Este martes 4 de septiembre Día del Inmigrante en la Argentina, distintas organizaciones, de migrantes y sociales,  aglutinadas en la campaña Migrar No Es Delito convocan al 2º Paro Migrante en la Argentina. El pasado viernes se realizó una Audiencia Pública en el Congreso Nacional donde  expusieron académicos, trabajadoras y trabajadores y referentes de organizaciones sociales frente a las políticas xenófobas impulsadas por el gobierno nacional.

Esta vez, al reclamo que desde hace más de un año se viene realizando contra la derogación definitiva del DNU 70/2017, que modificaba la Ley de Migraciones, en el que ya hubo un antecedente de inconstitucionalidad, se unen los reclamos contra las iniciativas de Ley que buscan generar políticas discriminatorias para migrantes como arancelamiento de salud y educación, el aumento de tarifas a los trámites, las trabas administrativas, además de la persecución policial que sufre principalmente la comunidad senegalesa, la precarización laboral como parte del ajuste y la recientemente  creación de una aplicación de celular para tener un registro de migrantes en situación administrativa irregular.

La movilización, que se espera cuente con una gran convocatoria, partirá desde Tribunales hasta el Congreso Nacional. La campaña impulsa la necesidad de que el Poder Judicial ratifique la inconstitucionalidad del Decreto (DNU 70/2017). Como parte de esta lucha, la distintas colectividades han venido realizando una serie de acciones informativas en los consulados y embajadas, e invitando a la Audiencia Pública que se realizó el pasado viernes 24 de agosto en el Congreso de la Nación.

Durante la Audiencia Pública, dirigida por la diputada Romina del Pla, tomaron la palabra distintas personalidades, diputados y diputadas, estudiantes, especialistas, migrantes, organizaciones de derechos humanos, quienes intervinieron alrededor de cuatro ejes: salud, educación, trabajo/sindical y DNU. Durante las intervenciones se hizo hincapié en la denuncia contra la política xenófoba y de persecución que realiza el gobierno nacional y que se refleja de forma explícita en las declaraciones de sus funcionarios.

Entre las ponentes estuvo Lucía Galoppo, abogada de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), una de las organizaciones que presentó el amparo contra el DNU por su carácter inconstitucional. En su intervención, Lucía explicó la situación actual del Decreto,  luego de que el gobierno presentara un recurso extraordinario federal, con lo que la sentencia de la Cámara queda anulada hasta que la Corte no resuelva sobre esta situación. Es decir, en términos prácticos, el Decreto sigue vigente. Más allá de la situación legal. Además, destacó el carácter disciplinador del DNU y las distintas medidas administrativas que empujan a los y las migrantes a una situación irregular.

Por su parte, Pablo Ceriani, director de la especialización Migración, Asilo y Derechos Humanos de la Universidad de Lanús, quien hizo especial énfasis en la lógica de control social que  encierran acciones como la aplicación de teléfono que busca informar a funcionarios de gobierno sobre la situación migratoria, y la equiparó con el espíritu de la Ley 22.439, que operó durante la última dictadura cívico militar, conocida como la Ley Videla, y cuyo objetivo era la expulsión de inmigrantes.

Otra de las intervenciones fue la de Zulema Montero, abogada de la asociación Yanapakuna, quien fue parte del movimiento de Migrantes Organizadxs que impulsó la Ley 25.871,  que es la que fue modificada con el DNU. Montero contó una serie de casos como cobros indebidos, familias que se están disgregando a partir de las expulsiones, restricciones en materia de salud y educación, e hizo un llamado a la unidad de las organizaciones migrantes para frenar este retroceso en materia de derechos.

En el eje de educación, Natalia Gavazzo, antropóloga e investigadora del CONICET, cuestionó, mediante datos recopilados a través de investigaciones, el argumento que se repite sobre el abuso de los y las migrantes de los servicios de salud y educación. La investigadora explicó que el problema no es el porcentaje de migrantes, que a principios del siglo XX era del 30% y que ahora apenas supera el 4% de la población, sino que lo que más molesta a una élite arraigada,  a una ideología eurocéntrica,  es que “el 70% sea de origen latinoamericano”. Finalmente, alertó sobre la falta de herramientas con las que cuentan las y los docentes para tratar temáticas de interculturalidad en las aulas del sistema educativo y recordó que la presencia de estudiantes extranjeros le da prestigio internacional a las universidades argentinas, contrariamente a los discursos que promueven desde los medios hegemónicos en relación a que estos estudiantes serían únicamente un costo.

