Por Iván Barrera e Ignacio Marchini | Foto: Juan Pablo Barrientos

Esta medida otorgaba a las fuerzas represivas la impunidad y la discrecionalidad para disparar sus armas de fuego prácticamente en cualquier circunstancia, así sea por la espalda y sin dar orden de alto.

Mediante la Resolución 1231/2019, la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, aprobó un nuevo “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”, que reemplaza los anteriores y deroga distintas resoluciones que implicaban un enorme retroceso en materia de Derechos Humanos y que fueron duramente repudiadas por un amplio arco de organizaciones políticas y antirrepresivas.

El factor preponderante de este nuevo reglamento es regular la utilización de armas de fuego por parte de las fuerzas represivas, haciendo foco en la necesidad de respetar la dignidad humana y los derechos humanos, y en el uso abusivo que se hizo del anterior protocolo. Según el último informe de Correpi, se contabilizan al menos 891 casos de asesinatos por las fuerzas represivas no penitenciarias en los años de la Doctrina Chocobar.

Esta resolución deroga también el reglamento para la implementación de pistolas Taser y otras “armas electrónicas no letales”, considerando que la calificación de “no letal” en realidad significa “menos letal” y que su protocolo anterior distaba mucho de regular su uso. También se derogan las resoluciones que proceden a crear un “Centro de formación de gendarmes” en el Complejo Turístico de Chapadmalal, la que asigna la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores en manos de Gendarmería y las libertades que se les otorgaba a las fuerzas represivas para pedir documentos de identidad discrecionalmente en el transporte público.

La regulación del uso de armas de fuego y el límite a la libertad de acción de las fuerzas represivas son los primeros pasos urgentes para empezar a desarmar el entramado legal, armamentístico y cultural que buscó imponer a fuego y sangre la ex Ministra de Seguridad y actual Presidenta del Pro, Patricia Bullrich. Ardua tarea tiene Frederic por delante para terminar realmente con el abuso de las fuerzas represivas y lidiar con las cifras que demuestran una escalada ininterrumpida de la violencia estatal en los años de democracia. El legado es extenso, desde los protocolos para reprimir la protesta social hasta la Gendarmería en los barrios como agentes del control social, pasando por la formación de las distintas fuerzas y la militarización creciente de las policías locales.

Es enorme el trabajo por delante para frenar la violencia de la policía, para conseguir justicia para los y las muertas a manos del aparato estatal, para alcanzar algún tipo de paz para los y las familiares de las víctimas del gatillo fácil y para frenar el abuso de las fuerzas represivas en los barrios. Sin duda, esta medida representa un primer paso racional y urgente en el largo camino hacia el fin de la impunidad.

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Por Redacción Marcha / Foto: Colectivo Rimac

“Jamás me van a ver derrotada. Ni a mi, ni a mi familia ni a ninguno de lxs compañerxs que tomamos esta lucha con el corazón”. Con estas palabras y visiblemente emocionada -aunque también con rabia-, Emilia Vassallo promediaba una conferencia de prensa que no era una más. Estaba acompañada de Nora Cortiñas, su abogado, Eduardo Soares, y familiares de víctimas del gatillo fácil y la represión en las cárceles, integrantes de la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil. Relató una forma inédita de asociación ilícita entre la crueldad policial y el machismo institucionalizado en el poder judicial. Una operación novedosa para la democracia pero digna del terrorismo de Estado.

Era viernes 13 por la noche cuando un grupo táctico de la policía bonaerense, conformado por al menos 20 machos de civil, encapuchados y fuertemente armados, ingresó al domicilio de Emilia Vassallo en Morón. Los efectivos, con la excusa de estar realizando un allanamiento por una inexistente causa por “drogas”, irrumpieron en su casa, la violentaron física y psicológicamente; la golpearon y torturaron junto a uno de sus hijos. Un operativo que se hizo bajo la supervisión de Gustavo González, funcionario de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) 6 de esa localidad.

“Me duele el alma. Es otra jugada para quebrarme y quebrar mi lucha que es la de todos”, dijo Emilia Vassallo en la conferencia de prensa que se realizó en la sede del Sindicato de Prensa, SiPreBA. Integra junto a otros familiares de víctimas la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil. Es referenta de la lucha antirrepresiva por denunciar el asesinato, como Madre, de Pablo “Paly” Alcorta, de 17 años, en el año 2013 por el entonces policía bonaerense Diego Tolaba, que actualmente está en actividad en la policía de la ciudad de Buenos Aires.

El amedrentamiento del que fue víctima sucedió a días de que la causa por el asesinato de “Paly” tuviera novedades, ya que Emilia logró que la Cámara de Apelaciones ordenara investigar el homicidio llevando a juicio oral a Tolaba a fines de este año o principios del próximo, a pesar de que la titular de la UFI 6 de Morón, María Silvana Beatriz Bonini, y el juez de Garantías, Gustavo Robles, intentaron cerrar la causa bajo el argumento de “legítima defensa”. Por eso, visiblemente conmocionada Vassallo informó: “venimos de presentar la denuncia en la Fiscalía”, y apuntó nuevamente al poder judicial: “El fiscal Rapazzo acaba de pedir la exhumación del cuerpo de mi hijo porque quiere demostrar que murió de mala praxis médica y no por una bala policial, pero pase lo que pase, esta justicia burguesa no nos va a ganar porque voy a seguir peleando contra todo y todos”. Y hubo aplausos.

Las violencias uniformadas contra Emilia suceden a menos de un mes de su participación en la organización de la “Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil”, que en Buenos Aires llegó a la Plaza de Mayo; una de las acciones más multitudinarias de los últimos cinco años, en repudio del odio de clase que se traduce en el abuso de poder y asesinato de pibes y pibas con placa y permiso del Estado por parte de integrantes de las fuerzas represivas.

El terrorismo de Estado, presente

Eduardo Soares, integrante de La Gremial de Abogados y abogado de Emilia Vasallo, la encontró atada y a su hijo esposado al llegar a su domicilio a poco de iniciarse el allanamiento sin orden que lo justificaba. “Al preguntarle al oficial instructor del procedimiento de ¿cuántos kilogramos de droga estamos hablando para semejante procedimiento?, respondió que se trataba de medio kilogramo de marihuana lo que estaban buscando”. 

En la conferencia de prensa Soares increpó: “¿por qué no vamos a creer que esto es un apriete?”, y relató que “el secretario de la Fiscalía que estaba presente y vio cómo le pegaban a Emilia, entró con los encapuchados y teóricamente los comandaba. La responsabilidad del procedimiento no fue tanto de la policía que estaba adentro sino de la institución judicial, llámese fiscalía, llámese juzgado de garantías, que fueron los que ordenaron y presenciaron el procedimiento”.

“Creemos que se trató de un procedimiento ilegal, de un apriete a Emilia, una persecución por ser quien es y estar donde está”, dijo Soares con énfasis. “Cuando les explicamos que hacía dos días que recibía tres o cuatro veces al día policías que se presentaban buscando personas que desconocía nos dijeron que esa información no la sabían”. Sin embargo, “los operativos previos, de la Comisaría 1º de Morón, que nos decían que no tenían nada que ver con lo otro, son de la misma causa”, si bien “esta vez actuó la Comisaría 4º de Pavón”.

El abogado explicó que venían de hacer la presentación en la UFI 6 de Morón. “La fiscal de turno fue Silvia Bonini, quien instruyó desde el primer momento, desde el día cuando Paly fue ejecutado, quien fue la que no investigó, la que no pidió la autopsia de mi hijo”, dijo Emilia. Soares contó además que hubo una intervención de la Secretaría de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que hacía pocos minutos se había comunicado para informarles que habían comenzado una investigación de oficio sobre lo sucedido el viernes 13, “nos invitaron a que fuéramos a La Plata a aportar todos los elementos que tenemos. Es la primera vez que vemos algo así, no sé si relacionarlo con la situación electoral”.

“Ellos nos tienen miedo a nosotras”

La sala estaba desbordada de presencias. Ante el abuso del poder y la crueldad machista, la ternura y solidaridad feminista -antirrepresiva- pareció el mejor antídoto junto a la necesidad de seguir organizándose. Y así lo hicieron saber familiares que integran la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil que acompañaron en la conferencia de prensa a Emilia Vassallo.

