Por  Lisandro Silva Mariños*

Tras escuchar la conferencia de prensa me ha surgido una gran impotencia. No esperen leer una cataratas de críticas o exigencias sanitarias-económicas sobre que debería hacer el gobierno (para eso merecemos una nota a aparte), o teorías conspiranoides que mezclan a Soros, con el 5G y los antivacunas, en un digno terreplanismo de la política que se reúne todos los sábados en el obelisco contra la cuarentena.

Lo que ha dado mucha impotencia (y bronca también) fue que a la hora de mencionar a diferentes actores sociales que vienen haciendo un esfuerzo para dar pelea contra la pandemia, se ha invisibilizado, y en efecto, desvalorizado y no reconociendo, a les trabajadores de la economía popular, quienes en las barriadas y villas son la primera línea contra el COVID-19. Se mencionó y revalorizó el esfuerzo del personal de la salud, las llamadas fuerzas de seguridad, limpieza y hasta empresarios, pero del sector que en su territorio deja hasta la vida, nada.

¿Pudieron ver el decreto que menciona las 24 actividades esenciales al cual volvemos desde el 1° de julio? Ahí dice que todes tenemos que abstenernos de circular e ir al trabajo. Pero exceptúa a ciertas actividades entre las cuales están las “personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos”. ¿Y saben qué? En el orden de actividades, ocupan el octavo lugar, ya que sin lugar a duda hay una jerarquía que va desde los trabajadores de salud, las fuerzas armadas, autoridades del poder ejecutivo, judicial y legislativo, pasando por los afectados a comedores, hasta llegar al veinticuatro, que nombre a los que trasportan dinero en camiones de caudales y rellenan los cajeros de bancos.

¿Quién iba a decir que en la emergencia, son más esenciales las compañeras migrantes que paran la olla, antes que otros cientos de trabajos que pensamos “productivos”? Quizás sea porque hasta hoy lo que entendemos por trabajo- o lo que nos quieren hacer entender- sea un puñado de ocupaciones que no reflejan el sinfín de tareas no remuneradas (y otras muy mal remuneradas y precarizadas) que a cotidiano realizan fundamentalmente mujeres.

Es sobre estas personas que hoy son esenciales, se le ha construido la categoría insultante de planeros. Y no lo hace solo la derecha y sus medios de comunicación, ya que hay veces que en las propias filas del gobierno abonan a ese concepto, cuando por ejemplo el ministro Arroyo dice que el objetivo de su ministerio es que la gente “pase del plan al trabajo”. ¿Acaso ya no trabajan esos miles de laburantes a los cuales se les paga por una tarea complementaria? ¿No es eso el Salario Social Complementario que hoy no llega a los $9.000?

Según el propio ministro, hoy 11 millones de personas comen en comedores populares, los cuales están abiertos de 7 a 15 hs. Es decir que un 25% de nuestra población, come de lo que cocinan (entre otros sectores) les trabajadores de la economía popular a los que algunos tienen el tupé de llamarlos planeros.

Pero volviendo. Más y más impotencia generó escuchar cuando se le agradeció a “Rodríguez Larreta por hacer el Operativo Detectar en las villas de capital”. ¿Saben por qué? Porque las y los trabajadores de la economía popular no sólo cocinan (haciendo malabares con lo que tienen), y distribuyen raciones en los comedores y ¡hasta llevan puerta por puerta las viandas a adultos mayores y personas aisladas!, sino que también han puesto el cuerpo para hacer los operativos DETECTAR. Se han formado como promotores y promotoras de salud durante años, y son quienes toman la temperatura corporal, detectan casos sospechosos, acompañan a personas a ser hisopadas, y hasta se encargan de aislar a contactos estrechos. No figura en ninguna estadística oficial, pero el 70% de los casos que se registran en las villas de CABA los han relevado las organizaciones sociales en su territorio.

Todo esto lo hacen arriesgando su vida. Basta con mirar el ejemplo de Ramona Medina, integrante de la organización La Garganta Poderosa en la Villa 31 de CABA; Víctor Giracoy, referente del comedor “Estrella de Belén” en el Barrio Mugica (CABA); Carmen Canaviri y Agustín Navarro, coordinadores de comedores de la organización Barrios de Pie; y Rossio Roxana Choque, del Frente de Organizaciones en Lucha, de la villa 1-11-14.

La pandemia nos está dejando muchos balances que entran en la frase ya trillada de que “el mundo no va a ser el mismo después del COVID-19”. Pero hoy nos dan la oportunidad de poner sobre la mesa estas tareas que no son reconocidas, las cuales han sido esenciales para la reproducción cotidiana de la vida, e incluso han salvado la existencia de muches.

Por último, una alerta.

El reconocimiento no puede quedar en el heroísmo, el sacrificio y la valentía de quienes desarrollan estas tareas. Tampoco en que en las próximas conferencias de prensa se los nombre. No alcanza con eso, ni con foros de debate, encuentros virtuales o reuniones de funcionarios para escuchar a las organizaciones sociales. Se necesitan medidas concretas para dar un valor real a eso que hoy se llaman actividades esenciales. Y a fin de cuentas hablamos de remuneraciones, de ingresos que saquen a estas personas de la línea de pobreza e indigencia, para alcanzar algo tan elemental como poder comprar una canasta básica de alimentos, al tiempo que son reconocidos derechos plenos como trabajadores. Entonces ni medidas simbólicas, ni bonos extraordinarios, ni refuerzos alimentarios, sino que ingresos pues hablamos de trabajadores que han demostrado su utilidad social ligada al territorio.

Pero la cosa no termina ahí, ya que reducirse a pedir un ingreso puede soslayar la necesidad de avanzar en la puesta en marcha de una política real y masiva de infraestructura pública para tener un piso de vida digna en los barrios populares de la Argentina. El virus golpeó ahí, donde el hacinamiento es moneda corriente, y el agua llega a cuenta gotas. Ingresos, derechos laborales e infraestructura. Tres (de muchas otras reivindicaciones) que permitirían decir que lo esencial no es invisible al Estado.

*Docente e investigador UNDAV-CONICET

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Un paseo por el Mercado Barrial Itinerante del Frente Popular Darío Santillán de la regional Córdoba en su séptima edición.

Por Fernando Vanoli (*)

Si la periferia existe, este sábado invistió el corazón del centro y lo llenó de trabajo autogestivo, digno y solidario. Esa es la consigna del Mercado Barrial Itinerante, del Frente Popular Darío Santillán de la regional Córdoba.

El mercado es una feria popular que se realiza una vez por mes, esta fue su séptima edición. Es itinerante por que no siempre está en el centro: también recorre las barriadas populares, alternando entre el centro histórico y distintos barrios, los segundos sábados de cada mes. Fue pensando como un intento por recuperar el sentido comunitario de los espacios de intercambio y, sobre todo, disputar el sentido de la palabra mercado desde abajo, en épocas donde la opresión financiera arremete precarizando la vida.

El tiempo de la autogestión

Bajo la mirada de la estatua de Jerónimo Luis de Cabrera (quien le da nombre a la plaza por la –colonial– fundación de la ciudad) se expande la feria, entorpeciendo el paso de algunos turistas que lo quieren fotografiar. Allí se despliegan unos 90 puestos, que representan espacios productivos y cooperativos de más de 40 barrios de Córdoba y llenan de vitalidad la plaza a espaldas de la catedral. En su mayoría mujeres, le ponen el cuerpo y se organizan para garantizar que este mercado funcione.

Este espacio nació luego de muchos años de esfuerzos colectivos en torno al trabajo digno. Ese proceso que implica constantemente dar la lucha en la calle, también significa la formación y, sobre todo, la recuperación de saberes de nuestros pueblos: desde las prácticas ancestrales al cuidado de las huertas, hasta las historias de fábricas recuperadas que recorren nuestro país.

A partir de eso, surge la necesidad de constituir un lugar que haga visible ese trabajo, pero que además ponga en circulación el intercambio para la construcción de esa otra economía que supone sostenernos desde relaciones no capitalistas. Como cuentan las compañeras, esas relaciones, permiten autonomía para tomar decisiones sobre el tiempo que le dedican al trabajo, sobre que quieren producir, que precio quieren poner, y también, a quien se lo quieren vender. En otras palabras, ampliar el margen de posibilidades para decidir en que queremos trabajar. También remarcan el crecimiento como compañeras, entre quienes comparten el día a día en los barrios, porque la solidaridad es un aprendizaje que también se da en el marco del trabajo cooperativo.

