Por Nicol León | Foto: Lizbeth Hernández

9 y 53 de la noche. 12 de diciembre de 2022. Nueve personas corren en dirección hacia el cordón policial que impide el paso a la plaza San Martín, ubicada en el centro de Lima. Detrás de ellos, camina un joven de polo blanco. Lleva una mochila y usa máscara de gas y casco. Alza el puño y segundos después un destello de luz atraviesa la multitud para chocar contra su cabeza. Cae al suelo. Cinco personas se acercan a socorrerlo. Todo queda registrado en un video.

“Recuerdo que estaba en una ambulancia y que estaba todo lleno de sangre. Pero no podía ver bien porque estaba con el ojo super inflamado. (…) El médico que me auxilió con el SAMU (ambulancia) me comenta que la Policía le lanza un gas lacrimógeno dentro de la ambulancia solo por haberme auxiliado”, cuenta Renato Murillo, el primer joven herido de gravedad durante las protestas contra Dina Boluarte.

La madrugada del día siguiente, Renato -también bombero y estudiante de Derecho- ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Arzobispo Loayza, uno de los centros de salud más grandes de Lima. Le diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano y su pronóstico fue reservado durante las semanas siguientes.

Meses después, en abril de 2023, a la evidencia audiovisual del ataque que sufrió a manos de la Policía Nacional del Perú (PNP), se sumó su testimonio y su historia clínica.

Sin embargo, al cierre de julio, su caso junto con el de otras 49 personas muertas y 1335 heridas registrados entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, aún se encuentran en una etapa preliminar. Es decir, no hay avances significativos ni una identificación de los responsables. Tampoco una acusación fiscal.

Esto se debería al desorden en el que se vio inmerso el proceso de investigación fiscal, cuando se reportaron las primeras personas heridas y muertas; y a la cuestionable reacción que tuvo la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que desde el Ministerio Público se reconozca a los altos mandos policiales que estuvieron a cargo de los policías que reprimieron a los manifestantes.

DENUNCIAS ARCHIVADAS 

Rosa Reyes, mamá de Renato, llegó al hospital la misma noche en que su hijo sufrió un impacto de bomba lacrimógena en la cabeza. El comunicado del hospital Loayza, con datos erróneos sobre los heridos reportados, le generó un mal presentimiento, por lo que fue a preguntar por el estudiante al centro de salud.

Le dijeron que esperara a que el médico saliera del área de traumashock para conocer el diagnóstico.

“Me habló de que tenía fracturas, que era grave porque era en la cabeza, que aparentemente lo tenían que derivar a UCI, que su pronóstico era reservado y que no se atrevía a decirme nada más por la gravedad de la situación. Me preparó, en otras palabras”, cuenta la mamá de Renato.

Al día siguiente, un representante de la Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en Derechos Humanos se acercó al hospital y le comunicó que supo del disparo que recibió su hijo por los medios de comunicación.

Rosa Reyes le brindó su testimonio. Pero cinco días después llegó a su casa un requerimiento de una Fiscalía común, que le pedía a su hijo acercarse para que declare lo que había ocurrido.

“Ahí es donde me llama el fiscal de esta Fiscalía penal pidiéndome la ropa de Renato, la evidencia. (…) Les señalo que me sorprende que como Fiscalía penal se hayan tardado en aparecer. (…) Yo no podía ir, por eso es que sí agradecí que al menos la otra Fiscalía (de Derechos Humanos) se haya tomado la molestia de ser empática e ir donde yo estaba cuidando a mi hijo”, narra.

Así es como dos Fiscalías se enfocaron en investigar las circunstancias en que Renato Murillo fue herido con una bomba lacrimógena en el cerebro. Esto tuvo repercusiones negativas en el proceso para alcanzar justicia.

Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú, explicó que este es un patrón que se ha repetido en los casos de muertes y heridos durante protestas sociales que han representado legalmente desde 2003.

Todas las denuncias que acompañaron fueron archivadas cuando quedaban en manos de Fiscalías comunes porque estas pretendían identificar a los efectivos policiales que dispararon contra los manifestantes heridos o fallecidos.

“Eso generalmente es imposible porque la propia Policía y el Ejército hacen que sea imposible. Por ejemplo, incluso en el caso de Renato, se observa que hay un disparo, pero esa imagen no basta para identificar al policía porque ellos no llevan signos distintivos que sean legibles a distancia”, agregó.

Al no identificar al policía que disparó contra el estudiante, en marzo de 2023 la Fiscalía común que tomó el caso de Renato Murillo decidió enviar al archivo la denuncia.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), como representante legal del estudiante, pidió que todo lo recabado en la indagación fiscal sea remitido a la Fiscalía especializada en Derechos Humanos.

A diferencia de las otras fiscalías, esta se encarga de identificar a los altos mandos policiales responsables de los efectivos policiales que dispararon contra los manifestantes durante las protestas sociales. El Poder Judicial aceptó el pedido.

¿ESTRATEGIA FISCAL?

Fue así como el caso de Renato Murillo se sumó al de otros cientos de heridos y decenas de muertos, que tomó el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP), creado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en abril de 2023.

Este grupo de trabajo se implementó meses después de que la misma Benavides decidiera reducir las 12 sedes de la Fiscalía especializada en Derechos Humanos a una Fiscalía Superior en todo el país y seis Fiscalías supraprovinciales.

El personal y el presupuesto se redujo y eso se vio reflejado también en EFICAVIP, a pesar de que se anunció como una evidencia del compromiso que Benavides afirmó tener para investigar las circunstancias en que manifestantes murieron y quedaron heridos.

En las resoluciones que oficializaron la cantidad de fiscales destinados para este trabajo se lee que se destinaron solo 12 y les dieron un plazo de tres meses para mostrar resultados de las investigaciones. Cuando se venció el tiempo, en junio de 2023, sumaron más fiscales, pero nuevamente solo los contrataron por la misma cantidad de tiempo.

“Todavía no hay suficientes pruebas como para construir una o dirigir la investigación contra personas específicas”, explicó Mar Pérez, en referencia a los altos mandos policiales responsables de los efectivos que se encontraban en las protestas de diciembre de 2022 a marzo de 2023.

Al igual que Renato Murillo, otros ciudadanos recibieron un impacto de bomba lacrimógena en el cerebro. Algunos sobrevivieron y otros fallecieron, como el ciudadano Víctor Santisteban, cuyo caso es el más investigado en EFICAVIP, según Mar Pérez. Fue la primera persona reportada como fallecida en Lima durante las protestas que exigen la salida de Dina Boluarte.

“Es particular porque ese mismo día hubo varias personas heridas de gravedad. Pero este caso lo han separado del resto. Yo creo que es porque quieren ofrecer resultados a la ciudadanía”, comentó Pérez

A la par, la Fiscalía de la Nación aún continúa recabando pruebas en la investigación que siguen a Dina Boluarte y a su premier Alberto Otárola; al ministro del Interior, Víctor Rojas, y al ministro de Defensa, Jorge Chávez, por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

La última diligencia que esta entidad realizó fue solicitar información clasificada para conocer cómo actuó la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas durante las protestas.

Durante su discurso por el Día de la Independencia del Perú, el pasado 28 de julio, Boluarte aseguró que cooperará con el Ministerio Público y que los casos de muertos y heridos no quedarán impunes.

En tanto, familiares de los heridos, como Rosa Reyes, esperan que la justicia llegue pronto.

“(El caso de Renato) hay que tomarlo como una experiencia milagrosa porque sobrevivió, pero definitivamente hay culpables y tiene que haber justicia porque hubo una violación de derechos humanos”, señaló.

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Por Camila Parodi * | Foto: Lizbeth Hernández

El pedido de juicio político a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue presentado meses después del peor momento de la represión de su Gobierno a las protestas masivas que reclamaban su renuncia. Los Bloques de Perú Libre, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Cambio Democrático – Juntos por el Perú, Somos Perú y congresistas independientes presentaron el proyecto de ley para que el Congreso declare “la incapacidad moral permanente” de la mandataria tal como lo establece el artículo 113 de su Constitución y denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas por su Gobierno. Necesitaban 52 votos, sin embargo, solo consiguieron 37, incluso menos de los esperados. Algunos de los bloques que habían impulsado el pedido dos semanas atrás votaron en contra o se abstuvieron, como consecuencia de lo que algunos creen fueron acuerdos con el Ejecutivo. 

