Por Pablo Nolasco Flores | Revista Acción

Hemos transitado los primeros siete meses del experimento libertario-liberal de Javier Milei. En este lapso de tiempo el gobierno logró la continuidad de los superávit fiscal y comercial con una baja de la inflación, a pesar de que en el último mes pegó un pequeño salto. Por supuesto que esto se dio en el marco de un ajuste donde las y los trabajadores así como las y los jubilados fueron el principal sostén material de esos números: pérdida del poder adquisitivo producto de la devaluación de diciembre, licuación de gastos, jubilaciones y salarios, descenso del consumo, depresión económica y despidos.

También, el gobierno se anotó una victoria política con la aprobación de la Ley de Bases. El desenlace del debate y las votaciones demostraron que un amplio sector de la clase política acordaba con una modificación en el régimen de regulación de la acumulación capitalista en Argentina. En criollo, un nuevo marco legal para que los capitalistas encuentren negocios rentables en nuestro país.

En este panorama, el gobierno convocó a “la casta política” para celebrar el pacto de mayo, el 9 de julio en la vieja Casa de Tucumán, con la idea de refundar el país en base a diez puntos donde priman elementos que apuntan al beneficio de los capitalistas y escasean asuntos que propongan el bienestar social o la mejora de la calidad de vida de las personas .

Sin embargo, una semana después del trámite, el dólar paralelo comenzó a subir producto de una corrida contra el peso. En estos siete meses, a pesar de que los números parecen cerrar y los acuerdos políticos comenzaron a asomarse, el sector financiero se desprende de los pesos en busca de dólares que escasean ¿Por qué el poder económico todavía no confía en Milei?

Más que un pacto, un panfleto pro burgués

El Pacto de mayo fue presentado como un nuevo contrato social que establece diez principios del nuevo orden económico argentino. En términos generales, tales principios van desde la defensa irrestricta de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, reforma tributaria, laboral, previsional, la explotación de los recursos naturales de la provincias y la apertura comercial. El único elemento que se corre de lo estrictamente económico es el vinculado a la educación. “Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar” sostiene el cuarto punto. Una idea sin sentido, ambigua y basada en el sentido común.

Un pacto es un acuerdo entre partes. El contenido del mismo debería ser elemento de discusiones, debates y acuerdos. Sin embargo, no hay ni pacto ni debate sobre el contenido. No obstante, al hacer un recorrido sobre los puntos, podemos encontrar una defensa a los negocios capitalistas y una apología al ajuste de nuestras vidas. En Argentina si hay algo que está protegida es la propiedad privada. Lo garantiza la constitución. Del mismo modo, tanto el equilibrio fiscal como la reducción del gasto público implicaría menos dinero para educación y salud. En relación a la reforma tributaria, laboral y previsional apunta a que los capitalistas paguen menos impuestos, los trabajadores se empleen en peores condiciones laborales y alarguen su actividad laboral para que el estado pague menos jubilaciones.

Por último, la explotación de los recursos naturales combinada con la apertura comercial profundizará la matriz productiva extractivista de nuestro país, garantizando ganancias extraordinarias para las empresas multinacionales y pobreza con altos niveles de impacto ambiental. En definitiva, más que un pacto, se trata de una serie de principios panfletarios que le soban el lomo a los explotadores. Prendiendo fuego los libros: cuando los héroes pasan a ser desestabilizadores.

En el discurso que Milei dio en el Foro “Llao Llao” en el mes de abril reivindicó a los empresarios que fugan dólares para escapar de las garras del Estado. Fiel a su doctrina anarcocapitalista, los calificó como héroes. En otro pasaje de ese mismo discurso, poniéndose el traje de economista, dijo que recomendaba comprar divisas estadounidenses: “Y la verdad es que si lo compran en negro, mejor, porque así no tiene que pagar un montón de impuestos estúpidos que hay, todo para financiar a los que levantan la manito y al que lo hace de queruza, para financiar a esos inútiles” (1).

Sin embargo, esos héroes comenzaron a ser cuestionados durante estas semanas, justamente, producto de su accionar capitalista que no es otra cosa más que proteger sus ganancias. La escalada del dólar blue se explica por la falta de solidez del programa económico de Milei que genere confianza en el mercado financiero. Los dueños del dinero son quienes deciden si lo ponen o lo sacan del circuito de la economía. Uno de los principales instrumentos que tiene el estado para incorporar capital es mediante la emisión de deuda, ya sea por el Banco Central o por medio del Tesoro. Emitir deuda implica pagar intereses. El Banco Central los paga con emisión monetaria y el Tesoro con superávit fiscal. En el marco del pasaje de deuda del Banco Central al Tesoro, el Banco Macro se desprendió de ella y se dolarizó en el mercado paralelo, llevando el precio del blue hasta 1500 pesos. Milei los acusó de saboteadores. Rothbard se hubiera sentido defraudado.

Es evidente que la sostenibilidad de este gobierno pasa por resolver la crisis económica. Si bien en los discursos, todo el arco de la burguesía, tanto nacional como extranjera, lo apoyan, todavía no ponen la plata, no invierten. La corrida contra el peso es una muestra de desconfianza hacia un gobierno que prometió dolarización y ahora defiende con uña y dientes el cepo que impide a los capitalistas la libertad de acceso a los dólares. Lo que está en juego es una nueva devaluación y la salida del cepo. De esa manera, es muy probable que aparezcan los dólares. Pero eso traería como resultado una nueva escalada inflacionaria que afectaría, una vez más, a quienes vienen sosteniendo el ajuste sobre sus cuerpos.

El humor social: ¿hasta cuándo?

En una situación como ésta se nos hace cada vez más difícil poder comprender los hechos venideros. Por más que veamos las encuestas, las redes y hasta los centros de consumo, se nos dificulta encontrar las razones por las cuáles la gente puede llegar a tolerar un ajuste permanente. Hay algo que no podemos saber, que no podemos percibir. Sin embargo, cuando hay algo que cuesta comprender, es porque pueden surgir espontaneidades. Una crisis económica no es suficiente para que las sociedades impugnen un gobierno o un régimen.

Pero, si de algo estamos seguros, es que si un gobierno no le mejora la calidad de vida a las personas y eso se combina con una crisis política, las cosas pueden terminar mal. El principal discurso de campaña de Milei fue frenar la inflación. Y hay que decirlo: lo está cumpliendo. Milei no prometió trabajo, no prometió ni asado ni globos. Milei prometió sacrificios. Entonces el efecto subjetivo es otro. La gente todavía tiene fe y esperanza (2). Viene arrastrando años de experiencias de gobiernos que prometen algo y no solo que no lo cumplieron, sino que hicieron lo contrario. El debate está en el tiempo que ese sector social, que aparentemente es mayoritario, tarda de que su fe y esperanza se vuelva realidad o una nueva frustración.

(1) 1 Javier Milei definió como “héroes” a las personas que fugaron dólares: “Escaparon de las garras del
Estado”. Nota del Diario La Nación del sábado 20 de abril del 2024.

(2) “Pulso”. Nota de Demian Verduga en el Diario Tiempo Argentino del domingo 20 de julio de 2024.

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Por Agustín Bontempo, Francisco Cantamutto e Ignacio Marchini

El gobierno del Frente de Todos heredó una situación crítica, con un arrastre de al menos dos años de caída del nivel de actividad pero, sobre todo, de crisis en el frente externo. A desgano, y sin mucha convicción, los funcionarios del gobierno de Cambiemos tuvieron que aplicar distintos tipos de restricciones al acceso a divisas (lo que se conoce como controles de cambios) para poder contener lo que se convirtió en un fenómeno de brutal impacto: la fuga o atesoramiento de divisas. En la medida en que estos controles fueron impuestos por el gobierno anterior, las medidas tomadas la semana pasada deben leerse como un perfeccionamiento y no un “giro”, como plantearon algunos sectores de la prensa.

Esta intensificación se debió a que, en el contexto de esta crisis económica que ahora tiene escala mundial, la salida de divisas del país ha tenido cierta continuidad, y si bien se logró retrasar el pago de la deuda, la salida por importaciones y atesoramiento mantenían su curso. El gobierno decidió que al límite de 200 dólares mensuales por persona que estaba vigente, se lo combine no solamente con el ahorro sino también con las compras al exterior, por lo que quien haga una compra al exterior va descontando de ese saldo mensual. En el caso de exceder ese valor, se distribuye en los meses subsiguientes hasta cubrir el total.

Esta medida para contener la compra tiene que ver con una práctica que se había generalizado en los últimos meses de lo que se llamó los “coleros digitales”. Eso quiere decir que, en medio de una crisis que solo tiene paragón reciente con la del 2002, mes a mes más personas estaban comprando dólares (casi 5 millones de personas) para venderlas luego en el mercado ilegal, lo que se conoce como el “dólar blue”. Debido a la diferencia entre el blue y el oficial, mucha gente podía sacar hasta una diferencia de 6000 pesos por operación. Esto no aporta absolutamente nada a la economía nacional y permite generar unos ingresos basados en una operación de tipo financiera especulativa, la cual no es cuestionable para quienes intentan obtener algún rendimiento mínimo pero ciertamente desde el punto de vista macroeconómico carece de sentido.

