Por Camila Parodi 

Si hay algo que aprendimos en las elecciones de los sistemas representativos de la región durante las últimas décadas, es que la combinación de los discursos: religión + miedo al comunismo junto a la implementación de fake news + redes sociales, suele generar buenos resultados. Funcionó con Bolsonaro en Brasil, con Bukele en El Salvador e inclusive le dió un aumento porcentual a Macri durante las últimas elecciones en Argentina pero, ¿qué pasa cuando las mayorías no caen en esos cuentos como estamos viendo en los últimos procesos insurreccionales?. En este momento, el pueblo boliviano impide que los representantes de las elites empresariales y militares den golpe al proceso de cambio y legitiman su elección en la barricada.

Replicando gran parte de las estrategias fracasadas por la derecha venezolana desde el año 2002, un grupo de empresarios cruceños encabezados por Luis Fernando Camacho sentenciaron la renuncia de Evo Morales el pasado sábado. El triunfo en las recientes elecciones de Bolivia del pasado 20 de octubre donde Evo Morales logró su cuarto mandato consecutivo por poco más de diez puntos de diferencia, no hizo esperar el grito en el cielo por parte de la oposición.

El sistema electoral de Bolivia establece que la/el candidato que obtiene más del 50% de los votos o que conserva un 40% y una diferencia de más de 10 puntos gana directamente sin necesidad de segunda vuelta. De esta manera, durante la noche del domingo 20 cuando faltaba por contar un 17% de los votos se interrumpió el conteo provisorio de transmisión rápida de actas -que no es un conteo oficial- el cual ya contaba con una tendencia a la alza a favor de Evo Morales. En segundo lugar estaba Carlos Mesa, quien fuera el ex vicepresidente durante el período de privatizaciones y rebeliones que se desataron en la conocida “Guerra del Gas” en la Ciudad de La Paz durante el año 2002. Y que, apresuradamente se proclamó ganador afirmando que habría segunda vuelta, como si su triunfo hubiera estado asegurado de antemano en el balotaje.

El martes siguiente de las elecciones, el conteo preliminar otorgó a Evo Morales un 46,85% y a continuación un 36,74% a Carlos Mesa. Se trata de una diferencia superior a los 10 puntos, como lo establece el sistema electoral, sin embargo, no contento con el conteo y sin argumentos que contrarresten esa información, Mesa denunció fraude electoral y rápidamente los aliados empresariales, de medios hegemónicos e injerencia internacional supieron hacer eco de sus reclamos y emprendieron su conocido camino de lobby para deslegitimar la elección de la mayoría boliviana.

Por su parte, Luis Almagro, el secretario general de la OEA, había comunicado previamente a los resultados finales al gobierno de Bolivia su “voluntad de colaborar de cara a una segunda vuelta”. Tras la presión internacional y la confianza en su proceso electoral, Evo Morales aceptó que la OEA participe del conteo exhaustivo que podría modificar los resultados establecidos, el cual, paradójicamente Mesa rechazó.

No hay Camacho sin Guaidó

Hasta acá, podría ser una historia conocida de elecciones en las que, tras la derrota, la oposición no reconoce el proceso electoral e intenta pujar, mediante operetas en las empresas de comunicación y organismos internacionales, legitimar una instancia de segunda vuelta. Sin embargo, la aparición de personajes que, hasta el momento no habían tenido participación directa de las candidatura, pero que si aprovechan la sensación de tensión social para construir su referencialidad puede marcar una diferencia. Así surgió Juan Guaidó en Venezuela y así hoy Fernando Camacho intenta aglutinar a los sectores más reaccionarios de la oposición y con esa minoría protagonizar la película que desde el año 2005 es del pueblo boliviano.

Camacho, es el titular del Comité Cívico pro Santa Cruz. Como era de esperar se trata de un empresario que perdió negocios millonarios en relación a la producción de gas en Santa Cruz tras la nacionalización de recursos naturales llevada adelante por el gobierno de Evo Morales. Tampoco sorprende al investigar un poco más que, Camacho esté mencionado con vinculaciones en los ‘Panamá Papers’ ni que sea uno de los mayores evasores de impuestos de Bolivia. Su visibilidad pública comenzó a resonar cuando sostuvo su discurso racista, machista y xenófobo contra Morales y su electorado logrando que sus propios seguidores lo llamen “Macho Camacho” de forma positiva. Tras esta construcción de personaje, desde el pasado 20 de octubre, Camacho era la persona para aprovecharse políticamente.

Sin ningún aval legal y mucho menos constitucional, pero sí con un show mediático sostenido por gran parte de los grupos empresariales, eclesiales y políticos de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra -históricamente opositora al gobierno del MAS- Camacho sentenció a Evo Morales con un plazo de 48 horas para su renuncia, la cual llevaría el mismo a la ciudad de La Paz. Si bien en su pronunciamiento llamó los militares a levantarse contra el Gobierno de Evo Morales y estimuló la realización de golpes violentos contra las institucione, Camacho recurrió a un discurs un poco trillado “estoy yendo con fe y esperanza, con una biblia en la mano derecha y una carta de denuncia en la mano izquierda. Dios vuelve a palacio en los próximos días, por ello me voy mañana por la tarde y tengo fe de que volveré a Santa Cruz con su renuncia firmada”, afirmó en su acto montado sobre el Cristo Redentor de la ciudad, sí, nuevamente el discurso religioso impactando en la política.

Por su parte, desde las ciudades del Alto y La Paz, organizaciones sociales y sindicales sostuvieron una jornada de guardia permanente en defensa del proceso electoral y del triunfo legítimo de Evo Morales. Durante la tarde del martes, cumplidas las 48 horas de sentencia, las y los habitantes del Alto impidieron que Camacho dejara el aeropuerto para dirigirse al Palacio de Gobierno donde entregaría su pedido de renuncia a Morales. Sus tweets, por donde se comunican los nuevos títeres, no tuvieron mayor repercusión que su número fijo de adeptos pero se sostienen en los focos de violencia que se replican en todas las ciudades mientras Santa Cruz se termina de constituir como territorio aislado. Queda la incertidumbre en saber cómo continuará intentando avanzar como así también si la estrategia del Gobierno Boliviano será ningunearlo hasta que pasen sus minutos de fama o judicializarlo por la serie de medidas anticonstitucionales y que incitaron a la violencia a través de los discursos de Camacho. Faltan aún 10 días aproximadamente para que la auditoría finalice y haga públicos los resultados y esa es la estrategia inicial de quienes apoyan el proceso de cambio. Por algo el dirigente de Santa Cruz intenta anteponerse a de esa fecha.

La culpa es de Fidel

Por otro lado, durante los últimos días se evidenciaron 16 audios de conversaciones donde se escucha presuntamente a dirigentes cívicos, políticos y militares actualmente en servicio pasivo y/o retirados, realizan un plan de agitación social, que tuvo su inicio antes del proceso electoral y que se mantenía despúes del 20 de octubre si el resultado no era favorable para ellos.

La totalidad de los audios y los informes se pueden encuentrar en el siguiente link:

https://bbackdoors.wordpress.com/2019/10/08/us-hands-against-bolivia-part-i/ y en el portal Postcuba  se encuentra el resumen de los mismos, el contenido coincide con el discurso de autoridades de gobierno boliviano que denunciaron planes de golpe de estado. En las conversaciones se puede escuchar la mención a un expresidente de la república, al exprefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, al ex diputado cochabambino de NFR Mauricio Muñoz. A su vez, un informe escrito agrega a los exmilitares del Ejército Oscar Pacello Aguirre, Remberto Siles, Julio Cesar Maldonado y Teobaldo Cardozo.

Según la fuente, en uno de esos audios se identifica a la activista opositora Miriam Pereira haciendo referencia a Juan Flores, a su asesor Alex Brañez, Oscar Robles. Allí alerta de un viaje que realizaron a Estados Unidos para reunirse con el opositor Carlos Sánchez Berzaín y un presunto financiamiento de medio de millón de dólares para gastos de movilización. “El chulupi quiere sangre, en esto está trabajando, el financiamiento es por medio millón de dólares para sus gastos”, se la escucha decir enojada en una de las desgrabaciones.

En el informe “Embajada de EEUU en La Paz: Su accionar encubierto en apoyo al Golpe de Estado contra el presidente Evo Morales” se puede encontrar parte de las conversaciones de dirigentes políticos, cívicos y ex militares tras la coordinación del paro nacional cívico del pasado 21 de agosto; allí se encuentran también las estrategias de acciones previas y posteriores a las elecciones nacionales. A su vez, en uno de los audios se escucha presuntamente a Manfred Reyes Villa manteniendo una conversación con personas que no pudieron ser identificadas, pero que les advierte sobre el compromiso de los senadores estadounidenses Marco Rubio, Bob Menéndez y  Ted Cruz para promover sanciones económicas contra Bolivia, si Evo Morales permanece en el Palacio de Gobierno.

A su vez, como en cualquier plan conservador de los últimos 60 años, advierten en las conversaciones a las personas movilizadas tengan en cuenta que el enemigo en Bolivia es Cuba planteando acciones de violencia frente a la embajada. “Mi coronel, tenemos que decir fuera cubanos, mueran cubanos. Los comités cívicos exigen a países internacionales, es estúpido; quien gobierna el país son los cubanos”, se escucha.

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Por Hernán Apaza

Existen una serie de imágenes recurrentes que relampaguean cuando se hace referencia a la historia de Bolivia. Algunas más lejanas, referidas a los levantamientos y rebeliones indígenas decimonónicas; otras, ya entrado el siglo XX, se condensan en torno a la Revolución del ’52 o a la presencia del Che en aquellas tierras. Más cercanas y cruentas por la proximidad y los potentes registros, sacuden las que aluden a la Guerra del Agua y por el Gas. Ciertamente, también es fuerte el cuadro de un aymara presidente o de más de una chola como representante en el Congreso Nacional en un país históricamente dominado por la minoría “blanca” o criolla. Estas imágenes y poco más, porque como suele ocurrir, más allá del efecto impresionista -muchas veces atravesado por cierto centralismo rioplatense-, poco se conoce de los procesos históricos de los pueblos de Nuestramérica. O, en todo caso, estamos hábidos de un relato mayor que enhebre estos acontecimientos que los contenga y otorgue un sentido general.

El recorte bibliográfico es caprichoso y lejos está de nuestra voluntad sostener el presunto monopolio que quieren ejercer historiadores académicos sobre el pasado. Este breve artículo no pretende más que presentar una serie de producciones referidas a la historia de este país publicados y editados en su gran mayoría en tierra boliviana, y producidos por investigadores/as nativos/as. Desde ya, lo que sigue a continuación no agota el panorama sino que simplemente ponemos a consideración de quienes se interesen por el pasado del país algunas contribuciones que consideramos relevantes.

Inicialmente, podemos organizar los estudios sobre el pasado boliviano de dos maneras: a partir de cierta periodización o atendiendo a los temas y/o problemáticas que los motivan. De toda la bibliografía producida en los últimos 15 años por lo menos, destacan dos preocupaciones: el Estado boliviano y los movimientos sociales, ambos atravesados por la ‘cuestión indígena’ y, en menor medida, por problemáticas referidas al regionalismo boliviano, tal y como desarrollaremos más adelante. Asimismo, dos acontecimientos resultan trágicos en la memoria histórica popular: la derrota frente a Chile y la pérdida de salida al mar y la guerra contra el Paraguay, en torno a los cuáles se construyó históricamente el nacionalismo boliviano. Finalmente, otro de los interrogantes más sostenidos refiere al -nunca alcanzado- desarrollo de la economía.

En cuanto a la periodización, la operación historiográfica coincide en destacar cuatro grandes períodos, atendiendo a las transformaciones político-institucionales: aquel que centra su atención en las culturas originarias del actual territorio boliviano (del 10.000 a.C. al 1540 d.C., aproximadamente); el período colonial, con el triunfo español y el sometimiento de los pueblos originarios (siglos XVI y XVII) y un período de reformas, rebeliones y crisis del orden colonial (1700 a 1825); la independencia y el régimen republicano (1825 a 1952), en el que la periodización encuentra alteraciones, conforme se tenga en cuenta la consolidación del régimen oligárquico, la emergencia del nacionalismo y el estallido revolucionario de 1952. La Bolivia posrevolucionaria, a su vez, pendula entre el militarismo y la democracia.

Entre los trabajos de síntesis histórica, hasta hace unos años sólo se contaba con las sucesivas reediciones del clásico estudio de Herbert Klein (cuya primera edición es de 1982) y a la también reconocida “Historia de Bolivia” de José de Mesa, Teresa Gisbert y Carlos Mesa Gisbert (cuya primera edición es de 1997 y fue sucesivamente actualizada y reeditada). A ellos, se sumó un importante aporte: en 2015 se publicó una colección compuesta por seis tomos, producto de años de investigación historiográfica académica, facturada por un colectivo de investigadorxs provenientes de diversas disciplinas, nucleadxs en la “Coordinadora de Historia”. Tanto la “Historia de Bolivia” de Mesa, Gisbert y Mesa Gisbert como el de la Coordinadora se destacan por extender su estudio a la historia reciente de Bolivia, llegando a tematizar la primera mitad del siglo XXI. Ambos coinciden también en construir una periodización clásica, asentada en los cambios político-institucionales, aunque sus declinaciones interpretativas sean diferentes.

Si la periodización es segmentación del tiempo y construcción de unidades históricas constitutivas de un proceso histórico determinado, consideramos que puede encontrarse una veta potente, en términos de política de la Historia, intervenir y desestabilizar las continuidades expresadas por las periodizaciones tradicionales -estadocéntricas, patriarcales y en muchos casos reaccionarias al protagonismo de las clases populares- a partir de diferentes investigaciones históricas que refieren a los nudos problemáticos anteriormente mencionados. En particular, teniendo en consideración que la historia de las clases populares y de los grupos dominados -sean indios o afrodescendientes, mujeres o identidades disidentes- es la historia de lo discontinuo, debido a que todos los intentos emancipatorios, hasta el momento por lo menos, fueron derrotados, quedaron truncos. Aquí, sólo vamos a detenernos tan sólo en dos o tres vectores populares en la Historia boliviana.

Indianismo

En la introducción a un valioso libro editado en 2007, “Bolivia: memoria, insurgencia y movimientos sociales”, Maristella Svampa decía que “tal como afirman investigadores como Silvia Rivera, Raúl Prada y Luis Tapia, la Bolivia actual es el resultado del cruce y yuxtaposición entre elementos que provienen de la memoria larga (la colonización), la memoria mediana (el Estado nacional-popular de los cincuenta) y la memoria corta (las luchas antineoliberales, a partir de 2000).” Se trata de otro modo de organizar la materialidad histórica, esta vez apelando a un fuerte componente subjetivo como es la “memoria” popular.

