Por Noor Jiménez Abraham* / Foto: Educ.ar

A la pregunta repetida: ¿cuándo se reinician las clases?, la reiterada respuesta del ministro de educación, Nicolás Trotta, sobre que, de manera virtual, las aulas siguen funcionando. En tiempos de Covid19 se escucha sobre la preocupación de familias por las demandas del homeschooling o educación en el hogar, que en este caso no fue una decisión ligada a la voluntad sino al imperativo de la pandemia.

De esta situación se derivan otras, como la falta de conectividad y la sobrecarga, especialmente de mujeres, en tiempos en los que ellas tienen más trabajo en sus casas –todavía son quienes unilateralmente cubren las exigencias de la familia las 24 horas del día

Según datos del Censo Nacional de Personal Docente de 2014, tres de cada cuatro docentes son mujeres y el 35,5% ejerce en la provincia de Buenos Aires con un porcentaje de alumnos y alumnas del 36,5% (Sice –Secretaría de Innovación y Calidad Educativa-, mayo de 2017).

La educación suele ser de esos temas en los que la gente juzga solo desde un lugar que se podría denominar de “sentido común”. Es decir, haber pasado por un aula en algún momento de la vida o tener familiares en el sistema escolar. Estas dos situaciones parecieran dar pasaporte para opinar, criticar y hasta sentenciar lo que es o no correcto.

Las personas que se encuentran en el primer grupo, haber pasado por un aula en algún momento de sus vidas, parecen desconocer un dato relevante: la escuela actual está muy distante de la de años previos, y no tan lejanos. Si bien no se dieron transformaciones coyunturales, lo que sí cambió es la sociedad, eso que se denomina comunidad educativa, y que incluye a docentes, alumnos y alumnas, personal administrativo, auxiliares, jerarquías y familias.

A quienes están en el segundo grupo, el de tener algún familiar cercano en etapa escolar, la ansiedad actual de las personas adultas está generando en niñas, niños y adolescentes una gran angustia, pues deben vivir el momento con la observación cercana, mucho mayor que antes del tiempo de aislamiento social, en el que, además, tienen que compartir con sus familias todas las jornadas, a veces sin lugar para espacios personales.

Silvia, profesora de escuela de gestión privada de la provincia de Buenos Aires manifiesta que “si bien la institución nos dio absoluta libertad, nos brindó pocas herramientas y la mayoría de niños y niñas tienen escasos conocimientos tecnológicos”. A ese malestar le suma el hecho de recibir respuestas de las familias de los y las estudiantes, que intervienen con sus opiniones sobre las tareas “de mala manera”; tales casos fueron elevados a su directivo quien le manifestó que “hagamos oídos sordos a lo que madres y padres critican”.

Si bien el ministro de educación mencionó en distintas entrevistas en los medios masivos la buena voluntad y el profesionalismo docente, se escucharon críticas desde otros sectores no expertos en el tema, sobre si la cantidad de tarea es mucha, poca, difícil, sencilla y otras valoraciones.

Al ser consultada por Marcha, Laura, docente de primaria en el Mariano Acosta, en su rol de mamá cuenta que su hija adolescente, que concurre a otra escuela, “a veces está colapsada y me pide que la ayude”, a lo que agrega: “En mi escuela hay gente que la pasa muy mal, les cuesta distribuirse los horarios para usar la única computadora que tienen en la casa, yo mando al colegio por correo las actividades, se imprimen y quienes las necesitan las pueden pasar a buscar”. Con respecto a su doble trabajo, manifiesta: “Hay que contener muchos frentes a la vez”.

De acuerdo con lo publicado por la consultora Grow (Género y Trabajo): “Incluso sin una crisis, las responsabilidades de cuidado generalmente recaen en las mujeres. Mientras que el 83% de las mujeres con hijos/as realiza tareas de cuidado, el 13% los varones realizan estas tareas” (ENES, 2015)(7).

Entre los interrogantes al ministro Trotta, está el reiterado pedido de fecha de vuelta a las aulas presenciales, a lo que él repite que se desconoce porque está ligada al desarrollo de la enfermedad ya que niñas, niños y adolescentes, aunque no son quienes mayormente la padecen, sí son las personas con grandes posibilidades de transmitirla a otras en riesgo.

Surgieron dudas además con respecto a los recreos: “¿los van a sacar para recuperar el tiempo en que no hubo clases”?, interrogan al ministro. A lo que el funcionario responde que “el año no se perdió porque tanto docentes como alumnas y alumnos están trabajando desde el día 1”.

De ser implementada semejante política sería pensada solo desde la mirada de la eficiencia (en duda) y no en los seres humanos que se pretende proteger y de quienes, paradójicamente, también se menciona su agotamiento.

Stella, profesora de escuela pública de nivel secundario, se refiere a la gestión de la angustia que genera la situación: Los docentes no estamos capacitados para resolver lo emocional, no solo porque nos faltan herramientas sino porque no percibo que el personal jerárquico esté haciendo un buen trabajo alrededor de esto, siento que la mayor demanda es la contención de las emociones”.

El home office al que se hace referencia actualmente no aplicaría en el caso de la docencia, ya que trabajadores y trabajadoras deben utilizar sus propios recursos (tablets, pc, notebooks, teléfonos) y la conectividad, vía wifi,o por datos del celular, es un cargo que abonan en forma personal.

Silvia afirma: “En mi caso yo prefiero que mis estudiantes no tengan mi número de teléfono, como preservación; el caudal de trabajo aumentó muchísimo, estoy con la vista cansada, y veo peor que antes de que todo esto empezara”.

Grupos de WhatsApp armados en forma compulsiva, mensajes de audio larguísimos, que llegan a toda hora, y que pueden ser no solo de estudiantes sino también del personal directivo o de otras personas de la comunidad educativa –preceptores y preceptoras, equipos de orientación o personal administrativo-, con marchas y contramarchas en los pedidos y consignas; sin fines de semana ni feriados, frente a una población trabajadora que es mayoritariamente femenina y que, a su vez, siente la recarga de las tareas de cuidado.

Lara, alumna de cuarto año de escuela secundaria de gestión privada de la CABA, dice que en su escuela se creó una plataforma, y que siente que es mucha la exigencia, con actividades que superan las habituales. Y agrega: “Hay días que me los tomo como respiro para descansar un poco. Algunos profesores explican temas, otros preguntan cómo viene la cuarentena. Yo no salgo ni a la puerta, me siento bastante estresada. Hay muchos compañeros a los que les cuesta ponerse al día, una profesora que nos dijo: en este momento, hagan lo que puedan”.

Otro tema son las vacaciones, le consultan al ministro si va a haber clases en enero. Él reitera que el presente ciclo escolar no fue un tiempo perdido. Y más allá de sus palabras, cabría imaginarse el contexto de las aulas en verano, en un sistema en el que ni ventilador hay en algunas escuelas y en el que otras carecen de agua.

María Laura, profesora de escuela pública en la provincia de Buenos Aires, declara: “Existen directivos cálidos que piden información en forma amorosa: mandálo como puedas, profe, si se te cortó la luz o estás sin wifi, no importa si está hecho a mano”. Según sus expresiones, otros arrasan a docentes que quedan en medio de reclamos de arriba, de abajo y del costado.

Si bien previo a la pandemia existían en otros niveles educativos cursos virtuales, siempre contemplaron poblaciones adultas y entre los requisitos primaba el de la conectividad. La continuidad pedagógica frente al COVID19 visibilizó la problemática por sectores sociales y edades.

En medio de la contingencia educativa, niños, niñas y adolescentes, sin embargo, aprendieron a desarrollar otras habilidades, capacidades que, más allá de las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación), son también importantes, como la compresión de textos, la interpretación de consignas o el aprendizaje sobre el modo de entregar un trabajo en forma legible.

Diego, profesor de escuela media con gestión estatal de la provincia de Buenos. Aires, afirma: “En medio de una pandemia que afecta a todo el planeta, las escuelas no son una isla, tenemos modificada nuestra actividad, ya no está la interacción cotidiana con compañeros, directivos y alumnos. Trabajar en nuestros hogares a priori parecía más cómodo, pero nos encontramos con problemas de conectividad de un lado y del otro, se ha modificado nuestra rutina, y eso nos provoca angustia. Las ganas de retomar nos generan impotencia y al mismo tiempo sabemos que es necesario el aislamiento, por lo que es una contradicción.

Docentes reclaman que se sienten expuestos, antes sus aulas eran de ellos y ellas con sus alumnos y alumnas, ahora el juego se abrió y participan personas que deberían ser ajenas a ese proceso porque la situación activa de aprendizaje les pertenece a los niños y a las niñas.

En el portal de educación de Fernando Carlos (docente y abogado), seguido por alrededor de 275000 personas, se expresaron profesores que no desean hacer sesiones de zoom u otras aplicaciones de sala de reunión, sienten que es una violación a su intimidad entrar la escuela a su casa, que de algún modo los y las incomoda, o temen hacer videos o audios que después puedan tener otro destino, viralizados en las redes, “mi límite son mis alumnos y las paredes del aula”, expresó una maestra.

Alejandro, maestro de grado en una escuela primaria de gestión pública en la CABA, cuenta que el modo de comunicación es a través de una página, “a veces la situación es tediosa, no estamos preparados para esto y tratamos de reinventarnos día a día”. Reconoce y agradece a editoriales que les envían material para el trabajo virtual. Y subraya: “Procuramos no solo dar tareas, sino estar presentes apoyando a las familias. A partir de esta semana –la número 7- empezamos a recibir capacitación del Gobierno de la Ciudad. Tratamos que los chicos y las chicas no se sientan en soledad, y acompañarlos desde nuestro lugar, que es la docencia”.