Algunas personas que realizaban esta operación tenían ingresos declarados por niveles de pobreza o incluso indigencia, lo que demuestra que forman parte de un esquema piramidal donde alguien utilizaba su cuenta o subcontrataba la cuenta para comprar los 200 dólares y pagarle una parte de la comisión del rendimiento obtenido en el mercado ilegal. Para frenar esto, el gobierno incorporó, además de este límite más restrictivo, una nueva percepción adelantada de impuestos por un 35% que se suma al 30% del impuesto PAIS ya vigente. No es un nuevo impuesto sino que se trata de una percepción adelantada que quienes pagan monotributo, impuesto a las ganancias o impuesto a los bienes personales, lo ven descontado en el momento de tener que pagar estos impuestos. De esta manera, además, el fisco adelanta recaudación. Quienes no pagan ninguno de estos impuestos, se les devuelve este valor luego de transcurrido un período fiscal.

Esto sube el precio que se paga en el momento y achica la diferencia con el valor que se paga en el paralelo, con lo cual la diferencia por comprar en el oficial y vender en el ilegal es mínima y no justifica el esfuerzo, al retrasar la devolución de esta percepción adelantada.

El primer efecto de esto fue una incertidumbre grande, que obligó a bancos y a distintos actores del sistema económico a readecuar estrategias y pensar qué es lo que se venía. Sin embargo, tampoco la brecha con el dólar paralelo se incrementó tanto, era un efecto que, al menos desde el oficialismo, indican que era esperado. La lógica sería ahora reducir la cantidad de compras del sistema financiero. Al ritmo que venían comprándose las divisas por atesoramiento de personas humanas, esto hubiera significado una salida total de recursos de alrededor de 10 u 11 mil millones de dólares en todo el año. Esos fondos no estarían disponibles en el Banco Central, que cuenta con alrededor de 7 mil millones de dólares.

De no poner algún tipo de restricción, debería haber activado el SWAP con China que paga tasas bastante altas de alrededor del 7% o hacer lo que hizo en el 2016 Alfonso Prat Gay y generar una devaluación que adecuara el precio del dólar oficial respecto del paralelo, lo cual hubiera generado un impacto devaluatorio e inflacionario muy severo que hubiera generado un efecto aún peor. Las medidas puestas en marcha afectan a sectores medios con cierta capacidad de ahorro y políticamente puede tener cierto costo pero la alternativa devaluatoria era aún más costosa: generar una devaluación que impacta de lleno no solamente en estos sectores sino también en los más pobres.

La medida, en este sentido, es positiva y debe ser entendida para controlar un recurso escaso para la economía argentina que debe ser contenido y para comenzar a desmontar la idea de que todo el mundo tiene que poder comprar dólares, cuando esto es una ficción.

Bajo el esquema de restricciones actualmente operativo no. Con lo cual no necesariamente era el frente más peligroso. Las importaciones o los pagos de deuda, por ejemplo, generan salidas bastante contundentes en el corto y en el mediano plazo.

Ahora bien, aceptando que no se trata del problema central en este momento y con las restricciones actualmente vigentes, no puede dejar de señalarse que el atesoramiento a nivel general sí es un factor de salida de divisas sustancial. Argentina de manera sistemática genera excedente de divisas por la vía comercial que son filtrados por la vía del pago de intereses, pago de utilidades y atesoramiento, además de los déficits sectoriales en la balanza de servicios y en toda la industria de mediana y alta complejidad.

Frente a esto hay que señalar que la derecha ha montado una campaña de acoso sistemático que pretende establecer que la Argentina estaría yendo hacia una especie de “economía planificada”. Esto hay que ponerlo en cuestión de manera severa. Los controles de capitales en situaciones de riesgo e inestabilidad están siendo aceptados incluso por el staff del FMI. No se trata de ninguna manera de una medida radical o extrema y el oficialismo ha dejado en claro que los están aplicando ante una situación muy particular y no como una convicción política de mediano o largo plazo. Lo que ocurre es que detrás del imaginario del dólar en el país se entrelazan un montón de significados que aluden a las crisis y ayudan a que esta interpretación caótica se generalice.

Sin ser un caos, sí está claro que la Argentina sigue aplicando controles o restricciones sin ir a tocar los intereses de los grandes factores de poder. Si se querían eliminar los mecanismos de salida de divisas, bien se podría haber actuado sobre la cúpula de fugadores compuesta tanto por personas físicas como por personas jurídicas, cuyos datos están disponibles a partir de los informes del Banco Central. También se podría haber discutido el pago mismo de la deuda externa, en lugar de solamente patear para adelante los plazos; o se podrían haber aplicado controles más severos al comercio exterior para restringir importaciones que puedan considerarse suntuarias o innecesarias.

¿Y el impuesto a las grandes fortunas?

La semana pasada finalmente se inició el debate en el Congreso por el impuesto a las grandes fortunas. Este impuesto se puso en debate en el mes de abril con diferentes niveles de radicalidad, según sea la propuesta que mostraba el oficialismo o aquellas que venían impulsando diferentes organizaciones sociales y políticas.

El proyecto se viene a instalar en un país que durante los cuatro años de gestión macrista se fugaron alrededor de 90 mil millones dólares a manos de algunos sectores que incluso en pandemia han seguido ganando. Son Paolo Rocca, dueño de Techint, Alejandro Bulgheroni, dueño de Panamerican Energy, Gregorio Pérez Companc, dueño de Molinos Río de La Plata, Alberto Roemmers, dueño del laboratorio homónimo o el más mediático Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre.

Sería injusto atribuirle toda la fuga de capitales a estas personas, pero sí han acumulado riquezas a fuerza de favores mientras la mayoría de la población perdía su poder adquisitivo mes a mes, incluyendo aquellas millones de personas que se sumergían en la pobreza.

Si la crisis se agudiza y no hay dinero para costearla, con todo el escenario antes expuesto alguien debe pagarla. Y es allí donde se instala este impuesto o, como lo denominó el gobierno, “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”.

La propuesta, que hemos abordado en un artículo reciente, tiene diversas particularidades, pero en líneas generales alcanza a aquellas personas (y no a sus empresas) que posean bienes de por al menos 200 millones de pesos aquí o en el exterior, con una escala impositiva que aumenta mientras mayor sea la riqueza. Se supone que alcanzaría a más de 12 mil personas y pretende recaudar algo más de 3 mil millones de dólares, que estarán destinados a cubrir diversas necesidades: insumos para enfrentar la pandemia, viviendas, salarios y subsidios de pequeñas y medianas empresas, incentivos educativos y energía, entre otras.

¿Es este impuesto una punta de lanza?

La respuesta es incierta. La pandemia vino a profundizar la desigualdad que existe en nuestro país y a poner en valor real cuáles son los sectores realmente esenciales. En ese marco, este impuesto es una necesidad que debe ser empujada por el conjunto de la población para que se apruebe en el Congreso y así poder paliar un poco los efectos de la crisis actual.

Sin embargo, en sí mismo sólo puede ser un momento de nuestra historia o, desde otro enfoque, un hito. El debate sobre la acumulación de riquezas en unas pocas manos mientras la inmensa mayoría de la población, cada vez con más frecuencia, ve la distancia que hay entre sus salarios y el cumplimiento de sus necesidades, siendo la vivienda digna y propia una de sus mayores expresiones, nos convoca a la reflexión de que es necesario repensar todo el sistema impositivo argentino. No es posible que Paolo Rocca, con sus 8 mil millones de dólares, pague el mismo impuesto por un litro de leche que aquellas personas que viven de un IFE de 10 mil pesos mensuales.

Si el debate por este impuesto y su aprobación abren la posibilidad a una transformación estructural, podemos pensar en un país más igualitario. Para eso, por supuesto, es necesario el involucramiento de la sociedad para ir a la conquista de sus derechos.

También podés escuchar nuestro podcast, donde charlamos del tema. 

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Por Redacción Marcha | Foto:  Nazareno Chavez

La gestión de Alberto Fernández inauguró recinto parlamentario con el envío al Congreso de la Ley de Emergencia Económica, proyecto que generó mucha polémica y diversas posturas a favor y en contra al respecto en todo el arco político. 

De este modo, y sin dilaciones, se reavivó el debate sobre el posicionamiento del Estado en relación con tópicos que forman parte del corazón de la recaudación impositiva: jubilaciones, retenciones, impuesto al dólar y ganancias, entre otros hitos. Cada gobierno, tarde o temprano revisa estos pilares y asume su postura al respecto. Lo que nos recuerda que conocemos a un gobierno, no tanto por sus ideas de campaña, sino por la letra chica de sus medidas. Fernández parece tener apuro en no dejar dudas al respecto.

Consultando a diversos especialistas, intentamos desglosar la propuesta en ciernes y volverla comprensible para la mayoría. ¿De qué manera afectará a nuestra economía? ¿A quién beneficia y a quién perjudica? ¿En qué medida representa un ajuste y cuál es la situación de coyuntura que obliga a llevar a cabo estas medidas? ¿Qué hay en la propuesta de viejas y/o nuevas recetas?