Mientras las verduras sin agrotóxicos, los dulces, los libros, los tejidos y todos los productos artesanales se ordenan, se venden y se intercambian, la radio abierta llena el ambiente de música desde temprano hasta la hora del desarme de los tablones.

Son momentos también de contra-cultura, la radio recibe visitas de luchas hermanas, esta vez fueron las compañeras del barrio San Antonio, que luchan contra la contaminación de la fábrica de Porta Hnos., instalada en su barrio, atentando contra la vida de quienes allí residen. La música en vivo tuvo lugar cerca del cierre, con Chango Santiago, y sus chacareras que agitaron algunos cuerpos para bailar. Un espacio para fraternizar con la sociedad en general, con los vecinos y vecinas que transitan el centro cordobés. Abre la posibilidad de generar un diálogo directo, y tal vez, de contagiar un poco de estas resistencias creativas, de quienes luchan y producen.

Este mercado subvierte el orden del espacio, y recrea el tiempo de la autogestión. Es reflejo de muchas luchas que, desde el Frente Popular Darío Santillán, damos en las calles y en los barrios reivindicando y exigiendo nuestros derechos. Por eso, también, es acción política para visibilizar el trabajo y potencial de construir otros mundos posibles. Ante el sentido común que nos grita: ¡vayan a trabajar!, con estas ferias les decimos: acá estamos, trabajando. Pero también deseando y disfrutando: porque el trabajo sin patrón y de economías anti capitalistas, que puja por otros mundos, produce encuentros y combustiona alegría y energía militante para sostener la lucha cotidiana.

(*) Integrante del FPDS Córdoba

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“El objeto artesanal guarda impresas,

real o metafóricamente,

las huellas digitales del que lo hizo”

Octavio Paz

Los artesanos y artesanas de la calle Defensa, del barrio porteño de San Telmo, siguen sin poder trabajar. Se cumplieron más de dos meses desde que el Gobierno de la Ciudad los desalojó, policía mediante, de la histórica feria. Cerca de 300 familias se quedaron sin esa fuente de sustento.

El patrón de los adoquines de la calle Defensa se ve interrumpido por carteles que recuerdan que hace no mucho tiempo hubo un puesto en ese lugar. Lo que alguna vez fue la histórica feria de San Telmo se ha convertido en un desfiladero de policías y funcionarios públicos. Los y las artesanas, que durante más de 10 años llenaron de vitalidad las calles del barrio porteño, no se resignan a aceptar la decisión unilateral del Gobierno de la Ciudad y también se les puede ver por todos lados: marchando todos los domingos, fiscalizando los puestos afectados, llenando de música el ambiente, haciendo intervenciones artísticas. Exigiendo, de todas las maneras posibles, que las y los dejen volver a trabajar.

El conflicto surgió el 13 de enero de este año, cuando a los y las artesanas de la cooperativa El Adoquín, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Gobierno de la Ciudad (GCBA) les ofreció 220 permisos de trabajo sobre la calle Defensa al 700. El reconocimiento del trabajo artesanal como una actividad comercial legítima es un derecho que vienen reclamando desde que la feria de San Telmo se estableció hace 12 años. Lo que no les dijeron a las y los miembros de El Adoquín es que los permisos obtenidos eran sobre los lugares de trabajo de los y las artesanas de Defensa al 700, que se encontraban por fuera de la cooperativa y del arreglo. El Gobierno de la Ciudad pretendía que las y los miembros de la cooperativa usurparan el lugar de otros trabajadores y trabajadoras. Engañados, pero con la dignidad intacta, las y los trabajadores de la calle Defensa al 800, 900 y 1000 se rehusaron a ocupar los puestos de otros compañeros y compañeras. La cooperativa se fracturó y buena parte de sus integrantes se retiraron y formaron Artesanxs Unidxs de la calle Defensa.

Desde ese domingo, las cuatro cuadras de la calle Defensa, entre Chile y Carlos Calvo, se encuentran ocupadas por fuerzas policiales que amenazan e impiden trabajar a artesanos/as, artistas y músicos/as. Las únicas personas habilitadas se encuentran sobre la calle Chile, esquina Defensa, custodiadas por fuerzas policiales y un patrullero. Se trata de quienes se quedaron en la cooperativa El Adoquín, presidida por Gabriela Olguín, escrachada en numerosos carteles a lo largo de las calles, acusada de traidora y de que era plenamente consciente del acuerdo que había firmado.

Confianza legítima

86 artesanos y artesanas de la calle Defensa al 700, que nunca formaron parte de la cooperativa, presentaron una acción de amparo contra el GCBA ante el Juzgado N°1 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. El pedido es claro: la nulidad de la disposición N°10/DGFER del 9 de enero, es decir, la resolución del Gobierno de la Ciudad, dictada por el Director General de Ferias, Carlos Gabriel Kuasñosky Somozala, que otorgó los 220 permisos precarios sobre la calle Defensa entre el 701 y el 799.

El 31 de enero, la primera jueza actuante, Patricia G. López Vergara, tuvo definiciones contundentes en relación al conflicto. Defendió la noción de espacio público como el lugar de “lo común, de la cultura y la política común”, un “lugar de materialización de las relaciones sociales y la expresión colectiva”. Su concepción de las calles y las plazas como un punto de encuentro nodal en la construcción de la identidad ciudadana y de la expresión comunitaria respalda el reclamo de los y las artesanas, que defienden no solamente su lugar de trabajo, sino también la identidad cultural del barrio de San Telmo y el ejercicio pleno del derecho a la Ciudad.

Además de remarcar la acuciante necesidad de trabajar en un contexto de asfixia económica en todo el país (desde el 13 de enero que la mayoría de los y las trabajadoras de la feria no pueden vender sus artesanías), la jueza López Vergara instó al Gobierno de la Ciudad a brindar una solución real al conflicto, apelando al principio jurídico de “confianza legítima”. Marcha dialogó al respecto con el defensor público Ramiro Dos Santos, de la Defensoría General adjunta Nº5, encargado de presentar el amparo en el que se sumaron las y los 117 artesanos que integran Artesanxs Unidxs de la calle Defensa, quienes durante 12 años trabajaron entre Defensa al 800 y el 1000.

“Hay una cuestión técnica que se llama ‘confianza legítima’, que es que cuando durante muchos años el Estado reconoció o permitió una actividad, no puede de un día para el otro desconocerla. Eso pasó en las cuadras del 800, 900 y 1000. Después de más de 10 años de estar trabajando ahí, de un día para el otro los desalojaron violentamente. A esto se suman las normas de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que protegen el derecho a la cultura, a las actividades culturales, a la identidad cultural de los barrios. Todas esas manifestaciones culturales y artísticas están protegidas por la Constitución”.

Las dos presentaciones son complementarias, ambos abogados buscan lo mismo: que les den permiso para trabajar a los artesanos, artesanas y manualistas que están hace 12 años. La causa ahora se encuentra en manos de la jueza Romina Tesone, titular del Juzgado Nº1 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, que sigue una línea muy similar a la jueza López Vergara y que dictaminó hace dos semanas que el Gobierno de la Ciudad tiene que plantear una propuesta superadora para que todas y todos los artesanos puedan trabajar.

Desde el gobierno se niegan a revisar la disposición que dio origen al problema, los permisos para la cooperativa El Adoquín. “Por lo pronto, estamos en una etapa de conciliación, tratando de acercar las partes y que el Gobierno haga alguna propuesta superadora. Los artesanos no quieren tener permiso en cualquier lado. Quieren los permisos donde venían trabajando, donde ya los conocen, donde ya se organizaron. Les ofrecieron a algunos otras cuadras pero esa solución no es aceptable porque no respeta su historia.”, puntualizó Dos Santos.

Para dimensionar la falta de voluntad del Gobierno, una de las propuestas es trasladar a los y las artesanas que rompieron con El Adoquín al pasaje San Lorenzo, que está cortado a mitad de cuadra y que tiene una afluencia de gente infinitamente menor que la calle Defensa. Para solucionar este problema, proponen poner unas vallas “que obliguen a la gente a meterse al pasaje”. Como si fueran ganado.

