Por Pablo Nolasco Flores

“Si todos tiramos para el mismo lado nos va a ir bien”. Esta es una idea que tiene mucho cuerpo y consistencia en el pensamiento de sentido común de la mayoría de las personas que trabajan día tras día. Sin embargo, esa idea impide entender de mejor manera cómo se toman las decisiones económicas en un país capitalista. Creer que si todos tiramos para el mismo lado nos va a ir bien implica separar lo social de lo político y, además, lo político de lo económico. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe el voluntarismo para tomar medidas, sino que para mejorar la situación de algún sector social de la población hay que tomar decisiones políticas y estas, a su vez, afectan a la economía de un país. Y en el capitalismo, como existen dos clases sociales, es muy probable que las medidas que beneficien a un sector, perjudiquen
al otro y viceversa. Simplemente hay que leer la historia económica de nuestro país para darse cuenta de ello.

La semana pasada el Presidente Javier Milei sacó un decreto que intenta derogar una serie de leyes que fueron sancionadas por el poder legislativo. Se han escrito una enorme cantidad de notas sobre la conducta antidemocrática del DNU y sobre el contenido del mismo. La síntesis del decreto se puede resumir de la siguiente manera: liberar todo lo que pueda ser liberado de la economía para que la casta económica pueda hacer todos lo negocios que quiera. Esto quiere decir que el Estado está tomando decisiones políticas que benefician a un sector social específico y que van traer consecuencias para el conjunto economía de nuestro país. Por ejemplo: derogar la ley de regulación de medicina prepaga beneficiaria a Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical Group, cuyo patrimonio asciende a 440 millones de dólares ya que podría aumentar los precios de las prestaciones y afectaría a un trabajador que opta por la medicina prepaga, ya que tendría que destinar mayor cantidad de sus ingresos para sostener los gastos referidos a su salud. Entonces, ¿no hay plata?

Milei utilizó el recurso discursivo de la casta política para ganar adeptos en las capas populares. Como se planteó en una nota anterior, las pésimas condiciones materiales que la población argentina viene transitando desde hace varios años son una realidad concreta donde tomó forma la denuncia contra la casta. Sin embargo, las castas existieron siempre desde que un sector social pudo apropiarse de algún tipo de recurso o herramienta que les posibilite sostener determinado poder. La denuncia a la casta política sin tener en cuenta el anclaje de la misma, también es una reflexión basada en el sentido común porque, una vez más, se separa lo político de lo económico. Por ejemplo, la supuesta etapa dorada del capitalismo argentino que Milei reivindica también tuvo su casta: la generación del 80’ y el Partido Autonomista Nacional que, mediante el fraude electoral, se sostuvieron en el poder durante 36 años.

Si analizamos cada uno de los presidentes y funcionarios de aquellos años vamos a encontrar lazos de amistad y familiares. Más ejemplo de casta en nuestro país no hay. De la misma manera, esos políticos eran el sostén institucional de las clases dominantes argentinas ligadas a la tierra, la cría de ganado y la exportación de granos y materias primas. En ese marco, la clase trabajadora vivía en pésimas condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Primero que las castas existen y las hay de todo tipo: políticas, religiosas y económicas. Y en segundo lugar, que el rol de las mismas es garantizar la acumulación de ganancias a las castas económicas. Cuando éstas ven obstaculizadas las posibilidades de acumulación de capital “se acomodan” a los nuevos tiempos para encontrar alguna otra fuerza política que les garanticen los
negocios.

Este recorrido nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿por qué no se incluye a los empresarios en las responsabilidades de los males de nuestro país? ¿Y si resulta ser que los principales responsables de los males del capitalismo argentino son la casta económica? No se trata de capitalistas buenos o malos. Esa es otra idea que inventó el progresismo para separar lo político de lo económico. La última dictadura militar fue el primer intento de reforma para generar las condiciones de agrupamiento de esa casta. Durante los 90, con el peronismo en el poder (hay que decirlo, fueron pocos los peronistas que se opusieron) esa casta tomó forma y se acomodó. Y hoy, con Milei en el gobierno buscan volver a ese país de principios de siglo XX para mercantilizar todo lo que puedan.