La emergencia fiscal

En primer lugar, cabe decir que el paquete enviado al Congreso implica el reconocimiento de la gravedad de la crisis fiscal y financiera de nuestra economía. El planteo de Alberto Fernández -sostenido luego por el Ministro de Economía- da cuenta de que la Argentina se encuentra en una situación que podemos llamar default técnico, o al borde del default. Esta palabra, tantas veces escuchada desde las empresas de comunicación guarda una relación con otra también famosa: riesgo país, se trata de una serie de conceptos que dan cuenta de la relación entre un país con su acreedor y que comunica una situación de incumplimiento ante un préstamo. En el caso de la Argentina, el mismo se efectuó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A este contexto, se le suma un nivel de déficit fiscal crónico, que podríamos entenderlo como aquella relación en la que el gasto realizado por el Estado supera los ingresos no fiscales y que se ancla también al pago de intereses de deuda. Esta posición da por tierra con el plan de retomar el camino de consumo y de crecimiento a través de la emisión de moneda, que hoy se encontraría sin respaldo y supondría un enorme riesgo.

Este panorama presupone un conjunto de enormes desafíos políticos para el gobierno, que se plantea la necesidad de, en primer lugar, obtener una cantidad de recursos fiscales; y en segundo lugar, a partir de estos, abrir una negociación con el FMI y con los bonistas en ciertas condiciones de credibilidad. A su vez, la gestión se enfrenta al dilema de no confrontar de manera inmediata con la base social que derrotó al macrismo y no romper con la expectativa y el espectro amplio de consenso que se creó sobre su gestión en la sociedad. Parece una ecuación de difícil resolución. 

Retenciones al Agro y Megaminería

La medida de las retenciones –que podemos entender como forma de cobro adelantado de impuestos por parte de las autoridades tributarias sobre los ingresos de determinados contribuyentes- responde a la preocupación por la fuente de divisas.  Sin embargo, más allá de la réplica mediática y la presión generada durante los últimos días por parte de los referentes de la Sociedad Rural, el verdadero aumento de las retenciones realizado, prácticamente, compensa una devaluación. Es decir, que no se trata de un aumento en términos reales sino una recaptura de parte de los ingresos producidos por el fenómeno devaluatorio. 

Por otro lado, cabría señalar que no se está cuestionando ni un ápice del modelo agro exportador, basado en el cultivo de la soja y el uso de agrotóxicos. Al menos hasta ahora, si bien se reconoció el trabajo de las cooperativas y grupos de agricultura familiar, no se expresó la voluntad de avanzar hacia una política de transición agroecológica. Por otro lado, con respecto a la extracción de hidrocarburos no convencionales, que se centra sobretodo en Vaca Muerta y la implementación de megaminería en distintas partes del territorio nacional, encontramos un estímulo fiscal, bajando las retenciones del 12 al 8 %. Este accionar nos habla de una manera de comprender a los bienes comunes como mercancía.

La profundización del modelo extractivista aparece como una de las principales demandas que se realizan desde los organismos financieros hacia los distintos países que toman deuda. Esta es una de las trampas de la deuda adquirida y perfila uno de los escenarios de conflicto social más importantes en los próximos años, frente al rechazo a la minería en varios territorios, que ya se vio reflejado estos días en los reclamos contra la modificación de la Ley. 

El recorte de siempre: derechos laborales y jubilatorios

En relación a las cargas específicas sobre las y los trabajadores activos y pasivos, no se estaría planteando una intervención en ganancias, lo cual implica que, en términos generales, el sector de trabajadoras y trabajadores alcanzados no se modifica de forma que esta carga continuará pesando sobre ellos y ellas. Además, cabe aclarar que, según algunas apreciaciones de especialistas, con un aumento por debajo de la inflación del mínimo no imponible podría inclusive aumentar la carga tributaria y la cantidad de las y los trabajadores alcanzados.

En relación a las jubilaciones, se impone una restricción de la movilidad jubilatoria de los regímenes especiales que tienen el 82% móvil. Además, el gobierno pone en eje la perspectiva de un cambio en el cálculo de la movilidad jubilatoria, dado que el aumento de la inflación impactaría sobre la recomposición de una gran cantidad de jubiladas y jubilados -que algunos calculan en un 29% para el próximo semestre- lo cual sería, según fuentes oficiales, impagable para las arcas fiscales en estas condiciones de recomponer ingresos y egresos. Entonces, la opción primera que aparece es eliminar la movilidad por seis meses, no pagar el 29% y pagar de acuerdo a cómo evolucionan las cuentas fiscales un porcentaje por decreto, para luego crear una comisión que cambie el cálculo de la movilidad. 

En lo inmediato, si bien no está especificado cuál sería el aumento por decreto, es evidente que la intención confesa o inconfesa es no tener una carga fiscal muy grande. Mientras que la compensación a jubiladas y jubilados por decreto contemplaría a quienes perciben desde la jubilación mínima hasta 19 mil pesos (compensación cuyo monto aún se desconoce), quienes perciben una jubilación mayor sin por eso ser ricos ni mucho menos, podrían quedar perjudicados. Es importante señalar la situación de emergencia en la que se encuentra este sector, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la canasta estimada para quienes perciben jubilación y/o pensión, según la Defensoría de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires es de 38 mil pesos. Entonces, si bien la medida protegería a la franja inmediata más vulnerable y se emplea otra serie de medidas como la rebaja de los valores de los medicamentos tras el acuerdo con el sector farmacéutico y las tarjetas de alimentación surgidas tras la mesa del Plan Contra el Hambre, esta medida dejaría sin actualización jubilatoria ni compensaciones a otros por encima de los 19 mil pesos, pero aún por debajo de la canasta básica.

En lo que respecta al impuesto al 30% a las transacciones en dólares y viajes al exterior, se buscaría, por un lado, tener el balance positivo que mantiene el control de cambios y por otro lado, encarecer el turismo en el exterior de tal manera no sea una fuente de hemorragia de divisas.  De este modo, a través del aumento de las retenciones, el dólar turista y la imposición a las transacciones en dólares a los argentinos que viajan al exterior, se lograría una mayor conservación (o una menor pérdida) de divisas, siendo este el objetivo principal del gobierno entrante.

¿Quién paga la crisis?

Si bien en un principio  se hablaba de una recomposición general de los ingresos de las y los trabajadores, el resultado final de este paquete parece ser una recomposición parcial acotada en el tiempo a través de bonos no remunerativos para el sector privado, sin cargas sociales y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo/a por una cantidad limitada de tiempo. Lo mismo sucedería para quienes perciben una jubilación. Es decir, se trata de una política de rescate de muy corto plazo sobre los sectores de ingresos más bajos, mientras se mantiene o empeora la situación de los trabajadores de ingresos medios y altos. Este esquema implica que, en principio, la clase trabajadora en términos generales sigue siendo la principal fuente de financiamiento del déficit fiscal.  Y que las medidas para que sean los sectores de mayor nivel adquisitivo y mayor concentración económica de la sociedad los que contribuyan más a salir de la crisis, al menos no aparecen con toda claridad. 

Entonces, ¿quiénes pagan la crisis?, debería ser la pregunta que permita deslindar propuestas razonables de otras regresivas en un momento crítico,  y que esto permita llevar el lápiz al núcleo reducido de sectores con mayor acumulación de riqueza en un país cuya brecha de desigualdad aumentó drásticamente, al alcanzar la cifra de 40% de pobreza. 

Mientras que las retenciones al agro no escalan en mayor medida para los grandes pooles de siembra del país, la minería obtiene rebajas impositivas, y no se impone ningún tipo de tributación al sector bancario (por citar a uno de los sectores más beneficiados durante la era Macri), resulta por lo menos injusto que la carga del pago a acreedores recaiga principalmente sobre las y los trabajadores, lo que plantearía una solución provisoria e inmediata, que apunta a obtener margen de maniobra y solvencia, sin tocar en profundidad a los grandes capitales, y aplicando un toma y daca en los sectores trabajadores medios y bajos, quitando y compensando, ajustando y reparando, sorteando en zig zag la promesa de gobernabilidad. 

La ley de emergencia pone de manifiesto un panorama complejo que, por un lado, rompe con la expectativa de que la economía de las y los trabajadores mejoraría sustancialmente solo por un cambio de orientación en la nueva gestión, más allá de la difícil situación en la que nos encontramos. Por otra parte, nos recuerda que la organización de la clase trabajadora en sindicatos y frentes continúa siendo una herramienta necesaria de lucha, como así también de reivindicación y negociación en nuestras democracias. Sin esa fortaleza, será difícil pugnar por la conservación de algunos derechos, en una encrucijada al borde del default. 

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Por Ivan Barrera

El mediodía del domingo pronostica una linda tarde de sol, superclásico mediante, cerrando un fin de semana de descanso luego de una larga semana de crisis y turbulencias sociales, políticas y económicas.

