Por Laura Salomé, Carla Perelló y Mariángeles Guerrero | Foto: Lizbeth Hernández

“¿Dónde podemos ver información posta sobre Venezuela?”. La pregunta la realizó una referente feminista en un grupo de WhatsApp de amigas. La incógnita es evidente, ¿es posible analizar los grandes acontecimientos contemporáneos sin las lentes del enemigo? ¿Aun cuando la tesis de que “la derecha avanza” es fácil explicación hasta en los espacios militantes de izquierdas, feministas, progresistas y otrora revolucionarios?

Es que somos el meme de quien llora porque ya no quiere vivenciar sucesos históricos. Pero ojo, también el que vocifera “ni midiri ni trimp” con cara de nene rubio y caprichoso. Porque antes que vencidas, levantamos nuestros cuerpos cansados ante el saqueo a los salarios y reconocemos el desafío como feministas: la defensa de nuestros territorios, cuerpos y voces nos enfrenta al enemigo de siempre, al agresor. Que ahora está sin careta.

El bombardeo de una capital sudamericana en el comienzo de un año de elecciones claves para la región enfrenta -cuándo no- a los feminismos con su origen y praxis dentro de los movimientos populares. Ante el colonialismo mediático y la política del agresor desatada, quizá sea la oportunidad de finalmente, mirarnos a nosotras. Y menos a ellos. Volver a soñar con una hermandad global feminista. En Marcha empezamos por publicar/ leer sus voces que también analizan geopolíticamente por qué la guerra ya había sido develada.

“Debemos ser firmes ante un agresor”

Una vez pasada la conmoción por los bombardeos en Caracas, el matón que pretende presidir al mundo, Donald Trump, amenazó a quien horas despúes juraría en la Asamblea Nacional como la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. En una entrevista telefónica con el medio The Atlantic desde su club de golf en Florida, exclamó que “si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”.

Rodríguez es la primera presidenta en la historia del país, pero no fue la única en ser amenazada en la región. El mismo día, ostentando poder desde el avión presidencial, Trump declaró que en diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum -a quien consideró “una excelente persona”-, le ofreció “enviar tropas” a lo que ella habría respondido que “lo está considerando” porque “tiene un poco de miedo de los cárteles que gobiernan México”.

Lo cierto es que tanto Rodríguez como Sheinbaum rechazaron el injerencismo, pero la amenaza es explícita. Sobre todo si frente a la representatividad está el agresor develado.

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En términos feministas lo analizó Irene Montero, eurodiputada y secretaria política de Podemos en transmisión de la Red Latinoamericana: “La agresión de los Estados Unidos es una clara violación del derecho internacional” y avalarla “es una posición inmoral e imprudente que nos está poniendo en peligro” ya que “estamos justificando que el tipo de relaciones exteriores que llevemos en adelante deje desprotegidas a millones de personas”.

Activista y ex ministra de Igualdad, Montero se refirió a la ambigua declaración del Gobierno español y a la posición sumisa de los partidos políticos que lo conforman y llamó a los gobiernos del mundo a romper relaciones con el país norteamericano y a salir de la OTAN.

“Debemos ser firmes ante un agresor que se cree dueño del mundo”, agregó Montero. “Necesitamos firmeza y contundencia frente a un país criminal que durante toda su historia ha tratado a América Latina como patio trasero”, y se refirió a la hipocresía de la Unión Europea que condena a Rusia por su ataque a Ucrania, pero no a los EE.UU. “Los pueblos del mundo exigen paz y seguridad”, aseguró, “estamos permitiendo que triunfe la tiranía”.

“Cuando la derecha avanza, también la misoginia y el patriarcado porque precisa apropiarse de la fuerza de trabajo de las mujeres, entonces el papel de los movimientos feministas debe ser de protagonismo, de estar al frente de la lucha”, declaró Maria Fernanda Marcelino, da Marcha Mundial das Mulheres – São Paulo a Marcha.

Desde las calles, donde se repudió en la gran metrópoli el ataque a la soberanía cuerpo- territorial, Marcelino afirmó que éste es “un ataque a todos los países por el gran interés que tiene los Estados Unidos en el petróleo y los bienes comunes”. Y se animó a caracterizar el 2026 que ya llegó: “Este año tenemos elecciones en Brasil y se va a dar una disputa total de proyectos, uno de democracia, de construcción y refuerzo de la soberanía nacional, y otro, de entrega, de seguir siendo el patio trasero de los Estados Unidos”.

Desde Ecuador, la Asamblea Transfeminista emitió una declaración para condenar y rechazar “la invasión y la agresión nefasta del gobierno de los Estados Unidos” y la analizó como “una práctica imperialista y patriarcal que ha desangrado a los pueblos del mundo y continúa perpetuando genocidios”. Así lo ratificó Jazmin Freire, de la Coordinadora del Noroeste en Resistencia a los Desalojos e integrante parte de la Asamblea. 

“Rechazamos las declaraciones de Daniel Noboa, no nos representa y nos ha condenado a la miseria, al retroceso de derechos y a la muerte”, agregó Jazmín sobre las declaraciones del mandatario de ultraderecha que avaló la intervención militar en la región. “Nos unimos y hacemos fuerza para decirle a Trump y a todos sus aliados genocidas patriarcales que ya basta, su imperialismo no pasará más, tenemos dignidad, memoria y resistencia”.

Desde Uruguay, Tamara Abracinskas, de Mujer y Salud, que trabaja los derechos sexuales y reproductivos, envió su solidaridad al pueblo venezolano. “No se puede avasallar de esta forma un pueblo, se tiene que respetar su soberanía y su posibilidad de decidir sobre su futuro. No es Estados Unidos quien va a traer democracia, quien va a traer paz y quien va a traer libertad a nuestra región”, sentenció. 

Para la entrevistada, “estamos en un momento histórico que nos lleva a un pasado muy oscuro, muy doloroso de nuestra región”, donde se revitaliza el Plan Cóndor para hacerse de nuestros recursos. “Extendemos nuestro apoyo y solidaridad a las compañeras y compañeros venezolanos, en duelo por todos los asesinados que hubo en el ataque que ocurrió el 3 de enero. Desde Uruguay estamos prestando mucha atención para acompañar esta lucha y resistencia”, concluyó.

“El ataque contra Venezuela no solo rescata una memoria histórica, sino que profundiza la historia presente de la ofensiva de EE.UU. sobre el mundo para garantizar el mantenimiento de su hegemonía en un momento en que se siente amenazado por el ascenso de China y otros bloques alternativos al modelo imperialista”, expresó Ana Priscila, también de la Marcha Mundial das Mulheres, pero en Rio de Janeiro. “En ese sentido, no solo el petróleo venezolano es estratégico, sino también el control sobre la soberanía y los bienes comunes de toda América Latina; y Brasil es parte de esto: no en vano nuestra democracia ha sido tan atacada en la última década, y cada uno de esos ataques tiene como consecuencia la mercantilización de nuestra naturaleza y la precarización del trabajo y de la vida”, agregó.

Ana Priscila realiza un llamado a la acción feminista regional: “Si el imperialismo avanza contra nosotras, no podemos retroceder. Es fundamental seguir acumulando fuerza para dar respuestas inmediatas a esta ofensiva”. Y rescató la importancia de las masivas manifestaciones en los Estados Unidos en contra del atropello al derecho internacional de la administración Trump y que “denuncian el absurdo que es el gasto militar mientras su propia población vive una crisis económica sin derecho a salud y trabajo digno”.

“Nuestro papel es seguir marchando en defensa de la vida y de la autodeterminación de nuestros pueblos, en defensa de nuestros bienes comunes y de un mundo en que la vida valga más que el lucro”, finalizó Ana. “Sabemos de nuestras fragilidades y de cómo la coyuntura contribuyó a una desarticulación de los movimientos y del campo progresista; pero es tarea de cada movimiento social, colectivo, central sindical, entidad estudiantil o partido popular no perder de vista el tamaño de nuestro desafío histórico. No hay espacio para luchar fragmentados; es fundamental construir una acción común en nuestra región”.

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Mariela Belleza es activista feminista peruana y manifiesta su rechazo a la invasión de Estados Unidos “porque es una violación a la soberanía de un Estado”. Agrega: “Todo análisis, se esté de acuerdo o no con Maduro o con la Revolución Bolivariana, tiene que oponerse a cualquier tipo de intervención colonial como lo fue la del 3 de enero”. Consideró que “hay un regreso hacia la derecha colonial e imperialista, que busca retroceder en cuanto a los derechos que hemos ganado” y que “el contexto es bastante más complejo que solo Estados Unidos: hay un reposicionamiento de las fuerzas ideológicas hacia una derecha que usa la democracia para destruir la democracia”.

Por eso, advirtió que “como feministas latinoamericanas tenemos una apuesta postcolonial y post extractivista. Por otro lado, lo que no es bueno para la democracia no es bueno para las mujeres. Una intervención militar implica que no van a estar en el centro los derechos humanos, la igualdad, la posibilidad de oponerse. Y también va a afectar a nuestros territorios, que es donde estamos y permanecemos las mujeres”.

Por su parte, Francisca Fernández Droguett es activista ecofeminista; es parte del Movimiento por el Agua y los Territorios en Chile y anteriormente integró la Coordinadora Feminista 8M. Sobre la situación en Venezuela, analizó que “es una invasión imperialista con lógicas militares y de incidencia civil; y que uno de los elementos que gatillan es el control del petróleo”.

Reflexionó que “si uno de los elementos más importantes que las feministas comunitarias, populares y campesinas defendemos es la noción del cuerpo-territorio como primer espacio de autodeterminación, sabemos que la intromisión de Estados Unidos es romper con toda posibilidad de autonomía” y anticipó que “es saber que viene un periodo de violencia militar, de violencia política sexual, de racismo y de prácticas coloniales”, pero dijo que “frente al horror que estamos habitando, es urgente la movilización, la reflexión y la solidaridad. Yo creo que los pueblos, las feministas estamos haciendo eso”.

“Una invasión no es esperanza de libertad”

Amanecía el sábado y los grupos feministas alborotados se despojaron inmediatos de la pereza del comienzo del nuevo año. Una tras otra comenzaron a circular las declaraciones en rechazo a la agresión imperialista contra la soberanía de los pueblos nuestroamericanos. Es que desde el golpe en Honduras en 2009 hasta el vivido en Bolivia en 2019, la genealogía feminista sabe decir atenta: “Ni golpes de Estado ni golpes a las mujeres”. Convencida de que no hay peor agresión que aquella que sucede en un territorio ocupado.

“Las crisis políticas, sociales y económicas no se resuelven con bombas ni con ocupaciones militares”, afirmaron desde Incidencia Feminista Argentina. “La historia de nuestra región es clara: los proyectos imperiales —ayer y hoy— no traen democracia ni derechos, sino más dependencia, más desigualdad y más violencia sobre las mayorías populares. Nuestra forma de hacer política es feminista, popular e internacionalista. Por eso rechazamos la guerra como herramienta de dominación y denunciamos las políticas de odio que Trump promueve dentro y fuera de su país”, agregaron en documento de posicionamiento.

Por su parte, la Coordinadora 8M en Chile instaló que “como organización feminista, de derechos humanos y de mujeres migrantes, declaramos firmemente que una invasión jamás será una esperanza de libertad”. Y exclamaron que “la liberación de nuestras comunidades no será posible a través de abrir la puerta a nuevos y peores verdugos”.

Por nosotres, por las venezolanas, por las que están en Palestina… ¿Nos arremangamos o qué?