De la obra citada, recuperamos justamente dos artículos dedicados a la “memoria larga”, escrito por Álvaro García Linera (“Indianismo y Marxismo. El desencuentro de dos razones revolucionarias”) y Luis Tapia (“Bolivia: ciclos y estructuras de la rebelión”). Pueden ser conjugados para tratar de comprender los avatares del marxismo boliviano y sus encuentros y desencuentros con la tradición indianista o indianismo (el texto de García Linera) como así también el papel de los sindicatos en las luchas obreras e indígenas, abordando también la cuestión nacional-popular, desestimada por el actual vicepresidente de Bolivia. Este mismo debate entre las tradiciones político ideológicas, muy particularmente el indianismo, está profundamente analizado por la propia Svampa en su libro “Debates latinoamericanos” de 2016.

Desde otra perspectiva, original y potente, Silvia Rivera Cusicanqui ha producido un corpus investigativo que merece ser considerado con atención. Aquí, si bien resulta importante, más que destacar su clásico “Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y qhechwa, 1900-1980”, de 1984 consideramos necesario estimular la lectura de sus más recientes obras, ya que allí se encuentran lecturas únicas del proceso histórico de los pueblos originarios de su país a través de lo que ella ha denominado “sociología de la imagen” (2015), como praxis descolonizadora. En este movimiento de fuerte reivindicación del mundo indígena, destaca también su “Ch’ixinakax utxiwa: una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores” (2010).

Menos conocida -en Argentina, por lo menos- es la obra de José Teijeiro, cuyo “La rebelión permanente. Crisis de identidad y persistencia étnico-cultural aymara en Bolivia” (2007) es un aporte fundamental para comprender la centralidad que la dominación colonial tuvo desde el siglo XVI en adelante, y cuyas consecuencias aún son visibles y padecidas por las grandes mayorías de la población. Pero sobre todo, permite explicar las razones de la consecuente reafirmación de la identidad aymara, a pesar de la violencia secular a la que fue sometido el indio.

Otras producciones, ya clásicas y dignas de atención, son las que se encuentran contenidas en la “Biblioteca del Bicentenario de Bolivia” (http://www.bbb.gob.bo), promovidas por el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia de la Nación, entre las que se pueden encontrar textos como “La revolución india”, de Fausto Reinaga, “La cara india y campesina de nuestra historia”, de Xavier Albó y Josep Barnadas, “Historia de la Rebelión de Túpac Catari”, de María Eugenia del Valle o “Cuando sólo reinasen los indios. La política aymara en la era de la insurgencia”, de Sinclair Thompson y “El Katarismo”, de Javier Hurtado Mercado.

Los movimientos sociales

En lo que respecta a los movimientos sociales, para la historiografía en general el actor fundamental a lo largo del siglo XX fue la clase obrera y sus organizaciones y centrales sindicales. De allí que existe bibliografía dedicada a ella, no sólo en la academia sino también producidas por las organizaciones partidarias de izquierda (por ejemplo, la “Historia del movimiento obrero boliviano”, de Guillermo Lora).

Otra puerta de acceso al pasado del pueblo boliviano es hacerlo considerando la historia de sus organizaciones, aquellas que fue construyendo al calor de la lucha y de los conflictos sociales, económicos y políticos. Como bien afirma García Linera “si algo hubo de derechos ciudadanos durante el siglo XX, en buena parte se debió al ímpetu organizado de los sindicatos.” Esta frase pertenece a la Introducción de “Sociología de los movimientos sociales en Bolivia. Estructura de movilización, repertorios culturales y acción política” (primera edición en 2004), coordinado por García Linera en coautoría con Marxa Chávez León y Patricia Costas Monje. Se trata de un mapa riquísimo de las organizaciones populares: “bajo distintas formas, comunitaria, gremial, sindical de gran empresa, barrial o étnica, si algo caracteriza a la sociedad boliviana es su recurrente capacidad de construir tejidos de adhesión y movilización colectiva con efecto estatal.” Se trata de la sistematización de la historia de doce centrales o coordinadoras de organizaciones de base, analizadas desde la teoría de los movimientos sociales. Más allá de que aborde las que existían al momento de la elaboración de la investigación, la obra permite retroceder en el tiempo, identificando antecedentes y genealogías.

Particularmente, en relación a la historia de la estructura partidaria bajo la que se presentó Evo Morales, “MAS IPSP. Instrumento político que surge de los movimientos sociales” (2008), presenta la investigación de Marta Harnecker y Federico Fuentes sobre esta organización. Estructurada en dos partes, la primera bucea en los antecedentes y el contexto histórico de surgimiento del partido en 1995, mientras que la narración de la segunda parte está sostenida por testimonios recogidos a partir de entrevistas a informantes clave.

Otra producción relevante es la de Gustavo Rodriguez Ostria (2014) “Capitalismo, modernización y resistencia popular, 1825-1952”. En su investigación analiza históricamente la confrontación entre las tendencias modernizantes desde arriba a las formas tradicionales indígenas, desde abajo, atendiendo al proceso de producción minero, agrario y gomero. Así, indica Raúl Reyes Zárate en el Prólogo, “trata de entender las respuestas laborales anticapitalistas no en la manera del proletariado industrial como las huelgas y las protestas, sino como modalidades de acción preindustriales con la persistencia de rituales y códigos de conducta sumados a tradiciones agrarias propias del mundo andino.” Además, refiere a los sindicatos (entre 1936 a 1952), así como también a la presencia de las mujeres en los movimientos obreros mineros; a las comunidades y pequeños campesinos y sus organizaciones durante la primera mitad del siglo XX hasta la Revolución. Entre sus cualidades, esta investigación es sensible a la perspectiva regional, algo que no puede decirse de muchas obras.

Finalmente, pueden considerarse relevantes para quienes se interesen por la historia reciente de Bolivia, atender a las publicaciones patrocinadas por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, (en particular el OSAL), así como también aquellas editadas por el Centro de Investigaciones sociales (http://www.cis.gob.bo), entre las que encontrarán investigaciones serias y con rigor teórico metodológico referidas a la participación de los movimientos sociales campesino, indígena, de mujeres y obrero en el actual proceso boliviano.

La cuestión del Estado (plurinacional)

Referir a la teorización del Estado en Bolivia es aludir directamente a René Zavaleta Mercado, uno de los más originales exponentes teóricos de izquierdas nuestramericano. Pero más que abrevar en su obra -relativamente conocida y de reciente reedición- existe un conjunto de estudios que durante las últimas dos décadas se ha dedicado al estudio de la naturaleza del Estado-nación y de la sociedad boliviana, contraponiendo el proyecto liberal no ya al nacional-popular, sino a las formas estatales construidas por las comunidades originarias como uno de los nudos problemáticos más fuertes de Bolivia.

Una de las obras que elegimos destacar es la de Luis Tapia (2016) “El momento constitutivo del Estado moderno capitalista en Bolivia” que si bien se presenta como analítico y teórico antes que historiográfico, no puede evitar trabajar con la materialidad histórica para dar cuenta de la etapa de constitución del Estado boliviano durante el siglo XIX para concentrarse luego en el proceso que se abre a mediados de la década de 1930 y culmina con la Revolución de 1952, que a juicio del autor, es el momento en el que se constituye el estado capitalista en Bolivia.

“Configuración y horizontes del Estado plurinacional”, de 2014 y compilado por Jorge Viaña, es una obra colectiva que tiene como objetivo la problematización de la constitución del Estado Plurinacional en Bolivia. Partiendo de premisas elaboradas por Zavaleta Mercado, los autores plantean que sólo conociendo las sucesivas crisis orgánicas que atravesó el Estado en Bolivia, puede comprenderse cabalmente los límites y posibilidades que se abren en el presente para la consolidación de un verdadero Estado plurinacional. Para ello, recorren la historia del Estado boliviano desde 1935 (momento al que caracterizan como de “crisis orgánica del Estado oligárquico” hasta la crisis del Estado neoliberal (2000-2003) y consolidación de un nuevo sistema hegemónico.

Finalmente, consideramos el trabajo de Omar Guzmán Boutier (2014), “Modelo político andino en Bolivia”, como un aporte fundamental para pensar la vitalidad del mundo indígena y constatar de qué manera, en Bolivia, no puede haber un estado verdaderamente plurinacional si no permite que las instituciones y autoridades propias de las comunidades puedan ejercer sus funciones, tal y como los propios ayllus lo entienden. Basado en la etnohistoria y en la sociología política, Guzmán Boutier realiza un meticuloso estudio de los principios, valores y organización política y social de los ayllus, a lo largo de diferentes períodos históricos, bajo la dominación colonial, republicana y contemporánea. Lo que el autor propone es que, ante la crisis del sistema de representación democrática occidental, la salida es un sistema mixto que incorpore la democracia directa, tal y como es ejercida hoy en los ayllus andinos.

Hasta aquí, algunas pocas de una ingente cantidad de producciones históricas que se han venido produciendo en Bolivia, en particular a lo largo de los últimos 20 años, sostenidos por el ciclo de crecimiento económico del país. Investigaciones que encuentran cobijo en universidades nacionales y centros de investigación, en las páginas de revistas como “Estudios Bolivianos”, “Tinkazos” e “Historia y Cultura”, entre otras; y bajo sellos editoriales pujantes, algunos de los cuáles cuentan con el patrocinio del Estado –puntualmente, de la Vicepresidencia. Lecturas historiográficas que posiblemente encuentren su contrapunto en revistas como Willka y Pukara, en portales como Jichha, en las producciones e intervenciones de Mujeres Creando o en las vinculadas al indigenismo que aún encarnan dirigentes como Felipe Quispe. Todo ello no habla sino de la vitalidad y diversidad de un pueblo intérprete de su Historia, de la acontecida y de la que están deseosos por protagonizar, en un futuro abierto y en el que sólo tienen todo por ganar.

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Ante las elecciones generales del 20 de octubre, la derecha y el imperialismo impulsan una ofensiva focalizada contra el presidente Evo Morales. Los logros económicos y sociales como consecuencia de las políticas gubernamentales no pueden ser ocultados.

Por Carlos Antón (*)

Ante ese hecho, las élites, nuevamente recurren a la campaña sucia, de tinte racista, que intenta desvirtuar que, más allá del liderazgo de Evo, es el pueblo trabajador y originario quien lleva adelante el Proceso de Cambio en Bolivia.

Con el xenófobo grito de “fuera los indios de mierda de Bolivia”, unos cientos de jóvenes blancos del departamento oriental de Santa Cruz  atacaron, el 12 de septiembre, con piedras y palos las sedes del Movimiento al Socialismo (MAS), en la región. “No más collas, vamos a sacar a todos los indios de mierda de Bolivia, vamos a sacar a todos los collas de mierda de la patria”, vociferaba la turba, mientras destrozaba las instalaciones. 

Superar cinco siglos de  ultraje colonial y de racismo, como el expresado por esos jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista y el Comité Cívico de Santa Cruz es uno de los mayores logros de los sucesivos gobiernos encabezados por el presidente Evo, que apoyado en la participación política de las masas campesinas, indígenas y obreras, y usando las herramientas que otorga la Constitución surgida de la Asamblea Constituyente de 2007,  avanzó contra la segregación y la violencia racial.

En 2007, el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó en una visita a Canadá: “los indios en Bolivia han decidido ser actores políticos y tomar decisiones, este es el hecho político más importante de la historia republicana y que ha dado muerte al modelo neoliberal”. 

La política de dignificación de los pueblos indígenas de Bolivia posibilitó su participación en el parlamento, la vigencia de una jurisdicción indígena campesina, el derecho a la autonomía, el autogobierno indígena y el reconocimiento de la plurinacionalidad del país. Pero durante todos estos años de gobierno del MÁS, se dio otro paso importante y la Confederación Obrera Boliviana (COB) está acompañando en unidad con los sectores campesinos y el gobierno el Proceso de Cambio. 

Es esto lo que le duele a la burguesía boliviana y el imperialismo. Por eso están montando una campaña para deslegitimar al gobierno, acudiendo a las mismas recetas que se llevan adelante en Venezuela y otras partes del mundo donde hay gobiernos que se oponen a EEUU.

Imperialismo, incendios y golpismo

Bolivia integra el bloque regional de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), un bloque frecuentemente atacado por el imperialismo, en especial a Cuba y Venezuela. 

Desde 2008, cuando Evo expulsó al embajador norteamericano Golberg acusado de injerencia en asuntos internos, no existen relaciones diplomáticas entre Bolivia y Estados Unidos. Para EEUU, el gobierno del MAS es un gran problema. En abril de este año, los senadores estadounidenses, Cruz, Menéndez y Durbin impulsaron una resolución de su Cámara con el objetivo de presionar a su gobierno para que busque impedir que Evo Morales sea habilitado como candidato presidencial.

Esta nueva intromisión de Estados Unidos (EEUU) en la política soberana de Bolivia, fue rechazada por García Linera que expresó: “Les recordamos a esos funcionarios que EEUU, como potencia decadente, tienen muchos problemas internos y en vez de gastar sus recursos y tiempo en entrometerse en asuntos políticos de otro país, mejor se dediquen a resolver sus propios problemas”. 

Incendios

Ante la caída en picada de las expectativas electorales de los candidatos de la oposición, el imperialismo y sus agentes están usando los incendios en la Amazonia, para incrementar la desestabilización.

La principal zona afectada es el Bosque Seco de Chiquitania, ubicado en el departamento de Santa Cruz. La histeria fomentada por diversas ONGs y los partidos de la oposición sobre este incendio  contrasta con un hecho que poco se ha informado: los focos de incendio se redujeron en pocos días de 11 mil 500 a 1.360, como producto del trabajo de más de 4 mil personas, y el despliegue de 200 vehículos y cinco aeronaves.

Sin embargo, grupos opositores a Evo, han querido responsabilizarlo por la extensión de los incendios, al tiempo que lo señalan como “único culpable” de ellos, ante la supuesta ampliación de la frontera agrícola. En cambio, esos mismos actores le quitaron importancia o defendieron -como hizo el diario opositor, El Deber, de Santa Cruz- a los delincuentes apresados propagando el fuego. Con respecto a esto el presidente Evo Morales denunció el 30 de agosto que “Algunos grupos están pagando a los jóvenes para que vayan a incendiar y echarnos la culpa, no se puede entender eso, por razones políticas traer problemas”.

Esto podría quedar en un mero hecho policial, si no fuera que vanguardizando la campaña contra el gobierno se encuentra la ONG ambientalista Ríos de Pie fundada por Jhanisse Daza, miembro de la Human Rights Foundation (HRF). A su vez la HRF pertenece a la red Atlas Foundation, que son los mismos sectores que financiaron a grupos que impulsaron la destitución ilegal de Dilma Rousseff. Por otra parte, Jhanisse Daza, fue formada en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Y se considera además admiradora y persona cercana a Srdja Popovic, miembro del movimiento serbio Otpor que destituyó al presidente Slobodan Milosevic, en lo que se considera una de las primeras “revoluciones de color” del mundo. 

Pero también nos encontramos acá con un viejo conocido. Juan Guaidó, (guarimbero, golpista y autoproclamado presidente encargado de Venezuela), que, siendo un joven estudiante universitario viajó en 2005 a Belgrado para recibir formación por parte de miembros de Otpor. 

De todo este entramado se puede deducir con facilidad que las críticas a Evo en el tema de los incendios, tiene  poco que ver con ellos y mucho con ensuciar la campaña electoral del MAS y desestabilizar al gobierno.