En la antesala de un nuevo superclásico del fútbol masculino, los seguidores y las seguidoras preparan sus rituales habituales pre partido, mientras los noticieros muestran la más cruda fetichización de un partido de fútbol. Entre análisis de posibles formaciones, controles policiales, gestos de los jugadores y demás nimiedades de vital importancia, un cartel de urgente interrumpe las pantallas: el gobierno publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el Boletín oficial.

¿Un DNU un domingo? ¿un domingo de superclásico? La gestión que desde el primer momento gobernó mediante este sistema no deja de renovarse y reperfilar su estilo. Las semanas que prosiguieron a las PASO fueron duras, turbulentas y agudizaron día a día la crisis económica y de gobernabilidad de una gestión en el ocaso de sus días. Los últimos días despertaron viejos fantasmas latentes: entre la disparada del dólar, la carta de despedida del exitoso Nicolás Dujovne y el anuncio del cuasi-default, la confianza de la población y los mercados en el equipo económico parece taladrar el suelo, al punto de generarse una cuasi corrida bancaria el viernes último.

El Banco Central desangra sus reservas a ritmos aún mayores de los que predominaron en esta gestión. Sólo en el último mes cayeron en más de 12 mil millones de dólares y el pronóstico indica que este es solo el comienzo. Por esa razón, desde Casa Rosada diagramaron un DNU que buscaría “generar estabilidad cambiaria y proteger a los ahorristas”.

El DNU anuncia tres puntos fuertes: control de cambios para el dólar ahorrista, liquidación de divisas para exportadores y la autorización de pagar impuestos con bonos. Las segundas medidas competen más a grandes empresas, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de control de cambios? ¿Es un nuevo cepo? Bueno, es y no es.

Cepo es un término económico que no conoció el estrellato hasta que los medios hegemónicos decidieron bautizar de ese modo al control de cambios impuesto durante el kirchnerismo. En ese entonces, el dólar turista y ahorrista estaban muy restringidos a la capacidad monetaria que tenía cada persona o entidad declarada a la hora de hacerse con las divisas. Al asumir la nueva gestión, se deja sin efecto este control de cambios, se permite la compra de USD 2 millones mensuales y se festeja como el primer gran éxito de gestión.

Pero a partir de este domingo todo cambia. El DNU superclásico anuncia el retorno del control de cambios. ¿Qué significa esto? Entre septiembre y diciembre solo se podrá acceder a la compra de USD 10 mil mensuales. Sin lugar a dudas, este monto sigue siendo elevado entendiendo la merma del poder adquisitivo de los salarios y la corrida cambiaria que llevó el dólar a $60. Sin embargo, ante la incertidumbre de los mercados y la constante posibilidad de una nueva corrida, el gobierno decretó que era necesario y urgente lanzar esta restricción un domingo.

Entonces, ¿puedo comprar dólares? Sí, hasta 10 mil sin pedir autorización al Banco Central. ¿Voy a poder retirar mis dólares? También, el flamante control de cambios hasta el momento no atenta contra los ahorros que efectivamente se encuentran en los bancos.

El DNU también especifica controles sobre las empresas. A las nombradas anteriormente, se le suma que ninguna empresa va a poder hacerse de dólares de forma especulativa. Es decir, para las operaciones corrientes de importaciones y pagos, no necesitarán ninguna autorización, pero no podrán anticiparse a futuras devaluaciones ahorrando en divisas.

Estas medidas buscan cerrar los grifos donde se suelen escapar los dólares. Principalmente su busca cortar con los dólares debajo del colchón de familias y empresas, así como también obliga a traer los dólares que las exportadoras mantienen en el exterior. Estas medidas están son un complemento de las anunciadas el jueves pasado por Hernán

Lacunza respecto al reperfilamiento (o cese de pago) de una parte de la deuda. El objetivo es retrasar lo máximo posible un posible default con los grandes tenedores de deuda y apaciguar las aguas en el mercado cambiario.

¿Es suficiente esta medida? El gobierno viene haciendo esfuerzos inconmensurables para ganar la confianza de los mercados, aún a costa de que todos los costos los cargue el pueblo, al cual parece haber resignado luego de las magníficas medidas anunciadas luego de las PASO. La eficacia del control dependerá del buen humor de los grandes jugadores y de la credibilidad que conlleva un DNU decretado un domingo y sin una presentación formal por parte de las autoridades. De todos modos, si no llega a funcionar, en un mes hay un nuevo superclásico.

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Por Julio Gambina

La economía mundial no supera la situación de pobre crecimiento económico en condiciones de desigualdad en la distribución del ingreso, con predominio de estímulos para la especulación financiera. La ilusión del fin de la crisis que emergió hace más de una década se esfuma. EEUU, con la suba de la tasa de interés pretendía sugerir la superación de esa etapa, y con los datos del crecimiento en estos años de Gobierno de Donald Trump parecían darle la razón.

Sin embargo, la recuperación ha llegado a su fin, las perspectivas no son buenas para el 2019/20 y la Reserva Federal retoma la antigua tendencia a la baja de la tasa, en convergencia con lo que ocurre en Europa o Japón. Es un síntoma del pobre desempeño del capitalismo en este tiempo, corroborado con la información difundida por los organismos internacionales.

El resultado de la política financiera estadounidense, baja de tasas de interés, promueve una valorización del dólar y el agravamiento de las estructurales dificultades del balance externo de la potencia hegemónica del sistema mundial. A EEUU le cuesta más exportar. Es una situación que se exacerba en el marco de la guerra comercial con China.

Así, se agrega volatilidad al sistema financiero mundial, y afecta a todas las economías nacionales asociadas a los destinos económicos e ideológicos de EEUU. En este sentido, desde Washington se transfieren los problemas aún a sus mejores socios ideológicos y políticos.

Vale la pena considerar lo analizada desde la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL: “A diferencia de años anteriores, en 2019 la desaceleración será generalizada y afectará a 21 de los 33 países de América Latina y el Caribe. En promedio, se espera que América del Sur crezca 0,2%, América Central 2,9% y el Caribe 2,1%.”[1]

Por su parte, el FMI en su Informe preliminar de la economía mundial, señala que la perspectiva de crecimiento para la región latinoamericana y caribeña será de 0,6%.[2]

Señala CEPAL que 21 de 33 países de América Latina y el Caribe están en procesos de desaceleración, agravado para América Latina, donde 17 desaceleran sobre 20 países.

Destaca el Informe de la CEPAL que: “La República Dominicana y Bolivia (Estado Plurinacional de) son las economías que en el primer trimestre registraron el mayor crecimiento de la región (5,7% y alrededor del 4,0%, respectivamente), seguidas por Panamá (3,1%), Guatemala (3,0%) y Colombia (2,8%). Cinco economías se contrajeron (Argentina, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de)), la del Brasil se desaceleró (0,46%) y las demás economías crecieron a una tasa de entre el 0,6% y el 2,6%.”[3]

Los pronósticos para el 2019 son variados y señalan un 4% para Bolivia, 1% para México, 0,8% para Brasil, Uruguay 0,3% y -1,8% para la Argentina; con 0,2% para Sudamérica y como dijimos 0.5 para toda la región.[4]

Impacto social regresivo

El Informe de la CEPAL resalta el incremento de la inflación para toda la región y un impacto negativo en el empleo y por ende en los ingresos y el consumo popular, aumentando la brecha de ingresos entre hombres y mujeres.

Destacan que: “Comparando el primer trimestre de 2019 con el mismo período del año anterior, la informalidad laboral aumentó en siete de diez países con información disponible (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay), mientras que solo disminuyó en la República Dominicana y se mantuvo estable (variación hasta un décimo punto porcentual) en Colombia y México. En la mediana de esos países, en el primer trimestre de 2019 el aumento de la tasa de informalidad fue de 0,35 puntos porcentuales.”

Agrega que: se está observando el “…surgimiento de una nueva informalidad en ocupaciones generalmente intermediadas a través de plataformas digitales que no están adecuadamente reguladas. Este se debe, en parte, a que no está claramente establecido si se trata de trabajo dependiente o independiente (CEPAL/OIT, 2019). Si bien todavía es limitada la magnitud de este tipo de trabajo (sobre todo como empleo principal), se trata de una tendencia emergente que plantea importantes desafíos para la regulación laboral y social.”[5]

Como hemos sostenido en variadas ocasiones, son manifestaciones de las modificaciones en la relación capital-trabajo, más allá de los límites en avances jurídicos de reaccionarias reformas que demanda el capital más concentrado, y que sustentan las plataformas políticas de la derecha en el mundo.

Manifiesta el Informe que: “…cabe recordar que la tasa de desocupación urbana abierta del 9,3% que se registró en 2017 y 2018 —y en torno de la cual probablemente se ubique también en el promedio de 2019— es la más elevada desde 2005, por lo que esta estabilidad en sí no supone una buena situación en el mercado laboral.”[6]

Resaltamos los datos relativos al empleo y la situación irregular de las contrataciones, porque expresan claramente la ofensiva del capital contra el trabajo en tiempos de pobre crecimiento económico.

La política económica

Resulta inadecuada la lectura sobre el qué hacer en la región, con un discurso de estímulo a una salida liberal para recuperar niveles de actividad económica.