En la provincia de Buenos Aires existen casos de cursos con puestos docentes vacantes, dado que el aislamiento obligatorio se decretó a mediados de marzo y que la mayoría de los trámites se realizan en forma presencial, no se llegó a tiempo para cubrir varias de las suplencias, por lo que equipos directivos solicitaron a profesores y profesoras de otros cursos que se ocupen de esos grupos a modo de favor para que el alumnado no quedase sin clase: un trabajo “de onda”, por el que no reciben compensación económica.

Diego agrega que “en algunas escuelas el equipo directivo es realista, se puso a la cabeza de esta nueva metodología y decidió acompañar el proceso de todos los actores, y en otras, descargó todo el peso sobre los docentes. Creo que hay que actuar donde hay sobre exigencias”

“¿Qué voy a hacer si hay que volver a trabajar?” se lee en algunos comentarios en las redes sociales, especialmente de parte de madres que en general tienen la carga de gestionar el cuidado de menores y de personas adultas mayores, en un pedido de respuesta a las instituciones educativas sobre situaciones que exceden la función de las mismas.

Dentro de los países afectados por la pandemia no en todos los casos se generaron soluciones educativas para continuar el proceso de enseñanza, y entre los que lo hicieron, los métodos elegidos fueron diferentes. En Argentina el tema surgió desde el día 1, con una premura con la que el sistema no estaba preparado. La profesora Stella manifiesta: “No hubo una consulta, se trató de resolver todo rápido, entonces ahora veo que estamos disconformes, docentes y estudiantes, faltó preguntar sobre los sentimientos y las necesidades”.

Sillas ergonómicas, almohadilla para el mouse, asignaciones por el desgaste de los elementos propios que se utilizan, están entre los requerimientos contemplados para el tele trabajo (aún sin regular).

Stella subraya que “estábamos muy poco capacitados en aspectos tecnológicos, es urgente una capacitación en servicio, si nos exigen, es nuestro derecho que nos capaciten”. Con respecto a las emociones agrega: “Cuando fui a la escuela a repartir alimentos, un alumno me dijo: “Gracias, profe, por no mandar tareas largas”. Eso es reconfortante, nosotros necesitamos recibir la valoración, no solo de alumnos, también de directivos”.

En cuanto a los sindicatos, en la provincia de Buenos Aires, tanto la Feb (Federación de Educadores Bonaerenses) como el Suteba (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires), decidieron reclamar ante la DGCyE (Dirección General de Cultura y Educación) “un protocolo para docentes que cumplen con la continuidad pedagógica, desde sus hogares, para establecer horarios concretos de trabajo. La hiperconectividad de los docentes a toda hora del día y la falta de horarios fijos, afecta la propia situación personal y familiar de los trabajadores y trabajadoras de la educación”, explicó la presidenta de la Feb, Mirta Petrocini.

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In memoriam de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, trabajadores/as de la educación víctimas de la desidia del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Un grupo de docentes y auxiliares de Moreno denunció el vaciamiento del Consejo Escolar, tras la explosión en una escuela del distrito en la que murieron dos trabajadores/as.

Según las y los maestros, el vaciamiento fue durante la noche del sábado 4 de agosto y quedó plasmado en diferentes cámaras de seguridad de la zona.

Tras la explosión de la Escuela N°49 de Moreno en la que murieron la vicedirectora Sandra Calamano y el portero Rubén Rodríguez, más de 300 directivos de diferentes escuelas del distrito realizaron una asamblea en la que dejaron en evidencia los problemas edilicios y de habilitación que tienen casi todas las instituciones.

Es por eso que tomaron la decisión de suspender las clases hasta que las escuelas no estén debidamente habilitadas por los inspectores.

Además el martes realizaron una marcha en la plaza principal de Moreno hacia la Fiscalía solicitando el cumplimiento de las condiciones y las habilitaciones para cada establecimiento educativo.

También suspendieron las clases “hasta nuevo aviso” en la localidad bonaerense de General Rodríguez. Así lo establecieron el inspector a cargo de la Jefatura Distrital, el presidente del Consejo Escolar y dirigentes gremiales del distrito a través de un acta firmada luego de una concentración realizada por docentes, auxiliares, estudiantes, madres y padres para exigir a las autoridades del Consejo Escolar que garanticen la seguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa de la zona.

Mientras tanto, evacuaron a 400 alumnos de una escuela por un escape de gas y se habrían intoxicado varios alumnos. Se trata de la escuela Nº 8 de Merlo. Un grupo de padres fueron al comando de bomberos y radicaron una denuncia. Se constataron que había cinco pérdidas de gas, dos estufas de sexto grado y el resto de las estufas en varios sectores comunes del lugar.

El 10 de agosto madres, docentes y auxiliares de una escuela en José C. Paz impidieron que se den clases por el estado “calamitoso del establecimiento”. Denunciaron que hay fugas eléctricas en las paredes y no hay agua potable, incluso tres alumnos estuvieron intoxicados por la contaminación. Un inspector se presentó con personal policial pretendiendo que las clases se dicten igual.

Las muertes evitables de Sandra y Rubén dejaron al descubierto la situación precaria de centenares de escuelas bonaerenses, sin embargo, en declaraciones radiales el ministro de Educación de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, aseguró desconocer la cantidad de escuelas de la provincia que tienen problemas de infraestructura.

Asimismo, el Frente de Unidad Docente (FUD) integrado por los sindicatos docentes AMET-FEB-SUTEBA-UDOCBA resolvió:
“[…] que las escuelas con graves problema de infraestructura, tales como:

– Instalaciones y/o equipos eléctricos deficientes;
– Desprendimientos de mampostería;
– Pérdidas de gas, artefactos en mal estado de conservación y funcionamiento;
– Peligro de derrumbes en cualquier lugar de la escuela;
– Falta de mantenimiento de la red cloacal, pozo ciego o planta de tratamiento;
– Problemas con pozos ciegos que impliquen posible derrumbe;
– Filtraciones graves que pongan en riesgo los cielorrasos y/o electrifiquen las paredes;
– Otras situaciones que conlleven riesgos graves.

Deben proceder a la inmediata suspensión de clases, según lo establecen los Artículos 195 y 196 del Reglamento General de Instituciones Educativas. Esta acción estará a cargo del Equipo Directivo. En caso de ausencia o negativa del mismo, la norma habilita a los docentes delegados a actuar de la misma forma (Ley Nº 23.551 – artículo 40 y 43 entre otros, Asociaciones Sindicales).

Esta acción se encuentra justificada en el ‘Deber de Protección’ que la DGCyE debe tener sobre sus trabajadores, resguardando a los mismos de cualquier evento, accidente y/o suceso dañoso. El cumplimiento de lo antes mencionado se encuentra plenamente avalado y acompañado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense”.

El 10 de agosto una multitud marchó bajo la consigna “El ajuste mata”, en reclamo de justicia por estas muertes evitables. La movilización partió desde el Congreso Nacional y concluyó frente a la sede de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la Capital, y fue encabezada por los gremios docentes.

Los gremios Suteba, UDocBA y FEB de La Matanza acordaron impulsar una movilización el miércoles 15 a La Plata para que se visibilice la bronca y la fuerza que hay. Que se multiplique el ejemplo.

Paritarias

El Ministerio de Trabajo dispuso un aumento del 25% para el salario mínimo, luego que autoridades de la CGT y de las dos CTA no llegaran a un acuerdo con referentes del sector empresario en el marco de la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La suba que llevará el salario mínimo de los actuales 10.000 a 12.500 pesos se abonará de la siguiente forma: 7% en septiembre; 6% en diciembre; 6% en marzo del próximo año y 6% en junio, informó la cartera laboral en un comunicado.

Los sindicalistas reclamaban llevar el salario mínimo a 19.600 pesos (valor de la canasta básica que mide el INDEC), mientras los empresarios ofrecieron una suba del 20% (12.000 pesos).

Las clases en las 57 universidades públicas nacionales de todo el país están paralizadas ante el recorte del presupuesto y un aumento de solo el 5% para los más de 150.000 docentes. Conadu está de paro por 120 horas y la Conadu Histórica definió un paro por tiempo indeterminado.

El Ministerio de Educación recibirá el próximo lunes a representantes de los seis sindicatos docentes universitarios en la mesa de negociación salarial.

La última oferta oficial, planteada hace meses, consistió en un 15 % de aumento salarial en cuatro cuotas: 4% para mayo, 5% en agosto, 3% en noviembre y 3% en diciembre.

Conductores de cinco líneas de colectivos de transporte de larga distancia pararon en reclamo del pago del salario de julio. Se trata de trabajadores de las empresas La Nueva Chevallier, Sierras de Córdoba, Urquiza, Flechabus y Pull General Belgrano. Finalmente, la situación se normalizó el sábado a últimas horas de la noche.

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), repudió las “presiones” que están recibiendo los trabajadores, que en “alto acatamiento” han adherido al cese de actividades dispuesto por el gremio para los buques congeladores de altura Merluceros y Langostineros.

El cese de actividades fue impulsado por el SOMU tras el vencimiento de la Conciliación Obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, sin haber podido llegar a un acuerdo con la parte empresaria. No obstante, el Gobierno dictó una nueva conciliación.

“Sentimos vergüenza del Sueldo Básico que tenemos ($ 4.730), que no llega a cubrir la Obra Social indispensable para nuestras familias. No podemos continuar con esta situación”, señaló Raúl Durdos del SOMU.