“Aca estamos hermana”, dijo la Madre de Marcos Acuña. y compartieron las impresiones y los temores que acechan frente a la impunidad. “Hace 7 años que vengo transitando este camino, soy padre de una de las tantas mujeres que fueron asesinadas en un centro de exterminio como son las cárceles”, intervino Alfredo Cuellar, padre de “la China”, asesinada por el Servicio Penitenciario en 2012. “Hoy más que nunca estoy con Emilia porque lo que le pasó yo lo he padecido y lo sigo padeciendo”, agregó. Alfredo fue secuestrado en 2013 por cuatro sujetos que lo introdujeron a un auto y amenazaron con tirar al riachuelo y hacerlo desaparecer. Algo similar le ocurrió en 2016, ocasión en la que presentó pruebas ante funcionarios del poder judicial pero sin ver avances de ningún tipo en la investigación. “Lo que buscan es callarnos, pero el compromiso que tenemos con nuestros hijos es seguir adelante hasta que no podamos más y ni aún muertos nos van a derrotar”, afirmó Cuellar, “la justicia tiene la balanza inclinada a favor de los poderosos, por eso la justicia social es la fundamental”. Y terminó con una consigna de lucha: “ni una menos en las cárceles también”.

Angélica Urquiza, Madre de “Kiki” Lezcano, contó cómo los fallos judiciales y los amedrentamientos policiales que le siguen a los asesinatos de los pibes son revictimizaciones hacia las y los familiares, con el agravante de ser agresiones ejecutadas en nombre del Estado. Ezequiel, “Kiki”, de 16 años, fue asesinado hace 10 años en Lugano. El señalado, el policía Daniel Veyga, fue absuelto hace dos años por el TOC 16 y obtuvo el permiso de reincorporarse a la fuerza represiva. “Primero me cerraron la causa porque no me presenté en tiempo y forma y yo no me presenté porque no buscaba a un chico muerto, yo buscaba a Kiki”, dijo y contó cómo fue víctima de una causa armada. “Me cagaron a palos y me hicieron golpear contra un cordón. Me subieron a un patrullero y me amenazaron diciéndome ´negrita de mierda, te vamos a enseñar que no tenes que denunciar, que a tu hijo lo mataron porque era un chorro así que dejate de joder”. A Angélica la detuvieron, la criminalizaron y está imposibilitada de mover uno de sus brazos producto de ese hecho. 

Ivonne Kukoc, Madre de Pablo, el pibe asesinado por el legitimado por el Estado, policía Luis Chocobar, contó cómo la policía los amedrenta -a ella y otro de sus hijos- y que se tiene que mudar cada dos o tres meses. “Nos mataron a nuestros hijos y nos están matando de a poco”, dijo, “en Avellaneda parece que andan con la foto de toda mi familia”, contó. El terrorismo de Estado se sintió cerca para ella cuando a la vuelta de la Marcha contra el Gatillo Fácil, policías se subieron al colectivo y tuvieron que sacarse las remeras por miedo. “No estoy pidiendo la pena de muerte, como hicieron con mi hijo, estoy pidiendo el castigo para un asesino que toma un arma y mata pibes”, declaró, “se que va a llegar el día que (Chocobar) pague con lo que hizo”. Hay versiones que indican que habrá juicio desde mediados del 2020. “No vamos a bajar los brazos”, dijo, “por esta gente que es maravillosa”.

 Pero infaltable fue la voz de Nora Cortiñas que también muy conmovida dijo: “Yo quisiera también hoy abrazar a mi hijo Gustavo como hace 43 años y por eso sigo peleando. Por eso acompaño a Emilia y a todas las Madres”. La conferencia ofició de traspaso simbólico de los orgullos y las resistencias: “de las Madres del Terrorismo de Estado a las Madres contra el Gatillo Fácil”. Y agregó, “Ellos nos tienen miedo a nosotras, todos los funcionarios; por eso persiguen y persiguen. Pero seguiremos y no les tenemos miedo. Esto es terrorismo de Estado, los 30.000 están acá, ahora y siempre están todos los pibes caídos por la bala asesina de la policía y van a seguir estando, van a seguir las Madres luchando y todas juntas vamos a vencer. Vamos a vencer, ¡hasta la victoria siempre!”.

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Días antes de la Cumbre del G20, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dictó una resolución que amplía los casos en que se permite el uso de armas de fuego por los integrantes de las fuerzas represivas federales. Ante esto, el vocero oficial del ministerio aclaró que era una medida extraordinaria para garantizar la seguridad de los visitantes extranjeros; sin embargo, la Resolución 956/2018 fue publicada en el Boletín Oficial.

La Resolución fue fuertemente repudiada por organismos de Derechos Humanos y de la lucha antirrepresiva, problemática que se llevó la vida de una persona cada 23 horas en el año 2017, y este año se estima que será superior. Todas pobres y sin acceso a la mal llamada justicia. “El gatillo fácil es ley”, tituló CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, a la declaración que publicó apenas se conoció la reforma. “La norma hoy publicada en el Boletín Oficial habilita el uso legal del arma de fuego en una serie de situaciones que son un resumen de las principales excusas utilizadas por miembros de las fuerzas de seguridad en su defensa cuando son juzgados por el fusilamiento de personas”, afirman. “Esos intentos de justificar el tiro por la espalda o la nuca contra una persona desarmada, hoy, Cambiemos mediante, son ley en Argentina”, agrega el comunicado.

Solamente la semana pasada, antes de la Cumbre del G20 y con 24 hs. de diferencia, hubo dos asesinatos a manos de las fuerzas represivas. Uno en La Matanza y otro en Córdoba. Las víctimas pertenecían a los sectores más vulnerables. A las pocas horas de firmarse ya se conocía otro nuevo caso.

La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada penalmente por abuso de autoridad, dado su carácter de funcionaria pública, ya que la decisión política de ampliar el uso de las armas vulnera principios constitucionales y tratados internacionales a los que el Estado argentino adhiere. Además, la Resolución del Ministerio de Seguridad no tiene la capacidad de modificar el Código Penal ni las disposiciones del sistema internacional de Derechos Humanos por lo que los integrantes de las fuerzas represivas que pretendan amparar su accionar bajo esta resolución no podrán invocarla en el proceso penal. Este sistema de jerarquías no se deroga por una Resolución siendo también una provocación más de parte del gobierno de Mauricio Macri y de la funcionaria. La Resolución nos vuelve a todas y todos sospechosos de haber cometido un delito. “La presunción de inocencia, principio rector que confiere el Código Penal pretende ser derogado y las fuerzas de seguridad parecen tener el derecho juzgar por lo que interpretan de lo que ven”, expresó Maria del Carmen Verdu.

En las últimas horas de ayer, la justicia hizo lugar a un amparo presentado por varias personas referentes de Derechos Humanos, decretando como inconstitucional e inaplicable el reglamento en la Ciudad de Buenos Aires. Será importante como sigue en las diferentes instancias judiciales así como también si se continúa la misma vía para el conjunto del país.

Cronología de la represión

Desde que se inauguró la etapa democrática los casos de gatillo fácil se vienen incrementando año a año. Ningún gobierno fue la excepción y tampoco fue capaz de contener a las fuerzas de seguridad.

El gobierno actual lleva el triste ranking de estar en primer lugar en el amparo del accionar ilegal de las fuerzas de seguridad. La construcción de un enemigo interno peligroso que necesita ser reprimido es la hipótesis necesaria para reprimir cualquier intento de resistir a una política que castiga a quienes menos tienen. Fue la misma lógica reglamentarista que se usó durante la última dictadura cívico-militar-clerical para perseguir, torturar, desaparecer y matar a luchadores y luchadoras populares y es la cristalización de la Doctrina Chocobar, la persecusión seguida de muerte de Santiago Maldonado o el fusilamiento de Rafael Nahuel.

La madre de Juan Pablo Kukoc, asesinado por el policía Luis Chocobar, expresó frente a esta Resolución que “Van a matar a los pibes pobres como perros, habilitaron la pena de muerte en Argentina”. Recordemos que Chocobar fue felicitado por el presidente Mauricio Macri por el asesinato y luego la justicia confirmó la autoría del hecho delictivo.