Elecciones: Profundizar el Proceso de Cambio o volver al neoliberalismo

El 20 octubre se realizará en Bolivia elecciones generales para elegir a 352 autoridades nacionales, presidente, vicepresidente, 36 senadores, 130 diputados, nueve representantes ante organismos supraestatales, cada uno con sus respectivos suplentes. 

Las tres alianzas políticas que disputan la presidencia del país y que marchan a la cabeza en las encuestas, proponen dos visiones de país, de pueblo y de realidad internacional. Por una parte tenemos a quienes defienden los principios de lucha por la liberación nacional y social, el antiimperialismo, la igualdad y la democracia participativa y la emancipación latinoamericana expresada en el Movimiento Al Socialismo (MAS), la Central Obrera Boliviana (COB) y los movimientos populares. Defendiendo el neoliberalismo, la dominación e invasión imperialista y reivindicando los valores aristocráticos y oligarcas, tenemos a Comunidad Ciudadana (CC) con Carlos De Mesa Gisbert y Bolivia Dijo No (BDN) con Oscar Ortiz Antelo. Estas fuerzas hacen campaña explícita por la inmediata reanudación de relaciones diplomáticas entre La Paz y Washington. Inclusive los parlamentarios de BDN han pedido a Trump intervenir en Bolivia para impedir la candidatura Evo. Pero las diferencias con Evo y García Linera no terminan allí. Frente a Cuba y Venezuela,  De Mesa y Ortiz se manifiestan opositores a los gobiernos de estos países en línea con la administración de Trump, y al mismo tiempo respaldan las políticas de Macri en Argentina y Bolsonaro en Brasil.

También en los programas económicos aparecen contradicciones antagónicas. Mientras Mesa y Ortiz se pronuncian por reanudar las relaciones comerciales con EEUU, impulsando los Tratados de Libre Comercio y reducir el papel económico del Estado, Evo defiende las políticas de defensa del mercado interno, la industrialización de las materias primas, el impulso estatal y la integración de América Latina y el Caribe para superar el modelo primario exportador basado en la venta de minerales, soja e hidrocarburos. Para avanzar hacia una sociedad democrática, con horizonte en el socialismo del siglo XXI, es imprescindible atravesar una etapa de consolidación del manejo nacional de los recursos genuinos del pueblo boliviano, y a la vez avanzar en mayores niveles de participación popular, y en el control de los resortes fundamentales de la vida económica nacional. La necesidad de estas tareas estratégicas, la velocidad en que se impulsan  es un debate muy importante para las fuerzas revolucionarias en Bolivia. 

Situación económica y social

La idea central fue (y es), en palabras de García Linera, “la construcción de un Estado fuerte, que regule la expansión de la economía industrial, extraiga sus excedentes y los transfiera al ámbito comunitario para potenciar formas de autoorganización y de desarrollo mercantil propiamente andino y amazónico.” 

En estos últimos trece años, Bolivia viene creciendo entre el 4 y el 5%. La base en la que se asienta este desarrollo económico, inusual en América Latina, es la nacionalización y el control estatal de los recursos naturales y  otras áreas estratégicas. En su artículo 349, la Constitución boliviana dice: “Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del Pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo.”

En cumplimiento de esto, el 1º de mayo de 2006 las Fuerzas Armadas ocuparon el campo de gas y petróleo San Alberto, el más rico del país y desde allí Evo anunció al mundo la nacionalización de los hidrocarburos, diciendo: “Llegó la hora, el día esperado, un día histórico para que Bolivia retome el control absoluto de nuestros recursos naturales”. 

A partir de esa medida el Estado recibe del 82 al 85 % de las ganancias y entre el 15 y 18 % queda en manos de la empresa extranjera. Una medida similar se aplicó a la minería donde  entre el 50 y 55 % queda en manos del Estado y del 45 al 50 % va para la empresa privada dependiendo del mineral que se trata: estaño, wólfram, plomo o plata. Al mismo tiempo, el sector eléctrico pasó enteramente a manos del Estado, en las telecomunicaciones, la mitad ha pasado a manos del Estado y los servicios de agua en su totalidad son estatales, porque estaban en manos extranjeras hasta la llegada del MÁS al gobierno. 

La nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, realizada como parte de una estrategia de desarrollo nacional, contrasta con las muy limitadas estatizaciones realizadas en la Argentina durante la etapa kirchnerista, que no formaron parte de ninguna estrategia nacional, sino que se tomaron como una forma de “cubrir” lo que las empresas privadas no iban a hacer (como ocurrió en la empresa d Aguas Argentinas, en Aerolíneas, y con mayor gravedad en YPF). 

Álvaro García Linera ha dicho que “Bolivia tiene dos motores: el motor del mercado interno y el motor del mercado externo, cuando el motor del mercado externo falla, como ha pasado en otros países de América Latina, la ha mantenido el motor del mercado interno para que la tasa de crecimiento continúe así”. 

Para que ese mercado interno funcione y  sea parte del crecimiento fue necesario redistribuir la riqueza, lo que permitió sacar a la población de la extrema pobreza y de la pobreza. Medidas que sin duda son de obvia justicia social,  pero que también son económicamente importante. Hay que considerar que cuando el MAS llegó al gobierno cada diez bolivianos, cuatro eran extremadamente pobres y seis eran pobres; ahora ha pasado a ser un país con un 30 % de  pobreza, con un 15 % de pobreza extrema. Y el Gobierno se propone que para el año 2025 esta tasa llegue a un 7 %. Otras medida importante para atacar a la pobreza fue el incremento del salario mínimo que pasó de 50 dólares en 2006 a 300-306 dólares, en la actualidad, que aún cuando sigue siendo un salario básico mínimo, se ha multiplicado por cinco y un poco más.

Paralelamente el Estado lleva adelante políticas de industrialización en distintas áreas, es decir ya no se trata  simplemente de extraer los minerales como tierra, sino también industrializarlos.

Todas estas medidas y otras más llevan al Gobierno a estimar que la economía crecerá en 2019 a una tasa del 4,7% lo que supone liderar el crecimiento económico de los países de la región.

En el ámbito del sistema financiero con la llegada de la dupla Evo-García Linera se  logró la bolivianización del sistema financiero que permitió combinar el bienestar macroeconómico con el bienestar microeconómico de las familias, algo diferente a lo que sucede en Perú, Colombia o Paraguay, que sólo pueden presumir de buenos indicadores macroeconómicos, y muy diferente de Argentina, que no disfruta bienestar macro ni microeconómico. 

En el caso de las reservas del Banco Central de Bolivia aumentaron  1174 (2005) a 8008 millones de dólares en la actualidad. Y los créditos productivos se multiplicaron por diez, llegando además la inversión pública a ser del 11% del PBI (2018), también la primera del continente. Y un dato descollante en América Latina: tres cuartas partes de la inversión pública se financia hoy con recursos internos. De esta manera luego de catorce años de importantes obras en todas las regiones del país, la deuda pública externa de mediano y largo plazo ascienda sólo a algo más de diez mil millones de dólares, representando un 23.6% del PBI.  

En este punto es importante destacar, que mientras todo lo descripto sucede en Bolivia, en Argentina  la deuda pública en diciembre de 2018 era del 97,7% del PBI. A lo que se le suma una economía dolarizada, empresas públicas en manos extranjeras, pobreza y extrema pobreza en aumento, etcétera, y todo esto con el beneplácito del FMI.

Un logro fundamental, y  que tiene proyecciones estratégicas profundas, es la reducción del analfabetismo que pasó del 73% en el año 1950, 20% el año 1992 al 2,4 % en la actualidad, superando por lejos el estándar que pide Naciones Unidas (8%) para establecer el mínimo necesario en las sociedades actuales. 

Dijo Eduardo Galeano sobre Bolivia: “El mundo se divide, sobre todo, entre indignos e indignados, y ya sabrá cada quien de qué lado quiere o puede estar. Bolivia es un país con una muy demostrada capacidad de indignación y por eso, a más de ser digna y ser amada, esta nación merece la admiración de todos”.

La COB apoya la candidatura de Evo presidente

El 9 de  abril de 1952, el pueblo minero, obrero y campesino derrotaron al Ejército de la oligarquía e iniciaron la gran revolución, cuyos hitos históricos cambiaron el rumbo del país. Ocho días más tarde, el 17 de abril se fundó la Central Obrera Boliviana que es uno de los logros de la Revolución de 1952, que perdura con el tiempo. 

Durante los primeros años del gobierno del MAS, la COB, mantuvo una política crítica que fue cambiando a medida que la derecha cruceña y el imperialismo redoblaban los ataques contra el gobierno. En el XVII Congreso de la Central Obrera Boliviana (COB), ser resolvió apoyar la Revolución Democrática y Cultural y el Proceso de Cambio, así como la candidatura presidencial de Evo Morales. 

La decisión del Congreso de la COB significa, al mismo tiempo, el fortalecimiento de las organizaciones sociales y populares agrupadas alrededor del Pacto de Unidad y de la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM), convertidas en los soportes políticos fundamentales del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) en más de una década. Forman parte de CONALCAM los campesinos, las mujeres campesinas, los colonizadores o interculturales, los indígenas de tierras altas y bajas, las juntas vecinales, los cooperativistas y los trabajadores de distintos sectores.

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Por César Saravia

Esto viene motivado principalmente por un incremento en los últimos años del acceso al servicio de Internet. Según datos de la ATT, autoridad reguladora de las telecomunicaciones en Bolivia, de 2012 a 2017 la cobertura del servicio de internet mantuvo una tendencia creciente, superando desde hace unos años a otros servicios tradicionales como el móvil.

La Encuesta Nacional de Opinión sobre Tecnologías de la Información, realizada en 2016 por la ATT, reveló que el 67,5% de la población en Bolivia había tenido acceso a Internet en un periodo de 30 días, con los mayores porcentajes en los departamentos de Santa Cruz, principal centro comercial de Bolivia, y Tarija, al sur del país. En la Paz, el porcentaje estuvo por debajo del promedio nacional con un 60%.

La encuesta también muestra entre sus hallazgos que el 62% de quienes accedieron a Internet lo hicieron para consultar redes sociales, siendo Facebook (94%) y WhatsApp (91%) las más utilizadas, seguidas de Youtube (40%) y Twitter (17%). Ya el referéndum de 2016, en que el No (51,3%) a la continuidad de Evo se impuso por un 3% de diferencia al Sí (48,6%), quizás la principal derrota política de los últimos años para el MAS, las noticias en internet comenzaron a tener un amplio protagonismo, tal es así que el gobierno adjudicó la derrota a una intensa “campaña de difamación” y de “guerra sucia”.

La contienda electoral tuvo su punto de partida, al menos en términos mediáticos, precisamente en redes sociales, una vez que el principal candidato opositor, Carlos Mesa, anunciara en un video de 7 minutos en Youtube que se postulaba a la presidencia de Bolivia. En este video, Mesa llama a comenzar “un nuevo tiempo”. Acusa a Evo de aferrarse al poder y no a un proyecto y se posiciona como el candidato para romper el “continuismo”. Con este discurso, ya el principal candidato opositor esboza lo que será el concepto central de su campaña, una apelación a romper con los 13 años del MAS.

Un análisis de la conversación en Twitter hecho para el último mes, muestra que su campaña se centra principalmente alrededor de tres consignas, expresadas en los HT #EsAhoraONunca #UnaBoliviaMejor #YaEsDemasiado, siendo este último el que más conversación ha generado entre su seguidores. En las últimas semanas, además, Mesa apela al “voto útil” como mecanismo para superar la desventaja que le dan las encuestas y alcanzar un ballotage en donde apuesta a canalizar el voto “antiMAS”. En el contexto del incendio del Amazonas, la estrategia opositora se ha centrado en responsabilizar al gobierno de Morales, aprovechando el descontento y las críticas que desde diversos sectores llegan al gobierno por su política en relación a los bosques.

Por su parte, Evo buscará la reelección pese a la derrota en el referéndum y con el desafío de superar la caída en su imagen luego éste. La elección llega en un contexto económico favorable para el país, pero con un desgaste en el proyecto político del MAS. Evo Morales no ha sido históricamente un presidente muy activo en redes sociales. De hecho, su cuenta de Twitter fue abierta hace tres años, justo unos meses después de perder el referéndum en 2016. Hasta ese entonces, Evo llegó incluso a asegurar que las redes sociales eran contaminantes.

Lo cierto es que el reconocimiento del papel que jugaban las redes a la hora de difundir la información forzó al gobierno a implementar una estrategia digital. De hecho, si lo comparamos con otrxs presidentxs latinoamericanxs del ciclo progresista, la entrada de Evo al mundo digital es bastante tardía. Por ejemplo, Cristina Kirchner y Rafael Correa tienen cuentas de Twitter desde 2010. Nicolás Maduro, por su parte, tiene su cuenta abierta desde 2013. Otrxs referentes del progresismo latinoamericano, como Gustavo Petro (en Twitter desde 2009) y Dilma Rousseff (2010) también tienen una incursión anterior. Esto refuerza la tesis de que en Bolivia las redes sociales como escenario de la lucha política adquieren fuerza en los últimos años y son un dato novedoso de cara a esta elección.

Para 2018, Evo ya había abierto su cuenta en FB e Instagram, con lo que el MAS amplió su estrategia comunicacional en lo digital. La principal consigna en este sentido es la de apuntar a un proyecto continuidad, por ejemplo bajo el HT #FuturoSeguro en donde el candidato oficialista prioriza la visibilización de los logros de su gobierno, con una gira de inauguración y lanzamiento de proyectos de infraestructuras. El surgimiento de figuras más jóvenes como Andrónico Rodríguez y Adriana Salvatierra, como rostros referentes de un proceso de renovación en el MAS, son elementos a destacar, pues con esto el gobierno busca acercar al votante más joven.

Las Fake News, protagonistas

En la línea de lo que viene ocurriendo en otros procesos electorales de la región, las Fake News viralizadas a través de redes circulan cada vez con mayor intensidad. Aunque hay una tendencia a relacionar noticias falsas con internet, y en particular con redes sociales, lo cierto es que la tergiversación y reproducción de noticias falsas es bastante antigua. La diferencia quizás radica en que las redes han permitido masificar su alcance, y además, eliminar la necesidad de intermediación de los medios masivos para alcanzar llegar al público. Las noticias, muchas veces disfrazadas o con orígenes difusos han generado incluso la necesidad del periodismo y de las distintas militancias de llevar a cabo iniciativas que desmientan mucha de esta información.

La elección en Bolivia no ha estado exenta de este fenómeno y las noticias circulan de un lado hacia otro. Desde tuits falsos que tienen como fin ridiculizar a los candidatos, uso de noticias viejas, hasta noticias que plantean detenciones de opositores. Por ejemplo, el 3 de octubre, el candidato Mesa publicó en su cuenta de Facebook una noticia de El País que data desde 2017, en donde se informa que Evo Morales había hecho un viaje a Cuba con fines médicos. Mesa aprovechó esta noticia para criticar al sistema de salud nacional, pese al carácter descontextualizado de la misma.