Horas después de que más de 300 millones de pesos fueran embargados de cuentas pertenecientes al gremio de Camioneros, en el Banco Nación y el Provincia, en virtud de una medida impulsada por el Ministerio de Trabajo y avalada por la Justicia, en otra oficina del mismo organismo se procedía a homologar el acuerdo de partes entre la Federación de Camioneros y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), que desatara buena parte del conflicto.

Movimientos sociales

La CTEP, la CCC y Barrios de Pie realizaron la tradicional marcha de San Cayetano del 7 de agosto en repudio al acuerdo con el FMI y por Pan y Trabajo. Esta movilización se lleva a cabo por tercer año consecutivo y cuenta con el apoyo de las centrales sindicales.

Los Movimientos Populares rechazan el acuerdo con el FMI y vienen exigiendo el tratamiento de cinco leyes urgentes para los sectores más vulnerables: Emergencia Alimentaria, Urbanización de Barrios Populares, Infraestructura Social, Agricultura Familiar y Ley de Adicciones.

Adelantaron que se movilizarán contra la presencia del G20 a fines de noviembre.

Por orden del juez Pullen Llermanos, Milagro Sala fue trasladada la noche del 7 de agosto a una cárcel federal en la provincia de Salta. Esta situación, consideraron desde Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) “constituye un palmario incumplimiento de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Amnistía Internacional, Andhes y el CELS denunciaron el incumplimiento a la CIDH.

“La quieren muerta”, denunciaron desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala. “El gobernador Morales y el Juez Pullen Llermanos continúan con su política constante de hostigamiento contra Milagro. Cada vez queda más en claro que no les interesa en lo más mínimo su vida. No les interesa la justicia sino la revancha contra una mujer que hizo lo que no hizo ningún político en Jujuy por los más humildes. Le decimos a Morales que no vamos a parar hasta que Milagro esté libre”, aseguraron.

La líder de la Tupac Amaru está desde enero de 2016 en prisión preventiva, acusada de fraude en un juicio que comenzó recién el 25 de julio, cuando ya habían pasado dos años y medio tras las rejas. Sala comenzó “una huelga de hambre seca tras ser trasladada arbitrariamente” a la cárcel de Salta.

Las y los niños primero

El Decreto 702/18 representa el primer ajuste en el gasto social desde el acuerdo con el FMI. El Decreto firmado por la Vicepresidenta, Marcos Peña y Jorge Triaca equipara el valor de las asignaciones familiares en todo el país y de este modo las personas que recibían un plus por zona desfavorable (La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y departamentos de Jujuy, Salta, Formosa y Mendoza), pasarán a cobrar menos de la mitad. Puede representar hasta $ 1.892 mensuales menos por hijo.

También se elimina la ayuda escolar anual diferencial. Es un antecedente para jubilaciones y pensiones que cuentan con haberes diferenciales, más elevados, en provincias y regiones del sur. Representa un ajuste de 5.000 millones anuales (5% del presupuesto total) para los padres de unos 400.000 chicos.

El sistema de asignaciones familiares se financia con contribuciones patronales que se están reduciendo desde comienzos de este año. Medida votada a fin de año con el acuerdo de los gobernadores que ahora se quejan como Urtubey (Salta) y Arcioni (Chubut).

Los trabajadores salieron a la calle para rechazar la resolución en Puerto Madryn (Chubut) y pedir que quede sin efecto por sus consecuencias económicas y sociales.

Una delegación de la CGT viajó a Capital Federal para acompañar a los representantes patagónicos en el Congreso de la Nación que buscarán derogar el decreto, publicado en el Boletín Oficial.

La dirigente del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, Marcela Fanego, remarcó que “no vamos a dejar una sola ruta habilitada en toda la Patagonia y vamos a ver cómo se la van a arreglar; no se van a meter con nuestras familias ni con nuestros hijos”.

Esta reacción popular que mete presión a los gobernadores con quienes el Gobierno nacional está discutiendo el futuro presupuesto reclamado por el FMI, tal vez explique que el Decreto haya sido suspendido por el momento.

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En la mañana de ayer,  una explosión de gas en la Escuela Nº 49 de Moreno se cobró las vidas de la vicedirectora y un auxiliar. La escuela ya había elevado reclamos que jamás fueron atendidos. De haber sucedido minutos más tarde la tragedia hubiese alcanzado a niñas  niños asistentes a la escuela. ¿Cuanto cuesta la desidia? ¿Cuánto valen las vidas en el conurbano? ¿Cuánto abandono pueden soportar nuestros cuerpos?

El precio de la desidia

Sandra, vicedirectora, y Rúben, auxiliar, llegan antes a la escuela. Preparan las instalaciones y en general son los encargados de preparar el desayuno que va a abrigar el estómago de cientos de chicos y chicas. Recorren el barrio San Carlos por sus calles de tierra -que se vuelven barro cuando las lluvias no cesan-. Las mismas calles que recorren los casi 500 estudiantes que asisten a la Escuela 49 Nicolás Avellaneda de Moreno. Las mismas calles que los políticos recorren solo en época de campaña, para sacarse una foto y volver a casa antes de enfrentarse con la realidad.

Sandra y Rúben ya no están. Se los llevó la desidia del gobierno. La escuela elevó 6 expedientes en el último año. Lamentablemente, al igual que cientos de escuelas a lo largo y ancho de la Provincia de Buenos Aires, las inversiones en infraestructura nunca llegaron. Sandra y Rúben sufrieron por última vez la violencia del abandono. Una explosión tras un escape de gas terminó con sus vidas antes que prepararan el desayuno. En el dolor de la tragedia hay que alegrarse de que la explosión se haya adelantado. De haber ocurrido minutos más tarde, se hubiese encontrado también con la llegada de los y las estudiantes.  

La respuesta

Una vez más, la respuesta popular llegó antes que la del gobierno. Ante la tragedia, cientos de vecinos y vecinas se movilizaron hacia el Consejo Escolar de Moreno exigiendo respuestas, mientras que el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires,  SUTEBA, declaró paro de 24hs. Al anochecer también la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, y Ademys llamaron a paralizar tareas.

SUTEBA en un comunicado expresó que la “educación pública está de luto”, por el fallecimiento de Sandra Calamano y Rubén Rodriguez, al tiempo que expresaron que “es la muestra palpable de la negligencia y el abandono que sufre la educación pública en nuestro país”. Responsabilizan de la desidia a la gestión de María Eugenia Vidal por ”el ajuste y la subejecución de los presupuestos que la gestión lleva adelante en la Provincia de Buenos Aires, en sintonía con el Gobierno Nacional”. Denuncian que la gobernadora  ya conocía el estado de emergencia educativa de la localidad y que desde diciembre 2015 las obras están paradas.

Con un paro nacional docente aún fresco, dado que hasta ayer se cumplió una medida gremial a nivel nacional de CTERA, hoy la falta de políticas públicas se cobró dos vidas y podrían haber sido muchas más.  Hasta el día anterior los medios hegemónicos se ocuparon de demonizar los reclamos docentes, tal como se demoniza cualquier protesta social, mientras se hace la vista gorda frente a los actos de corrupción con las partidas presupuestarias o se realiza el ranking de la corrupción con auspicio judicial. Se estigmatiza cualquier reclamo mientras el ajuste feroz lo soportan los sectores de menores recursos y se habilita la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interior. Ayer nos estalló en la cara las políticas públicas del gobierno de Cambiemos y su entronizada gobernadora.

El abandono como política de estado

El gobierno. Ese que sale a rivalizar con docentes y gremios. El que sale a deslegitimar reclamos. El que afirma, en su vocera la gobernadora Vidal,  que ningún pibe y ninguna piba de la Escuela 49 de Moreno, y de cualquier escuela con calle de barro, va a ingresar a la universidad. Ese que condena a la escuela pública. Ese que condena a estudiantes, trabajadores y trabajadoras. Ese que instala la idea que la educación pública no es de calidad. Ese que demoniza a los y las trabajadoras de la educación pública. Ese gobierno, tendrá que salir a dar respuestas.

La escuela 49 resistía por la fuerza de sus trabajadores y trabajadoras. Vecinos y vecinas de la institución señalan que era el mismo cuerpo docente el que realizaba las tareas de mantenimiento, reparaciones  y pintura. Durante el paro de 48hs pronunciado esta semana, fueron las y los mismos docentes quienes intentaron arreglar la fuga de gas, dado que ya advertían que era insostenible. En la triste espera de que las cosas no sucedan, tuvieron que ser los mismos docentes quienes se den maña en realizar todos los arreglos que el estado no realizó.

Los reclamos eran constantes, tanto por parte de la vicedirectora y del cuerpo docente como de los mismos padres y madres de estudiantes. Una de las madres, integrante de la cooperadora, señaló “La vicedirectora vive por esta escuela. Es la mamá de la escuela, la mamá de los chicos, nuestra mamá. Reclamamos, juntamos firmas por todos lados y nada. ¿Tiene que pasar esto para que nos escuchen?, ¿Ahora cómo vamos a hacer para volver a mandar a nuestrxs hijxs a la escuela?”

“No fue una bomba. Desde que comenzó el año tenían problemas con el gas, hasta suspendieron por varias semanas el servicio de comedor” expresó en medio de gran conmoción la hermana de la vicedirectora. No fue una bomba la que nos hizo estallar en la cara las políticas públicas de Cambiemos.

El Consejo Escolar de Moreno, órgano que garantiza que se cumplan las políticas públicas educativas en cada zona, se encuentra intervenido desde octubre 2017 por el gobierno provincial. El miércoles, Sebastián Nasif, su interventor, anunció que se habían realizado las mejoras de gas en las instituciones de la  zona.