En una entrevista a María del Carmen Verdú (AM 830), referente de Correpi y reconocida por su intervención en defensa de los excesos de la fuerza de seguridad, fue consultada respecto de la Resolución. Allí expresó que “La única mirada que se puede tener como una persona de bien, es que esta Resolución habilita a dispararle a una persona desarmada, habilita a tirarle por la espalda, habilita a tirar en una serie de circunstancias. Como explica la Resolución, pueden ser otras las circunstancias, porque no se trata de una enumeración taxativa y lo que deja en la esfera de las propias fuerzas es determinar qué es una situación de peligro inminente o qué es el indicio o gesto inequívoco de peligro. Esa enumeración de distintas circunstancias es una especie de resúmen del menú de excusas habituales de policías, gendarmes, prefectos, etc. en los juicios: eso de pensó que tenía un arma. En el juicio del policía Otero, condenado hace un mes y pico a prisión perpetua, el policía dijo: ‘yo estaba seguro que estaban armados, porque le ví algo en la mano y era un celular con el que estaba jugando el más chico de los tres que estaba sentado en el asiento de atrás mientras los perseguía’”. Además, Verdú aseveró que “Carla Céspedes la policía exculpada escandalosamente después de fusilar a Ariel Santos cuando intentaba escapar en la moto, después de haber intentado robar un supermercado dijo que sintió que había una silueta a su lado -que en el video se ve claramente que no estaba- y que el muchacho hizo un movimiento con el brazo que le dio la impresión que iba a sacar un arma. Cuando lo fueron a ver, después que lo había acribillado no tenía nada en el bolsillo. No hay tal indefensión de los policías que argumenta Patricia Bullrich porque tenemos más de un muerto por día por gatillo fácil, hasta noviembre de 2017. Si voy a cuidar la sociedad pegando un tiro por la espalda al primero que se me cruza y me resulta sospechoso entonces definamos que es sociedad, porque por lo menos al segmento que sufre esta represión no se lo está cuidando. Facundo Ferreyra tenía 12 años, iba en una moto que no paró en un control policial, eso técnicamente es fuga, tiro por la nuca, aplauso medalla y beso a partir de esta resolución”.

Consultada respecto de la legalización de la doctrina Chocobar, expresó que “esta Resolución es convertir el gatillo fácil en ley, porque lo que Bullrich llamaba nuestra nueva doctrina (en relación al caso Chocobar) confrontaba en la caracterización con la justicia, pero esta Resolución lo que habilita es a sacar un arma. La gravedad de esta Resolución es que deroga toda resolución contraria y de pactos internacionales que le ponían un límite al accionar de las fuerzas de seguridad. Esta Resolución no es constitucional, pero nuestra doctrina permite invocarlo con el caso concreto y no antes, por eso estamos convocando a defendernos de esta verdadera legitimación del gatillo fácil en la calle con movilización con lucha organizada. Pasado mañana (por el jueves) vamos a estar en la calle con las Madres de Plaza de Mayo línea fundadora con dos exigencias: el repudio y exigencia de anulación de esta Resolución y el repudio y exigencia de reapertura de la causa por la desaparición de Santiago Maldonado”.

El contexto

Más allá de la Resolución en sí y todo lo que se viene exponiendo hasta el momento, es importante destacar la coyuntura en que se da.

La gestión macrista está claramente atravesada por el ajuste, los tarifazos, desempleo, inflación, entre algunos de los problemas que aquejan al pueblo trabajador. Esto es producto de un plan específico en términos políticos y económicos que tienen una gran impronta en relación a la sumisión del gobierno frente al capital extranjero. Por esta razón y teniendo en cuenta que la receta cierra con represión, es que la gestión de que encabeza Mauricio Macri pone de relieve la criminalización de la pobreza y la protesta social, como si de allí surgieran los responsables de la crisis por la que atraviesa el país.

Esta resolución se enmarca, además, en un presupuesto 2019 que se ajusta en las necesidades populares pero aumenta la inversión en fuerzas represivas y tecnología para Seguridad. El terreno se termina de allanar con una justicia cómplice que se hace la distraída como en el caso de Santiago Maldonado o demora en las investigaciones de los militantes de la CTEP asesinados días antes de la Cumbre del G20. Cuando le preguntamos a María del Carmen Verdú a qué se debe este plan, sentenció: “Todo esto se da en un contexto y objetivo claro: el plan de ajuste y represión del gobierno que se puede realizar con la orden a las fuerzas de seguridad de que vayan a fondo y garantizando impunidad”.

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Se cumple una semana del histórico fallo que condena a los prefectos que torturaron a los jóvenes de La Poderosa. Un paso adelante hacia el control popular de las fuerzas represivas.

“Tanto Ivan como Ezequiel sufrieron practicas que uno piensa que podía encontrar en el libro Nunca Más, en esa época de la historia Argentina y sin embargo las encontramos a orillas del Riachuelo el 24 de septiembre de 2016, a quince minutos del obelisco, en la Villa 21-24”, decía Nacho Levy, referente de La Garganta Poderosa, minutos antes de ingresar a la sala Derechos Humanos del Tribunal Oral Federal Nº 9 de la Ciudad de Buenos Aires. Este 21 de septiembre, los seis prefectos que torturaron y realizaron simulacro de fusilamiento a Ezequiel Villanueva Moya e Iván Navarro- dos jóvenes de la Villa 21-24 de Barracas que participan de la organización La Poderosa- fueron sentenciados a entre 8 y 10 años y medio de cárcel. La sentencia-favorable a las víctimas que aquel 24 de septiembre de 2016 contaban con 15 y 18 años respectivamente- fue vista como un éxito por sus abogados Gabriela Carpinetti y Nahuel Berguier, pese a que se habían pedido penas más altas de las que finalmente otorgaron los magistrados. Entonces, ¿qué implica esta sentencia en un marco de creciente violencia represiva de las fuerzas de seguridad?

“Acá hay algo en lo que coincidimos todos, acusados y acusadores: que estos seis prefectos participaron en carácter de autores de los hechos- ellos mismos lo reconocieron y por eso piden perdón y que el responsable por estos hechos es el Ministerio de Seguridad. Ellos son responsables penalmente por el delito de Torturas más allá de que crean que no hayan sido torturas sino “errores” o “correctivos”. Hubo un pacto de impunidad que se sostuvo desde el principio de los seis prefectos en connivencia y con el apoyo del Ministerio de Seguridad y de la Jefatura de la Prefectura aunque después fueron desplazados y todos los procedimientos legales que debían cumplirse se cumplieron hasta llegar al juicio”, sostuvo Carpinetti. Además, agregó que fue “un fallo histórico” porque las acciones represivas fueron calificadas como “torturas, tal como corresponde” y recalcó que la decisión del Tribunal Oral N° 9 “debe servir para poner freno a un accionar de las fuerzas de seguridad que es sistemático”.

Una escuela para la represión

Las torturas y el hostigamiento de las fuerzas represivas del Estado a pibes de barrios populares son una práctica corriente y sistematizada desde hace tiempo, sin importar el gobierno que esté de turno. De allí la relevancia de este juicio en el cual media docena de prefectos debieron sentarse frente a un tribunal judicial para responder por sus actos. ¿Por qué es novedad que el fallo haya sido favorable a las víctimas? ¿Por qué nos alegramos con una carátula que deja de lado los eufemismos y llama a las cosas por su nombre? “Tortura”. Eso figura en la carátula de la causa que ha resuelto por una vez que no venciera la doctrina Chocobar: es la primera condena a miembros de fuerzas de seguridad por delitos represivos cometidos en el gobierno de Cambiemos. En todos los casos los imputados fueron declarados culpables por “privación ilegítima de la libertad, torturas, lesiones leves, en concurso real con robo agravado en poblado y en banda, con el agravante de haber sido comentido por miembros de las fuerzas de seguridad”.

Vivimos rodeados de gobernantes que pelean por ver quién tiene el mayor record de cámaras de seguridad y efectivos y patrullas en las calles, ¿Por qué no es novedad que les pibes de barrios marginales tengan sus vidas a merced de la buena voluntad de aquellos que suponen deben cuidarles? El caso puede resultar icónico por su resolución, pero la sobrecriminalización de las y los jóvenes de sectores populares no es novedad.

Según el Informe sobre hostigamiento policial y de fuerzas de seguridad en su interacción con jóvenes de sectores populares en la ciudad de Rosario, de la Cátedra de Criminología y Control Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, las principales víctimas de hostigamiento policial y de fuerzas de seguridad y malos tratos son jóvenes –mayores y menores de edad- varones de sectores populares. “Basta con leer atentamente las crónicas policiales para advertir que en aquellos barrios en los que los efectos de la inseguridad se expresan con mayor crudeza tienen, más allá de obvias diferencias, dos características en común. Los varones jóvenes son presa fácil de la policía y de la selectividad del sistema penal”, escribe Enrique Font, criminólogo y ex Secretario de Seguridad Comunitaria de la Provincia de Santa Fe, en un artículo de Rosario/12.

