Por Julieta Caggiano

Las derechas latinoamericanas incursionaron en nuevas formas de golpismos en lo que va del siglo XXI, interrumpiendo procesos democráticos en disputa con la hegemonía neoliberal. Usualmente llamados “golpes blandos” o “moderados”, este desplazamiento simbólico puede hacernos perder de vista que se trata de verdaderas ofensivas golpistas que se reconfiguran en nuestra región.

Los neogolpismos, se transformaron en una verdadera arma transnacional, desplegados selectivamente en aquellos países que buscaban conformar un bloque regional progresista en América Latina. Autores como Lorena Soler o Juan Gabriel Tokatlián, han analizado en profundidad sus dimensiones, concluyendo que las derechas sofisticaron sus tácticas de injerencia institucional. En la actualidad, las interrupciones democráticas están encabezadas principalmente por civiles. Las Fuerzas Armadas pueden apoyar tácita o explícitamente, pero no son el actor central como en las experiencias pasadas. En esta novedosa configuración, se trata de interrumpir el orden democrático con una violencia menos ostensible, intentando mantener una semblanza institucional mínima.

Si tenemos en cuenta el carácter central que tuvieron las Fuerzas Armadas en los Golpes de Estado de la segunda mitad del siglo XX, los neogolpismos avanzan desde sectores diversos. Los actores destituyentes provienen de corporaciones mediáticas, empresarias, de la clase política o poderes locales conservadores. García Linera, en su ensayo “¿Fin de ciclo progresista o proceso por oleadas revolucionarias?, publicado en 2016, nos advierte esta tendencia dentro de lo que caracteriza como una gramscialización de las estrategias contrainsurgentes, planteando que la punta de lanza de las derechas es mediática, económica, social y cultural y, sólo en última instancia, de confrontación social, con la posibilidad incluso de recurrir a la fuerza armada.

Durante el siglo XXI encontramos al menos tres estrategias de Golpes de Estado implementadas en distintos países: Los golpes en Honduras y Haití, con centralidad en las fuerzas armadas; los intentos fallidos de golpe en Venezuela, Bolivia y Ecuador; y los golpes en Brasil y Paraguay, con centralidad parlamentaria.

Honduras y Haití: golpe con centralidad de las Fuerzas Armadas.

El golpe de Estado a Jean-Bertrand Aristide en 2004 es el primer intento victorioso de la nueva ola destituyente. El sacerdote, parte del movimiento de la teología de la liberación, había sido en 1991 el primer presidente electo en la historia de Haití. Siete meses después de comenzado su mandato fue destituido por un golpe militar con apoyo explícito del gobierno norteamericano. Tras la crisis política y económica que generó la dictadura, Aristide regresa a la presidencia en el 94 y lanza una reforma de las Fuerzas Armadas. En el año 2001 es reelecto con una gran legitimidad popular y orienta su gobierno hacia el bloque regional que dirigían Cuba y Venezuela.

Esta orientación resultó inaceptable en un país donde las Fuerzas Armadas continúan siendo la herramienta de choque directa de los Estados Unidos. Un nuevo golpe de Estado termina con el mandato del presidente haitiano y es enviado al exilio con la coerción del aparato castrense. Sin embargo, este actor no es el único que articula la destitución. El intervencionismo norteamericano logró empalmar con la propia policía que Aristide había conformado años atrás, las burguesías extranjerizadas, la clase política tradicional y los medios de comunicación que aplacaban la magnitud de los hechos.

En Honduras la ofensiva militar también tuvo un lugar de centralidad. El presidente Manuel Zelaya llegó a destituir al general Romeo Vásquez como jefe de las FFAA por negarse a distribuir los materiales electorales para la consulta popular que abriría el camino a la reforma constitucional. En el 2009, el Procurador General de la Nación solicitó a la Corte Suprema que declarara la ilegalidad y nulidad de la decisión del Poder Ejecutivo de llamar a una consulta popular para habilitar la reelección del presidente. La justificación legal del golpe se basó en la inconstitucionalidad de la consulta. El decreto n° 141 del 2009 acordaba separar a Zelaya Rosales del cargo de Presidente por las reiteradas violaciones a la Constitución. De esta manera, se da un proceso golpista que combina el intervencionismo directo de las Fuerzas Armadas, que fuerza el exilio de Zelaya en un avión militar, con un mecanismo de destitución que involucra al Poder Judicial.