Para la socióloga y ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, Anahí Durand, “la situación era predecible ya que las bancadas de derecha habían adelantado su voto en contra de la vacancia”, como se conoce al juicio político en ese país andino. En ese contexto, Durand dijo que la votación realizada en el Congreso “reconfirma la existencia de un acuerdo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo para blindarse y continuar en el actual gobierno”.

De esta manera, el mismo Congreso que destituyó al presidente electo democráticamente, Pedro Castillo, resolvió legitimar al Gobierno de Boluarte, uno de los Ejecutivos con más muertes en protestas a manos del Estado desde el año 2000. En tan sólo cuatro meses, al menos 68 personas que reclamaban su renuncia y una nueva Constitución murieron en la represión ordenada por la presidenta, que además dejó más de mil heridos. Hoy, mientras los aliados institucionales de Boluarte siguen firme, su desaprobación y la del Congreso es mayoritaria y ronda entre el 71% y el 90%, según el último estudio publicado por la compañía peruana de estudios de mercados y opinión pública CPI. 

“Sueldos millonarios para los corruptos. Balas y misiles para nuestro pueblo”, rezaba una de las canciones más entonadas durante las manifestaciones. Desde el mes de diciembre, el pueblo peruano está en las calles en estado de permanente movilización y su grito unificado contra la corrupción y la violencia política no se calla. Tiene algunos puntos en común con lo que ocurrió con los estallidos sociales de Ecuador, Colombia y Chile en los últimos años. Sin embargo, el caso de Perú es excepcional en la región: en los últimos cuatro años pasaron diez presidentes y ninguno de ellos logró garantizar estabilidad o establecer consensos sociales mínimos con el electorado.

Una destitución racista y patriarcal

Amnistía Internacional Perú está realizando un registro de las denuncias de familiares de víctimas en las diferentes regiones del país y su presidenta, Ana María González, explicó a El Destape que están preocupados porque existen “ataques generalizados y masacres contra la población indefensa”. Además, denunció que la mayoría de los disparos realizados por la Policía Nacional fueron con perdigones. “Es simple, si se dispara a corta distancia con perdigones puede ser mortal. Hemos visto casos, por ejemplo en Juliaca, Ayacucho y Apurímac en los que efectivamente por el uso de perdigón la represión ha sido más mortal”, destacó.

La violencia contra las poblaciones indígenas y campesinas de las regiones andinas es explícita y se relaciona, de manera directa, contra quienes eligieron de manera mayoritaria al presidente Pedro Castillo. Mientras que en Lima se han visto represiones brutales, en los departamentos del Sur se han cometido verdaderas masacres: “Hemos visto claramente que ha habido un sesgo racista hacia las comunidades campesinas y pueblos indígenas” opinó González. Para la presidenta de Amnistía la intención política es muy clara ya que “el 80% de las personas fallecidas son campesinos o pertenecientes a pueblos indígenas”. Para ella, si bien el racismo en Perú es histórico, “se ha hecho más latente y se ha exacerbado desde las protestas” e, incluso, desde las últimas elecciones que ganó Castillo.

Amnistía también documentó cómo la Policía Nacional reprimió a los estudiantes y docentes que se habían alojado en la Universidad de San Marcos durante las protestas. Registraron cómo abusaron sexualmente de las mujeres, que fueron insultadas, manoseadas y obligadas a desnudarse. Y no fue una excepción. En las diferentes manifestaciones que se realizan desde diciembre, la violencia sexual y el maltrato a las mujeres como hacia las disidencias ha sido otra de las características de la crisis desatada tras la destitución de Castillo. 

“Para este gobierno todos somos terroristas”

Yesenia Chumbes es la hermana de Estefany Chumbes, una de los seis dirigentes sociales de Ayacucho detenidos el pasado 12 de enero de manera arbitraria y violenta. Estefany tiene 31 años, es psicóloga social y, junto a los demás dirigentes, integra el Frente de Defensa del pueblo de Ayacucho, una organización social que nació en 1966, nuclea diversas organizaciones barriales, campesinas y sindicales del distrito; y es una de las tantas expresiones sociales o de izquierda que el establishment político califica de terrorista desde el Gobierno fujimorista.

“Ese día estaban participando de una actividad en solidaridad con los asesinados del 15 de diciembre de Ayacucho”, recordó Chumbes en diálogo con El Destape y agregó: “Hermanos nuestros que fueron masacrados y asesinados por la Policía y pretenden responsabilizar a nuestros familiares de esas muertes o sea ellos que son los representantes del pueblo, son los que están siendo procesados”. Los acusan de haber participado en coloquios académicos en los que hablaron del conflicto armado interno durante el fujimorismo y ser parte del frente. “La tesis de la Fiscalía es que el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho es una organización terrorista, cuando sabemos que en el país no existen organizaciones terroristas porque para eso tienen que existir acciones terroristas” explicó Chumbes. 

El pedido de una nueva constitución que sostienen los seis dirigentes de Ayacucho es una bandera que levantan los manifestantes desde la destitución de Castillo: “El 70 por ciento de la población es terrorista” ironizó Yesenia haciendo referencia al número de personas que, según las estadísticas, hoy pide una nueva constitución. “Entonces para este Gobierno todos somos terroristas, esa es la campaña, cualquier persona que tenga un discurso opositor es acusado y señalado como terrorista”, alertó Chumbes, ahora en representación de la Asociación de Familiares de los dirigentes detenidos de Ayacucho.

Pero, además de la motivación política, Chumbes denunció la falta de un estado de derecho. Las y los dirigentes fueron detenidos sin orden judicial por policías de civil. Sus familiares denunciaron que los golpearon y que abusaron sexualmente de las mujeres. También contaron que no tuvieron derecho a hablar con sus abogados y fueron expuestos en una conferencia de prensa como terroristas en la ciudad de Lima sin saber de qué se les acusaba. 

Ser lideresa social no es delito

Otra de las historias que evidencian esta falta de estado de derecho es la de Janet Navarro. Una docente y lideresa del pueblo Chanka de Andahuaylas, madre de tres menores y actualmente embarazada, estuvo detenida desde el 14 de febrero hasta el 31 de marzo por, supuestamente, pertenecer a una organización criminal asociada al terrorismo. En realidad, según su abogada, fue detenida por realizar una colecta para alimentar a las delegaciones que viajaban a manifestarse.

La arrestaron en las afueras del aeropuerto de esa región del Sur, mientras se encontraba en una concentración pacífica y luego de recaudar 2.000 soles (unos 112.000 pesos argentinos) para las ollas comunes. Le dictaron una detención preventiva por 30 meses. Su abogada, Janet Marín, explicó que decidió representarla tras visitar a otro defendido y ver cómo estaba siendo interrogada y forzada a hablar sin que se le hayan garantizado un abogado defensor de oficio, como le corresponde por ley.

“A través de la acusación de estos delitos se logra ordenar una detención preventiva hasta 36 meses a diferencia de los delitos comunes por los cuáles se ordena una detención preventiva hasta los 9 meses”, contó Marín. El pasado viernes 31 de marzo, la abogada apeló esta decisión ante la sala penal y, luego de 74 días de detención, consiguió que se le otorgara el arraigo familiar y laboral que había exigido desde el principio. Eso sí, Navarro sigue siendo investigada por la Justicia penal.  

* Publicado originalmente en El Destape

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Por Julio Zamarrón *

El equipo de El Salto ha entrevistado en exclusiva al presidente Pedro Castillo (Puña, 1969) en Barbadillo, el penal de máxima seguridad donde se encuentra recluido también Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

En los últimos días, el presidente Castillo fue visitado por Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Guido Croxatto, director de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de Argentina. Ambos formarán parte del equipo de defensa de Castillo. Zaffaroni y Croxatto fueron acompañados por el equipo legal del presidente, la abogada Indira Rodríguez Paredes y el abogado Wilfredo Robles.

Si bien el Instituto Nacional Penitenciario se centró en poner trabas e inconvenientes para que dicho encuentro no se llevara a cabo, la reunión finalmente pudo darse: de este encuentro han salido las notas que constituyen esta entrevista, realizada de forma oral y manuscrita entre los últimos días del mes de enero y la primera semana de febrero. Todos los aparatos de grabación, incluidos los móviles, estaban prohibidos expresamente.