Según Font, la sobre-criminalización consiste en la “focalización policial selectiva, discriminatoria y violenta sobre jóvenes varones de los barrios”. Se trata de la “sobrevigilancia”, que es la manera en la que la policía interactúa con los grupos percibidos como de propiedad policial. Esto ocurre “cuando los poderes dominantes de una sociedad abandonan los problemas de control de esa categoría a la policía”.

Desde La Garganta Poderosa, Levy agrega que “el 99% de los casos de tortura, amedrentamiento, asesinatos que hay en el barrio a manos de las fuerzas de seguridad no aparecen en los medios de comunicación. Son pibes que no tienen la contundencia de poder equiparar la cantidad de trolls de televisión. Construyen un sentido común que después acompaña una doctrina mucho más grave que un caso particular”. El ojo social dominante los ve como grupo “problemático” o “desagradable”, de bajo status- los tan aborrecibles “negros de mierda”-  y acepta que sea la policía quien trate con ellos, de la manera que desee. En paralelo, “las victimizaciones de quienes viven en el barrio son desatendidas por las políticas de seguridad”, sostiene Font. El criminólogo llama a esto último infra-protección, producto de la distribución diferencial tanto de la victimización como de las reacciones institucionales y sociales a la misma. La desprotección viene de la mano de la desatención policial, judicial, política y social de las victimizaciones de quienes viven en barrios populares. En otras palabras, los jóvenes de barrios marginales se encuentran desamparados y con pocas respuestas por parte del Estado que debería cuidarlos como ciudadanos.

Mientras la respuesta de la Gobernadora Vidal, de la Ministra Bullrich y hasta del propio Presidente Mauricio Macri frente a los problemas de “inseguridad” consiste en aumentar el número de efectivos en las calles, darles pase libre y poner más cámaras, el Informe Regional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre  Violencia, niñez y crimen organizado de 2015 es taxativo al decir que “los casos de uso excesivo o arbitrario e ilegal de la fuerza por la policía además de suponer graves vulneraciones a los derechos humanos, comprometen la capacidad misma del Estado para reducir la inseguridad y la violencia”.

En relación a esto, Nacho Levy expresó que “es un momento histórico, cargado de angustia, de bronca, de impotencia pero también del orgullo y la esperanza que nos da haber llegado hasta acá fruto de la organización y la lucha popular. No contábamos nosotros con el apoyo inicial del Poder Judicial ni comunicacional. Hubo que fabricarlo desde el barrio. Eso costó muchos momentos de sufrimiento pero hoy hay seis subordinados de Patricia Bullrich sentados en el banquillo que ya han reconocido los hechos. Que intentaron pedir disculpas y que van a pagar una condena por haber torturado a los pibes que tuvieron el valor de ponerse al hombro la sentencia que Luciano Arruga y Ezequiel Demonty no pudieron presenciar”.

Y agregó: “El control popular de las fuerzas se de seguridad es urgente, no lo decimos nosotros solamente, lo dice la ONU, Nils Melzer el relator contra tortura de la ONU estuvo en mi casa, estuvo en el barrio, estuvo acompañando a los vecinos que ejercen el control popular a las fuerzas de seguridad. Estuvo constatando en la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) cómo había asentadas 8 denuncias de 8 familias que no se atreven, que tienen miedo y tienen razón de denunciarlo públicamente pero sufrieron en un mes las mismas prácticas como el  “levantamuerto” o el gas pimienta en los ojos con las manos atadas. Frente a ese nivel coercitivo que intentan perpetrar cuando utilizan el poder judicial para perseguir opositores, cuando utilizan el poder policial para generar amedrentamiento, cuando utilizan su poder comunicacional para generar silenciamiento, nosotros entendemos que un control popular de las fuerzas de seguridad es una solución a doble vía. No es una policía comunitaria. No le agrega una sola bala al conflicto. Es una comisión de vecinos que regula la acción de las fuerzas de seguridad en comunicación directa con el Ministerio Público Fiscal, con la Fiscalía y los organismos de Derechos Humanos sin pasar por las comisarías, que administran el delito en nuestro barrio. Les daría a nuestros vecinos y vecinas la posibilidad de denunciar el accionar de las fuerzas sin pasar por la centralidad de las fuerzas sino que además le daría al Poder Judicial la posibilidad de acceder al barrio sin estar acompañados de la manito por aquellos a los que están investigando. Necesitamos una entidad autárquica que no responda ni este subordinada al poder ejecutivo que administra las propias fuerzas de seguridad. En este nivel creciente de hostigamiento de las fuerzas de seguridad en el territorio en los barrios donde hemos podido darle visibilidad al control popular, se ha reducido inmensamente el nivel de inseguridad que sufrimos a manos de las fuerzas de seguridad”.

Desde el CELS sostienen que “la falta de democratización de las estructuras de seguridad posibilita, en primer lugar, la persistencia de hechos graves y reiterados de violencia institucional, y el sostenimiento de redes de ilegalidad y corrupción insertas en las estructuras policiales y penitenciarias” y esto, en proyección, erosiona los cimientos de la gobernabilidad a nivel provincial y nacional.

Font, por su parte, indica que “no existen en Argentina ejemplos de reformas policiales profundas que no hayan sido resultado de ´crisis´ catalizadas a través de eventos con efectos dominó sobre la coyuntura de gobierno. Como ejemplos de reformas en provincias sobresalen las dos lideradas por Carlos Arslanián en Buenos Aires. Ambas fueron precedidas, respectivamente, por el asesinato de José Luis Cabezas y por incrementos de delitos ´no tolerables´ socialmente con evidencias de involucramiento policial”.

Lo que queda claro es que las distintas fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios actuales son un obstáculo insalvable para la inclusión social. Levy da una pista sobre este tema: “Si se pudiera legislar ese punto, los sectores populares estaríamos más al resguardo de lo que estamos. Que dejen de discutir en televisión, ahora que empieza la carrera electoral, quién ofrece más chalecos, más patrulleros y más presupuesto para la policía. Que nos digan cuál es el plan para necesitar menos policía. Y que nos digan, todo el tiempo que dure ese plan cómo nos vamos a cuidar en los barrio pobres que nuestro principal factor de inseguridad no sean los tipos que mandan para cuidarnos”.

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Hoy se cumple un nuevo aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López, esta vez en democracia. Entrevista exclusiva con Myriam Bregman, su abogada.

Cada 18 de septiembre, desde hace 12 años, no es un día cualquiera. Ni siquiera nos anuncia la llegada de la primavera. Aquella vez, el 18 de septiembre de 2006, era el día previo a la sentencia que condenara al genocida Miguel Etchecolatz. Sin embargo, en una demostración de la oscuridad que rodeó (y sigue rodeando) a los crímenes de Estado durante la última dictadura, Jorge Julio López –quien había declarado como víctima y testigo en el juicio por delitos de lesa humanidad en el que fue condenado a prisión perpetua el represor Etchecolatz– fue desaparecido. Hasta la fecha nada más se supo de él.

En esta oportunidad, dialogamos de manera exclusiva con Myriam Bergman, legisladora porteña por el PTS-FIT, y una de las abogadas de Jorge Julio López.

–Ante un nuevo aniversario de la segunda desaparición de Julio López, ¿existen novedades sobre su búsqueda o, como todo indica, no se está haciendo nada por parte del Estado?

–Creo que después de 12 años no hay mucho para decir. La búsqueda terminó rápidamente. Habría que preguntarse si la búsqueda alguna vez empezó. Porque ahora hablamos con un balance también de lo que ocurrió. Nosotras, apenas desaparecido Julio López, a las dos horas que desapareció, ya presentamos un hábeas corpus para dar cuenta de lo que entendíamos rápidamente que no era que Julio era un viejito que estaba perdido como se decía por ahí o que se había asustado y se había ido. Creo que si lo miramos desde ahí es difícil pensar si alguna vez se lo buscó, porque desde el Estado rápidamente se tuvo conciencia de lo que había pasado y todo lo que se hizo si una mira en el expediente –primero en mano de la justicia provincial después en manos de la justicia federal– verá que búsqueda de una persona secuestrada no hubo. Todas las primeras horas, los primeros días, que son los más valiosos, lo que se buscaba era una persona perdida, con lo cual se dio un tiempo enorme para los secuestradores, para que borraran las pistas que pudiese haber con relación al secuestro.

Después de mucha pelea y mucho tiempo, hubo algunas pericias que se hicieron en la causa, algunas medidas de pruebas que podrían haber indicado a dónde estaba Julio López. Pero buscarlo, buscarlo, nunca se lo buscó.