Continuará…

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Por Carla Perelló y Mariángeles Guerrero | Fotos: Nawseas desde Caracas, Venezuela

Estados Unidos atacó la República Bolivariana de Venezuela y llevó a su punto cúlmine un nuevo capítulo de intervenciones militares en América Latina y el Caribe, con un bombardeo hoy en Caracas. El objetivo es combatir al mayor bastión antiimperialista de la región que, pese al recambio de liderazgos, persiste en su posicionamiento político de emancipación latinoamericana y mundial. Donald Trump avanzó además en un territorio declarado de paz en 2014 y que cuenta con recursos de relevancia para el extractivismo capitalista, como petróleo y minerales. El argumento, al igual que el utilizado con Gustavo Petro en Colombia, es acusar al presidente constitucional Nicolás Maduro de tener vínculos con el narcotráfico.

Venezuela es rica en bienes comunes codiciados por la industria energética. Según RT Brasil, cuenta con las mayores reservas conocidas del mundo, con 303.806 millones de barriles. Tiene una producción de gas natural de 200,3 trillones de metros cúbicos y 48 tipos de minerales como oro, hierro y bauxita (rica en aluminio), además de las llamadas “tierras raras”, considerados como minerales necesarios para la transición energética a sistemas post fósiles.

Pero Venezuela es además el bastión de la lucha antiimperialista en América Latina. Ya lo afirmaba el eterno presidente Hugo Chávez en 2005. “Los Estados Unidos nacieron con pretensión imperialista de tragarse todas nuestras repúblicas. Los gobiernos que no se subordinaron a ellos fueron echados de la forma más sangrienta”.

Tras secuestrar al presidente constitucional, Nicolás Maduro, y su compañera Cilia Flores (ambos acusados por Estados Unidos de narcoterrorismo), Donald Trump brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que “gobernará” Venezuela hasta que se pueda “producir una transición segura”. Estados Unidos nunca reconoció a Maduro como presidente electo de Venezuela, tras los comicios del 24 de julio de 2024.

Además agregó: “Este primer ataque fue un éxito, posiblemente no necesitemos un segundo, pero estamos preparados para una segunda ola de ataques más grande”. Agregó: “Nuestras compañías petroleras entrarán a Venezuela a invertir billones, reparar las infraestructuras dañadas y obtener ganancias”. Y fue más allá: “Tenemos intereses ahí. No nos va a costar nada, no vamos a gastar dinero, porque el dinero vendrá de las actividades de nuestras empresas petroleras ahí”.

El ataque se enmarca en el contexto de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en la que Donald Trump revive la Doctrina Monroe —que entiende a América Latina como su “patio trasero”— y reafirma la decisión de Estados Unidos de ampliar la presencia militar y su influencia en la región de América Latina y el Caribe. 

Ese accionar comenzó con la mayor presencia militar que desplegó desde el 2 de septiembre del año pasado, que implicó, al menos, 110 ejecuciones sumarias contra 34 botes. En Argentina, aunque con la anuencia del presidente Javier Milei, el ejército estadounidense tiene presencia en el río Paraná y, por autorización del Estado nacional, fue habilitado para que su Armada haga ejercicios militares en Bahía Blanca, Mar del Plata y Tierra del Fuego. 

Bombas sobre Caracas

El merodeo de los últimos meses por parte de los buques de guerra de Estados Unidos por las aguas del Caribe concluyó este sábado con un bombardeo sobre Caracas, atentando que apuntó contra blancos militares y civiles. Entre ellos, el mausoleo del expresidente Hugo Chávez y un centro de acopio de medicinas, para finalizar con el secuestro del presidente, Nicolas Maduro, y su esposa, Cilia Flores. También fueron afectados otros estados como Miranda, Aragua y La Guaira. 

Tras el bombardeo, la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela se expidió exhortando a las Naciones Unidas para que dé cumplimiento a los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que reconocen el respeto de la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza.

“El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación”, expresa el comunicado oficial difundido a las 4 AM (hora local).

Mientras el gobierno de Nicolás Maduro convocó a las calles a la población, la diplomacia venezolana presentó sus respectivas denuncias ante la ONU, la Celac y el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal). En tanto, el presidente de Venezuela decretó el Estado de Conmoción Exterior y ordenó el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país. Para esto, apeló al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que habilita el uso de la legítima defensa para proteger a su pueblo, territorio e independencia.

“Estamos llamando a la defensa de la vida“

Mientras la solidaridad global se expresa y el pueblo venezolano sale a las calles, pasadas las 12 horas del bombardeo de la administración Trump sobre Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez brindó declaraciones al país y al mundo junto al Consejo de Defensa, ocasión en la que exigió la libertad inmediata de Nicolás Maduro y Cilia Flores. “Estamos decididos a la libertad. Lo que están haciendo a Venezuela es una barbarie y constituye delitos de lesa humanidad”, afirmó.

“Jamás volveremos a ser esclavos ni colonia”, afirmó Rodríguez, primera en la sucesión presidencial. “Estamos llamando a la defensa de la vida”, agregó, al referirse al pueblo venezolano a quien citó a mantenerse en calma para enfrentar las dificultades. “Todo dentro de la Constitución, estamos listos para defender a Venezuela y nuestros recursos naturales”, continuó, “este es un llamado a los países de la región, porque lo que le hicieron al pueblo de Venezuela se lo pueden hacer a otros pueblos”.

Finalmente, Rodríguez se refirió al ataque estadounidense: “Los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar. Ya el pueblo venezolano los ha sitiado donde deben estar, en el basural de la historia” y sentenció en relación a las declaraciones emitidas por Trump: “Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro. (…) Aquí hay un gobierno con claridad”; y aclaró: “Estamos dispuestos a relaciones de respeto en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela”.

El secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores

Posteriormente, el presidente Maduro fue secuestrado junto a su esposa Cilia Flores por Estados Unidos. Fue trasladado a bordo del buque de guerra USS Iwo Jima, perteneciente a la Armada de los Estados Unidos, con destino a Nueva York. Donald Trump había enviado ese buque hacia las costas venezolanas en agosto pasado, con objetivo de perseguir al supuesto Cártel de los Soles que —según el Departamento de Estado de EE.UU— comanda Maduro.

Según un documento elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, “Nicolás Maduro Moros, el acusado —al igual que el expresidente Chávez antes que él— participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes”. 

El texto agrega: “Las ganancias de esta actividad ilegal fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos, quienes operan en un sistema clientelar dirigido por los de arriba, conocido como el Cártel de los Soles, en referencia a la insignia del sol que lucen los uniformes de los altos mandos militares venezolanos”. Y establecen un paralelismo del supuesto cártel con otros como el cártel de Sinaloa o Los Zetas en México.

Tras la exigencia por parte del gobierno venezonalo de “una prueba de vida” del mandatario, circuló una foto con la inscripción que indica que se encontraría a bordo de ese buque. La vicepresidenta y primera en la línea sucesoria, Delcy Rodríguez, se encuentra en Rusia y desde allí afirmó desconocer el paradero de Maduro y de Flores y repudió el ataque contra su país.

La declaración de la ONU y las reacciones de la comunidad internacional

El portavoz de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, afirmó hoy que el Secretario General, António Guterres, está “profundamente alarmado por la reciente escalada en Venezuela, que culminó hoy con la acción militar de los Estados Unidos en el país, lo que podría tener preocupantes implicaciones para la región”.

Con más tibieza que repudio, agregó: “Independientemente de la situación en Venezuela, estos acontecimientos constituyen un precedente peligroso. El Secretario General sigue subrayando la importancia del pleno respeto —por parte de todos— del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. Le preocupa profundamente que no se hayan respetado las normas del derecho internacional”.

El comunicado finaliza con un llamamiento “a todos los actores en Venezuela a entablar un diálogo inclusivo, con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho”.

Hasta el momento se expidieron en contra de la invasión a Venezuela: el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; de Cuba, Miguel Díaz Canel; de Chile, Gabriel Boric. La Unión Europea llamó al respeto del derecho internacional, pero expresó que el gobierno de Nicolás Maduro “carece de legitimidad”.

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Por Laura Salomé Canteros | Fotos: Latinas en Marcha

Que el derecho al aborto es tema obligado en cada elección post 2018 no es novedad. Tampoco moda. Fue gracias a que miles de activistas feministas se organizaron para levantar la calidad del debate político criticando el alcance de la democracia en el mundo, exigiendo reformas de vida a representantes, jefes, CEOs y patrones.

Es que las olvidadas, las postergadas, las desterradas, las esclavas rompieron el silencio y ya no toleran quedar fuera del banquete del placer y la distribución de las riquezas. El 5 de noviembre es así de clave y se trata de la existencia. Las latinas saben que su decisión como mujeres y disidencias a la hora de ir a votar excede el evento que da continuidad o genera un cambio de gobierno en los Estados Unidos: podría sentar un precedente para blindar derechos en cada uno de los estados del llamado país de la democracia y la libertad.

Es por esto que están en las calles y hasta el 5 de noviembre participarán de las elecciones que el mundo mira con un bonus, juntaron más de millón y medio de firmas para presentar en la boleta la Enmienda 4 que protege el derecho al aborto en La Florida. Una iniciativa feminista para reformar la legalidad constitucional, pero que además tiene el objetivo de despenalizar socialmente el aborto.

La Enmienda 4 dice que “ninguna ley prohibirá, penalizará, retrasará o restringirá el aborto antes de su viabilidad”, y se requerirá un 60% de aprobación que sí, es difícil, pero tiene el objetivo de terminar con el plazo imposible de seis semanas para acceder al derecho al aborto.

Ellas son las Latinas en Marcha, quienes se definen como un programa estatal de mujeres latinas progresistas que buscan cambiar y remodelar la agenda conservadora del gobierno local realizando actividades culturales. Comenzaron a organizarse tras un evento en 2018 en Miami y en 2024 ya realizan campaña en todo el estado. Las movió el deseo de averiguar cuál era “el hambre” por la existencia de un movimiento político centrado en las mujeres latinas. Y acertaron.

Latinas es una coalición de organizaciones y está conformado por mujeres y disidencias, sobre todo en Miami y Orlando, que ansían participar en la toma de decisiones. Trabajan territorialmente diferentes problemáticas como el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, el derecho a la vivienda o la justicia climática. Están preocupadas por que la democracia llegue a todas las personas, sobre todo a quienes fueron históricamente marginalizadas como les afrodescendientes, pueblos indígenas y claro, las mujeres latinas.

Para que nos lo cuente, hablamos con Ysabella Osses, directora del electorado latino para Florida Rising, activista de Latinas en Marcha. Un espacio de creación de poder popular que surgió de la mano de Dolores Huerta, histórica sindicalista por los derechos campesinos.

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¿Qué está en juego en las próximas elecciones respecto a los derechos de las mujeres y las personas del colectivo LGBT?

En este momento, lo que está en juego son nuestras vidas y nuestra dignidad, sobre todo en temas de salud. Tenemos un gobernador, Ron DeSantis, que es una persona que está en contra de todo lo que no sea cristiano y hombre. Está en contra de la salud sexual, del aborto, de métodos anticonceptivos, de la comunidad LGBTQ.

DeSantis ha definido distintas iniciativas públicas, como la prohibición del aborto a las seis semanas o “Don’t Say Gay”, que consiste en que no se puede decir la palabra gay en los colegios o si no pueden despedir a las y los profesores. Además, la currícula que están enseñando en los colegios públicos es una historia revisada de los Estados Unidos donde no se mencionan a la esclavitud o las experiencias que han tenido que pasar las personas latinas o afrodescendientes para llegar donde estamos. No hablan de la falta de igualdad, no hablan de básicamente temáticas de justicia social.