Debo decir que no temo por mi vida desde ahora, temo por mi vida desde la segunda vuelta de la campaña para ser presidente

El equipo argentino que formará parte del equipo de defensa de Castillo en los foros internacionales considera que la detención preventiva de Castillo atenta contra los derechos humanos y va en contra de la jurisprudencia más reciente de la corte interamericana.

El penal de Barbadillo recibió a la delegación bajo un sol asfixiante. Los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario del Perú hicieron esperar a las visitas. La celda de Castillo carece de ventanas y de luz natural, aunque se le permite el acceso a un pequeño huerto donde está cultivando patatas y maíz. En el interior de la celda hay un pequeño hornillo para cocinar y un escritorio con algún libro. En este momento el presidente se encuentra leyendo El arte de la guerra, de Sun Tzu. Dentro, poco más que la cama y una televisión que se ha convertido en su principal relación con el exterior aparte de la que le proporciona su equipo legal.

¿Teme por su vida en este momento?

Sí, temo por mi vida en este momento. En Perú no hay ningún tipo de seguridad ni jurídica, política ni civil. Debo decir que no temo por mi vida desde ahora, temo por mi vida desde la segunda vuelta de la campaña para ser presidente. Hubo persecución política desde que estaba en campaña, la derecha se ensañó conmigo y mi familia, sobre todo con mis hijos menores y mi esposa. Nos difamaron, nos terruquearon [acusación de terrorismo a militantes de izquierdas], no nos dejaban desarrollarnos de manera personal ni tampoco en mi Gobierno. El acoso fue constante, diario y perturbador. Estas acciones incitaban al odio y racismo.

He recibido amenazas de muerte de números desconocidos. Mis hijos y esposa también. Por eso es que procuré, en todo momento, que mis hijos tengan seguridad, ya que son lo más preciado que tengo. Seguridad para mi hija pequeña, para mi hijo joven, para mi hija mayor y para mi esposa.

Hubo varias veces en las que he sufrido maltratos de personas de derecha que me increpaban ser un “terrorista”. Me han querido herir, yo diría que hasta asesinar. Por ejemplo, en Tacna sufrí una situación en la que varias personas de extrema derecha me golpearon con pernos y fierros [piezas de metal], fui herido pero no denuncié. Ese es uno de los recuerdos más vivos que tengo de la campaña de la segunda vuelta.

También he recibido amenazas públicamente, por ejemplo, de Rafael López Aliaga [empresario de extrema derecha y alcalde de Lima], quien pedía que me mataran abiertamente. Él decía en su mitin: “Muerte a Castillo”.

¿Se ha podido comunicar con su esposa y sus hijos? ¿Sabe cómo están ellos?
No, no me he podido comunicar con mi familia. Sé poco de cómo están y espero que se encuentren bien. No tengo acceso a comunicación, tampoco a derecho de videollamada con ellos. Se encuentran refugiados en México. Quisiera hablar con ellos.

Sí, temo por la vida de ellos porque cuando estaban en Perú también sufrieron episodios de racismo. Por ejemplo, en el caso de mis hijos, ellos nunca se acostumbraron a vivir en Palacio de Gobierno porque era mudarse a una Lima de la que no eran parte y no se sentían parte.

En el caso de mi hijo, le han negado el acceso a los colegios porque se enteraron de que era mi hijo. Eran colegios que elegí por seguridad. No me permitieron hacerlo. Mi hijo cumple 18 años el día miércoles 8 de febrero y me duele no estar con él en estos momentos.

En el caso de mi hija menor, sufrió acoso después de la fiesta de cumpleaños que le organizamos su mamá y yo. Como a toda niña a esa edad, le hicimos una fiesta para que se sintiera feliz. Esa fiesta salió en medios de comunicación y fue acosada después en su colegio y también al salir del colegio. Cuando iba a pasear, aún con la seguridad, le gritaban: “Eres hija del burro”, y ella lloraba y se sentía mal. Atacaron a mis hijos menores para atacarme a mí.

Jamás intenté subvertir la institucionalidad peruana. Yo quería acercarme al pueblo. Fue un día de hacer eco para los “nadies”

En el caso de Yenifer, a quien considero mi hija, es la mayor y es muy valiente [Yenifer Paredes, cuñada de Castillo, está acusada de presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal]. Está afrontando esta situación como la mujer fuerte que es. Ella estuvo presa también injustamente, es una víctima de todo el maltrato a toda mi familia. Ahora también le están abriendo carpetas [causas] fiscales sin sustento, ha perdido la libertad y yo solo quiero que sea una joven normal que pueda tener una vida libre de ataques, quiero que sea feliz.

En el caso de mi esposa Lilia, es a quien le agradezco la resistencia en todo este tiempo porque no ha sido fácil para ella. Muchas veces quiso irse a Chota [ciudad del departamento de Cajamarca de donde procede Castillo] con mis hijos porque no aguantaba los ataques de toda esta región. Se burlaban de su vestimenta, de nuestras raíces andinas, de la forma en la que hablábamos, había discriminación racial. En todo momento recibió ataques a su persona.

Sobre mis papás, ellos están sufriendo porque mi madre no sabe que estoy preso. A ella le han mentido diciéndole que estoy en otra región y que ya volveré a Chota. Es la única forma para que no afecte su salud porque son adultos mayores. Sobre mi padre, él sí sabe que estoy preso, pero aún no ha podido visitarme. Los extraño mucho y quisiera verlos pronto, pero sé que si vienen recibirán ataques de la prensa.

¿Qué ocurrió el 7 de diciembre? ¿Se trató de un intento de subvertir la institucionalidad peruana? Si no fue así, ¿qué pretendió hacer como presidente de Perú ese día?
Es complicado y complejo de explicar. No se puede explicar solamente de manera política. Jamás intenté subvertir la institucionalidad peruana. Yo quería acercarme al pueblo. Fue un día de hacer eco para los “nadies”. Tomé la bandera de la Asamblea Popular Constituyente y di mi discurso recordando y siendo fiel a los pueblos que votaron por mí, que confiaron en mí.

Fue una reivindicación de mi parte. Quise hacer entender a la clase política que el poder popular es la máxima expresión de las sociedades. No quise obedecer a los grupos de poder económicos sociales. Quise poner al pueblo por encima de todo.

Se dijo mucho: yo no me estaba escapando como lo ha dicho la prensa, iba a dejar a mi familia a la embajada de México, todo fue muy rápido. Fue mi decisión. De nadie más. Estaba nervioso, pero lo hice. Después del mensaje a la Nación, Aníbal Torres [expresidente del Consejo de Ministros del Perú, en ese momento, asesor de Castillo] estaba muy confundido, tenía un rostro desencajado, porque no comprendió por qué hice lo que hice. También todos los ministros que se encontraban ahí, que llegaron cuando ya estaba leyendo el mensaje.

Después del mensaje, lo primero que pensé es en mi familia. Yo fui a dejarlos a la embajada de México, en ningún momento quería fugarme. Yo iba a regresar. Quería poner a salvo a mi familia. Tomamos el carro “Cofre” de Palacio y estábamos en el camino cuando la misma policía nos detiene. Una situación sumamente ilegal porque yo seguía siendo el presidente. Mi hija pequeña empezó a llorar ya que ella estaba sentada en mis piernas, yo la abrazaba y la calmaba para que no llorase.

Cabe señalar que la fiscal en ningún momento estuvo en mi detención y no hubo un proceso legal como peruano con derechos y menos como presidente porque seguía siendo presidente y sigo siendo presidente

La policía llegó con metralletas y paró el carro. Eran muchos policías y hay pruebas que han salido en medios de comunicación. Fue muy traumático y violento para mis hijos. Es cuando yo pedí a los oficiales que no amedrentasen a mi familia, que iba a bajar y que no era necesaria la violencia. Así fue, salí del carro, Aníbal Torres también y valientemente asumió mi defensa. Yo me sentía muy confundido, ya no pensaba como presidente, yo solo pensaba como padre de familia. Aníbal Torres en todo momento mostró firmeza y me supo guiar. Le agradezco mucho por eso. Luego recuerdo momentos en partes, se me subió el azúcar. Yo tengo un problema en el oído, uso un aparato para poder escuchar, no escuchaba las indicaciones que me decían, hubo un momento en el que solo escuchaba silencio. Fue muy confuso, no me sentía en mí mismo. Solo pensaba en mi familia.

