblea visitando todos los despachos y rogando que lo reconsideraran, ya que tenía un hogar que mantener”.

Sin embargo, su pareja quien lo conoció y estuvo a su lado quince años desmiente lo aseverado en redes sociales: “Siempre trabajamos y nos ha ido bien, construímos una experiencia laboral importante por lo que encontrar otra oportunidad laboral era cuestión de tiempo”.

En poder de Ricardo hallaron su teléfono y un pasamontaña. Su cuerpo fue encontrado por un trabajador del área de mantenimiento de la Asamblea alrededor de las 10:00 am. En el examen médico legal se pudo observar que el rigor mortis había durado aproximadamente de 10 a 12 horas lo que ha generado dudas en su familia debido a las diferencias entre la hora en que fue encontrado y el tiempo transcurrido desde su muerte.

La Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Dinased, por pedido de la Asamblea Nacional, inició una investigación que no ha avanzado hasta ahora, las cámaras de seguridad son cruciales para determinar cómo y a qué hora entró, con el fin de disipar todas las dudas en este caso.

Ricardo no dejó una carta de despedida, pero su compañera de vida, un día antes de su muerte, recibió un correo electrónico de él, que contenía una carpeta con todos los documentos escaneados, correos y mensajes de WhatsApp relacionados con el abuso sexual clerical sistemático del cual fue objeto.

La carpeta que llevaba Ricardo bajo el brazo, todos los días, pidiendo ser recibido por el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle y por varios asambleístas, no era su currículum vitae. Su desesperación porque le dieran audiencia tampoco tenía que ver con un pedido laboral.

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El espíritu de cuerpo del clero y el control de las almas

Ricardo pasó veintiún años esperando por una respuesta, confiando en que el abuso sexual del cual fue objeto pesara más que las sotanas de los vicarios.

La tardía sanción clerical a F.G. Cadena, por haber abusado sistemáticamente de él y quién sabe de otros niños más, es un acto de cinismo.

La máxima pena que contempla el derecho canónico para un cura que haya violado a uno o a mil niños es reducirlo al estado laico —como si ser laico fuera un castigo— y ni esa pena le fue dada al cura Cadena, quien se mantiene como párroco en las Islas Galápagos.

Surgen muchas preguntas en este caso: ¿Por qué las autoridades eclesiásticas  tardaron tanto en responder a Ricardo y en sancionar al cura Cadena? ¿Por qué la Iglesia no denunció al agresor ante la Fiscalía? ¿Por qué se le permitió ordenarse como cura cuando 8 meses antes, Ricardo, lo denunció por pederastia clerical? Pese a que Cadena aceptó su culpa, ¿por qué sigue fungiendo como cura, con todos los riesgos que ello implica? La respuesta es evidente, porque la tolerancia hacia el delito, el silencio cómplice, el encubrimiento sistemático y la falta de colaboración con la justicia convierten a la pederastia clerical no solo en una agresión sexual individual sino en una práctica legitimada estructural e institucionalmente por la Iglesia Católica. Porque este patrón subsume a  los religiosos y los cercanos a ellos en una red de ocultamiento y protección mutua.

Por otra parte, en el “dilecto hermano en Cristo”, F.G. Cadena, no hubo acto de contrición alguno, arrepentimiento, y mucho menos un propósito de enmienda; ni siquiera cumplió la sanción canónica de un año que se le impuso. Durante la pandemia del COVID-19, allegados a Ricardo pudieron constatar que Cadena impartía la Santa Misa, vía Zoom, a los feligreses de las Islas Galápagos. Este ofensor sexual, luego de su paso por el Centro Juvenil San Patricio, dio clases en los colegios Don Bosco y Central Técnico de la ciudad de Quito, hasta que se ordenó como cura y se fue a las Islas Galápagos, donde ha sido párroco de varias parroquias.

Del expediente que Ricardo fue armando durante años y que lo mantuvo en su poder hasta el día de su muerte, fueron al menos once vicarios de alta jerarquía eclesial, aquí y en El Vaticano, los que conocieron del caso, y salvo al párroco Marcelo Farfán, a todos les faltó compasión, sensibilidad y humanidad no sólo para con Ricardo sino para todos aquellos niños a los que Cadena, un pederasta consumado, debió haber agredido durante todo este tiempo.

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Comisión Ocasional en la Asamblea Nacional

En la historia de abuso clerical de Ricardo, a diferencia de otros casos como las víctimas de los curas César Cordero (+) o Luis Intriago y su dinámica del pecado, y otros casos más, hay algo que no podemos dejar escapar, y es que Ricardo se encargó de documentar cada una de las actuaciones de la Iglesia Católica y su afán por silenciar u ocultar lo sucedido.

En la carpeta que remitió a su pareja, hay documentos fechados, foliados y numerados; es decir, hay pruebas de la perversa actuación de la jerarquía eclesiástica, de su calculado y cómplice silencio y de su falta de amor al prójimo. Sí, porque durante 21 años intentaron desmoralizar a Ricardo, acallarlo, ganarle por cansancio, pese a su enorme sufrimiento, hasta llevarlo a un punto de quiebre.

La ridícula pena eclesial impuesta al pederasta F.G. Cadena, tras su aceptación de los hechos, no solo terminó de dar la estocada final a su víctima, sino que también dejó al descubierto, una vez más, que la Iglesia Católica está lejos de tramitar e investigar el abuso sexual clerical con debida diligencia y mucho menos de intentar poner a sus perpetradores en manos de la justicia.

Otra prueba de lo aquí afirmado es el informe intermedio de investigación defensorial emitido por la Defensoría del Pueblo, DPE, el 20 de diciembre del 2023, con el fin de conocer el estado de situación de los niños y niñas del país en materia de abuso sexual infantil. En él, mediante un oficio, la DPE consulta a la Conferencia Episcopal acerca “del registro de casos de abuso sexual infantil detectados en el ámbito religioso en el período de 2018 a junio de 2023 y respecto al número de casos denunciados a la Fiscalía”. La Conferencia Episcopal señala no contar con dicha información y solicita que la misma sea requerida a las distintas jurisdicciones eclesiásticas.

¿Hasta cuándo vamos a seguir aceptando el pacto de silencio e impunidad impuesto por la Iglesia Católica? La pederastia clerical no solo merece una respuesta canónica, sino también judicial y legislativa.

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Por justicia y contra el silencio

Ricardo se quitó la vida dentro de la Asamblea Nacional, fue exfuncionario de esta entidad, un hombre sensible e inteligente en búsqueda de justicia. Su caso debe ser investigado de principio a fin; su familia merece obtener respuestas.

La Iglesia Católica y su cuerpo eclesial deben rendir cuentas por este y por todos los casos de abuso sexual y pederastia clerical contra niños, niñas y adolescentes que han ocultado, olvidado y silenciado: el del Cesar Cordero, en Cuenca;  el de Luis Fernando Intriago y su dinámica del pecado, en Guayaquil; el de Nestor Genaro B., párroco de Guapulo, en Quito y el último conocido en junio de 2024, el de Miguel Augusto Yumi, párroco de San Miguel del Común, que abusó de una niña de 13 años de la Unidad Educativa Danielle Sipione, en Quito, y huyó a Colombia. Es mandatorio buscar y descartar a más víctimas del cura F. Cadena. A las víctimas de este flagelo y sus familias se les debe dar la opción de denunciar y la garantía de obtener verdad, justicia y reparación, la Iglesia debe indemnizarlas.

Se impone, también, la necesidad de una auditoría a todas las instituciones y autoridades eclesiásticas conjuntamente con sus planes, programas, proyectos, y sus funciones pastorales y educativas hacia las personas más vulnerables, niños, niñas y adolescentes. Es necesaria una Comisión de visitadores nombrada por el Papa Francisco para que investigue los abusos sexuales, algo que ya se ha hecho en otros países como Chile, Bolivia y Perú.

Hay que evaluar, también, las actuaciones de las entidades del Estado conforme a sus competencias y determinar los vacíos y deficiencias normativas frente a este flagelo.

La Fiscalía y  el Consejo de la Judicatura tienen la exigencia de llevar un registro desagregado de delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes perpetrados por miembros de la iglesia católica y evangélica, como una forma de contar con datos reales sobre la violencia sexual sistemática ocurrida en estas instancias. Esto siguen sin hacerlo, pese a que transparentar esta información fue una de las recomendaciones del Informe AAMPETRA del 2018, sobre el abuso sexual en espacios educativos.

Es el Pleno de la Asamblea Nacional quien puede crear una Comisión Especializada Ocasional no solo para investigar el caso de Ricardo, sino también de todas las víctimas de violaciones y abusos a quienes la Iglesia Católica, sus autoridades e instituciones —no solo educativas— les han impuesto el silencio y el temor reverencial.

El resultado de esta Comisión podrá servir de insumo para que las víctimas y sus familias puedan llevar sus procesos a los sistemas internacionales de derechos humanos —en muchos casos será lo único que les quede por hacer— y así obtener algo de resarcimiento por tanto dolor y sufrimiento.

Hay que dejar de ser testigos silentes, los cambios concretos y profundos ofrecidos por la Iglesia Católica para librarla de este flagelo, han quedado en meros propósitos y no han pasado de un bonito discurso, no importa cuánto se afanen en avergonzarse y disculparse, las víctimas siguen siendo ignoradas y burladas en el nombre de Dios, de su Cruz y de la Iglesia.

***

En este artículo, honramos la memoria de Ricardo (nombre protegido) y nos comprometemos a dar voz a su historia y a las historias de tantos otros niños y niñas víctimas del abuso y la pederastia clerical. Más que un relato de tragedia, este es un llamado a la acción, una invitación a la empatía y a la solidaridad para con las víctimas de este flagelo y sus familias, también es una exigencia para que la Iglesia Católica deje de encubrir a curas abusadores y para que el Estado ecuatoriano investigue estos actos abominables.

Si fuiste víctima de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia o conoces alguna historia y quieres denunciar, puedes escribirnos a investigacion@wambra.ec

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Notas:

*Ricardo es un nombre protegido.

*Si bien Ricardo coloca en la carta que estuvo en el Centro Juvenil San Patricio de 1985 a 1988, un certificado emitido por el director del Centro, Padre Jaime Calero, en 1989, dice que él estuvo en el Centro hasta noviembre de 1987. Para una víctima de violencia sexual que recuerda los hechos ocurrido en la niñez o adolescencia, los tiempos pueden percibirse diferente, lo que puede hacer que estos se los recuerde con una temporalidad más amplia, dado los efectos del trauma. 

*Sacramentorum Sanctitatis Tutelano  significa, «La custodia de la santidad de los sacramentos”.

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Publicado originalmente en
https://wambra.ec/impunidad-sagrada-silencio-abuso-iglesia/
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Por Gabriela Peralta, Wambra | Diseño gráfico: Carol Bolaños*

Noboa se sentará en el palacio de gobierno de Carondelet, a mediados de diciembre de 2023, junto a su círculo cercano, conformado por grupos económicos vinculados al poder empresarial ecuatoriano.

Muerte Cruzada

El presidente Guillermo Lasso, el 17 de mayo de 2023, emitió el decreto 741 de “Muerte Cruzada” alegando una grave crisis política y conmoción interna en Ecuador. La “Muerte Cruzada” es como se denomina a dos artículos de la Constitución ecuatoriana que permiten disolver a la Asamblea y destituir al presidente al mismo tiempo. El primero es el artículo 130 que permite a la Asamblea destituir al presidente por arrogarse funciones, por crisis política o grave conmoción interna. El segundo es el artículo 148 que señala que la presidenta o presidente de la República puede disolver la Asamblea Nacional cuando esta “se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna”. Esta última es la opción que tomó Lasso, disolviendo la Asamblea y convocando a elecciones.