Delia Colque, trabajadora textil, integrante de la cooperativa Juana Vilca y del Bloque de Trabajadorxs Migrantes, contó las problemáticas que enfrentan las mujeres migrantes que se dedican al rubro textil y las dificultades para avanzar en propuestas cooperativas. Entre estas problemáticas se encuentran los despidos y las dinámicas de abusos y sobreexplotación en las fábricas, las amenazas de cierre en la cooperativa,  si   contratan personas sin documento y la negación de los aportes de las y los migrantes a la economía. La trabajadora cerró su intervención haciendo un llamado a acompañar el Paro Migrante este 4 de septiembre.

La sesión continuó con otras intervenciones como la de Sandra Carreño, del FPDS Ezeiza, quien hizo un llamado a reconocer el aporte de los y las migrantes y retomó la propuesta, planteada el año pasado por Evo Morales, en favor de avanzar hacia la conquista de una ciudadanía universal.

El último segmento de la Audiencia estuvo destinado a contar casos emblemáticos de violencia contra migrantes. Entre estos casos, se encuentra el de Dina Sánchez, vocera del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), quien acusó al gobierno de una ola de ataques xenófobos, machistas y racistas que sufrió en redes sociales luego de participar en la Marcha Federal por Pan y Trabajo. Frente a los ataques, Dina se encargó de dejar claro que “las mujeres pobres y migrantes no nos callamos más”.  En la audiencia también se hizo presente Patricia Ramos, del FOB, traductora de Reina Maraz, mujer quechua parlante que estuvo detenida acusada injustamente de haber asesinado a su esposo. El caso de Reina Maraz fue un caso simbólico en la lucha del movimiento feminista contra la justicia patriarcal y colonial, y que tuvo como desenlace su liberación en 2016.

Durante la jornada, más de 20 personas expresaron su opinión en relación a la política xenófoba del gobierno, desde distintas perspectivas y experiencias. El punto en común fue claro, la necesidad de avanzar en unidad y dar la mayor fuerza posible al segundo Paro Migrante en Argentina. Finalizada la Audiencia, las organizaciones (más de 40) que integran la Campaña Migrar No Es Delito hicieron un llamado a movilizar el 4 de septiembre, en un acontecimiento que promete ser un hito en la resistencia migrante en Argentina, y por qué no decirlo, en el mundo.

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La justicia derogó el decreto 70/2017 y el gobierno tiene 10 días hábiles para apelar ante la Corte Suprema de Justicia de Nación. De no hacerlo, deberá publicar su derogación en el Boletín Oficial para que las instituciones dejen de aplicarlo. A partir del 23 de marzo está prohibida la aplicación del decreto y de suceder, debe ser denunciada e impugnada.

Durante la jornada del 23 de marzo, en horas de la tarde, la Sala V de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal declaró inconstitucional el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) 70/2017 que modificaba la Ley de Migraciones. El DNU estuvo vigente desde enero del 2017 y representó un retroceso en los derechos de lxs migrantes y la punta de lanza de la política xenófoba del gobierno de Cambiemos.

El decreto xenófobo fue declarado inconstitucional por los jueces Jorge Alemany, Pablo Gallegos Fedriany y Guillermo Treacy, quienes ratificaron su compromiso con los derechos humanos al dar paso a la apelación realizada por el Centro de Estudios Laborales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) y el Colectivo por la Diversidad (COPADI), luego de que el decreto fuera ratificado en primera instancia por la Justicia.

Los jueces consideraron que este DNU restringía el acceso al debido proceso, al principio de inocencia y el derecho a un defensor público, además aceleraba los trámites de expulsión, retenciones preventivas arbitrarias y afectaba el derecho a la unidad familiar y modificaba los requisitos para optar a la ciudadanía. En ese estado de situación todos los migrantes estaban afectados por cualquier artículo del Código Penal, incluso aquellos excarcelables o delitos culposos (accidente de tránsito) a la vez que constituía una herramienta de impunidad para las fuerzas de seguridad que los habilitaba a detener e impulsar la expulsión de migrantes que ejercen el derecho a la protesta social.

Para justificar la aplicación del DNU, Macri argumentó que se trataba de un tema de “Seguridad Nacional”, en un claro mensaje de criminalización de la migración. No obstante, el tribunal determinó por mayoría que la decisión de limitar y restringir los derechos lxs migrantes sin una Ley formal dictada por el Congreso Nacional, carece de argumentos razonables y de la necesidad y urgencia que este tipo de instrumentos requieren. Con este fallo histórico en materia de control de Decretos de Necesidad y Urgencia, el DNU queda sin efecto, y cualquier aplicación del mismo debe ser denunciada. En este escenario, el gobierno tendrá todavía 10 días hábiles para apelar la decisión de la Justicia. De lo contrario, deberá publicarlo en el boletín oficial para que las instituciones gubernamentales dejen de aplicarlo.