Creo que también es importante señalar esto porque si hubo avances, como por ejemplo identificar a la persona que le hizo el seguimiento a Julio López, fue por pruebas aportadas por los propios querellantes, no porque la justicia lo haya encontrado. Y esto es muy doloroso decirlo, porque sabemos que a Julio no lo mandó a secuestrar el Estado, no fue el propio aparato de Estado el que lo secuestró, como podemos decirlo claramente en el caso de Santiago Maldonado, donde hubo una desaparición forzada que como mínimo los gendarmes sabían donde estaba Santiago durante los 78 días que estuvo desaparecido. Pero en el caso de Jorge Julio López, el aparato de Estado decidió encubrir el hecho para mantener, como algún Ministro lo dijo en aquel momento, la gobernabilidad de la bonaerense. Mantener ese pacto, terrible, nefasto que funciona en la provincia de Buenos Aires, donde los grandes delincuentes, lo que se llama habitualmente el “crimen organizado, funcione en connivencia con la policía. Y todos esos elementos fueron los que actuaron también en el caso de Julio López. Porque no se puede entender cómo ninguno de la patota de Etchecolatz ha sido verdaderamente investigado. O que la persona que le hizo el seguimiento a Julio López no haya sido inmediatamente detenida, sino que se mandó a allanar la casa recién nueve meses después de la denuncia que hicimos nosotros.

–¿Cómo está la causa en la que Julio López era testigo? Porque hace poco el envalentonamiento de las fuerzas represivas motivó incluso a que Etchecolatz se postulara para la policía nuevamente…

–Julio López era testigo en varias causas y era querellante en varias causas. La mañana del 18 de septiembre, Guadalupe Godoy,  Liliana Mazea y yo estábamos esperándolo para poder alegar en su nombre; es decir, íbamos a acusar a Etchecolatz en su nombre. Él no era un simple testigo como tantos otros pueden serlo de un hecho ajeno o de un hecho propio. Él era un querellante, estaba allí para acusar a Etchecolatz en el primer juicio que se abrió después de la nulidad de las leyes de Obediencia debida y punto final. Es decir, Julio López había adoptado en nuestra nueva etapa de la pelea por justicia un rol protagónico; eso es importante destacarlo. Como tal, el testimonio de Julio es muy valioso para todos los juicios que se desarrollaron posteriormente, porque él estuvo en varios centros clandestinos, pudo ver a otros detenidos-desparecidos, otras detenidas-desaparecidas, entonces su testimonio es valioso. No en una causa puntual, sino en todo lo que es el circuito Camps del período en el cual él estuvo secuestrado.

Julio era albañil y siempre contaba en sus testimonios cómo esa actividad, ir a lugares (el había estado trabajando incluso al lado de algunas de las comisarías en las que después estuvo secuestrado), le permitía reconocer a muchos de los policías que después involucró con su testimonio. Entonces para investigar había montones de elementos, lo que no se quiso es profundizar en esas lineas investigativas.

Por otra parte, Etchecolatz es un provocador. Siempre lo fue, así actuó durante todo el juicio. Fue un juicio lleno de provocaciones, lleno de amenazas, que denunciamos. Durante el transcurso del juicio, nos amenazó a nosotras, a Chicha Mariani. Chicha sufrió amenazas muy graves, las abogadas sufrimos amenazas, los días posteriores que desapareció Julio también. Etchecolatz es un provocador.

La noticia de que quiere volver a la bonaerense tiene dos lecturas. Una es que quiere volver y la otra es qué poco tiempo hacía que lo habían sacado de la bonaerense (NdeR: estuvo en la Policía Bonaerense hasta el 8 de agosto de 2017 bajo la figura de Retiro Activo Voluntario). Cómo puede ser que Etchecolatz, que estuvo involucrado en la desaparición de Julio, fue condenado por delitos de lesa humanidad y seguía perteneciendo a la bonaerense, como un jubilado seguramente. Yo creo que estas noticias hay que mirarlas por la espectacularidad que tienen, que provocan, que es Etchecolatz proponiéndose volver y también por qué todos estos genocidas siguen formando parte de las Fuerzas Armadas y de seguridad, salvo algunos que han sido alejado por otro tipo de cosas. Incluso Astiz, que es el ejemplo emblemático que fue dado de baja de la Armada, fue dado de baja por otros motivos, no por los secuestros y su accionar en la ESMA. Ahí hay un tema mucho más profundo que es la continuidad de los genocidas como parte de las Fuerzas Armadas y de seguridad y atendiéndose en los mismos hospitales, como Astiz atendiéndose en el hospital Naval y etcétera.

Cómo esto, que a veces provoca el rechazo y la reacción social, a veces tiene como una contracara más profunda que es cómo puede ser que después del genocidio cometido en la Argentina, estos personajes sigan formando parte de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Muchos de ellos siguen cobrando pensiones, por ejemplo en el caso de la Armada ahora que la nombré, como héroes de Malvinas, por haber participado en la Guerra. Cómo hay una continuidad de Estado que, salvo que se generen escándalos alrededor de ellos, prácticamente sus privilegios no son tocados. Etchecolatz no había sido dado de baja de la Bonaerense y ¿cómo puede ser que desde el año 2006 hasta ese momento a nadie se le ocurrió, a ningún funcionario, político ni a los jueces, que no podía seguir siendo parte?

–El gobierno viene respaldando a las fuerzas de seguridad en cada accionar, con casos tremendos como el de Chocobar, que fue felicitado por el presidente Macri y la ministra Bullrich, el gatillo fácil, la Prefectura y la Gendarmería con los casos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado respectivamente, por mencionar algunos ejemplos ¿A qué obedece este posicionamiento del gobierno?

–A eso yo le agregaría un elemento más: patotas estatales o paraestatales que le escriben a una docente en su cuerpo “ollas no”. Porque me parece que lo que ocurrió ayer (en referencia al miércoles 12 de septiembre) es un salto importante que habrá que ver si es el accionar de una patota estatal o paraestatal, pero que la gravedad es muchísima. Y lo señalo porque lo del ataque a Corina, la docente de Moreno, se da en un marco de estigmatización permanente de los que luchan, de los dirigentes sociales y de los dirigentes gremiales. Esta estigmatización permanente, que también la hemos sufrido desde la izquierda –en mi caso, junto a Nicolás Del Caño , cuando fue el año pasado la lucha de PepsiCo–, de todos los medios de comunicación masivos, y esto crea el clima para que se sufran ataques. A veces estatales, pero también paraestatales que funcionan a ese amparo.

Hay que señalar que este es un gobierno que está pasando nuevamente un saqueo, en mi entender: el cuarto saqueo de la dictadura a esta parte, de enorme transferencia de los sectores populares hacia los sectores más concentrados de la economía, de saqueo de los recursos naturales, un redoblar del peso que implican las ataduras de la deuda externa en el país y que todo eso va acompañado de un discurso lo suficientemente atemorizador como para que ese ataque económico y social pueda llevarse adelante. No hay manera de llevar un ataque tan fuerte si no es agudizando los mecanismos de represión, espionaje y, como decía recién, hay que ver que esto de Moreno no sea un precedente de ataques de aquellos como empezaron a ocurrir con la Triple A, de bandas paraestatales que atacan activistas, dirigentes de izquierda, militantes. La verdad es que es gravísimo lo que ocurrió y tenemos que ponerlo en ese contexto.

Creo que lo de Rafael Nahuel, lo de Santiago Maldonado, fue un mensaje muy claro de cómo iba a proteger la propiedad terrateniente este gobierno. La represión en PepsiCo fue un mensaje muy claro de cómo iba a actuar este gobierno en el cierre de empresas y para la enorme cantidad de despidos y cierres que vinieron después. Es decir, es un gobierno que actúa muy fuertemente protegiendo el capital más concentrado y que sabe que la represión y la persecución es parte de la política que tiene que llevar adelante.

–Carlos Rosenkrantz, nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue uno de los abanderados del 2 x 1 a los genocidas, ¿qué implica su designación?

–Me resulta difícil analizarla como persona. Más a nivel continental, creo que hay un fenómeno que se viene dando de la injerencia de Estados Unidos en las decisiones políticas de nuestros países. El caso más paradigmático es el de Brasil, pero también en Argentina. Hace ya una década que Estados Unidos viene pugnando porque se implementen leyes que permiten la injerencia política con dos aspectos: uno es formando jueces directamente en sus países. Todos los jueces federales, fiscales, son invitados permanentemente a congresos, a reuniones que organiza tanto el Comando Sur como el Departamento de Estado en Estados Unidos. El juez Sergio Moro es un juez notoriamente formado allí. Por el otro lado, la implementación de determinadas leyes que son necesarias para que Estados Unidos pueda intervenir directamente en la política local. La Ley de Delación premiada en Brasil, Arrepentido en Argentina, la legislación antiterrorista también aprobada durante la gestión del gobierno anterior, la Ley de Ficha Limpia promulgada durante el gobierno de Lula. Son distintas leyes que a veces, con la excusa del narcotráfico, otras del terrorismo o de la corrupción, Estados Unidos utiliza para intervenir en nuestros países. Entonces todos estos reacomodamientos que estamos viendo en el Poder Judicial me parece que tienen que ver con un lineamiento profundo hacia ese tipo de políticas.