Lasso emitió el decreto 741 el mismo día que la Asamblea Nacional desarrollaba un juicio político en su contra, que podía cesarlo en sus funciones, por su responsabilidad política en el peculado en el transporte de petróleo público en la Flota Petrolera Ecuatoriana, Flopec, que perjudicó al Estado con más de 6 millones de dólares. Es así que el Consejo Nacional Electoral, CNE, convocó a elecciones anticipadas para el 20 de agosto de 2023.

Elecciones anticipadas

13,45 millones de ecuatorianas y ecuatorianos, residentes en Ecuador y en el extranjero, debían acudir el 20 de agosto a las urnas para elegir: presidente, vicepresidente y 137 asambleístas nacionales y provinciales. En primera vuelta, ocho candidatos se disputaron la presidencia de Ecuador, pero Daniel Noboa y Luisa González llegaron a segunda vuelta con 23,47% y 33,61%, respectivamente.

La segunda vuelta electoral se realizó el 15 de octubre de 2023. Daniel Noboa logró la victoria por cuatro puntos de ventaja, 52%, frente a Luisa González, 48%.

¿Quién es Daniel Noboa, presidente electo de Ecuador?

Daniel Noboa Azín, con treinta y cinco años, es el presidente más joven de Ecuador, elegido democráticamente. Daniel es un empresario heredero de una de las fortunas más grandes de Ecuador, iniciada por su abuelo, Luis Noboa Naranjo, con la Bananera Noboa S.A en 1947 e Industrial Molinera en 1976. La primera se dedica a la exportación de banano y la segunda al abastecimiento de harina y avena del mercado interno ecuatoriano.

La Familia Noboa formó un grupo económico y empresarial conocido como “Grupo Noboa” o también llamado “Exportadora Bananera Noboa” que, actualmente, ocupa el puesto 19 en el ranking de grupos económicos del Servicio de Rentas Internas, SRI.

En 2021, el presidente electo se desempeñó como asambleísta por la provincia de Santa Elena. Allí presidió la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa.

En abril de 2023, su nombre sonaba entre los asambleístas independientes como posible opción para presidir el legislativo, esto por el recambio de autoridades que se llevó a cabo el 14 de mayo; sin embargo, Noboa no logró los acuerdos políticos necesarios. Días después, llegó la “Muerte cruzada”, decretada por Lasso, lo que abrió la puerta a nuevas elecciones presidenciales en el país. Noboa oficializó su candidatura el 2 de junio de 2023 por la Alianza Acción Democrática Nacional, ADN, integrada por los movimientos: Pueblo, Igualdad y Democracia, PID, y Mover, antes Alianza País.

El heredero de una de las fortunas más grandes del país encaró su primera campaña presidencial con brigadas médicas, entrega de camisetas y fundas de avena, y una reedición de la vieja canción que usaba su padre “Alvarito”, en las campañas presidenciales anteriores: “¡Llegó la esperanza que todos queremos!”.

En una de sus primeras entrevistas, tras ganar la primera vuelta, el candidato ya mencionó algunos nombres de quiénes serían sus ministros. Algunos de ellos son: Iván Carmigniani, Iván Wong Chang, Gabriela Sommerfeld, Sonsoles García y otros personajes, destacando sus conexiones con la Familia Noboa y sus vínculos con el poder empresarial en Ecuador. Los nombres no son nuevos.

Según el politólogo y docente universitario, Hernán Reyes, Daniel Noboa representa a otro sector de la élite y del empresariado ecuatoriano. Además, varios expertos leyeron su candidatura como una forma de perseguir el poder político y, así, beneficiar(se) a los grupos económicos del país, el de su familia y círculo cercano, puesto que el grupo Noboa es uno de los mayores deudores de impuestos al fisco y tiene una carga fiscal menor al 1%. Es decir, la empresa paga una proporción muy baja de impuestos en relación con su actividad económica.

Noboa forma parte de la élite ecuatoriana que según Anahí Macaroff, investigadora del Observatorio de Cambio Rural, ha creado su fortuna mediante la evasión fiscal, el no pago de impuestos, los vínculos que su familia ha tenido con los diferentes gobiernos de turno, la explotación laboral, la concentración de la producción y la exportación del banano, uno de los principales productos de la economía ecuatoriana.

Daniel Noboa y su plan de gobierno

Noboa se sentará en Carondelet junto con su binomio vicepresidencial, Verónica Abad, empresaria de coaching y liderazgo y activista libertaria de la extrema derecha. Abad simpatiza con gobiernos como los de Trump o Bolsonaro y promovió la visita a Ecuador del candidato presidencial de Argentina, Javier Milei. En varios eventos, Abad ha expuesto sus ideas en contra de lo público.

Daniel Noboa fue acusado, en 2019, por violencia psicológica por parte de su exesposa, Gabriela Goldbaum.

Aunque Noboa y su plan de gobierno representan los intereses de la élite, y según el docente Hernán Reyes puede significar una continuidad del actual gobierno de Guillermo Lasso. Por su parte, Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana no logró ganar la presidencia. El partido del ex presidente Rafael Correa por segunda vez consecutiva perdió una elección y no logró superar su llamado “voto duro”. Noboa, por el contrario, supo llegar a la población indecisa y juntar el “voto anticorreísta”.

La socióloga Natalia Sierra, en entrevista con Wambra, analizó la votación del electorado ecuatoriano y dijo que, Daniel Noboa “puede ser muy simpático y todo, pero él es el representante del mayor grupo económico de este país y de la región. Ni siquiera estamos hablando de Lasso que es de la banca. La corporación Noboa implica todo un poder con distintos capitales y ahora su hijo es como que hereda el país”.

* Publicada originalmente en Wambra

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Por Eduardo Giordano | Foto: Edu León *

El asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial por el Movimiento Construye a las elecciones del 20 de agosto en Ecuador, apenas once días antes de los comicios, puso de manifiesto el papel que han adquirido en este país sudamericano las bandas criminales, muchas veces vinculadas al tráfico internacional de cocaína.

Este crimen político tuvo gran repercusión por tratarse de un candidato a la presidencia, pero fue precedido por una sucesión de asesinatos de dirigentes de varios partidos: el alcalde de Manta, Agustín Intriago, del movimiento cantonal Mejor Ciudad, y el candidato a la Asamblea por Esmeraldas, Ryder Sánchez, de la alianza derechista Actuemos, presidida por Otto Sonnenholzner. Ambas localidades destacan por la centralidad de sus puertos en el tráfico de drogas.

Otra víctima reciente de la violencia sicarial fue Omar Menéndez, candidato a alcalde en la ciudad costera de Puerto López, del partido Revolución Ciudadana, asesinado un día antes de las elecciones municipales. Y aun con posterioridad al asesinato de Villavicencio, el 14 de agosto, fue asesinado Pedro Briones, un dirigente de Revolución Ciudadana de la norteña provincia de Esmeraldas. Este crimen se produjo el mismo día del debate televisivo entre los candidatos a la presidencia, enfocado principalmente en “rescatar al país de la inseguridad” como dijo uno de ellos. El último tiroteo registrado en un acto electoral tuvo lugar este jueves en el cierre de campaña del empresario Daniel Noboa, candidato a la presidencia de la Alianza Acción Democrática Nacional. Tuvo lugar en Durán, en el área metropolitana de Guayaquil, aunque el ministro del Interior, Juan Zapata, ha descartado que fuese un ataque contra el candidato.

Ante este escenario favorable al retorno de Correa, lo mas desestabilizador para su partido es el asesinato de un político que se caracterizó por denostar periodísticamente al expresidente

Seis de los detenidos por el asesinato de Villavicencio son colombianos y varios cuentan con antecedentes penales en Colombia, con cargos por asesinato y narcotráfico. Otro de los sicarios detenidos es de nacionalidad venezolana. El autor material del homicidio, también colombiano, habría quedado herido tras un tiroteo con la policía, pero fue conducido con vida a la Fiscalía para ser interrogado y horas más tarde fue dado por muerto. Todos los colombianos capturados ya habían sido detenidos por otros delitos un mes antes y dejados en libertad.

El candidato presidencial asesinado, cercano al presidente derechista Guillermo Lasso y enemigo declarado de Rafael Correa, había destacado en la campaña por su rechazo a las bandas violentas exponiendo algunas ideas sobre su forma de enfrentarlas, entre ellas la militarización de los puertos y construir una mega cárcel de alta seguridad en una zona aislada. Ideas que en general comparten otros candidatos a la presidencia, como es el caso de Jan Topic o Xavier Hervas.

Elecciones y “muerte cruzada” del presidente

Si bien el mandato del presidente neoliberal Guillermo Lasso debía concluir en 2025, en mayo de 2023 decretó la disolución de la Asamblea Nacional y convocó nuevas elecciones, un mecanismo constitucional conocido como “muerte cruzada”, empleado aquí como escapatoria al juicio político iniciado contra el mandatario por malversación de fondos públicos. Meses antes, en de febrero de este año, el Movimiento Revolución Ciudadana de Rafael Correa fue la fuerza más votada en las elecciones seccionales de febrero pasado, con más del 23% de los sufragios; y ganó 9 de las 23 prefecturas y 50 alcaldías, incluidas las de Quito y Guayaquil.

Fernando Villavicencio tuvo una participación crucial en el Congreso para evitar la destitución del presidente y permitirle que convocase elecciones anticipadas. Si bien discrepaba en muchas cuestiones con el presidente Guillermo Lasso, al igual que con el presidente anterior Lenin Moreno, era más importante lo que les unía: su rechazo a las políticas progresistas y antiimperialistas de Revolución Ciudadana.

En un contexto agobiante de estado de excepción y militarización del país, el primer eje del debate presidencial fue el Eje Uno: Seguridad e impacto de la delincuencia

El candidato asesinado había denunciado al ex presidente Rafael Correa (2007 a 2017) por supuestos casos de corrupción, por los cuales Correa siempre se ha considerado injustamente perseguido y víctima del lawfare, la estrategia de desgaste con la guerra judicial que han sufrido y sufren varios mandatarios y mandatarias latinoamericanas. Uno de los casos investigados por Villavicencio durante el mandato de Lenin Moreno acabó en orden de captura contra Correa y lo llevó al exilio en Bélgica. Previamente, en 2014, Villavicencio fue condenado a un año y medio de prisión (incumplida) por la justicia ecuatoriana, por calumnias contra el entonces presidente Correa, a quien acusó sin fundamento de haber cometido delitos de lesa humanidad.

En todas las encuestas publicadas desde junio, Luisa González, candidata presidencial del partido Revolución Ciudadana que lidera Rafael Correa, aparecía como favorita con el 29% de intención de voto, seguida de Yaku Pérez, candidato del movimiento indígena Somos Agua (14%), mientras que Villavicencio figuraba en cuarto o quinto lugar con poco más del 7%. Ante este escenario favorable al retorno de Correa, a quien Luisa González dijo que convertiría en su principal asesor, lo mas desestabilizador para su partido es el asesinato de un político que se caracterizó por denostar periodísticamente al expresidente.