Cabe señalar que la fiscal en ningún momento estuvo en mi detención y no hubo un proceso legal como peruano con derechos y menos como presidente porque seguía siendo presidente y sigo siendo presidente. Toda esta actitud violenta fue responsabilidad de [Harvey] Colchado. Me llevaron a Diroes [División Nacional de Operaciones Especiales] al siguiente día y ahí es cuando llega la Fiscal.

¿Qué opina de quienes consideren que lo suyo fue un “autogolpe”’?
Que es un discurso que ha creado la derecha. Desconocen la realidad de las cosas, son tan ignorantes que se crean sus propias historias y ellos mismos repiten y repiten sin realizar un correcto trabajo de periodismo de investigación. La prensa tradicional en Perú es una vergüenza. Han intentado destruir a mi familia, están destruyendo a muchas otras personas opositoras a este Gobierno de facto. Los responsables de la prensa me parecen los verdaderos ignorantes y son ellos quienes dicen que ha sido un autogolpe, no el pueblo.

¿Es usted víctima de un complot? ¿Quiénes han organizado ese complot?
Sí, soy víctima de un complot. Lo ha organizado principalmente la derecha peruana que sirve a intereses de la derecha internacional, los grupos neoliberales e imperialistas. Tienen y han usado toda su maquinaria de poder económico y político. Entre esto, se encuentra la prensa peruana que responde también a estos intereses.

Soy el primer presidente rural, maestro y campesino. No me querían en el Gobierno nunca y fui elegido por el pueblo en elección popular, mi elección fue democrática. Nunca me lo perdonaron

Las personas de a pie que entramos en política para cambiar las cosas hemos chocado contra sus intereses desde el primer momento. Esto es un hecho. Soy el primer presidente rural, maestro y campesino. No me querían en el Gobierno nunca y fui elegido por el pueblo en elección popular, mi elección fue democrática. Nunca me lo perdonaron.

¿Desde cuándo sintió que la derecha peruana quería verlo fuera?
Se me quiso destruir desde inicios de la segunda vuelta de las elecciones peruanas. Todo el tiempo, todos los días, sufría ataques a mi honor e imagen como candidato. Por ello, yo nunca les quise dar entrevistas a la prensa tradicional. A quienes les daba entrevistas es al periodismo real de las regiones y a la prensa alternativa, quienes sí realizaban preguntas reales con contenido y no solamente para ocupar su tiempo en insultos y bajezas de ese tipo.

Todo el poder económico y político creó la narrativa de un fraude electoral mintiendo al pueblo. Contrataron estudios de abogados que responden a intereses de la derecha para pedir nulidad de los votos de mis hermanos del sur y el pueblo peleó por sus votos, haciendo marchas, vigilias y plantones afuera del Jurado Nacional de Elecciones en mi país.

Logramos todos que se respete el poder popular. Sin embargo, nunca me dejaron gobernar y siempre intentaban destruir mi Gobierno.

Ellos siempre tuvieron miedo que tomásemos el poder porque sabían que podían perder sus privilegios. Se puede tener dinero, a los medios de comunicación, pero no tienen y no tendrán nunca el corazón del pueblo.

¿Cuál es el papel de la oligarquía extractivista, neoliberal y capitalista?
Ellos han jugado un papel golpista por temor a que les revisemos sus contratos. Yo estaba a punto de revisar todos los contratos de las empresas mineras extractivistas, neoliberales y capitalistas. Todos ellos han jugado un papel golpista. Hay varios ejemplos.

El presupuesto que antes todos los gobiernos usaban para pagarle a la prensa, en mi gobierno lo usamos para poder destinarlo a educación. Fui firme con ello y lo cumplimos. Por eso la prensa me atacó y lo sigue haciendo.

La prensa tiene grandes deudas a la SUNAT [Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria]. No pagan sus intereses y así lo pueden revisar en las plataformas: Panamericana, América TV, Latina TV, ATV y Willax, que es el canal con más delitos por difamación que se tiene en este país. Son un canal “pirata”.

Todo el problema tiene que ver con el litio. El imperialismo quiere el litio y mi Gobierno quería darle el litio al pueblo

Sobre los cobros, logré cobrarle a los aduaneros, petroleros y marítimos. Sobre la renovación de contratos, tenía que asegurarme que haya parámetros mínimos. Hay muchos contratos que no he podido renegociar porque la Constitución no me lo permite, porque son contratos-ley que los anteriores gobiernos realizaron, como el de Francisco Sagasti, del Partido Morado, que renovó el contrato de Perú Rail cuando los cusqueños no querían renegociar. Perú Rail es de la propiedad de Rafael López Aliaga. Yo y mi gobierno queríamos devolverle el contrato a los cusqueños haciendo una asociación.

En Puno, mi Gobierno y yo queríamos rescatar el Gas de Camisea y el litio de la región. Todo el problema tiene que ver con el litio. El imperialismo quiere el litio y mi Gobierno quería darle el litio al pueblo.

Asimismo, quería renegociar los contratos para que podamos darle oportunidad a las empresas nacionales y no transnacionales. También queríamos destinar más presupuesto de fertilizantes a todas las regiones ganaderas y agrarias, tampoco nos dejaron. Muchos ejemplos.

El 70% del lago Titicaca es de una empresa, así como los aeropuertos, carreteras, peajes. Todo es de empresas transnacionales. Lo han secuestrado y todo lo han sujetado a una Constitución y a decretos-ley que han dado legalidad a ese secuestro de nuestros territorio, de nuestras tierras y de nuestras vías públicas.

Mi Gobierno realizó más de 76 proyectos de ley para reivindicar al país y ninguno fue aprobado por el Congreso. Tal es así que la propuesta de mi Gobierno de instaurar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación no la aprobaron. Se quería impulsar una línea aérea de bandera nacional, la creación y presupuesto de tres aeropuertos y pusieron muchas trabas para ello. Nunca me dejaron gobernar.

Cambiar la Constitución es el sentir del pueblo, salir del legado fujimorista. Me reafirmo en que necesitamos una Asamblea Popular Constituyente

¿Hasta qué punto su posición sobre las concesiones a empresas mineras y petroleras han influido en los acontecimientos? ¿Han jugado algún papel las multinacionales europeas, concretamente españolas en el hostigamiento hacia su mandato?
Sobre las multinacionales, sobre todo en Europa, se me viene a la mente los cancilleres y embajadores. Es un espacio de vacas sagradas. Las embajadas son un mundo de élite diferente al pueblo. Mi Gobierno quería impulsar el cambio de requisitos para acceder a la diplomacia peruana, pero no lo permitieron. Hay mucho elitismo y poder en este espacio. Son pocos los embajadores que realmente tienen un sentido de protección al pueblo peruano. A ellos mi profundo respeto y admiración. Sin embargo, las embajadas también se han coludido con las transnacionales y en Europa aún más.De las empresas transnacionales que más contaminan son las empresas chinas y también son las que más deben y explotan.

¿Quién es, a la luz de los acontecimientos, Dina Boluarte? ¿Cómo fue su relación con ella antes del 7 de diciembre?
A Dina Boluarte la conocí porque el Perú Libre la propone como vicepresidenta. La conocí de manera virtual. Ella no hizo campaña en la primera vuelta, la conozco presencialmente recién en la segunda vuelta. Todos me decían que no tenía personas que la apoyaban, pero que ella era impositiva y [Vladimir] Cerrón la eligió. Yo no sabía la clase de persona que era, en el transcurso es cuando me di cuenta la maldad de esta mujer.

Ellos me garantizaron que era demócrata, pero era pura apariencia. Después, se le notaron realmente los intereses. Era y es calculadora, ambiciosa. No tenía bases como lo vuelvo a repetir, nadie la conocía, ni en su región la querían porque después me enteré que era una mujer sumamente racista y clasista. Ella se colgó de la lucha. Yo la hice conocida, porque yo sí llegaba a las bases del pueblo. Se aferró a ser ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, nunca quiso soltarlo. Tuvimos muchas peleas por eso. Lloraba para no ser removida del cargo, decía que tenía familia y nos manipulaba con eso. Siempre logró que no la removiéramos.