Desnudar un santo para vestir otro

Luciana, ex integrante de la cooperativa El Adoquín, trabaja la vitrofusión desde hace más de 10 años y con su trabajo y el de su pareja mantienen a sus dos hijos. Es sólo una de las cerca de 300 familias que se quedaron sin esa fuente de ingreso. El agotamiento de haberse levantado a las 6 de la mañana, como cada domingo desde hace 2 meses, se hace evidente en sus ojos. La fatiga y la tristeza, productos de un Estado hostil que cercena su derecho a trabajar, no le impiden aplaudir y esbozar una sonrisa ante cada banda musical que toca en apoyo a su lucha y a la de tantos otros y otras. Mientras hace de guía por las calles de San Telmo, narra por centésima vez la serie de eventos que llevaron a la situación actual.

“Nosotros ya contamos que somos más de 90 que estamos fuera de El Adoquín. Al gobierno le planteamos que como se fueron más de 100 personas (contando las que están de vacaciones o haciendo temporada en otros lados), que los de El Adoquín se queden en Chile, que les alcanza para la cantidad de gente que quedó dentro de la cooperativa. Que dejen liberado Defensa al 700, que se queden quienes estaban originalmente, y que a nosotros nos dejen trabajar entre Defensa al 800 y el 950”.

En un primer momento, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta decía que esa cuadra (la del 700) no se podía legalizar. Al darle los permisos a la cooperativa se contradijo, demostrando que sí era posible. Por lo que queda la duda de por qué ciertas personas son legalizables y ciertas no. Desde la organización Artesanxs Unidxs de la calle Defensa, de la cual es parte Luciana, piden que los y las integrantes de El Adoquín resignen su derecho sobre la calle Defensa, ya que acusan a la conducción de la cooperativa de haber firmado un acuerdo sin el consentimiento de las bases ni de las partes involucradas y que fue el que originó todo el conflicto.

“Nosotros tratamos de presionar mediante la CTEP, de la cual El Adoquín es parte. Tuvimos una reunión muy trucha con Juan Grabois (referente de la CTEP y del Frente Patria Grande) que, muy astuto, nos citó en un bar, nos escuchó a todos, nos dijo que nos iba a dar una respuesta en 24hs. Nos contestó con una carta diciéndonos que las cooperativas de la CTEP son autónomas, que él no se puede meter en eso, que cree que el acuerdo está mal pero que lo deja en manos del ‘Gringo’ Castro”, narró Luciana. Esteban “Gringo” Castro es el Secretario General de la CTEP y respaldó públicamente, durante la marcha contra los tarifazos del 26 de febrero, el acuerdo logrado entre el Gobierno de la Ciudad y la cooperativa El Adoquín.

“Cuando llamamos al ‘Gringo’ Castro, que ya a esta altura no queríamos saber nada con la CTEP, no nos contestó la llamada. Castro fue uno de los que ayudó a negociar el acuerdo”, puntualizó la artesana. Antes se habían contactado con Rafael Klejzer, Secretario General de la CTEP Capital. Klejzer reconoció hace poco más de dos semanas en la AM 530 que “si el acuerdo deja afuera a la mitad de los laburantes, entonces no es un acuerdo feliz”. Esperanzados/as por sus declaraciones, la desilusión fue mayúscula cuando la respuesta de él fue proponer una reunión con Gabriela Olguín. “Ahora estamos sólo en la vía judicial. Hay dos juezas que nos reconocen y le piden soluciones rápidas al gobierno, lo cual lo vemos como algo muy positivo. Nadie quería una reunión con Olguín que fue la que hizo este acuerdo”, explicó Luciana.

Por su parte, Gabriela Olguín, Presidenta de El Adoquín, se negó a dar declaraciones a Marcha.

“No somos ilegales, queremos trabajar dignamente”

Después de 8 domingos sin trabajar, y ante la evidente dilatación por parte del Gobierno con el objetivo de que se agoten y se marchen de San Telmo, lxs Artesanxs Unidxs de la calle Defensa convocan este domingo 10 de marzo a marchar desde las 12 del mediodía en la calle Defensa al 1000 “por nuestro lugar de trabajo, por la dignidad de nuestro reclamo, porque la calle es de quien la trabaja, porque el arte es cultura y la cultura es identidad colectiva”.

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San Telmo: “No somos ilegales. Reclamamos la restitución de nuestro lugar de trabajo”

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Hace un mes que cerca de 400 familias están sin poder trabajar en la feria de la calle Defensa en San Telmo. El conflicto surgió a partir de un acuerdo firmado por el Gobierno de la Ciudad y El Adoquín, una cooperativa de trabajo que integra la CTEP. Dejaron fuera del arreglo más de 120 puestos.

Paños vacíos y turistas preguntando por la mítica feria. Una marcha de resistencia que recorre Defensa y el color de siempre, el del barrio, olvidado. Una juntada de firmas que crece como la solidaridad con las y los feriantes. Una familia venezolana que se acerca a Humberto, el trabajador que amablemente nos contó el proceso de lucha que llevan por el reconocimiento de la cultura popular.

El desalojo y la represión policial del último domingo a los y las artesanas de la histórica Feria de San Telmo fue la cara más visible (y violenta) de un conflicto de largo arrastre. Cerca de 400 familias se quedaron sin trabajo desde hace un mes, dejando vacío un espacio que ocupan, sobre la calle Defensa entre el 700 y el 1000, hace más de 10 años. Todo a partir de un arreglo que varios y varias trabajadoras denuncian espurio.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) firmó un acuerdo con la cooperativa de trabajo El Adoquín, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Hace varios años que vienen habiendo negociaciones (con amenazas de desalojos y denuncias en el medio) para legalizar a los cientos de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que hace más de 10 años ofrecen sus productos manufacturados en la feria del barrio porteño de San Telmo, sobre la calle Defensa, a lo largo de las cuatro cuadras entre las calles Carlos Calvo y Humberto Primo.

Este acuerdo pareció lograrse el 11 de enero de este año, cuando en una asamblea de la cooperativa El Adoquín, la presidenta Gabriela Olguín anunció que después de 12 largos años de lucha, el Gobierno de la Ciudad les había legalizado, otorgándoles un permiso oficial para poner sus puestos y reconociendo sus derechos como trabajadores y trabajadoras de la vía publica. El acuerdo no había sido discutido en asamblea pero en principio parecía un enorme triunfo de los y las artesanas de San Telmo.

El conflicto surgió cuando los y las trabajadoras que integraban la cooperativa fueron a ubicarse a los puestos designados en la calle Defensa al 700. Allí se encontraron con que los y las artesanas de esa cuadra no sólo no estaban de acuerdo con el arreglo, sino que tampoco habían arreglado su reubicación, como les habían dicho a las y los integrantes de El Adoquín. Ese sector de trabajadoras y trabajadores de Defensa al 700 se encontraban por fuera de la cooperativa, aunque organizados y organizadas hace más de 10 años. Incluso presentaron un proyecto para su legalización en la Legislatura porteña.

Luciana es ex integrante de la cooperativa El Adoquín. Se dedica a la vitrofusión y junto con su compañero Marcial, que trabaja el cuero, viven de su trabajo artesanal desde hace casi 10 años. Trabajo con el cual mantienen a sus dos hijos. Una de las tantas familias que se quedó sin fuente de sustento a partir de este arreglo. En diálogo con Marcha, Luciana contó los detalles de este acuerdo inconsulto. “Fue una trampa, nos dijeron que ellos (lxs trabajadorxs de Defensa al 700) iban a ser reubicados y que estaban de acuerdo. En ese momento se fracturó El Adoquín, ya que varios de nosotros no queremos poner nuestro puesto de trabajo en el lugar de otro trabajador. Los pocos que quedaron dentro de la cooperativa pusieron sus puestos sobre la calle Chile”.

Hasta este momento la situación sigue así. Lxs trabajadorxs del 700 presentaron un amparo. Quienes se fueron de la cooperativa estuvieron visibilizando el conflicto, además de presentar un escrito pidiendo la nulidad de ese acuerdo que no tiene respaldo mayoritario y que fue acordado por la cúpula de la cooperativa que comanda Olguín. “Quisimos armar y nos mandan a la policía. Nos prohíben armar en nuestras cuadras y en la cuadra de Defensa al 700 está prohibido armar tanto para los artesanos que estaban ahí originalmente como para los integrantes del Adoquín”, agregó Luciana, por lo que la mayoría de los y las artesanas se encuentran sin poder trabajar desde el domingo 13 de enero.

