Por Vivian Palmbaum / Foto Oscar De la Vega

Las personas con discapacidad conforman un amplio y diverso conjunto con necesidades particulares, amparadas por una serie de leyes.

En el marco de la emergencia sanitaria, producto de la pandemia, también se vieron afectadas las personas con discapacidad por resoluciones emitidas por la Agencia Nacional de Discapacidad, medidas que las obras sociales y prepagas parecen haber aprovechado.

En diálogo con Marcha, la licenciada Florencia Poleto, una de las directoras del Centro Educativo Equipo Khipu, habló sobre el trabajo de integración escolar que realizan y el impacto del aislamiento en personas con discapacidad.

¿De qué se trata el trabajo que realizan en el Centro Educativo?

Esta prestación posibilita que muchos niños que tienen algún tipo de discapacidad puedan transitar su escolaridad en todos los niveles: inicial, primario, secundario. Para esto tienen una maestra o maestro integrador que adecua las actividades para que sean accesibles para cada paciente. La idea es que siempre el paciente acceda a los mismos contenidos que sus compañeros.

¿Cómo afectó el aislamiento obligatorio al trabajo con las y los niños?

Desde que se decretó el aislamiento obligatorio, los profesionales que nos dedicamos a discapacidad nos vimos obligados a cambiar nuestra manera de trabajar. Todo aquello que hacíamos en la escuela o el consultorio ahora lo hacemos remotamente porque los chicos siguen escolarizados, porque las actividades las enviamos a través de distintos formatos.

¿Cómo se vieron afectados los ingresos para las y los prestadores?

A partir de la Resolución 308, que es anexo a la Resolución 282, el honorario para discapacidad quedó a merced de la interpretación que cada obra social o prepaga hace de la Resolución. El recorte es, por lo menos, del 50% en gran parte de las prestaciones. Otras directamente no las van a abonar, como en el caso de los transportistas.

En los últimos 4 años el honorario profesional se degradó mucho. Hace cuatro años un maestro integrador ganaba lo mismo que un maestro/a de escuela sin antigüedad. Hoy está ganando 18.152 pesos por cumplir 80 horas mensuales. Cabe aclarar que son profesionales altamente capacitados: psicólogxs, psicopedagogxs, acompañantes terapéuticos, maestras especiales, etc.

A partir de esta Resolución no queda claro cuál va a ser el honorario porque a un Centro es probable que le paguen un tercio de lo que estaba estipulado. Si bien desde el gobierno salieron a decir que esto no iba a ser así, que iban a abonar todo, todavía no salió la Resolución que anule la 308 y tampoco la 282.

¿Qué implica la Resolución 282?

La Resolución deja en manos de las obras sociales y las prepagas la cantidad de sesiones que una persona con certificado de discapacidad tiene que tener.

Desde el colectivo de personas con discapacidad, familias y prestadores se expresaron en un comunicado contra el ajuste que afecta las prestaciones a las personas con discapacidad, una situación que lleva muchos años.

Por una parte, se oponen a la arbitrariedad que significa que obras sociales y empresas de medicina prepaga establezcan la extensión de tratamientos porque “les brinda la libertad de elegir la cantidad de sesiones o consultas, cuando en realidad esta prescripción es competencia de los equipos profesionales tratantes, considerando las necesidades singulares de cada caso”.

También son enfáticos al rechazar el ajuste que afecta a las y los prestadores de salud con la reducción de sus honorarios de manera arbitraria, y que se suma a las demoras en los pagos y en las aprobaciones de tratamientos “que conforman la situación de precariedad laboral en la que nos encontramos como trabajadores de la salud”.

Incertidumbre y dificultades

Venimos arrastrando el problema de que las obras sociales, con suerte, pagan a los tres meses. Este año, en marzo, cobramos facturas adeudadas de 2018, es decir que como Centro podemos tener espalda para sostener el honorario del profesional que acude a la escuela pero como profesional independiente es muy complicado de sostener.

Las obras sociales, además, son muy burocráticas, la cantidad de papeles que tenemos que presentar para respaldar el trabajo remoto es enorme.

Frente a la dificultad que todos estamos atravesando en este momento de incertidumbre, más la incertidumbre que nos genera no saber si vamos a poder sostener el laburo desde lo económico, se está tornando complicado.

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#NosotrasTambiénGozamos es una campaña lanzada por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) para visibilizar los derechos sexuales de las mujeres con discapacidad. 