Otro caso de noticias falsa fue la que circuló la cuenta de nombre Paola Sánchez, donde se aseguraba que el presidente del Comité Cívico de Potosí se encontraba desaparecido luego de que Evo ordenara su detención, noticia que fue desmentida por el portal Bolivia Verifica. La noticias falsas también afectaron a Mesa, mediante un montaje de audio donde el candidato supuestamente señalaba su interés de trasladar los poderes del Estado a la ciudad de Sucre. Estas y otras noticias han sido protagónicas y ya se vuelven cada vez más comunes en la disputa electoral. De momento, este fenómeno parece incontrolable y sus efectos negativos en la información ciudadana y la democracia ya es una preocupación.

El digital, otro territorio más para la disputa

Las redes generan en muchos sectores un particular entusiasmo, tanto así que muchos se ven en la tentación de reducir la política a éstas. No obstante, llevar la política al terreno de lo “hipermediático”, como lo llama Manuel Castells, tiene como principal problema que, al igual que lo que ocurre con el mundo del espectáculo, sostener un proyecto político sea más difícil por la poca organicidad de quienes adhieren a este. La reciente derrota de Mauricio Macri en las PASO, es un ejemplo de que el exceso de marketing político tiene sus límites cuando surgen sentidos que no descansan en lo “narrado”, como podrían ser los casos corrupción, sino en aspectos más cotidianos, como el de la crisis económica.

Del lado del progresismo y las izquierdas, todavía existe mucho prejuicio, al grado que muchas veces se cae en el error de explicar este fenómeno como mera “manipulación de masas”, ignorando que muchas de las ideas que refuerzan estas estrategias ya existen en las subjetividades de la sociedad. La discusión, entonces, no pasa tanto por si las redes llegaron para reemplazar otras formas de hacer política, sino más bien por el hecho de que las mismas son un escenario más de la lucha política y el desafío pasa por articularlas con proyectos políticos con una perspectiva territorial y estratégica.

El ciclo de elecciones presidenciales nos arroja una pista en Guatemala, donde la candidatura de Thelma Cabrera, por el MLP, herramienta electoral del CODECA, organización de base en Guatemala, logró con su estrategia electoral, alrededor de la consigna #YoElijoDignidad instalar entre votantes jóvenes la necesidad de construir un Estado Plurinacional en Guatemala, demanda histórica de los pueblos originarios en el país centroamericano. El MLP logró una histórica elección en, alcanzando un cuarto lugar, apenas 3 puntos por detrás del segundo. Esta experiencia mostró que es posible articular una construcción de base de más largo plazo con las tecnologías digitales, con el fin de interpelar a sectores más amplios. En lo que se refiere a redes sociales, todavía queda mucho por decir, pero la necesidad de generar más y mejores articulaciones es urgente. El debate, está abierto.

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Por Oscar Soto | Foto de Juan karita AP

Bolivia. Año 2019. El rostro de las comunidades indígenas reflejado en la fisonomía del gobierno que encabeza Evo Morales, no debiera naturalizarse tan ligeramente. El hecho de que la trama estatal boliviana contenga una mínima porosidad por la cual un indígena, pobre y rebelde, se cuele y llegue al gobierno, no constituye un suceso frecuente; en un país y en un continente en el que las élites económicas tradicionales han hegemonizado el poder político, la contingencia de un gobierno de los sectores explotados, -como dice Amelia Barreda- “obliga a traspasar los límites del modelo liberal e incluso traspasar los límites de una interpretación marxista de la democracia, porque si bien la historia que está por detrás de este inédito proceso de democratización ha sido de explotación y dominación, hay que tener en cuenta factores fundamentales para la interpretación: el racismo mezclado con las estructuras clasistas y una cultura dominada pero con la persistencia de sus tradiciones y prácticas comunitarias”i. A continuación hacemos un breve análisis de la politicidad boliviana reciente, “mechando” la posibilidad de una lectura zavaletiana de las potencialidades y las limitaciones del masismo en el poder, de cara a una elección decisiva en la región.

Bolivia abigarrada

Por razones históricas sabemos que no hay universalismos ni dialéctica del avance en nuestras sociedades periféricas, antes bien las realidades nacionales se presentan sincréticas e imperfectas, cada una con su particularidad. En ese sentido, el paso del momento colonial hacia una forma de “emancipación pos-colonial”, suele operar como distorsión de un tipo de genealogía negada en la inscripción de los procesos políticos latinoamericanos. Concretamente, el historial boliviano -previo al actual Estado Plurinacional-, se erige sobre matices que contrapesan épocas económicas, y configuraciones políticas que entrelazan signos feudales, capitalismo consolidado y vetas estatales intentando abrazar la complejidad andina; algo así como una formación abigarrada en los términos de René Zavaleta Mercado ii..

Esa idea de abigarramiento invita a pensar dos constelaciones, por un lado una civilización agraria caracterizada por relaciones sociales que responden “a la adaptación de las comunidades humanas a la naturaleza y su ritmo”, mientras que por el otro remite a una “civilización moderna que se caracteriza por la ruptura de la concepción cíclica del tiempo, hacia concepciones progresivas” de tipo moderna-industrial-capitalista, que se organiza sobre la distinción Estado-sociedad civil, en tanto acumulación originaria y formatos capitalistas hegemónicos iii. De esa heterogeneidad apilada surgen los márgenes de acción posibles que intentan quebrar el yugo del sometimiento histórico en Bolivia, sea desde arriba o desde abajo, desde el Estado o desde la sociedad civil.

Si para entender América Latina, la noción gramsciana de bloque histórico iv nos aclara una probable ecuación entre sociedad civil y sociedad política, es la lectura de Zavaleta Mercado la que nos remite a las razones originarias de ese bloque como tal, al estilo de un “momento constitutivo arcano” v que moldea las formas existentes de esa sinergia entre sociedad y Estado. Entonces, si hay bloques de poder y hay momentos constitutivos es necesario precisarlos para entender la Bolivia actual, puesto que con el avance de la economía capitalista y las nuevas modalidades de colonialidad, la forma Estado en tanto ultimidad clasista sugiere el formato de su relación con la sociedad civil. De hecho, toda la estructura geopolítica latinoamericana es configurada desde la nominación del continente como sitio de dominación, palimpsesto en el cual se inscriben las luchas políticas pasadas-presentes, y se visibiliza el entrevero de intereses económicos corporativos y privilegios históricos.

El caso boliviano de los últimos años es todo eso abroquelado y en tensión.

Momento constitutivo de lucha social

Entre los meses de enero y abril del año 2000 se desató en Cochabamba, centro de Bolivia, un proceso de fuerte lucha social, que definió roles futuros en el reparto político de una posible salida al predominio neoliberal. De un lado se ubicó el Banco Mundial y la multinacional Bechtel con la componenda del presidente y ex-dictador Hugo Banzer; del otro: un conjunto de voluntades populares politizando y cuestionado el (no) acceso al agua, las condiciones sociales de existencia y la apropiación material como paisaje naturalizado. Se nos ocurre pensar con Zavaleta Mercado que allí, en los bordes de esa disputa acuífera, probablemente despunta un momento de “gratuidad hegemónica”, algo así como una disponibilidad constitutiva que en otro tiempo supo fortalecerse en la “autodeterminación de lo humano, de la fuerza de la masa como aplicación de una experiencia ancestral a la eficacia productiva y también histórica…que por tanto es un argumento de la multitud, […] formas de intersubjetividad o totalización…que si se potencian con su autoconocimiento se consuman en un término que se ha convenido en llamar el socialismo” vi.

El proceso de irrupción subalterna en Bolivia expresa, en ese retrato de época, un momento inicial de la constitución del gobierno de los movimientos sociales vii. Luego, desde el año 2006 al 2009 el andamiaje de la lucha reivindicativa que se desplegó en toda America Latina, particularmente en el Cono Sur, tendrá en Bolivia el corolario de una perforación a las hendiduras que el neoliberalismo edificó. Esto es así porque los primeros años, mediante dos medidas fundamentales, el gobierno de Evo consolida el instrumento político del Movimiento al Socialismo (MAS) como un bloque de poder subalterno en ejercicio de funciones estatales: la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria de una Asamblea Constituyente viii bastaron como apertura al aluvión de enemistades y contradicciones en ascenso que sobrevinieron luego.

Álvaro García Linera, vicepresidente e intelectual boliviano, describe ese transito que va desde el conflicto por el agua hasta la consagración electoral del MAS como un proceso de ruptura con el consenso pasivo que el neoliberalismo había construido ix -“develamiento de la crisis de Estado” dirá García Linera-. De alguna manera, al calor de esos años se articuló todo un bloque popular en torno al movimiento campesino/indígena -desde regantes, obreros hasta productores de hoja de coca- que se inscribirían explícitamente en la construcción política del MAS. Allí nace el Estado como articulador de la propuesta masista de poder en Bolivia. Si algo podemos destacar sucintamente de este periodo es que como sostenía Zavaleta: “en la gestación de la ecuación, el Estado mismo es un actor consciente (o se propone serlo) dentro de la sociedad civil, sea como productor, como emisor ideológico y aun como facción, según el momento del desarrollo de esa relación […] el valor mismo es la igualdad o ecuación histórico-moral entre el bloque de la dominación, cuyo centro es el Estado, y el trabajador productivo total” x

Momento estatal y nuevo escenario

El crecimiento económico de Bolivia, que en 2008, 2013 y 2014 alcanzó valores en torno a un 6% anual, disminuyendo la pobreza de un 38,2% a un 21,6% (solo entre 2005 y 2012) xi, marcan la fuerte instrumentalización del momento estatal como reafirmación de la disputa entre bloques antagónicos. En 2008, referéndum revocatorio de por medio, el 67% de los y las electoras ratifica la magistratura de Morales en el poder: el vuelco sobre la trama del Estado deviene sostén de la disputa política, entre otras cosas porque discutir el capitalismo en sociedades globales contemporáneas implica reñir desde o con el Estado, como el mismo Zavaleta Mercado decía: “el capitalismo en su fase actual tiende a hacerse menos societario y más estatal” xii. Por lo tanto, el intento de compatibilizar un instrumento político en la administración del Estado con un horizonte socialista, le significó al gobierno de Evo una profusa disputa agónica y antagónica ampliada desde la misma estatalidad xiii, y aquí, retorna una vez más la teoría política zavaletiana: “nadie podría negar la relación que hay entre el ritmo de rotación del capital y las grandes totalizaciones capitalistas, como la nación y el Estado moderno, y aun entre el valor como forma general y la producción de sustancia estatal, o, por último, entre el patrón de desdoblamiento de la plusvalía y la formación del capitalista total” xiv. Dicho de otro modo: esta experiencia popular no daría un combate político contundente sin el recurso persiste a la dinámica estatal.

Lo que proponemos aquí es que hay una distinción marcada en el proceso de cambio e impugnación neoliberal latinoamericano de principios de siglo, caracterizada porque los gobiernos que emergen de la movilización social/popular se afianzan en la ecuación Estado-sociedad, en los intentos de disputa contrahegemonica de este periodo. Por otra parte, si hay un proceso político radicalizado y potente de ese ciclo de impugnación neoliberal xv, ese es el gobierno boliviano, uno de los más persistentes y virtuosos. Su constancia, desde aquellos momentos de constitución política hasta el periodo actual, descansa en la resignificación de la estatalidad boliviana, en el núcleo mismo de la forma Estado, penetrado en gran parte por un bloque social y popular empecinadamente excluido. Casi como una porfía zavaletiana podemos pensar en voz alta: “…en todo caso, está a la vista que es arbitrario sostener que todo momento estatal es reaccionario, tanto como suponer que toda determinación popular es progresista. Por el contrario, en determinadas instancias la única forma de unidad de lo popular es lo estatal” xvi

Encrucijadas abiertas y elecciones en puerta

El ciclo boliviano de disputa contra la simbología neoliberal se ha afianzado en la figura fuerte de un liderazgo como el de Evo Morales y en un conglomerado de alianzas identitarias y configuraciones sociopolíticas que han renovado, durante casi 14 años, las pulsiones que sustentan el proceso de cambio. El momento estatal no ha sido sino la consecuencia directa del quiebre producido por el activismo popular, los movimientos sociales de base y las autonomías territoriales que no claudican. Precisamente sobre la base de esa virtud estatalista han madurado las tensiones de la revolución cultural en Bolivia, lo dicen los defensores del proyecto político y lo reafirman sus críticos: desde los años 2010 y 2011, cuando florecen conflictos icónicos como el “gasolinazo” o el TIPNISxvii, la implosión de las contradicciones al interior del bloque nacional-popular en Bolivia se acrecenta. Viaña y Pinto dirán que se abre paso un tiempo de “estatalismo pragmático” en tanto las tensiones entre gobierno y movimientos sociales se dirimen a través de una institucionalización estatal que acaba por subsumir las dirigencias socialesxviii, mientras García Linera propondrá la idea de “tensiones creativas” resaltando la necesidad de sostener la movilización popular convertida en presencia estatal gubernamental.

Creemos que resultados económicos, avances sociales y la relevancia de mantener un gobierno de izquierda en la región, se confrontan con el realismo estatal y la iniciativa de gobierno que, en más de un momento, desnuda un choque de fuerzas materiales hablando idiomas desparejos. El Estado centralizando y los movimientos reclamando autonomía, o el gobierno reafirmando el crecimiento para salir de la pobreza frente a la demanda desde abajo de mayor socialización de los espacios comunitarios y los recursos nacionales, todo mezclado y tensionado arriba a una jornada electoral más.

Las encrucijadas actuales que colocan a Evo Morales frente al desafío de conservar el gobierno, disputado entre otros por Carlos Mesa –el ex vicepresidente del neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada- colocan en el centro la -ya histórica- disputa hegemónica de Bolivia. Zavaleta Mercado a quien retomamos en el análisis situado y comprometido solía decir “…que el Estado recoge en sí no sólo la imposición de la clase dominante sino también el grado de las conquistas de los sectores subalternos [por lo tanto] asume entonces toda la lucha social, y no sólo su resultado. Por debajo de esto trabaja el criterio que podemos llamar de reciprocidad o complicidad. El vencedor contiene al vencido, el oprimido en algo se parece al opresor. Es, en otros términos, la hegemonía, o al menos su premio…”xix.

Así, como el requisito para salir del neoliberalismo ha sido que todo lo que pase por las manos del Estado, en la Bolivia plurinacional, se transforma en materia estatal; en el futuro inmediato de la revolución cultural y democrática de Bolivia, todo lo que signifique autonomía de lo político y construcción de poder popular debe recostarse de nuevo en las lógicas horizontales de abajo. La ecuación Estado-sociedad civil tiene el reto de reinventarse en un posible nuevo mandato de Evo Morales Ayma.

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Por Vladimir Mendoza Manjón desde Cochabamba

En medio de la fiebre electoral de cara a las nacionales de 2019, el gobierno del MAS centra su campaña política en mostrar kilómetros de asfalto, toneladas de cemento, la ampliación institucional del Estado y, no menos importante, la estabilidad social. Pero los logros tienen que ser valorados no sólo desde un enfoque funcional y pragmático, sino también estratégico. El actual proceso boliviano no puede entenderse ni menos desvincularse de los levantamientos populares de 2003 y 2005 que provocaron una fuerte crisis social y política en el país. Por diversas razones, el MAS terminó capitalizando las fuerzas sociales que provocaron la caída del gobierno del MNR en 2003 y la primera rotunda victoria electoral de Evo Morales el 2005.