“Venimos a San Telmo cada domingo, venimos desde provincia, desde todo el país para sumar al patrimonio cultural del barrio y a buscar nuestro sustento ofreciendo lo que sabemos hacer”, nos cuenta Humberto, que hace más de 10 años vende platería mapuche a quienes pasen por el barrio. Está a cargo de la planilla de firmas y relata a quienes se acercan cómo es el conflicto. “Realizamos un montón de peticiones para que se nos incluya, cuando esto pasó el Gobierno nos vetó dejándonos afuera”, dice un cartel a su lado, “reclamamos la restitución de nuestro lugar de trabajo. No somos ilegales”.

El acuerdo

Ex integrantes de la cooperativa denuncian que la decisión de firmar el acuerdo fue de Gabriela Olguín, presidenta de El Adoquín, sin llamar a asamblea ni consultar a las bases. En declaraciones al diario La Nación, Olguín sostuvo que “no tenemos ninguna condena con los otros trabajadores que aún no se han sindicalizado. El acuerdo no implica que se desaloje a otros trabajadores, por eso no estamos trabajando en Defensa, todavía, somos respetuosos de eso. Estamos conversando con ellos para que se integren”.

Luciana cuenta otra versión de los hechos. “El domingo 13 de enero empezamos a darnos cuenta de cómo había sido el arreglo. Hasta ese momento pensábamos que era una trampa del Gobierno para que ocupáramos el lugar de otros trabajadores. Cuando fuimos nos dimos cuenta de que no, que la cúpula de El Adoquín sí estaba al tanto de lo que sucedía y que pensaban que nosotros igual íbamos a ocupar el espacio. Hasta el Gobierno nos preguntaba si nosotros dábamos el ok para que “limpien” la calle para que nos establezcamos nosotros. Por supuesto que dijimos que no”.

“Olguín dice que trató de hablar muchas veces con ellos para incluirlos en el acuerdo. Lo que ella omite es que mediante ese acuerdo pretendía que de la cuadra que ellos ocupan y por la que luchan hace más de 10 años, les pretendía dar 30 puestos. Ellos son más de 150. Los demás fíjense donde pueden ser reubicados en las propuestas del Gobierno en otras ferias”, agregó la trabajadora.

El Adoquín había conseguido 220 puestos. Varixs no se habían unido a la cooperativa porque decían que El Adoquín iba a terminar estafándolos. “Nos usaron políticamente. Los acompañamos, estuvimos ahí para llegar al acuerdo y cuando llegamos resulta que firmaron algo que no nos consultaron, sin asamblea de por medio. Ese día vaciamos las cuadras pacíficamente, sin ninguna resistencia”, explicó Luciana.

Los Anticuarios

“No nos vamos nada, que nos echen a patadas”. Era un domingo atípico en San Telmo. Hace un mes lo es. La marcha que llevaba la bandera de “Artesanos unidos de la calle Defensa en lucha. Unidos” recorría las cuadras donde el desalojo mostraba paños vacíos en resistencia. Las y los turistas filmaban, parecían ya acostumbrados a un país de conflictos latentes. Las y los trabajadores de la cultura popular se detienen sobre el 1000, a poco de llegar a la Plaza Dorrego, y tiran amablemente unos panfletos en dos anticuarios: “Calvaresi” y “Alberto Roldán”.

Otra arista del conflicto viene por parte de los anticuarios, históricos ocupantes de esas cuadras que detentan el mayor poder de negociación con el Gobierno de la Ciudad. Según Luciana, “quieren hacer un proyecto inmobiliario de food trucks en la zona del 800, 900 y 1000 de la calle Defensa. Este conflicto empezó hace más de 4 meses, nos empezaron a poner vallas en distintas cuadras de la calle. Se suponía que era provisorio”.

Los anticuarios trabajan allí desde que arrancó el mercado de pulgas en 1970. Hace años que vienen exigiendo que retiren a los y las artesanas de la zona, argumentando que obstruían los negocios y bajaban las ventas, además de generar el rechazo del público. Para Norberto Medrano, presidente de la Asociación de Anticuarios y Amigos de San Telmo, a partir del desalojo violento ahora “todos podremos vivir en armonía y trabajar en paz”.

El proyecto de extranjerizar la zona no sólo perjudica a los y las artesanas que perdieron su puesto de trabajo, sino que implica un golpe doble tanto para los comerciantes de la zona, que vieron bajar sus ventas un 60%, como para la cultura popular del barrio de San Telmo. La feria forma parte de la esencia del barrio hace más de 10 años.

Según la ex trabajadora de la cooperativa, el enfrentamiento no es tal. “Nosotros trabajamos y vivimos de nuestros productos. Siempre propusimos una convivencia pacífica y que trabajemos todos, incluso los anticuarios. Los comercios normales están de nuestro lado porque saben que llevamos gente. Nos conocen en todos lados, la gente pregunta por la feria de artesanos de San Telmo y esta gente nos quiere sacar diciendo que somos manteros. Es cuestión de clase. Los que están ahí son los que siempre quieren estar ahí y no quieren compartir ese espacio con otra parte de la sociedad”.

Respuestas de la comunidad

Ante el desamparado del Estado, los y las artesanas están visibilizando el conflicto. En la web www.tvsantelmo.com.ar puede verse su trabajo, en el programa Ferias y Mercados, donde se visualiza la economía social. Lxs artesanxs piden el apoyo de la comunidad no sólo por ellos y ellas, sino en defensa de la cultura popular.

En plena recesión, con tarifas que aumentan periódicamente hasta precios impagables, un mes sin trabajar es un golpe letal para la economía de cualquier familia. Si a eso se suma la violencia policial y el abandono estatal, la situación se vuelve sinceramente angustiante. “Cuando quisimos armar el último domingo nos tiraron gas pimientas, nos atacaron. Nadie vino a negociar con nosotros. Lo bueno es que tuvo mucha repercusión, nos llaman de otros medios, nos llaman de otras ferias. Y sale a la luz el acuerdo nefasto que firmaron”, desarrolló Luciana. Y concluyó: “Nosotros tenemos códigos, tenemos dignidad y sostenemos a nuestras familias de lo que hacemos con nuestras manos”.

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Entrevista a Andrés Ruggeri, Coordinador del VI Encuentro Internacional Economía de lxs trabajadorxs

M.H.:Ha cumplido un año la Cooperativa “Por más tiempo”, que edita los domingos Tiempo Argentino y también se cumplió un año del cierre de Infonews, ambos medios vinculados a los empresarios Spolsky y Garfunkel, donde también se constituyó una cooperativa el 8 de mayo del año pasado. Al mismo tiempo cerraste el micro anterior comentando que la Textil Globito se había convertido en una fábrica recuperada a partir de una decisión judicial el pasado 25 de abril. Me gustaría que nos cuentes cuál es tu evaluación de estas experiencias, que de alguna manera van en contra de lo que había venido pasando, por ejemplo, en relación al intento de desalojo del Bauen o el efectivizado desalojo de Acoplados del Oeste, o una serie de leyes votadas en el Congreso nacional y la Legislatura de la provincia de Buenos Aires que fueron luego vetadas por Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.

A.R.: La evaluación que tenemos de la política del gobierno de Cambiemos es absolutamente contraria a las fábricas recuperadas y que eso es parte de una estrategia política que tiene que ver con las consecuencias de su política económica: la destrucción del entramado económico destinado al mercado interno y la generación de un colchón de trabajadores desocupados que les permita llevar los salarios a la baja.

Esa sería una caracterización general dentro de la cual no entran las empresas recuperadas y además seguramente hay una cuestión ideológica de fondo de intentar no permitir que los trabajadores se hagan cargo de las empresas porque eso para ellos es para los empresarios y para nadie más.