En una de sus últimas intervenciones difundida en redes sociales, Villavicencio intentó vincular a una candidata a la Asamblea de Revolución Ciudadana, Raiza Vulgarín, con la causa abierta por la Fiscalía de Colombia contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Esta candidata fue involucrada como supuesta facilitadora del transporte del dinero a partir de informes del fiscal Francisco Barbosa, sin más prueba de estas graves acusaciones que su vinculación sentimental con un primo del Nicolás Petro. Con tan poco fundamento, el político asesinado afirmaba que iba a pedir a la fiscal general de Ecuador que investigase “los vínculos de la Revolución Ciudadana con el partido de Gustavo Petro en Colombia”. En otra intervención decía sin dar más explicaciones: “Casi siempre que se habla de Socialismo del siglo XXI en América Latina hay un vínculo con el narcotráfico”.

Según estimaciones oficiales del propio Estado ecuatoriano, por Ecuador pasa actualmente cerca de la mitad de la cocaína que sale de Colombia.

En el plano internacional, el posible triunfo de Revolución Ciudadana en las elecciones preocupa desde hace meses en Estados Unidos. El agotamiento del proyecto neoliberal emprendido por Lenin Moreno y acentuado durante los dos años baldíos de Guillermo Lasso, situó en el centro del debate político las diferencias de estrategia económica entre los sectores confrontados. Este era el debate emergente y que debía ocupar los espacios políticos hasta las elecciones, pero el asesinato de Fernando Villavicencio desplazó los ejes del debate hacia el plano securitario. En un contexto agobiante de estado de excepción y militarización del país, el primer eje del debate presidencial —también formalmente militarizado por los presentadores— fue el Eje Uno: Seguridad e impacto de la delincuencia, al que se dedicaron los primeros 50 minutos de las exposiciones y réplicas.

Narcotráfico y bandas criminales

En los últimos años, la narcoviolencia se ha impuesto en las calles de Ecuador. Según estimaciones oficiales del propio Estado ecuatoriano, por Ecuador pasa actualmente cerca de la mitad de la cocaína que sale de Colombia. Este país se ha convertido en “uno de los principales puntos de embarque para el tráfico global de cocaína”, según reporta el sitio especializado InsightCrime en su informe anual de 2023. Y en otro informe sobre el tráfico internacional de cocaína, esta misma fuente añade: “La frontera de Ecuador con Colombia, una de las zonas de mayor tráfico de cocaína, cuenta con unos 70 pasos ilegales. Esto ha hecho que la cocaína, el combustible, los precursores químicos, las armas y las municiones fluyan entre los dos países, y que aumente la violencia a medida que grupos ecuatorianos y colombianos se disputan las economías criminales”.

Ecuador no es productor de hoja de coca, pero se ha convertido en un importante lugar de tránsito, acopio y distribución hacia los mayores centros de consumo de la cocaína colombiana y peruana. Los principales cargamentos salen desde los puertos de Guayaquil, controlado y disputado por las mafias de diverso pelaje, desde las organizaciones narcoparamilitares colombianas hasta la mafia albanesa. También desempeñan un papel importante el puerto de Manta, en la mitad del frente oceánico del país, Esmeraldas al norte y Puerto Bolívar, el segundo puerto de Ecuador, al sur.

En este contexto, parece verosímil que muchos de los políticos asesinados recientemente lo hayan sido por enfrentarse a las tramas del narcotráfico, pero no parece que sea el caso de Villavicencio

En un informe de la Policía Nacional de enero de 2022 , archivado por la justicia, se investigaron presuntos nexos con el Gobierno de la mafia albanesa. Esas informaciones facilitadas por el medio digital La Posta incluían también entre los sospechosos a un general de la policía. Desde entonces son frecuentes las alusiones periodísticas a los narcogenerales que pueblan los cuerpos de seguridad. Los tentáculos del narcotráfico se han diseminado por todos estamentos de poder y han corrompido a las instituciones.

La mafia albanesa expandió sus actividades por el mundo a pasos acelerados. Se inició en el narcotráfico en Europa con el comercio de heroína durante las guerras de los Balcanes, en simbiosis con el grupo terrorista Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK), financiado por Estados Unidos al amparo de la operación de la OTAN en la región. Durante la última década, sus operaciones han saltado a América Latina para controlar el tráfico mundial de cocaína, principalmente a través de puertos ecuatorianos. Es un hecho que Ecuador “es el país de Sudamérica no productor de cocaína que más droga incauta”.

En este contexto, parece verosímil que muchos de los políticos asesinados recientemente lo hayan sido por enfrentarse a las tramas del narcotráfico, pero no parece que sea el caso de Villavicencio.

Rafael Correa denuncia un complot

El asesinato de Villavicencio fue atribuido por algunos medios de comunicación a una banda criminal denominada Los Choneros, que se ha expandido desde las extorsiones y robos que cometía tras su creación en los años 1990, hacia actividades de microtráfico de drogas, implicándose en los últimos años en el narcotráfico a escala internacional. Pocos días antes de su muerte, Villavicencio se refirió a unas amenazas que habría recibido desde la cárcel del jefe de esta banda, alias Fito, vinculado con el cartel mexicano de Sinaloa. El candidato había hecho campaña como abanderado contra la corrupción, pero también contra los narcos: “En año y medio vamos a someter al narcotráfico. No les tengo miedo”, había declarado.

Correa declaró: “Para resolver un crimen, la primera pregunta es a quién beneficia el crimen. Y beneficia a la derecha, para desesperadamente perjudicarnos y lograr una segunda vuelta electoral”

También se mencionó como autores del asesinato a Los Lobos, otra banda criminal a la que se asocia con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, competidores con los anteriores en el tráfico mundial de cocaína. En realidad, no parece documentado que existan vínculos de subsidiariedad respecto de los clanes mexicanos. Más bien las bandas locales ofrecen servicios delictivos (sicariato) a sus clientes mexicanos, pero también a clientes nacionales dispuestos a pagar por ello.

La esposa de Villavicencio, Verónica Sarauz, regresó de Estados Unidos después del crimen. Los cónyuges se habían separado años atrás. Sarauz denunció que el Gobierno no había protegido debidamente a su marido (lo subieron a un coche no blindado y sin chofer), pero cargó la responsabilidad sin pruebas a sus enemigos políticos. Cuando le preguntaron quién estaría detrás del asesinato, afirmó: “Lo voy a decir muy claro, el correísmo”, añadiendo que “el correísmo tiene vínculos con las bandas delictivas de este país”. Además, dio un nuevo giro a la supuesta influencia de Colombia, acusando a la senadora Piedad Córdoba del Pacto Histórico: “Piedad Córdoba dijo a mi esposo que lo iba a desaparecer”. En cambio, exoneró al presidente Lasso de este modo: “El Gobierno de Lasso es débil y tiene muchas falencias, pero no se me pasa por la cabeza decir que es asesino”.

El ex presidente Rafael Correa, tras lamentar la muerte de su contrincante político, respondió a esas declaraciones en una entrevista a la emisora Caracol. Aseguró que a Villavicencio le tendieron una trampa, y declaró: “Para resolver un crimen, la primera pregunta es a quién beneficia el crimen. Y beneficia a la derecha, para desesperadamente perjudicarnos y lograr una segunda vuelta electoral”.

La investigación judicial sobre la muerte de Villavicencio tiene mucho recorrido por delante y aventurarse al respecto sería prematuro

Sobre la escalada violenta que atraviesa Ecuador desde el final de su mandato presidencial en 2017, Correa afirmó: “No he visto en la historia contemporánea una destrucción tan rápida y profunda en época de paz. (…) Pero en seis años, ha pasado de ser el segundo país más seguro de América Latina, con 5,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, a ser uno de los países más violentos del mundo, con 25,3 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. Y la tendencia se acelera este año, y eso nos colocará entre los 15 países más violentos del mundo.”

Correa ahonda en las causas de esta violencia desbordada: “¿Y por qué lo destrozaron todo? Por el odio político. Lo que está pasando hoy en Ecuador no es fruto del azar; es fruto del odio, la ineptitud y la codicia de aquellos que nos sucedieron en el poder”.

La investigación judicial sobre la muerte de Villavicencio tiene mucho recorrido por delante y aventurarse al respecto sería prematuro. No se deben sacar conclusiones anticipadas de quiénes fueron los inductores o responsables intelectuales del crimen. El propio presidente Guillermo Lasso lo definió como un “crimen político” y afirmó: “Y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. No es una coincidencia que este hecho condenable se produzca a los pocos días de la primera vuelta presidencial”.

Hay algunas coincidencias con el asesinato del presidente de Haití en julio de 2021 por parte de comandos colombianos, ya que la mayoría de los sicarios apresados y el que presuntamente disparó contra el candidato son jóvenes de nacionalidad colombiana, algunos con antecedentes criminales. Sin embargo, se sabe que también habrían participado cuatro ecuatorianos, sin que hasta ahora se los haya identificado. Y según la esposa de Villavicencio, los sicarios tuvieron contacto al menos con tres políticos de Ecuador.

En la información que ofreció el Gobierno ecuatoriano sobre los detenidos colombianos, indicaba que estos formaban parte de una organización ilegal pero no llegó a identificarla. Pasada la primera semana, no hubo más información al respecto. Esto confirmaría la hipótesis de que el grupo de sicarios colombianos, que ya residían en Ecuador, fue contratado por intermediarios ecuatorianos y no por narcotraficantes. ¿Al servicio de quién? Esa pregunta permanecerá cierto tiempo sin tener respuesta, pero como bien dice el opositor Rafael Correa, la primera pregunta que uno debe hacerse ante un crimen político es a quién beneficia (y a quién no).

*Publicado originalmente en El Salto

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Por María Eugenia Waldhüter

Ayer, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, compareció ante la Asamblea de Juicio Político en su contra para investigar los hechos de corrupción que lo involucran. Estaba previsto que el próximo sábado, el Parlamento votara en favor o en contra de su destitución; sin embargo, a las 5 de la mañana emitió el Decreto 740 por el que activó la facultad conocida como “Muerte Cruzada” y resolvió disolver la Asamblea Legislativa y ordenar la militarización de las calles. Alejandra Santillana Ortiz, investigadora e integrante de Ruda Colectiva Feminista, se refirió al contexto de las últimas horas en el Ecuador. 

¿Qué implica el recurso de “Muerte Cruzada” por parte del Ejecutivo?

La “muerte cruzada” es un mecanismo que puede utilizar tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo, en momentos de crisis y de conmoción interna. Recordemos que en junio del 2022, la Asamblea Nacional convocó a un proceso de “muerte cruzada” para destituir al presidente Guillermo Lasso, sin embargo, no hubo los votos necesarios y la Asamblea sólo tiene una oportunidad de hacerlo en este periodo. El presidente ahora está utilizando ese mecanismo que es constitucional, pero se está debatiendo el carácter de los argumentos del decreto, porque no hay conmoción ni crisis interna que amerite una “muerte cruzada”, solamente un juicio político. La “muerte cruzada” implica la disolución de la Asamblea, gobierno por decreto y llamar anticipadamente a las elecciones.

En función de esto, ¿se puede interpretar este recurso impuesto por Lasso como un golpe de Estado? 

Esto es más parecido a un autogolpe, es decir, que en un contexto donde probablemente estaban los votos para la destitución del presidente, él activó el mecanismo de “muerte cruzada” que le permite que no lo destituyan inmediatamente y gobernar por decreto. Esto puede ser leído como un autogolpe en Ecuador, que además tiene respaldo de las Fuerzas Armadas, y esto es muy grave para un proceso democrático.

Que las Fuerzas Armadas respalden al presidente y que además, se haya activado semanas atrás el decreto 730, que fortalece, profundiza y endurece la persecución, ya que varios funcionarios nos han dicho que terroristas son quienes intenten desestabilizar el orden, entonces ahí están los narcos y sicarios, pero también los movimientos sociales y toda la gente que le dé la gana poner. Entonces, hay algunos espacios que están considerando esto como un autogolpe con el respaldo de las Fuerzas Armadas, a pesar de que el mecanismo está contemplado constitucionalmente, pero con el problema de que no habría causales reales y constitucionales para aplicar la muerte cruzada.