¿Cómo es la situación del derecho al aborto en el país? ¿Cuáles son aquellos estados donde es más difícil acceder a la interrupción voluntaria del embarazo?

Desde julio, en el estado de la Florida tenemos una prohibición extrema del aborto hasta las seis semanas, sin excepciones reales por violación o incesto. Pero para hacer un aborto, primero hay que buscar un turno con el ginecólogo o la ginecóloga, y acá la salud es demasiado cara. Después, en 24 horas, hay que tener la ecografía y allí, sólo se acepta el aborto hasta la semana seis desde el último periodo de menstruación, lo que obviamente no es suficiente para que la persona gestante sepa que está embarazada.

A eso se le agrega una capa más de dificultad para las mujeres latinas, sobre todo para las que están atravesando un sistema migratorio complejo y desigual: en la última sesión legislativa se aprobó una prohibición de que quienes están indocumentadas puedan pasar al estado de la Florida en auto y quienes no tienen documentos no pueden tampoco viajar por avión a diferentes estados del país.

Entonces, ahora vemos geográficamente que en los Estados Unidos hay una prohibición de seis semanas o en algunos casos total del aborto en los estados del sur. O sea que si alguna mujer que es mamá y latina -porque la mayoría de quienes han recibido servicios de aborto ya son madres-, desea tener acceso a la interrupción del embarazo tiene que viajar a otro estado como Virginia, Chicago o Washington D.C.

Todo un ataque a la clase trabajadora, ya que la que tiene dinero puede viajar a cualquier país y a cualquier estado para tener acceso a estos servicios, lo que significa que básicamente en Estados Unidos una tiene que comprar los derechos humanos que le corresponden.

¿Qué opinan de la “Marea Verde” en otros países y en América Latina? Comenzaron a usar el pañuelo verde, ¿se sienten parte de una lucha que es global?

Estamos muy contentas de tener una estrella, en este caso del sur, como la Marea Verde. Hay referentes como Marta Alanis (Católicas por el Derecho a Decidir/ Incidencia Feminista) que estuvo con nosotras y nos enseñó sobre el movimiento; de los éxitos, de lo que hay que mejorar y que nuestras luchas y éxitos no son permanentes y una tiene que seguir luchando por convicciones y valores.

Eso es lo que estamos tratando de hacer en Latinas en Marcha. El primer encuentro de la Marea Verde en Estados Unidos fue en Washington D.C. el año pasado y ha tomado fuerza. Me encanta ver los pañuelos verdes que acá se ha convertido en uno de los símbolos también de la lucha por derechos reproductivos. Quizás no tanto como en Argentina, pero para allá vamos, y yo sé que lo vamos a hacer real, sobre todo con la campaña de la Enmienda 4.

El 5 de noviembre queremos pasar una Enmienda que limita la interferencia política con el derecho al aborto. Es una Enmienda constitucional y para eso juntamos más de un millón de firmas de diferentes floridianas y floridianos para ponerla en la papeleta electoral de estas elecciones (2024), y hemos estado haciendo campaña, trajimos a la Marea Verde acá a Florida por primera vez.

Hicimos eventos de storytelling donde quienes asistieron hablaron sobre sus historias de aborto y salud reproductiva o de falta de acceso a la salud o la atención médica; sobre los temas de reproducción y asuntos de género también, y hemos estado sacando ese tabú de que es algo nuevo y que no debería ser legal. Acá, en la cuna de la opresión y con las latinas en los Estados Unidos.

Ser latina en Estados Unidos

Para Ysabella, la palabra latina es un término “para ponernos en la misma bolsa”. Considera que es un término que soslaya que “cada país de la región tiene su cultura y diferentes formas de mirar el mundo”. Pero rescata que es un “puente de unidad” ante la tremenda ola de discriminación hacia la comunidad latina en los Estados Unidos.

La reflexión llega mientras corre la noticia de que artistas de Puerto Rico, con millones de seguidores en sus redes sociales, llamaron a votar por la candidata demócrata, Kamala Harris, tras la violencia de un vocero de la campaña de su rival, Donald Trump, en uno de sus mitines. “Trató a Puerto Rico como una isla flotante de basura”, contó Ysabella, y recordó que “cuando se tiró a presidente en 2016 nos trató de criminales, de que mandamos lo peor, de que vivimos en shithole countries o en países de mierda en sus palabras”.

Éste es uno de los motivos por los que las latinas están organizadas como movimiento, sobre todo en el sur del país. “Las personas migrantes no quieren creer que este hombre está hablando sobre ellas. Entonces, hay un fenómeno interesante: las políticas públicas no nos toman en cuenta, pero aún hay gente que lo apoya y lo respalda sin preguntas ni dudas”, contó la referente política.

Ysabella es consciente de los desafíos. “Éste es un momento súper importante”, afirmó, y recordando a la militante por los derechos campesinos que las vio nacer como organización, dijo: “Es un campo de tierra fértil que podemos hacer crecer; aquí y ahora podemos plantar diferentes semillas de diferentes formas dependiendo el país”.

Vuelve a la pregunta que la llevó a pensar en medio de una campaña que está en la vertiginosa recta final. “A mí lo que me gusta mucho de ser latina es que sabemos que siempre tenemos que seguir trabajando para conseguir lo que queremos por la dignidad para nuestras comunidades, familias y amistades”, retomó y finalizó: “Me gustaría ver cómo ganamos la Enmienda 4 el 5 de noviembre y cómo vamos a transformar la agenda de la justicia reproductiva en el estado de La Florida. También crear rayitos de luz para otras compañeras que están en los estados más arriba de nosotras”.

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Por Claudia De la Cruz *

Este día ser realizarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y la tensión ha venido creciendo, todos los sectores están esperando ansiosamente no solo la elección, sino preguntándose ansiosamente qué ocurrirá los días y los meses siguientes.

Algunos analistas han llegado a la conclusión que esta será la elección con mayor relevancia e implicancia a nivel sociopolítico desde la guerra civil.

Además de la crisis económica que se ha venido desarrollando y que explotó en 2007/2008 y sus implicancias para la clase trabajadora y la élite en Estados Unidos, hay al menos cinco factores que impactan en etas elecciones y las vuelven sin precedentes.

En los últimos 8 meses,

1. Se generó una profunda crisis económica con un exorbitante número de desempleados y una continua pérdida de protección social y económica para la clase trabajadora.
2. Hemos experimentado la negligencia e ineptitud de la administración de Trump frente a la crisis global de salud, con números que continúan creciendo y sin ningún plan para contener la pandemia.
3. En abril, vivimos la derrota de Bernie Sanders, quien había acumulado el apoyo de varios sectores de la clase trabajadora y montado una campaña que levantaba históricas demandas de las comunidades marginalizadas. Bernie perdió la nominación del Partido Demócrata y ganó Joe Biden.

El resultado de esa decisión por parte de la mayoría del Partido Demócrata dejó a miles de personas y organizaciones que apoyaron la campaña de Bernie, principalmente jóvenes, en un lugar de enojo y desesperanza en relación al proceso electoral. Históricamente, Biden ha representado al sector tradicional, conservador, capitalista e imperialista del Partido Demócrata. En ese sentido, la crisis de legitimidad que la democracia burguesa de Estados Unidos viene experimentando, y que dio vida a Trump, quedó en evidencia una vez más.  La clase dominante no está dispuesta a que el sistema político se mueva, aunque se de forma moderada, hacia un gobierno más progresista.

La crisis de legitimidad se ha profundizado durante estos meses de pandemia y descontento social. Al mismo tiempo, no hay un movimiento unido de la clase trabajadora que se haya movido hacia la creación de una tercera alternativa por fuera de las dos alas políticas de la burguesía.

El Partido Demócrata, como siempre, ha comprendido este escenario y está sacando ventaja de este para ganar fuerza y avanzar en su agenda alrededor de la consigna de “todos unidos por un mejor futuro”. Los demócratas han absorbido el liderazgo de la coalición anti Trump. Esto representa un gran desafío para el movimiento social.

Históricamente y en el contexto actual, muchos sectores progresistas y de los movimientos sociales han sido subordinados al ala burguesa de los demócratas, incluso cuando muchas de las políticas contra la clase trabajadora durante los últimos 30 años, fueron lideradas por el Partido Demócrata.

4. Otro factor clave que hace esta elección sin precedentes es precisamente Trump. La elección de Trump es una expresión de la crisis económica y política en que Estados Unidos ha estado por al menos una década. Teniendo un presidente abiertamente racistas, misógino, xenófobo y fascista que ha conectado con intereses de la clase dominante y ha creado una evidente y pública polarización dentro de la burguesía y sus partidos.

En la esfera social, los supremacistas blancos y sus grupos militarizados han resurgido y se han fortalecido con el fuerte apoyo del Estado. En paralelo, como respuesta, la coalición anti

5. Y también está la explosión social que se desborda a finales de mayo tras el asesinato de George Floyd y la profundización de una convergencia de crisis. En este mismo momento, hay comunidades que siguen en las calles protestando y siendo violentamente reprimidas por la policía militarizada.

Este creciente movimiento que sigue tomando las calles exigiendo una serie de derechos para la clase trabajadora, algunos bajo la bandera de Black Lives Matter, están siendo canalizados a la campaña demócrata de Biden, bajo esta coalición anti-Trump. Sin embargo, los demócratas no tienen ninguna propuesta o perspectiva de cambio estructural. Esto es algo que los movimientos sociales y las organizaciones políticas deben tener claro y explorar cómo profundizar esta contradicción.

Estos son algunos factores clave que estimamos han sido el motor que ha generado la movilización de millones de personas hacia el proceso electoral. Algo sin precedentes en los últimos 100 años. Hasta ahora, se estima que 86 millones de personas han ejercido su derecho al voto anticipado, ya sea en persona o por correo. Esta cifra es siete veces mayor que los 6 millones que han votado anticipadamente durante este tiempo en 2016.

Es importante entender este escenario, porque la fuerza que ha movido a este gran número de votantes, de los cuales más de 200 mil son primeros votantes entre los 18 y 25 años, no es su convicción y compromiso con el sistema. Específicamente, los que votan por el Partido Demócrata, no es necesariamente un compromiso con el Partido Demócrata y su agenda, sino que es un voto contra el fascismo y el racismo, y contra lo que Trump representa. Esto también es clave y muy importante para los movimientos sociales. Como posicionarnos y organizarnos alrededor del descontento de la población, y este voto popular contra lo que el capitalismo y la supremacía blanca, es crucial para avanzar y fortalecernos como un movimiento hacia la siguiente etapa dentro de las luchas de clases en este país.

Desde hace meses, y como resultado de COVID-19, las opciones de voto se han ampliado. En otras palabras, se ha activado la votación por correo y la votación anticipada, que en algunos estados no se había utilizado en unas pocas décadas.

Es importante entender cómo funciona la llamada democracia en los EE.UU. No todos los estados se rigen por la misma ley. Hay estados que permiten los votos por correo y cuando éstos son marcados por el servicio postal el 3 de noviembre, aunque lleguen varios días después de las elecciones, cuentan. Y hay estados en los que esto no se acepta. Esto crea un problema, porque en un proceso nacional los estados tienen diferentes reglas de votación. La diferencia de reglas por estado son parte de la historia de la esclavitud donde algunos estados se declararon libres de la esclavitud, y otros estados confederados la mantuvieron, y una vez que fue legalmente abolida a nivel nacional, adoptaron leyes que limitaron la participación de la población negra en los procesos políticos.