En ese marco vemos toda una ofensiva que se expresa en los vetos  a las expropiaciones, los desalojos, etc. Creo que el problema es que por más que lo intenten, son tantas las fábricas que están cerrando tras distintas dificultades, que los trabajadores ya no se resignan tan fácilmente a quedarse sin trabajo, entonces por más que intenten acabar con los conflictos, estallan igual, las fábricas se intentan ocupar, ellos intentan impedirlo, pero en algunos casos no pueden.

Además de Tiempo Argentino, Infonews, El Ciudadano de Rosario, La Mañana de Córdoba, que son medios de comunicación que han sido recuperados, también están apareciendo otros casos, uno es la Textil Globito pero no es el único, en el transcurso de la semana pasada nos hemos enterado de varios casos más.

Por más que intenten evitar los conflictos no pueden meter policía en todas las fábricas que están cerrando porque tendrían que destinar todos sus efectivos prácticamente a evitar las tomas en los cierres. Es casi impracticable por más desarrollado que esté el aparato represivo y eso es algo que pasó en Globito, fue una recuperación muy rápida.

M.H.: Comentanos qué es Globito.

A.R.: Es una textil que hace ropa para bebés y niños pequeños. Es una fábrica con bastante trayectoria, tiene cerca de 50 años en el mercado. Es un caso muy típico de vaciamiento; el dueño hace un año y medio coincidiendo con el gobierno de Macri empezó a planear el vaciamiento, primero vendió la planta que era un edificio propio que estaba en Villa Devoto y mudó la fábrica a un galpón en Paternal que es donde se desató esta situación. Vendió el inmueble antes de declararse en convocatoria de acreedores para quedarse con la plata y que ese bien no entrara en la quiebra. Dejó de comprar materia prima, empezó a incumplirle a los clientes, cuando sí estaba en condiciones de hacerlo, según los trabajadores.

Se da un proceso de deterioro muy acelerado y hace más o menos un mes y medio pidió la quiebra él mismo. Ahí es cuando los trabajadores se organizan, se contactan con diferentes organizaciones relacionadas con fábricas recuperadas, inclusive se comunicaron con nosotros, con el Programa Facultad Abierta, por eso conocemos muy de cerca el caso. Al acercarse el feriado que coincidía con el 24 de marzo donde el hombre se estaba preparando para llevarse todo mientras la planta estuviera cerrada, los trabajadores se dieron cuenta y tomaron la planta, el tipo metió a la policía pero no le salió bien porque se movilizó gente y se consiguió que pague un porcentaje importante de la plata de sueldos que debía, fueron ese mismo día con el dinero en efectivo, dejaron una custodia policial y se fueron.

Al poco tiempo la policía se cansó de estar ahí, quedaron los trabajadores solos adentro de la planta y finalmente se consiguió el permiso para que utilicen la maquinaria. El conflicto legal sigue pero ellos ya pueden trabajar, armaron la cooperativa, ya tienen la matrícula, en lo operativo ya es una fábrica recuperada. Ahora están mudando la maquinaria a otra planta que alquilaron por su cuenta para dejar de pagar el alquiler que era caro y además se supone que ese lugar es propiedad de algún allegado del dueño anterior.

M.H.: ¿Alguna novedad sobre el VI Encuentro de la economía de las y los trabajadores que se va a desarrollar en Buenos Aires el 30 de agosto y el 31 y 1 y 2 de septiembre en Textil Pigüé?

A.R.: Está avanzando ya la etapa de difusión, se abrió la recepción de ponencias, ya llegaron algunas. Armamos un registro para la inscripción que ya está por habilitarse en registro.recuperadasdoc.com.ar. La planilla esta en castellano y en inglés para ir anotándose. Y venimos recibiendo consultas y confirmaciones de gente interesada del exterior. Ya hay confirmados de China, Kurdistán, Grecia, Turquía, México, Uruguay, entre otros. Se tradujo la convocatoria al serbio también. Mañana nos volvemos a reunir con el Comité organizador para revisar los recursos, empezar a preparar la agenda previa para las reuniones y visitas a recuperadas durante la semana anterior acá en Buenos Aires. Se viene el momento de mayor trabajo.

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El miércoles un conjunto de organizaciones sociales de la Ciudad de Buenos Aires, nucleadas en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular delegación Capital y al Movimiento Barrios de Pie, confluyó en una jornada de lucha: 100 ollas populares, Jornada de lucha: contra el hambre, por trabajo digno, donde también se reivindicó la necesidad de la vivienda.

La medida de protesta consistió en la instalación de 100 ollas populares en diferentes puntos de la Ciudad, con cortes parciales de calles para visibilizar una situación de malestar que están padeciendo los sectores populares y exigirle respuestas al gobierno porteño, tal fue lo afirmado en la conferencia de prensa que se realizó el día anterior frente a la Jefatura de Gobierno, para anunciar públicamente la jornada de lucha.

La medida se inició con la olla de mate cocido a las 7 de la mañana del 19 de julio pasado, en la esquina de Corrientes y Callao, donde el conjunto de las organizaciones convocantes se dieron cita en uno de los días más fríos del año, para ir marchando, luego, hasta Plaza de Mayo, donde finalizaba esta primera intervención al mediodía. Una gran olla popular que se instaló en la Plaza para el convite, de propias y ajenos, como símbolo de la extrema necesidad a la que se ven sometidos los sectores de la economía popular, en sus diferentes modalidades. “Por cada trabajador de la economía formal que queda sin trabajo, cuatro de los nuestros quedan afuera”, resaltaba Jacquelina Flores del M.T.E. (Capital).

También en horas del mediodía la jornada se desarrollaba en diferentes puntos de la Ciudad con ollas populares y cortes de calles, y tuvieron como escenario los comedores barriales que sacaron sus ollas afuera, con una concurrencia importante. “Poner sobre la mesa la problemática de la agenda de las y los trabajadores de la economía popular”, resaltaba Rafael Klejzer del M.P. La Dignidad, al inicio de la jornada, al tiempo que Luciano Álvarez de la O.S.y P. Los Pibes destacaba la creciente ausencia de respuestas a las necesidades de vivienda, con un estado de la Ciudad que dispone de recursos y regulaciones que son sistemáticamente negadas a los sectores populares. Martín Casasola, de Seamos Libres, aludía al “privilegio para las grandes corporaciones en detrimento de las cooperativas de los barrios, de todos los trabajos que los compañeros se inventaron hace muchos años y que vinieron a destruir”.

En horas de la tarde, frente al Hotel Sheraton, del barrio de Retiro, confluyeron el conjunto de movimientos sociales que como parte de la convocatoria intentaba mostrar la asimetría que viven los sectores populares frente a lo que constituye un símbolo de las políticas de gobierno que miran hacia el exterior. Sergio Sanchez, del M.T.E.-Capital lo expresaba con claridad: “Frente al Sheraton vamos a mostrar la otra cara de la realidad. Todas las personas merecen llevar un plato de comida a su mesa. Un trabajo digno. Una vivienda digna”.

La jornada tuvo gran repercusión mediática, porque los principales medios hegemónicos le dieron una inusual repercusión a la medida. La nota de color constituyó la intervención de algunos noteros que como Daniel Malnatti, de TN, provocaba a los integrantes de los sectores populares con preguntas del estilo: “¿Si pudieras estar en tu casa calentito vendrías acá?”. O cuando intentaba confrontar a peatones: turistas o notoriamente de otra clase social, con los trabajadores de la economía popular. Mientras, un señorito expresaba frente al micrófono una muletilla bastante repetida entre el sector al que pertenece: “Hacen acciones de protesta en lugares donde molestan la circulación, ¿por qué no lo hacen en otro lugar?”. También otros medios televisivos intentaban hacer una nota de color mostrando la olla popular de mate cocido y haciendo preguntas de antropología de la pobreza a los participantes.

Alrededor de las 18, la movilización se trasladó a la Plaza de los Dos Congresos, frente al Congreso Nacional, donde se armó una gran olla popular, a la que asistió, sobre todo, la gran cantidad de indigentes que habita las inmediaciones. Un “guiso de olla” para mitigar el frío que se iba incrementando a medida que iba avanzando el anochecer, para el deleite de comensales friolentos que con las banderas bien en alto mostraban, para el cierre de la jornada, la presencia de un conjunto de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que estaba participando de esta jornada de protesta y la visibilización de las crecientes necesidades del sector: trabajo, vivienda, urbanización de las villas, actualización de los honorarios que perciben las cooperativas de los barrios populares. Al respecto, Jacquelina Flores se preguntaba: “¿Cómo puede ser que la canasta básica sea de $ 12 mil mientras los trabajadores de la economía popular cobran menos de $ 3 mil?”. Una importante cantidad de demandas respecto de las necesidades básicas del sector de la economía popular, que hoy parecen constituir, sin dudas, el sector más vulnerable de la población, afectado por políticas que no parecen tenerlos en cuenta.