El racismo histórico que ha vivido y sigue viviendo el Perú, así como el clasismo y la desigualdad social y económica es la razón por la que hoy se vive una masacre

¿Cuál es la relación de Boluarte actual con el fujimorismo y la oligarquía peruana? ¿Se han aliado?
Ella trabaja con el Fujimorismo, todos ellos organizaron el complot. Ella tiene el apoyo y lo sé muy bien. Todo estaba preparado con la policía y las fuerzas armadas. Ella, la Fiscalía, la derecha peruana, sobre todo el Fujimorismo. Sé ahora que ella tenía acercamiento con la derecha peruana desde antes del 7 de diciembre del 2022. Ella tenía y tiene amistad con la derecha. Se han aliado, conversado y eso fue desde antes, según sé ahora. Ella contrató a personas del Fujimorismo en el Ministerio, nunca le dio la oportunidad a quienes son del pueblo y las regiones. Y ahora ha quedado expuesta, ha llamado a toda la derecha más violadora de derechos humanos a un gabinete. La lista es conocida. Ella solo aparentó ser demócrata hasta que ahora ya es evidente su verdadera personalidad: dictadora.

¿Es el momento de reformar la Constitución fujimorista de 1993?
Es el momento constituyente. No vamos a buscarlo, la historia nos busca. Cambiar la constitución es el sentir del pueblo, salir del legado fujimorista. Me reafirmo en que necesitamos una Asamblea Popular Constituyente.

¿Qué opina de la decisión del Congreso de no acelerar las elecciones?
El Congreso está deslegitimado. Su accionar no está en sincronía con los pueblos. La mayoría sigue los guiones que la prensa dice en medios de comunicación. Por ejemplo, ¿por qué no hacen un pleno en una región? A ver que vayan a Ayacucho, Puno, Apurímac, Ica, Cusco, regiones con asesinados a manos de la policía y las fuerzas armadas. El pueblo les dirían lo que piensan. Que salgan de la burbuja del Congreso y vayan a conocer lo que piensa el pueblo realmente.

¿Cuál es el papel que cree que el racismo ha tenido en los acontecimientos en el estallido social en el Perú?
El racismo histórico que ha vivido y sigue viviendo el Perú, así como el clasismo y la desigualdad social y económica es la razón por la que hoy se vive una masacre y múltiples violaciones a derechos en el Perú que, estoy seguro, los abogados con firmeza y valentía llevarán a instancia internacional.

¿Cómo valora el papel de las mujeres campesinas en las protestas? ¿Cree que el poder de las dirigentas sociales tiene un peso actualmente?
La participación de las mujeres en este contexto es histórico. Sé que hay muchas mujeres autoconvocándose para poder decir lo que piensan. La lucha de las mujeres es permanente. La mujer es visionaria. La mujer es luchadora, las mujeres del campo, las mujeres de la ciudad que se solidarizan con el pueblo y el campo, todas tienen fortaleza milenaria con identidad de defender a su patria. Son tawantinsuyanas [referencia a la palabra quechua para llamar al imperio inca].

¿Cuáles son los pasos que, a su juicio, deben tomarse para que cese la violencia política contra los opositores a Boluarte?
Se debe cambiar la Constitución en el plazo que sea necesario, es el camino que el pueblo necesita y es por eso que hice ese mensaje a la Nación [en referencia a los hechos del 7 de diciembre]. Reivindiqué a los pueblos más olvidados, a los pueblos que por 500 años hemos vivido en opresión.

La derecha siempre nos va a perseguir, siempre va a querer eliminarnos. Y es algo que, estando aquí donde estoy, recluido, preso, sin familia pienso y reflexiono más. Con mi familia también perseguida lo interiorizo como presidente y como persona. También es importante decir que la violencia política va a continuar si es que sigue esta dictadura. Dina Boluarte es un juguete de la derecha, es alguien como Keiko Fujimori, que es calculadora, convenida, sin valores, que se vende al mejor postor y ahora se ha vendido a la derecha, a la derecha más rancia y más sucia. Es una mujer que irá presa por violaciones de derechos humanos y sobre todo por delitos de lesa humanidad. Irá presa y la justicia internacional hará lo suyo porque el pueblo así lo pide.

¿Ha sentido usted el apoyo de los mandatarios latinoamericanos desde el comienzo de este proceso? ¿Cree que sus protestas contra el golpe que usted ha sufrido pueden revertir la situación?
Los hermanos mandatarios de los diferentes países se han solidarizado con Perú y es importante agradecer a países democráticos como Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, México y Ecuador, así como a los pueblos de Guatemala, Cuba, Italia, Grecia, Francia, Alemania y otros diversos países. Sí creo que la solidaridad internacional puede revertir esta situación.

¿Cómo valora la cobertura que se está haciendo desde España?
Sobre España… primero agradecer al hermano Pablo Iglesias por su carta de solidaridad enviada desde Podemos como partido político, sabemos de su trayectoria. Asimismo agradecemos al periódico El Salto quienes están siendo valientes por contar mi historia en Europa. He tomado conocimiento de que a su periodista Julio L. Zamarrón lo hirió la policía, con lo que quiero mostrar mi solidaridad con todas las personas que están sufriendo estos abusos.

¿Qué mensaje querría lanzar a España, especialmente a sus compatriotas que viven en nuestro país?
A mis compatriotas de España decirles que difundan todo lo que en nuestro país está pasando. No solo las injusticias que ocurren conmigo como presidente sino las grandes violaciones de derechos humanos que está cometiendo este Gobierno de facto e ilegal. Que haya solidaridad y no indiferencia. Asimismo aprovecho a pedirle al hermano pueblo de México que pueda acoger a mi familia con gran trato humano. Me han impedido hablar con ellos, no tengo ningún tipo de comunicación, con ellos no me permiten ni una llamada virtual, absolutamente nada. Ellos, mis hijos, Yenifer, mis hijos menores y Lilia, mi esposa, han sufrido la persecución y hostigamiento de todo el poder de la prensa y la derecha peruana.

¿Cómo ha sido la reacción de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos y la Unión Europea ante su caso? Asimismo, ¿cómo ve la participación de dichos organismos ante la violación de derechos humanos sistemática en el Perú?
Estados Unidos hace fuerza en pared con la Unión Europea para oprimir a nuestros países, los pueblos, las comunidades. Por eso es que me quieren preso y por eso es que el poder incrustado en esos espacios hacen silencio ante la violación sistemática de los derechos humanos en Perú: asesinatos, detenciones, heridos y persecución política a líderes y dirigentes como en mi caso y de tantos otros.

A mí me han llamado terrorista desde la segunda vuelta. Siendo presidente nos han insultado y maltratado, nos decían terroristas en la prensa

Como expresidente del Perú… ¿Qué salida ve a esta situación actual de estallido social en su país?
Considero que sigo siendo presidente del Perú, como peruano no reconozco a este Gobierno genocida como representante del Perú. Hablo no solo como presidente, hablo como peruano, este gobierno dictador no nos representa.

¿Cree que volverá a ser presidente de Perú algún día?
Me sigo considerando presidente legítimo elegido por voluntad de los peruanos.

¿Qué opina del uso desmedido de la fuerza de los agentes estatales? ¿Cree que Perú es hoy una dictadura?
El uso desmedido de la fuerza… eso no es lo que está ocurriendo nada más. Es masacre. Están matando a mis compatriotas. Hermanos con quien recorrí el Perú, Arequipa, Cusco, Ayacucho. Sí, creo que el Perú vive terrorismo de Estado por este gobierno y sí es una dictadura.

¿Qué opina sobre las detenciones arbitrarias masivas que está ocurriendo en el Perú?
Las detenciones arbitrarias son una muestra de la dictadura de Dina Boluarte. Ella tiene las manos manchadas de sangre y también de personas presas políticas. Hermanos y hermanas dirigentes, justamente de las regiones más golpeadas, hoy tienen a sus líderes perseguidos o presos, como es el caso de Ayacucho. Este gobierno de facto ha herido a ayacuchanos, ha encarcelado a ayacuchanos y ha asesinado a ayacuchanos. Por eso pido la solidaridad con esta región golpeada.

¿Cómo valora las acusaciones de terrorismo que promueve el Gobierno de Boluarte?
El terrorismo es un psicosocial y una mentira que utiliza este Gobierno para callarnos a los opositores. A mí me han llamado terrorista desde la segunda vuelta. Siendo presidente nos han insultado y maltratado, nos decían terroristas en la prensa y ahora me encarcelan por un delito de rebelión que no he cometido.