La supresión de votos en este país no es el resultado de la administración de Trump, es un problema estructural que Trump y los demócratas están explotando para posicionarse en esta coyuntura.

Trump, desde su tradición racista, durante varios meses, ha lanzado una campaña contra la expansión de las opciones de voto y ha llamado al fraude. Incluso ha hecho ataques al servicio postal y ha promovido la necesidad de recortar su presupuesto. En esta campaña contra el derecho al voto y la participación popular en el proceso electoral, el nombramiento del nuevo juez republicano en el Tribunal Supremo (Barrett) le ha servido a Trump.

Desde la Corte Suprema, pueden invalidar cientos de miles de votos. En este momento, hay estados como Pensilvania a los que se les ha pedido que pongan los votos que llegan por correo separados de los votos en persona para determinar su validez después de la elección. Este es uno de los varios ejemplos de supresión de votos que tienen lugar hoy en día, hay estados como Wisconsin y Texas en el proceso legal de determinar la invalidación de los votos.

En la débil democracia de los Estados Unidos, también encontramos que los votos populares no son lo que determina la victoria presidencial. Por eso es mucho más importante que los candidatos ganen estados. De ahí la importancia de Estados como Florida, Wisconsin, Carolina del Norte, Texas – que históricamente han sido “el campo de batalla”, y donde una u otra ala política de la burguesía puede ganar. Los estados eligen representantes para votar en el colegio electoral, que es donde se elige al presidente. Ahora, eso suena más amigable y menos complicado de lo que realmente es. Los estados están controlados en su mayoría por los republicanos. Los republicanos controlan 30 estados y los demócratas 19. 22 de los 30 estados controlados por los republicanos no tienen un gobernador demócrata que dispute la representación en el colegio electoral. Estos 22 estados representan 219 votos del colegio electoral, y 270 son necesarios para asegurar la presidencia.

En 2016, Hilary Clinton ganó el voto popular, pero la representación estatal dentro del colegio electoral votó por Trump. Y una de las cosas que la campaña de Trump busca garantizar es precisamente una representación de los estados que lo re-elijan. Esa no es una posibilidad lejana. Puede suceder de nuevo.

Ahora bien, lo que está generando más tensión y discordia, aparte de la posibilidad de cuatro años más de Trump, no es necesariamente la forma en que se está llevando a cabo la supresión de votos o el tema del colegio electoral. No menos importante, pero como mencioné antes, esto es histórico y está en curso dentro de la tullida democracia de este país. Lo que está causando tensión, y lo que no ha sucedido desde finales de 1800 es la posibilidad de una crisis constitucional.

Esta crisis constitucional puede ocurrir en el caso de que Trump no conceda una transición de poder, si Biden gana. Y, todo indica que no está dispuesto a ceder la presidencia. En varias ocasiones Trump ha afirmado esto, y ha respondido a la pregunta de una transición pacífica declarando que “no habrá transición, sino más bien, una continuación de la presidencia”.

Biden tendría que ganar con un número extraordinariamente grande de votos para ser reconocido como victorioso. Además, tendría que ganar el voto popular y el colegio electoral, y los demócratas deberían tener el control del Senado. Incluso ganando de esta manera, dado Trump y las maniobras políticas que ha puesto en marcha, no habría una transición pacífica.

Que Biden gane con el voto popular y el colegio electoral, no es probable. El margen de diferencia por el cual se estima que puede ganar con tal victoria es muy pequeño.

En un escenario como este, el papel de la corte suprema y su trabajo de invalidar los votos en diferentes estados es muy importante para asegurar la posición de Trump. También es importante, el llamado de Trump a los “chicos orgullosos” y a los grupos supremacistas para “defender la democracia”.

Todo indica que se buscarán todos los obstáculos para garantizar otro mandato presidencial bajo Trump.

Hay una posibilidad de que Biden gane el voto popular, y pierda el voto del colegio electoral. Como resultado, el partido Demócrata podría impugnar el proceso, y no ceder. Lo que también significaría un conflicto político y social – con movilizaciones masivas en las calles, además de procedimientos políticos y legales.

En cualquiera de los escenarios habrá un período de incertidumbre – un período entre noviembre y enero. Es decir, desde el día de las elecciones hasta que el presidente sea elegido y confirmado.

Las implicaciones de estas elecciones son de proporción histórica y drásticas precisamente porque nos enfrentamos a un contexto de profunda crisis y polarización en todos los niveles de la sociedad.

En este período de incertidumbre, se estima que se intensificarán los conflictos sociales y los disturbios. En el primer debate presidencial, Trump ordenó a los grupos de supremacía blanca, como los “chicos orgullosos”, que estuvieran atentos y han tomado las calles de algunos estados para enfrentarse a los demócratas, y a la gente que protesta en defensa de las vidas de los negros. Seguramente habrá muchos obstáculos en el proceso de votación del martes, incluyendo la intimidación y posiblemente la violencia de estos grupos en los centros de votación.

Cualquier resultado el martes por la noche e incluyendo el factor de agitación por los medios corporativos podemos esperar movilizaciones: con grupos de supremacía blanca, con grupos que han estado en las calles exigiendo el fin de la supremacía blanca y la brutalidad policial, y grupos que han estado involucrados en la coalición anti-Trump, incluyendo secciones del Partido Demócrata. Además, existe el factor de una policía militarizada en todo el país.

Esperamos más ataques del Estado a los movimientos sociales y organizaciones políticas. En los últimos meses se ha incrementado la persecución, criminalización y encarcelamiento de activistas y líderes sociales.

Se avecinan tiempos de gran convulsión y movilización social. Esto requerirá que aquellos de nosotrxs que creemos en el avance de un proceso revolucionario desde la clase obrera intensifiquemos la lucha. Debemos profundizar esta crisis política, y subrayar las contradicciones elevando las demandas del pueblo y los movimientos sociales, para que la agenda de la clase obrera pueda avanzar.

En todo el país, los movimientos sociales y las organizaciones políticas de izquierda están viendo y analizando este momento, y se preparan para responder a ese período de incertidumbre, con la intención de intervenir a través de la formación política, la organización y la movilización permanente:

1. Potenciar la lucha histórica contra la supresión de votos y por la creación de procesos democráticos participativos en el país;
2. Levantar las demandas de los movimientos sociales para los cuales los partidos Demócrata y Republicano tienen una respuesta
3. Oponerse al fascismo, a la supremacía blanca, al capitalismo y al imperialismo.
4. Proteger y fortalecer las organizaciones y movimientos.
5. Identificar a los líderes que salen de estos procesos y que pueden ser parte de las filas para avanzar en la lucha de clases.
6. Unificar y fortalecer un movimiento popular independiente de las alas políticas de la burguesía.

Estos son momentos intensos, que traen desafíos y oportunidades. Por fin sabemos que ninguno de los dos partidos avanzará en la lucha de clases. Ninguna de las dos alas políticas de la burguesía estadounidense ofrece un cambio en su política contra Venezuela, Cuba, China, Irán – por nombrar algunos. Y no ofrece un cambio material a la realidad de la mayoría de la gente en los Estados Unidos.

Algunas de las preguntas clave en este contexto son, ¿cómo vamos a coordinar nuestros esfuerzos, y organizarnos para no ser la cola final de la coalición demócrata anti-Trump? ¿Y cómo acumularemos el poder popular para responder a este momento como movimientos sociales y avanzar en la lucha de clases en esta etapa crítica?

*Publicada originalmente en Peoples Dispatch 

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Por David M. K. Sheinin* y César R. Torres**

En marzo de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 interrumpió repentinamente las temporadas de dos de las grandes ligas deportivas profesionales norteamericanas (la National Basketball Association [NBA] y la National Hockey League [NHL]), ambas empezaron a planificar su reactivación. Sus dirigentes urdían escenarios posibles mientras que los pronósticos epidemiológicos, políticos y económicos cambiaban diariamente. Por el contrario, los directivos de la Major League Baseball (MLB) y de la National Football League (NFL) no sintieron la urgencia de la NHL o de la NBA, ya que afortunadamente, desde su punto de vista, esos deportes estaban fuera de temporada.

A fines de julio, la MLB comenzó una temporada más corta que la habitual de solo sesenta partidos por equipo. En agosto, la NBA y la NHL lanzaron una liguilla modificada para finalizar la temporada interrumpida en marzo, y la NFL abrió sus campos de entrenamiento para la temporada que empieza en septiembre. Mientras que cada liga deportiva anunció precauciones para evitar la transmisión del virus, sus planes de reactivación y sus resultados han sido disímiles. La NBA y la NHL han registrado muy pocos casos de COVID-19 entre sus cientos de jugadores, entrenadores, árbitros y demás personal. Por otro lado, la MLB y la NFL no han sido tan exitosas. Cada día hay nuevos contagios y casos de comportamientos peligrosos e irresponsables de parte de los jugadores.

La consecuencia ha sido partidos cancelados en la MLB, jugadores que han decidido no jugar este año para no arriesgar su salud y mucha incertidumbre. A primera vista, la diferencia entre éxito y fracaso en el control del virus radica en la estrategia de la NHL y de la NBA de aislar a todos los equipos y sus séquitos (sin familiares) en una burbuja, sin contacto con el exterior y la ausencia de esa estrategia en la MLB y la NFL. Sin embargo, las estrategias de las ligas deportivas y sus repercusiones reflejan políticas nacionales, culturas organizativas y acercamientos al negocio del deporte con notables diferencias, anteriores a la aparición del COVID-19. Representan también resultados, hasta cierto punto, previsibles. Todo esto es particularmente relevante en un año electoral clave en Estados Unidos.

La urgencia del negocio

Desde hace cuatro décadas, el negocio de las ligas deportivas en Estados Unidos y en Canadá ha excedido la venta de entradas. Las ganancias provienen de la venta de mercadería, el patrocinio de empresas, la venta de derechos televisivos y, en la última década, las apuestas en línea. Este tipo de apuestas ha sido especialmente importante para la MLB y la NFL. En los mercados pequeños como Cincinnati o Baltimore, donde los equipos triunfan poco, empresas como DraftKings y FanDuel cambiaron el negocio del deporte profesional. Antes de su llegada, los partidos de los equipos de mercados pequeños contaban con una audiencia reducida, tanto en línea como en televisión. Pero con la legalización de las apuestas en línea en Estados Unidos, miles de personas empezaron a mirar los partidos, no por su calidad, sino por su interés monetario en el resultado. Una década atrás habría sido impensable un lazo entre las ligas deportivas y las empresas de apuestas. Sin embargo, en la actualidad, DraftKings es socio oficial de las cuatro grandes ligas deportivas, con su logo ubicado en las plataformas digitales de cada una de ellas.

A pesar de los lamentos mediáticos por los cambios en la cultura deportiva bajo la pandemia, con estadios sin público (o con público de cartón), esa ausencia de espectadores/as en vivo representa cifras relativamente menores para las empresas multimillonarias dueñas de los equipos. En 2020, la demanda ha sido volver a jugar lo antes posible –con el público afuera del estadio, aislado en sus casas, mirando los partidos por televisión y, en miles de casos, apostando en línea–.

Canadá vs. Estados Unidos

En julio, la ciudad de Toronto y la provincia de Ontario aprobaron el pedido del único equipo canadiense de la MLB, los Toronto Blue Jays, para jugar sus partidos de local en Toronto. Pero a último momento, el gobierno canadiense anuló esa determinación. La MLB había decidido no restringir el movimiento de los equipos. El problema era que Canadá no permitiría que los equipos cruzaran la frontera cuando en ese país se había aplanado la curva de la pandemia en junio y en Estados Unidos el virus continuaba avanzando rápidamente. Así, los Blue Jays tuvieron que utilizar un estadio inferior en Búfalo para sus partidos de local.