El capitalismo es un sistema basado en la explotación, en donde las mayorías venden su fuerza de trabajo, crean valor en forma de productos y gran parte de ese valor sirve para que los capitales se reproduzcan. El capital va a invertir siempre y cuando puedan ganar dinero de forma estable y permanente en el tiempo. Cuando no lo hacen se produce el fenómeno de la desocupación o de la inflación si los trabajadores no están dispuestos a perder sus trabajos o ceder en sus salarios nominales. Para los capitalistas no es compatible la reproducción de su capital con la mejora de la calidad de la vida de las personas. Es por eso que las crisis económicas son una norma. Es decir, son un elemento necesario para reestructurar las condiciones en que se lleva adelante la producción de mercancías. De las crisis, la casta económica sale más fortalecida. A medida que el capitalismo las supera avanza sobre más bienes y derechos de las clases trabajadoras, teniendo menor margen de maniobra para defendernos. La particularidad de nuestro país es que se hace más difícil aplicar estos ajustes en los marcos de crisis, ya que hay un piso de resistencia.

El gobierno ya tiró munición pesada. Los pequeños focos de resistencia ya comenzaron. La tarea del momento es evitar que ese decreto pase y para ello nos tenemos que hacer de todo tipo de herramientas: los cacerolazos, las movilizaciones del movimiento piquetero y de la izquierda, los diputados y senadores que realmente quieren enfrentar a este gobierno en el parlamento, el movimiento obrero organizado y el paro general. Nuestra verdadera necesidad y urgencia es que en este primer partido, el gobierno y la casta económica salgan derrotados. Tenemos que defendernos y resistir. Pero también imaginar futuros posibles para mejorar nuestra vida material, cultural y espiritual.

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Por Luz Ailín Báez / 

En enero de 2019, el gobierno argentino anunció las innovaciones que iba a hacer en estas elecciones. Lo hizo Adrián Pérez, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales: se iban a reemplazar los telegramas que históricamente se usaron, que llevaban la información de las urnas al centro de cómputos, por telegramas electrónicos. Simultáneamente, salieron tres Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) referidos también a modificaciones en las elecciones, referidos a votantes que están en prisión y a los que viven en el exterior. Los Decretos no habían sido publicados en el Boletín Oficial. Todos los medios se ocuparon de estas novedades a través de lo que Pérez dijo, pensando que los DNU estaban vinculados con la transmisión electrónica.

“En verdad fue una maniobra distractiva de las que nos tiene acostumbrados el Gobierno, porque ninguno de los tres DNU hablaba de transmisión electrónica. Los tres decretos, por pretender modificar en algo lo electoral, son absolutamente inconstitucionales. La Constitución Nacional en su artículo 99 dice que el Presidente tiene prohibido sacar decretos en materia electoral. Es decir: no importaba lo que decían los decretos, el sólo hecho de que fueran electorales los hacía inconstitucionales. Esto el Gobierno lo sabía, y entonces fueron declarados, como corresponde, como inconstitucionales”, explica Ariel Garbarz, ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Técnológica Nacional (UTN) y profesor del Seminario de Cibercolonización de la Universidad de Buenos Aires.

En enero -mes históricamente utilizado para sacar medidas antipopulares y evitar las reacciones masivas en contra-, el gobierno contrató a la empresa Smartmatic, de capitales mayoritariamente estadounidenses y que presenta denuncias por fraude electoral en Angola y Filipinas. Lo hizo no mediante licitación -que es como suele manejarse el Estado ante cualquier servicio o proyecto que desee iniciar-, sino mediante compulsa de precios: se pidieron tres ofertas y se eligió la más económica, sin ningún control de si las otras dos empresas oferentes habían anticipado de alguna manera sus precios. “De esa manera se le informó a Smartmatic cuánto era lo que las otras ofertaban, para que ellos presenten el precio más bajo. Y se la contrató en 1millón 360 mil dólares (US$ 1.360.000)”, informó Garbarz. Según el ingeniero, que fue perito consultor de la Justicia y fiscal informático durante las últimas elecciones, el contrato firmado por el gobierno con Smartmatic habla de “transmisión electrónica de las actas” y no de los telegramas.