Lo sucedido en la escuela 49 de Moreno es la consecuencia fatal de una política que viene sufriendo la educación pública en la gestión cambiemita. Hace pocos días el ex director de Educación Técnico Profesional de la provincia de Buenos Aires, Gerardo Marchesini, presentó su renuncia denunciando la sistemática subejecución de partidas presupuestarias destinadas a educación. La subejecución del presupuesto se hace sentir en todos los niveles de la educación: desde jardines hasta universidades, pasando por la implementación de la ley de educación sexual integral.

Tal como venimos asistiendo, las políticas públicas que aplica la gestión Cambiemos repercuten en la disminución del presupuesto destinado a garantizar derechos como la educación. Chubut y Neuquén son los ejemplos más recientes donde la resistencia de las y los trabajadores,  frente a las mismas políticas públicas que se aplican en la provincia de Buenos Aires, logró que los gobernantes tengan que modificar su rumbo. http://www.marcha.org.ar/chubut-una-crisis-que-se-profundiza-por-las-insuficientes-respuestas-del-gobierno/

La desidia y el abandono en la educación pública siempre llevan a tragedia. En este caso, se cobró la vida de dos trabajadores. Sin embargo, desidia es subejecutar presupuesto, desidia es cerrar paritarias por debajo de los niveles de inflación, desidia es recortar las viandas de niños y niñas, desidia es que quienes tienen que estar planificando y dando clases tengan que estar arreglando un caño. María Eugenia Vidal ilustraba que ningún niño o niña que nace en la pobreza termina en la universidad. Esa sentencia hoy está destinada a volverse un destino.  La desidia condena a la educación pública.

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El Ministerio de Modernización y el de Economía elaboraron y comenzaron a difundir el Proyecto de ley con el que el Ejecutivo pretende seguir ahorrando a costa de los trabajadores y las trabajadoras estatales. En CABA, los docentes anunciaron paro de 24 horas, de igual forma los Bancarios. 

Luego de los despidos masivos en INTI, Hospital Posadas, Fabricaciones Militares, en la mina de Río Turbio y en los Ministerios de Defensa y Hacienda; y del cierre de sectores como la Lotería Nacional, entre otros, que amenazan extenderse y continuar durante los próximos meses, el Ministerio de Modernización y el de Economía elaboraron y comenzaron a difundir el Proyecto de ley con el que el Ejecutivo pretende seguir ahorrando a costa de los trabajadores y las trabajadoras estatales.

El borrador, que habría sido elevado al presidente Mauricio Macri para que lo firme como Decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto 2018, contempla que:

• Para aquel empleado de 65 años o más “que no cuente con los años de servicio necesarios para obtener su jubilación ordinaria”, existirá la posibilidad de recibir 24 cuotas mensuales iguales “no remunerativas” equivalentes a su salario neto.
• Para aquellos que tengan 60 años pero no alcancen la categoría anterior, la norma prevé que se les paguen hasta 36 cuotas mensuales no remunerativas equivalentes a su salario neto, siempre y cuando no se superen las 12 cuotas una vez cumplidos los 65 años.
• El tercer caso es el de los menores de 60 años, para quienes habrá un resarcimiento al momento de la desvinculación de hasta 6 cuotas en función de la antigüedad y luego entre 6 y 24 cuotas mensuales adicionales no remunerativas, pero del 70% de su salario neto.

De esta forma, Cambiemos buscará que con la presión de la posibilidad latente y constante de perder la fuente laboral, miles de trabajadores y trabajadoras preocupados por su futuro, se acojan a la nueva norma.

La Junta Interna de ATE-INDEC hizo público su preocupación frente a la información que circuló sobre la disolución del organismo. En ese sentido emitió un comunicado donde subraya al sector en estado de alerta y movilización, llamando a la unidad para “construir una gran asamblea general para discutir el tema”. El comunicado también revalorizó posturas que son históricas de esta Junta Interna como “mantener el INDEC ajeno a todo tipo de presiones o injerencias políticas”.

ATE denunció despidos “a mansalva” en la Municipalidad de La Plata. Al finalizar el mes de marzo, nuevamente se han comenzado a producir notificaciones de despidos, indiscriminadas, arbitrarias y en cantidades tales que llegan al 20 % en algunas Direcciones.

Un plenario regional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvió convocar a un paro el próximo 5 de abril en todo el sur argentino para exigir la reincorporación de los 500 despedidos, estabilidad laboral y la puesta en marcha del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.

Docentes

Las clases comenzaron hace cuatro semanas, pero el conflicto por los salarios docentes continúa. Solo hubo acuerdo con los gremios en Formosa (20%), Santiago del Estero (20%), Corrientes (17%), San Juan (17%), Tucumán (17%) y Misiones (15,5%) por encima de la barrera del 15% que pretende imponer el gobierno nacional. En cinco casos las negociaciones fueron del 15% o por debajo: Córdoba (15%), Salta (15%), Río Negro (15%), La Pampa (10%) y Jujuy (5%) donde las negociaciones se retomarán en junio y octubre. Lo hicieron por decreto San Luis (21%), Mendoza (15,7%) y Santa Fe (18%). Córdoba, San Juan, San Luis y Santa Fe incluyen “cláusula gatillo”.

En Capital, el gobierno otorgará el 15% en 3 tramos lo que fue rechazado por los gremios mayoritarios UTE y Ademys. Al respecto, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), adelantó que realizarán un paro por 24 horas esta semana “contra el techo a los salarios”.

En La Rioja el gobierno otorgó un 10,5% de incremento, pero la negociación sigue abierta. También se sigue negociando en la Provincia de Buenos Aires donde el miércoles vuelven a reunirse en La Plata (si no hay acuerdo convocaron un paro para el 5 de abril con movilización a La Plata junto con el resto de los gremios estatales), en Catamarca donde el gobierno ofreció 16,5%, Chaco (6%), Chubut (15%) y Entre Ríos (15%). No hubo negociaciones en Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Bancarios

La totalidad de las Comisiones Gremiales Internas del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) anunciaron un paro general de dos días para el martes 3 y miércoles 4, en rechazo de lo que consideran un “vaciamiento” de la entidad y en demanda de “salarios justos”, de acuerdo con una declaración sindical.

Asimismo, la conducción nacional de la Asociación Bancaria decidió paralizar las tareas en todo el país el viernes 6 de abril y convocar a otra huelga general de 48 horas para la semana siguiente “si no se alcanza un acuerdo paritario definitivo” luego del fin de semana largo de Pascuas, informaron los secretarios generales Sergio Palazzo y Eduardo Berrozpe.

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La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) realizó un paro de 48 horas miércoles y jueves pasados. El primer día se movilizaron 10.000 trabajadores de la educación denunciando que las partidas actuales destinadas por el gobierno de Omar Gutiérrez a comedores de escuelas públicas es apenas de $9.77 de comedor y $2.53 de refrigerio por alumno. Los educadores también reclaman por paritarias libres, sueldos dignos y mayor infraestructura escolar.

Referentes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) reiteraron su rechazo a la nueva oferta salarial del gobierno provincial y plantearon un plan de acción que incluirá un paro de actividades que aún no tiene fecha fijada.

El gobierno mantuvo la oferta del 15 % en tres tramos: 5 % en enero, 5 % en mayo y 5 % en septiembre, y un reconocimiento por presentismo de 6.000 pesos a pagar en forma bimestral. Además, la propuesta incluyó el pago de una suma de 3.000 pesos como gratificación curricular por única vez.

La oferta, rechazada de plano por todos los gremios, incluido el más fuerte en la provincia, Suteba, derivó en la decisión de un plan de lucha que comenzó con una marcha de antorchas que partió desde el Congreso Nacional a la Casa de la Provincia de Buenos Aires.

Además, en el Boletín Oficial del viernes pasado, se publicó la medida por la que María Eugenia Vidal ordena jubilar de oficio a alrededor de 3.000 docentes, que cobrarán el 60% de sus haberes. Los afectados por la medida, tampoco percibirán el aguinaldo ni los aumentos que se resuelvan en la negociación paritaria provincial.

Los gremios denuncian además, que los docentes que sean alcanzados por la decisión, no podrán utilizar la obra social IOMA hasta tanto finalicen los trámites. Las fuentes gremiales aseguran que el gobierno busca desfinanciar la caja docente del Instituto de Previsión Social “para ejecutar la reforma previsional provincial y quedarse luego con los ingresos de los docentes”. En esa misma dirección, la Federación de Educadores Bonaerenses y SUTEBA el mismo viernes, horas después de que se publicara la medida, presentaron ante la Dirección de Escuelas un documento para impugnar la resolución 2397/17 porque “condena a los docentes a la pobreza”.

El jueves pasado, en la mesa salarial docente de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno de Larreta ofreció un aumento del 15% en cuotas: 8% en marzo, 4% en agosto y un 3% en noviembre. Por otra parte, se comprometió a abonar el 3,5% que debía por la cláusula gatillo del 2017 junto a un bono de $1.000 por única vez. Tanto la conducción de UTE como la de Ademys, los sindicatos mayoritarios, anunciaron públicamente que la rechazan.

Con 15 provincias en conflicto por falta de acuerdo salarial, la Junta Ejecutiva de Ctera acordó un programa de acción y definió realizar una jornada nacional de protesta el próximo 4 de abril, a 11 años del asesinato del maestro Carlos Fuentealba, en la que cada jurisdicción definirá las medidas a desarrollar.