La decisión canadiense subrayó las diferencias en la manera en que los dos países enfrentaron la pandemia desde marzo. En Estados Unidos, el gobierno nacional no tomó una posición de liderazgo durante la crisis. No solamente desoyó los consejos de sus expertos en salud pública, sino que el presidente Donald Trump desarmó, amenazó y marginó a las entidades científicas gubernamentales. Mientras tanto, en Canadá, el gobierno nacional coordinó una respuesta centralizada, confió en la comunidad científica y dejó de lado sus diferencias políticas con los gobiernos provinciales y municipales para adoptar una estrategia común y coordinada en contra del COVID-19.

En marzo, con la excepción del tráfico comercial, Canadá cerró su frontera con Estados Unidos. El exilio de los Blue Jays representa la posición de las mayorías canadienses: la frontera debe permanecer cerrada y el funcionamiento de la MLB es riesgoso –un rasgo generalizado en Estados Unidos, apoyado (o tolerado) por su gobierno nacional–.

Deporte y cultura política

La NFL y la MLB son ligas deportivas que dependen mucho más que la NHL y la NBA de la cultura política encarnada por Trump, especialmente en lo referente a la cuestión racial, que cada vez define más las crecientes diferencias entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Hay cada vez menos jugadores blancos en ambas ligas, con un incremento notable en los últimos veinte años de jugadores latinos en la MLB y negros en la NFL. De todos modos, en un país en que el porcentaje de personas blancas sigue disminuyendo, el público de la MLB y de la NFL, tanto en los estadios como en la televisión, es cada vez menor, pero, a su vez, cada vez más blanco y más viejo. Hace poco, los Atlanta Braves abandonaron su estadio en el centro de la ciudad, poniendo en peligro docenas de negocios pequeños que dependían de la actividad comercial a su alrededor. Se trasladaron a un estadio nuevo afuera de la ciudad. En la segregación racial que sigue definiendo a muchas ciudades estadounidenses, el cambio marcó el abandono de un lugar poblado por personas negras hacia una zona percibida como más “tranquila” por el público blanco que asiste a los partidos. El béisbol como negocio que confirma la segregación racial se nota en muchas ciudades. En Detroit, los estadios de fútbol y de béisbol quedan a pocos metros de una carretera que le permite a un público casi completamente blanco llegar de municipios suburbanos en auto, estacionar en playas de estacionamiento vigiladas al lado de los estadios, mirar el partido y volver a los suburbios sin entrar a la ciudad “peligrosa” y con una población mayoritariamente negra.

En 2016, Colin Kaepernick, el mariscal de campo de San Francisco, se arrodilló durante el himno nacional antes de los partidos, en protesta por la brutalidad policial en contra de la comunidad negra. Los dirigentes de la NFL, estupefactos, no sabían qué hacer. Trump los criticó por su indecisión, así como por no haber castigado a Kaepernick y su supuesta falta de respeto hacia la bandera y el himno nacional. Como en el caso de la MLB, el fútbol terminó cediendo a las demandas de un público cada vez más blanco y más viejo, un grupo demográfico del cual Trump depende electoralmente: la liga y los equipos conspiraron para negarle a Kaepernick un contrato y, desde aquella temporada, no volvió a jugar.

La decisión de la MLB y de la NFL de no embarcarse en un modelo de aislamiento en burbujas para organizar sus temporadas termina manifestando la cultura política de su público, que tiende a apoyar a Trump. Ese apoyo incluye vacilaciones sobre el peligro del COVID-19, resentimiento racial hacia las personas negras y latinas en las ciudades que supuestamente son fuentes del virus y la idea de que la reactivación de la economía local y nacional está frenada por los controles “innecesarios” (distanciamiento físico, máscaras, cuarentenas y negocios cerrados) impuestos por los gobiernos locales y nacionales.

Esa política se nota también en las temporadas de fútbol universitario, otro negocio multimillonario, y sus dos ligas más importantes. La Big 10 incluye universidades públicas en estados del medio oeste del país (Illinois, Indiana Míchigan y Wisconsin, entre otros) que, por lo general, han logrado controlar la pandemia con una política de distanciamiento físico, máscaras, cuarentenas y negocios cerrados. La Big 10 canceló su temporada 2020. La Southeastern Conference (SEC) incluye universidades públicas en estados (Alabama, Florida, Luisiana y Texas, entre otros) que no han logrado controlar la pandemia y en los que se resiste el uso de máscaras, muchos negocios permanecen abiertos y prevalece una sospecha generalizada hacia las autoridades de salud pública. La SEC aún sigue con la idea de organizar la temporada 2020.

El efecto David Stern

¿Por qué la NBA y la NHL optaron por el modelo de la burbuja? Aunque basado en Nueva York, la NHL cuenta con capitales y fuertes influencias culturales canadienses. La mitad de los jugadores, así como siete de los treinta y un equipos de la liga, son canadienses. Asimismo, Canadá cuenta con un público numeroso, leal y fervoroso. Por otro parte, la política canadiense frente a la pandemia (incluyendo sus éxitos) también influyó la decisión temprana de la NHL de basar sus dos burbujas en las ciudades de Toronto y Edmonton.

Pero hay un factor todavía más importante. Ni las políticas ni los negocios de las dos ligas deportivas han sido ligadas al Partido Republicano en Estados Unidos, lo que abrió la posibilidad de una estrategia antivirus libre de la visión de Trump. En parte eso representa el legado de David Stern, el exdirigente de la NBA que hizo crecer el negocio de su liga a nivel nacional e internacional de 1990 a 2014, mientras que la MLB y la NFL estaban en declive. Su postura del deporte tomaba en cuenta –y fomentaba– los cambios culturales en Estados Unidos y el hecho de que el público del básquetbol es cada vez más diverso, con amplia representación de la comunidad negra. Los dirigentes actuales de la NBA (Adam Silver) y de la NHL (Gary Bettman) empezaron sus carreras bajo el liderazgo de Stern en la NBA y se formaron con su modelo de gestión –más distante de las influencias de uno u otro partido político y más ágil para adaptarse al cambiante escenario cultural, político, social y económico–.

Como en el caso de la NFL, hay una historia importante de discriminación racial en la NBA. Pero a diferencia de la indecisión de la NFL frente a las protestas de Kaepernick y de su reacción conspirativa, en 2015 cuando el dueño de Los Angeles Clippers, Donald Sterling, hizo una declaración racista, Silver lo expulsó de la liga y Sterling tuvo que vender sus acciones en el equipo. Como discípulos de Stern, Silver y Bettman entienden cómo enfrentarse a las cambiantes circunstancias mejor que los dirigentes y los dueños de los equipos de béisbol y de fútbol. Así, cuando llegó la pandemia, a diferencia de la MLB y de la NFL, y con más libertad de acción, sopesaron sus alternativas y eligieron la opción más segura y más rentable.

Una burbuja comprometida

Desarrollar su actividad en una burbuja no implica alejarse de la realidad política y social. Al reanudarse la temporada, y a raíz del asesinato del ciudadano negro George Floyd a manos de la policía a fines de mayo, muchos de los jugadores de la NBA decidieron sustituir su apellido en las camisetas por mensajes que remiten a la lucha contra el racismo y la brutalidad policial entre otras causas políticas y sociales. Los jugadores, muchos de los cuales tiene una larga historia de activismo político y social, contaron con la anuencia de la NBA. A fines de agosto, Jacob Blake, otro ciudadano negro, fue baleado por la policía. Indignados por el episodio, los jugadores boicotearon varios partidos, interrumpiendo la temporada. Su asombrosa protesta se propagó rápidamente a otros deportes, incluyendo la NHL, la MLB y la NFL. A los pocos días, la NBA decidió junto a aquellos y a los dueños de los equipos reanudar la temporada, comprometiéndose a una serie de medidas “para abordar una amplia gama de temas, incluido el aumento del acceso al voto, la promoción del compromiso cívico y la defensa de la reforma policial y de la justicia penal”. Silver declaró que apoya el “compromiso [de los jugadores] de arrojar luz sobre temas importantes de justicia social” y agregó que “si bien no camino en los mismos zapatos que los hombres y mujeres negros, puedo ver el trauma y el miedo que causa la violencia racial y cómo continúa el doloroso legado de desigualdad racial que persiste en nuestro país”. Mientras tanto, Trump, enfadado por el activismo de los jugadores y el apoyo de la NBA, manifestó que la asociación dirigida por Silver “se convirtió en una organización política” y que no piensa que “eso sea algo bueno para el deporte o el país”. LeBron James, estrella de la NBA e impulsor de las protestas, declaró: “Estamos hartos. Exigimos un cambio”. Queda por verse si el cambio que prevalecerá, no solo en el deporte, sino en las esferas cultural, político, social y económica más amplias, es el impulsado por los jugadores y la dirigencia de la NBA o el que promueve Trump. Las elecciones de noviembre indicarán, en parte, el rumbo del cambio.

* Doctor en historia. Docente en la Universidad de Trent.

** Doctor en filosofía e historia del deporte. Docente en la Universidad del Estado de Nueva York (Brockport).

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Este año se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos que definirán la continuidad o no de Donald Trum. Del otro lado, avanza a paso firme Bernie Sanders, el candidato “socialista”, que se consolida como opositor dentro del partido demócrata y que podría modificar el panorama geopolítico.¿Expectantes? Un poquito.

Por Camila Parodi y César Saravia |Foto: fivethirtyeight.

Trump llegó al poder tras obtener la candidatura del Partido Republicano y derrotar en las elecciones a la candidata Demócrata Hillary Clinton, sin contar con ninguna experiencia en cargos públicos. Su llegada a la presidencia representa el punto más álgido de la crisis del sistema político del país del norte. 

El sistema político de Estados Unidos está caracterizado por un bipartidismo en la práctica de larga data, desde hace más de un siglo, demócratas y republicanos se han alternado el poder y generado una puerta giratoria en la Casa Blanca en que salen unos y entran otros. Si bien es cierto los demócratas aglutinan a un sector que podríamos considerar más moderado, en un espectro de centro derecha o centro, para pensarlo en clave latinoamericana, lo cierto es que ambos partidos han mantenido en pie definiciones constitutivas de la esencia estadounidense, tanto en su política internacional, en el sistema político y el modelo económico sin mayores agitaciones. Algo así como la fantasía de las élites latinoamericanas y quizás la razón por la que miren tanto hacia allá como la “democracia perfecta”. 

El sistema está diseñado para favorecer al bipartidismo, pese a que la Ley no restringe la participación de terceras fuerzas, si pone una serie de trabas que protege y evita el surgimiento de una alternativa. No obstante, la crisis de representatividad y la pérdida de legitimidad de las élites políticas tiene en Estados Unidos uno de sus principales focos. Esta crisis se expresa tanto por derecha como por izquierda. Donald Trump evidencia este caso al ser elegido como presidente, con el escándalo de Cambridge Analytic en el medio pese a la resistencia de un buen sector  y enfrentado a las grandes cadenas hegemónicas como CNN, ABC, NBC, un proceso que años más tarde se repetiría en Brasil con la figura de Jair Bolsonaro. 

Las dos tendencias Demócratas 

Enero arrancó con las elecciones Demócratas, en donde se definirá quién enfrenta a un Donald Trump que la mayor parte de las encuestas le anticipan una reelección sin mayores complicaciones. Sin embargo, todavía queda mucho tiempo y los dados están lanzados y la expectativa principal radica en si Bernie Sanders, político de 78 años, quien se define así mismo como “socialista demócrata”, logrará la “revolución política” con la que el año pasado arrancó su campaña en Brooklyn, New York. 