Solo pueden avanzar con ese diagnóstico por los consensos electorales e ideológicos que construyeron en estos tiempos, que se suman al desprestigio del intento crítico de años anteriores, enfatizando la demonización del ejemplo venezolano. Sobre Venezuela, no se considera la presión externa ni las sanciones expropiatorias desde las potencias imperialistas, sin esconder, claro está, las propias dificultades internas de la lógica política y económica en este país.

La orientación liberal del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea o el que se conversa con EEUU no resultan adecuados para resolver los problemas de nuestras economías, mucho menos si se piensan en términos de resolver las necesidades socioeconómicas de la mayoría empobrecida.

Queda clara que esa es la estrategia del gran capital transnacional que busca la liberalización, con condiciones de competitividad que asegure una adecuada tasa de ganancia.

Los análisis de los organismos internacionales son contundentes en que lo que acontece y la mirada hegemónica no resuelve una perspectiva de satisfacción de necesidades, lo que demanda conformar una estrategia de crítica y de instrumentación de otro rumbo político e ideológico para modificar la ecuación de beneficiarios y perjudicados.

[1] CEPAL. Desaceleración económica se mantiene y el PIB de la región crecerá a 0,5% en 2019. Comunicado de prensa, en: https://www.cepal.org/es/comunicados/desaceleracion-economica-se-mantiene-pib-la-region-crecera-05-2019

[2] FMI. Informe preliminar de la Economía Mundial, en: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/07/18/WEOupdateJuly2019

[3] CEPAL, página 56 del Informe, en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44674/20/S1900414_es.pdf

[4] Página 99

[5] Página 70

[6] Página 74

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Por Francisco Cantamutto | Foto de Emiliana Miguelez

¿Por qué el gobierno argentino le pidió perdón al Fondo Monetario Internacional? Porque se prometió un ajuste, como las otras veces que hemos recurrido al FMI, por encima de las posibilidades políticas del país. Es por eso que se tiene que incurrir una y otra vez en este pedido de disculpas que no hace sino certificar la función de tutelaje que el FMI tiene sobre nuestra economía.

El waiver, en esta ocasión, implica que no se va a poder cumplir la promesa de déficit cero para este año y se pidió admitir un déficit primario del 0.5%, algo que ya se había negociado pero que sin embargo necesita la aprobación del staff del Fondo, donde puede haber algún tipo de tensión. El programa del FMI para la Argentina es insostenible y esto ha sido marcado y enfatizado por representantes del staff no solamente técnico, sino también de parte de políticos, algunos ligados a países de la Unión Europea.

Sin embargo, el apoyo de Estados Unidos al gobierno de Macri, vinculado a un interés geoestratégico, indica que más allá de las tensiones internas del Fondo seguirían sosteniendo el apoyo de este año, clave para llegar a las elecciones de octubre en no tan malos términos.

Durante todo el 2019 una de las tensiones más importantes va a tener que ver con los movimientos del dólar, el principal objetivo en materia de política económica del país, lo cual de por sí representa un fracaso. Uno podría postular como objetivos una mejor distribución de la riqueza, la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, etcétera. Sin embargo, todas las herramientas del Estado apuntan a simplemente sostener el valor del dólar en relación al peso.

En esta tarea, además, debido a los límites ideológicos del propio gobierno, el Estado está atado de pies y manos ha perdido herramientas de intervención. Es por eso que no puede intervenir demasiado en el mercado cambiario ni regularlo. Lo que hace es vender a cuentagotas en el mercado actual usando parte de los fondos que le dio el FMI. Además de estos fondos puede intervenir en el mercado de dólares futuros, que no es especialmente útil en un escenario de corrida cambiara y la tasa de interés de referencia de la política monetaria que se visibiliza a través de las Leliq.

Desde que inició el año, con estas últimas corridas bancarias que elevaron el valor del dólar de 38 pesos hasta llegar a casi 45, la única reacción del gobierno ha sido subir esta tasa de referencia hasta los 67 puntos. En las Leliq, este instrumento en manos de los bancos de muy corto plazo que se renueva cada 7 días, reposan las expectativas de contener las fugas. El problema es que, llegado a este punto, futuras subas de la tasa de interés ya no son creíbles para atraer y retener capitales. Como esto es sabido, los grandes operadores del mercado han comenzado, ya desde el año pasado, a retirar los fondos, dolarizando sus carteras. No obstante, la tasa de interés es tan atractiva que aun retiene una parte de estos fondos renovándose dentro del mercado financiero.

Es por eso que la conversación con el FMI tiene que ver con poder operar en el mercado cambiario actual, utilizando de una manera diferente los dólares disponibles. Actualmente el FMI admite utilizar hasta 60 millones por día, lo cual representa alrededor del 10% del volumen de operación normal del mercado cambiario y es ciertamente insuficiente para contener una corrida. El gobierno querría no tener que vender para poder acumular los saldos diarios y utilizarlos de golpe en un solo día cuando la situación amerite.

Este es uno de los elementos técnicos con los cuales se está negociando para poder contener las corridas que se descuenta que van a ocurrir. Esta dolarización de cartera de los grandes operadores ya los primeros dos meses ha cerrado con fuga de capitales en alza y no se espera que pase otra cosa de acá a las elecciones. Si además las posibilidades de reelección de Cambiemos se siguen erosionando, se va a intensificar la incertidumbre económica y se va a incrementar la dolarización de las carteras.

Se ha hablado en estos últimos días de la posibilidad de un corralito, lo cual no es descartable del todo. Lo cierto es que los sectores medios que hasta 2016 y 2017 pudieron acceder a algunos de los beneficios económicos que prometía este gobierno, como la compra de bienes importados, la compra de dólares o los viajes al exterior, han perdido esa capacidad durante la crisis del año pasado. En este momento, están con dificultades para llegar a fin de mes y para sostener sus niveles de consumo más que para la compra de dólares. Esto se visibiliza en el aumento del uso de tarjetas de crédito para financiar consumos, así como una venta de dólares en el mercado minorista que indica que estos sectores medios están perdiendo ahorros para financiar el consumo presente.

Si no tienen ahorros disponibles para salir a cambiarlos por dólares, un corralito es una medida que no tiene demasiado sentido. La mayor masa de recursos que están en disputa son las Leliq que alcanzan alrededor del billón de pesos y que están en manos de los bancos. El problema es que si el gobierno tomara una medida para contener estos instrumentos que fuera contra los intereses del sector financiero perdería, junto con el FMI, al principal y casi único sector poderoso que aun sostiene con recursos al gobierno. Una medida de este tipo podría disparar la corrida que se busca evitar.

Por supuesto que el gobierno está atado de pies y manos debido a las propias restricciones que se impuso al firmar el acuerdo con el Fondo y no debido a una situación global, más allá de la corrida real hacia los países centrales, saliendo de la periferia. Argentina ha sido el país que se ha visto más expuesto en todo el mundo. Esto indica que hay un factor nacional que excede a cualquier movimiento global.

De toda esta incertidumbre e inestabilidad no se puede esperar sino mayores pesares para los sectores populares que, ante cada corrida, ven un incremento de la inflación que se vehiculiza principalmente en los alimentos y toda la cadena de valor, impulsado por la suba de los precios de los combustibles y el transporte. La única herramienta que tiene el gobierno para contener esta subida inflacionaria es algo pactado desde el principio con el Fondo, que es la suba de las asignaciones, anunciadas en un 46%. Este valor no llega a compensar la inflación total del 2018 que se situó más cerca del 49%. Sin embargo, aunque insuficiente, es un pequeño alivio a los sectores más vulnerables. Junto a esto, y repitiendo el esquema de 2017, el gobierno va a habilitar préstamos personales de bajo volumen vía ANSES. Por supuesto que esto es un alivio aún menor porque se trata de mayor endeudamiento.

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Mientras el dólar supera hasta las propias expectativas del gobierno, se conocen las alarmantes cifras del INDEC que revelan la catastrófica situación social. Además en el Congreso se negocia el Presupuesto 2019, y los gremios realizan medidas de visibilización y protesta.

Dolar en banda

El viernes pasado el dólar superó los 42 pesos. La divisa acumuló un aumento de 11 % en la semana, a pesar del nuevo acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. La devaluación se produce luego de la renuncia, al Banco Central,  de Luis Caputo y la asunción del cargo por Guido Sandleris, que anunció nuevas medidas monetarias que incluyen una “banda de flotación del dólar”, en la que se dejará fluctuar el valor de la divisa estadounidense entre los 34 y los 44 pesos.

La BBC inglesa,  que remarcó  la salida de Caputo en el contexto de un paro nacional de trabajadores y trabajadoras, y advirtió que “la estrategia de Macri se fue al piso y las inversiones se desplazaron a otros países”.

La calificación más dura provino de la revista Forbes, que sentenció que si Macri no elabora un programa exitoso, “está frito”. “Si la historia sirve como guía, la economía argentina y su liderazgo político podrían explotar en cualquier momento” y la define como el “Titanic”,  indica Forbes . Además observó  que el lenguaje corporal de Macri, en la entrevista que le hizo la agencia Bloomberg el lunes pasado, es el de “un hombre bajo una extrema presión”.