El gremio reiterará el pedido de la apertura de la paritaria nacional docente, que fue la consigna del paro de 48 horas realizado el 5 y 6 de marzo en el inicio del ciclo lectivo y exigirán el tratamiento de una nueva Ley de Financiamiento Educativo. Entre los motivos principales de la convocatoria del 4 de abril figura la solidaridad con todas las provincias en lucha.

El plan de Ctera continuará con asambleas en todas las escuelas entre el 9 y el 13 de abril y con plenarios regionales entre el 19 y el 27 del mismo mes con vistas a una Marcha Federal Educativa.

Los movimientos populares vuelven a la calle

El Ministerio de Trabajo, en forma intempestiva, decidió suspender el pago a 18.647 trabajadores de la economía popular, enmarcados en el Programa de Trabajo Autogestionado a partir del mes de mayo.

A esto se suma el cierre de programas como “Entrenamiento para el Trabajo”, que además de una ayuda económica para quienes se estaban capacitando incluía materiales y equipamiento para poder desarrollar los cursos, y la suspensión del programa “Seguro de capacitación y empleo”, al que tenían acceso personas en situación de extrema vulnerabilidad laboral, como ex detenidos y trans.

Por estos motivos la CTEP, la CCC y Barrios de Pie, junto a otras organizaciones sociales y sindicales, realizaron medidas de acción directa hoy miércoles 28 de marzo, con ollas populares y concentraciones en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país.

Desde hace 17 días, distintos movimientos sociales y cooperativas realizan un acampe frente al Municipio en la ciudad de Mar del Plata. Solicitan a las autoridades la continuidad de los contratos laborales, más puestos de trabajo genuino y el cumplimiento del programa “Mejor Vivir”.

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Mientras llega el horario de la marcha por la aparición de Santiago Maldonado, nos permitimos unas reflexiones sobre la campaña para que no se trate el tema en las escuelas, el resurgir de la palabra “adoctrinamiento” y la resistencia de docentes y estudiantes ante las reformas que pretende implementar el Gobierno de la Ciudad.

A un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, en un contexto donde las fuerzas de seguridad avanzan en sus acciones represivas –de hecho, ayer por la tarde realizaron en Córdoba un allanamiento conjunto de varios locales y apuntaron directamente a familiares que participaron en la marcha contra el gatillo fácil–, las organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicatos, y gente de a pie sale a las calles para demostrar que, a pesar del amedrentamiento y el miedo que intentan instalar, hay un pueblo con historia de luchas y resistencias que no quiere ver retroceder sus derechos.

En ese marco, que en la escuela las y los docentes enseñan sobre derechos humanos es una práctica afín a la tarea de formar sujetas y sujetos críticos, que se pregunten por su propia historia, la de su país y la de su Continente.

Y la gran pregunta que hoy recorre todo el país, “¿Dónde está Santiago Maldonado?”, no puede pasar inadvertida en la cotidianeidad de las pibas y los pibes, ni de docentes que intentan ser puentes entre la información que bombardea sus vidas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la fiscal de Esquel, Silvina Ávila, recaratuló el expediente a “Desaparición forzada de persona”, lo que enmarca el caso Maldonado en un tema de derechos humanos.

En este sentido, es pertinente citar algunas resoluciones para recordar la reglamentación vigente: la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que desde 1990 tiene fuerza de Ley en nuestro país y fue incluida en la Constitución Nacional en 1994, sostiene en su artículo 29 inciso b) que los Estados deben ‘inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas’, y en el inciso d), menciona la responsabilidad en ‘preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena’

Según la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 136/11 sobre Núcleos de Aprendizaje Prioritarios que rige en todo el país con carácter de ley: “Durante el Ciclo Básico de la Educación Secundaria la escuela debe ofrecer situaciones de enseñanza que promuevan en los alumnos y alumnas: La construcción de argumentos ético-políticos que formen subjetividades críticas para la discusión y la participación democrática y solidaria, en el marco valorativo de los derechos humanos universales”.

Por otro lado, Mariano Garrido, docente y Secretario de Asuntos Pedagógicos de Ademys, agrega la referida a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “Como docentes, es nuestro deber problematizar y condenar las violaciones a los derechos de minorías, como el pueblo mapuche en este caso, y el accionar represivo injustificado del Estado.

En el área Prácticas del Lenguaje, el Diseño Curricular vigente (2004; GCBA) despliega con profundidad como contenido la llamada ‘lectura crítica de la prensa’. Para este eje se destina no solo un apartado en el documento (Págs. 674 a 681 inclusive; DC para Segundo Ciclo, tomo 2) sino que se la prescribe como ‘práctica habitual’ al menos desde 5º grado (ver Pág. 650, Ídem.). Además de tener en cuenta este enfoque en el tratamiento de las áreas mencionadas, en Formación Ética y Ciudadana, el Diseño Curricular propone abordar explícitamente estos contenidos. En la perspectiva ‘Educación por la Paz y los derechos humanos’, para abordar proyectos transversales, se enuncia: ‘En la vida social siempre aparecen diferentes tipos de conflictos. Su adecuada resolución puede servir para avanzar hacia condiciones de mayor igualdad, justicia y reconocimiento para todos los involucrados. La negación de los conflictos o su resolución violenta puede derivar en condiciones más injustas de vida o en la negación de derechos básicos’”.

El ADN luchístico

Desde las redes sociales, fogoneado por los medios de comunicación alineados con el gobierno el ataque parece llegar de un lugar inesperado: el reclamo por los desaparecidos en democracia durante el gobierno de los Kirchner. Son, al menos, los más reconocidos: Jorge Julio López (septiembre de 2006) y Luciano Arruga (febrero de 2009). Es decir, que quienes en su mayoría no alzaron la voz en aquel entonces (aún no existía el Facebook) reclaman una presentación de currículum militante o de resistencia y luchas pasadas para tomar por válida (aunque ni aun así) el pedido de aparición de Maldonado. Lo sorprendente es la apropiación del lenguaje de las organizaciones de derechos humanos: lo que se llama “correr por izquierda” por parte de quienes reclaman, simultáneamente, “que no haya política en las escuelas”

0800-polarización

La campaña para denunciar a docentes al 0800-444-2400 del Ministerio de Educación (“Línea para denunciar la intromisión política en las Escuelas) es una prueba del sentido de polarización que pretenden seguir instalando para desviar el encubrimiento a las fuerzas de seguridad. La escuela resulta así un emergente más de la alianza entre justicia, monopolios informativos y gobierno: borramiento de pruebas, demonización de pueblos originarios, desatención y ninguneo hacia la familia (lo que después públicamente llaman “falta de colaboración” cuando las y los familiares se niegan a que la toma de declaraciones e investigación la lleve adelante la fuerza sospechada), culpabilización de la víctima(Sistemáticamente, Maldonado pasó de ser una célula de resistencia del RAM –entrenado por las FARC de Colombia– a convertirse en un “artesano” que cruzó a Chile de mochilero) son los caminos que emprende el ocultamiento de responsabilidades hacia  fuerzas de seguridad, que siguen ejerciendo un corporativismo avalado por el propio Estado.

Por otro lado, “la grieta” que plantean como tal resulta curiosa cuando el pueblo mapuche (y los pueblos originarios en general) fue de los más ignorados, corridos (sobre todo a través de vínculos con empresas) y perseguidos durante los gobiernos de los Kirchner; en una región, además, en la que siempre tuvieron presencia desde gobiernos locales.

“En ese sentido, hay que decirlo, el apoyo de Cristina Fernández a la familia Maldonado, en plena campaña electoral, sin hacer mención a Julio López, desaparecido durante su gobierno (con todas las diferencias del caso), ha colaborado con desviar la lucha por Santiago hacia una cuestión partidaria”.

El derecho a saber

Varias veces hemos abordado desde este portal el tema de la infancia desde el lugar de los derechos y, más aún, cuando esos derechos son vulnerados. De lo que les niega un Estado ausente para garantizarlos y promoverlos y presente en su forma más represiva: la del gatillo fácil cotidiano, la de la complicidad en la trata de niñas y adolescentes; la de la connivencia con el narcotráfico que recluta soldaditos cada vez más pequeños.

Pero, fieles a nuestra mirada, consideramos a las niñas y niños como sujetos políticos con derecho a saber, a ir construyendo una perspectiva propia, un pensamiento crítico, a conocer lo que les rodea para poder crecer con la mayor cantidad de herramientas posibles.

En una sociedad donde históricamente la formación docente no estimula a producir conocimientos sino a reproducir conocimiento de manual, es un desafío cotidiano reformular lo que “viene dado”, equivocarse y volver a empezar.

La campaña que circuló por las redes ayer #ConLosChicosNo iniciaba con un texto (“No podemos permitir que nuestros hijos sean utilizados por la política!!! El caso de Santiago Maldonado será tema de estudio y reflexión en los próximos días en escuelas de todo el país. Así lo pretenden al menos los principales gremios docentes del país, que comenzaron a distribuir entre sus afiliados polémicos materiales didácticos donde proponen hablar del joven como un ‘detenido desaparecido’ a quien ‘se lo llevó la Gendarmería’, pese a que eso aún está siendo investigado. La enseñanza debe ser apolítica y laica!!”) en el que vale la pena detenerse. La mirada de la educación como “apolítica” resulta una contradicción difícil de sostener. Llevar la mirada política sólo a los contenidos que resulten incómodos para la ideología de la familia o docente es el mismo argumento que se utiliza para no hacer cumplir la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) promulgada desde hace más de diez años. Por otro lado, el pedido de escuela “laica” no se transformó en petitorio en la provincia de Salta, que cuenta con “Educación religiosa” obligatoria en escuelas públicas y que va en contra de la Constitución.