La Corte Suprema, de Argentina y de Brasil, viene sacando fallos muy reaccionarios que atacan directamente a las condiciones de vida del pueblo trabajador. En Argentina salió hace dos meses aproximadamente el fallo sobre un médico del Hospital Alemán donde se autoriza la tercerización. La Corte Suprema de Brasil, los últimos días de agosto, sacó un fallo habilitando absolutamente todas las tercerizaciones de trabajadores, que es lo que proponía la reforma laboral de Temer. Entonces uno puede pensar que hay muchas coincidencias o puede pensar que hay políticas dirigidas, como bien dijo el jefe del Pentágono (NdeR: James Mattis, Secretario de Defensa de Estados Unidos), que estuvo en Argentina hace unas semanas, en una notita en Clarín, al pasar: que veía con mucha preocupación que en Argentina hubiesen avanzado tanto las empresas chinas y rusas. Yo no creo que sea una persona preocupada por la soberanía argentina, sino más bien preocupada por los negocios estadounidenses.

Lo que veo en los poderes judiciales en América Latina es un aumento en la injerencia de Estados Unidos, mucho más directa de lo que ha sido siempre. Porque si bien las intervenciones que Estados Unidos hacía en la región a veces eran más directamente militares, organizadas en las Escuelas de las Américas y demás, ahora intervienen a través de los poderes judiciales.

–¿Qué significa Julio López para quienes exigimos memoria, verdad y justicia?

–Julio significa compromiso. El compromiso que él tuvo de ir a declarar, de ser uno de los primeros testigos, de involucrarse en la causa, de acompañarnos. Él sabía que íbamos a acusar a Etchecolatz por genocidio, la primera vez que se iba a hacer esa acusación en la Argentina. Era una acusación que tenía muchos resquemores, muchas resistencias. Hoy parece unánime hablar de genocidio, pero en aquel 2006, cuando tuvimos que llevar adelante esa acusación no fue fácil y Julio decidió acompañarlo porque él coincidía con la visión que nosotros queríamos plantear de que lo que había ocurrido en la Argentina era un proceso mucho más amplio que torturas, desapariciones, apropiaciones de niños. Tal vez, siguiendo con aquello que había dicho Rodolfo Walsh de los motivos económicos, hay que buscar las verdaderas razones de la dictadura.

Julio fue parte de esa acusación y me parece que hay que reivindicarlo como eso, como alguien que quiso analizar y acusar a los genocidas no por hechos individuales, incluso por él propio, sino acusarlos por todo el proceso que vinieron a llevar adelante en el país.

Y de la lucha por la aparición de Julio siempre digo que tiene un final triste, muy duro para nosotras porque le pusimos mucho a esa pelea y no logramos saber aún que pasó con Julio más allá de que tenemos muchos indicios y muchos datos ciertos. Pero creo que haber respondido tan rápido como se respondió desde La Plata, desde la multisectorial, del Colectivo de Justicia que representábamos a Julio, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y de todos los que en el país se sumaron a la pelea por decir “Julio no está abajo de un puente”, “Julio no está en la casa de la tía”, como dijo Anibal Fernández. Julio está desaparecido. Creo que esa enorme pelea sirvió para evitar casos similares, sirvió para que los testigos siguieran yendo a declarar, para que el miedo no ganara y por ende que no ganaran los genocidas. Eso me parece que es muy doloroso, pero que es una conclusión también de esa pelea. No creo que haya sido en vano, sirvió para que se sepa la verdad de lo que había pasado con Julio e impedir que vuelva a ocurrir en otros casos. Luchar siempre sirve.

Nota relacionada: Rubén López: “tenía la necesidad de contar más sobre lo que había visto que de lo que él había sufrido”

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El presidente Mauricio Macri parece haberse cansado de encontrar sólo reproches cada vez que tocaba la puerta de alguna casa de familia en sus conocidos timbreos. Esta vez fue a lo seguro: tocar el timbre de los cuarteles el mismo día que en el país se celebra el día del Ejército.

El 29 de Mayo es un día emblemático para la historia de los argentinos y las argentinas. En primer lugar, la clase trabajadora recuerda “El Cordobazo”. Una impresionante gesta de lucha del pueblo cordobés que determinó la caída de la dictadura militar encabezada por el General Onganía en el año 1969. Esta lucha fue referenciada por el legendario gremialista del clasismo Agustín Tosco, Secretario General del Sindicato Luz y Fuerza. También la fecha, en términos populares, refiere a los “ñoquis”. Es el día en que la tradición eurocéntrica en nuestro país disfruta de esta rica comida, con el aditamento de esperar fortuna poniendo un billete bajo el plato.

Esta tradición derivó en denominar así a los trabajadores y trabajadoras del Estado (sobre todo) que solo aparecían en sus lugares de trabajo el día que recibían su cobro mensual, debido a que ese puesto era el resultado de alguna clase de acomodo patronal o como pago político.

Sin embargo, el presidente Mauricio Macri eligió esta fecha para otra cosa. Saludó a las Fuerzas Armadas. Es que el 29 de Mayo de 1810 la Primera Junta de Gobierno Patrio creó el Ejército Argentino. Claro que en ese momento era una necesidad para luchar contra la colonización y enfrentar los desafíos de la construcción del Estado Nación. En esta oportunidad, el gobierno nacional, a través de su presidente, realizó un llamamiento a las tres fuerzas para que salgan de los cuarteles y cumplan funciones en la seguridad interior, un objetivo diametralmente opuesto al objetivo trazado por aquellos primeros patriotas.

Algo casi improbable

Da la sensación de ser algo casi imposible que esto pueda pasar en la Argentina. El ejército y el resto de las fuerzas no cuentan con ninguna clase de popularidad. Además hay una clara prohibición a la actuación militar en cuestiones internas, perfectamente clarificadas en la Ley de Seguridad Interior sancionada por el Congreso Nacional en el año 1988 durante la presidencia de Raúl Alfonsín. En esta ley queda absolutamente prohibida la intervención en la seguridad interna de nuestro país por parte de las FF.AA. Hace dos años, Macri derogó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Alfonsín (lógicamente, también por decreto) que se refería a ascensos y mayores atribuciones al Estado Mayor Conjunto por sobre el comandante de cada fuerza. De todos modos, en el día del Ejército Macri aprovechó para decir: “Necesitamos que se adapten a las amenazas del siglo XXI”.

Cuáles son esas nuevas amenazas

Históricamente, en el marco de que las FFAA tenían a su cargo la defensa de la soberanía nacional, todos los años emitían una hipótesis de conflicto externo. Casi siempre esa probabilidad de confrontación armada estaba encabezada por la posibilidad de guerra contra Chile. En la actualidad no están demasiado claras esas hipótesis. Lo que sí está más claro es que tanto el Ejército como la Armada o la Aeronáutica, no están en condiciones para enfrentar a ninguna de las posibles hipótesis que ellos mismos analizan en el plano exterior.

Es por eso que cuando el presidente les habla de las nuevas amenazas del siglo, apunta a la cuestión interna. A Mauricio Macri y a su gabinete les parece que no alcanzan las policías provinciales y la fuerzas de seguridad nacionales como controladoras de la seguridad interior.

Es que seguramente estén observando un posible horizonte de conflicto en términos sociales debido al ajuste en la economía, llevado a cabo por este gobierno que impulsa los aumentos en las tarifas, la devaluación de la moneda, los despidos, desapariciones y asesinatos, la doctrina Chocobar, el deterioro de la industria nacional, el aumento estrepitoso del dólar, la caída del poder adquisitivo, las negociaciones paritarias a la baja, la inflación que se espera en un piso del 30% en el año, los vencimientos periódicos de las Lebac, la negociación para un crédito con el Fondo Monetario Internacional, la entrega de los recursos estratégicos y la sumisión ante las grandes potencias mundiales. Todo esto anuncia un escenario de conflicto que el gobierno intenta superar a base de uniformes y represión.