No es para menos. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmó que la deuda externa total aumentó durante el segundo trimestre de 2018 un 27,6% (U$S 56.559 millones) a U$S 261.483 millones, respecto a igual período de 2017, cuando se ubicaba en U$S 204.914 millones.

Por su parte, el saldo de la Balanza de Pagos cerró al término del segundo trimestre del año con un déficit de 8.292 millones de dólares, un 25% más que la pérdida de U$S 6.635 millones de igual período del año pasado, agregó el Indec.

Pobreza y situación del trabajo  

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó que la pobreza trepó al 27,3% en el segundo semestre, lo que significó una suba del 1,6% respecto de diciembre pasado. El índice de indigencia se ubicó en junio pasado en 4,9%, registrando un leve aumento del 0,1% contra diciembre de 2017.

Todos estos datos aún no reflejan el embate que ya produce la devaluación galopante que provocó el Gobierno de Mauricio Macri. Esas cifras se verán reflejadas en el cálculo de los meses próximos.

El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) registró un total de 12.241.700 trabajadores y trabajadoras registradas, lo que muestra unos 99.100 empleos en blanco menos que en enero de este año.

El sector privado despidió unos 7.300 trabajadores y trabajadoras asalariadas,  solamente en julio, lo que representa una baja del 0,1%.En agosto hubo 6.233 nuevos despidos y suspensiones. Este número es casi el doble del registrado en el mismo período del año pasado. Ya van dos meses –julio y agosto– en los que este salto se repite. Las principales razones de la pérdida del empleo fueron las políticas de achicamiento del Estado y la crisis de la industria; sumados, estos dos sectores,  concentran el 91% de los problemas de empleo.

Del gremio de la construcción, en julio perdieron su empleo por despidos 3.500 trabajadores y trabajadoras.Por su parte,  la industria manufacturera dio de baja 4.100 empleos, mientras que la intermediación financiera perdió 500 empleos.

Al mismo tiempo los salarios aumentaron apenas un 19,6% entre enero y julio y un 26% en los últimos doce meses, para una inflación anunciada cercana a los 45 puntos.

Al deterioro de los indicadores sociales, la caída del consumo del 4,7% y la baja de la actividad económica del 4,2% en el segundo trimestre, se sumó otro dato negativo: el aumento del desempleo. Según el Indec, la desocupación trepó al 9,6% y hay casi dos millones de personas sin trabajo.

Contra el Presupuesto 2019

Frente al Congreso este lunes se instaló una carpa para rechazar el Presupuesto 2019. Esta inicia una semana de actividades el lunes con una marcha de antorchas y el martes comenzarán las actividades para fundamentar la oposición de la CTA-A . Además  exigen  a las y los legisladores que no voten el Presupuesto que sólo traerá más ajuste, desocupación y hambre. El miércoles comenzarán los paneles que tratarán diferentes ejes: trabajo, producción, cómo seguir luchando contra la pobreza. El jueves será el día para profundizar sobre la delicada situación del sistema jubilatorio y el viernes se tratarán los presupuestos para educación, ciencia y tecnología.

Este acampe es continuidad de la Marcha Federal que la CTA-A impulsó junto a la CTEP, Barrios de Pie, la CCC, el FOL y el Frente Popular Darío Santillán que el 1º de junio llegó a Plaza de Mayo desde todos los puntos geográficos del país, y que presentó 5 proyectos de ley al Congreso: urbanización de barrios populares, infraestructura social, agricultura familiar, ley de erradicación de las adicciones y emergencia alimentaria (pedido al que también se sumó la Iglesia).

Paritarias

Los cuatro sindicatos ferroviarios decidieron suspender el paro de 24 hs. anunciado para el martes 2 de octubre y que iba a afectar todos los servicios de corta, media y larga distancia en reclamo de la reapertura de paritarias. La medida se suspende luego de una reunión con autoridades de la Secretaría de Transporte que anuncia la posibilidad que se reabran las paritarias.

Los gremios denunciaron “el incumplimiento por parte de las empresas ferroviarias de pasajeros del Acta Acuerdo refrendada el pasado 20 de abril, donde claramente se especifica llevar adelante el proceso de revisión de los Acuerdos Paritarios firmados, conforme la evolución de las condiciones económicas pactadas, ante un eventual deterioro del poder adquisitivo de los salarios respecto de los índices de IPC publicados por el INDEC”.

El sindicato de camioneros advierte que si no hay una actualización de las paritarias, se declarará en “alerta” y amenaza con realizar una movilización y “acciones en defensa de los trabajadores”.

Camioneros había acordado con la Cámara Empresarial una paritaria del 25%, hoy lejana de la inflación proyectada por el gobierno que podría superar el 42%. “Por ese motivo, Camioneros activará la cláusula de revisión acordada con los empresarios para lograr que los trabajadores no pierdan el poder adquisitivo del salario que ya está siendo afectado fuertemente por la crisis económica que el gobierno no puede controlar”, detalló el gremio.

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Análisis de la situación cambiaria, las fluctuaciones que no se detienen,  las implicaciones y cosecuencias que tiene en la economía real. 

La cotización del dólar se acerca a 30 pesos por cada unidad de la moneda estadounidense, lo que repercute en la suba de precios, afectando el consumo popular y el proceso de producción.

Encima nadie sabe a cuánto llegará el dólar en el corto plazo. Un ex funcionario del gobierno, Melconian, sugirió 41 pesos por dólar y otros imaginan hasta el doble para igualar la pos-convertibilidad que pasó del 1 a 1, al 4 a 1 en poco tiempo.

Si el piso era 20 unidades de pesos por cada dólar antes de la corrida cambiaria, el 4 a 1 supondría llegar a 80 pesos por dólar, como aspiración del sector beneficiado por el alza de la divisa, principalmente grandes exportadores, sectores asociados al turismo externo receptor y especuladores.

Precios, consumo, producción y empleo

El precio del dólar se traslada en buena medida a los precios del conjunto de la economía y eso se refleja en la vida cotidiana de las familias de menores ingresos y por eso el mes de junio será el de mayor inflación en el año, entre 3 y 4%, con una proyección anual superior al 30%.

La corrida cambiaria de mayo y junio provoca el ajuste en la capacidad de gasto de la población.

Hay quienes dicen que el acuerdo con el FMI traerá ajuste (dicho en futuro), y lo que ocurre (en el presente) es el ajuste más allá de políticas explícitas de recorte de gasto público o despidos de personal del Estado, caso emblemático en estas horas en TELAM.

Con la suba del dólar suben los precios y cae el consumo popular, que gasta ingresos escasos en productos de la canasta básica, especialmente alimentos y servicios públicos privatizados y con tarifas en alza.

Aun cuando señalan que se morigera la suba de tarifas, la próxima semana aumentan los combustibles y la ronda de ascenso de precios no tiene fin.

Solo el conflicto social sindical genera expectativa de recuperación de ingresos perdidos por negociaciones colectivas amañadas y con techo, que solo se mueve en tanto la protesta traspasa el interés corporativo y se asume por el conjunto de la sociedad.

Es algo a discutir respecto de la valoración social sobre la educación, el trabajo estatal o en la justicia, con un despliegue de iniciativa gubernamental deslegitimando la demanda salarial de los docentes, estatales y judiciales.

Por la suba de precios y la baja relativa de los ingresos existen señales de caída de la actividad económica que se manifiestan en datos concretos, tal como señala el INDEC.

En abril del 2018 hay una caída de la actividad económica del 0,9% respecto al mismo mes de 2017, con especial impacto en el sector primario, que hasta ahora explicaba las mejoras económicas durante el gobierno Macri.

No solo el agro, ya que la “actividad de la industria manufacturera de mayo de 2018 presenta una baja de 1,2% respecto al mismo mes del año 2017” dice el INDEC, con especial impacto en el sector químico, textil y petrolero.[1]

Todo se manifiesta en el crecimiento de la desocupación, del 9,1% hacia marzo 2018, especialmente en los principales centros urbanos y de concentración de trabajadoras y trabajadores, el Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

Son preocupantes los datos del crecimiento de la irregularidad en el empleo, del orden del 35% y de los ocupados y sub-ocupados demandantes de empleo, lo que generaliza problemas laborales objetivos en la mayoría de los trabajadores y trabajadoras.

El Ministerio de Trabajo informa en sus estudios laborales que “el empleo privado formal presentó una reducción de 0,2% en mayo de 2018 con respecto a abril”.[2]

Agrega que el dato “se explica por la disminución en las ramas: Industria Manufacturera (-0,2%), Construcción (-1,0%), Comercio, restaurantes y hoteles  (-0,2%) y Transporte, almacenaje y comunicaciones (-0,4%). El resto de las ramas tuvieron un comportamiento positivo: Servicios financieros y a las empresas (+0,1%) y Servicios  comunales, sociales y personales (+0,1%).”