Después del Paro Nacional de 2022 al que hiciste referencia y también considerando el rol clave que juega la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), ¿qué se puede esperar que suceda con los pueblos y las diferentes organizaciones sociales? 

A partir de esto creo que es fundamental escuchar el pronunciamiento de la CONAIE que tienen Consejo Ampliado, Consejo Extraordinario, Consejo de Gobierno, Consejo Político, reunión con el conjunto de asambleístas de Pachakutik y a partir de eso tendremos mucha más claridad de qué es lo que propone la CONAIE en un contexto tan complicado. 

Efectivamente, nos libramos de un presidente banquero, neoliberal, poco empático con la situación del pueblo que nos ha traído todas las violencias posibles. Sí, se puede celebrar eso, pero al mismo tiempo el gobierno por decreto profundiza el paquete neoliberal, el ajuste estructural y la dependencia con el Fondo Monetario Internacional y obviamente, el proceso de acumulación de ciertos grupos económicos vinculados sobre todo a la banca, al capital financiero y al mundo agroexportador. Sin embargo, también es un escenario muy complejo para el campo popular organizado, precisamente por el Decreto 730, pero también porque significa nuevamente entrar a una serie de discusiones en clave electoral. Sabemos que por la experiencia del Perú y otras, que cuando se activan este tipo de escenarios, las maquinarias electorales tienen muchas más posibilidades de funcionar que las organizaciones sociales que requieren más tiempo de debate y de acuerdo interno. 

Entonces, en un contexto en donde se llama a elecciones en 90 días, es muy difícil que el campo popular pueda articular, aunque tal vez sí es necesario juntarse, reactivar la Asamblea del Poder Popular convocada por la CONAIE y de las organizaciones que estuvieron en el Paro. Sabemos que hay otras fuerzas políticas que están llamando a un gran acuerdo nacional, habrá que esperar en las siguientes horas qué es lo que se puede hacer, pero en todo caso éste es un escenario muy complejo y recordemos que, además, es uno donde se tienen que lanzar y que se tienen que dar dos consultas que son fundamentales ya que en un escenario electoral de elección presidencial y asamblearias también están sobre la palestra las consultas ecologistas y fundamentales para este país.

Una es la consulta por el Yasuní, que lleva 10 años de una lucha colectiva desde los pueblos y nacionalidades amazónicas que defienden los territorios de la expansión petrolera, y que nos está preguntando si queremos o no dejar el petróleo bajo tierra. Es una consulta que fue ganada hace una semana ya que finalmente, tenemos la posibilidad de que todo el pueblo ecuatoriano se pronuncie a favor o en contra de la consulta y que pongamos en debate la discusión del extractivismo a nivel nacional y de la dependencia petrolera, del modelo injusto y desigual para los territorios, ya que, a pesar de que tenemos petróleo, que sea o más o menos caro o que tengamos más o menos renta extractiva, los problemas del país no se han resuelto y se ha seguido deteriorando territorios. Y la otra consulta es local, de Quito sin minería, en donde también nos tienen que preguntar si estamos de acuerdo o no con que se prohíba la minería y a las distintas escalas. Esas dos consultas son también parte de la coyuntura política y nos pueden dar algo de esperanza en este momento.

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Por Revista Ñawpa Foto Andrés Camacho

Jaime Duran Barba, el gurú en estrategia electoral de los partidos de derecha latinoamericanos, en una entrevista televisiva asegura que “el discurso antiguo (en referencia a las grandes narrativas) caducó, [a la gente] no le interesa”. Guillermo Lasso, fiel a su asesor de campaña, plantea la consulta popular como una guerra entre buenos y malos, entre los que quieren acabar con la delincuencia y quienes defienden a los narcotraficantes. Este discurso sencillo, pero claro, no explica nada sobre las implicaciones de las ocho preguntas y menos sus anexos, pero crea adhesiones y simpatías. Entonces, ¿Qué quiere mostrar y qué quiere ocultar el gobierno sobre la consulta popular del 5 de febrero?

Desde esta perspectiva simplificadora de la realidad para hacerle emocionalmente asequible a la gente, el gobierno de Lasso reduce las ocho preguntas, sobre todo los anexos, a tres temas sensibles: la seguridad, la independencia de la Fiscalía y la reducción del número de asambleístas. En estos temas no es muy difícil arrancar un SI, sobre todo si se depende únicamente de una lectura rápida o detenida, sin ningún contexto y ocultando los anexos, el SI puede ser visto como algo lógico, obvio. 

La derecha no busca la reflexión, el conocimiento de la realidad, busca encausar el sentimiento de miedo y desesperanza extendido de la gente, producto de las duras consecuencias de la crisis económica, política y la violencia del crimen organizado, hacia respuestas espontaneas e inmediatas, y eso es lo que quiere conseguir con ese discurso simple pero efectivo. 

¿Esta estrategia discursiva se limita a ganar la consulta? Todo indica a que no. Todas las encuestas evidencian que el gobierno y los candidatos de su partido político CREO se aprestan a sufrir una fuerte derrota, que, sumado a su poco espacio de maniobra política en la Asamblea, en adelante le resultaría sumamente difícil implementar todo su plan, al menos como lo tenía proyectado inicialmente. Con la consulta popular busca dos cosas inmediatas: desplazar el escenario electoral hacia el terreno donde el gobierno puede imponer el debate; y, en caso de ganar la consulta, minimizar su derrota electoral y con eso sostener y avanzar en la implementación de su proyecto neoliberal, particularmente en lo referente a privatizaciones y firmas de TLCs ya anunciados. 

En los debates de los candidatos a los distintos niveles de autoridad local se pudo ver algo de eso. Los candidatos se detuvieron más en uno de los temas de la consulta: la seguridad. Sin ningún intento por definir y caracterizar este fenómeno se dedicaron a emitir propuestas demagógicas e incluso folclóricas, como eso de un “Plan Bukele”. El gobierno, en medio de una gran derrota, logra imponer agenda. 

En política generalmente ni las derrotas ni los triunfos suelen ser absolutos y menos permanentes. En medio del posible triunfo del gobierno con la consulta popular, puede  abrir al mismo tiempo el espacio para una nueva derrota: ninguna de las preguntas, así lo certifican sus anexos, es una respuesta efectiva a los problemas que promete resolver, sobre todo el de la seguridad, la independencia de la Fiscalía y la mejora de la representatividad de la Asamblea Nacional. 

La extradición de los narcotraficantes no ha logrado eliminar el negocio de las drogas ni la violencia producto de ella, así podemos ver en dos de los países que aplican esta medida desde hace décadas atrás: México y Colombia. Incluso si se aplicara la extradición al día siguiente de ser aprobada la consulta, el gobierno no podrá enviar a los delincuentes masivamente, no se puede entregar presos a discreción sino únicamente a los que el país destinatario solicite y luego de un extenso proceso judicial y administrativo. 

Respecto de la disminución del número de asambleístas, dada la metodología contenida en el anexo correspondiente, las representaciones provinciales serán disminuidas, menos de las dos principales: Pichincha (Quito) y Guayas (Guayaquil). Esto en nada mejorará la calidad de la Asamblea y de los asambleístas. Lo único cierto es que se volverá a concentrar la representación en Quito y Guayaquil. Esto más temprano que tarde, en lugar de traer calma, reforzará la conflictividad social política, con lo que el triunfo del gobierno puede convertirse en derrota. Pero para que esto sea posible es necesario que los sectores opuestos al neoliberalismo y al gobierno tengan capacidad de respuesta. 

Otro de los objetivos inmediatos del gobierno con la consulta popular es concentrar el poder en sus manos, incluso más de lo que hizo el correísmo. Según los anexos, todas las preguntas necesitan una reforma de la Constitución o de la Ley correspondiente, los plazos se extienden hasta un año, con posibilidades de prórrogas, mientras esto suceda, el gobierno puede gobernar mediante Decretos, incluso con Acuerdos ministeriales; es decir, Guillermo Lasso por fin podrá gobernar sin la Asamblea, o lo que es lo mismo, sin ningún contrapeso. 

Como podemos ver, Lasso no solo busca “lavarse la cara” sino evitar una derrota electoral inminente y sobre todo concertar poder y blindarse legal e institucionalmente para poder gobernar a pesar del poco apoyo social que tiene. 

Por lo dicho, las organizaciones sociales, necesariamente tienen que tener las elecciones y el NO en la consulta popular como parte de su estrategia en esta coyuntura. Pero quienes se inscribieron en el CNE para la campaña por el NO en la consulta popular fueron muy pocos, solo lo hicieron el Movimiento Revolución Ciudadana, Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano y la UGTE. Ninguna organización del movimiento indígena está, y eso es un grave error. 

Pese a lo anterior, lo positivo es que la gran mayoría de las organizaciones y movimientos sociales se han pronunciado por el NO general a la consulta popular. Para el campo popular, particularmente para el movimiento indígena y Pachakutik un posible triunfo electoral va estar ligado al resultado de la consulta popular. Esto les obliga a tener una estrategia a dos bandas. Si Pachakutik logra tener buenos resultados electorales, que al parecer es muy posible, puede verse empañada con el triunfo del SI en la consulta. 

Por todo esto, la estrategia debe ser amplia y más allá de la coyuntura, ya que la disputa política estará presente con otra dinámica al día siguiente de culminada las elecciones. Para eso es fundamental la unidad, esa es la gran tarea la dirección de las organizaciones sociales, sobre todo del movimiento indígena.  

Originalmente publicado por Revista Ñawpa

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Por Camila Albuja Salazar | Fotos: Katherin Nohemi Aguas Guerrero *

Con las yemas arrugadas de sus dedos, Mercedes Quizhpe, mujer indígena del pueblo Kichwa Saraguro, una a una va lavando las hortalizas apenas cosechadas de su huerto. Ella, parada en un pequeño banco, con sus manos bajo el fuerte torrente del agua helada y el frío viento de las 6 de la mañana, revisa que cada una de sus hortalizas estén listas para el día de feria. En aquella acción se guarda una historia de resistencia histórica que prioriza el cuidado de la vida por medio de la defensa del territorio y la soberanía alimentaria.

El pueblo Saraguro está ubicado al sur del Ecuador, en la provincia de Loja, y comienza sus labores antes de que salga el sol. A las 5:00 de la madrugada ya se escuchan los ladridos de los perros, guardianes de cada casa, que sin miedo defenderán su morada cuando un intruso pase por ella. El suelo desprende aquel olor tan característico de la tierra húmeda del rocío de la mañana. A su vez, ya se escuchan a las ovejas, que serán una constante en toda la jornada. Con toda esta vida, los cantos de los gallos madrugadores no se escuchan tan solitarios.

El domingo es un día importante para Mercedes. Es el momento de la feria, donde podrá vender sus productos. Ella sabe que no tiene tiempo que perder y muy ágil se pone unas botas de caucho y toma su cuchillo para cosechar. Mercedes prefiere sembrar “de todo, un poquito”, así, las plantas, en su variedad, se nutrirán unas a otras sin desgastar el suelo del que vive. En su huerto sabe bien cómo moverse. Rápidamente identifica qué plantas están listas para la cosecha: un poco de lechugas, un poco de romero, un poco de perejil.