Los golpes en Haití y Honduras, nos alertan sobre la centralidad que mantienen las Fuerzas Armadas en los procesos destituyentes. Sin embargo, el despliegue en el resto de la región nos permite pensar en lo prescindibles que pueden ser cuando este mecanismo no es realmente efectivo. Pese a que en ambos casos el actor militar fue muy visible, los principales ejecutores de los golpes provenían de otros sectores de la sociedad civil.

Golpes de Estado fallidos en Venezuela, Bolivia y Ecuador.

En estos países los golpes resultaron fallidos, sin embargo, tuvieron muchos puntos de contacto con los articulados en otras geografías si tenemos en cuenta sus mecanismos para la destitución. Las demandas de quienes se alzaron eran de oposición a reformas estructurales que proponían los actuales gobiernos. A los intentos de golpe de 2002 en Venezuela, de 2008 en Bolivia y 2010 en Ecuador, podemos analizarlos como antecedentes de las ofensivas que se desplegaron a posteriori contra estos gobiernos. En Venezuela, particularmente, los novedosos formatos destituyentes requieren un análisis aparte. El bloqueo económico y la creciente injerencia extranjera nos clarifican las intenciones intervencionistas, irrespetuosas del proceso que los y las venezolanas acompañan con su voto.

El 11 de septiembre de 2002, en Venezuela, Caracas amanecía con una movilización de la meritocracia petrolera hacia el Palacio Miraflores. Rechazaban las intervenciones estatales en PDVSA aunque, al igual que más tarde en Bolivia y Ecuador, los manifestantes pedían la renuncia del presidente. Los enfrentamientos y la represión en Puente Llaguno dejaron 19 muertas, lo que fue utilizado por la oposición para legitimar el intento de golpe. El presidente Chávez acepta su arresto para evitar más violencia, aspecto clave para que sectores de la oposición y del poder judicial planteen el argumento de que lo ocurrido fue a causa de un “vacío de poder”. Pedro Carmona, al mando de Fedecámaras, se proclamó presidente provisional de Venezuela con el apoyo de un sector del Alto Mando del Ejército. Sus primeras medidas fueron disolver la Asamblea Nacional electa democráticamente, el Tribunal Supremo de Justicia, al Fiscal General de la Nación; así como derogar las 49 leyes sancionadas por Chávez, entre las cuales se encontraban la Ley de Tierras y la Ley de Hidrocarburos.

El intento de golpe en Bolivia, en septiembre de 2008, tuvo como antecedente el Referéndum de ese mismo año, luego de considerar inconstitucional el Referéndum Autonómico que promovían los departamentos de la medialuna. La ciudadanía decidió la permanencia de Evo Morales (quien fue ratificado con el 67,43 % de los votos) y la continuidad de los prefectos en ocho de nueve departamentos. Este proceso reforzó la legitimidad tanto del presidente, como de los poderes autónomos regionales. Desde las elites locales de la media luna (Santa Cruz, Tarija, Beni y  Pando), así como desde Chuquisaca, se impulsaba la constitución de gobiernos departamentales autónomos y rechazaban el proyecto de refundación del Estado Plurinacional. La disputa tenía como principal demanda el rechazo a la Ley de Hidrocarburos del 2005. Los departamentos opositores declararon un “paro civil”, interceptando rutas y llamando a las fuerzas armadas a desconocer el poder central. La Masacre del Porvenir fue uno de los principales saldos de este intento de golpe, con al menos 20 muertos, en su mayoría campesinos.

El 30 de septiembre de 2010, en Quito, otro intento de golpe era efectuado contra la Ley Orgánica de Servicios Públicos como reivindicación explícita. Un motín policial se produjo apelando que esta Ley atentaba contra sus intereses. El presidente fue retenido en el Hospital de la Policía, y la movilización dejó una decena de muertos y heridos. Según Paz y Miño Cepeda, historiadores ecuatorianos, en el intento de golpe estuvieron involucrados la Sociedad Patriótica, dirigentes de la Pachakutik, el Movimiento Popular Patriótico, la CONAIE, el Partido Social Cristiano, y otras fuerzas opositoras como la extrema derecha y los medios de comunicación. Recordemos que en octubre de ese mismo año se vencía el plazo para que financistas vendan sus acciones en el rubro mediático.