Nuestra sociedad crea roles, estereotipos y prejuicios sobre los cuerpos de las mujeres, sobre su sexualidad y su deseo; coartando su libertad, sus elecciones, su goce. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se habla de una mujer con discapacidad? La respuesta es simple, los prejuicios crecen aún más y los derechos negados se multiplican.

Es que, socialmente y en general, se  presenta a las personas con discapacidad como asexuadas o, en algunos casos, como personas sin control sobre su propia sexualidad. Existe una presunción errónea y cruel de pensar que la discapacidad se traduce como incapacidad: de elegir, de desear, de gozar.

Históricamente, la sexualidad y la discapacidad son temas que se han mantenido en compartimentos separados y más aún si la persona con discapacidad es mujer, pues sobre ella pesan más prejuicios del “deber ser”. Es por ello que REDI ha lanzado esta campaña para visibilizar los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres con discapacidad. Estos derechos buscan garantizar que las personas puedan decidir sobre su propia vida sexual y reproductiva con libertad, que puedan desarrollarla de manera saludable y se trata de derechos inherentes a todas las personas sin ningún tipo de discriminación.

Por su parte, los Derechos Reproductivos aseguran la libertad de las personas para decidir si tener hijos o no,  el tipo de familia que se desea construir y cómo hacerlo. Para ello es fundamental el acceso a la información, a los métodos anticonceptivos, al aborto legal, seguro y gratuito, por nombrar algunos de los instrumentos vitales para el ejercicio pleno de estos derechos.

“El Estado está muy ausente en este tema”

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad son violados sistemáticamente y es principalmente el Estado, como garante de derechos, quien debe reparar este daño. Carolina Buceta, integrante de REDI, dialogó con Marcha.org y sostuvo que “el Estado está muy ausente en este tema” y aseguró que “falta de información para profesionales; también falta material accesible en los centros de salud como mamógrafos y camillas pensadas para mujeres en sillas de ruedas, o intérpretes de lenguaje de señas, por ejemplo”.

La falta de información y los prejuicios hacen que las percepciones dominantes tiendan a representar a las mujeres con discapacidad como personas asexuadas que no quieren tener relaciones sexuales, no pueden o incluso, no saben hacerlo. Por otro lado, cuando alguna ejerce su sexualidad, se cree que es descontrolada y que debería ser limitada. Muchas veces se opina y se decide sobre si las mujeres con discapacidad pueden ser madres, sin tener en su cuenta su opinión; es que se considera que no podrán ejercer la maternidad de manera adecuada o que su hijo/a podría nacer con alguna discapacidad.

Estos preconceptos no sólo están en el imaginario social, sino que el propio sistema de salud de basa en ellos para atender a mujeres con discapacidad. Por ello es fundamental la difusión respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad para que ellas mismas los conozcan, pero también, por ejemplo, para el personal de la salud.

En la actualidad, el sistema de salud se basa en la anulación de estos derechos. Aún hoy, existen leyes vigentes que permiten que las mujeres con discapacidad sean sometidas a prácticas quirúrgicas anticonceptivas y a una interrupción legal del embarazo sin el consentimiento de ellas. “El rol del Estado debería ser el de garantizar derechos, pero es muy poco lo que está haciendo. Además con los casos -que sabemos que existen- de esterilizaciones forzadas, el Estado está violentando los derechos a decidir sobre los propios cuerpos de las mujeres con discapacidad” sentenció Carolina Buceta.

Algunas veces, estas esterilizaciones forzosas, que se practican con el aval de la familia, se hacen bajo la excusa de “evitar abusos”. Sin embargo, mediante estas prácticas sólo se previenen las consecuencias visibles más obvias de un abuso y lo que realmente se evita es  la libertad de elección de la mujer.

“También nos enfrentamos muchas veces a una infantilización que significa, por ejemplo, que cuando vas a hacer una consulta, no te hacen preguntas de rutinas que le harían a cualquier mujer suponiendo de antemano que vos no tenés relaciones sexuales” compartió Carolina.

REDI lucha por la creación de una guía de acción para el personal del sistema de salud, para que éste pueda brindar una atención adecuada, en base al respeto del cuerpo y la libertad para decidir de la mujer con discapacidad. Para ello es importante que considere la opinión de la paciente, a quien deberían brindarle la información necesaria para que pueda elegir sobre su cuerpo y sexualidad sin condicionamientos.

El Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, dependiente del Estado Nacional, no produce información sobre las mujeres con discapacidad y ni siquiera las incluye en las estadísticas. De esta manera, si se excluye la variable discapacidad es imposible la diagramación y creación de políticas públicas destinadas a este colectivo.