Marx caracterizó como “ascendente” a la primera etapa de la revolución francesa de 1789, que se apoyó y finalmente encumbró a la corriente más radical, los jacobinos, y como “descendente” a la revolución de 1848 debido a su retroceso estratégico en cada una de sus fases recorriendo rutas más conservadoras y restauradoras. En el proceso boliviano el MAS se apoyó en la movilización de masas que puso en jaque al sistema liberal de partidos y procedió con reformas políticas y económicas (nueva constitución, renegociación de contratos de explotación de gas con las petroleras, estatización de algunas empresas de servicios) que en gran parte consolidaron su liderazgo. En su actual fase, el “proceso de cambio” ha conquistado estrechas relaciones con el núcleo más fuerte de la burguesía criolla, los agroindustriales, y ha desplegado políticas de altos incentivos a la inversión extranjera con la finalidad de profundizar el patrón primario exportador de la economía. De alguna manera, la fase “ascendente” del proceso boliviano tendió la alfombra para que se deslice la “descendente”. Una lectura del programa electoral del MAS y de su llamada agenda patriótica deja en claro la completa ausencia de reformas sociales, económicas o políticas de peso que siquiera retóricamente apunten a una transición postcapitalista. La transición efectuada en Bolivia es la de una situación altamente explosiva a la relativa calma, para ello el régimen político “plurinacional” tuvo que domesticar, estatizar y cooptar con prebendas a una gran parte de las organizaciones populares. Los elogios del FMI, de los analistas financieros liberales, del propio Bolsonaro y, por supuesto, del empresariado nacional y extranjero a Evo Morales son, además de lo dicho antes, la evidencia de que el MAS es el actual partido del orden.

A poco de celebrarse las elecciones nacionales, Bolivia tiene un escenario altamente contradictorio y complejo, donde las tendencias sociales y políticas de un nuevo ciclo aparecen todavía opacas, mientras en la tarima principal todavía siguen sonando ideas repetidas en 15 años de dominio político del MAS que sólo logran sobrevivir porque nuevas tendencias y fuerzas, en el campo obrero y popular, son todavía demasiado germinales e inmaduras.

La clave de la gobernabilidad

El MNR que tomó el poder después de la insurrección de abril de 1952 es el antecedente de partido “populista” más análogo al actual MAS, pero el devenir de la “revolución nacional” que dirigió el MNR estuvo fuertemente marcado por la coyuntura económica. Si bien su gobierno realizó medidas de impacto largo (nacionalización de las minas y reforma agraria), las condiciones internacionales le jugaron en contra: la baja cotización de los minerales y la fuerte dependencia de los ingresos fiscales respecto a la “ayuda externa” le obligaron a dictar bien pronto medidas (“Plan Eder”) que chocaron rápidamente con el movimiento sindical, sobre todo minero, arruinando rápidamente sus relaciones políticas con la clase obrera, hecho que produjo también un reposicionamiento de las fuerzas de izquierda en ese ámbito. En la actualidad, sin que haya habido modificación alguna del capitalismo rezagado en el país, las condiciones para proveer materias primas al mercado mundial han favorecido a los países más atrasados: los históricos ingresos por la extracción del gas y en menor medida de los minerales le han dado al régimen de Evo una estabilidad política difícilmente conseguible en otra situación de la coyuntura económica.

Bolivia es un país tradicionalmente exportador de materias primas al mercado capitalista mundial. La dependencia de este patrón de acumulación hace que sus ciclos económicos de auge, recesión y depresión están directamente relacionados con la demanda y precios de sus recursos naturales exportables en el comercio exterior. El reciente ciclo de expansión económica que vivió el país es fundamentalmente producto de un crecimiento de los ingresos promedio por venta de gas de 888 millones de dólares, para el período 2000-2005, a 4 mil millones anuales desde 2006 hasta la fecha. De otra parte, si se suman además los ingresos de dólares por la exportación de otros rubros como los minerales, la quinua o la soja, tenemos el cuadro de una inyección económica del mercado mundial que es inédita en la historia del país. Este peculiar contexto económico explica, aunque no agota la explicación, el amplio margen de acción política que tuvo y todavía tiene el gobierno de Morales para resguardar desde el Estado las condiciones de esta forma de reproducción económica de capitalismo rezagado.

El relato político y las contradicciones sociales

La ideología no es sólo la pintura que recubre el edificio del régimen político sino también el cemento con el cual se montan los ladrillos. “Proceso de cambio”, “plurinacionalidad”, “soberanía económica”, “gobierno indígena” y un largo etcétera de nociones funcionan también como legitimadores del orden social. El gobierno ha contribuido enormemente a “normalizar” el capitalismo en términos materiales y simbólicos, esto es, a encarrilar la vida de los trabajadores y las demás masas populares a las reglas del intercambio de mercancías, procurando deshacer los “obstáculos” culturales para que ello suceda. Ahora es motivo de orgullo oficialista la visibilización de la burguesía de origen aymara, que además de potencia económica ostenta también poder simbólico con sus ceremonias sociales (“prestes”) o el estilo neoindigenista en su arquitectura.

Las múltiples manifestaciones de expansión en el consumo de masas (grandes centros comerciales, el fomento a la compra en supermercados empresariales a través de la transferencia directa del salario como el subsidio de lactancia o el 15% del doble aguinaldo), extienden no sólo la posesión de cosas (mercancías) sino también de símbolos (estatus, poder, autoestima) a grandes masas, antes material o simbólicamente excluídas: en tanto que las mercancías adquieren formas sociales –pensemos en el indígena rural que posee una vagoneta de lujo -, su posesión ejerce un poder sobre los individuos dirigiéndolos a adaptarse con mayor convicción a las relaciones sociales dominantes al tiempo que da a éstas más regularidad. Es la incorporación al mercado (“formal” o “informal”) de grandes porciones de la población donde tiene asiento el relato de la inclusión, de la cual el MAS se viene jactando como logro del proceso de cambio. Sin embargo es obvio que la “inclusión” al mercado es siempre selectiva. La capacidad de acumular mercancías está en directa relación con la posesión de medios de producción. La clase obrera que produce valor está completamente informalizada en un 70%, con sueldos bajos y sin derechos laborales vigentes, a su lado convive la enorme masa de gente que se dedica al comercio chico. Enormes porciones de la población tienen muy escasas oportunidades de fungir la “inclusión” que el gobierno pavonea y eso que cumple el “requisito”: posee condición indígena. De modo que la plurinacionalidad que declaran los documentos legales (la CPE, la ley contra el racismo y otras) sólo la pueden ejercer los que cuenten con el suficiente poder material para hacerlo.

El poder económico que concentran los grupos capitalistas en la sociedad global es la causa del abismo cada vez más grande entre los derechos y facultades políticas que la democracia liberal otorga al individuo y la desigualdad social y económica que produce y reproduce el sistema social. Asistimos actualmente en la región a un ataque sin precedentes a las condiciones de vida del pueblo trabajador. Por ejemplo, el gran capital transnacional se dirige a ubicar los salarios de los obreros latinoamericanos a los niveles más bajos de la historia. El salario real promedio de un obrero argentino es de 200 dólares, el del obrero venezolano es de 4 dólares. Para llegar a esos mínimos históricos, la cantidad de “derechos” escritos en la superestructura jurídica de cada país es irrelevante: el chavismo en Venezuela y el macrismo en Argentina, ideológicamente distantes, se parecen por su grandioso aporte político en la función de depauperar a la clase trabajadora.

En Bolivia, la Constitución ha otorgado derechos colectivos a las comunidades indígenas e incluso a la naturaleza pero igualmente mantiene el derecho a la propiedad privada y a su modelo de gestión económica que reconoce como un elemento fundamental la gran empresa. Entre ambos derechos formalmente reconocidos en la esfera jurídica se impone siempre la invulnerabilidad del poder económico frente al sistema democrático. Pensemos en la empresa “San Cristóbal” (de propiedad de la Sumi Tomo japonesa), el emprendimiento transnacional más grande en el ámbito de la minería en Bolivia. Para asentarse ha conformado en la práctica una republiqueta empresarial, afectando las formas de vida social y cultural de las comunidades cercanas a los yacimientos, manejando discrecionalmente los recursos naturales usados para la explotación minera (como el agua), estableciendo formas de explotación ambiental que ningún país europeo permitiría, etc. Recientemente (septiembre de 2019), los obreros de dicha empresa han sostenido una huelga general indefinida exigiendo el cumplimiento de un laudo arbitral ya emanado del Estado y que la empresa simplemente se niega a ejecutar. En el capitalismo, el asalariado sin propiedad ciertamente puede gozar de libertades e igualdad juridicas e incluso derechos políticos, sin que, no obstante, pueda tener la probabilidad de privar al capital de su poder de apropiación, y aún más allá, de su poder de hacer respetar su “derecho” a plusvalía por encima del “derecho” del trabajador a una explotación “justa”.

Otro de los ejes discursivos del MAS ha sido que la Constitución promulgada el 2009 pretende superar la democracia liberal por la vía otorgar derechos colectivos, por ejemplo las autonomías de los pueblos indígenas, habilitando jurisdicciones donde los ejerzan. No obstante, la propia dinámica del actual ciclo político boliviano ofrece elementos para conclusiones más generales. En el famoso conflicto del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure) que tuvo sus picos más altos el 2012, queda demostrado ampliamente que los mecanismos de “consulta previa” fueron manipulados por el gobierno central y en ningún caso sujetas a un requisito básico de cualquier decisión: la información y la deliberación colectiva libre de presión. La razón obvia es que el Estado tiene prioridades dictadas por el tipo de expansión económica vigente que no puede tolerar manifestaciones democráticas, pues la construcción de una carretera por medio de un parque natural y territorio indígena es el acceso más llano a la mercantilización de todo ese espacio. Los más actuales ejemplos de las comunidades en Tariquía apuntan en el mismo sentido que el TIPNIS; el Estado aúna intereses materiales con transnacionales como la Petrobras para dirimir a través de la coerción institucionalizada a favor del poder económico, usando métodos muy al uso: división de organizaciones populares, compra de dirigentes, amenazas si todo lo anterior no funciona y por último la represión policial franca. En un mundo en el que el estatus jurídico o político no es el principal determinante de nuestras oportunidades de vida, en el que nuestras actividades y experiencias se encuentran en gran medida fuera del alcance de nuestra identidad legal o política, la libertad definida en estos términos deja mucho sin considerar. Sólo en el capitalismo se ha vuelto posible dejar intactas en lo fundamental, las relaciones de propiedad entre el capital y el trabajo y permitir al mismo tiempo la democratización de los derechos civiles y políticos, esto debido a el carácter fundamentalmente “autónomo” de la explotación capitalista respecto a la superestructura jurídica, explotación que dirime el antagonismo social y las divisiones de clase y por tanto el poder económico y social.

MAS y movimientos sociales

En tanto que partido nacido de los movimientos campesinos, de gran acción social y ya con proyección política desde los años 90, el MAS tuvo que, de manera sobre todo pragmática, ajustar sus mecanismos de cohesión y acción colectiva una vez que tomó las riendas del Estado. Se bautizó a sí mismo como “gobierno de los movimientos sociales”, pero, y esto es clave, los mecanismos de participación de los colectivos sociales funcionaron, en el mejor de los casos, como factor de presión sobre el presidente y su círculo de poder más íntimo. Una de los conceptos claves de la izquierda, de tradición socialista, es precisamente concebir la profundización de la democracia no sólo como una modificación en las formas de la representación política sino en la posibilidad de que el pueblo organizado delibere y resuelva aspectos fundamentales de su vida social y económica. El socialismo rompe con la democracia liberal no sólo porque es mucho más avanzado en los propios términos de ésta (la revolución rusa estableció por vez primera el voto universal) sino que rompe con la separación entre democracia política y democracia económica y social. En el caso boliviano la fidelidad de las organizaciones sociales al gobierno está asentada en el asistencialismo (“me apoyas y te construyo caminos, escuelas, hospitales o sistemas de riego”) y no en una actividad propia de abajo a arriba que permita hablar de una real transformación social.

Es esencial el componente “inversión pública” como el cemento material e ideológico que fortalece la identificación étnica y simbólica con un gobierno “propio”. Es, sin lugar a dudas, una red clientelar que permite regimentar al movimiento campesino también a través de la creación de una sólida cadena de mando de dirigentes sindicales que definen el destino de dineros del Estado. Esta red, como no podía ser de otra manera, tiene como un elemento central la corrupción tanto estatal como sindical. La experiencia venezolana sobre este tipo de relaciones entre organizaciones de base y el Estado son lo suficientemente claras como para sacar conclusiones de lo perverso del asunto.

Bolivia es un país que está viviendo un proceso de urbanización tardía, de sus 11 millones de habitantes el 70% vive en áreas urbanas. El dato muestra la declinación de la agricultura familiar campesina que, tradicionalmente, ha sido la producción destinada a la canasta alimenticia de los trabajadores de las ciudades. La producción agraria que sí ha repuntado es la de la agroindustria, abastecida por el latifundio y por la pequeña producción incorporada a la producción de mercancías de exportación como la soja. El dato no es menor, pues sirve para pensar un proceso de campesinización de un vínculo más sólido con la producción capitalista, donde el individuo y su propiedad se desarraigaron de la comunidad a medida que la producción quedaba cada vez más fuera de las reglamentaciones comunitarias.

A modo de conclusiones

Cuando el MAS perdió el referéndum para la modificación de la Constitución con el fin de re-postular al binomio Evo-Álvaro, una parte de la base electoral tradicionalmente antimasista (asentada en la clase media profesional, principalmente) procuró organizar el rechazo de la mayoría que votó por el “no” a la reelección en una movilización social que, además de ideas como “respeto a la democracia” o rechazo a la corrupción, no pudo desarrollar un programa más amplio que incorpore a sectores populares, lo que redundó en el aislamiento de las llamadas “plataformas ciudadanas”, replegándolas después a los partidos de la oposición electoral.

En Bolivia no existe una oposición política con capacidad de movilización social real que enfrente al gobierno del MAS. La última oposición de este tipo se suicidó políticamente el 2008 montando actos desesperados semi-golpistas que la condujeron a su derrota. Por supuesto, todo relato que intentara mostrar una victoria “revolucionaria” sobre la reacción movilizada tiene más elementos de fantasía que otra cosa. Contrariamente a lo que ocurriría en Venezuela del 2002, donde el chavismo fue depuesto por una asonada derechista que a su vez fue derrotada por las masas movilizadas, dando al chavismo un impulso de radicalización política e ideológica, en Bolivia, una vez que se derrotó el “golpe”, el MAS decidió seducir a la fracción de la burguesía que lo había intentado liquidar desplegando una serie de políticas favorables como pactar modificaciones en el texto de la constitución que garanticen el latifundio (“pacto” que sesionó al margen de la constituyente), la aplicación de normativa y gestión de recursos para lograr el potenciamiento de toda la clase empresarial y latifundista, sobre todo la asentada en el oriente del país, idilio que arriba en un virtual “cogobierno” entre el MAS y los entes corporativos de la burguesía agroindustrial como la CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente) y ANAPO (Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo) pues todos los logros de la oligarquía son obtenidos en “encuentros” y “mesas de trabajo” compartidos que después se traducen en políticas públicas casi todas nefastas, como el reciente incendio provocado en los bosques de la Amazonía y Chiquitanía.