Mercedes Quizphe es presidenta de la fundación Mashi Pierre y coordinadora de la Red de Mujeres Rurales. ‘Mechita’ se define como una warmi (mujer) chasqui del pueblo Saraguro. Hace más de 20 años, Mercedes enviudó y se quedó a cargo de sus 8 hijos e hijas. Al poco tiempo falleció su madre, quien había sido también su refugio. Mercedes tendría que enfrentar una realidad de muchas: según el último censo nacional, realizado en 2010 en Ecuador, 339 656 (4.7%) mujeres son “madres solteras”, según la identificación estatal. Tras su nueva realidad, sus amigas y vecinas la invitaban a cosechar, a actividades y a talleres que, aunque en ese momento no lo sabía, la involucrarían en una vida de activismo por la soberanía alimentaria.

Una a una, fue limpiando las hortalizas para que estén ‘bonitas’ para la venta. Orgullosa dice que las hojas secas servirán de abono. “Aquí nada se desperdicia”, menciona en un tono fuerte. Las cenizas de la leña, las plantas que no serán para la venta, las heces de las gallinas y cuyes sirven para hacer abono natural con lo cual cumple con el objetivo de alimentos libres de químicos, además de un sistema de producción circular, muy diferente a lo que sucede en el mundo.

Las cenizas de la leña, las plantas que no serán para la venta, las heces de las gallinas y cuyes sirven para hacer abono natural con lo cual cumple con el objetivo de alimentos libres de químicos, además de un sistema de producción circular, muy diferente a lo que sucede en el mundo.

Isabel Pazmiño, miembro del Banco de Alimentos, asegura que según el Diagnóstico cualitativo y cuantitativo sobre la Situación de las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos (PDA) en Ecuador del 2017, en el país se desperdicia 939 000 toneladas de alimentos al año. Con ello se alimentaría a 1,5 millones de personas, es decir, el 8,8% de la población. Además, sólo el desperdicio en supermercados está valorado en $144 000. Según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), mundialmente el despilfarro de alimentos llega a 1 600 millones de toneladas. Esto también tiene impactos ambientales. “La huella de carbono del despilfarro de alimentos se estima en 3 300 millones de toneladas equivalentes de CO2 de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera por año”, asegura el informe.

Según United Explanations, una de las principales causas del desperdicio de comida es el “mito de la perfección”, reforzado por una industria, que enfatiza que los productos en las estanterías son los de “mejor calidad” por su apariencia. Sin embargo, la estética del producto no tiene relación con su valor alimenticio. Pero aún así, esto provoca que muchas frutas y hortalizas, en especial, sean descartadas desde las primeras fases de recolección, ya que según estos estándares, como tamaños específicos o cierto tipo de texturas, no llegarán a ser ni siquiera aceptadas por la industria para exhibirse en los supermercados. La organización Imperfect Food, que se encarga de darles una segunda oportunidad a aquellos alimentos que fueron descartados por su apariencia de los supermercados, asegura que lo imperfecto no son los alimentos, sino el sistema alimenticio.

Mientras tanto, en el horno de piedra de Rosita Medina, parte de las ‘chasquis’, suena la leña quebrarse por las fuertes llamas. Rosita forma parte de la red de turismo comunitario de Saraguro. Desde su mirador en la comunidad Gera, lxs viajerxs además de deleitarse con sus bellos paisajes, también comparten de las actividades de la comunidad. “Hay que ser habilidoso”, dice Javi, uno de los visitantes desde España, que junto a Laia y más amigxs, tratan, con grandes esfuerzos, moler el trigo tal y como la mamá y abuela de Rosita solían hacer, con una gran y pesada piedra.

Al otro lado del pueblo Saraguro, en la casa de Mercedes, de repente el chorro del agua deja de sonar, ella baja del banco, pone sus hortalizas, rápido, pero con cuidado en tres cestos. Limpia el espacio y relata todas las veces que se ha enfermado por lavar las hortalizas en el agua fría en la madrugada. Corre a tomarse una ducha, se cambia de ropa y se pone el atuendo típico de su comunidad. Una falda larga negra con un fajín con bordados dorados, una blusa color rosa pastel bordada, un poncho azul, un sombrero de ala interna que imita la textura de las vacas que acompañan su casa de barro y un distintivo collar de mullos que Mercedes misma lo tejió y simboliza una de las artesanías más reconocidas de su pueblo. Para el pueblo Saraguro es de gran importancia siempre llevar su identidad a todos los espacios que habitan. “Que nos vean con nuestro atuendo es la elegancia de nosotros y con eso demostrar, con esa sonrisa, que nuestra identidad es muy importante, con ese orgullo que llevamos como pueblos y nacionalidades indígenas. Para el mercado es más tranquilo que en las fiestas, pero nuestra identidad no se puede perder en ningún momento”, con alegría comenta Mercedes.

Para el pueblo Saraguro es de gran importancia siempre llevar su identidad a todos los espacios que habitan. “Que nos vean con nuestro atuendo es la elegancia de nosotros y con eso demostrar, con esa sonrisa, que nuestra identidad es muy importante, con ese orgullo que llevamos como pueblos y nacionalidades indígenas.

El camino hacia la feria en el centro de Saraguro es largo, más aún cuando las muñecas empiezan a quejarse por cargar el peso de los cestos por un tiempo prolongado de casi 20 minutos, aunque sean unas cuantas hortalizas. Cuando la carga es demasiada, Mercedes debe tomar un taxi, que le cobrará aproximadamente $1.50. Un precio representativo ya que ganará entre 50 y 75 ctvs. por una lechuga que tuvo aproximadamente 3 meses de cuidado hasta ser cosechada. Aun así, la retribución por su trabajo empeora con los intermediarios. Según el Centro de Estudios Asia-Pacífico, alimentos como las lentejas, se venden 117% más caro desde que salen del sitio de producción. Es decir, en las ciudades puede llegar a ser vendidas seis veces más costosas. Sin embargo, quienes sembraron y cosecharon estos productos no reciben una ganancia extra del mismo, independientemente de la cadena de comercialización. “Desde antes es duro ver que tú trabajas para ganar y no te pagan lo justo, nunca se paga lo justo, y uno se desgasta el cuerpo, la energía, la mente. Queremos que se reconozca lo justo”, exige Mercedes, quien comienza amistosamente a saludar a sus amigas del mercado.

El mercado ‘3 de mayo’, ubicado en el centro de Saraguro, se distingue por dos colores: el celeste y verde. El celeste por el color del que están pintados cada puesto de venta y verde por el color de las arvejas, las lechugas, las vainas, las coles. Se oyen a las personas ofreciendo sus productos y comprándolos. Al fondo suena algo que parece ser una canción ranchera. Este pasillo tiene una característica especial en todo el mercado, es un corredor exclusivo de agroecología sostenido por mujeres. “La diferencia es que las compañeras tienen un certificado que garantiza que todos los productos están sembrados como en mi huerta, nada de químicos, nada de fumigación y hechos por mujeres”, cuenta Mercedes.

Al igual que en el corredor ecológico, y los espacios en los que las mujeres se encuentran, conversan entre ellas. Hablan de la vida, los hijos, la subida de los precios, la huerta, el gobierno, los amores, los maridos, los cuidados, las violencias, los temores. Mercedes sabe de eso. “Ese miedo de muchas compañeras que dicen: no, yo no me quiero separar de mi marido, no voy a salir adelante; pero yo he tenido la oportunidad de pasar por todo eso y sí se puede salir, sí se puede vivir”. La historia de Mercedes es la de muchas mujeres indígenas que han crecido con la frase “aunque pegue o mate, marido es”, que por medio de procesos sociales se fortalecieron para salir de sus entornos de violencia.

La historia de Mercedes es la de muchas mujeres indígenas que han crecido con la frase “aunque pegue o mate, marido es”, que por medio de procesos sociales se fortalecieron para salir de sus entornos de violencia.

Son mujeres admirables, como Rosita, que en su mirador, levanta ágilmente la piedra, de lado a lado, para moler el trigo con el que ella y sus visitantes harán pan. Ese largo y cansado procedimiento lo podría hacer con un molino, pero ella se niega, ya que esa práctica es lo que la comunidad llama “tecnología ancestral” y es una forma de resistencia muy importante para preservar la cultura. “¡No!, hay que hacer como mi mamá y mi abuela sabían hacer. Yo sabía ver cómo lo hacían y ahora estoy recordando. Pelaban el trigo así, sin chancar, sin destruir”.

Ella al ver los intentos de sus visitantes, rápidamente les toma fotografías y les pide que anoten un mensaje de su estadía en su cuaderno de hojas a cuadros. Rosita orgullosa dice: “estamos haciendo conocer cómo es nuestra vida para que lleven el mensaje”, tal y como los chasquis, mensajeros del imperio incaico, solían hacer. Finalmente, antes de despedirse, les ofrece uno de los varios libros que las chasquis han escrito. Entre la multitud, uno resalta frente a los demás.

El libro “Cómo aprendimos a volar” recoge los testimonios de las mujeres indígenas de Saraguro que a través de los procesos colectivos y de militancias han cortado ciclos de violencias. “Con mis compañeras tuve otro tipo de aprendizaje, compartíamos nuestros problemas en las casas, nos dábamos abrazos fuertes, nos confiábamos muchas cosas” menciona el libro. Mercedes, muy segura de sí misma y con una gran fortaleza en el tono de su voz dice: “No me hace vergüenza contar mi historia porque es la que viví y les pasa a muchas mujeres, y les digo que no tienen que pasar lo que yo pasé porque no podía entender”. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 6 de cada 10 mujeres en Ecuador ha experimentado algún tipo de violencia de género, y son las mujeres indígenas las más afectadas con un 67,8%.

Mercedes en los talleres que da sobre tejido de collares y manillas, con las propias semillas de la comunidad, también enfoca el taller en que las mujeres puedan hablar de las violencias que han vivido, de lo que tienen en común.

Mercedes en los talleres que da sobre tejido de collares y manillas, con las propias semillas de la comunidad, también enfoca el taller en que las mujeres puedan hablar de las violencias que han vivido, de lo que tienen en común. Mercedes les cuenta su historia. Para ella no es solo hacer una pulsera, sino hacer nudos con las mujeres para tejer y fortalecerse entre todas. Una forma de apoyarse es con los cuidados, con las maternidades compartidas. Es lo que llaman “hacer solidaridad”. “Si una vecina o familiar tiene una necesidad nos echamos la manos para ayudar a cuidar a los niños, para que puedan hacer sus trámites. En nuestras comunidades todavía mantenemos eso de ser solidarias, sobre todo con las mujeres”.

Hasta el 2022, desde la Fundación Mashi Pierre, en la que Mercedes Quizhpe es presidenta, se apoyó a las madres que trabajaban en el mercado, al recibir durante las tardes a sus hijxs en la fundación y brindar asistencia con las tareas escolares pero también con actividades lúdicas como proyectos de artesanías, comida y deportes. Se espera retomar estas actividades el próximo año con 8 centros educativos bilingües en diferentes comunidades. Según el estudio de casos del pueblo Saraguro: ‘Impunidad ante la violencia hacia las mujeres indígenas en el acceso a las justicias’, la violencia de género limita la participación de las mujeres, tanto dentro como fuera de la comunidad. Además de generar una afectación psicológica que afecta directamente a la autoestima y provoca estados depresivos, que han provocado casos o tentativas de suicidios. Por ello, el apoyo y el “hacer solidaridad”, es tan importante para estas mujeres.