No hace falta hacer una análisis muy profundo sobre la accesibilidad de los hospitales públicos, para darse cuenta de lo mucho que falta. La existencia de rampas, no es el único elemento que hace a la accesibilidad. Hoy es muy difícil para una mujer con discapacidad, por no decir imposible, realizarse controles médicos con autonomía. Una mujer en silla de ruedas, no puede trasladarse sola a una camilla y, en cambio, tiene que ser cargada por un camillero. Las mamografías, en la mayoría de los centros de salud, se realizan paradas.

Por su parte, Carolina también mencionó la cantidad de casos de inaccesibilidad comunicacional a los que se enfrentan mujeres sordas o hipoacúsicas que no pueden entenderse con el o la profesional y que, por ende, necesitan sí o sí de un/a acompañante. “En esta situación el personal médico, por lo general, siempre le termina hablando al acompañante y no dialogan con la persona que tiene que tomar las decisiones sobre su cuerpo”, afirma Buceta, “se cree que si una persona necesita algún tipo de apoyo, ese apoyo va a decidir por ella”.

En este contexto, la campaña #NosotrasTambiénGozamos pretende concientizar y visibilizar esta temática además de combatir los mitos en torno a la sexualidad y la discapacidad. Carolina Buceta cuenta que uno de sus objetivos es empezar a “derribar estereotipos que tienen que ver con que nosotras, las mujeres con discapacidad no deseamos ni somos personas deseadas, además de trabajar una serie de testimonios en primera persona, y de brindar información, para que tanto familiares como profesionales tengan más conocimiento sobre el tema y que sobre todo puedan hacer una atención respetuosa de las mujeres con discapacidad”.

Derechos e información, accesibles

Para ellos es fundamental brindar apoyo e información sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad y son ese fin desde REDI, crearon una plataforma de Discapacidad y Derechos Sexuales (www.discapacidadyderechossexuales.org.ar) que busca promover el debate y la construcción colectiva de estrategias para que el Estado reconozca la situación y actúe sobre ella.

“La plataforma está diseñada para que pueda ser navegada para todas las mujeres y niñas en Argentina, tengan o no tengan algún tipo de discapacidad”, describe Carolina. Es importante remarcar que esta plataforma virtual, está diseñada desde la accesibilidad y pensada para ser recorrida con facilidad: contiene pictogramas, contrastes de colores y teclas rápidas de navegación. “Los textos son simples y están acompañados de pictogramas para que puedan ser comprendidos por mujeres discapacidad intelectual o psicosocial y mujeres sordas” agrega la integrante de REDI.

Además esta página web, que fue desarrollada con el apoyo de la organización internacional Feminist Review Trust, tiene un foro interactivo para debatir y compartir experiencias, ofrece información sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos y también sobre los centros de salud que los respetan y que contemplan la accesibilidad en distintos niveles.

Estos últimos datos fueron el resultado de una encuesta realizada a mujeres de todo el país y lo primero que devela es que el nivel de accesibilidad es muy bajo. Es decir, que además de brindar información necesaria y útil también visibiliza lo que falta.

La sociedad, el Estado y el sistema de salud específicamente, debe entender que el necesitar apoyo no tiene por qué ser un obstáculo para la autonomía. Es hora de derribar los mitos que anulan el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. Y para ello es necesario que su sexualidad no sea un tabú pues si una a mujer con discapacidad es representada como un “ángel asexuado”, se silencia su deseo, su capacidad de goce, y en definitiva, se silencian sus derechos.

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Mientras se pierden derechos para las y los discapacitados y jubilados, entre otros, lo que queda del paro general y la lluvia que puso en evidencia nuevamente la falta de las obras necesarias.

Sin derechos para discapacidad y jubilados

A través de la Resolución 268/2018, que se publicó recientemente en el Boletín Oficial, la Agencia Nacional de Discapacidad busca la baja definitiva de aquellas pensiones que fueron unilateralmente suspendidas desde 2016 y que no fueron reclamadas por los ex beneficiarios. Los trabajadores de la ex Comisión Nacional de Pensiones estiman que se trata de unos 160.000 expedientes.

Sin embargo, la semana pasada, el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 8, a cargo de Adriana Cammarata, ordenó restituir todas las pensiones que fueron suspendidas o interrumpidas desde enero de 2017, incluso aquéllas en la que el mismo beneficiario optó por dejar la prestación para poder continuar con otra.