La agenda del gobierno boliviano actual es seguir apostando por una economía nacional estable a través de la exportación de productos primarios como el gas y los minerales, contrarrestando su caída con ingresos provenientes de la agroindustria y la carne, principalmente, y utilizar los dólares ingresados para destinarlos a la inversión fiscal en infraestructura y en menor medida en algunos “bonos” (asistencia social) para sectores de la población. Esa es toda la magia económica de la llamada bonanza. Con todo, el éxito relativo de esta política económica le permite al gobierno realizar una campaña electoral de carácter impresionista: carreteras aquí y allá, teleférico…mucho cemento y asfalto. De la otra acera, la oposición electoral tiene poquito que criticar y nada que ofrecer: se queja de la corrupción y su principal caballito de batalla es el no respeto de parte del gobierno a los resultados del 21 de febrero de 2016 donde el MAS perdió el referéndum, un caballito de patas cortas y que llegará a las elecciones de Octubre agotado y, probablemente, derrotado.

En el campo popular, la situación es más contradictoria. Incluso en el área rural el gobierno ha enfrentado desgastantes combates con sectores que una vez le fueron adherentes (pueblos indígenas de tierras bajas, cocaleros de los Yungas, población de Achacachi). Entre los sectores urbanos el avance del MAS en controlar el 95% de las dirigencias sindicales no parece tener un efecto completo: recientemente el citado conflicto minero en la empresa más grande del país, los todavía tímidos intentos de la clase obrera industrial de las ciudades del eje y un conflicto ya largo con los trabajadores en salud son síntomas de una relación con posibilidades de conflicto ascendente.

Es innegable que el gobierno de Morales tiene todavía el vigor suficiente que lo coloca como puntero en todas las encuestas y que, posiblemente, le otorguen un nuevo mandato desde el 2020. La clave de su fortaleza es el pacto de la estabilidad económica con amplios sectores de masas. Si ese pacto tambalea, las cosas se modifican, no necesariamente en sentido progresivo o de izquierda, claro está. El factor de una oposición de izquierda prácticamente inexistente en el panorama político no deja mucho margen para ilusionarse en una salida anticapitalista. Si bien sabemos que nada aparece de la nada, los espacios de lucha y autonomía política que algunos movimientos populares pueden abrir son escenarios donde los núcleos de la izquierda pueden intentar influir y sacudirse su traje todavía fantasmagórico.

Cochabamba, septiembre de 2019

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Por Claudia Cuéllar

Quien posee a las mujeres de un territorio posee el territorio, esta es la regla de los viejos y nuevos patriarcas. Maria Mies

En Bolivia, los incendios provocados por la agroindustria cruceña y que hacen parte de un pacto depredador con el gobierno y las transnacionales, han devastado alrededor de 2 millones de hectáreas entre los departamentos de Santa Cruz y el Beni afectando un total de 20 municipios. En estos territorios se han visto afectadas 10 reservas naturales, Tierras Comunitarias de Origen y territorios de comunidades indígenas de la amazonia, chaco y bosque chiquitano en las tierras bajas de Bolivia. Y el fuego sigue.

Esta devastación provocada por el fuego, es resultado del complejo de acumulación capitalista que en Bolivia se sostiene a través de una alianza entre diversos actores. Este complejo, hace rato que se ha perpetuado de manera intensa en las tierras bajas- cumpliendo quizás así el proyecto de “Geopolítica de la Amazonia” que el vicepresidente describió como sostén del progreso en Bolivia años atrás o el proyecto de “Modelo Productivo Autónomo” como sueño que sostiene la oligarquía cruceña desde la época del dictador Banzer, ambos fundados en proyectos extractivos diversos pero interrelacionados que van desde la agroindustria intensiva, las hidroeléctricas, la minería, deforestación ilegal, tráfico de tierras y también la extracción de petróleo y gas.

Hace ya un tiempo atrás las comunidades y las resistencias de mujeres que se enfrentaban de manera directa e imponiendo sus cuerpos como límites nos han mostrado que lo que opera en los territorios para devastar es una alianza violenta y criminal. Este momento de zozobro que vivimos por un incendio provocado. Es una escalada brutal del régimen progresista y el extractivismo exacerbado vía violencia y saqueo, además, nos está debelando ya, de manera muy clara como se instaura y maneja el poder y que tipo de crisis es el que nos tocará afrontar para el presente y futuro.

Impunidad y ecocidio

El año 2019, casualmente año electoral en Bolivia, la violencia y los despojos se están presentando de forma concadenada, este 2019 tenemos los números más altos de feminicidios- 83 hasta la fecha- casos de violaciones a menores y de violencia grupal. Este año también, en diversas ciudades estábamos saliendo a las calles y movilizábamos nuestra rabia contra la complicidad patriarcal y la falta de respuesta de cualquier aparato institucional para escucharnos. Nuestra rabia se acrecentaba en la medida en lo que denunciábamos como violencia se invalidada, pues en la medida que politizamos nuestro dolor las instituciones nos infantilizaban una y otra vez.

Mientras eso estaba suscitando, el gobierno y los empresarios hacían valer una alianza histórica y criminal contra los territorios. Que se ha ido gestando desde años atrás a través de varios encuentros disfrazados en cumbres y de todo un andamiaje institucional que se viabiliza con decretos, normativas y reglamentos donde el gobierno del MAS fue replanteando toda la política agraria del país, para incentivar la agroindustria de manera voraz y acelerar la avanzada capitalista sobre los territorios del oriente, chaco y amazonia boliviana.

Si analizamos como se sostuvo está alianza, el papel del Estado “progresista” es central, pues a medida que se crea una farsa con normativas bandera en supuesta protección de la madre tierra, sin publicitar lo que estaba pasando, se establece un sin número de “perdonazos” que dan pie a la impunidad de un proceso de años, este proceso culmina con la destrucción de nuestro ecosistema con un incendio voraz e incontrolable de las últimas semanas. Si bien el decreto 3973 es causante importante de lo que está suscitando y su derogación es central, lo que está en juego no solo es el marco normativo sino la impunidad con la que el Estado y sus alianzas están operando.

Esta política criminal se reproduce con impunidad, la impunidad no es solo la falta de justicia, la impunidad es constitutiva de un pacto patriarcal –desde donde emana el poder del cuerpo sobre el cuerpo, se instala el silencio cómplice y omiso para violentar, se intercambian acuerdos contra los cuerpos y territorios feminizados, pacto desde donde cada sujeto privilegiado que obtiene poder depreda para pagar su precio de pertenencia. Este pacto- que se cierra contra las mujeres y todo lo que representan relanza la avanzada del capital, la reconquista de los territorios, la violencia sobre los cuerpos y la anulación de la capacidad autónoma para reproducir la vida, por tanto, es el centro del desastre que estamos viviendo.

La alianza criminal que impunemente está devastándonos territorios y todo lo que de ahí emana para el sostenimiento de la vida misma, a través de una avanzada de maquinaria capitalista, discursos, prácticas y medios simbólicos de cooptación. Cosifica, despoja, coloniza y violenta. Además, intenta hacernos creer que somos sujetos y sujetas autónomas de la naturaleza, individuos sin cuerpos, o cuerpos individualizados que no dependemos más que de ellos para sostenernos, y así entregarnos al “desarrollo” de unos pocos, para transformar y dividir las relaciones sociales e incentivar e imponer jerarquías.

Es a través de esta política patriarcal capitalista que el gobierno del MAS tiene condescendencia y hasta admiración a las elites y logias que sostienen este modelo depredador. “El interés común” de esta diversidad de actores es someter cuerpos y territorios, por tanto, han sellado la forma de mantenerse en poder, agradarse y validarse entre sí. Tal como Bolsonaro está entregando la amazonia al capitalismo, militarismo y fundamentalismo, en Bolivia el progresismo hace exactamente lo mismo, aquí con el disfraz de la distribución de la ganancia y el fortalecimiento del Estado.

Nuestros bosques como banquete, nuestros cuerpos sus negocios

Mientras en toda Bolivia, una masa de personas, desde diversas geografías, y demandas sociales se moviliza para gestionar ayuda para los incendios, exaltando nuestra rabia, actuando como bomberos voluntarios, rescatando animales, informando y muchas otras tareas; Evo Morales, sus socios chinos y los ganaderos de Santa Cruz, festejaron la primera exportación de carne a China. A la vez, a medida que las diversas marchas y preocupaciones de colectivas ambientalistas, feministas, universitarias, y Pueblos y organizaciones indígenas y otrxs hemos pedido distintas medidas, como la pausa ecológica real o la anulación del decreto 3973, y también nos movilizamos desde consignas más generales como el “no al Extractivismo”. Evo Morales y sus aliados, vuelven a puertas cerradas a alabar la capacidad “productiva de Bolivia”.

Entonces, es la fuerza social la que se está haciendo cargo de las consecuencias y devastación de este pacto. Así, en el momento en que nosotrxs nos estamos haciendo cargo de las consecuencias y devastación de este pacto, el gobierno no ha tenido ningún problema con escuchar a los agroindustriales, los cuales le piden que no derogue ninguna de las normas ya aprobadas, tampoco ha pensado renegociar sus políticas de alianzas con las transnacionales chinas y otras, y sus compromisos futuros que estoy segura muy poca gente conoce. ¿Hay algo más patriarcal que eso?

Sabemos que el Estado no nos cuida, ahora es claro que nos devasta. Esta alianza, primero incentiva una política de conquista colonial que siempre ha insistido y se ha validado por el intercambio de mujeres y territorios como garantía de los pactos para mantener su poder. Segundo incita la relación progresista con la naturaleza- el estorbo de la naturaleza salvaje, los territorios son mercancía- que se perpetua como idea de desarrollo, pero que claramente la resistencia comunitarias impulsadas y sostenidas por mujeres, dan cuenta de que es una política que las golpeas y maltrata en sus espacios privados y colectivos.

Tanto la política de conquista como la violencia contra las mujeres que está implícita en los despojos territoriales alimenta la figura de la “conquista del oriente boliviano”, como parte de la idea masculina de dominación del cuerpo femenino, que siempre ha sido la política central de las logias terratenientes en Santa Cruz y que hoy son el centro de un capitalismo agroindustrial depredador. No podemos dejar de relacionar la construcción de la feminidad que impulsan como modos operandi en sus fiestas y juntes de frater, con la cosificación y la idea de trascendencia masculina en referencia a la naturaleza y cuerpo de la mujer que se cosifica.

Memoria y luchas emergentes

La lucha contra la impunidad que diversas acciones feministas estamos movilizando y que gritaban ¡Justicia! tienen total relación, con la rabia que emerge por la devastación que estamos viviendo. ¿Acaso no estamos sufriendo con el cuerpo el mismo dolor que sentimos por la violencia que se nos viene encima? ¿Acaso la impotencia no nos genera miedo sobre cómo vamos a subsistir por los próximos años, sino siglos? ¿Acaso no sentimos en las entrañas que se nos ha borrado el pasado y que poco sabemos del futuro porque no solo perdemos tierra, si no memoria, experiencia, afectos y linaje? Así también las movilizaciones por los incendios actuales también gritan ¡Justicia!

Las luchas feministas emergentes están disputando un sentido otro de la realidad atrofiada que, gracias al progresismo, estamos viviendo y venían haciendo visible cómo se sostiene y consolida el poder en Bolivia. A la vez, la politización que iba emergiendo desde los miedos que sentimos y duelos que atravesamos están disputando un conocimiento encarnado, con raíces profundas que no es posible sin la relación cuerpo que sostiene la naturaleza y naturaleza que se sostiene en el cuerpo.

Las luchas feministas emergentes también alumbran otras cosas sobre la impunidad, en particular que nosotras ni las comunidades que viven en estos territorios somos parte de ese pacto, si bien existen mujeres que median las políticas extractivistas y de despojo feroz. La red de complicidad que implica la violencia que se gestiona contra nuestros cuerpos y nuestros territorios no es parte de nuestra política, pues contra eso nos estamos rebelando. No somos herederas de las logias, sino de las memorias de nuestras abuelas y sus comunidades y pueblos indígenas que habitan desde siempre las tierras bajas de Bolivia que históricamente han luchado y forjan comúnmente en la medida que se movilizan, en la medida en que habitan ampliamente el territorio, en la medida que salen e ingresan del monte, donde los limites por supuesto, son los inventos del Estado nación en todas sus vertientes, son resistencias que se despliegan desde esa rebeldía, desde un habitar nómada y cuerpos que no se fijan por mucho tiempo y lugar, por tanto, disputan relaciones más integradas a como se reproduce la vida en sus territorios. La rebeldía también, está en esconderse del capital, y claro ejemplo son los pueblos que habitan estos territorios y cuestionan las estructuras sindicales y orgánicas, las disputan y las transforman porque no se acopla a lo que emerge, piensa, sienten, conocen y disputa desde una lucha desde redes, territorios amplios.

Ya las mujeres del TIPNIS nos advirtieron esto en el año 2011, las insurrecciones de las 90 de las tierras bajas de Bolivia también, las mujeres guaraní de Tacovo Mora, las que resisten a hidroeléctricas, diversos despojos territoriales y resistencias cotidianas, por eso la memoria es un campo de disputa importante, la lucha contra el terrateniente es también la lucha contra el patriarcado, pues sus pactos nos han dejado en la crisis sistémica que ya estábamos habitando silenciosamente pero que el incendio voraz nos hace gritar desde las llamas que nos destruyen la vida.

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Mariano Féliz | Foto: Cédric Gerbhaye

Estas valoraciones se presentan como contradictorias con la radicalidad política que dimana del proyecto político nacido de las Guerras del Agua y el Gas, plasmado luego en el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia y la proyección del capitalismo andino-amazónico. El llamado “modelo económico social, comunitario y productivo” pretende expresarse constitucionalmente en la llamada ‘economía plural’ y se apoyó en la recuperación parcial del control estatal de los recursos naturales y de las empresas públicas, junto con la liberalización del comercio, la desregulación y liberalización del sector financiero y el mercado laboral. Esto fue complementado con un proceso de redistribución de ingresos desde sectores apropiadores de renta del suelo (en especial, el sector hidrocarburífero exportador) hacia sectores generadores de empleo. La tasa de desocupación bajó a menos de 5% tanto para varones como para mujeres, mientras que los salarios mínimos subieron sustancialmente a lo largo de una década.