Vale recordar que la recuperación económica del 2002-2007 se motivó en la expansión del sector industrial, que ahora aparece afectado en su capacidad de expansión.

Esta caída afecta principalmente a sectores de la pyme y por eso existieron anuncios oficiales en materia crediticia, intentando contener la desazón en un sector ideológicamente favorable al gobierno.

El imaginario del gobierno es erróneo

Macri accedió al gobierno con la convicción que su sola presencia al frente de la gestión significaría el desembarco de capitales externos. Por eso pretendió cerrar el conflicto con los fondos buitres. En eso lo acompañaron opositores que le disputan gobierno pero no proyecto o rumbo económico y político.

No solo no terminó con el problema con algunos “buitres” que siguen demandando al país, sino que inició un nuevo ciclo de peligroso endeudamiento público mientras los capitales externos  se disponían a desembarcar.

La cruda realidad demuestra que no ingresan esos capitales externos, sino que se agiganta la fuga de capitales invertidos en el país y se aprovechan del ingreso de divisas vía préstamos o inversión especulativa para salir de la Argentina.

Eso explica la corrida cambiaria. Si las LEBAC generaron alta renta a inversores especulativos privados, ahora venden esos títulos y se resguardan en la moneda estadounidense que el gobierno generosamente ofrece.

Señalamos así, que el dólar es el resguardo de los inversores y encima, las autoridades no establecen ninguna restricción. En dos meses son cerca de 12.000 millones de dólares entregados a las cuentas de inversores especulativos, en lugar de usar reservas internacionales para una política de promoción de inversiones y empleos genuinos en todo el territorio nacional.

La situación del capitalismo mundial es inestable, con EEUU o Gran Bretaña promoviendo políticas  “proteccionistas” para intervenir con beneficio en la liberalización de la economía mundial.

Desde EEUU se instala la guerra comercial y monetaria, contra Europa o China; contra sus vecinos Canadá o México y se atrinchera en la región latinoamericana con base a socios ideológicos del libre mercado mentiroso en época de transnacionalización y dominación monopolista.

El gobierno Macri no entiende como sus aliados del capitalismo desarrollado no lo apoyan más allá del discurso y clama por la llegada de capitales externos.

Los potenciales inversores le aseguran futuras radicaciones si se avanza en el ajuste y la reconversión regresiva contra derechos sociales y sindicales de la población trabajadora. Para eso se insiste en la reforma previsional y laboral.

Por eso y a toda costa se avanza con el ajuste y se ensayan procesos de liquidación de ámbitos laborales en el Estado. La tercerización continúa y se vacían de tareas al sector público. Se genera así el clima de “no trabajo” y por lo tanto, que sobra personal, legitimando los despidos. Hoy se verifica la situación en los medios públicos, visibilizados en TELAM y pronto en la TV y Radio pública.

El experimento cuesta y mucho, porque la liberalización está generando un gigantesco déficit externo. El INDEC nos dice que el saldo negativo de la cuenta corriente de la Argentina alcanzó los 9.623 millones de dólares para el primer trimestre del 2018, producto de mayores importaciones que exportaciones; más gasto de argentinos en el exterior que el ingreso de turismo (aun antes del mundial de fútbol) y remesas de utilidades al exterior.

Todo se suple con una deuda externa crecida en 19.000 millones de dólares entre enero y marzo del 2018, a lo que deben sumarse los 15.000 millones desembolsados por el FMI el pasado 22 de junio.

A no confundirse, el error de diagnóstico del gobierno supone en simultáneo el ajuste contra los sectores de menores ingresos, derivado del consenso electoral del 2015 y 2017 y que pretende recrear para el 2019.

Ya no es tan segura la continuidad, pero un cambio de gestión tampoco augura una modificación sustancial del rumbo, por lo que hace falta una discusión sustantiva sobre el país a construir

Ir más allá de la crítica al gobierno macrista

Se necesita una seria discusión sobre el sentido del voto en el país y la discusión profunda para evitar que se continúe la misma política bajo otra gestión.

La discusión es sobre quién y para que el gobierno, y con ello intentar instalar en la sociedad el tipo de orden económico, social, cultural y político que se requiere para satisfacer necesidades sociales extendidas. No es un debate electoral, sino que lo trasciende.

El descontento social se manifiesta en conflicto, recientemente los paros del 14/6 y del 25/6, que avanzan en organización del descontento, o en las protestas de Chubut y variados territorios o de sectores que demandan por sus reivindicaciones. No alcanza con ello y se requiere discutir el rumbo, que es más que recomponer ingresos.

Claro que lo primero es la disputa para resolver la cotidianeidad, pero esta no existe si no se avanza en el consenso social para otra sociedad con mayorías sociales satisfechas, lo que implica una fuerte confrontación con los beneficiados del orden capitalista.

Buenos Aires, 30 de junio de 2018

[1] https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emi_06_18.pdf (consultado el 30/6/2018)

[2]http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/empleoregistradosectorprivado/empleoregistradosectorprivado_1805_informe.pdf (consultado el 30/06/2018)

*Esta nota fue publicada en El Blog de Julio C. Gambina

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Mientras los pañuelos inundaban las ciudades argentinas, otra incontrolable ola verde sucedía en el corazón de la city porteña. El dólar derrumba todo techo y en su envión se llevó puesto al presidente del Banco Central. Nuevo rol para Luis Caputo, nuevos poderes para el superministro Nicolás Dujovne.

El dólar sube y es cada vez menos noticia. Lo que sí es noticia es el elevado número que alcanza, y cómo en su envión es capaz de derribar toda primicia oficialista en cada vez menos tiempo. La divisa aumenta su valor al ritmo que cae la confianza de los mercados en los encargados de llevar adelante la política económica y financiera.
Una nueva historia se escribe en este capítulo de la argentina devaluada. Una historia con muchos personajes: El dólar, Federico Sturzenegger, Luis Caputo, Nicolás Dujovne y el pueblo.

El dólar

Este viernes el dólar toco un nuevo techo. Llegó a venderse a 28,8 pesos, sumando una devaluación del 78% en lo que va del año. La vertiginosa Argentina cambiemita en dos años y medio logró devaluar la moneda por el monto que el kirchenirsmo en 11 años de gobierno: 200%.

El acuerdo con el FMI prometía ser un tanque de oxígeno para la credibilidad del equipo económico, pero la praxis derrumbó rápidamente a esta teoría. Los mercados locales e internacionales no confían en que la política económica y financiera que está llevando a cabo el gobierno sea sostenible en el corto plazo y lo demuestran con todas sus fuerzas con el ritmo devaluatorio del dólar.

Lejos queda aquel 7 de junio donde Federico Sturzenegger junto a Nicolás Dujovne anunciaban de forma triunfal el acuerdo con el FMI, como una señal de confianza del mundo para con la economía argentina. Desde aquel momento, el dólar se derrumbó un 11%.

¿Cómo se explica este cimbronazo? El mismísimo ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger había admitido en mayo que el dólar a $25 era insostenible. Luego del supuesto shock de confianza que el FMI habría dado a los mercados sobre la economía argentina y ante el expreso pedido por parte del organismo de sincerar el mercado, se anunció un proceso donde el BCRA dejaría de intervenir la moneda y dejaría que ésta flote libremente. Sin embargo, luego de dejar flotar el dólar y observarse una inminente suba, el BCRA intervino el mercado, para luego volver a dejarlo flotar, para luego intervenirlo nuevamente. En un mensaje de descontrol total y falta de criterios, los mercados perdieron la pizca de confianza que les quedaba y esto se tradujo en un desplome de bonos soberanos y de acciones en Wall Street.

Federico Sturzenegger

El mejor equipo de los últimos 50 años sufre una nueva baja. A los entrañables Alfonso Prat Gay y Carlos Melconian se le suma la de Federico Sturzenegger. El jueves, entre aborto legal y Rusia 2018, dejó de ser el presidente del BCRA. Luego del cimbronazo verde demostró no contar con la cintura necesaria para controlar el dólar y, en un intento desesperado de recuperar confianza en los inversionistas, le anunciaron que debía dejar su lugar.

Quien supo ser secretario de política económica de Cavallo entre marzo y noviembre de 2001 y mano derecha de Mauricio Macri desde 2008, pasando por el sillón del Banco Ciudad y por una banca de diputados entre 2013 y 2015, se aleja, al menos temporalmente, del equipo económico. Atrás queda la foto con Nicolás Dujovne anunciando el acuerdo con el FMI y el rumbo exitoso que tomaría la economía argentina.

Luis Caputo

El ministro offshore, lejos de ser cuestionado por mantener sus activos en el extranjero, aparecer en los Panamá Papers por tener cuentas en paraísos fiscales y ser accionista de fondos buitre. Dejó el ministerio de Finanzas para incorporarse como el reemplazante de Sturzenegger en el BCRA.

En su primer día en el sillón grande del banco central, luego de una conferencia de prensa brindada por Nicolás Dujovne donde básicamente no se anunció ninguna medida innovadora para contener el shock del dólar, demostró que nada cambió. El dólar continuó con su ritmo alcista hasta alcanzar el techo de 28.8 pesos por dólar.