En los tres casos, hubo fracciones de las Fuerzas Armadas que acompañaron los intentos golpistas, aunque no fueron el actor central. Sectores civiles como la clase política tradicional, corporaciones empresarias y las élites locales, legitimados por el discurso mediático, fueron los artífices principales de los intentos destituyentes.

Brasil y Paraguay: impeachment y juicio político, golpes con centralidad parlamentaria

Al igual que en el resto de los países, en Paraguay y en Brasil se manifiestan particularidades que hacen a tradiciones políticas complejas, diversas, que les son propias a cada caso. Sin embargo, no podemos negar las implicancias regionales de nuestras experiencias. El golpe de estado en Paraguay resulta un antecedente central en el proceso destituyente a Dilma en Brasil.

El juicio político que desplazó a Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay en el 2012 fue escandaloso, no solo por no respetar el debido proceso –el juicio se desarrolló en no más de 30 horas-, sino también por los poderes enquistados que orquestaron la ofensiva. La masacre de Curuguaty, en la que murieron 11 campesinos y 6 policías, tocó un filamento sensible con raíces de larga data en el país: el conflicto por la tierra. El Grupo Riquelme, ocupaba estas tierras fiscales bajo la figura de “usucapión”, y fue un actor clave para el desalojo violento de los campesinos que avanzaron en el terreno. El CEO de este grupo estuvo ligado al Partido Colorado -fue senador por más de veinte años-, además de haber ocupado la dirección de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

El saldo de esta Masacre, investigada en la actualidad como una verdadera operación dirigida, fue el hecho por el cual se juzgó a Fernando Lugo por mal desempeño de sus funciones. En este caso, la falta de movilización popular en apoyo al entonces presidente fue decisiva para el triunfo del golpe.

Dos años antes, en las elecciones de 2010 en Brasil, los grupos de derecha avanzaron en cargos de representatividad parlamentaria logrando obtener la mayoría. La dirección política legislativa estaba hegemonizada por la alianza conocida como las tres B: Balle (Bola)” – diputados vinculados con la policía militar, los escuadrones de la muerte y otras milicias privadas–; “Boeuf (Res)” –los grandes propietarios de ganado–; y “Bible (Biblia)” –fundamentalistas neopentecosteses.

En este contexto, las condiciones estuvieron dadas para el despliegue de la figura del impeachment -presente en la Constitución brasileña- para juzgar sin pruebas contundentes a Dilma Rousseff, pasando por alto el debido proceso como ocurrió en el caso paraguayo. Mediante un juicio político sin precedentes, se terminó con la presidencia del PT, para luego avanzar judicialmente contra el principal candidato a presidente en las últimas elecciones, Lula Da Silva. Los ejecutores explícitos del golpe ocupaban los poderes legislativo y judicial, y utilizaron estas herramientas institucionales para su fin. Las corporaciones mediáticas -como O Globo-, partidos tradicionales como el PMDB y el empresariado local fueron actores cómplices y artífices de la operación.

Estos casos vislumbran un nuevo escenario destituyente en América Latina. Las transiciones a las democracias de los ochentas (o noventas en Centroamérica) fueron lo suficientemente discutidas como para recurrir a los mismos métodos. Los neogolpismos, aunque suavizados semánticamente llamándolos “golpes blandos”, “institucionales”, “moderados”, forman parte de una verdadera reofensiva golpista en la región. Para que un golpe de Estado se desarrolle no se necesita esencialmente ni a los militares, ni tiene que devenir necesariamente en una dictadura. Los neogolpismos logran instalar modelos políticos y económicos por otros medios, políticamente menos costosos y socialmente menos evidentes. Se trata de servirse de la democracia, de sus instrumentos, para destruir aquello que la legitima, una vez que deja de serles funcional.

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Por Brasil de Fato

Hoy hace tres años que la Cámara de Diputados, comandada por un diputado condenado por corrupción, aprobó la apertura de un proceso de impeachment contra mí, sin que hubiera un crimen de responsabilidad que justificara tal decisión. Aquella votación en sesión plenaria fue uno de los momentos más infames de la historia brasileña. Avergonzó a Brasil ante sí mismo y ante el mundo.