Por estos días, la educación religiosa de Salta se está debatiendo en la Corte Suprema, aunque suene anacrónico. Sin embargo, los medios-empresas no se hicieron eco de esta inconstitucionalidad.

Por otro lado, el resurgir de la palabra “adoctrinamiento” asociado a un tema que resulta contrario para el gobierno de turno es un retroceso de décadas. Mientras el foco intenta sostenerse sobre el tratamiento del caso Maldonado, el Gobierno intenta ocultar las tomas y asambleas que estudiantes de varios colegios de la Ciudad de Buenos Aires están realizando contra la reforma educativa del año que viene. Además de reclamar la cuestión de género como fundamental dentro de los contenidos y acciones, rechazan la obligatoriedad de trabajar durante el último año y ser mano de obra barata para empresas multinacionales. Sin embargo, para monopolio de comunicación alguna eso puede ser un adoctrinamiento de trabajadores y trabajadoras precarizados.

Generar una polarización en las miradas, alimentar el “sentido común” que incluyen el fachismo y el racismo con vía libre desde horarios centrales de televisión, fogonear la idea de un “otro” en la vereda de enfrente; otro que no soy yo, que no piensa como yo, que se transforma en un enemigo peligroso (desde el discurso y desde la acción) es una voluntad que parece desarrollar este gobierno con alianzas y consensos poderosos y monopólicos. La tarea docente, en este entuerto, parece ser tan simple como cuesta arriba: recordar que las niñas y los niños no son el futuro, son el hoy que tiene derechos, miradas y sentires propios; construir desde la crítica y la contención; y ser sujetos de cambio, siempre en movimiento.

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Con el aval del multimedio que incluye a Radio Mitre y Clarín, el gobierno de Cambiemos habla del conflicto docente con términos como “batalla” o “guerra”. El discurso y la acción de la mano, y lejos del diálogo prometido.

En declaraciones a Radio Mitre, Mauricio Macri aseguró que la postura tomada por María Eugenia Vidal frente al conflicto docente es “una batalla (sic) por todos los argentinos”.

El domingo 9 de abril, a fuerza de empujones con sus escudos plásticos, de patadas y de gas pimienta, personal de policía de la Ciudad rompió el cordón humano con el que las maestras y los maestros custodiaban pacíficamente la estructura metálica que estaban armando para inaugurar el lunes por la mañana una “escuela itinerante” en Plaza Congreso.

Tras la represión, el Ministro de Medio Ambiente porteño emitió un escueto comunicado que al terminar manifestaba: “Se labraron actas de infracción por el uso indebido del espacio público. También se hizo presente personal policial y se les sugirió el desarme”.

“Ya evaluamos y vimos lo mal que nos ha ido en los últimos 10 años, que la mitad de los que empiezan primer grado terminan el colegio; y que, de esa mitad, solo el 30% va a conseguir un buen trabajo”, señaló el Presidente el martes pasado en el Centro Cultural Kirchner.

Y agregó: “Tenemos gremios docentes que en vez de reconocer el mal resultado (de la educación pública) y hacer alguna autocrítica y sentarse en una mesa, radicalizan la defensa de lo que han hecho”. […] Y encima que violan las normas, como (la Ciudad) reacciona, hacen paro”.

Con estas palabras, Mauricio Macri releva al Estado de toda responsabilidad frente a la crisis del sistema educativo, que achaca a las y los docentes, desconociendo que lo que está en discusión es el salario y no la reforma general de la educación, y que además el paro no fue en defensa de lo hecho sino por la represión sufrida.

También avisó, en una línea que ya caracteriza a Cambiemos, que el Gobierno no va a ceder en su postura de no convocar a una paritaria nacional, desconociendo el fallo de la jueza Dora Temis que ordenó al gobierno nacional a que lo hiciera, que no solo apeló sino a quien recusó por considerar que hubo “prejuzgamiento”.

Una educación que sigue su curso

No obstante, alrededor de las 19.30 del martes pasado, comenzó a montarse nuevamente la carpa itinerante, donde desde el día siguiente se desarrollaron clases públicas. La primera fue precisamente sobre las paritarias, con participación de abogados laboralistas. Luego hubo un festival de música.

Aunque estaba previsto que la estructura se retiraría el próximo 19 de abril, recién lo decidirán “en las próximas 48 horas”, dependiendo de los resultados de las mesas de negociación salarial. Hasta ayer había sido visitada por 50.000 personas.

Sin embargo, a pesar del apoyo, la postura dura del gobierno es acompañada por medios como Clarín, que también adoptó el lenguaje de guerra. En el editorial firmado por Eduardo van der Kooy el miércoles pasado, calificó a la instalación de la carpa itinerante de “mini-batalla”, aunque advirtió: “A la gobernadora (María Eugenia Vidal) le queda el último tramo para terminar de ordenar el pleito docente. Pero estaría obligada a transitar por un desfiladero. El problema no sería la medida de fuerza en agonía. El dilema consiste en cómo continuará su relación con Baradel, jefe de Suteba. El sindicalista viene desflecado por el plan de lucha en el cual se embarcó. La propia Vidal logró cercarlo.  Pero lo necesitaría para el futuro de pie. No porque lo quiera. Baradel disputa en mayo la conducción del gremio contra la trotskista Romina del Plá. Si perdiera, ese sería quizás para la gobernadora peor que la presente enfermedad”.

Ayer hubo una nueva reunión en la provincia de Buenos Aires. El gobierno anticipó que llevará un esquema que permita un “acuerdo educativo” que incluirá ítems como la reducción del ausentismo, el control de licencias, fortalecer el sistema de calificación y capacitación a los docentes. Desde los gremios mantienen que antes de comenzar a discutir 2017 o cualquier acuerdo se debe reconocer la pérdida del poder adquisitivo de 2016.

Aunque admitió que es “poco”, Alicia Kirchner ofreció a los docentes santacruceños un aumento de 3%. En respuesta, Adosac resolvió parar por 120 horas y coordinar acciones conjuntas con el resto de los gremios que integran La Mesa de Unidad Sindical, que concentra a los trabajadores de la administración pública, para enfrentar la grave crisis política y social en la provincia.

Los Secretarios Generales de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) aceptaron la propuesta del Gobierno y vuelven las clases.

Con 1943 votos positivos, 1721 en contra y 25 abstenciones, el gremio docente aprobó el ofrecimiento de aumento salarial y puso fin a 24 días de paro.

El acuerdo incluye una suma fija de seis mil pesos, que se efectuará en dos pagos tres mil antes de finalizar fin de mes y tres partes de mil en los meses sucesivos, con los salarios de abril, mayo y junio. Esto también alcanzará a los jubilados y pensionados.

Además, se ofreció una recomposición salarial del 8% para paliar la pérdida del salarial por inflación de 2016, que se abonará en dos partes: una retroactiva a enero y la otra en abril, en dos cuotas de un 4%.

Finalmente, el aumento salarial se realizará en forma trimestral sobre los salarios a la fecha de enero de 2017, a través del IPC neuquino y será incluido en el sueldo básico. Estas actualizaciones serán en julio, octubre y enero.

El acuerdo completo compone un 31% de aumento y destruye el techo salarial contra el que batallan los docentes de todo el país.

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Crónica de una lucha que crece con creatividad desde las bases y que se ha transformado en una experiencia clave de cara a un 2017 con la conflictividad social en alza.

El conflicto docente nacional iniciado a principios de marzo, ya está cumpliendo un mes y lejos está de su resolución. La chispa que encendió la mecha fue el cierre de la Paritaria Nacional, legado de la Ley de Financiamiento Educativo sancionada durante la gestión kirchnerista. El argumento del gobierno nacional para su cierre fue la firma por parte de los sindicatos nacionales de una cláusula gatillo en la paritaria nacional del 2016 que indicaba una actualización automática del salario docente en función de la inflación.

De esta manera, la anulación de la Paritaria Nacional implica el desentendimiento del Gobierno Nacional de garantizar un piso salarial para las provincias cuyos presupuestos no alcanzarán a garantizar el salario negociado en la misma. Así, se continúa la desfederalización del sistema educativo que se complementa con el vaciamiento de los programas federales como Conectar Igualdad y con el intento de cierre de la entidad que garantiza a nivel nacional la capacitación docente gratuita Nuestra Escuela, el Instituto Nacional de Formación Docente.

En este contexto, el año comenzó con conflictos y con un enfrentamiento mediático directo basado en la deslegitimación de los sindicatos, y sobre todo de la figura de Roberto Baradel, Secretario General de SUTEBA con filiación kirchnerista. La provincia de Buenos Aires fue el primer distrito en sostener una oferta salarial del 18% (igual a la firmada por el sindicato estatal UPCN a fines del 2016), cifra que está muy lejos de la actualización salarial que se precisa para equiparar la inflación actual, y que los demás gobernadores de Cambiemos intentan poner como referencia para sus propias paritarias. Por eso, es en esta provincia donde los medios de comunicación eligieron focalizar la problemática, solapando que en realidad es de carácter nacional porque el reclamo principal es el respeto de la Paritaria Nacional.

Frente a un conflicto iniciado desde el Ministerio de Educación, la conducción de CTERA reaccionó esbozando un plan de lucha que luego bajó a los plenarios de los sindicatos provinciales y que acaparó todo el mes de marzo. Actualmente lleva ya siete paros nacionales (contando el del próximo 30 de marzo), acompañados con diversas movilizaciones masivas, donde se destaca la convocatoria de 400.000 docentes de todo el país el pasado 22 de marzo en la Marcha Federal a Plaza de Mayo.