Los primeros representantes que compiten por el primer puesto dentro de las elecciones Demócratas se caracterizan por contar con perfiles muy distintos y difíciles de conciliar.  Primero, avanzando a paso firme, el autodenominado socialista encabeza la lista. Como revelación 2020, el senador por Vermont, Bernie Sanders escaló durante el último mes hasta llegar primero a las encuestas, actualmente cuenta con un aproximado de 30% y su discurso de campaña se centra un proyecto político claro de Estado de Bienestar. Uno de sus puntos fuertes es la creación de un sistema de salud universal y gratuito y se trata de uno de los ejes más acompañados con intención de voto, en este caso, por un amplio sector de la población de demócratas hispanos/as. 

Por su parte, desde el pasado mes de septiembre, el ex vicepresidente Joe Biden que aparecía como el candidato fuerte en ese entonces y lideraba con un 21% de aprobación, ahora se encuentra estancado por debajo de los 20 puntos y sin perspectiva de un mayor crecimiento. Con una diferencia de puntos reducida a Biden, nos encontramos con el multimillonario y ex alcalde de New York, Michael Bloomberg que, podríamos ver como el perfil más espejado a Donald Trump. Si bien Bloomberg tiene un camino de más de 10 puntos para alcanzar a Sanders en las encuestas y aun no se ha sometido a votaciones, su capacidad monetaria y, por ende de publicidad y campaña, preocupa al ala progresista de este partido. En los últimos días las y los candidatos de la elección primaria denunciaron que el multimillonario ya lleva gastados más de 420 millones de dólares de su patrimonio para su presentación nacional, tratándose de una suma que no cuenta con registros ni precedentes similares en campañas anteriores.  

Tanto Sanders como Bloomberg encarnan dos modelos claros y opuestos de país, mientras que Sanders empatiza con la población millenial, hispana y progresista tras sus propuestas legislativas con un claro carácter social: cobertura de salud universal, matrícula gratuita en las universidades y el aumento de los impuestos para las y los más ricos. Bloomberg orienta su campaña a la clase media centro-demócrata con tintes conservadores pero proponiendo políticas novedosas para los Estados Unidos como el control de las armas, nuevas formas de apertura a la migración y lucha medioambiental, y sostiene que no recibirá donaciones para su campaña de forma que la misma seguirá llevada a cabo sólo con un único aportante: su bolsillo.

Si bien esto recién comienza y faltan unos cuatro meses de votaciones estaduales donde los números irán fluctuando según las características propias de la población de cada uno de los territorios donde se realizan las instancias de primarias, toda la atención se la llevará el “supermartes” del próximo 3 de marzo. Si, porque en Estados Unidos todo suena a promociones low cost, pero ésta es una instancia ciertamente importante ya que se llevarán a cabo las asambleas de 16 estados de forma simultánea y permitirá ver el tablero con mayor claridad.

Implicancias para Latinoamérica 

Para bien o para mal, las elecciones en Estados Unidos tienen un alto nivel de importancia para la región. Hay quienes consideran que un triunfo de los demócratas es “el mal peor”. No obstante, la política de ambos partidos hacia la región, una vez que han estado en el gobierno, es quizás uno de los puntos donde las diferencias ideológicas se hacen bastante difícil de percibir, ya que las ideas profesadas en la Doctrina Monroe, basadas en la seguridad nacional y lógicas imperialistas, han sido el común denominador. 

Pese a ello, y frente al escenario de un segundo periodo de Trump, la posible llegada de un presidente como Bernie Sanders permite pensar en la posibilidad de un interlocutor, cuando menos, más sensato y con menor agresividad hacia la región. Cabe recordar que en el pasado Sanders se pronunció contra el Golpe de Estado a en Bolivia y contra la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. También se abre la posibilidad de retomar el diálogo con Cuba que se inició durante la gestión de Barack Obama. Algo que sin duda sería una buena noticia para la estabilidad y la paz en la región. 

Otro de los puntos claves es el tema migratorio. Trump se ha caracterizado por un discurso xenófobo y una política abiertamente antimigrantes. Si bien todos los gobiernos, republicanos o demócratas, de los últimos 30 años han mantenido una política migratoria restrictiva y basada en deportes masivos, buena parte de la comunidad migrante coincide que el escenario cuando gobiernan los demócratas es “menos hostil”, para quienes ya habitan en territorio estadounidense. 

Sanders, además, representa un movimiento que desafía al status quo demócrata, en que el apoyo de las comunidades migrantes es clave. Las elecciones de medio término (donde se renovó la mitad del congreso en 2018), mostraron el potencial de cambio del voto de origen migrante. Destaca la llegada de Alexandra Ocasio-Cortez, joven de origen puertorriqueño, quien dio la sorpresa en el Estado de New York para llegar al Congreso y con quien Trump ha tenido varios roces. 

Sea cual sea el resultado la elección tendrá un amplio impacto para la región, pues definirá el estilo de gobierno con el que se tendrá que relacionar, en un contexto donde personajes como Lenin Moreno, Guaidó, Piñera y en su momento el propio Macri sobreviven políticamente por obra y gracia del apoyo de Estados Unidos. Si bien es cierto el poder que un presidente tiene en es bastante limitado, como vimos en los intentos de terminar con el bloqueo a Cuba por parte de la administración de Obama, la llegada de un gobierno de tinte progresista en Estados Unidos puede significar un pequeño respiro para los movimientos populares en la región. Por ahora, no obstante, todo esto es apenas una especulación, los próximos meses serán claves para ir dibujando un panorama más claro.

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Por Camila Parodi

Cuando de jóvenes leíamos las historias de independencia o inclusive cuando nos adentramos en las enciclopedias con las epopeyas del siglo XX entre guerras mundiales, insurgencias y revoluciones, creíamos que ya nada quedaba para el siglo entrante. Un mundo de sistemas representativos mayormente capitalistas, era “el fin de la historia” para algunos académicos alejados de los pueblos.

Sin embargo, el 2019 llegó de forma inesperada para los gobiernos neoliberales que pretendían continuar con sus programas de ajuste y control social. Y así, mientras en Cuba se celebraban los 60 años del comienzo de una revolución aún vigente, las alianzas de la derecha, unificadas en el Grupo de Lima que responden directamente al presidentes Donald Trump de los EEUU, desconocían la elección de las mayorías e intentaban derrocar el gobierno legítimo de Nicolás Maduro en Venezuela, que también hasta hoy resiste.

Aunque pasó desadvertido, al igual que en la historia como primer independencia colonial, el comienzo del año lo marcó el pueblo haitiano. Silenciada por las grandes empresas de comunicación, la pequeña isla se mantuvo un año de pie en las calles contra el gobierno neoliberal, y por ende, asesino de Jovenel Moïse que no sólo aumentó el valor del petróleo y la moneda sino que también propicio el desabastecimiento de agua y comida básica.

Mientras tanto, con actos antipopulares y blindados, asumían Bolsonaro como presidente de Brasil y Bukele en El Salvador que, como riéndose de quienes pensaban que la ultraderecha podía articular un discurso de unidad, sus primeras palabras fueron una declaración de guerra contra el movimiento feminista para agradar a las minorías que los legitiman. Salvando las diferencias, mostraban un programa de ajuste neoliberal resguardado en discursos fascistas y religiosos. En paralelo, llegaba López Obrador a la presidencia de México y a través de sus gestos contradictorios comenzábamos a preguntarnos si era posible un verdadero ciclo democratizador o si el futuro estaba por fuera de las instituciones.

El tiempo no tardó en dar explicaciones, y tras la infiltración de conversaciones lesbo-homo-trans odiantes entre las autoridades de Puerto Rico y la puesta en evidencia de la corrupción y complicidad narco del gobierno hondureño, la barricada comenzó a hacerse cotidiana en el continente. Logrando inclusive, en Puerto Rico, la renuncia del presidente Roselló.

La llama continuó en Costa Rica y luego comenzó a bajar, primero en Ecuador donde el pueblo indígena y campesino se opuso al paquetazo neoliberal de Lenin Moreno tomando las calles e instituciones durante más de un mes y siguió en Chile tras la propuesta de evadir el aumento del transporte impuesto por Piñera, siendo este rechazo específico un trampolín que llevo a más de dos meses de organización y denuncias a pesar de la brutal represión. Haciendo eco de forma similar con el Paro Nacional en Colombia contra el gobierno de Iván Duque y sus niños intentos de resolver el conflicto de paz con diálogo. La cacerola y la barricada se convirtieron en un común del sur del continente para demostrar el descontento popular.

Con la atención puesta en las rebeliones del sur del continente y, creyendo que ya nada más podía pasar, noviembre comenzó con la la liberación del ex presidente Lula Da Silva tras estar 580 días privado de su libertad. Pero poco nos duró el festejo, la derecha empresarial y evangélica de Bolivia dió un golpe militar, civil y mediático al gobierno legítimo de Evo Morales tras su nuevo triunfo electoral. Este accionar llevó a la renuncia del mandatario boliviano con importantes gestos del presidente mexicano Manuel López Obrador y quién estaba próximo a asumir en la Argentina, Alberto Fernández, que recibiría una vez presidente a Evo Morales como refugiado politico iniciando una respuesta desobediente al gobierno de Donald Trump. Por  en otro lado, con biblia en mano,l ingresaba la autoproclamada presidenta Jeanine Añez quien eliminaría a la brevedad el símbolo del Estado Plurinacional, la wiphala, de las instituciones y desataría una masacre contra el pueblo indígena que se opuso a su imposición.

Podríamos perdernos en miles de palabras más con los detalles y las historias de este año, también adentrarnos en los conflictos de otros continentes como el surgimiento de los Chalecos Amarillos, el avance del Partido Verde en el Parlamento de la Unión Europea o inclusive la lucha del pueblo catalán por su autonomía y libertad de presos políticos. Pero una pregunta vuelve a nosotrxs y no basta con relatar sucesos y sorprenderse, se cumplieron 10 años del golpe de Estado en Honduras y tras ese acontecimiento, Paraguay, Brasil y Bolivia… sin embargo, aún con la implementación de nuevas tecnologías, el armamento militar, las empresas de comunicación y redes sociales de su lado, la derecha conservadora tiene una batalla cotidiana contra los pueblos. ¿Será momento de dejar de confiar en los sistemas representativos y empezar a pensar en los nuevos gobiernos de los pueblos?

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Por Hilary Goodfriend / Foto Félix Meléndez  

Podemos entender los nuevos instrumentos de externalización del control migratorio implementados por el Estado imperialista norteamericano como elementos de una reconfiguración del patrón migratorio que estructura el movimiento de fuerza de trabajo entre Mesoamérica y Estados Unidos. La deportación masiva y la externalización del control migratorio hacia México y Centroamérica emergen como una respuesta oficial represiva de Estados Unidos frente la crisis, en función de las nuevas exigencias de la acumulación de ese país.

Patrón neoliberal

El término “patrón migratorio” se usa para destacar la articulación de flujos migratorios con el patrón de acumulación vigente. Podemos identificar tres grandes patrones migratorios: las migraciones “clásicas” del siglo XIX-principios del siglo XX, las migraciones en el fordismo y la sustitución de importaciones (1945-1970), y las migraciones en el neoliberalismo, de (1980-2009). (Aragonés y Salgado, 2014).