El sistemático sabotaje de mi gobierno fue determinante para la ruptura de la normalidad institucional. Empezó con pedidos de recuento de votos, días después de las elecciones de 2014, y con un pedido de impeachment en marzo del mismo año, a solo tres meses de gobierno.

La construcción del golpe pasó por el Congreso, los medios, segmentos del Poder Judicial y el mercado financiero. Compartían los intereses de los vencidos en las urnas y actuaban en sincronía para inviabilizar al gobierno.

El principal objetivo del golpe fue la adecuación de Brasil a la agenda neoliberal que, en cuatro elecciones presidenciales había sido derrotada en las urnas. Por lo tanto, una de las primeras acciones de los interesados en el golpe fue la formación de una oposición salvaje en el Congreso. Su objetivo era impedir al gobierno recién electo gobernar, creando una grave crisis fiscal. Para ello, echaron mano de asuntos bomba que aumentaban gastos y reducían ingresos. También impidieron sistemáticamente la aprobación de proyectos cruciales para la estabilidad económica del país. Y durante los primeros seis de gobierno, presentaron 15 pedidos de impeachment.

El año 2015 adquirió el cuerpo esa oposición que actuaba bajo [la lógica]  “cuanto peor, mejor” que, insensible ante las graves consecuencias de su acción para con el pueblo y el país, impedía realizar nuevas inversiones privadas y públicas, al imponer la inestabilidad como norma. Una crisis política de esta dimensión paralizó y lanzó al país a una recesión.

Fue ese verdadero sabotaje interno que hizo prácticamente imposible, en aquel momento, atenuar en Brasil los efectos de la crisis mundial caracterizada por la caída en el precio de las commodities, reducción del crecimiento en China, alza del dólar debido al fin de la expansión monetaria practicada por EE.UU. y en el interior del país, por los efectos de la sequía en el precio de la electricidad.

El golpe fue el episodio inaugural de un proceso devastador que ya dura tres años. Contó, para su desenlace y actos subsecuentes, con la estratégica contribución del sistema punitivista de justicia, la Lava Jato, que bajo el argumento de atacar a la corrupción, lastimó la Constitución de 1988, golpeando al Estado Democrático de Derecho e imponiendo la justicia del enemigo como regla.

La relación medios-Lava Jato posibilitó que la prensa se convirtiera en la 4ª instancia del Poder Judicial, tratando de condenar sin derecho de defensa. La lógica política de esa relación está enfocada en la destrucción y criminalización del PT – en especial, de Lula – y, para ello, se utilizaron filtraciones en vísperas de las elecciones, delaciones sin pruebas, irrespeto al debido proceso legal y al derecho de defensa.

El efecto colateral de esta trama fue la destrucción de los partidos de centro y de centro derecha, que se sometieron a la tentación golpista. Fue lo que permitió la limpieza del terreno partidario tan necesaria para hacer crecer con fuerza a la ultraderecha bolsonarista como una planta solitaria en las elecciones de 2018. Sin embargo, el arma final y decisiva fue la condena, la prisión y la interdicción de la postulación de Lula a la presidencia a fin de garantizar la elección de Bolsonaro. La  ida del juez Sergio Moro al Ministerio de Justicia es la constrictiva prueba de ese dispositivo.

Por ello, lo que ocurrió hace tres años explica y es la causa de lo que está pasando hoy. Hay razones más que suficientes para que la historia inscriba al 17 de abril de 2016 como el día de la infamia. Fue cuando se desencadenó el desastre; se desencadenó al bloquear los proyectos de los gobiernos del Partido de los Trabajadores que habían mejorado la vida de decenas de miles de personas pobres, que pasaron a ser ciudadanas, con derechos y acceso a servicios públicos, al empleo formal, ingresos, educación para sus hijos, salud, vivienda y medicinas. Se interrumpieron programas estratégicos para la defensa de la soberanía y para el desarrollo nacional, proyectos que colocaron a Brasil entre las seis naciones más ricas del mundo y sacaron al país del vergonzoso mapa del hambre de la ONU.