¿Cuál es la diferencia? Los telegramas son a título informativo para el escrutinio provisorio. Las actas de escrutinio son el documento legal donde se vuelcan los resultados de cada urna y son además los que se utilizan en el escrutinio definitivo que es el que realmente tiene valor legal, que no es el día de las elecciones sino que empieza dos días después. No se hace por transmisión electrónica: se trabaja en el escrutinio definitivo con las actas originales, los papeles, en presencia de fiscales de todos los partidos políticos. Este escrutinio definitivo por ley tiene que demorar dos semanas, diez días hábiles. Cuando aparecen diferencias entre el escrutinio definitivo y el provisorio, la justicia electoral las atiende, se ocupa y en última instancia abre la urna. Asimismo, para poder garantizar la transparencia de una transmisión electrónica -sea el acta de escrutinio o de cualquier otro documento-, desde el protocolo de peritajes de la Justicia Federal se prevé siempre hacer una auditoría o fiscalización informática del software nuevo desconocido.

“Para poder hacerla se necesita poder leer el programa de computación, leer el llamado código fuente. Para esto, tiene que ser accesible. Yo tengo que entender, leerlo, y si conozco el lenguaje de computación con que está escrito ese programa, leo todo lo que hace. Y ahí puedo certificar ante el juez o el fiscal qué es lo que puede y no hacer. Qué vulnerabilidades tiene, si es hackeable, no hackeable, si tiene “algún agujerito” por donde se pueda meter un hacker. En este caso puntual, esto es imposible de hacer porque este software tiene código fuente secreto (software propietario). Es como que a los ingenieros en sistema o en electrónica nos pidan que hagamos una fiscalización o auditoría del código fuente del Word, Excel, Power Point o de Windows: están protegidos por copyright o por derechos de autor, depende del caso. Es un conocimiento que se lo reserva el autor o la empresa propietaria del software”, explica Garbarz.

El caso de Smartmatic es este. Y la ley que rige nuestras elecciones, el Código Nacional Electoral, en su artículo 108 dice claramente que los partidos políticos tienen que poder verificar cualquier software que se utilice en las elecciones. “Como este software no puede ser verificado porque su código es secreto, no se cumple el artículo 108 y por ende este software es ilegal. Independientemente de lo que pueda o no pueda hacer. Aunque no sea un software para hacer fraude, para trampear, para adulterar los votos, directamente ya es ilegal. Si tuviésemos una Justicia Electoral independiente, ya lo tendrían que haber declarado ilegal y por lo tanto, prohibirlo. Si eso ocurriese, volveríamos al sistema de elecciones que usamos desde 1983, desde que volvió la democracia. Que no tiene transmisión con software, ni secreto ni no secreto”, expresó.

Tres pruebas del sistema

El sábado 29 de junio, faltando apenas 40 días para las PASO tuvo lugar la primera prueba del sistema provisto por la empresa Smartmatic con un colapso en la carga del conteo provisorio de votos por un fallo de conexión. A raíz de esto, el tema se instaló en el prime time de los grandes medios. La idea que se vio fue que “Si no pueden resolver una conectividad que es algo básico, cómo se van a hacer cargo de las Elecciones Nacionales”… o que “Es una empresa altamente ineficiente, no puede hacerse cargo del escrutinio”.