¿Cómo explicaría, para una comunidad europea, el término “terruqueo”?
El terruqueo es toda acción que llame terrorista a quien critica al sistema y eso viene de la derecha peruana de grupos de poder: prensa, policía o fiscalía. Empieza con insultos y puede terminar con procesos por terrorismo a personas inocentes como es mi caso y todos los casos de dirigentes. Me ven como un monstruo, eso es lo que la prensa internacional ha construido como relato. Yo soy el presidente elegido por todos los peruanos por votación popular. No soy terrorista y no he cometido el delito de rebelión ni conspiración de los que se me acusa, nunca he tocado un arma en mi vida.

¿Qué opina de las personas que están siendo encarceladas por pedir una nueva Constitución?
Yo me encuentro encarcelado en este penal, incomunicado, persiguen a mi familia, a mis abogados, a todos. Estoy aquí por lo que creo, dije a nivel nacional en el mensaje a la Nación que es necesaria una Asamblea Popular Constituyente para tener una Nueva Constitución y no renuncio a este sueño y admiro la valentía de todos mis compatriotas y hermanos encarcelados y asesinados por pedir lo mismo. Son los héroes del país y muestro mi solidaridad con las familias deudas.“En el Perú no existe Estado de derecho”¿Cuál es actualmente su estatus?
Me encuentro encarcelado por 18 meses de prisión preventiva injustamente por un delito de rebelión que no he cometido. El Ministerio Público y el Poder Judicial del Perú me tienen tras las rejas.Me han abierto muchos procesos que no tienen razón de ser. Todas las carpetas [causas] fiscales y expedientes responden a la aplicación del sistema judicial de manera errónea e ilegal, utilizan el aparato judicial para criminalizar personas que queremos cambiar el Perú y somos consideradas enemigas de los aparatos de poder.Tengo más de 60 carpetas por un mismo hecho que, según la Fiscalía, es corrupción. Todos por un solo hecho, lo cual es ilegal. Me seguirán abriendo carpetas. Sin embargo, yo no estoy encarcelado por eso, yo estoy encarcelado por el proceso penal que la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú me han imputado de rebelión y conspiración. Dicen que me he levantado en armas cuando es mentira. Yo nunca he tocado un arma y jamás lo haré. No he cometido ningún delito.Esto ocurre en otros tantos países, con colegas exmandatarios, como Cristina Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y más.

¿En qué basa su defensa?
Desde el inicio, he sufrido la violación de mis derechos a un debido proceso. Mis abogadas y abogados se encuentran peleando por mi libertad y por un juicio justo.Quiero agradecer a mi equipo legal, que se ha consolidado poco a poco, abogados y abogadas nacionales e internacionales con prestigio: el equipo legal principal se encuentra conformado por la Red Nacional de Derechos Humanos a cargo del abogado venezonano Asdrubal Gonzales. También me asisten el abogado peruano Wilfredo Robles y recientemente los abogados penalistas y de derechos humanos Indira Rodríguez, Eugenio Zaffaroni y Guido Croxatto. Todos ellos especialistas comprometidos con los derechos humanos, con experiencia en la defensa de casos penales que tengan vulneración de derechos. Han defendido casos complejos y por eso es que los he convocado y elegido. Tienen mucho profesionalismo y también firmeza en que lo que está ocurriendo en el Perú es más grave de lo que se conoce. En el Perú ya no existe Estado de Derecho. Todos mis derechos fueron violados.

También me acompañan los abogados Nicolás Bustamante, Eduardo Pachas, Sifuentes y Walter Ayala en la defensa de las carpetas fiscales sobre las falsas acusaciones de corrupción. Agradezco que hayan presentado habeas corpus en defensa de mi libertad, la tutela de derechos y también nulidad sobre mi vacancia [destitución]. Cada uno de ellos, desde las áreas constitucional y penal, están a cargo de mi defensa y libertad. Todos mis abogados en coordinación para la defensa de mis derechos. Mucho se ha dicho de manera tendenciosa sobre mis abogados, sobre la cantidad de abogados que hay, sobre que son muchos. Es verdad, resulta evidente que, al tener tantas violaciones de mis derechos, necesito un equipo jurídico valiente para mi defensa y mi libertad. Ellos están sufriendo persecución y difamación, están siendo acosados por la prensa tradicional que responde a la derecha peruana.

El juez César San Martín fue el juez que encarceló a Alberto Fujimori, el más grande dictador de los últimos años, culpable de crímenes de lesa humanidad. Fue admirado por ello. Hoy, este juez pierde toda credibilidad e independencia ya que me está juzgando como un criminal y no está a la altura del juez justo que debiera ser. Soy el presidente del Perú y se me está encarcelando por un delito de rebelión que no he cometido.

* Publicada originalmente en El Salto

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Por Maru Waldhüter | Foto: Ximena Astudillo

Se cumplieron 60 días de Dina Boluarte al frente del Gobierno en Perú luego de la destitución del presidente Pedro Castillo. Desde entonces se contabilizan más personas muertas que días de gobierno. Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú la represión “ha sido de una brutalidad sin precedentes en la historia de la democracia”. En las diferentes regiones y en Lima crecen las movilizaciones, los pueblos están en las calles exigiendo la renuncia de Dina Boluarte, la disolución del Congreso, y una nueva Constitución.

En su paso por Buenos Aires, invitada por la Fundación Rosa Luxemburgo, la socióloga y ministra de Mujeres y Pueblos Vulnerables del Perú durante la primera etapa del gobierno de Pedro Castillo, Anahí Durand, reflexionó sobre esta histórica crisis de régimen político e institucional que se agudiza a medida que pasan los días. Además, destacó el rol de las mujeres en el estallido popular y la necesidad de un proceso constituyente que ponga fin a la Constitución de la dictadura para abrir un nuevo momento en la sociedad peruana.

El Congreso no define una nueva fecha para las elecciones, Dina Boluarte no manifiesta ninguna intención de renunciar y las manifestaciones continúan ¿Cómo leer este escenario? ¿Son maniobras más para ponerse a tiro con la carrera electoral que para responder las demandas de la gente en la calle?

Sí, exactamente son los tres elementos que no varían, la gente sigue en la calle, no está dispuesta a irse a su casa. Hubo paro regional en Cusco, también en Huancayo, hubo una primera coordinación entre todas las delegaciones regionales aquí en Lima y el único acuerdo fue continuar la movilización y no parar hasta que Dina Boluarte se vaya. Se suman cada vez más regiones y distritos. La decisión de la gente está, no se van a ir a su casa hasta que no logren, por lo menos, uno de los objetivos y especialmente el primero que es la renuncia Dina Boluarte.

Pero la presidenta no quiere renunciar…

Ahí hay un cuello de botella porque dijo que la renuncia no estaba en su agenda y el Congreso se ha reunido y no ha llegado a ningún acuerdo, es obvio que no se quieren ir, ellos están dilatando lo más posible la fecha de las elecciones. El proyecto inicial que presentó el fujimorismo era para tener elecciones el 30 de diciembre del 2023 para que las nuevas autoridades asuman el 1º de mayo, ¡es un nivel de burla! Hace unos días la presidenta del Consejo de Ministros envió un proyecto al Ejecutivo, que es la última carta que queda, para adelantar las elecciones al 14 de octubre de este año y que las nuevas autoridades asuman el primero de enero. Tiendo a pensar que este proyecto va a tener que aprobarse y vamos a ver si eso calma la movilización. Se está generando un ambiente de mucha confrontación, ni siquiera polarizado, porque es es una mayoría la que está en la calle, pero sí un ambiente muy tenso de protesta y también de llamados a la violencia, porque claramente el Estado no gobierna, no se abastece, no tiene capacidad de generar un mínimo consenso.

¿Por qué pensás que Boluarte no renuncia?

Aunque gane tiempo va a tener que irse en algún momento y yo creo que su destino será enfrentar varios procesos judiciales. Supongo que ese cálculo también pesa en ella, pero creo que igual está aferrada al poder, se jugó bastante por estar ahí y no se quiere ir, está jugando con ganar tiempo para las elecciones y creo que su cálculo inmediato es irse a fin de año pero eso no va a pasar. Ella está personificando la muerte, la traición, la usurpación, todo eso que el pueblo en todos sus valores detesta porque son como las últimas cositas que te quedan si no tienes grandes privilegios. Por otra parte, lo único que la sostiene ahorita es el Parlamento porque si quisieran le meterían una moción de vacancia como hicieron con Pedro Castillo que le pusieron 3 impeachment en 15 meses, uno cada cuatro meses, y a esta señora ninguno. Yo creo que eso va a jugar de forma clave, además de la movilización popular y la comunidad internacional que también está jugando un rol importante.