Con el último plato de guiso, se inició un acto de cierre de la jornada de lucha, donde estuvieron las y los referentes de las distintas organizaciones de base de la CTEP Capital: Seamos Libres, M.P. La Dignidad, M.T.E. capital, O.S.y P. Los Pibes, junto al Movimiento Barrios de Pie.

En el cierre de la jornada hubo unas breves palabras de referentes de las organizaciones presentes: Rafael Klejzer, Martín Casasola, Jacquelina Flores, Sergio Sánchez, Luciano Álvarez y Walter Córdoba, que coincidieron en destacar la importancia de la unidad en esta jornada de lucha, donde los distintos sectores de la economía popular coinciden también en la necesidad de incluir a otras organizaciones compañeras. “La calle nos hermana”, dijo Jacquelina Flores como condensación de todas las distintas expresiones.

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Este 29 de abril se realizó una multitudinaria movilización para conmemorar el día del trabajador y la trabajadora, con una expresión de protesta frente a las políticas del gobierno nacional, que vienen diezmando al conjunto de la clase trabajadora con pérdidas de fuentes de trabajo tanto para los asalariados como para los trabajadores de la economía popular.

El viernes pasado, las centrales sindicales en su conjunto se hicieron eco de las demandas y necesidades de las y los trabajadores en un momento en que al mismo tiempo se incrementa día a día la desocupación y se producen aumentos de tarifas y del valor de los alimentos, mientras las grandes corporaciones se ven beneficiadas con ventajas sustanciales y nuestro país contrae la mayor deuda externa de las últimas décadas.

El sector de la economía popular fue parte de la movilización nacional del conjunto de los trabajadores. Una decisión tomada en Asamblea Confederal de la CTEP una semana antes por los delegados llegados desde todo el país.

Alrededor del mediodía, y con el milagro del sol en el firmamento, se fueron dando cita las distintas organizaciones y cooperativas que componen el heterogéneo espectro de la economía popular: cartoneros, manteros, agricultores, productores, textiles y muchos más, nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CTEP. La convocatoria fue para participar en el acto formal de apertura con el que se daría inicio a la movilización nacional de los trabajadores que confluiría en el Monumento al Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires.

Una ceremonia que reunió a cientos de trabajadores populares en Av. Garay y Lima, al costado de Plaza Constitución, sobre un escenario, montado sobre el semieje de un camión, hablaron algunos integrantes, frente a una multitud que respondía con un intenso aplauso.

“Recordamos que la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CTEP, reúne a trabajadores de la economía popular que conforman cooperativas y emprendimientos que surgieron como respuesta de la grave crisis que sufren los sectores populares a partir de la década del 90. Actualmente la CTEP cuenta con un reconocimiento social lo que le permite alguna gestión social, pero no tiene reconocimiento gremial lo cual le impide el acceso a los derechos que emanan del trabajo y que le darían amparo al trabajador. Al no contar con la personería gremial la confederación está dirigida por una Mesa Promotora integrada por los representantes de cada sector y un Secretario General, que hoy es Esteban “Gringo” Castro. Aún no han podido celebrar elecciones libres entre sus agremiados porque no tiene la legalidad necesaria. Se estima que el sector de la economía popular está integrado por unas cinco millones de personas en todo el país”.

Ausente de los medios

Miles de banderas ondeaban y mostraban la numerosa asistencia que escuchaba atentamente a sus representantes. Los oradores del acto representaron al MNCI, Barrios de Pie, Mov. Popular La Dignidad, O.S. y P. Los Pibes, Mesa Promotora, MTE Cartoneros, como parte del amplio universo del sector. Todos coincidieron en manifestar la necesidad de dignificar a las y los trabajadores y en los estragos que está causando el gobierno nacional en las distintas actividades que cada uno representa, pero al mismo tiempo realzaron la voluntad de organización y lucha que los sostiene para resistir al atropello y la expoliación. Esteban “Gringo” Castro cerró el acto con unas enfáticas palabras que daban cuenta de la situación actual para el sector popular: “por cada trabajador formal que es despedido, quedan afuera cuatro de los nuestros”, al tiempo que expresó el inicio de un plan de lucha y la necesidad de alcanzar la personería gremial como posibilidad de dignificar el trabajo y acceder al amparo de los derechos más elementales. Un acto propio para dar comienzo a la participación en la masiva marcha de las y los trabajadores que se dio cita frente al Monumento al Trabajo.

Historia

El 1º de mayo se recuerda la lucha de los mártires de Chicago, cuatro trabajadores de prensa y un carpintero, condenados sin garantías del debido proceso y ejecutados en la horca. Formaban parte de un grupo de obreros que reivindicaban la jornada de 8 horas de trabajo cuando en ese momento eran de 14, y a veces más.

José Martí, el gran prócer cubano, en una memorable crónica para el diario La Nación que tituló “Un drama terrible” narró este tremendo episodio del que tomamos unos pequeños fragmentos: “Ni el miedo a las justicias sociales, ni la simpatía ciega por los que las intentan, debe guiar a los pueblos en sus crisis, ni al que las narra. Sólo sirve dignamente a la libertad el que, a riesgo de ser tomado por su enemigo, la preserva sin temblar de los que la comprometen con sus errores. No merece el dictado de defensor de la libertad quien excusa sus vicios y crímenes por el temor mujeril de parecer tibio en su defensa. Ni merecen perdón los que, incapaces de domar el odio y la antipatía que el crimen inspira, juzgan los delitos sociales sin conocer y pesar las causas históricas de que nacieron, ni los impulsos de generosidad que los producen”. La ejecución se convirtió en un espectáculo aleccionador para aquellos que quisieran enfrentarse al capital. No obstante, la reivindicación de las 8 horas laborables quedó consolidada.

Muchos años después aquí y en la Patria Grande las dictaduras acallaron las voces de quienes querían oponerse a los proyectos de los poderes concentrados para multiplicar sus ganancias sin oposición, lo que le costó por lo menos 30.000 vidas en la Argentina y muchas más en toda la región. Unas sombras mortíferas de la mano del gran capital hundieron a nuestras naciones en la oscura noche neoliberal que sumergió a una enorme porción de la población en el hambre, la miseria y el silencio.

De ella renació la lucha en la calle por las reivindicaciones más elementales, que lentamente se fueron recuperando. Una multitud de excluidos y marginados fueron construyendo un nuevo modo de vincularse al trabajo y gestionar las demandas más elementales a la vida y al trabajo. Como parte del gran mundo del trabajo este año la economía popular organizada se hizo presente en la multitudinaria convocatoria para mostrarle nuevamente a los poderosos un pueblo que resistirá dignamente y luchando por sus derechos.

*Es parte de O.S.y P. Los Pibes

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Los “manteros” se movilizaron de manera pacífica hasta el Ministerio de Ambiente y Espacio Público para visibilizar la problemática y peticionar una solución. La falta de respuesta provocó que se trasladaran hasta la Jefatura de Gobierno para exigir una respuesta, que tampoco encontraron.

Hace más de una semana que las imágenes de la televisión muestran el conflicto con los vendedores callejeros de la calle Avellaneda, en el barrio de Flores, perseguidos y desalojados por la Policía, con gran despliegue de la parafernalia represiva. Les ofrecen un galpón para trabajar en las inmediaciones del barrio del Once, que lógicamente no podrá albergar a todos. Muchos se hallan en una situación desesperada, sin recursos para subsistir y alojarse, al borde de engrosar las filas de habitantes callejeros, junto a sus familias.

En una difícil situación se halla este sector de trabajadores populares perseguidos y estigmatizados por los medios que favorecen la construcción de ese imaginario colectivo del espacio público. En este momento su situación es de extrema vulnerabilidad porque se les impide trabajar para poder ganarse el sustento diario. Hoy, en la calle, la consigna era “con el hambre no se juega”. No son empresarios, ni capitalistas, pertenecen al campo popular de menores recursos que hoy, por la ausencia del trabajo diario, no tienen para pagarse las piezas de hoteles o pensiones y cuyos niños solo están comiendo en la escuela, y están a punto de quedar en la calle.