La reestructuración productiva que inicia a partir de la crisis de los ‘70 termina instalando lo que Harvey (1998) denomina el régimen de acumulación flexible y lo que se suele identificar como el neoliberalismo. Frente la relativa estabilidad lograda por el delicado acuerdo entre clases establecido en el fordismo, la acumulación flexible se caracteriza por la inseguridad, informalidad y desterritorialización del capital y de los procesos productivos. La reestructuración productiva es esencialmente una contraofensiva del capital, un proyecto de clase que busca restaurar la rentabilidad a través de la desvaloración de la fuerza de trabajo a nivel mundial, liderado por el capital financiero estadounidense. Implica la implementación antidemocrática del ajuste estructural y el desplazamiento de cadenas internacionales de producción que coloca los segmentos más intensivos en mano de obra y con menor desarrollo tecnológico en las economías dependientes, así reproduciendo las relaciones históricas de subordinación.

En el caso de las economías mesoamericanas, caribeñas y Estados Unidos, no se trata de una dinámica unilateral. Roldán (2013) caracteriza a la relación migratoria que emerge después de la reestructuración productiva como una de “complementariedad subordinada” (p. 123). Este patrón migratorio resulta, efectivamente, en un mecanismo para la continuación de las relaciones históricas de dependencia que han determinado el desarrollo latinoamericano desde su inserción en el mercado capitalista global.

La expulsión de la fuerza de trabajo, tanto directa como indirecta, desde las economías dependientes contribuyó al desarrollo de las economías imperialistas en su proceso de desindustrialización. Con la financiarización y el desplazamiento de la manufactura hacia los países dependientes, se expande el sector de servicios en las economías del centro. Estos trabajos en el sector terciario son demandantes de fuerza de trabajo y exigen poca calificación. Son empleos feminizados, mal remunerados y flexibles; ofrecen pocas oportunidades para ascenso y escasas prestaciones sociales.

La inserción subordinada de la fuerza de trabajo migrante en  sectores precarizados de las economías centrales se ha garantizado a través de su criminalización. El endurecimiento progresivo de las políticas migratorias a partir de la década de 1980 ha producido una población de trabajadores y trabajadoras sin estatus migratorio regular. Como demuestra De Genova (2013), la construcción de la “ilegalidad” como categoría jurídica no busca excluir a las y los trabajadores migrantes, sino que sirve para facilitar su inserción desigual en el mercado laboral norteamericano. En este contexto, la amenaza de la deportación opera como un mecanismo de disciplinamiento que pone a los y las trabajadoras en condiciones laborales cada vez menos favorables, contribuyendo a la desvalorización de su fuerza de trabajo.

Además de contribuir a la acumulación en las economías del centro, las y los trabajadores migrantes también son claves para sostener las economías precarias de sus países de origen. Por una parte, la migración masiva sirve como una válvula de escape para la creciente presión del desempleo. Por otra parte, el envío de remesas salariales, principalmente destinadas al consumo familiar, es clave para suplementar a los bajos ingresos de las familias en las economías dependientes—especialmente en el caso del Triángulo Norte de Centroamérica. En 2017, las remesas familiares constituyeron el 11.2% del PIB en Guatemala, 18.8% el PIB en Honduras, y 20.4% del PIB en El Salvador (Migration Policy Institute, 2019). En este sentido, el patrón migratorio neoliberal ha sido clave para sostener el desarrollo desigual de la región.

Reconfiguración

¿Cómo entender, entonces, las nuevas medidas represivas contra las personas que migran? Parece que vivimos un momento de transición entre patrones migratorios, provocada por la desestabilización del régimen de acumulación neoliberal. Bajo el patrón anterior, el sistema de control y disciplina migratorio racializado que se va construyendo a partir de la década de 1980 en Estados Unidos ha servido más para insertar y explotar a los y las migrantes en el mercado laboral estadounidense, en condiciones desiguales, y no tanto para expulsarlos.

Sin embargo, la crisis de 2007-2009 puso en cuestionamiento el patrón migratorio neoliberal. De un patrón caracterizado por la deportabilidad, emerge la deportación masiva, cuyo objetivo es expulsar la sobrepoblación relativa, racializada y migrante hacia la periferia.

Así es que de 246,431 deportaciones en 2005, Estados Unidos expulsó 432,448 personas en 2013. (Office of Immigration Statistics, 2019). Este aumento ha sido acompañado por la multiplicación de mecanismos de control y de detención, como programas que obligan que migrantes indocumentados detenidos por la policía local sean transferidos a las autoridades migratorias. La reducción posterior en las cifras de deportaciones se debe en particular a la externalización de los controles migratorios a México que se da a partir de 2014.  Podemos ver también, bajo el gobierno de Trump, un incremento en el control “interior”, es decir, un aumento en las personas detenidas y deportadas desde el interior del país, muchas veces personas de larga residencia en Estados Unidos. (U.S. Customs and Immigration Enforecement, 2018).

Junto con la deportación masiva, se han implementado una serie de medidas para impedir la llegada de migrantes irregulares y solicitantes de asilo a la frontera estadounidense. La Iniciativa Mérida de 2008 impulsó una creciente militarización de las fronteras mexicanas, seguido por Plan Frontera Sur en 2014. En ese contexto, México llegó a deportar a más centroamericanos y centroamericanas que Estados Unidos desde 2015. De hecho, de todas las personas  centroamericanas retornadas desde Estados Unidos y México en 2016, México fue responsable por el 63.9% (Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el Triangulo Norte, 2019).

A partir de 2017, el gobierno de Trump intensificó la externalización de la frontera estadounidense, con acuerdos de “Tercer País Seguro” con Guatemala, Honduras, y El Salvador—una burla total de la ley internacional—y el financiamiento de patrullas fronterizas en esos países. También hemos visto la imposición del programa de “Quédate en México” y la dramática restricción de los criterios para el asilo, que efectivamente excluyen a casi todo solicitante que no sea de origen mexicano de pedir asilo en la frontera con México. Son más de 50,000 migrantes que ya lograron conseguir su cita de audiencia para solicitar asilo en Estados Unidos y que han sido devueltos a México para esperar esa fecha—y sus casos están en peligro hoy por las nuevas restricciones (García, 2019). A esto agregamos la construcción de kilómetros adicionales del muro fronterizo, y las políticas de detención y separación de las familias migrantes en Estados Unidos, que desde 2017 han separado a más de 5,400 niños y niñas de sus familias (Spagat, 2019).

El gobierno mexicano, por su parte, comenzó a gestionar la inserción de migrantes centroamericanxs en la industria maquiladora en las ciudades fronterizas (Ebner y Crossa, 2019). En septiembre, México había detenido más de 108,000 migrantes en lo que iba del año (Sin fronteras, 2019).

Ahora bien, sabemos que muchas de las medidas impuestas por Trump ocurren en una coyuntura electoral—las amenazas de aranceles contra México, el lema del muro (“Build the Wall!), todos forman parte de su campaña para la re-elección en 2020. Sin embargo, estas iniciativas son la expresión más extrema de una tendencia ya establecida, y corresponden a condiciones estructurales muchas más profundas, como evidencian los cambios que se percibe en los flujos migratorios que hoy entran a Estados Unidos.

De un flujo de migración protagonizado por la fuerza de trabajo precarizada e indocumentada, liderada por México, la migración pos-crisis se caracteriza por una fuerza de trabajo altamente valorizada por el Capital, liderada por Asia. El Migration Policy Institute documenta una reducción en la migración indocumentada, y sostienen que la población de migrantes indocumentadxs—67% de los cuales provienen de Mesoamérica—parece estarse reduciendo. La migración mexicana, que representaba el flujo más grande desde la década de 1970, hoy es superada por las migraciones asiáticas—de China y la India, sobre todo, que cuentan con mayores índices de estudios universitarios (Zong et al 2019). De hecho, la migración mexicana presenta hoy la reducción más grande: de constituir el 29.5% de la población migrante en Estados Unidos en 2000, bajó al 25.3% en 2017 (Migration Policy Institute, 2017).

Las migraciones centroamericanas, por su parte, no se han reducido de la misma forma. A partir de 2014, de hecho, se registra mayor migración centroamericana hacia Estados Unidos que mexicana, con la excepción de 2015 (Capps et al, 2019, 1). Sin embargo, estas migraciones centroamericanas—que se volvieron espectáculos políticos y mediáticos a partir de la crisis de niñez no-acompañada de 2014 y las caravanas de 2018 y 2019—tienen un carácter muy distinto de la migración pre-crisis. De migrantes económicos irregulares, principalmente jóvenes solteros, la migración de Honduras, Guatemala, y El Salvador es hoy protagonizada por familias, especialmente mujeres y niñxs, solicitantes de asilo (Capps et al, 2019, 1). Y el gobierno estadounidense está haciendo todo lo posible para imposibilitar su llegada.

Todo esto indica una desestabilización del patrón migratorio neoliberal. Aragonés y Salgado (2014) argumentan que “la política migratoria que impulsa Estados Unidos con la finalidad de resolver sus dificultades estructurales dará lugar a que esos países auxilien a la potencia estadounidense en relación con la economía del conocimiento, lo cual mantendrá la subordinación de los países periféricos en la configuración del nuevo patrón de acumulación” (454). Pero este nuevo patrón está todavía por establecerse.

Incertidumbre

La crisis evidente del neoliberalismo global, tanto su modelo económico como su hegemonía política y cultural, tiene correspondencia en la desestabilización del patrón migratorio que había estructurado el movimiento de fuerza de trabajo desde los países mesoamericanos (y, en menor medida, caribeños) hacía Estados Unidos. El precario equilibrio logrado por el patrón anterior, esa relación dependiente de complementariedad subordinada entre las economías mesoamericanas y la estadounidense, está en crisis, pero lo que todavía no se ha configurada es la salida.

La lucha política, entonces, es más importante que nunca en este momento de inestabilidad, que está costando miles de vidas, y sufrimiento incalculable. Sabemos que las crisis ecológica y económica solo van a seguir desplazando a los más vulnerables, y la estrategia de las élites hoy, liderados por el gran capital estadounidense, es construirse una fortaleza y dejar a las mayorías fuera, laborando en sus industrias externalizadas en la periferia cuando sea posible o simplemente muriendo, sea en las manos del crimen organizado, ahogados en el mar mediterraneo o el Río Bravo, o agotados en el desierto.

Desde Estados Unidos, la lucha por la justicia migratoria crece—los movimientos populares recién lograron la abolición de la detención migratoria privada en el Estado de California. Obviamente es ahí, donde se origina esta ola de represión, que se puede hacer el cambio más importante. Las elecciones que vienen el otro año serán determinantes en ese sentido. La fractura del consenso bipartidario en el tema migratorio—y muchos temas más—es evidente. Por un lado está Trump, y las fuerzas de reacción y defensa del capital que representa; por otro lado tenemos la figura de Bernie Sanders, quien disputa la candidatura demócrata y representa el renacimiento de la izquierda estadounidense, y cuya propuesta migratoria incluye la suspensión total de las deportaciones y la reversión de casi toda política migratoria implementada desde 1996. Esta nueva izquierda tiene todo en su contra, menos el pueblo.

El análisis de la economía política de la migración nos muestra que los flujos migratorios son inseparables de las estructuras internacionales de acumulación del capital. La lucha por la justicia migratoria, tanto para garantizar el libre y seguro movimiento como el derecho de quedarse en casa, implica inevitablemente intervenir en esas estructuras de acumulación, que reproducen de la dependencia económica y la subordinación política de la región frente Estados Unidos.

Aragonés, Ana María, y Salgado, Uberto. (2014). “Nuevo patrón migratorio bajo el contexto de la crisis”. En Aragonés, Ana María, coordinadora. Crisis económica y migración. ¿Impactos temporales o estructurales? Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas. Epub. Pp. 402-459.