En Ciudad de Buenos Aires, la oferta salarial llegó tardíamente a fines de febrero y era prácticamente igual a la oferta de Vidal en provincia: 18% en dos cuotas, la última a cobrarse prácticamente a fin de año. Considerando el acuerdo paritario y la inflación del año pasado y teniendo en cuenta que la inflación estimada para el 2017 probablemente supere bastante el 18%, los salarios de los docentes porteños ya habían perdido un 10% de poder adquisitivo. La oferta salarial fue rechazada de cuajo. Los sindicatos porteños exigen entre un 35% (UTE) y un 40% (Ademys) de aumento salarial.

La docencia porteña, viene asistiendo desde hace casi diez años al vaciamiento y la privatización del sistema educativo, y al continuo desprestigio mediático de los funcionarios del PRO. La reacción ante el cierre de la Paritaria Nacional y la oferta salarial del 18%, fue la organización de asambleas abiertas en las sedes de capacitación. Por primera vez en la historia, toda la docencia de la Ciudad se juntó a capacitarse en servicio. En los recreos o en la hora del almuerzo, se organizaron decenas de asambleas multitudinarias de docentes que empezaron a debatir reivindicaciones que superan ampliamente la cuestión salarial y van al meollo de la crisis educativa: la reducción del presupuesto educativo, la deplorable infraestructura escolar, la falta de escuelas en la zona sur porteña, entre muchas otras problemáticas.

Desde entonces hasta la actualidad, la participación de docentes de base fue multiplicándose en las asambleas distritales en toda la ciudad, y en las asambleas unificadas promovidas por Ademys. En esos espacios se fue engrosando y vitalizando un plan de lucha que si bien tiene la agenda marcada por lo que decide y anuncia en palcos CTERA, está nutrido por diversas medidas creativas de protestas que se gestan principalmente en las asambleas y que tienen sus antecedentes tanto en el conflicto del cierre de las Juntas de Clasificación en el 2011, como el año pasado en la resistencia al Operativo Aprender. Durante este mes, se han realizado decenas de cortes zonales, volanteadas, ollas populares, caravanas y recorridas barriales con el objetivo de difundir las reales causas de la protesta que son ocultados y tergiversados por los medios hegemónicos de comunicación. Estas actividades en muchas oportunidades fueron acompañados por familias de las escuelas y vecinos que muy lejos de pensar que las y los docentes son ‘vagos’ o que ‘tienen de rehenes a los chicos’ como anuncian las y los funcionarios, entienden que este reclamo no es corporativo sino que incluye a la escuela pública y a las y los trabajadores en su totalidad.

También, las asambleas distritales tuvieron una destacada participación en la marcha de antorchas realizada el pasado 20 de marzo por la avenida Corrientes. Esta medida votada en una asamblea unificada masiva, por fuera del paraguas de UTE y CTERA, demostró que son las y los docentes de base que están dinamizando el conflicto y que se organizan con sus compañeras y compañeros de escuela y distrito, poniendo en claro que para poder superar la oferta de hambre por parte del gobierno es necesario replantear nuestros propios espacios de organización.

El caso de los Maestrxs Villerxs quizás se constituya como una de las más novedosas formas organizativas del momento. Docentes de las distintas escuelas y niveles de la villa 21 24 unidos por la identidad de trabajar en uno de los territorios más vulnerados de la ciudad, se organizaron para recorrer el barrio junto a las familias en caravanas y mostrar la necesidad de salir a luchar hoy por la Escuela Pública de conjunto. Este nutrido grupo de maestras y maestros populares son reflejo de un trabajo en el que se funda la construcción territorial, la organización sindical y una pedagogía de la liberación, enraizada en las problemáticas reales de la comunidad.

En este mapa, quizás queda un bastante vacante el lugar que ha ocupado el sindicato mayoritario de la Ciudad, UTE, como vocero durante el conflicto. Frente a los constantes ataques mediáticos, han sido más bien las figuras sindicales de provincia de Buenos Aires las que han salido a responder, tanto Roberto Baradel, como Romina del Pla de la lista opositora Multicolor. Poco se ha visto a referentes de UTE salir a discutir con los medios o en respuesta a los dichos de las y los funcionarios porteños, así como también pocos fueron los espacios convocados por el sindicato a sus afiliadas y afiliados para dar la lucha específicamente en Capital Federal. Sólo se puede mencionar el plenario de delegadas y delegados de fines de febrero, donde la conducción propuso el plan de lucha digitado por CTERA, y donde, sin embargo, gracias a los mandatos de las y los delegados de escuelas donde se expresó la composición femenina de la profesión (tres de cada cuatro docentes son mujeres), se agregó la convocatoria al Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo.

El plan de lucha propuesto por CTERA, obligada a sostener la lucha a riesgo de perder su rol principal como negociadora ante el cierre de la paritaria, termina este 30 de marzo. Ni a nivel nacional, ni en provincia de Buenos Aires, ni mucho menos en Capital Federal, donde de hecho se cerró la paritaria por decreto, el conflicto parecería acercarse a las reivindicaciones planteadas por la base docente. Queda por verse, cuánta presión puedan meter las asambleas y las y los docentes organizados desde abajo hacia los sindicatos y los distintos gobiernos, para que la lucha, sin duda histórica, sea conducida hacia una victoria para la educación pública y para las y los trabajadores.

* Militantes de La Simón Rodríguez

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Luego de días de lucha en los distintos territorios y de movilización hacia la Ciudad de Buenos Aires, se realizó por las distintas avenidas que confluyen en la Plaza de Mayo la Marcha Federal Educativa. Ya desde temprano, en las autopistas, los micros provenientes desde las distintas provincias del país comenzaban a cruzarse y, entre bocinazos y saludos construían la mística que las y los encontrarían en las calles. Esa misma mística que se vivió en los llamados “trenes educativos” propuestos por aquellas maestras que sabían que no lograrían conseguir lugar en los micros de los gremios por lo que preferían motorizar puntos de encuentro en las estaciones junto a las familias e integrantes de organizaciones sociales que apoyan la educación pública.

En el imaginario de lo que podría contener una “marcha docente” puede aparecer el estereotipo de maestras, edad promedio de 40 años y de clase media. A su vez, si bien sabemos que son las mujeres quienes asumen los trabajos de educación y cuidados en general, es probable que la nombremos de forma masculina, los docentes, “compañeros, maestros”. Sin embargo, la marcha federal educativa del pasado miércoles nada tuvo que ver con esa construcción de sentido común, por el contrario, la diversidad colmó las calles, era el pueblo asumiendo su compromiso con de su propia educación, 400 mil dicen por ahí.

Docentes de distintas provincias, diversos gremios, estudiantes, investigadores e investigadoras, organizaciones sociales, maestras y maestros villeros, educadores y educadoras de bachilleratos populares, escuelas artísticas, partidos políticos, jóvenes, orquestas, programas de salud y diversidad sexual, jubilados y jubiladas y tantas más defendieron el derecho a la educación como decisión y política pública, no como imposición como bien le gustó afirmar en los días previos al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, al referirse a la lucha docente. Por su parte, las consignas tampoco se limitaron a la convención, y si bien la discusión de las paritarias es central para ponerse a hablar, la manifestación desbordó de contenido: derecho a la identidad, a la vivienda y alimentación digna, a edificios en condiciones, a la recreación y expresión artística.

Responder a las provocaciones del gobierno desde un escenario de unidad

Con la voz de la comunicadora feminista Liliana Daunes como presentadora, el acto central que dio cierre a la marcha federal educativa fue el escenario desde el que se respondió a la provocación del gobierno macrista, empecinado en no retomar el diálogo por la paritaria salarial docente. Estuvo integrado las y los Secretarios Generales de las cinco confederaciones nacionales de docentes y convocantes a la movilización: Sonia Alesso, por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera); Sergio Romero, de la Unión Docentes Argentinos (UDA); Mario Almirón, del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop); Fabián Felman, de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA); y Héctor Pedro Cova, de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet). Y las declaraciones de gremialistas hablaron en medio de un canto general: “la educación del pueblo no se vende, se defiende”.

“Estos señores, el presidente, el ministro de Educación, nos han agraviado a todos porque ninguno se cayó en la escuela pública”, afirmó Alesso, “estamos aquí por una cosa muy sencilla, para decirle al presidente que cumpla la ley”. Por su parte, Roberto Baradel, dirigente de la provincia de Buenos Aires, afirmó, “me dio vergüenza. El presidente tiene una gran ignorancia sobre la educación pública, pero tiene que reconocer el valor del trabajo de los docentes”.

“Este gobierno va por la escuela pública”, agregó Romero, “tendríamos que estar discutiendo en paritarias la recomposición del salario”. Por su parte Felman dijo, de forma macro que “la etapa que nos toca hoy es de organización y esa organización tiene que decir no a las políticas neoliberales”. “El gobierno intenta doblegar a la docencia”, afirmó Luis Tiscornia, titular del gremio docente universitario Conadu Histórica. “El 6 de abril hay que hacer paro y no aflojar, no arrodillarnos ante un Gobierno que nos quiere vencer y ante empleadores que replican esa conducta. Todo eso significa un desprecio por la tarea docente”, agregó el secretario General de Sadop, Pedro Bayuga. “Esta es una jornada histórica” dijo Sara García, secretaria general de Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), “vamos a continuar en la dolorosa tarea de enseñar cómo se respeta la ley. Queremos paritarias ya y la vamos a conseguir. Exigimos que el Gobierno cumpla la ley”.

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Siguen las luchas docentes, los sectores de la economía popular pelean por la Ley de Emergencia Social, en el Ministerio de Trabajo confrontan a Triaca y en el Hotel Bauen organizan la resistencia.