Frente a esto, Garbarz dice: “por supuesto que no puede hacerse cargo, pero no por ese motivo. Si llega a funcionar la conectividad y este software secreto, no vamos a saber lo que puede hacer hasta el día de las elecciones”. El sabado 13 de julio se realizó un nuevo testeo del sistema de escrutinio pero con un detalle: no contó con la presencia de los fiscales informáticos de los partidos políticos; solamente los del Correo Argentino y de Smartmatic. Ésta última informó que se efectuó un simulacro con “satisfactoria actividad interna”; en el marco de la capacitación del personal que estará a cargo de las elecciones el próximo 11 de agosto. Por su parte, desde la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales de la Nación señalaron que “Los resultados obtenidos fueron los previstos: se transmitieron telegramas desde las escuelas y centros de transmisión digital habilitados en todo el país dentro de los tiempos estipulados”; “En esta nueva prueba, Smartmatic ha cumplido exitosamente con el protocolo establecido, brindando el software necesario para capturar y transmitir los datos (telegramas) desde las escuelas de votación hasta los centros de procesamiento de Barracas y Monte Grande, combinando seguridad, transparencia y trazabilidad”, tal consta en el comunicado de prensa. Total normalidad.

La última prueba, que contó con los y las fiscales fue el 20 de julio. El Fiscal Nacional Federal Electoral Dilello citó a Garbarz un par de meses atrás en Comodoro Py para pedirle, como Perito de la Justicia Federal, que le informara sobre este software Election-360 de Smartmatic. La misma empresa tenía publicado, hasta hace unas semanas atrás, un documento en su página web en donde decía que el programa “tiene la capacidad de transformar la valiosa información manejable”:

¿Qué es para ellos transformar? “Van a digitalizar las actas y/ o los telegramas: nuestros votos. Varios especialistas hicieron la mejor interpretación de esas palabras que están en la ficha técnica del software. No se pusieron en el peor escenario. Nosotros los peritos tenemos la obligación de ponernos en el peor escenario. Hubo muchos especialistas que dijeron que era producto de una mala traducción del inglés. Otros dijeron que por transformar entendían transformar la visualización, mostrar los votos en gráfico de barras o en una torta o una tabla en Excel. Hasta los asesores de candidatos/ as de la oposición se encargaron de minimizar el problema. Aún poniéndonos en el mejor escenario de no fraude, el software no se puede fiscalizar, entonces directamente debe prohibirse”, sentencia Garbarz.

Los reclamos a la justicia

Desde enero Garbarz junto con otros especialistas en el tema empezaron a hacer estas denuncias, que no tuvieron prácticamente eco en la ciudadanía ni en los medios de comunicación -salvo casos contados con los dedos de la mano- y tampoco en la dirigencia política y en las y los candidatos. Recién ahora, seis meses después, tras la falla de conectividad en la primera prueba del sistema, todes se alertaron y empezaron los medios masivos a plantear la posibilidad de adulteración de los comicios.

Los apoderados del Partido justicialista, del Frente de Todos y Consenso Federal -las tres fuerzas que tienen más posibilidades dentro de la oposición- fueron a Comodoro Py a plantearle a la jueza electoral María Romilda Servini de Cubría que no permitiera la transmisión de Smartmatic. Jorge Landau, uno de los apoderados del Partido Justicialista, ya lo había planteado dos meses atrás. La empresa contestó en ese momento que eran código propietario y por lo tanto no accesibles. Sin embargo, la jueza no lo declaró ilegal. No cumplió con la Ley Nacional Electoral, con su artículo 108.