¿ Aún así te parece que podría sostenerse en el poder como lo hizo Sebastián Piñera en Chile hasta el final de su mandato?

Podría, incluso con aislamiento internacional y movilización hacerla larga como lo hizo Piñera, pero aquí no tenemos la institucionalidad que tiene Chile y el Congreso en el momento en que la cosa se ponga electoral, y ella sea una carga muy pesada, le van a bajar el dedo, porque ella no tiene ninguna lealtad en el Congreso, no tiene cómo sostenerse y ahora que somos un régimen casi parlamentarista esto es clave.

Las feministas comunitarias antipatriarcales caracterizaron el golpe en Bolivia como un golpe racista y patriarcal. ¿Se podría hacer una lectura en la misma clave de lo que sucede en Perú?

Aunque yo creo que quizá aquí no se enuncie de esa manera porque Perú es un país muy conservador, efectivamente es un golpe racista y patriarcal que, además, entra en contradicción con quién es la cara de este golpe, que es Dina Boluarte que cada vez que puede recuerda que no la dejan gobernar por ser mujer. En su discurso habló del machismo en la sociedad y que los machirulos de la izquierda no la dejan gobernar. Es una burla y ella lo sabe perfectamente, o sea, ella sabe que está usando este discurso para generar alguna solidaridad y que a estas alturas ya no tienen ninguna, pero sí, el machismo que ha desatado y todo lo que representa. La violencia de la fuerza policial contra las mujeres, todos los días salen vídeos de policías golpeando a mujeres, lo que vimos en la Universidad de San Marcos, que no ha llegado a ser público porque creo que las mismas estudiantes están viendo cómo lo denuncian, pero hubo denuncias de tocamientos indebidos, revisiones en partes íntimas, cosas absolutamente innecesarias que la policía hizo cuando intervino San Marcos.

Las mujeres están en las calles, en los bloqueos ¿Cómo identificas su rol y organización en el estallido?

Creo que esta violencia patriarcal que trae el golpe está expuesta y la resistencia también tiene este componente feminista comunitario que planteasque es muy interesante porque además, trasciende claramente los feminismos que habíamos estado acostumbradas a ver aquí, por lo menos en Perú, como los más legitimados, los más públicos. Me tocó a mí cuando fui ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tienes a todo este grupo de ONGs de la sociedad civil en el caso peruano que llevaron mucho la agenda feminista, siempre fueron casi las legítimas portavoces con agenda de gabinete paritario, equidad, alternancia, todo este paquete institucional, incluso hasta sacaron un pronunciamiento saludando a Dina Boluarte por ser la primera presidenta mujer y por tener el primer gabinete paritario y a los tres días ya había muertos en las calles.

¿Se politizó un sector social inesperado para la elite peruana?

Es la irrupción en escena de este otro protagonismo de mujeres del pueblo que están organizando toda la resistencia. En general las mujeres han sido muy protagonistas en toda esta organización de la logística y en poner el cuerpo. Lo ves en el caso de los pueblos andinos sobre todo en la Carretera Central y en el sur donde son ellas las que están ahorita en las carreteras centrales y son pueblos Quechuas y Aymaras, ahí son las mujeres sobre todo las que están adelante. Están recolectando fondos, alimentos para la gente que está movilizada, para la que viene a Lima, pero también están ahí de igual a igual y eso me parece que es importante resaltar, esta presencia protagónica de dirigentas mujeres que, ojalá también se fuera conectando con esta otra parte feminista de reivindicación de derechos políticos, de derechos sexuales y reproductivos, pero me parece ya que es un gran paso para una sociedad tan machista, conservadora y racista que sean ellas las que estén dando el impulso.

Otra de las grandes demandas es por un proceso constituyente que ponga fin a la Constitución de la dictadura. Como parte de la iniciativa de Mujeres por una Nueva Constitución ¿qué debiera decir una nueva Constitución?

Es el tema que está en el ambiente y es bien interesante porque los grupos, colectivos un poco más politizados como Mujeres por la Constitución, que ya tiene casi un año, tratamos de poner el tema y veíamos una barrera pero el tema estaba ahí, de hecho, Pedro Castillo gana con esa bandera. Qué quisiéramos de una nueva Constitución es lo que se está discutiendo hoy en las asambleas. Estuvimos hace poquito en Andahuaylas y la gente se reunía a discutir sobre una nueva Constitución, los maestros discutieron qué querían para la educación, se discutió el manejo de los recursos. Ya es un momento Constituyente en el cual la gente se va apropiando de este tema casi como una salida de última ratio a una crisis tan profunda. Me parece fundamental porque lo están viendo en esos términos democráticos, nuestra salida es una Constitución que nos incluya, eso es lo principal en el caso peruano, y que nosotras también reivindicamos desde la colectiva. Una constitución por primera vez escrita por todos los pueblos y los habitantes del Perú. De las 12 constituciones nunca hubo un representante de pueblos indígenas, las mujeres mismas siempre estuvimos invisibilizadas. Después de 200 años queremos ser parte de este proceso y por eso tiene que ser una Asamblea Constituyente donde se pueda elegir representantes. Perú tiene un 35% de población indígena y tiene regiones como el sur andino donde el 80% tiene como lengua materna el quechua o el aymara, los datos están el censo del 2017 es bien contundente y lo estamos viendo ahora en vivo y en directo. Creo que un primer punto tiene que ser una Constitución que reconozca esta diversidad de la nación peruana sin romper el marco nacional.

Al explicar la situación actual de Perú dijiste que al igual que en Chile el modelo neoliberal se constitucionalizó, en el caso peruano en el 93’. ¿Cambiar la Constitución implica cambiar el rol del Estado?

Se tiene que replantear el rol del Estado. Esta es una Constitución en la cual el Estado tiene solamente un rol subsidiario, dejamos de ser un Estado garante de derechos para hacer un Estado subsidiario que es simplemente, y lo dice la Constitución, promotor de la inversión privada para que los ciudadanos tengan acceso a servicios, o sea, el Estado se desentiende y lo vimos en la pandemia por eso en el 2021 fue tan fuerte esta demanda de cambio de Constitución, porque el Estado no garantizó la salud. Si revisas la Constitución, y la gente lo está haciendo, no dice en ninguna parte que se garantiza el derecho a la salud, o a la educación, dice que brinda las condiciones para que se acceda a servicios, entonces el que tiene plata tiene acceso a mejor servicio. Otro tema clave que ahorita está en la agenda es el tema de los recursos naturales porque también en esta Constitución absolutamente neoliberal, casi calcada de la chilena, los recursos están completamente en manos de privados, el Estado no tiene ninguna capacidad de intervención, incluso en recursos estratégicos como el litio que en este momento es clave y por eso también la virulencia con la que ha salido el tema en Puno donde están los yacimientos de litio y no es gratuito que ahí también haya ahorita una militarización después de las masacres que hubo en enero. Estas zonas donde están los principales centros de recursos mineros y petroleros son de las más pobres. Y podríamos seguir con temas como la igualdad, las mujeres, algo mucho más contemporáneo como el derecho al cuidado, pero lo que sí creo que es fundamental, no es solamente la Constitución que se logre aprobar, sino todo este proceso de deliberación que creo que es lo que siempre ha estado ausente y lo que odian las clases dominantes en el Perú, ellos no quieren que la sociedad discuta y se politice. Hay una visión de que se necesita un cambio integral y que este cambio integral ya no lo van a hacer los poderes constituidos. Todo el proceso de discusión va a ser algo muy positivo, si se logra, yo creo que se va a lograr, no necesariamente ahora pero tarde o temprano se va a tener que lograr.

* Publicada originalmente en el Suplemente “Las Doce”, Página 12.

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Por María Eugenia Waldhüter

Foto: Aldari Mejía

Desde el 7 de diciembre pasado los pueblos están en las calles de Perú. Desconocen la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte, quien en acuerdo con el Congreso dejó la vicepresidencia de la Nación y sucedió al presidente Pedro Castillo luego de ser destituido por el parlamento. Desde entonces, Boluarte dio la orden de reprimir las manifestaciones y estableció el estado de emergencia en todo el territorio pero las masacres ocurrieron en el sur. Solo en Puno las fuerzas represivas mataron a 18 personas; las muertes siguen en Ayacucho, Juliaca, Cusco y Apurímac. 