Capps, Randy; Meissner, Doris; Ruiz Soto, Ariel G.; Bolter, Jessica; y Pierce, Sarah. (2019). “From Control to Crisis: Changing Trends and Policies Reshaping U.S.-Mexico Border Enforcement.” Migration Policy Institute. Migrationpolicy.org.

De Genova, Nicolas. (2013). “Poder soberano y la ‘nula vida’ de Elvira Arellano”. En Aquino et al

(2013). Desafiando fronteras. Control de movilidad y experiencias migratorias en el context capitalista. Oaxaca: Frontera Press. 165-172.

Delgado Wise, R. y Márquez Covarrubias, H. (2007) “Teoría y práctica de la relación dialéctica entre desarrollo y migración”. Migración y Desarrollo. 9, Pp. 5-25.

Ebner, Nina, y Crossa, Mateo. (2019, 11 octubre). “Maquiladores and the Exploitation of Migrants on the Border”. North American Congress on Latin America (NACLA). Nacla.org.

García, Jesús. (2019, 8 octubre). “Administración Trump captura a casi un millón de inmigrantes en la frontera en 2019 y agradece a México”. El diario. Eldiariony.com.

Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el Triangulo Norte. (2019). “Retornos”. Organización Internacional para las Migraciones. https://mic.iom.int/webntmi/triangulo-norte/.

Migration Policy Institute. (2019). “Remittance Trends over Time”. Migrationpolicy.org.

Migration Policy Institute. (2017a). “Largest U.S. Immigrant Groups over Time, 1960-Present”. Migrationpolicy.org.

Migration Policy Institute. (2017b). “Countries of Birth for U.S. Immigrants, 1960-Present”. MigrationPolicy.org.

Office of Immigration Statistics (2019). “2017 Yearbook of Immigration Statistics”. Department of Homeland Security. Dhs.gov.

Roldán Dávila, Genoveva. (2013). “La precariedad laboral de los trabajadores migrantes internacionales en la globalización”. En: Roldán Dávila, Genoveva, Coord. La globalización del subdesarrollo en el mundo del trabajo. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas. Pp. 121-166.

Sin Fronteras. (2019, 6 septiembre). “Los costos de ‘frenar’ los flujos migratorios hacia Estados Unidos”. Sinfronteras.org.

Selee, Andrew; Gioguli-Saucedo, Silvia E.; Ruiz Soto, Ariel G.; Masferrer, Claudia. (2019). Invertir en el vecindario. Cambios en los patrones de migración entre México y Estados Unidos y oportunidades para una cooperación sostenible. Washington, D.C.: Migration Policy Institute.

Spagat, Elliot. (2019, 25 octubre). “Tally of children Split at border tops 5,400 in new count”. ABC News. Abcnews.go.com.

US Customs and Immigration Enforcement. (2018). “FY2018 Border Security Metrics Report”. Department of Homeland Security. Dhs.gov.

Zong, Jie; Jeane, Batalova; y Burrows, Micayla. (2019). “Frequently Requested Statistics on Immigrants and Immigration in the United States”. Migration Policy Institute. MigrationPolicy.org.

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Por César Saravia, Gabriela Iraheta y Laura Salomé Canteros*

Luego de que el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador diera como ganador a Nayib Bukele, candidato por el derechista partido GANA, en las elecciones presidenciales realizadas el 4 de febrero de este año, las felicitaciones a través de Twitter no tardaron en llegar. Uno de los primeros en manifestar sus felicitaciones fue Juan Guaidó, diputado venezolano quien unas semanas antes se había autoproclamado presidente de Venezuela, en un nuevo intento golpista contra el gobierno venezolano. En su tuit, Guaidó manifestó que su país estaba listo para iniciar una “nueva etapa de relaciones”. En la misma línea se pronunciaría Luis Almagro, Secretario General de la OEA, quien saludó el proyecto de “iniciar un nuevo capítulo en El Salvador”. Semanas atrás, Bukele había visitado a Almagro para solicitar su apoyo en “garantizar la transparencia” en las elecciones salvadoreñas.

Estos gestos, nada casuales, dieron cuenta de cómo en la derecha regional el triunfo de Bukele era visto con buenos ojos, pues ya daban por hecho que el bloque conservador ganaría un nuevo aliado en instancias como la OEA, Grupo de Lima y la ONU. Así lo confirmó el propio Bukele, en su primera visita como presidente electo a la Heritage Foundation, histórico tanque de pensamiento conservador, en donde aseguró que “(Daniel) Ortega y (Nicolás) Maduro pueden irse despidiendo de sus aliados en El Salvador”. Días más tarde, el llamado “presidente millenial” mostraría orgulloso en su cuenta de Twitter una carta donde Donald Trump lo felicitaba por su elección. La bendición, estaba dada.

Ya como presidente en funciones, Bukele ha mostrado una total sumisión  a la política de Trump. Durante la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, ambos presidentes se reunieron para tratar asuntos de política migratoria y cooperación internacional. Al ser consultado por el encuentro, el presidente salvadoreño se limitó a señalar que “(Trump) es simpático y cool, y los dos usamos mucho Twitter”. Con esta frase, como si de un juego se tratara, evitó hablar del acuerdo que convierte a El Salvador en un “país seguro”, para recibir solicitantes de asilo en Estados Unidos, mientras éstxs esperan la resolución. Tampoco hizo mención sobre la política antimigrantes. Tampoco se ha pronunciado en contra de la xenofobia que el discurso de odio de Trump – no sólo hacia quienes migran, sino también hacia las mujeres, el colectivo LGBTIQ – promueve, haciendo cada día más difícil la vida de lxs migrantes en ese país. Bukele, ha aceptado sin mayor reparo el discurso que culpabiliza a quienes habitan países centroamericanos de generar una “migración descontrolada” y ha guardado silencio frente a violaciones de derechos humanos que ocurren en la frontera de Estados Unidos.

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El triste papel de peón

Mediante un comunicado de prensa, el gobierno de El Salvador anunció, el domingo en la noche, que expulsa al cuerpo diplomático venezolano de su Embajada, según afirma, “siendo coherente con las reiteradas declaraciones del presidente Nayib Bukele, en las que no reconoce la legitimidad del gobierno de Maduro”. Informó que “otorga 48 horas a todo el cuerpo diplomático del régimen de Maduro para abandonar el territorio nacional” y afirmó además que “reconoce la legitimidad” del autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó, “mientras se realicen elecciones libres”, a las que, en un acto de intervención, llamó a que se realicen bajo la supervisión de lo que llamó la “comunidad internacional”.

La respuesta no tardó en llegar y mediante otro comunicado de prensa, el canciller venezolano, Jorge Arreaza comunicó la decisión de la República Bolivariana,  de “declarar personas no gratas a los integrantes del personal diplomático de la República de El Salvador en Caracas, otorgándole 48 horas para abandonar territorio venezolano”. El comunicado habla de que la estrategia del gobierno de El Salvador otorga “un balón de oxígeno” a la estrategia estadounidense de “intervención y bloqueo económico contra el pueblo de Venezuela”. Y afirma que Bukele “asume oficialmente el triste papel de peón”, “haciéndole honor al trato humillante que el gobierno de EEUU ha dado a sus conciudadanos en materia de política migratoria”. Y hubo más: “aquellos gobernantes que se aprovechan de la voluntad popular para subordinarse a los designios del imperio de turno, terminan condenados al ostracismo y al repudio general de sus pueblos”.

Entretanto, desde la clausura del “Encuentro Antiimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo” que se celebró el fin de semana en La Habana, Cuba, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, afirmó que “da vergüenza ver como se desfigura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño” y agregó, “pero de la historia no te salvas Bukele, te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo”.

La decisión del gobierno de derecha de El Salvador se dio en concordancia con la posición asumida en agosto pasado en una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), una medida que fue festejada de inmediato por el embajador de los Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, quien afirmó en su cuenta de Twitter que “Estados Unidos y El Salvador, y más de 50 otras naciones, respaldan al pueblo venezolano en este momento de crisis”. Por su parte, el gobierno de Venezuela tomó la decisión apelando al principio de “reciprocidad” en las relaciones exteriores.

Las repercusiones de esta decisión no tardaron en llegar. Una de ellas vino de Gerson Martínez, ex Ministro de Obras Públicas, quien afirmó que: “mientras se encarcela niños y se atropella a familias salvadoreñas migrantes en USA, Bukele en un ataque de servilismo, opuesto a los intereses de El Salvador, rompe relaciones con un país hermano como Venezuela. (…) Condenamos esta burla al pueblo salvadoreño y la patética agresión a los principios de no intervención, autodeterminación y soberanía”.

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Centroamérica, un territorio estratégico

La agresión al pueblo venezolano opera en distintos niveles, siendo el frente diplomático uno de los principales y en el que históricamente el chavismo ha sido fuerte. La decisión del gobierno salvadoreño tiene pocas implicaciones a nivel económico y sirve poco para sumarle simpatizantes a una figura como Guaidó que se desinfla y que no entusiasma ni a la misma oposición. Pero está claro que en materia de relaciones internacionales, el voto de un país como El Salvador cuenta lo mismo que el de uno como Brasil, y es esta lógica la que vuelve tan importante a Centroamérica para Estados Unidos y hace tan importante el comprender lo que pasa en territorio centroamericano.

Luego de la enorme victoria que el gobierno venezolano obtuvo en la ONU, en donde fue incluido dentro del Consejo de Derechos Humanos, el proyecto intervencionista sufrió un duro golpe. Esto, sumado a la crisis de los gobiernos del Grupo de Lima, las movilizaciones populares en Chile, Ecuador y Colombia y las derrotas electorales en Bolivia y Argentina, obligaron a Estados Unidos a echar mano de su nuevo juguete. A solo 4 meses de haber tomado posesión, Bukele disipa dudas respecto al rol que ocupa en la región y se coloca en el foco del bloque reaccionario de una América Latina en disputa.

La acción política del presidente millenial, Bukele, también pone en entredicho su capacidad de defender los derechos e intereses de los salvadoreños y las salvadoreñas en el territorio estadounidense, y es que hasta hace unos días, las familias salvadoreñas vivían en la incertidumbre de no saber si efectivamente debían abandonar el país norteamericano -teniendo que enfrentarse a la tragedia de la separación- el 2 de enero de 2020. No fue sino hasta hace una semana y, tras la confusión generada por un tuit del presidente salvadoreño, que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) tuvo que aclarar en su cuenta de Twitter que lo que se obtuvo fue la extensión de permisos de trabajo para lxs residentes que están bajo el amparo del Estatus de Protección Temporal (TPS), extendiendo el plazo de abandono del país para el 4 de enero de 2021.

La política migratoria y la cooperación internacional han sido las dos monedas con las que luego del final de la guerra, sucesivos gobiernos de Estados Unidos han negociado -o más bien, extorsionado-, a los gobiernos centroamericanos. La idea de que la única forma de relacionarse con dicho país es la subordinación está muy arraigada en las derechas locales, esto ha profundizado la fragmentación de los pueblos latinoamericanos y aislado a los países centroamericanos. Quedan, pues, en cuestionamiento conceptos como soberanía. Por eso, se vuelve cada vez más fundamental fortalecer las distintas articulaciones desde los pueblos, para combatir el entreguismo y construir espacios de amplio protagonismo popular, entendiendo que las modas pasan, pero nuestras luchas, perduran. Y están destinadas a vencer.

Leé las notas anteriores sobre El Salvador en:

https://www.marcha.org.ar/tag/el-salvador/

*Movimiento Centroamericano 2 de Marzo

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