Cuando uno recorre los países de Nuestra América es posible apreciar que la venta callejera es un uso extendido en todas las ciudades, puesto en práctica por los sectores populares y de menores recursos, frente a un mercado del trabajo que ha llegado a un límite y que se ha volatilizado por la creación de nuevas tecnologías y la crisis financiera mundial. Una verdadera crisis civilizatoria ha empujado a las personas a encontrar diversos modos de subsistencia. En una charla con Gabriela Olguin de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) nos dio algunas precisiones que conviene tener presente.

¿Feriantes, manteros o vendedores ambulantes?

Vulgarmente se dice que el feriante está en una feria y el mantero está en la calle, su reivindicación común es la lucha por vender en la calle y el estado de necesidad, de emergencia. Es una práctica que se viene extendiendo desde hace muchos años para sostener las precarias economías de los sectores populares de mayor vulnerabilidad. Se exponen a soportar las variaciones climáticas: sol, lluvia, temperaturas extremas, para ganarse la vida de manera digna, sin ningún derecho que les dé algún amparo. En Buenos Aires hay todo un negocio armado con los puesteros y el manejo de los puestos que tienen alguna protección, que no se dice en voz alta, pero que por lo bajo señala complicidad con las fuerzas de seguridad y comisarías.

Una parte de ellos se hallan nucleados en la CTEP, que le da reconocimiento a su condición de trabajadores y respaldado en la luchas junto a un conjunto de trabajadores de la economía popular que reivindican sus derechos.

Espacio público versus derecho al trabajo

La pelea más importante es con los gobiernos para que sea reconocido el derecho al trabajo, en la vía pública, ya que las reglamentaciones ponen de relevancia la ocupación del espacio público y no contemplan el derecho al trabajo. En la ciudad de Buenos Aires se lleva adelante la batalla emblemática, ya que se quiere “puertomaderizar todo” o sea aplicar la lógica de restricción del espacio público, mostrando una fachada prolija y reservando el espacio para los negocios privados, sin lugar para los sectores de menores recursos o gestionando y administrando el espacio desde el Estado y dejándolo reservado para pocos.

Algunas precisiones de un oficio del que poco se sabe y sobre el que se teje un imaginario social que habla de la disputa con los comerciantes. Gran parte o la mayoría de lo que se vende en los negocios de la calle Avellaneda es producido por mano de obra esclava, sobreexplotación de inmigrantes en talleres clandestinos y trabajo a destajo. Es decir que lo que se vende adentro de los negocios no paga impuestos y tiene el mismo origen que lo que se vende afuera.

El trabajo en la vía pública es una fuente de trabajo, participa de la economía de mercado con una sabiduría propia porque se ofrece lo que se necesita. La venta callejera además genera una economía paralela porque retroalimenta el consumo de los propios puesteros. En la ciudad se judicializan las causas, ya que tiene su propia justicia, sus propios inspectores y primero se persigue a los que suponen inmigrantes. Se arman causas por asociación ilícita, venta de cosas robadas, venta ilegal en la vía pública con allanamiento y detenciones. El gobierno de la Ciudad inicia un dialogo para facilitar una especie de acuerdo y por otro lado manda un fiscal o un juez de la ciudad, una estrategia de los poderosos que se usa en todos los países.

La regulación de la venta ambulante es la prohibición en la mayoría de los lugares: sin autorización no se puede vender en la calle. El gobierno de la Ciudad entregaba un número pequeño de permisos precarios siempre que se ubiquen en las zonas que el gobierno de la Ciudad decida. No es considerado un trabajo en términos de subsistencia: hoy son miles al borde de la desesperación, que solo encuentran en las demandas colectivas y organizadas algún cobijo que les permite no quedar desamparados frente a las fuerzas gubernamentales que parecen estar llevando adelante una limpieza territorial que expulsa a los sectores populares.

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Por la implementación de las nuevas políticas económicas: ausencia del Estado, aumento desenfrenado de insumos y de arriendos de la tierra, el sector hortícola se encuentra en emergencia. La falta de respuestas los ha obligado a tomar una medida de fuerza: “Paro Quintero y Tractorazo”

Esta mañana, el duro trabajo de la tierra que llevan adelante los agricultores familiares que sostienen el consumo diario de verduras de la ciudad se verá modificado. Los productores, junto a las familias trabajadoras, ocuparán la vera de las rutas de transporte de verdura (Ruta 2, Ruta 36, Ruta 6, Ruta 53, Av. 520, Av. 44 y Camino Centenario) en un acto de permanencia durante más de 24 horas en señal de protesta.

Un sector que sufre estructuralmente de empobrecimiento y la falta de acceso a la tierra, en la actualidad se halla en una situación desesperada. En asamblea, a través de los delegados quinteros decidieron llevar adelante un “Paro Quintero y Tractorazo” obligados a esta medida como única posibilidad para visibilizar la situación y ante la falta total de respuestas de los gobernantes. Ya lo había advertido Rosalía Pellegrino a Marcha en nota de marzo, parte de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), que participa del paro de hoy.

Las y los trabajadores hortícolas se hallan nucleados en cooperativas y asociaciones que agrupan a un sector compuesto por un importante número de familias, que viven y trabajan en condiciones de extrema precariedad, que no poseen tierras propias y que diariamente producen lo que comemos, quienes se encuentran agremiados como trabajadores de la economía popular en la Confederación CTEP.

En un comunicado conjunto de las organizaciones que conforman el sector comienzan expresando: “La producción hortícola, y la vida de las familias que diariamente trabajan la tierra produciendo las verduras que consume el pueblo, están al borde del abismo, al igual que el resto de las economías regionales. El alto precio de los insumos necesarios para la producción; agroquímicos, abonos, nylon, herramientas etc. todo a precio dólar, un mercado interno achicado por la inflación, una comercialización llena de intermediarios, hace que nuestros productos lleguen al consumidor con un aumento de hasta a veces el 1.000% (por encima del precio de venta del productor) y el alza desmesurada de los alquileres son algunas de las causas que hacen que por más que trabajemos de sol a sol apenas sobrevivimos”. Agregamos que en este momento los productores están pagando un alquiler de hasta $5.000 la hectárea.

Desde la tierra y para la tierra

Ubicados en el cordón productivo de la zona sur del conurbano bonaerense, en lo que constituye el núcleo de la producción hortícola y de flores de corte, los y las trabajadores de las agriculturas familiares trabajan una extensión de una a dos hectáreas, cada familia, con un volumen de producción importante que les permite extraer de treinta a cuarenta jaulas por día. Una jaula es un cajón de madera en el que, por ejemplo, entran cuarenta paquetes de espinaca.

Estas y estos pequeños productores enuncian que las medidas económicas implementadas por el gobierno nacional los está  está empujando a abandonar las quintas. Los principales motivos enumerados son: 1) La devaluación que ocasionó un aumento entre un 40 y un 80% de los insumos para la producción, mientras diariamente suben esos precios; 2) la eliminación de subsidios para la luz eléctrica, fuente indispensable para el riego, que arrastra un aumento en los costos entre un 100 y un 300% 3) los valores que perciben los productores por las verduras y las flores no ha aumentado por lo que hoy dicen: “Somos mucho más pobres que antes”.

En el comunicado se enuncian una serie de medidas que peticionan como necesarias para el sector:

-Subsidio al gas-oil y tarifa social para la electricidad, utilizada para producir, para las familias de pequeños productores.

-Precio mínimo sostén para la verdura para el productor, y precio tope para la venta al consumidor.

-Medidas ante la emergencia (fondos de insumos, semillas, herramientas etc.)

-Regulación de los alquileres hasta tener una ley de arrendamiento que nos tenga en cuenta.

-Aprobación de la “Ley de Reparación Histórica para la Agricultura Familiar”.

-Línea de créditos blandos a tasa subsidiada para afrontar la emergencia.

-Subsidio compensatorio por un mínimo de seis meses.