La activista trans afro andina y candidata a diputada en las últimas elecciones por Nuevo Perú, conversó con Marcha y en un mensaje a la comunidad internacional interpeló con la pregunta que recorre Perú: “¿cuántos muertos vamos a tener que llorar?” para ponerle fin a esta masacre y llegar a una salida democrática. 

¿Cómo describirías la situación que está viviendo Perú desde que asumió Dina Boluarte la presidencia?

La situación de Perú es alarmante, todos los días amedrentan, hostigan, golpean, lastiman, balean y asesinan a quienes nos manifestamos y nos movilizamos contra este gobierno asesino. Todos los días reprimen a quienes nos enfrentamos a este Congreso y este gabinete de la masacre.

Perú no se encuentra en Estado de derecho. Actualmente nos encontramos en un Estado de la muerte, en un Estado de la represión, de la violencia, del terrorismo estatal que ya nos ha arrebatado más de 50 vidas y ha destruido más de 50 familias. ¿Cuántos muertos más vamos a tener que llorar? ¿Cuántas persecuciones más vamos a tener que ver?

Es urgente que los organismos internacionales de derechos humanos, que los partidos del mundo, que las autoridades de los distintos países, que las organizaciones y los organismos, que las instituciones internacionales tomen cartas en el asunto y acciones inmediatas. Ya no bastan con los pronunciamientos de solidaridad, necesitamos de manera inmediata y urgente establecer una enorme campaña para frenar el genocidio, la masacre y la matanza en Perú que es responsabilidad de Dina Boluarte quien desde el Ejecutivo junto al gabinete asesino encabezado por (Alberto) Otárola le ha dado órdenes a la Policía Nacional del Perú y a los militares para disparar a quienes nos manifestamos en contra de esta masacre de este gobierno asesino. 

Pero también es responsabilidad del Congreso de la República del Perú dominado por políticos corruptos al servicio de las élites de poder económico, colonial y racista; al servicio de las élites y los grupos de poder que todo el tiempo han usado al Perú para llenarse los bolsillos de dinero explotando a más del 90% de los peruanos y de las peruanas tratando con desprecio y con racismo a los marrones, a los indígenas, tratándonos con desprecio a quienes no encajamos dentro de la élite blanca limeñocentrista eurocéntrica y colonial. Por eso, las naciones del Perú, los pueblos indígenas, los cholos, los marrones somos quienes nos estamos levantando. Somos los Aimara, los Quechua que nos identificamos con ese Perú profundo, quienes estamos en las calles exigiendo el alto de la represión, exigiendo que pare esta masacre y una salida democrática.

¿Cuáles son las demandas que exigen desde las calles?

Las demandas van desde la exigencia de un gabinete diferente que pare la masacre, la renuncia de Dina (Boluarte), el cierre del Congreso y nuevas elecciones. Hay otras voces que piden libertad para Castillo y su restitución y, otras voces que piden secesión. Sin embargo, a pesar de que hay distintas consignas que terminan disputando entre sí, hay algunas que son de consenso. Hay algunos pedidos y exigencias de nuestros pueblos que son asumidos por la totalidad de quienes recorremos las calles, de quienes nos manifestamos contra esta “democracia” asesina al mando de Dina Boluarte y del Congreso. ¿Cuáles son esas consignas de consenso? Primero, el cese de la represión y alto a la masacre, no hay una sola persona en las calles que esté en contra de frenar esta masacre. Segundo, todos estamos de acuerdo en sacar del poder a Dina Boluarte, a su gabinete, al Congreso asesino responsable de toda esta masacre y de conducirnos hacia dónde estamos, pero también, de retirar de sus cargos a los generales de la Policía, de las fuerzas militares que han dado orden para disparar a nuestros hermanos y hermanas de regiones. Tercero, necesitamos un gobierno de transición que permita impulsar una salida democrática. Si no somos capaces de frenar esta masacre, de parar la represión, de sacar del poder a Dina, a la mesa directiva que conduce el Congreso esa mesa directiva corrupta, a todo este Congreso, quienes son responsables de esta masacre y no empujamos un gobierno de transición podríamos desatar una guerra civil que acabe con la vida de las personas más pobres en este país, de las personas ninguneadas, de los marrones, los cholos quienes hemos estado todo este tiempo sufriendo el desprecio, el racismo y la desigualdad de un país que se decía en crecimiento y en desarrollo cuando en las prácticas había un pequeño grupo que tenía demasiada comida sobre su mesa mientras el resto del país no teníamos ni mesa, ni alimentos, ni vivienda, ni agua potable, ni servicios de salud, ni acceso a la educación. Esa es una realidad que hoy moviliza a miles de personas en el país y no puede ser obviado porque las reivindicaciones en Perú exigen como consignas de consenso y centrales, el alto a la represión y sacar del poder es responsables de esta masacre, pero además exige un gobierno de transición que le permita encontrar justicia a cada una de las familias a quienes le han asesinado a sus hijos, hermanos, esposos, tías, sobrinas durante esta masacre. 

Son más de 50 personas asesinadas, son más de mil personas heridas que están en los hospitales luchando por su vida, son más de mil detenidos a lo largo y ancho del país, son cientos de dirigentes perseguidos, criminalizados y hostigados por este gobierno. Por eso, es necesario abrir un proceso de transición a través de un gobierno que permita encauzar una salida democrática y ese gobierno ese momento de transición esa salida democrática tiene que estar en manos de una persona diferente a la mesa directiva actual del Congreso que es responsable de esta masacre. Ellos no pueden dirigir ese momento de transición ese gobierno de transición, tampoco lo puede hacer la señora Dina Boluarte, quien en lugar de apelar al diálogo prefirió usar las balas, el “terruqueo” a quienes se movilizan por una salida democrática y en contra de su gobierno de la muerte.

Hasta el momento Boluarte parece no ceder a la exigencia de renuncia. ¿Cómo pensás que se pueden llevar adelante estas demandas? 

Creo que aquí es sumamente necesario poder encauzar con más fuerza las movilizaciones con un carácter pacífico deslindando de todo acto que atente contra las manifestaciones pacíficas, vigilando que no se infiltren policías vestidos de civil con la finalidad de realizar actos que desprestigien las manifestaciones pacíficas y legítimas. Tenemos que intensificar la lucha y las manifestaciones pacíficas. Segundo, tenemos que lograr construir espacios representativos de diálogo y creo que en eso se ha avanzado bastante durante los últimos días. Tercero, la clase política tradicional instalada en el Congreso de la República a través de partidos corruptos que dominan la Mesa Directiva del Congreso como también la clase política tradicional instalada en el Ejecutivo, en la Fiscalía y en distintas instituciones del Estado debe dar un paso al costado y salir porque su complicidad con el gobierno asesino de Dina Boluarte ya que tienen responsabilidad en cada uno de los asesinatos en esta masacre. Cuarto, los medios de comunicación internacionales, los organismos internacionales de derechos humanos, las organizaciones indígenas a nivel internacional, los partidos y la sociedad civil internacional, el movimiento social internacional, tiene que ayudarnos con hechos concretos a salir de esta masacre, de este estado de muerte al que nos ha conducido este Congreso podrido y este gobierno asesino al mando de Dina Boluarte. Son responsables el presidente del Congreso de la República el señor William Zapata, como la señora Dina Boluarte, ambos responden a los grupos de poder económico corruptos, colonial y racista; a los grupos de poder económico extractivista y no al pueblo. Por eso, necesitamos encauzar una salida democrática y creo que eso se puede llevar adelante intensificando la lucha pacífica, construyendo más espacios de diálogo sumando más voces, no solamente en Perú sino a nivel internacional, por eso es importante que quienes escuchen, quienes lean, quienes se enteren de este pedido puedan manifestarse donde se encuentren, que vayan a las embajadas de los distintos países a manifestarse en contra de la masacre que está ejecutando el Congreso de la República del Perú con William Zapata la cabeza y el gobierno de Dina Boluarte con su gabinete asesino teniendo a la cabeza a Otárola. 

Necesitamos ayuda, necesitamos salir de esta masacre, parar las amenazas a la vida, frenar los asesinatos y luchar por la vida de los peruanos y las peruanas.

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