Se apeló, entonces, a la Cámara Nacional Electoral, que está por encima de la jueza Servini de Cubría. El día 28 de marzo la CNE sacó su última acordada donde decía claramente que “toda solución tecnológica, digitalización, transmisión, cómputo, publicación de resultados en el escrutinio provisorio no es competencia de la Justicia Electoral, sino exclusivamente del Ministerio del Interior”, es decir que “la Cámara no va a intervenir en el centro de cómputos, ni en todo el proceso electrónico, digital, informático. Están adelantando que cuando haya una denuncia, no van a intervenir, la Justicia Electoral no va a tener competencia: se va a declarar no competente en el tema electoral”, explica Garbarzy agrega: “los ciudadanos no van a notar nada. Hasta las seis de la tarde y después que se cuentan los votos y se firman las actas, no va a haber ninguna diferencia. Van a entrar en el cuarto oscuro, van a agarrar la boleta, la van a cortar, la van a meter en el sobre, se la van a dar a presidente, le dan el ticket y listo. El ciudadano no va a notar ninguna electrónica en las escuelas. El presidente y los fiscales tampoco. Van a hacer el trabajo de siempre. Hasta que venga uno de los 14 mil empleados que contrató temporalmente Smartmatic y se llevará el acta de escrutinio para transmitirlas. El presidente de mesa, si sabe cuáles son sus obligaciones, va a tener que ir pegado al acta: no puede dejar el acta ni la urna. Tendrá que ir con ambas a otra aula de la escuela donde va a haber una notebook del programa Educ.ar, una impresora multifunción que escanea, va haber una conexión (que es lo que falló en la última prueba) y se va a a transmitir electrónicamente con este software de código fuente desconocido”.

Dado que la Cámara Nacional Electoral ya se expidió y dijo en términos formales que se lava las manos, lo único que queda por intentar es tirar abajo la acordada, apelando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta ahora los apoderados del Frente de Todos, Graciana Peña Fort y Jorge Landau, expresaron que no se puede fiscalizar el sistema nuevo pero no hubo ninguna presentación contra la acordada de la CNE ni documento alguno que exprese que se está violando el artículo 108.

Si los votos que determinarán el resultado de las próximas elecciones van a pasar por un software que los “tramitará” -para no decir ni manipular-, es derecho de todos los partidos políticos exigir conocer cómo es el sistema con que se hará y conocer su fiabilidad. Y de las y los ciudadanos querer saber. Hay un tema que la Justicia tiene que resolver en pos de garantizar el desenvolvimiento de las instituciones democráticas. El presidente de la Nación no es presidente de la Nación legalmente por el provisorio sino por el definitivo. Ahora, mediáticamente es otra historia: los medios de comunicación instalan a los ganadores y perdedores el día del comicio provisorio. Si dos semanas después (que es lo que demora el escrutinio definitivo), nos enteramos que el presidente electo es otro y no el que fue anunciado, vamos a tener un escenario que nunca se vivió en Argentina.

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Hace poco más de una semana, el Poder Ejecutivo firmó un mega decreto de necesidad y urgencia que contiene más de 190 medidas que pueden ser catalogadas como de “Reforma del Estado”, porque alteran de manera profunda muchos derechos, procedimientos y regulaciones hasta ahora existentes. Los puntos principales que afectan a trabajadoras y trabajadores.

Entre la fina línea que separa la ironía de la tragedia, el DNU comienza copiando textualmente un decreto semejante de 1991, que usaran el entonces presidente, Carlos Menem, y su ministro de economía, Domingo Cavallo, para dar rienda suelta a su ánimo neoliberal.

Dentro de esta enorme cantidad de medidas hay una gran variedad de reformas que van desde el papel del Estado como productor de bienes, en la medida en que se deroga una ley que permitía la producción agropecuaria e industrial por parte del Estado en tierras del Ejército Nacional; hasta la vulneración de los derechos laborales más básicos, pasando por la mayor financierización de la economía y la mayor opacidad en torno a las licitaciones de obras públicas.

El juego del gran bonete

En particular, hay tres grandes medidas que afectarán negativamente la vida las trabajadoras y trabajadores y sus familias. En primer lugar, el DNU abre las puertas de la timba financiera para los préstamos en UVA (Unidad Valor Adquisitivo) otorgados por los bancos y el Fondo de Estabilización de la ANSES. Básicamente, se habilita a los bancos a crear instrumentos financieros con los préstamos en UVAs otorgados. Estos instrumentos podrán ser vendidos en el mercado y su rentabilidad estará atada a los pagos de los préstamos hipotecarios en UVAs.