Mercedes se reconoce como una mujer indígena feminista que ha participado en plantones, marchas y ha fortalecido procesos con mujeres de su comunidad. Con fortaleza relata cuando ella y sus compañeras estaban en un plantón en la provincia de Loja para exigir justicia por una chica que había sido violada en Saraguro. Ellas se enfrentaron a los policías que querían desplazarlas, pero como los collares que tejen, se unieron de brazos, se tejieron entre ellas y no permitieron que las separaran o movieran.

Mercedes y sus compañeras se identifican como Chasqui Warmi Quna y realizan activismo a favor de la vida desde la protección de las semillas, el turismo comunitario y sensibilización sobre la violencia de género. Han realizado talleres de liderazgo, artesanías, pesticidas ecológicos, autoconocimiento desde una mirada crítica al sistema patriarcal y capitalista . “El turismo comunitario no es barrer la casa para que venga el turista, es barrer la casa para la familia y juntos compartir actividades”, dice Ricardo, hijo de Mercedes. Esta serie de actividades son importantes para su comunidad porque mantienen su cultura y se oponen a un sistema que todo el tiempo exige producción a gran escala. Mercedes explica que sería muy sencillo introducir la maquinaria, pero esto provocaría que se pierdan los procesos sociales que se forman, por ejemplo, en una minga. Mercedes reafirma la importancia de la protección de la tecnología ancestral que ayuda a prevalecer su cultura. “Para nosotras es ir y apoyar desde tu sentir, desde el compartir, relacionar con las otras personas, de reír y armar fuerza, eso teje a la comunidad”.

El domingo avanza y Mercedes, con la compañía de Cuco, un perro café pequeño, de orejas levantadas y mucha seguridad en sí mismo, la escolta por las calles de Saraguro. A esta altura del día, se llenaron de carpas, automóviles y vendedorxs. Mientras Mercedes ‘ojeaba’, recuerda con ternura que no siempre fue la lideresa que es hoy. Mercedes le tenía terror a hablar. Recuerda un momento de su infancia, en un colegio religioso y mestizo, en el cual por no responder la encerraron en un cuarto oscuro, lleno de palos y basura. “Cuando empecé a dar talleres le perdí el miedo a hablar. Así empecé a decir lo que sientes, a no quedarte callada. Ahora ya no tengo miedo. Por eso no puedo callarme, así no diga con palabras técnicas nosotras somos personas sabias y ese conocimiento está guardado en nuestro práctico vivir”.

La voz, aprendizajes y sabiduría de Mercedes ha trascendido del pueblo de Saraguro y ha llegado hasta diferentes ciudades del país, una de ellas, Quito, capital del Ecuador. Relata llena de anhelo cuando en el 2012 caminaron desde Zamora Chinchipe a Quito, junto a 66 compañeras por la defensa del agua. Un tramo que demoró aproximadamente 15 días de caminata. Al llegar a Quito en este septiembre, diez años después, se asombra al recordarse sentada junto a ONU Mujeres en la capital del Ecuador, denunciando las violaciones de derechos que sucedían en Saraguro.

Si no tenemos una buena alimentación, no tenemos una buena educación, ni una buena salud. Todo eso ha sido un proceso de lucha que hemos tenido, ya que los gobiernos nos quieren impedir que nuestras semillas sigan produciendo.

“En estos encuentros he tenido la oportunidad de contar las experiencias que he tenido que vivir, una historia de lucha por nuestros derechos como mujeres, sobre la alimentación y la salud que está dentro de nuestras comunidades. Como se dice: diciendo y haciendo. Haciendo en la práctica. Si no tenemos una buena alimentación, no tenemos una buena educación, ni una buena salud. Todo eso ha sido un proceso de lucha que hemos tenido, ya que los gobiernos nos quieren impedir que nuestras semillas sigan produciendo. Ellos dicen: ustedes no producen a grandes cantidades porque sus semillas no sirven y nos quieren implantar las semillas transgénicas de grandes productoras, de grandes capitalistas que nos quieren dominar”, menciona con rabia Mercedes.

Todo esto sucede a pesar de que el artículo 13 de la Constitución ecuatoriana establece que “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales”.

El enojo que siente Mercedes le recuerda el origen de las manifestaciones de 2015. Ese fue el año de la “huelga nacional y el levantamiento” contra una serie de enmiendas constitucionales, el rechazo de la minería a gran escala, la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, nuevas leyes de tierras y aguas, y en defensa de la educación intercultural bilingüe. El conflicto duró semana y el Estado respondió con represión y detenciones. “Yo me salvé por mis nietos”, menciona. Mercedes siempre estuvo al frente con su tambor en Saraguro. Sin embargo, una noche sus hijas decidieron vender empanadas y café a los militares, ya que ahí encontraron una oportunidad de tener un ingreso económico que les hacía mucha falta. Por ello, Mercedes quedó al cuidado de sus nietos. “Empezó la guerra y me salvé de que me llevaran presa. Yo quería ir a protestar a Quito, pero no me dejaron por la fuerte represión que se vio aquí”. En aquella noche, 29 personas del pueblo de Saraguro fueron criminalizadas y encarceladas. Entre ellas, 14 mujeres indígenas, según el informe de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. Durante su detención policías y militares las agredieron por medio de golpes en partes sexuales, jalones de cabello, humillación y amenazas de violencia sexual: “la Policía les levantaba la blusa, les sacaban el anaco”, dice el informe. A quienes fueron criminalizadxs se lxs conoce como ‘los 29 de Saraguro’ y eran pobladores, campesinxs, madres, padres de la comunidad. Sin embargo, no se judicializó a los policías que agredieron física y sexualmente a lxs manifestantes.

“Todo ha sido una lucha fuerte de estar yo en Quito, en las mesas, con otras compañeras, la lucha social de defender un territorio, de hablar, de amanecer con la ceremonia. Todos estos espacios me han dado la oportunidad de participar como una mujer emprendedora, fuerte y valiente”. La jornada cierra con una ligera llovizna, con la luz de la luna y el constante sonido del tambor de Mercedes, en la parte central de su casa. Ese tambor le ha acompañado en los movimientos sociales, pero también en el sostenimiento espiritual. Termina el día en las tierras altas del sur de Ecuador.

*Este artículo fue realizado en el marco de Semillera, el programa de becas y mentorías para periodistas de LatFem, con apoyo de We Effect. Se trata del primer concurso de crónica latinoamericana y caribeña sobre mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes que defienden el derecho a la alimentación, el medioambiente y la tierra.

Créditos

• Dirección: Flor Alcaraz, Vanina Escales y Agustina Paz Frontera
• Coordinación institucional: Mariana Paterlini
• Jurado: Azul Cordo, María Paz Tibiletti y Edward Rodwell Arrazola
• Edición y mentorías: Flor Alcaraz y Vanina Escales
• Dirección de arte y diagramación: Jimena Zeitune
• Desarrollo web: Mercedes Jáuregui
• Prensa y comunicación: Carolina Rosales Zeiger

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Por Hernán Vargas Pérez *

De la noche neoliberal a los procesos constituyentes

La segunda mitad del siglo XX fue, en América Latina y el Caribe, una etapa profundamente dinámica. Dictaduras militares, retornos democráticos, agendas de ajuste neoliberal y consecuentes campañas de movilización fueron los principales signos de aquellas décadas. Como cierre de siglo, Estados Unidos convocó en 1994 una Cumbre de las Américas, para lanzar una propuesta que significaría la consolidación de su hegemonía regional: el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Mientras tanto, los pueblos de nuestro continente desarrollaron un ciclo de movilización en las calles y en las urnas que significó la caída de varios gobiernos neoliberales y el arribo de varios otros de corte progresista o de izquierda.

El segundo milenio gregoriano comenzó así con fuertes movilizaciones antineoliberales en Bolivia, Argentina y Ecuador; con gobiernos antineoliberales y populares como los de Hugo Chávez, Lula da Silva y Néstor Kirchner, pilares de la derrota del ALCA en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, en Argentina, en el año 2005. El rechazo al ALCA fue un punto de encuentro entre distintos proyectos políticos: entre el de Chávez, que proclamaba el socialismo y los de Lula y Kirchner, cuyos proyectos eran más bien neodesarrollistas (Katz: 2016). Este momento de nuestra historia fue útil para representar un punto de encuentro entre rumbos distintos y resaltar algunos caminos comunes entre aquellos bloques; en este sentido, fueron fundamentales los procesos constituyentes de Venezuela (1999), Bolivia (2006) y Ecuador (2007-2008), en tanto estrategias que consumaron un giro radical en sus respectivos países.

Transcurridas un par de décadas, creemos que entre las tareas pendientes de las izquierdas del Sur Global está el balance de esos procesos constituyentes: sistematizar sus aprendizajes, sus avances, sus límites y los desafíos por venir. En los últimos años aparece también el ejemplo de Chile y su Convención Constitucional y en menor medida el caso de Perú, con la sonada demanda de una Asamblea Constituyente, promesa principal del propio Pedro Castillo en su campaña. Además, en los momentos previos a los golpes de Estado en Honduras (2009) y Paraguay (2012) se planteó la necesidad de una nueva Constitución, así como en Brasil Dilma intentó impulsar un referéndum para convocar una constituyente en 2013.

Aportes a un balance político de los procesos constituyentes

El balance requiere profundidad, sistematicidad y amplitud de miras. En lo que sigue ofrecemos un análisis en tres dimensiones: el mejoramiento de las condiciones materiales de las mayorías, la inclusión de sujetos políticos invisibilizados y oprimidos, y la construcción de un proyecto alternativo al orden hegemónico.

Constituyente y condiciones materiales de vida

A partir de los procesos constituyentes se redujo la pobreza y la desigualdad en Bolivia, Ecuador y Venezuela, y se recuperaron las capacidades de consumo de las mayorías. Antes de las asambleas constituyentes, lo que hoy se asumen como derechos eran meras mercancías educación, salud, agua, electricidad, gas, vialidad, equipamientos, vivienda. Las constituciones de estos tres países habilitaron un giro en la redistribución del presupuesto que significó un aumento significativo de la inversión social: por ejemplo, en el caso venezolano el 70% del presupuesto nacional se orientó al gasto social.

Este incremento se cubrió con la recuperación del control estatal de industrias básicas de materias primas. Por lo tanto, los presupuestos nacionales dependían y dependen en buena medida de los precios de las materias primas, así como de la ampliación de las zonas de operación de dichas industrias. Todo eso se complementa con la capacidad de endeudamiento y crédito frente al sistema financiero internacional, capacidades claves para el comercio internacional.

Constituyente y sujeto político

En los tres países la constituyente significó el reconocimiento de los pueblos indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes y en general de las mayorías trabajadoras, despojadas e invisibles para la política tradicional. Estos sectores irrumpieron simbólicamente y se articularon en torno a las nuevas constituciones, emergiendo como representantes políticos y como sujetos de derechos antes no reconocidos, ejerciendo su soberanía de forma directa, a través de la participación colectiva o individual.

Este conjunto de avances significó, al mismo tiempo, una confrontación con las lógicas coloniales de la política al interior de los mismos sectores constituyentes (Bautista: 2014). Había quienes promovían la inclusión delegada de los sujetos políticos, erigiéndose como representantes asistencialistas y clientelares, que ofrecían derechos a cambio de apoyo, reelecciones y otras contraprestaciones. Entre el nuevo paradigma protagónico y las prácticas políticas tradicionales se dio una tremenda contradicción, azuzada por la presión de las derechas.