Es decir que las nuevas amenazas del siglo veintiuno tienen nombre y apellido para el gobierno y se llaman Pueblo Trabajador. Las multitudinarias marchas que a diario protestan en contra del gobierno no frenan el ajuste aún pero sin dudas incomodan la libre acumulación de capitales que desean los actuales dueños de la Casa Rosada. Incluso en un par de oportunidades algunos sacaron los pies fuera del plato. Es decir que la revuelta popular del 18 de diciembre pasado durante el tratamiento de la Reforma Previsional, los sorpresivos acampes en el Obelisco y la lucha de los trabajadores y trabajadoras del subte, le encendieron una lucecita “led” de alarma a Mauricio y fue entonces a tocarle el timbre a los militares.

Antecedentes

Cada vez que la oligarquía golpeó la puerta de los cuarteles estos respondieron con golpes militares instaurando procesos dictatoriales. Esto es así desde 1930. La más reciente dejó un saldo de treinta mil personas desaparecidas, presos y presas por razones políticas y millares de personas exiliadas. Una guerra contra Inglaterra, como manotazo de ahogados, para mantenerse en el poder, que dejó más muertos entre los conscriptos que entre la oficialidad dirigente de los comandos de las fuerzas.  Además de un endeudamiento económico y financiero descomunal que hasta el día de hoy los millones de argentinos y argentinas seguimos pagando a la banca financiera internacional. Con estos antecedentes parece difícil que el gobierno pueda cambiar las leyes que prohíben que los militares salgan a las calles a controlar la sociedad. Aunque el alerta social debe permanecer encendido si deseamos un verdadero Nunca Más.

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Se acerca un nuevo 24 de marzo y se dará en el contexto de una creciente política en contra de los sectores populares, con las peores prácticas por parte del Estado. Más que nunca, llenemos las calles y las plazas contra la impunidad de ayer y de hoy.

Las movilizaciones populares del 24 de marzo en todo el país, y en particular la marcha a Plaza de Mayo organizada en la Ciudad de Buenos Aires por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ), sintetizan hace décadas las luchas contra la represión de ayer y de hoy. La coyuntura actual, signada por el mayor avance de la represión estatal en los últimos 35 años, nos convoca a todos y todas a construir una jornada nacional de movilizaciones masivas, que exprese la decisión del campo popular de enfrentar unido, más allá de la diversidad de identidad o tradición política, un gobierno que reivindica expresamente la dictadura cívico-militar-eclesiástica, fusila en los barrios, tortura en las cárceles y persigue y encarcela luchadores y luchadoras.

El 24 de marzo del año pasado, la consigna central de la marcha de Congreso a Plaza de Mayo fue, obligadamente, “Son 30.000 – Fue genocidio”. Es que, por primera vez en muchos años, debimos responder reiterados actos y declaraciones del gobierno de Cambiemos que pusieron en cuestión la cantidad de desaparecidos/as, para luego avanzar hacia una explícita y sistemática reivindicación del terrorismo de Estado y de sus protagonistas civiles y militares.

Ese escenario, ya inédito, resultó un simple preludio de lo que seguiría, con el intento de la Corte Suprema de beneficiar a los genocidas con el 2×1 y su efectivización a través del reparto a manos llenas de arrestos domiciliarios a casi un centenar de represores procesados y condenados en reiteradas ocasiones, con el caso del chacal Etchecolatz, ahora felizmente revertido gracias a la lucha organizada, como ejemplo paradigmático.

A mediados del año pasado, la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento del joven mapuche Rafael Nahuel marcaron el inicio de una etapa superior de la avanzada represiva que caracteriza al gobierno de Cambiemos. Escuchamos a la ministra Patricia Bullrich, a la vicepresidenta Gabriela Michetti y al presidente Mauricio Macri decir cosas como “No voy a tirar un gendarme por la ventana”, “La versión de las fuerzas es versión de verdad”, “El beneficio de la duda es siempre para las fuerzas” o “Hay que volver a la lógica de que la voz de Alto significa que te entregás”. Estas declaraciones oficiales tuvieron inmediato acatamiento de las fuerzas de seguridad, como se vio el 1º de septiembre en CABA, con 31 detenidos y detenidas; en Córdoba, cuando la Marcha contra el Gatillo Fácil esa misma semana fue seguida por el allanamiento simultáneo a 11 locales de organizaciones populares, y, naturalmente, en la lógica bélica de los operativos conjuntos para reprimir las manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires el 11, 13, 14 y 18 de diciembre.

En el mismo cuadro es necesario incluir el “Informe sobre la RAM”, publicado por el Ministerio de Seguridad de la Nación junto a los gobiernos de Chubut, Río Negro y Neuquén, con tantas inexactitudes y mentiras que daría risa si no conociéramos el objetivo buscado: deslegitimar las luchas en todo el mundo por la liberación de los pueblos y demonizar a quienes las protagonizan o son solidarios y solidarias con ellas.
Así como el poder judicial rápidamente se acomodó a la orden de aliviar la situación de los genocidas con los indultos “a goteo” de las domiciliarias, también jueces y fiscales se sumaron a la ofensiva. En cada una de las detenciones masivas en movilizaciones empezó a intervenir la justicia federal, mucho más eficaz para prolongar las detenciones y agravar las imputaciones, con una nueva lógica persecutoria, que utiliza todos los recursos tecnológicos disponibles para invadir la privacidad de las personas y violentar el derecho a la libre expresión.

Llegamos al punto más alto –por ahora- en materia de represión al conflicto y la protesta social hace unas semanas, con los fallos de la Cámara Federal en las causas del 14 y el 18 de diciembre. En ambas, los jueces Farah e Irurzun instalaron la tesis de que personas comunes y corrientes deben permanecer presas aunque estén acusadas por leves delitos excarcelables porque “de estar en libertad, podrían obstaculizar el proceso”, claro que sin explicar cómo ni con qué recursos lo harían. Así, de los cinco compañeros que permanecían presos desde el 14 de diciembre, sólo liberaron a dos trabajadores precarizados en situación de calle, porque quedaron contra las cuerdas sin nada de qué acusarlos, pero otros tres manifestantes continuarán presos hasta que sean juzgados. Dado que sólo se los acusa por atentado a la autoridad, con pena mínima de seis meses y máxima de dos años, es probable que permanezcan en prisión más tiempo que la pena que eventualmente podrían recibir si se los condena. Y en la causa del 18 de diciembre, ordenaron la nueva detención de los militantes del Partido Obrero César Arakaki y Dimas Ponce, también acusados por delitos por los que nadie debería ir preventivamente preso, lesiones en riña y, nuevamente, atentado a la autoridad.

Siguen en pie las persecuciones al militante del PSTU Sebastián Romero por usar un fuego de artificio y contra los compañeros Nadia Paris y Fermín Martínez de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Neuquén, y Bariloche se habilitó con un fallo judicial amañado el irregular pedido de extradición del lonko Facundo Jones Huala a Chile, que ahora será analizado por la Corte Suprema.

Mientras tanto, no hay un solo gendarme preso por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, sino varios ascendidos; no hay un solo prefecto imputado siquiera por fusilar por la espalda a Rafael Nahuel; no hay un solo policía identificado como autor de los disparos que se cobraron cinco ojos de trabajadores el 18 de diciembre último.

Sobre la base del impresionante aumento de la militarización de los barrios y el crecimiento de las muertes por gatillo fácil y en lugares de detención, a principios de este año, de la mano del “caso Chocobar”, el gobierno nacional dio un nuevo salto, con el protagonismo de la ministra de Seguridad, apoyada por el ministro de Justicia y el jefe de Gabinete, y rápidamente asumido por el presidente Macri, quien, horas después del procesamiento del policía Luis Chocobar por matar por la espalda a una persona desarmada, lo recibió en Casa de Gobierno, lo abrazó y le dijo: “Necesitamos más policías como usted, es un héroe”.

Con esa frase, y la posterior conferencia de prensa en la que Bullrich enunció la “nueva doctrina” de la inversión de prueba para la policía, el gobierno de Mauricio Macri hizo pública la orden a las fuerzas de seguridad: disparen, que acá estamos para bancarlos.
En cuestión de horas se vio que la directiva fue comprendida y acatada. Al día siguiente, el frente del local de CORREPI amaneció con un grafiti provocador, “Aguante Chocobar”, y se produjeron varios fusilamientos policiales en diferentes lugares de la zona metropolitana, como Quilmes y Monte Grande.