Junto al buen ritmo de crecimiento del PIB, otra característica relevante del modelo boliviano es su bajo nivel de inflación comparado con otras economías de la región, por debajo del 7% anual desde 2012. Cabe recordar que esta tendencia a la baja se dio incluso en un contexto de aumento del salario real, pero de fijación del tipo de cambio nominal. En este mismo sentido, se habla de una bolivianización del sistema financiero: mientras hacia 2000 el 95% de los depósitos bancarios eran en dólares y sólo el 3% de los créditos otorgados eran en moneda nacional, eso ha cambiado radicalmente. Hoy, 97% del crédito interno es en Bolivianos mientras 84% de los depósitos son en moneda nacional.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia creció durante el Gobierno de Evo Morales (periodo 2006-2017) un 78% a precios constantes, un 27% más que los doce años previos, con un crecimiento promedio anual de 4,9%. Este proceso apenas se desaceleró a partir del comienzo de la crisis en el centro capitalista en 2008 y su impacto negativo en los precios internacionales de mercancías de exportación (commodities).

Ese proceso de crecimiento fue sostenido fundamentalmente con la expansión de la producción hidrocarburífera y minera que pasó de representar un 8% del PBI en los primeros años del ciclo masista hasta llegar al 20% del PBI en 2012, decreciendo luego hasta alcanzar un 13% en 2017. Ese proceso fue acompañado por un crecimiento acelerado del gasto público, tanto en transferencias como -sobre todo- en inversiones en infraestructura: de conjunto, la administración pública pasó de representar un 5% del PBI, a expresar el 18,8% en los últimos años. En 2017, por primera vez en más de una década, la inversión pública se contrajo.

Es en este plano que la política fiscal del gobierno boliviano ha mostrado una consistente tendencia contracíclica, sosteniendo el mercado interno. Entre 2006 y 2013 el Estado mantuvo un superávit fiscal, mientras a partir de allí -en el marco de la caída en los términos de intercambio- ese indicador pasó a un sostenido déficit. El gasto público ha sido el motor del dinamismo del modelo boliviano, en contraposición con la etapa previa y con la experiencia reciente de la mayoría de los países de América del Sur. Sin embargo, la inversión pública ha mostrado una tendencia decreciente y el interrogante que surge es si es probable que continúe ésta tendencia en los próximos años. Hacia 2018 y 2019 la economía boliviana recupera sus bríos a partir de una cierta mejora en los precios internacionales y el efecto de la política fiscal expansiva.

En tiempos recientes se registra una fuerte reversión del peso de las exportaciones respecto al PIB a niveles similares a la etapa previa, pero manteniéndose solo una reducción moderada de la importancia de las importaciones. Desde que gobierna Evo Morales, Bolivia atravesó dos shocks externos adversos —el de 2009 que duró cuatro trimestres y el segundo que si bien se inicia en 2011 con la caída del precio de los minerales se acentúa desde 2013, siendo más prolongado con una duración hasta el 2016. Desde 2011, los términos del intercambio (relación de precios entre exportaciones e importaciones) cayó 55%, más que el 20% de caída registrado para el resto de América Latina. Eso ha repercutido en el balance de pagos que en ha tornado fuertemente negativo por la caída en la exportaciones, siendo parcialmente compensado por la Inversión Extranjera Directa, el endeudamiento externo y el significativo flujo de remesas (transferencia de recursos de Bolivianos en el exterior).

La caída en las exportaciones de gas natural son preocupantes para la continuidad del crecimiento boliviano: presentan una disminución sostenida en la producción de este hidrocarburo desde 2014, acentuada a fines de 2018 (con una caída del 24% respecto del mismo período del año anterior) y que continúa en los primeros meses de 2019. Desde mayo de 2016, los envíos de gas a Brasil, empezaron a declinar: estas perturbaciones en la demanda de Brasil constituyen un nuevo golpe externo adverso, ya no de precios, sino de cantidades o volúmenes. Lo mismo ocurre con el vínculo comercial con Argentina a partir de 2014.

Los efectos de la crisis en los precios de las commodities de exportación se expresaron en la disminución de los ingresos fiscales por materias primas en diez puntos porcentuales del PIB desde 2013- 2016. En paralelo, esto ha provocado un déficit en el sector externo (cuenta corriente de balanza de pagos, lo que provocó la pérdida de las reservas internacionales desde 2014. El país sufrió, antes del shock externo, una desacumulación de reservas de un 50% del PIB a un 27,5% en septiembre de 2017. Por otra parte, hacia mediados de 2017 la deuda externa representaba un 23,7% del PIB. A su vez, el servicio de la deuda externa respecto al PIB era de 6,7%. Por último, la relación de la deuda externa y las exportaciones, que antes del shock externo era de 43,1%, subió a 92,1% en 2017, mostrando un significativo deterioro en su sustentabilidad. De todas maneras, las reservas internacionales son aun significativas lo que da a Bolivia un importante margen de maniobra.

Hay cierto consenso en que el más significativo cambio en la estrategia de desarrollo en el capitalismo andino-amazónico fue el papel del Estado. El mismo ganó preponderancia como orientador y protagonista del desarrollo económico a través de su intervención directa en la modalidad de empresas públicas nacionalizadas o creadas con recursos internos. Por otra parte, el proceso de industrialización ha sido más bien limitado. La industria manufacturera mantiene una representación estable del 16% del PBI y si bien las exportaciones crecieron casi 10 veces en valor de 2003 a 2014, la participación de la exportación de recursos naturales en las mismas se ubicó por encima del 70%.

Dentro del marco del proyecto de desarrollo de una forma sui generis de capitalismo andino-amazónico, el cambio en la forma-estatal y las políticas redistributivas permitieron reducir la incidencia de la pobreza por ingresos y la desigualdad en la distribución de ingresos. Si bien todavía ⅓ de la población está por debajo de la línea de la pobreza, este indicador cayó a la mitad en 10 años. La base de esta dinámica ha sido la combinación de crecimiento económico sostenido, apropiación estatal de la renta hidrocarburífera (a través del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, en especial del gas) y redistribución por la vía de una multiplicidad de programas de transferencia condicionada de ingresos. Con la nacionalización de los recursos gasíferos, más del 80% de la renta correspondiente ingresa a las arcas del Estado. Estas políticas, articuladas con la mencionada expansión en la inversión en infraestructura social, han permitido mejorar sustancialmente el acceso a la educación, salud y consumos básicos buena parte de la población: 2 millones de estudiantes han mejorado su acceso a la educación (a través del Bono Juancito Pinto) y cerca de 12% de la población recibe el Bono llamado Renta Dignidad.

En síntesis, el programa económico del gobierno masista en Bolivia ha conseguido aprovechar el extractivismo a los fines de desarrollar una política de redistribución del ingreso, sin alterar el patrón de acumulación extrovertido del capitalismo boliviano. La renta del suelo en la economía boliviana ha conseguido garantizar una década de crecimiento con baja inflación, a pesar de la crisis global y regional. Las contradicciones de este proceso no pueden ser ignoradas en tanto el avance de muchas inversiones en infraestructura (en el TIPNIS, por ejemplo) y proyectos extractivistas (como el del Litio) atacan las condiciones de reproducción de comunidades enteras y de la Naturaleza.

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Por Luis Hessel

Isabel Rauber es filósofa y educadora popular, desde hace décadas se dedicada a la investigación en los movimientos sociales y a las posibilidades de construir alternativas de vida en comunidad opuestas al domino del capital. Quien se haya topado con sus textos sabe que son una incitación al combate. Pero no para la toma del poder, sino para el empoderamiento de nuestros pueblos, la democracia raizal y la batalla cultural, porque como dijo Simón Rodríguez “o inventamos o erramos”.

¿Cómo te vinculaste a Bolivia, al proceso, a sus luchas?, ¿cómo nació tu relación con el país?

Bolivia ha sido siempre para mi parte de los procesos a seguir, como un país a mirar. Al igual que Paraguay. Son dos países que siempre me llamaron mucho la atención, tal vez por la mala fama entre comillas de ser atrasados. Es como que no me cerraba mucho esa historia entonces cada vez que he podido me he acercado a ver en esos países cómo estaba la cuestión social y política. Cuba también, pero por otros motivos, por el Che, por la revolución… y son como imanes; y Bolivia doblemente, después de la gesta del Che en Bolivia, pero hay que recordar la revolución de 1952, los levantamientos mineros… Bolivia ha sido muy fuerte siempre para mí, un proceso a seguir.

Entonces hace muchos años tipo ´89, ´90 y ´91 estaba haciendo los estudios de recorrido por el continente empezando a estudiar los movimientos sociales pero buscando los nuevos actores. Tal vez la pregunta  que suena de propaganda sería “¿a dónde está el sujeto?”. Vamos a recordar que era la época en la que el posmodernismo decía que el sujeto había desaparecido, en tanto sujeto político de la transformación, y la izquierda latinoamericana y mundial y en general la partidaria estaba muy en baja por el derrumbe del campo socialista mundial, ya no había vanguardia, qué pasaba con el marxismo… Entonces yo después de haber estado en algunos congresos y eventos decidí que la cuestión era que había que salir a buscar al sujeto en un continente que estaba lleno de movimientos sociales y que resistían. No podía ser aquello de que el sujeto ha desaparecido. Y así me puse la mochila al hombro casi literal como te digo con un pan y una botella de agua a recorrer el continente y uno de esos países seleccionados fue Bolivia.

Pero no es solo el país sino a quién buscar dentro del país; y yo buscaba a los mineros, a los cocaleros y a las mujeres campesinas y son los tres actores fundamentales con los que yo me relaciono; y estoy hablando del año ´91. Después ya de varios viajes me contacté con los mineros, con la COB (Central Obrera Boliviana), con las mujeres del movimiento Bartolina Sisa y me acuerdo que visité la Federación del Trópico de Cochabamba y ahí me contacté con los cocaleros del Chapare. Me llamaban mucho la atención sus luchas y quedé encantada cuando los conocí. Y a través de ellos tuve contacto con Evo y también con muchos referentes indígenas como Felipe Quispe que era de la zona de La Paz que estaban todos en el proceso de lucha y organización.

Evo con esa impronta de los cocaleros me llamó mucho la atención porque yo veía ahí un gran germen -con fuerza- de emergencia de nuevos actores que iban a integrar un nuevo sujeto político y social colectivo. Y así lo publiqué en mi libro “Proyecto, sujeto y poder” que es de principio de los 90. Y allí, en una parte donde hablo de los sujetos, hablo estrictamente de los cocaleros como ejemplo de los nuevos sujetos de América Latina, Pero no como “el sujeto” porque los posmoderrnos andaban buscando movimientos sociales para transformarlos en sujetos, yo eso nunca lo compartí porque lo que estaba constatando era la fragmentación de la clase obrera y la atomización del mundo del trabajo y por consiguiente de los trabajadores y las trabajadoras y de lo que era considerado hasta hace poco el sujeto histórico que era la clase obrera. Si la clase estaba fragmentada la cuestión no era salir a buscar que fragmento era ahora “mi nueva vanguardia”; eso yo no lo compartía. En Argentina se dijo eso mismo de los piqueteros, que eran el nuevo sujeto. Los posmodernos siempre estaban buscando el nuevo sujeto en vez de ver la realidad que era la atomización de los trabajadores y por lo tanto la multiplicación de sus referentes sociales y la orfandad de un referente político que se haga cargo de trabajar en la articulación de la realidad de la clase. Eso para mí fue la clave y esa hipótesis la fui comprobando en todos los procesos y Bolivia marcó un punto muy importante.

De Argentina tuvo peso en los ´90 el proceso de la CTA y su articulación con los desocupados, con los indígenas, con el movimiento cultural y de la producción. Ha sido impactante porque yo buscaba eso, la articulación del movimiento de los trabajadores para la construcción de un sujeto colectivo. Los casos de Bolivia y Argentina marcaron mucho mi pensamiento, al igual que en Brasil, el proceso del MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra); en República Dominicana el movimiento barrial COPADEBA (Comité Para la Defensa de los Derechos Barriales), que me marcaron también por no haber podido lograr la articulación. En Argentina se logró en un momento y después derrapó por razones históricas, en Brasil no se pudo lograr porque el divorcio del PT (Partido dos Trabalhadores) con los movimiento sociales terminó como terminó… en Dominicana no se logró porque los partidos de izquierda no se querían juntar con el movimiento barrial; no se dieron cuenta que hay que trabajar con la realidad que tenemos y no con las que difundían ciertos manuales. En Bolivia la articulación se logró y se tradujo en un instrumento político electoral.

El proceso boliviano es todavía un proceso abierto, en movimiento y lleno de tensiones  ¿cuál es tu valoración general?  ¿Cuáles son los logros y las críticas que tú le podrías realizar al MAS?

Mi libro “Movimientos sociales y Representación Política” parece la predicción de la presidencia de Evo. Yo ni me imaginaba que Evo iba a ser presidente, pero eso evidencia muy fuerte la tendencia que se vivía en ese momento. Y si un proceso logra una maduración yo voy a estudiar ese proceso de maduración porque es lo que me indica que eso se puede hacer. Todo el proceso de la guerra del gas y la guerra del agua fue muy importante en cuanto a la articulación. Insisto en esto porque yo no buco el nombre de una persona sino cómo poder lograr un sujeto colectivo y ahí se logró, en Bolivia. Se logra con el MAS (Movimiento al Socialismo) y sin diluir a los movimientos sociales. De ahí lo importante de construir una herramienta política que en su proyección articule sujetos sociales que no se diluyen ni se disuelven en el instrumento político partidario. Es la constatación de que lo social y lo político se pueden conjugar sin negarse el uno al otro, el famoso “salto a lo político” no tiene nada que ver con dejar la pertenencia social, eso es una cuestión muy importante porque había otras experiencias en las que los referentes sociales debían dejar de ser parte del movimiento social para pasar a ser miembros de un partido político.

Entonces, que haya un proceso que por lo menos no lo haga así, es muy importante para pensar teóricamente las alternativas; ese es un gran aporte de Bolivia.

Segunda cuestión ¿cómo hacer para que lo electoral no termine siendo la muerte del proceso? Porque si levantamos la vista y miramos cinco años para atrás vemos que, en muchos casos, lo electoral terminó siendo la tumba del proceso. En el caso de Bolivia no ha sido así hasta ahora. ¿Qué quiere decir ese hasta ahora? Hay un pensador boliviano que ya había alertado sobre esto, que es René Zavaleta Mercado, él decía que el sujeto, como su consciencia y su ideología, se van formando históricamente o sea que la dialéctica no es unidireccional.  Esto significa que si se constituye también se puede deconstituir  porque las condiciones van cambiando y si no hay un trabajo político, organizativo, que modifique las coordenadas para que la articulación se mantenga, eso que fue ayer posible hoy se puede destruir. Y la gran amenaza es que los sectores vuelvan al corporativismo. Yo creo que en el caso de Bolivia no se ha dado esto de forma tan taxativa pero en cierta medida el logro del gobierno de Evo  pasado el primer gobierno y la Constituyente resuelve algunos problemas que estaban en la base de la posibilidad de colectivización de la subjetividad, pero eso se debilita y hay un resurgimiento de tendencias corporativas de los mismos cocaleros, con los reclamos sectoriales, con bloqueos de carreteras; ocurren los grandes paros de los médicos y los enfrentamientos mineros, con ese conflicto tan grande que hubo en Huanuni. Para mí  lo más terrible fue la matanza entre mineros, el propio sujeto dividido y enfrentado por cuestiones que nada tienen que ver con sus intereses de clase. Yo fui hasta ahí para ver la situación, para hablar con los mineros, para ver cómo era la cosa y digo que se te paran los pelos… Hay que estar a más de 4000 metros de altura donde no tenés conexión con nada, donde está tu pueblo, la mina y una cinta asfáltica para llevarte luego  de no sé cuántos kilómetros a otro pueblo… no tiene nada que ver con la imagen del lugar urbano común. Está el tema de los retenes, de cómo sacar el resultado de la minería, que fue parte del origen del conflicto que irracionalmente terminó con mineros de un lado matando a mineros del otro. Eso me ha marcado mucho; y después el bloqueo de los cocaleros pidiendo reivindicaciones. Y el gasolinazo, aunque esto fue por una medida del gobierno anunciando un gran aumento de la gasolina.