Constituyente y modelo alternativo

Los procesos constituyentes tuvieron como idea fundante a la soberanía. Se recuperó el control de fronteras y territorios, pero también de la economía, al nacionalizar y regular la acción de las transnacionales; la política se reasentó así en las masas y en la disputa por el futuro del país. También se le puso coto a las bases militares y a la participación conjunta con fuerzas militares estadounidenses. El Estado, que producto de los ajustes neoliberales estaba en vía de achicamiento, se reposicionó, estableciendo regulaciones sobre la banca, el comercio, las industrias y los sectores inmobiliarios. Quizás algunos de los elementos más sustantivos fueron el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y en el caso de Ecuador y Bolivia los derechos de la Madre Tierra. En el caso venezolano, el giro hacia una democracia participativa y protagónica significó el inicio de la construcción del poder popular como eje estratégico

Por supuesto que todas estas perspectivas de avance contaron con una reacción que implicó una nueva etapa en la lucha de clases de nuestra región: represión y criminalización de las luchas populares, persecución y sicariato de líderes, ampliación de formas extractivas (hidrocarburos, finanzas, comercio e intermediación, especulación inmobiliaria, etcétera). Se desplegaron sucesivas confrontaciones con sectores transnacionales, con la oligarquía nacional, y con los intereses de la burguesía. Al mismo tiempo, los Estados y los partidos se hicieron mediadores o intermediarios en la lucha de clases, presuponiendo que su rol era el de dirigir a las fuerzas populares, cuando no contenerlas o instrumentalizarlas. Cuando estas rehusaron alinearse, se indujo su desmovilización y su sustitución por estructuras más maleables.

Algunos desafíos para un nuevo ciclo constituyente

Constituyente económica

A pesar de haber sido formalmente procesos de creación de nuevas constituciones, las constituyentes nos retrotraen indefectiblemente a la idea de que la política es al mismo tiempo materialidad, legitimidad y factibilidad (Dussel: 2004). Es decir, no hay política sin una base material que la sostenga.

En ese sentido, los procesos constituyentes existentes y potenciales tienen como reto:

I) Superar la dependencia de la extracción de valor, que ha sido en nuestra región la forma principal de reproducción del capital. Y superar a la vez nuestro rol en la distribución internacional y colonial del trabajo. Reconocer esto pasa no solo por cuestionar el extractivismo, sino también por visibilizar las múltiples formas de extracción de valor que el capital no promueve pero sí se apropia (Gago, Mezzadra: 2016), como la financiarización y el endeudamiento, las operaciones logísticas de las cadenas de valor global y las economías del cuidado, entre otras.

II) Limitar o eliminar la dependencia del comercio internacional, lo que va de la mano de la superación de la extracción de valor. Si la economía de un país descansa sobre la posibilidad de vender mercancías en el mercado global, y opera para ello con créditos, deudas y múltiples operaciones financieras, su estabilidad interna estará inseparablemente ligada a los precios internacionales de las mercancías que compra o venda, a las calificaciones de riesgo para la inversión y a las consecuentes condiciones para obtener crédito.

III) Ampliar la mirada sobre la mixtura económica, puesto que las crisis de los últimos tiempos han llevado a posicionar la idea de que la economía nacional se fortalece con una economía mixta, de alianza entre el Estado y las empresas privadas. Es precisamente allí donde resulta crucial rescatar las claves del proceso constituyente que ha diversificado la mirada sobre lo privado, diferenciando entre transnacionales, grandes empresas nacionales, medianas y pequeñas empresas, así como emprendedores de diversa escala. Pero, sobre todo, poniendo la mirada sobre un mundo de asociaciones económicas comunitarias, colectivas, cooperativas y populares.

IV) Retomar la centralidad de la economía para la producción de bienes y servicios por encima de los circuitos improductivos que cada vez ganan más terreno, como es el caso de la especulación inmobiliaria, financiera y comercial. Estos importantes circuitos de concentración de capital suelen adjudicarse el crecimiento de un país, cuando solo generan rutas de redistribución y circulación de rentas para la acumulación del capital en elites regionales y globales. Y cuando, además, se sostienen sobre el trabajo de las grandes mayorías.

V) Por último, retomamos la idea de que la producción debe estar centrada en garantizar las condiciones materiales para reproducir la vida de la población. No se trata de la producción masiva de bienes para el mercado internacional. Esto sólo implica volver sobre los males de la dependencia colonial, poniendo en riesgo además la soberanía nacional. Un país que no garantiza las condiciones de vida de su pueblo dependerá de las redes globales que controla Occidente a través de sus Estados y sus conglomerados transnacionales.

Constituyente del poder

Si bien reivindicamos que los procesos constituyentes le han dado una centralidad política a las y los nadies, a mujeres, indígenas, campesinxs, obrerxs, trabajadorxs informales, comunidades afro, entre otras, no se trata solo de colorear los Estados con exóticos estilos diversos, sino más bien de dar, transferir, restituir y fortalecer el poder de las y los históricamente invisibilizadxs y oprimidxs. Parafraseando a Hugo Chávez (2005) y complementándolo con Frantz Fanon (1961), diríamos que no hay manera de superar el capitalismo sin darle poder a lxs condenadxs de la tierra.

En esa dirección resaltamos al menos cuatro retos seminales:

I) Apuntalar y promover zonas especiales bajo regímenes de gobierno comunitario, tanto en territorios rurales como urbanos. No se trata de imponerlos compulsivamente sino más bien de reconocer e incentivar aquellos donde estas formas acumulan fuerzas, que no solo cuentan con tejidos organizados sino además con la legitimidad de haber sido delegados por sus comunidades.

II) Reconocer y fortalecer distintos modos de gestión de las condiciones comunes de vida, reconociendo los modos de gestión entre el Estado y los privados pero habilitando también modos compartidos y cogestionarios entre el Estado, las comunidades y los movimientos sociales. Y, al mismo tiempo, fortalecer los procesos que dependen exclusivamente de la gestión comunitaria o de la autogestión colectiva.

III) Lanzar o reactivar, en todos los territorios y sectores, instancias de cogobierno entre los propios organismos del poder popular, para favorecer la elaboración consensuada de planes y políticas públicas, incentivar los espacios de diálogo, las asambleas populares y los consejos populares de gobierno.

IV) Desarrollar vías de información permanente y mecanismos de consulta a la población, puesto que la fuerza con la que los procesos constituyentes han avanzado depende del apoyo popular masivo. Para sostener ese ímpetu parejo -que no es otra cosa que la confrontación con las élites- es indispensable robustecer la conciencia masiva y la voluntad de movilización y lucha.

Constituyente para la liberación

Hasta ahora los procesos constituyentes del siglo XXI han tenido como horizonte la refundación de las repúblicas, la descolonización del Estado (García Linera: 2014), la construcción de Estados Plurinacionales (Ecuador y Bolivia) o incluso la edificación de un Estado Comunal (Venezuela). Todas estas, propuestas de ruptura con el modelo hegemónicamente impuesto en nuestras tierras por los países occidentales. Estos planteamientos no se derivan de ciertos arrebatos vanguardistas sino que, por el contrario, han sido consecuencia de las demandas, luchas y movilizaciones de un continente frente a un modelo de sociedad que entró en crisis. Por lo tanto, los horizontes constituyentes han sido en buena medida síntesis de las agendas perfiladas por los pueblos y las fuerzas alternativas.

En este contexto de disputa de proyectos y de crisis civilizatoria, queremos enfatizar algunos de los principales retos que supone la construcción de un proyecto para la liberación:

I) Delinear las bases de un modelo de desarrollo distinto al crecimiento capitalista y al “progreso” que ofrece la Modernidad, por un lado porque nuestros pueblos originarios parten de propuestas civilizatorias distintas a la civilización occidental capitalista, patriarcal, colonial y depredadora de la naturaleza. Pero, además, porque en las últimas décadas, a partir de los procesos constituyentes, se han desarrollado propuestas alternativas que centran el desarrollo en la vida y plantean al pueblo como sujeto fundamental de la transformación. Sin embargo, , proponiendo nuevos objetivos y estableciendo un sistema propio para mensurar los niveles de avance en esa dirección.

II) Denunciar el modo de vida que nos vende/impone Occidente, el llamado american way of life, un modo de vida para pocos que ha puesto en jaque al planeta. Por eso es primordial que los procesos constituyentes denuncien frontalmente ese modo de vida y consumo infinito, irracionalmente derrochador de energía, agua, proteínas y otros elementos. Un modelo que cuenta también con patrones generalizados de violencia, discriminación y sometimiento.

III) Establecer como horizonte un modo de vida alternativo centrado en la vida, partiendo desde otros paradigmas: el sistema de vida comunitario de los pueblos indígenas, el buen vivir/vivir bien. Teniendo como perspectiva la reproducción de la vida y la abolición de toda relación de opresión.

IV) Finalmente, impulsar la integración de los pueblos de la región y el mundo, con particular énfasis en América Latina y el Caribe y los países del Sur Global.

Este artículo hace parte de la edición 555 de la revista de ALAI, que puede descargarse de forma íntegra aquí. 

Referencias

Bautista, R. Descolonización de la política: introducción a una política comunitaria. Editorial AGRUCO, La Paz (2014).

Chávez, H. El poder popular: extractos de discursos. Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, Caracas (2008).

Dussel, E. Tesis de política. Siglo XXI Editores, México (2006).

Fanon, F. Los condenados de la Tierra. Editorial Txalaparta, México (1961).

Gago, V; Mezzadra, S. Para una crítica de las operaciones extractivas del capital: Patrón de acumulación y luchas sociales en el tiempo de la financiarización. Revista Nueva Sociedad, Buenos Aires (2015).

García, A., Mignolo, W., Walsh, C. Interculturalidad, descolonización del estado y del conocimiento.  Editorial del Signo, Buenos Aires (2014).

Katz, C. Neoliberalismo, Neodesarrollismo, Socialismo. Editorial Batalla de Ideas, Buenos Aires (2014).

* Publicada originalmente en ALAI

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Por María Eugenia Waldhüter y Camila Parodi | Foto: Ana María Buitrón para La Periódica

Ecuador transita 14 días de Paro Nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador  (CONAIE) y otras organizaciones originarias y campesinas. Estudiantes, feministas, la clase trabajadora y otros sectores del país se encuentran movilizados resistiendo la respuesta del presidente Guillermo Lasso que fue recrudecer la represión. 

Mientras, mujeres y disidencias convocaron a una movilización para pedir que Lasso pare la masacre contra el pueblo y se organiza una jornada mundial en solidaridad con la lucha de los pueblos del Ecuador. En este contexto, conversamos con Alejandra Santillana Ortiz, integrante de Ruda Colectiva Feminista y parte de la Asamblea Transfeminista de mujeres y disidencias, sobre la lucha del pueblo ecuatoriano en el marco de este Paro Nacional. 

*

– ¿Cuál es el orígen de este Paro Nacional y en qué situación se encuentran?

En estos 13 días hemos estado caminando, recorriendo las calles y también sosteniendo la llegada de hermanos y hermanas indígenas que desde sus distintos territorios de pueblos y nacionalidades han concluido en Quito, la capital del Ecuador, para exigir al gobierno de Guillermo Lasso que cumpla con la posibilidad de un diálogo, y que acepte los 10 puntos sintetizados por la CONAIE. 

Recordemos que cuando hace un año el gobierno de Lasso asumió la presidencia del Ecuador, prometió que iba a haber una serie de cambios y de reformas para beneficiar al conjunto de la población, sin embargo, a nombre de la crisis, el relato de las élites, el típico relato de las élites que sirve para justificar las políticas de ajuste estructural, el gobierno de Lasso en este año ha empobrecido aún más al pueblo ecuatoriano y ha favorecido a las élites, sobre todo agroexportadoras financieras y bancarias que son las que siempre han estado beneficiadas con la riqueza producida por la clase trabajadora de este país. 