El Presidente Mauricio Macri comparó la situación actual de la educación en la Argentina a la del Japón después de la II Guerra Mundial. “Para que un país pueda levantarse, la escuela nunca debe parar”, publicó en las redes sociales, acompañando la frase de una foto de un grupo de alumnos recibiendo clases de su maestro en medio de Hiroshima destruida por la bomba atómica.

María Eugenia Vidal avanza con los procesos administrativos para sancionar a los gremios que no aceptaron la conciliación obligatoria en la provincia de Buenos Aires. Por un lado, pidió el inicio de un sumario en el Ministerio de Trabajo de la Nación para que determine si corresponde quitar la personería jurídica a los sindicatos “rebeldes”. Y también comenzó un proceso en el organismo provincial que podría derivar en multas de hasta 600 millones de pesos para las organizaciones docentes.

Mientras tanto, el viernes se cumplió el noveno día de huelga en los establecimientos públicos provinciales convocada por Suteba, Udocba y Uda. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y otras entidades menores no se sumaron, pero la FEB, en un congreso habilitó a sus dirigentes a disponer nuevas acciones directas dentro del Frente Docente.

A los gremios docentes, se sumaron el jueves judiciales de la AJB, médicos de la CICOP, auxiliares de educación y estatales de ATE que realizaron un paro de actividades en toda la provincia y movilizaron 60.000 personas a la gobernación en La Plata, para reclamar mejoras salariales y paritarias libres.

La Ciudad de Buenos Aires dio por cerrada la negociación salarial y aplicará desde marzo un piso de aumento en cuotas del 19,75%, el adelanto de las cuotas y un salario inicial de $ 13.000, según informó Soledad Acuña, Ministra de Educación porteña.

Ayer, lunes 20 de marzo, organizaciones gremiales docentes realizaron a una marcha de antorchas desde la Avenida Callao y Corrientes hasta el Obelisco. La misma se replicó en distintos distritos del conurbanos bonaerense, como Lanús y Jose C. Paz. El próximo 22 de marzo a las 15:00 en Plaza de Mayo está convocada la Marcha Federal Docente.

Finalmente, la CGT convocó a un paro sin movilización para el próximo 6 de abril, una fecha alejada del conflicto docente.

Las trabajadoras y los trabajadores dispuestos a resistir el desalojo del Hotel Bauen

Tras la nueva orden de desalojo que llegó hasta el edificio de Callao al 300, en la cual la Justicia autoriza el uso de la fuerza pública para vaciar el inmueble el próximo 19 de abril, los integrantes de la cooperativa que desde hace trece años gestiona el hotel se encuentran nuevamente planificando charlas abiertas y actividades en la vía pública, recorriendo despachos de diputados y convocando a artistas que apoyan su lucha para llegar a una nueva vigilia el 18 de abril, la noche anterior a la fecha fijada para el desalojo.

Según Carlos Heller, diputado por el Partido Solidario y uno de los autores de la ley vetada por Mauricio Macri, la única opción que queda ahora es convocar a una sesión especial y luego conseguir el apoyo de los dos tercios de ambas Cámaras. Esta vía conlleva un riesgo: si no se alcanza la mayoría especial el proyecto no podría volver a tratarse por un año y sólo quedaría la vía judicial.

El próximo 22 de marzo, habrá una movilización hacia el Congreso y el 6 de abril una cena solidaria con presencia de referentes sociales y políticos. Para el 18 y 19 de abril, fecha prevista para el desalojo, planifican un festival sobre la avenida Callao.

“Somos los mismos que te cruzaste cientos de veces en la calle defendiendo el hotel. Un hotel que el grupo Bauen construyó con la ayuda de la dictadura y que abandonó a fines de los ‘90 sin pagar una deuda millonaria y dejando a 70 familias en la calle. Somos los mismos de siempre, los que decidimos dar pelea en plena crisis de 2001”, se escucha la voz de los trabajadores del Bauen en el video que hicieron para sumar apoyo y lograr que el proyecto para expropiar el hotel logre finalmente aprobarse en el Congreso.

El sector de las pymes y las cooperativas fue uno de los más golpeados por los tarifazos en los servicios básicos. El programa Facultad Abierta, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, destaca particularmente la delicada situación que deben enfrentar el hotel Bauen, el restaurante La Casona, la metalúrgica Felipe Vallese y la vidriera santafesina Vitrofin, entre otros.

Con los aumentos de 2016, el hotel Bauen pasó de pagar boletas de luz de $ 24.000 a $ 100.000. En el gas, pasó de abonar $ 11.000 a $ 50.000. El peor aumento fue en el agua: de $ 65.000 a $ 218.000. La Casona pasó a pagar facturas de electricidad de $ 7.000 a $ 40.000. La metalúrgica Felipe Vallese tenía facturas de electricidad de $ 8.000, pero ahora tienen que desembolsar $ 50.000. Así muchas cooperativas vieron reducidos sus ingresos producto de los tarifazos, la baja del consumo y la retracción general de la economía, reduciendo los retiros (sueldos) de los trabajadores. A modo de ejemplos, el bar Barthó de Balvanera tuvo una baja del 50% al igual que la metalmecánica Cerraduras de Precisión. Los trabajadores de la sodería 15 de Noviembre un 25% y los de La Casona un 44%.

Conflictos en organismos oficiales

Los trabajadores de maestranza del Ministerio de Trabajo, nucleados en el SITMA, protagonizaron un corte de la Avenida Leandro Alem y una olla popular bajo el lema #TriacaHaceteCargo. El conflicto enfrenta a los trabajadores con la empresa Imantec, que se niega a pagarles los salarios, pero también contra las autoridades del Ministerio de Trabajo que actúa en complicidad con la patronal para desgastar a los trabajadores.

Así se han negado a hacerse cargo de los salarios, no han movido un dedo para intimar a la empresa y ante las condiciones insalubres de higiene producto de la retención de tareas de maestranza, ha contratado personal adicional para limpiar los edificios centrales por la noche.

A la olla popular y el acto frente a la puerta del Ministerio se hicieron presentes un importante número de trabajadores del Ministerio, que acompañaron la medida de fuerza y han aportado masivamente para el fondo de lucha.

Los trabajadores del Indec se encontraban realizando una medida de fuerza, dispuesta por la Comisión Gremial Interna de UPCN, en reclamo del pago de un plus salarial que se abonó tradicionalmente en el organismo, desde los ‘90, denominado horas censales y que se cortó desde fin de año.

El plus, de algo más de $ 1.000 mensuales, sería una forma de compensación por los bajos salarios, por lo que su eliminación se siente sensiblemente en los bolsillos de los empleados que vieron recortados sus ingresos.

En ese contexto, Jorge Todesca, director del organismo, increpó a los trabajadores por hacer la huelga y les reclamó explicaciones. Primero les pidió a los delegados que se callaran y luego que se retiraran. Pero en lugar de sumisión, las delegadas le retrucaron: “Primero nos tiene que dar explicaciones usted. ¿Qué pasa con las horas censales? Hace tres meses que no cobran los compañeros”.

La charla termina con Todesca saliendo, con custodios, y amenazando a los trabajadores con realizar una denuncia policial por “atentar y destruir las instalaciones” del organismo, aunque se vio claramente que no había daño alguno sobre los bienes del Indec.

Otra semana de cortes y piquetes

Esta semana se dieron dos grandes luchas desde las organizaciones que buscan conquistar derechos para los sectores más precarizados. Ante la falta de implementación de los acuerdos establecidos entre el gobierno y el triunvirato piquetero (CTEP, CCC, Barrios de Pie), este sector retornó con fuerza el miércoles pasado a las calles y puentes, sumando a su vez a otras organizaciones, como el Frente Popular Darío Santillán.

Decenas de miles de trabajadores en todo el país salieron a reclamar el funcionamiento efectivo del acordado Consejo de Emergencia Económico y Social para traducir los 30.000 millones de pesos de ese acuerdo en una paritaria integral con el Estado donde se incremente el monto del pago por los distintos programas de trabajo y un salario social complementario, entre otras demandas.

Mientras la movilización del triunvirato piquetero implicó una presión para formalizar su acuerdo con el gobierno, el acampe del martes 14 frente al Ministerio de Desarrollo Social lo sorprendió y desubicó, por la capacidad de reactivar el Frente de Lucha como protagonista del sector, restaurando la unidad interna y acordando unidad en la lucha con el Polo Obrero. Un protagonismo basado en una masividad cualitativa del Acampe, donde cerca de 8.000 trabajadores mostraron un elevado espíritu de lucha, forzó al gobierno a llegar a un acuerdo impensable hasta el día anterior. Acordó a las dos de la mañana incrementar los planes y recursos al Polo Obrero, retirándose éste del Acampe en ese momento. En cambio le costó bastante más cerrar un acuerdo con el Frente de Lucha, lo que puso en aprietos al gobierno ante la simultaneidad de la medida con los cortes a los accesos a la Ciudad de Buenos Aires de parte del triunvirato piquetero.

Fueron 120.000 asistentes más a los merenderos en la provincia de Buenos Aires durante 2016. Y 20.000 más en el primer bimestre de 2017.

Los conflictos sociales empiezan a afectar la imagen del Presidente. Por primera vez hay más argentinos que desaprueban su gestión (44,2%) que los que la valoran (40,2%), de acuerdo a una encuesta de Management & Fit. También cayó 4 puntos la imagen de la gobernadora María Eugenia Vidal, aunque sigue siendo la figura política con mejor imagen del gobierno.

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