Este conjunto de trabajadores y trabajadoras ha implementado diversas estrategias de venta con la articulación con el propio sector de la economía popular a través de ferias populares, o con ventas directas que permiten el acceso a un valor justo tanto para productores como para los consumidores. Sin embargo estas iniciativas son insuficientes para comercializar lo producido y los deja en manos de los intermediarios y los abusadores de siempre.

Hoy las y los trabajadores de la tierra expresan con firmeza: “Necesitamos respuestas urgentes para la emergencia. ¡No producimos para exportar, no cobramos en dólares!! Producimos la comida que consume el pueblo y las medidas del gobierno nos están fundiendo. Nos obligan a dejar el surco para salir a las rutas, lo nuestro es producir alimentos para la población, pero lamentablemente de otra manera no nos escuchan”.

*integrante O.S. y P. Los Pibes

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Frente al encarcelamiento de Milagro Sala, muchos medios y personajes de la política han desarrollado un proceso de estigmatización acerca de la Economía Popular, como necesario chivo expiatorio.

La detención de Milagro Sala por la presunta comisión del delito de “asociación ilícita”, que ha merecido los pronunciamientos del Presidente del Parlasur, el ex Juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, el CELS, Amnistía Internacional, el presidente de la OEA y representantes del Parlamento Europeo, entre otros, por considerarlo un caso de violación a los Derechos Humanos y criminalización de la protesta social, ha sido aprovechado por los grandes medios y el gobierno que encabeza Mauricio Macri para poner en tela de juicio los emprendimientos productivos cooperativos vinculados a la Economía Popular.

Así, La Nación del pasado 20 de enero, entre otros, señalaba que: “El nuevo gobierno afronta el desafío de sanear un sistema de asistencialismo basado en la militancia política, que desvirtuó la sana figura de las cooperativas”.

Continúa con este extenso pero necesario apartado: “A través de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen, que alcanzan a más de 200.000 personas e insumen entre 15.000 y 20.000 millones de pesos anuales, se constituyeron, por decisión del gobierno saliente, pseudocooperativas de trabajo, siguiendo un modelo que ya había sido desarrollado en la provincia de Santa Cruz, a partir de un falso concepto de cooperativismo asociado a una dependencia permanente de la asistencia del Estado. Salvo escasas y honrosas excepciones, sus integrantes, que en la mayoría de los casos ni siquiera se conocen, cobran mensualmente un subsidio.

Los recursos para adquirir los materiales y las herramientas de las obras que, a través de esos programas, supuestamente debieron realizarse han sido dirigidos exclusivamente hacia municipios con afinidad política y en otros casos, de manera directa, a cooperativas con reconocida influencia partidaria en su administración.

En aquellos pocos casos en que las obras se concretaron, se las ha presentado como públicas, realizadas por el gobierno nacional, encubriendo bajo la pantalla de un programa social una real precarización laboral. No han sido los trabajadores quienes decidieron constituir la cooperativa, no fue el Estado el que decidió contratarlos; por el contrario, los subsidió para disminuir ficticiamente y disimular el índice de desocupación y, en el mejor de los casos, los utilizó para la realización de obras con contabilidades difíciles de conciliar, apelando incluso a la dudosa supervisión, en algunos casos, de universidades nacionales”.

El verdadero alcance de la Economía Popular

En Argentina el término “economía popular” (EP) ha sido asociado al llamado sector informal y el de “economía social” a la promoción de emprendimientos productivos asociativos de personas excluidas o pobres, supuestamente rehenes de punteros políticos y el carácter precario en sus condiciones laborales y sociales, cuando en realidad el uso de esta categoría es parte de una batalla para darles nombre y representación a hombres y mujeres cuyas vidas laborales han sido desvalorizadas moral, económica y socialmente. EP es una categoría política que altera los términos de esta desvalorización.

Se trata de un proceso que comenzó 15 años atrás, previo al kirchnerismo, causado por la crisis del neoliberalismo, el quiebre del Estado y el crecimiento de la desocupación que llevó a miles de trabajadores a buscar en emprendimientos asociativos un lugar de inclusión y hoy representa entre el 25/30% de la población económicamente activa.

Este proceso se vio fortalecido en la última década por una serie de políticas públicas impulsadas desde el Estado, en particular las cooperativas de trabajo. Es el caso del programa “Argentina Trabaja” que mantiene el sentido de reinsertar a los pobres en el mercado que los excluyó, aunque muchas veces, como destaca La Nación, precariamente y sin sostenibilidad.

No obstante, esos programas han sido extraordinariamente importantes en medio de una crisis brutal como la heredada en el 2003 y la imposibilidad del sistema para absorber toda la población que busca trabajo.

Las fábricas recuperadas y los emprendimientos productivos de las organizaciones de trabajadores desocupados, heredadas por el kirchnerismo, son otros buenos ejemplos donde el trabajo autónomo, en especial el asociativo, es el factor central.

La multiplicación de redes de economía social y solidaria atestigua que no se trata de algo pasajero. Cada vez más Universidades y ONG incorporan a su agenda aportar capacidades indispensables a la EP. Asimismo, la Economía Social y Solidaria se ha convertido en objeto de programas de investigación y formación de posgrado.

Las redes de software libre son formas de trabajo autogestionado que se han transformado en uno de los rubros más importantes de exportación ingresando más de U$S 3.000 millones al haber de nuestro comercio exterior. La red de productores del mercado de la Estepa en Río Negro o la de 55 ferias francas en Misiones establecen otro tipo de relaciones entre miles de consumidores y productores artesanales y de la economía familiar. La “economía del cuidado familiar” cuyo valor equivalente de mercado es de alrededor de un 15% del PBI, las cooperativas de vivienda, las redes de comercio justo, son parte de la economía social, ocultada por una visión que limita la economía mixta a solo dos sectores: el público y el de las empresas de capital privado.

Sin reconocer la EP es imposible entender cómo funciona el sistema económico, cómo pueden vivir las mayorías con salarios que no alcanzan para comprar lo necesario. En la EP no predomina el objetivo de la ganancia sino el de reproducir la vida de las y los trabajadores y sus familias.

La EP solidaria es un sector cultural y políticamente estratégico que apunta a fortalecer lazos sociales y el cuidado del medio ambiente, frente al neoliberalismo individualista que propugna el “sálvese quien pueda”. Para esto, entre otras cosas, requiere superar la estigmatización.

Otro aspecto de la batalla cultural, y tal vez el más peligroso desde el punto de vista de la economía tradicional, es que todo este proceso es posible sin necesidad de un patrón o un capitalista. Un buen ejemplo es la Red Textil Cooperativa, que nuclea a más de 70 cooperativas de todo el país, que intervino en talleres de la Ciudad de Buenos Aires que explotaban a trabajadores/as de la comunidad boliviana con trabajo esclavo y los incorporó a la autogestión, lo que les permitió desarrollarse como trabajadores/as libres. Donde fracasaron las instituciones del Estado que deberían regular y controlar estas actividades, triunfó la EP “Social y Solidaria”.

Lo que el sector de la EP necesita, no es la crítica parcial y sin fundamento de los grandes medios vinculados a los intereses de la economía capitalista que no solo provocó la crisis del 2001/2002 y fue incapaz de resolverla, sino de políticas públicas como pueden ser una Ley de compra cooperativa, un porcentaje de obras públicas para las cooperativas, la legalización de la tenencia de tierras para los pequeños productores y la agricultura familiar, solucionar la propiedad de los bienes inmuebles y maquinarias de las empresas recuperadas, contra el veto sistemático a las leyes que las protegen, como el reciente caso de “La Robla” por el flamante Jefe de Gobierno de la CABA, Rodríguez Larreta, siguiendo los pasos de su antecesor, Mauricio Macri; la creación de un fondo para el otorgamiento de créditos, etc.

Aunque debe incluir las políticas laborales y los programas redistributivos como la AUH, las “políticas sociales” son complementarias y no alternativas al trabajo autogestionado. Con recursos, la EP puede cubrir parte importante de la demanda de alimentos y textiles, construir barrios enteros, redes de infraestructura, sistemas de comercialización y transporte, como ya lo ha demostrado.

Es posible encarar políticas activas que impliquen una revalorización social y monetaria de sus actividades mejorando los ingresos y remunerando trabajos todavía invisibilizados como el realizado en la economía familiar, casi exclusivamente por las mujeres.

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