En este año, las cifras en el Ecuador son alarmantes y sumamente preocupantes y dolorosas, el 78% de la población económicamente activa, es una clase trabajadora sobre todo joven que en este momento del país no tiene empleo adecuado. Eso quiere decir que no accede al salario mínimo, que no le alcanza para cubrir la canasta básica y que tampoco tiene posibilidades de Seguridad o de Protección Social. Ese 78% de la clase trabajadora tiene que encontrar uno, dos, tres empleos para sobrevivir. El salario mínimo en el Ecuador es de menos de 500 dólares, ese 78% ni siquiera accede al salario mínimo, a la canasta básica del Ecuador que en este momento es la más cara de la historia del país y es de casi 800 dólares. Como podemos ver ese 78%, no accede al salario mínimo y es imposible que pueda cubrir sus necesidades más vitales y pueda tener mínimos de dignidad en un país que produce tanto alimento y en el que podríamos estar medianamente bien. Esa clase trabajadora se ha visto precarizada y empobrecida por el conjunto de políticas anti laborales, anti trabajadoras de este gobierno que ha favorecido a los empresarios para que aumenten sus ganancias exponencialmente. 

– Entre los 10 puntos de las peticiones sintetizadas por la CONAIE está la necesidad de congelar los precios del petróleo y de establecer precios justos. ¿Cuál es la situación cotidiana de las familias campesinas? 

Es terrible la situación que vive el campo ecuatoriano, mientras todo sube en la canasta básica, los precios agrícolas han decrecido enormemente. Si antes los pequeños productores de banano podían vender la caja a 6, 40 dólares, en este momento tienen que verse obligados a regalar prácticamente su caja de banano a 1 o 2 dólares. Ese comportamiento de los precios agrícolas podemos verlo en casi todos los productos que en este país son abastecidos por pequeños y medianos productores, es decir por el campesinado compuesto fundamentalmente por pueblos y nacionalidades indígenas. Mientras todo sube, los precios de los productos agrícolas están a la baja, si a eso sumamos que los fertilizantes que son necesarios para producir en este país han aumentado en un 300%, de 20 dólares hemos pasado a 60 dólares, estamos viendo cómo el campo ecuatoriano que es el que sostiene la alimentación de este país, está siendo empobrecido porque no hay políticas de justicia social, de redistribución, de créditos sin tasas de interés, de políticas que tengan que ver con las necesidades del campesinado. 

En ese sentido, si vamos viendo también por sectores, vemos que parte de las políticas de ajuste estructural y del relato de la crisis ha significado que, básicamente a nombre de la crisis se reduzca el presupuesto para las áreas sociales, las y los maestros no han podido acceder durante largos periodos al pago de sus salarios que se han visto mermados, no ha habido incrementos. En el caso de estudiantes, muchísimas y muchísimos jóvenes no han podido acceder a las universidades porque no pueden acceder al sistema de educación universitario y se ven obligados a trabajar, ellas y ellos son de los sectores más empobrecidos en este país, que tiene que ver cómo resuelve la vida porque no puede acceder a la universidad y que tiene que salir a trabajar en dos, tres cuatro empleos donde les pagan una miseria y no acceden a ninguno de los derechos laborales. 

-El Paro comenzó con la detención inmediata del referente de la CONAIE, Leónidas Iza, ¿qué lectura se puede hacer de esa respuesta del gobierno al Paro?

La respuesta del gobierno ha sido una respuesta inepta, incapaz, que no se ha condolido por un segundo con lo que pasa con las y los más empobrecidos de este país y lo que ha hecho es aumentar el presupuesto nacional para el pago, profesionalización y equipamiento de la policía y de los militares. Es un gobierno que se ha negado a sentarse al diálogo a pesar de las enormes propuestas en varios espacios que se ha intentado desde las organizaciones, desde la CONAIE y no ha atendido ninguno de los planteamientos y propuestas que los diferentes sectores del país han hecho en este contexto. Es por eso que las organizaciones han hecho un llamado a este Paro Nacional que empezó en los territorios de pueblos y nacionalidades y que, debido al error político de este gobierno que ordenó la captura del presidente de la CONAIE Leónidas Iza, aceleró definitivamente la respuesta de los pueblos y nacionalidades que después ese apresamiento vinieron para Quito. Los primeros días del Paro fueron días de relativa calma, en Quito las mujeres y disidencias nos agrupamos en una asamblea transfeminista que fue haciendo piquetes, movilizándose y organizándose en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de pedagogizar, de contar y mostrar lo que estábamos viviendo en este momento y que otros sectores de la ciudad puedan acceder y entender por qué estamos movilizadas y por qué estamos levantadas. Pero posteriormente a la absurda, ilegal, arbitraria e ilegítima detención de Leónidas Iza y de todos los vicios y vulneraciones de derechos que ocurrieron en su detención, de los intentos por mostrar que Leonidas Iza era una especie de terrorista, todo el despliegue militar que hubo alrededor de eso implicó que en las propias asambleas de los territorios haya una decisión, definitiva y determinante de venir hacia Quito, la capital simbólica y política. 

En este espacio de exigencia en donde hay un pueblo que está dividido también por términos racistas, porque en Quito están también los fascistas y los racistas que no quieren saber nada de sus raíces indígenas que desconocen, de los pueblos y nacionalidades y que creen que este país es su hacienda y su empresa. Pero también hay un pueblo solidario, un pueblo antirracista que toda la vida cada vez que ha habido levantamientos ha estado ahí con los pueblos y nacionalidades para ofrecer comida, atención, cuidado, universidades, sumarse a las movilizaciones, prestar todo el apoyo y sumarse a esa gran Minga del Paro Nacional. En esa medida, en estos 13 días la presencia de pueblos y nacionalidades ha sido masiva, hay miles de compañeros, de compañeras que han venido a la ciudad de Quito para exigir este justo reclamo de que se cumplan los 10 puntos sintetizados por la CONAIE y que es una invitación al resto de sectores sociales para sumar los otros puntos que se necesitan para construir unos mínimos de un país más justo. 

-El viernes habló Lasso al país. Lejos de contener la situación y aceptar el diálogo afirmó que iba a recrudecer la represión.

El gobierno de Lasso después de capturar y apresar a Leónidas Iza y de instaurar una serie de medidas, absolutamente ilegales y arbitrarias pasó inmediatamente a decretar un estado de excepción en algunas de las provincias del Ecuador, un estado de excepción que además habilita la presencia de los militares, que habilita el uso de la fuerza progresivo y que básicamente ha sido el detonante de muchas de las situaciones graves en términos de violaciones de derechos humanos que hemos vivido en estos últimos cinco días. Ya hay varios muertos en el Ecuador, hay detenciones arbitrarias, hay desapariciones, hay denuncias de tortura, hay niños y niñas que no encuentran a sus padres producto de la violencia y de la fuerza policial. Es así que se han ido posicionando una serie de ideas por parte de la policía y por parte del Estado ecuatoriano, por parte del gobierno de Guillermo Lasso que quiere construirnos como narco terroristas, que quiere plantear que este Paro ha sido financiado por el narco y que somos unos vándalos, violentos ya ha desplegado una estrategia de guerra que ha implicado el asesinato de varios de los compañeros, todos de pueblos y nacionalidades y todos compañeros que han salido a las calles a protestar y a ejercer su legítimo derecho a la resistencia. 

– ¿De qué habla Lasso cuando busca vincular el Paro al narcotráfico?

Este panorama se completa con la presencia cada vez más fuerte de los dueños de la droga y de los dueños de las armas, del gran peso del narcotráfico de los carteles que están articulados con la policía y con los militares. No es posible entender cómo un gobierno como este y un Estado como este no ha hecho nada en relación a toda la violencia generada por el narcotráfico, esa violencia que básicamente construye también un capitalismo ilegal como lo han dicho varias de las compañeras que trabajan con los sectores más empobrecidos de callejizados. Mientras tanto tenemos a los dueños de la droga y a los dueños de las armas coludidos con el Estado, con la policía y con los militares, al mismo tiempo las políticas de empobrecimiento obligan y arrojan a que miles de jóvenes, miles de sectores empobrecidos y despojados tengan que ser utilizados como fuerza de mano de obra en todo este capitalismo ilegal y el control de las drogas y el control de los narcos en varios de los territorios del Ecuador. 

– Nos comentaste acerca del rol de los feminismos en la participación activa de este Paro, la contención y los cuidados. ¿Qué más nos podes contar acerca de las asambleas transfeministas?  

Las mujeres, que somos las que sostenemos la vida y sostenemos este mundo con nuestro trabajo no remunerado, hemos sido las más empobrecidas y despojadas y además somos las más violentadas. Vamos en lo que va del año, 118 feminicidios en el Ecuador y los niveles de las violencias machistas contra las mujeres y disidencias han aumentado. Por eso, se han ido instalando a la par asambleas populares, asambleas de los pueblos, asambleas transfeministas, asambleas de varios espacios, de los estudiantes, que todos estos días hemos tomado decisiones tanto en términos de cómo cuidarnos y cómo sostener el paro materialmente pero al mismo tiempo, hemos estado en las discusiones políticas y logrado hablar como mujeres y disidencias planteando también los puntos que hemos venido discutiendo y que hemos ido construyendo colectivamente. 

Planteamos una declaración de emergencia por toda la violencia machista que vivimos, un sistema Plurinacional de cuidados, el aborto libre en todas sus causales, el reconocimiento de los trabajos que no están contemplados por las centrales sindicales y tampoco por este gobierno, el trabajo no remunerado, los trabajos autónomos, los trabajos precarizados y ambulantes. Finalmente, también se ha planteado la necesidad de construir una forma de organizaciones anti racista pero también anti xenofóbica contra quiénes vienen de otros países y que están aquí, porque este es un país de migrantes.

– ¿Cuál fue el planteo de la asamblea transfeminista en este contexto?
Nuestro planteamiento como Asamblea ha sido también recuperar la dignidad de los privados y privadas de libertad, no es posible que los dueños de las armas y del narco, los dueños de las drogas sean quienes administren esta pobreza y generen y obliguen a que la población tenga que meterse y tenga que vincularse con el capitalismo ilegal para poder sostenerse. Denunciamos esta relación de colusión y de complicidad por parte del Estado ecuatoriano. En esa medida, todos esos puntos han sido discutidos de forma colectiva, hemos llamado y hemos también invitado a otras mujeres y a otras organizaciones a que se sumen y hemos estado en todos los espacios. Hoy sábado se convocó a una marcha de mujeres que logró plantear entre varias voces desde las compañeras indígenas hasta las compañeras que también son mestizas de la zona urbana pero que somos antirracistas, se ha planteado este la necesidad de exigirle al mundo que este gobierno pare la masacre, hacemos un llamado a todas las organizaciones, a todos los espacios de Derechos Humanos, a todos los gobiernos que se pronuncian frente a lo que el gobierno de Guillermo Lasso está haciendo. Necesitamos que levanten su voz y exijan que paren de masacrarnos, que paren esta represión, que paren con el dolor que están generando al pueblo ecuatoriano. Es este pueblo digno el que ha salido a protestar por mínimos de justicia social, no somos narcoterroristas, no somos vándalos, no somos violentos, somos un pueblo que cree que es necesario construir un país más justo y que ya no puede más con tanta asfixia de política neoliberal, exigimos que el gobierno de Lasso pare la represión y comience a entender que este país no es posible de construir si los pueblos y nacionalidades, sin la clase trabajadora, sin nosotras las mujeres y todos los otros sectores sociales que somos los que sostenemos día a día el Ecuador.

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