En el fallo, la jueza Cammarata había considerado el recorte como un hecho “lesivo, con arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas de los derechos y garantías contemplados tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales”.

En noviembre, la Cámara de Seguridad Social ya le había ordenado a Carolina Stanley, ministra de Salud y Desarrollo Social, restituir las pensiones canceladas mientras la causa judicial avanzaba. Uno de los puntos más importantes de esa sentencia es que daba un plazo de diez días para que el Estado restituyera las pensiones no contributivas por invalidez suspendidas en todo el territorio nacional, con excepción de Viedma (donde cursa otra causa por el mismo tema).

La decisión del gobierno fue clara: quitar a mansalva el derecho con la excusa de que “si lo necesitaban en serio lo van a volver a pedir”. Pero, ¿cómo van a ir? Hay gente que no se puede mover por sí sola, que son discapacitados y pobres.

Centenares de personas se manifestaron el miércoles desde el Obelisco hasta las puertas del PAMI en defensa del organismo de asistencia médica para jubilados. La movilización, convocada por el Plenario Permanente de trabajadores y jubilados en defensa de la seguridad social, presentó un petitorio dirigido al titular del organismo Sergio Cassinotti en el que solicitan el restablecimiento de todas las prestaciones médico-sociales del PAMI; la devolución del derecho a la salud y medicamentos gratuitos; la actualización de los montos de prestaciones sociales; la normalización del organismo con elección directa y democrática de sus autoridades; y el aumento de emergencia de todas las jubilaciones y pensiones de un 25% utilizando los fondos subjecutados en PAMI y otros organismos Públicos y/o estatales durante 2017.

Paro general

Fortalecida por la contundencia de su cuarto paro nacional,  contra la administración de Mauricio Macri, y el segundo en apenas tres meses, la CGT comenzó a evaluar la posibilidad de implementar una nueva huelga antes de fin de año junto con el tratamiento parlamentario del Presupuesto 2019. A esa conclusión arribaron los miembros del triunvirato de conducción junto con la “mesa chica” de dirigentes que analizó el impacto de la medida.

En reserva los gremialistas estimaron en más de 80% la adhesión con base en la paralización de todo el transporte público de pasajeros, la actividad industrial y parte de los servicios, y con una incidencia menor en el caso del comercio y la gastronomía. En la evaluación interna pesó también la participación de sectores medios y cuentapropistas disconformes con la persistencia de la crisis económica. Hace pocas horas acaba de renunciar Juan Carlos Schmit, uno de los triunviros de la CGT y hay una inminente reconfiguración en marcha.

Para conservar visibilidad tras el acto del lunes en Plaza de Mayo, Hugo y Pablo Moyano encabezaron su propia conferencia junto al bancario Sergio Palazzo, los líderes de las dos CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli, el docente Roberto Baradel y el canillita Omar Plaíni, entre otros. “Hemos vivido momentos importantes de ver cómo la gente se sumaba a esta protesta, y momentos humillantes como los que nos hizo pasar el Presidente, bailando, sabiendo que el pueblo está protestando por el hambre. Eso es humillante, eso es el Presidente que dicen algunos que todavía tiene el apoyo de la sociedad, yo no lo creo”, dijo Hugo Moyano sobre la actuación del mandatario en Nueva York.

En las primeras horas de la mañana del lunes 24, en el partido bonaerense de Avellaneda, miles de manifestantes de un amplio arco de unidad de organizaciones sociales, fueron bloqueados por las fuerzas de seguridad nacionales durante más de tres horas de mucha tensión, al pie del Puente Pueyrredón, para impedirles realizar un acto previo a su marcha hacia Plaza de Mayo. Se trata de un puente emblemático de las luchas populares, recuerdo de los asesinatos en junio de 2002 de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, a manos de la policía bonaerense, bajo el Gobierno de Eduardo Duhalde.

Sobre llovido

La inversión en infraestructura fue puro discurso por parte de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. El temporal de la madrugada del sábado volvió a dejar a miles de personas inundadas.

La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense amanecieron inundados, subtes paralizados, Universidades y Terciarios tuvieron que suspender sus clases y cortes de luz intermitentes.

El Legislador de la Ciudad de Buenos Aires Gabriel Solano alertó sobre la situación de gravedad que están afrontando las más de 200.000 personas que viven en las villas de CABA como resultado del daño causado por las fuertes lluvias de las últimas horas, y reclamó una asistencia urgente del gobierno para asistir en la emergencia.

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