El objetivo para los bancos es hacerse de fondos para seguir prestando y, al mismo tiempo, distribuir los riesgos atados a los préstamos otorgados hacia el resto de la economía, vía el mercado financiero. Es decir, si un deudor deja de pagar, el banco ya habrá vendido ese préstamo, junto con otros, dentro de un paquete a algún inversor que lo haya comprado. La pérdida para el banco es mínima y las ganancias tanto para éste como para el inversor que lo haya comprado, hasta ese momento, podrán ser enormes porque la rentabilidad se indexa junto con la inflación y el valor del dólar, pues recordemos que estos productos financieros están atados a préstamos nomenclados en UVAS. ¡Alerta de burbuja financiera! Este mecanismo fue el utilizado por los bancos en Estados Unidos y que culminó en la enorme crisis de las hipotecas en el 2008, con miles de personas en la calle y con los grandes bancos e inversores salvados por el Estado. Una crisis que tuvo impacto no sólo en el sector financiero, sino también en el sector real de la economía.

Lo mismo ocurre con el caso de ANSES. A partir del decreto, esta Agencia podrá crear y vender instrumentos financieros sobre la base de sus activos, principalmente a partir del Fondo de Estabilización que, entre otros fines, se destina al Procrear (hoy también nomenclado en UVAS). En este caso, al financierizar todos estos activos se va creando una burbuja financiera que, si estalla, no va a afectar sólo a los actores directamente involucrados sino también, por ejemplo, a los jubilados, jubiladas y beneficiarios de la AUH.

Una segunda gran medida que afecta a las trabajadoras y trabajadores es que se elimina la inembargabilidad de las cuentas sueldo, siempre que en la cuenta del titular haya una suma superior a los 3 sueldos (según el promedio de los últimos 6 meses). Es tan evidente que esta media está relacionada con el punto anterior que la misma está incluida dentro del capítulo de “Inclusión financiera” del DNU. La justificación por parte del Poder Ejecutivo es que, al establecer un monto por encima del cual las sumas depositadas en las cuentas sueldo puedan ser embargables, se “mejorará” el perfil crediticio del titular. Nuevamente, se reduce el riesgo de incobrabilidad para los bancos, se acrecienta el negocio financiero y se aumenta la vulnerabilidad de las familias de las y los que vivimos de un sueldo y no de rentas financieras.

Por último, el decreto redefine el concepto de “micro, pequeña y mediana empresa” (MiPyMe) para el caso del acceso al crédito subsidiado. A partir de ahora, las MiPyMes controladas por multinacionales van a poder acceder al financiamiento del “Fondo Fiduciario para el capital emprendedor” y el “Fogapyme” que, como son fondos para fomentar el “emprendedorismo” de las pymes tienen ventajas (en términos de costos y condiciones) respecto a otros tipos de créditos. La implicancia de esta medida es que las empresas trasnacionales van a poder crear MiPyMes de manera ficticia para acceder a estos fondos.

La anterior medida está relacionada con otra, del mismo DNU, que habilita la creación de Sociedades por Acciones Simplificadas con un capital de dos salarios mínimos. Esto permite crear de un día para el otro una empresa vacía para un objetivo determinado (que puede ser acceder a los fondos antes mencionados, a ventajas para la contratación de trabajo más barato, a moratorias, menores impuestos, etc.). ­Esta práctica constituye una de las características normalmente asociadas a los paraísos fiscales, donde se crean cascarones vacíos en forma de empresas para acceder a las ventajas de secreto empresarial, bajos requisitos contables, desgravación fiscal, transferencias de excedentes internas a un mismo grupo corporativo. En la Argentina, aunque esta práctica entraría en conflicto con normativas del derecho laboral, se constituye en un paso en aquella dirección.

En definitiva, se trata de un decreto que abre las puertas a una mayor financierización de la economía, que habilita a la timba financiera con fondos públicos y que deja en una situación de enorme vulnerabilidad a las y los trabajadores endeudados para acceder a la casa propia.

* Parte del Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica

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