Cuando parecía que ya no había espacio para que el gobierno avanzara más en esta línea, el fusilamiento policial de Facundo Ferreyra, un niño de 12 años, en Tucumán, dio el pie para que nuevamente se impulsara el gatillo fácil desde el gobierno nacional. “Si el policía disparó por la espalda es un detalle”, dijo Patricia Bullrich sobre el pibe, cuyo cráneo fue atravesado por una bala 9 mm que entró por la nuca y salió por la frente. Casi al mismo tiempo, la “doctrina Chocobar” se expresó de la manera más brutal en San Juan, con el linchamiento de Cristian Cortez, de 18 años, asesinado a golpes por un grupo de personas que aplicaron por mano propia la política oficial porque el chico trató de robar un celular.

Enfrentamos así un gobierno que reivindica el genocidio y premia a sus protagonistas, mientras decreta la pena de muerte a punta de reglamentaria en los barrios, contra las y los más vulnerables, y criminaliza y persigue militantes y organizaciones del campo popular. Ambas aristas de esta política represiva responden a la necesidad de dar eficacia al disciplinamiento y control social necesarios para avanzar en el conjunto de su política antiobrera y pro-patronal, hacia la reformulación profunda de las relaciones capitalistas que Macri y sus socios quieren imponer a largo plazo.

Por eso este 24 de marzo, como nunca, llenemos las calles y las plazas, con las banderas de las y los 30.000 y de las y los caídos en las luchas populares, con el reclamo de la libertad para las y los que luchan, con la exigencia de cárcel común y efectiva a los genocidas de ayer y a los represores de hoy, y que el mundo nos escuche gritar que Macri es impunidad, ajuste, saqueo y represión, y acá hay un pueblo que lucha y se organiza.

*Militante de Correpi y Poder Popular.

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El barrio Juan XXIII, mejor conocido como La Bombilla, es uno de los tantos barrios que rodean Tucuman capital, barrios olvidados por las distintas gestiones estatales. Facundo, de 12 años vivía allí, como solía ser costumbre en su cotidiano, el Jueves 8 fue con su amigo Juan a una picada de motos que se corre en una vieja terminal de colectivos. Al regresar en moto con Juan de 14 años y sin llegar a reaccionar, son atacados por policías que se encontraban patrullando la zona, tras el tiroteo unidireccional Facundo cayó baleado y Juan herido en la pierna y en la cabeza.

El pasado lunes las pericias confirmaron que Facundo murió por un balazo en la nuca, Juan continúa herido. El joven insiste cada vez que toma la palabra “la policía mató a mi amigo” mientras las cámaras lo siguen persiguiendo y atormentando. A su vez, Adriana Rodrigues, referente del Frente popular Darío Santillán en Tucumán y vecina de Facundo relata que el Viernes 9 “después del velatorio de Facundo la policía se metió en nuestros barrios haciendo racias, levantando a cualquier pibe de la calle, se metieron helicópteros que sobrevolaban en nuestros techos.”

Sin embargo, durante esa noche la cobarde bala policial no le tocó a él sólo, en Quilmes y Morón dos jóvenes fueron asesinados de forma similar, bajo el mismo patrón de acción: disparo a la cabeza a quemarropa bajo la sospecha de “un posible robo o disturbio”. El sujeto, también, siempre el mismo: joven de barriada popular. De igual manera el victimario se repite, un policía, no siempre uniformado. Si bien esta lógica represiva lleva muchos años sosteniendo todos los discursos y gobiernos, luego de la legitimación de la práctica “Chocobar” por parte del Presidente Mauricio Macri se ha instaurado de forma más consolidada.

Facundo, Fabian, Alexis son sus nombres. A  lo largo de los días transcurridos, en vez de repasar sus historias o reflexionar sobre el accionar policial, los medios hegemónicos de comunicación han mantenido, su también histórica, manipulación. De esta forma no importa saber que a Facundo le gustaba jugar a la pelota y que era muy querido por su abuela con quien vivía en Tucumán, como tampoco entender el cotidiano con el que lidiaba Alexis, también mimado por su abuela, en la Villa Carlos Gardel de Morón o lo preocupado que se encuentra el papá de Fabián de Quilmes. Ahora lo que importa es meter el contenido criminalizador hacia los pibes, ese que tiene como único objetivo el sostener las políticas de ajuste y represión que, a su vez, atacan directamente contra las vidas jóvenes.

Fabián Exequiel Enrique tenía 17, vivía en la villa Los Eucaliptus de Quilmes. El oficial del grupo Halcón que lo asesinó también por la espalda no se encontraba en funciones cuando empleó su arma bajo el argumento de que el joven quiso robarle el celular junto a otro chico. El padre de Fabián rápidamente salió a contradecir la respuesta, esperada del oficial “el policía se bajó del auto y lo acribilló. Mi hijo no le robó nada y, aunque lo hubiese hecho, tampoco podía pegarle tiros por la espalda”, relató Claudio Enrique el padre de Fabián “Lo mató como a un perro”, a su vez relata amenazas posteriores de efectivos de la policía hacia la familia dándoles a entender que en cualquier momento, otro pibe podría terminar muerto en el barrio.

Por su parte Alexis Gutiérrez Suarez tenía 18 años, vivía en el barrio Carlos Gardel, de Morón. El consumo y la violencia propiciada ante la falta de espacios que contengan a la niñez y a la juventud lo habían desgastado en su corta vida. El jóven ya no tenía intenciones de medir consecuencias y si, bien las mismas pasiones de todos: el fútbol y su abuela lo llevaban a “recatarse”, cuenta su abuela que en sus últimos días se encontraba desganado y ella como siempre intentaba mimarlo y reanimarlo. Alexis sabía que la cárcel no era el lugar donde quería terminar, sabía bien de relatos y experiencias que le llegaban de familiares y vecinos pero tampoco tenía muchas más opciones. La noche del viernes fue asesinado en otro episodio confuso.

La prensa apunta, la policía dispara

Mientras el furor de la masiva marcha del 8M continuaba haciendo eco, la noticia del niño asesinado impactó.  Una vez conocida la noticia, rápidamente la agenda mediática se modificó. Quienes en los días previos de efervescencia feminista defendían “la vida de cualquier niño por nacer” ante el debate de la aprobación del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ahora salían livianos y livianas a decir: “uno menos”. Ese es el cotidiano confuso que atraviesa cada niño y niña desde las barriadas populares, de la lástima al odio sin posibilidad concreta de ser entendidos como sujetos de derechos y menos políticos.

Es con estas historias, cargadas de desidia y abandono que los Repetto y los Feinmann se regocijan ante las cámaras, se preguntan qué hacían solos a la noche y justifican como en épocas oscuras de dictadura que “algo habrán hecho”. De esta manera, el dispositivo represor funciona sin grietas y a la perfección. Aquellos que semanas atrás decían “ninguno menos” se alivian y duermen tranquilos sabiendo que la policía así los cuida y que, efectivamente hay pibes que tienen que sacrificarse en pos de ese orden anhelado el cual pareciera no depender de las políticas del estado.

Las historias relatadas se cruzan, se encuentran y si bien son de distintas zonas, los tres jóvenes son de barriadas populares y la ecuación no vuelve a fallar: ser joven y pobre siempre fue sinónimo de peligrosidad. En este sentido, actualmente, existe una legitimación de este relato amparada por el poder político, judicial y mediático. Alexis, Fabián y Facundo no son casos aislados, se suman a las cifras crecientes de asesinatos en manos de las fuerzas represivas de (in)seguridad.

Sea que los jóvenes delinquen o no, sea que se encontraran en consumiendo o no, sea que simplemente se tomaron el atrevimiento de salir a la calle, en ese lugar que se los señala, persigue y acusa. Hay un estado de derechos que no se garantiza, hay un discurso mediático que ampara la punibilidad. Mientras los debates sobre la modificación del código penal siguen latentes amparando la baja de edad de punibilidad, hay un poder político que legitima el accionar violento de las fuerzas represivas haciendo un uso selectivo de la fuerza apuntado a la criminalización y estigmatización de la juventud.

Existe un sistema que antes de investigar, dispara, culpabiliza y queda impune. Pero resulta importante recordar que también existen organizaciones las mismas que sin presupuesto y políticas públicas que acompañen continúan luchando día a día bajo una certeza: que las y los jóvenes no son peligrosos, están en peligro. Que las jóvenes caen en las redes de trata amparadas por la policía y el poder político, que el narcotráfico se instala con cada vez más fuerza en cada barrio, amparado por la policía y el poder político y que se necesitan de cuerpos sacrificables, de personas “desechables” para hacer mover la maquinaria.

(*) Encuentro Niñez y Territorio.

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