Frente a la xenofobia: resistencia migrante

La entrada en vigencia del DNU 70/2017 generó una rápida respuesta de organizaciones migrantes de distintas nacionalidades, organizaciones defensoras de los derechos humanos y sectores populares, para enfrentar esta acción xenófoba. La presentación del DNU estuvo antecedida por diversas declaraciones de funcionarios y medios de comunicación con intención de criminalizar la migración y así justificar el decreto. Esta política xenófoba no es la única, en el año 2014, se retomó un viejo instrumento de la conocida Ley Videla, se trata de la Disposición “falso turista”, promovida por el entonces Secretario del Ministerio de Seguridad Sergio Berni, durante el gobierno de Cristina Kirchner, que se contradice con el derecho humano a migrar y restringe la libre circulación. Esta disposición permanece vigente a la fecha.

Como primera gran acción de esta lucha se llevó a cabo el 30 de marzo del 2017 el primer Paro Migrante en la Argentina, donde distintas organizaciones se movilizaron hacia el Congreso para exigir la derogación del DNU. Durante el resto del año se llevaron a cabo distintas jornadas de denuncia y además charlas informativas en los barrios para generar conciencia en la población migrante y en las organizaciones populares de la problemática xenófoba.

La segunda acción masiva fue llevada a cabo el 5 de marzo en el denominado Migrantazo, donde participaron diferentes organizaciones aglutinadas en la campaña “Migrar no es Delito”, la cual fue lanzada en enero, justo a un año de aprobado el DNU. El Migrantazo se presentó como una respuesta a los intentos del gobierno de eliminar la gratuidad de la salud y la educación para extranjeros, bajo la consigna “la migración es un derecho, la educación y la salud también”.

Las distintas organizaciones que participan de la campaña Migrar no es Delito, valoraron como un triunfo y el resultado de la movilización en las calles y la lucha en las instancias legales. No obstante, hicieron un llamado a no bajar los brazos y mantenerse en pie de lucha frente a otros proyectos que buscan precarizar más a lxs migrantes.

Entre estas iniciativas está el proyecto de Ley del Diputado Nacional Luis Petri, que busca modificar los artículos 6 y 7 de la Ley de Migraciones 25871, de manera tal que intenta condicionar la gratuidad de los servicios de salud y educación para migrantes con residencia temporaria, transitoria y precaria, y anclarla a criterios de reciprocidad. En este sentido, solo podrán ser atendidas de manera gratuita aquellas personas en cuyos países los ciudadanos y ciudadanas argentinas gocen del mismo derecho mediante “convenios de reciprocidad”. En caso de no existir los mismos, el gobierno fijará tasas retributivas o aranceles para optar a estos servicios.

Esta Ley tiene como objeto desincentivar la migración y precarizar más a lxs trabajadorxs migrantes. Así mismo, representa un retroceso y una violación a la Convención Internacional de los Derechos Humanos que establece que los derechos no pueden ser retroactivos, es decir, no se pueden quitar derechos ya conquistados.

Esta proyecto de Ley, entre otras cosas, ignora el aporte que lxs migrantes hacen al pagar sus impuestos mediante el IVA, en la generación de riquezas mediante su trabajo, así como en la dinamización de la economía al acceder a bienes de consumo y servicios básicos. Establecer convenios de reciprocidad no es viable para muchos países cuyos sistemas de salud y educación cuentan con unas condiciones que no son equiparables a las existentes en Argentina, negando de esa forma el derecho legítimo de una persona a buscar mejores condiciones de vida. Así mismo, abre las puertas para progresivamente avanzar en la privatización de estos servicios para la población en general.

En una declaración realizada en el marco de las negociaciones del TLC Unión Europea – Mercosur, Macri aseguró que “en Sudamérica, todos somos descendientes de europeos”. La negación de otras identidades es parte de la estrategia de la derecha para construir su hegemonía a partir de un “enemigo interno”, un “otro” que nos roba la paz y provoca las crisis. La sentencia de inconstitucionalidad del DNU es una victoria, pero la cruzada antimigrante del gobierno continúa, y la resistencia: también.

En este marco de lucha por la anulación definitiva del DNU 70 y contra todo tipo de medidas y proyectos que atentan contra los derechos de los migrantes, el Bloque de Trabajadorxs Migrantes estará presente en la movilización que convoca la Campaña “Migrar No Es Delito” el lunes 9 de abril a las 17 horas de Plaza de Mayo al Congreso Nacional. Ahí nos encontramos.

*Integrantes del Bloque de Trabajadorxs Migrantes

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