Nicolás Dujovne

Del mejor equipo económico en 50 años a un superministro en solo dos meses. El tristemente célebre Nicolás Dujovne, a quien se le conoció esta semana que pasa el invierno en un pobre terreno baldío, reafirmó esta semana su rol de superministro.

Hace solo un mes, luego de esquivar con relativo éxito el megavencimiento de LEBACs, fue designado con poderes para suplantar las decisiones económicas que llevaban a cabo el jefe de gabinete Marcos Peña y sus vicejefes. En ese plazo tuvo el privilegio de llevar a cabo todas las negociaciones con el fondo.

Desde el jueves pasado, a sus superpoderes, debemos sumarle la absorción del ministerio de Finanzas que Caputo dejó vacante. El último superministro con el que contó la economía argentina fue Domingo Cavallo, allá por los faustos años 2000.

En un capítulo no tan aparte, esta semana el superministro deberá enfrentar un nuevo reto. El martes vencen LEBACs por un monto de 530 mil millones de pesos. Mientras espera por el tanque de oxigeno del FMI, el tesoro emitió una flamante deuda por 4 mil millones de dólares y licitó nuevos LEBACs por una tasa que llegó a ofrecerse al 50%

El pueblo

Entre cimbronazos, cambios, superpoderes y deuda con el 50% de ganancia, los trabajadores y las trabajadoras vemos pasar por fuera cómo se esfuma nuestro poder de compra. El salario, las jubilaciones y los planes sociales, medidos en dólares, rinden hoy 3 veces menos que a niveles del inicio de la gestión cambiemita. La inflación, que acumula 100% durante el gobierno actual y lleva acumulado 12% este año, llegaría a niveles superiores al 30% a partir de esta devaluación constante. Las tarifas, lejos de aquella ley de contingencia vetada que las devolvía a niveles de 2017, seguirían un ritmo similar, dado que se continúa importando gas natural.

La devaluación, que se presenta como un problema, tiene su cara positiva para quienes están del otro lado de la reja que divide la casa rosada de la plaza de mayo. Al devaluarse la moneda y caer el monto de los salarios, las jubilaciones y los planes sociales medidos en dólares, cada vez que el gobierno toma deuda externa, ésta rinde más para pagarlos.

Los y las trabajadoras, activas o desocupadas, los y las jubiladas y todo aquel que llega a fin de mes con un plato de comida gracias a algún plan social, somos la variable directa de ajuste. La que soporta sobre sus espaldas la devaluación, la inflación y el aumento de tarifas.

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A medida que se acercan las elecciones, la potencia de fuego económico acrecienta el termómetro del tipo de cambio: el dólar nuevamente en boca de todos.

Pocos precios tienen en Argentina el peso económico, político y periodístico del tipo de cambio: el dólar es noticia, es herramienta política, es dato económico. Erigido casi en fetiche de la prensa masiva, las variaciones cotidianas de la moneda norteamericana marean hasta a más de un avezado. En este espacio no apostamos a contribuir a ese oleaje de datos, ni a hacer predicciones de ilusorio rigor, sino a desbrozar algunos elementos básicos para entender sus movimientos.

Primero y principal, el tipo de cambio representa la relación de intercambio de capital en sus diversas formas (mercancías, servicios, préstamos, etc.) entre una economía nacional y el resto del mundo. A través de él se realiza la conversión de precios nacionales a internacionales, y por lo tanto, debe tener alguna relación con el valor producido y apropiado en ese espacio de valorización respecto del valor mundial. La perspectiva marxista más difundida entiende que el tipo de cambio se establece a un nivel que permite la convergencia de las tasas de ganancia entre capitales reguladores (los “líderes” en sus ramas), pero existe aún debate al respecto. Lo que queda claro es que su nivel no es un puro capricho: el gobierno tiene, sin dudas, capacidad para modificarlo, pero debe hacerlo en la perspectiva de su inserción en el mercado capitalista mundial.

En ese sentido, el segundo dato es que Argentina es una nación dependiente, es decir, ocupa un lugar subordinado en la organización del capital mundial. Podría discutirse en otra ocasión respecto de la disputa política internacional, pero en relación específica a la economía, la última década sólo ha consolidado esta dependencia. El agro y la minería siguen siendo los principales abastecedores de divisas por ventas al exterior, y las escasas exportaciones industriales se explican por procesamientos básicos de recursos naturales y por el régimen especial automotriz que nos ata a la demanda brasilera. De conjunto, el resultado del comercio exterior depende de agudizar el sesgo extractivista y una serie de variables ajenas a nuestro control (como la demanda y los precios internacionales).

De 2003 a 2014, la producción de soja, cebada, girasol y maíz pasó de 65,2 millones de toneladas a 102,4 millones, acorde las expectativas del Plan Alimentario Nacional y más allá de la bulla del enfrentamiento agro-gobierno. Por eso, es noticia cuándo las cámaras agroexportadoras deciden liquidar la cosecha. Las exportaciones industriales se estancan ante la recesión y devaluación de Brasil, y la respuesta automática es reclamar a gritos una devaluación, como hizo el presidente de la Bolsa Adelmo Gabbi. El argumento es que si el único mercado donde exportamos bienes industriales devalúa, nosotros debemos seguirle el paso para poder continuar con el comercio. No hacerlo, según este examen, nos llevaría a una situación del tipo 1999-2001. La omisión del argumento es que Brasil enfrenta un problema de estancamiento asociado al escándalo político y nada garantiza que con precios más baratos comprase más.

Un industrial y pensador de la etapa sustitutiva, Marcelo Diamand, a quien los economistas del gobierno leen asiduamente, señalaba que la estructura productiva del país está profundamente desequilibrada. Esto significa que establecer un único tipo de cambio somete a todas las actividades a la misma competencia, cuando no todas están en las mismas condiciones de enfrentarla. Su recomendación: desdoblar el tipo de cambio tantas veces como fuera necesario. Esa es la idea detrás de la existencia de un dólar oficial para el comercio, otro más caro para invertir en inmuebles, otro más caro para ahorrar. Es la misma lógica que llevó a poner retenciones a las exportaciones agropecuarias en 2002, pues se trata de uno de los sectores de mayor productividad. Multiplicar los tipos de cambio según la actividad económica, a pesar de la dificultosa gestión burocrática de este desdoblamiento. Quitar estos controles, como proponen algunos candidatos, tendría el efecto de volver a unificar el tipo de cambio, facilitando el trabajo a la prensa, pero no generando ningún efecto positivo para las clases populares. El más probable sería una mega devaluación que pulverice los salarios. En todo caso, para políticas dentro del régimen del capital, correspondería agilizar y clarificar los procedimientos de los controles.

Otros dos rubros afectan el intercambio de capital entre Argentina y el mundo. Se trata del impulso a la inversión extranjera y la rehabilitación de la ruta de la deuda –motivos comunes de la campaña kirchnerista y antikirchnerista-, que no son sino mecanismos alternos de sostener esta dependencia. En lugar de cuestionar las vías de transferencia de valor al exterior –el pago de deuda e intereses, la remisión de utilidades, los pagos de patentes, por ejemplo- se esfuerzan mostrar quién garantizaría mejor su continuidad. El único esfuerzo relevante que el kirchnerismo ha promovido en los últimos meses en sentido contrario ha sido la disputa por frenar la fuga de capitales: investigación de cuentas ilegales en el exterior, controles de cambios, allanamientos de cuevas. Este esfuerzo ganó un nuevo nivel cuando el mes pasado se promulgó por el decreto 1311 se reguló el funcionamiento de la Agencia Federal de Inteligencia, permitiendo vigilar “grupos económicos y/o financieros que lleven a cabo acciones tendientes a la desestabilización de gobiernos democráticos”. Esto puso a la prensa del capital a hablar espantada de “espionaje”.

Todo lo anterior permite insistir en que la salida de recursos del país en moneda fuera no se trata de un problema cultural, sino una expresión de la dependencia del país. El proceso de valorización del capital en la economía argentina requiere constantes fugas a moneda fuerte que retengan el valor. No se trata tanto de “cambiar la manera de pensar”, sino de alterar los fundamentos de esa dependencia. Acorde con la progresiva tendencia del kirchnerismo a asumir toda disputa política como una disputa intelectual y cultural, “el proyecto” se enfrenta a los límites de la alianza de clases que lo sostiene.

Después de las elecciones, cualquiera de los candidatos mayoritarios (Scioli, Macri, Massa) va a devaluar; la diferencia –no trivial- es a qué tasa o velocidad lo hará. En el gráfico adjunto se puede ver que el dólar sube a un ritmo poco superior al de la inflación oficial, que subestima los precios reales. El cálculo del Congreso, que sobreestima la inflación real, muestra que el tipo de cambio se viene apreciando desde hace unos años. De acuerdo a qué estimación crean los candidatos, la tasa de devaluación que podemos esperar. Pero todos ellos están atados a las necesidades de valorización de un capital dependiente, y por ello deben incrementar su competitividad en el mercado mundial. Y esto sólo saben hacerlo intensificando la explotación de la fuerza de trabajo.

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