Después ocurrió lo del TIPNIS (Territorio indígena y parque nacional Isiboro-Sécureque), es una reivindicación de los cocaleros y que no nos podemos negar a la conectividad; una carretera es una conectividad y quien conoce Bolivia sabe que es un país que está fragmentado geográficamente. Por la topografía del país solo una parte está articulada y la otra no. Entonces la carretera impulsa el comercio, el desarrollo y es algo grandioso pero, ¿por qué tenía que pasar por ese lado? Son dos discusiones y al mezclarse y al ningunearse a una parte de los sujetos, ahí se comienza a cometer un error político y social muy grave. El error del gobierno es de no consultar con las poblaciones del lugar y no fueron consultadas porque “técnicamente” se decidió que la carretera tenía que pasar por ahí. Ese “técnicamente” es la muerte de la política, es la amenaza más grande que está en todos los ministerios y estructuras del Estado, que se heredan como forma de funcionamiento y que hay que modificar de raíz. ¿Necesitamos los equipos de asesores? Por supuesto, pero estos tienen que trabajar conjuntamente con la población. Y eso es clave porque una decisión puede ser técnicamente correcta y políticamente inviable. ¿Y qué pasó después con el TIPNIS? Hubo mucha discusión y se demostró que era política y socialmente inviable y hoy de esa carretera ya no se habla; de tan importante que era ya no va a haber carretera, como dijo Álvaro García Linera aquí en el Centro Cultural de la Cooperación, por lo menos por cincuenta años no se va a poder tocar el tema. Fíjate la dimensión del error. Una medida que realmente puede ser válida pero que enfrentó a los cocaleros con los habitantes del TIPNIS que son comunidades indígenas. Si uno no hubiera estado ahí y hablado con la gente no podría creer el enfrentamiento entre pueblos indígenas originarios, unos de los zona del Chapare y otros de la zona del TIPNIS, que tienen modos de vida diferentes pero claridad sobre que hablando es como se solucionan las cosas. Yo creo que han sido errores del proceso que han dejado grandes enseñanzas y tal vez algunas secuelas. La historia es muy caprichosa y las secuelas no siempre se ven en lo inmediato. Yo no me considero crítica de ningún proceso y mucho menos de un proceso donde no vivo como es el caso de Bolivia, puedo si tener una mirada crítica pero con la modestia de saber que yo no estoy poniendo el hombro ahí.

Esas son mis dos críticas; una en lo que hace al Estado porque puedes colocar allí a gente de izquierda, con gran historia, pero ¿una institución va a ser de izquierda porque sus representantes sean de izquierda? ¡Macana! Eso no es así. La institución debe transformarse de raíz que no quiere decir de inmediato; abrir procesos de democratización, de participación, de involucrar a la ciudadanía en las decisiones del Estado, abrir el proceso para orientarlo a un co-gobierno de la ciudadanía con el Estado. La participación es una cultura que hay que aprender. Los que dirigen y creen que pueden prescindir del pueblo porque piensan que el pueblo no sabe; y los del pueblo que creen que no saben, pero en realidad saben mucho. La pregunta es; ¿hay una tendencia donde efectivamente se observa que el Estado se abre hacia lo participativo? Yo te digo que no. Hay mucho discurso. Y sí hay algunas experiencias importantes sobre todo en el gobierno, como se llevan a cabo, por ejemplo, diputaciones participativas.

Y por otro lado está el tema del sujeto colectivo, donde noto que en la relación MAS – partido y organizaciones sociales se perdió una cierta delimitación necesaria. Por un lado, la falta de cuadros formados políticamente hace que se saquen los cuadros de las organizaciones sociales, cuestión que no es un déficit exclusivo de Bolivia.  Como nunca logramos procesos sostenidos de formación con las organizaciones de base, a la hora de tener que ejercer un gobierno se tienen que llevar a los diez cuadros que hay y eso vacía las organizaciones y las debilita para el empoderamiento de nuevo tipo que tienen que conducir en las nuevas condiciones políticas y sociales. Pero no hacemos nada con decir esto si no hacemos algo efectivo en la formación política integral y en la educación normal, en el sentido de que necesitamos médicos, abogados, enfermeros, físicos, todos que tengan compromiso social y político con sus pueblos. Bueno, esa falta de “cuadros” hace que se desvíe gente formada de las organizaciones y las comunidades hacia la gestión del Estado.

Un elemento que juega en contra es que predomina una mirada lineal, estática: “ya llegamos”, ya tenemos el sujeto, está articulado… Pero se olvida que así como el sujeto colectivo se articula, se desarticula, es decir, que después de concretar los puntos pilares que llevan a Evo al gobierno y el más importante fue la asamblea constituyente y después de que terminan las disputas internas por la constituyente es como ya está, ya hay nueva constitución, se logran los objetivos macro. ¿Cuáles son entonces, en este nuevo tiempo, las bases de la articulación? Es una pregunta que hasta hoy no tiene respuesta… articulamos para tener derechos, para reformar la constitución, para tener un plan de lucha contra el hambre…  Ya se había hecho todo, entonces ¿por qué tengo que seguir articulado? O sea, si no hay una gran avanzada de los propios sujetos que estaban articulados para trabajar en conjunto en regenerar las bases de nuevas articulaciones el sujeto colectivo se debilita.

¿Y qué sucede en un proceso cuando ese sujeto colectivo se debilita? ¿En qué se traduce?

Se presentan problemas como el apuro que hubo en sacar un referéndum por la reelección de Evo que se demostró que carecía de sentido porque sin haber dado el debate político con los movimientos y la comunidad, terminó manipulado por las fake news con el cuento de un hijo abandonado de Evo Morales y se trató de destruir su personalidad y su ética y aunque resultó mentira, el efecto negativo ya estaba hecho. Hubo cierta ingenuidad de creer que la verdad siempre se impone en la historia y no es así; la educación y los debates políticos en los movimientos son indispensables, sino la manipulación mediática puede imponerse. Y a través de ahí la derecha trabaja con métodos que le han dado resultado en otros países.

Hoy los medios bolivianos de oposición y muchos en el mundo están acusando a Evo de autoritario, como hacen con todos los gobernantes que no le gustan a los poderosos, incluso algunos pretender responsabilizarlo que lo que pasa en el Amazonas que es un problema de Bolsonaro que dijo “hoy es el día del fuego” y mandó a todos los terratenientes a prender fuego, pero ahora tratan de echarle la culpa a Evo Morales. Se sabe que son gente pagada, entrenada en la guerra psicológica de las redes sociales y que están para eso todo el día y asientan sus argumentos en los resultados de referéndum apresurado. La subestimación del adversario siempre se paga muy caro en política.

Evo es un líder originario y no solo por ser indígena sino porque desde su cultura y sus raíces, él es consciente de que la humanidad es parte de la naturaleza. Y no es que Evo sea ecologista sino que él no se puede pensar por fuera de la naturaleza, es lo que aprendió de sus abuelos, es su concepción del mundo basada en el “Buen Vivir” que no tiene nada que ver con la concepción occidental que ha hecho de la naturaleza un objeto, una mercancía; sin naturaleza nos deshumanizamos y es lo que pasa con el capitalismo porque una parte de la vida la transformó en mercancía.  El proceso de cosificación es terrible y creciente, la crisis es terrible y amenaza la supervivencia de la humanidad.

Cuando Álvaro García Linera presentó junto a ti en la ciudad de La Paz tu libro “Revoluciones desde abajo” dijo que una de tus principales virtudes era de que descreías del comunismo como acto de fe, que no podía reducirse a las Tesis de Pulacayo o a lo dicho en el Manifiesto Comunista, sino que la sociedad poscapitalista se desarrolla delante de nuestros ojos en el movimiento real de la sociedad, en sus prácticas, en sus tendencias porque lo comunitario tiene que emerger de las comunidades de las Ayllus, y el Estado es solo una herramienta que puede ayudar porque el Estado no puede construir comunitarismo, no hay nada más antiestatal que el comunitarismo. Entonces a partir de este diagnóstico del Álvaro me vale preguntar ¿qué nos queda por hacer? ¿cuáles serían las tareas del MAS para la nueva etapa y cuáles serían las tareas para el movimiento social?

Primero, las palabras del Álvaro son del Álvaro. No las recuerdo exactamente, pero me gustó mucho saber que él había identificado claramente el sentido de mis búsquedas, y de mis libros. Yendo a tus preguntas, yo creo que le queda todo por hacer. De lo que tenía que hacer lo hizo todo; el plan del gobierno de Evo se cumplió y se sobre-cumplió y ahora van por más. No nos olvidemos de que Bolivia es el primer Estado plurinacional del continente y esa una de las grandes revoluciones culturales del proceso,  con un reconocimiento de equidad al cien por ciento de las poblaciones indígenas originarias del continente. Es una vergüenza que no haya en el continente ningún otro país con el mismo status.

El plan nacional de desarrollo de los primeros seis años es una obra de arte de la política y la democracia y es un gran logro del proceso de transformaciones que vive Bolivia; resume todo lo que han hecho por la educación y la salud de los sectores más marginados y de todos los sectores, principalmente de los pueblos originarios, por sacarlos de la exclusión. Y están los logros en la subjetividad porque los pueblos vieron y aprendieron –todos- que sí pueden gobernar, que pueden trabajar en conjunto y convivir en la diversidad. Y todo esto no es un discurso porque la población lo ha vivido ya por un período de tres gobiernos y lo que hoy les viene a ofrecer la oposición es volver atrás. Pero no volver atrás solo en lo económico, sino en quitar derechos, desaparecerlos del concepto y de la práctica de ciudadanos porque si desaparecen de la vida social y política de la sociedad, vuelven a ser entes para las consideraciones del poder. Es decir, lo que está en juego para los pueblos es sostener y profundizar su protagonismo o volver a ser sometidos. Esta es a mi modo de ver la disyuntiva central hoy.

En lo económico concreto los logros son también impresionantes y más viendo nosotros desde acá. Cuanto todo empezó, allá por el 2006, en Bolivia el dólar estaba en 6,70/6,90 pesos bolivianos  y hoy –con pequeñas altas y bajas, de centavos-, está más o menos igual, después de tres períodos de gobierno; una estabilidad nunca vista en ningún proceso latinoamericano. Por eso, desde lo económico le quieren pegar el zarpazo, como hay plata en la caja se la quieren quitar y llevar… que por su voracidad, el capital financiero tiene que ir al saqueo de los pueblos, se llevan el cash, después viene el mecanismo de la deuda: te prestan diez para llevarse cien.

Desconozco hasta qué punto estas discusiones ocupan hoy un lugar de la agenda porque se discute mucho de números y cifras en economía, pero considero que –como te dije  los logros que abrió el proceso de revolución democrático-cultural en Bolivia fueron mucho más grandes en el terreno de la subjetividad que en lo económico. Hoy día parece fácil ver una ministra indígena, pero hace quince años atrás los indígenas no podían caminar por la misma vereda que los blancos, si entraban a las instituciones jamás podían llegar hasta el despacho de un ministro, se tenían que quedar haciendo filas esperando días; no podían levantar la vista del piso tenían que mirar para abajo, no podían mirar al blanco a la cara y hoy día pueden dirigir un país. Me parece que esto habla de un proceso, de una revolución muy grande y profunda.

Por eso digo que hoy se abre todo nuevamente. Porque todo lo que ya se logró ha potenciado al sujeto colectivo, primero. Pero sus actores han de trabajar para rearticularse, han de buscar y encontrar cuáles son los puntos nodales de este nuevo tiempo histórico que van a vivir para establecer una reconexión entre los distintos actores para volver a apuntalar una subjetividad común, para superar el tema del corporativismo que una vez que se instala, si se lo deja, se queda. Y eso solo se puede superar construyendo otra subjetividad, colectiva, que no destruya lo corporativo pero que lo contenga adentro, sabiendo que la respuesta a “lo mío” nunca va a ser individual sino colectiva. Que no es el rechazo de lo individual porque el rechazo de lo individual ya lo vimos en las experiencias socialistas del siglo XX que terminan siendo una postergación eterna, tanto como sector y como persona, y eso a la larga te juega en contra. Por eso digo, es una conjugación de los intereses individuales y los colectivos. Pero hay que hacerlo; es un desafío para el pueblo boliviano y sus organizaciones sociales y políticas.

Otro de los temas es el referido a la amplitud del Estado. Considero que el Estado tiene que avanzar hacia la sociedad, hacia la participación y co-participación en la definición, realización y control de las políticas públicas, lograr que el proceso se enrumbe integralmente hacia el empoderamiento colectivo de la sociedad.

Otro elemento fuerte para esta etapa, considero que es buscar medios y modos para que el “Buen Vivir” pueda trascender el contexto boliviano para transformarse en un proyecto continental. Me encantaría que este sea uno de los ejes rectores de la política exterior de Bolivia. El “Buen Vivir” tiene un resumen de claves civilizatorias que nos hacen falta para reencontrarnos con la naturaleza, para pensar en cómo rebasar al capitalismo y re-humanizarnos: no es el tema de la “toma del poder”, sino el empoderamiento de los pueblos; es una disputa raizal del poder, que no es por arriba sino desde abajo, pero sin olvidar el desde arriba, o sea, la importancia de disputar el gobierno pero para hacer transformaciones abajo. Hay que transformar el poder que se ocupa porque si se va hacer todo esto para adaptarse al poder existente, entonces estamos hablando ya de otra historia.

En la historia que yo me ubico hay que avanzar para transformar las raíces de ese poder desde adentro; ese es el aporte de István Mészáros: son los propios sujetos los que -no queriendo vivir bajo el dominio, la explotación y la cosificación creciente del ser humano que produce el predominio del capital sobre la vida-, van construyendo formas de vida diferentes, que respeten al ser humano, que lo reintegren en su concepción de vida con la naturaleza y consigo mismos.

Por eso para mí, el de Bolivia es –en síntesis-, uno de los procesos de cambios más grandes y trascendentes del continente. Pese a cualquier error o limitación que le podamos marcar, es bueno tener presente que uno identifica y señala deficiencias donde sabe que es posible la perfección.

¡Jallalla los pueblos de Bolivia!

¡Jallalla Evo!

¡Jallalla Bolivia!

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