El golpe resultó en una calamidad económica y social sin precedentes para Brasil y, enseguida, en la elección de Bolsonaro. Derechos históricos del pueblo que se están aniquilando. Avances civilizatorios conquistados en el periodo democrático que sucedió a la dictadura militar están siendo arruinados. Conquistas fundamentales garantizadas en los gobiernos del PT fueron revocadas. Este proceso se radicalizó en un gobierno agresivamente neoliberal en la economía y perversamente neofascista.

El gobierno de Bolsonaro sigue apoyándose en la gran mentira mediática que fundamentó el golpe: que Brasil estaba roto cuando los golpistas de Temer asumieron el gobierno. Esta falsificación de los hechos que siguen alardeando en los medios, utilizada retorcidamente para justificar una recuperación que nunca llegó y empleos que nunca volvieron. Ni vendrán mientras dure la agenda neoliberal. La verdad es que Brasil ni siquiera estuvo a punto de quebrar durante mi gobierno.

Un país solo está quebrado cuando no puede pagar sus deudas internacionales. Ello, por ejemplo, ocurrió en el gobierno de FHC [Fernando Henrique Cardoso], cuando Brasil tuvo que recurrir al FMI para enfrentar su endeudamiento externo y su falta de reservas. En 2005, el presidente Lula liquidó totalmente nuestra deuda con el FMI y, después de eso, nuestras reservas aumentaron y alcanzaron 380.000 millones de dólares, convirtiéndonos en prestamistas internacionales.

Una situación muy diferente de lo que pasa hoy, lamentablemente, en la Argentina de Macri, sometida una vez más a las absurdas exigencias del FMI.

Los medios, a su vez, no dejaron de construir la leyenda de que el gobierno federal estaba quebrado y los gastos públicos desenfrenados. Solo tendría sentido decir que el gobierno federal estaba quebrado si no pudiera pagar sus propias cuentas con tributos o al contraer deudas. Eso no pasó en mi gobierno.

Brasil continuó recaudando tributos y contrayendo deuda, manteniendo su capacidad de pagar sus propias cuentas.

Cabe recordar que la deuda pública siguió en caída todos los años, desde 2003, y alcanzó el menor nivel histórico, al comienzo de 2014, antes del “cuanto peor mejor”, de los tucanes [como se conoce a los integrantes del Partido de la Socialdemocracia Brasileña – PSDB] y los demás golpistas. Pero en 2015, la deuda pública subió. Aun con la subida, la deuda siguió abajo de los niveles registrados en las mayores economías desarrollados y en desarrollo. El problema nunca ha sido el tamaño de la deuda. Pero sí, su coste, que permanece entre los más altos del mundo debido a las tasas de interés y de los diferenciales [spreads] abusivos practicados en Brasil. Lo que explica, además, sus ganancias estratosféricas, aún cuando el país vive una crisis.

Los medios insisten, hasta hoy, en decir que mi gobierno perdió el control sobre los gastos, lo que tampoco es verdad. El hecho es que la recaudación cayó más rápido que los gastos. Los gastos crecieron, pero no en función del aumento del pago de los funcionarios, que permaneció constante. Es importante resaltar que lo que si creció fue el valor de las transferencias sociales – como Bolsa Familia y jubilación – lo que creció fue la oferta de servicios a los ciudadanos, en especial salud y educación. Todos esos gastos son fundamentales para corregir injusticias históricas, reducir desigualdades sociales y desarrollar al país.

La verdad es que los gastos del gobierno nunca estuvieron descontrolados. Al contrario, hasta cayeron en términos reales. Lo que hubo fue una rápida reducción de los ingresos, debido a la parálisis que un proceso de impeachment provoca en los inversionistas, que pasaron a no tener seguridad para crear nuevos negocios, abrir nuevas plantas y ampliar inversiones, deprimiendo así la economía y la recaudación.

El gobierno Bolsonaro está ampliando el legado de retrocesos del gobierno Temer, manteniendo y hasta profundizando la absurda enmienda del techo de gastos, que reduce las inversiones en educación y en salud; la reforma laboral, que abrió las puertas para la explotación más brutal y para la indulgencia con el trabajo análogo a la esclavitud; la venta de bloques del Pre-sal; la reducción del Bolsa Familia; la extinción para los más pobres del [programa] Mi Casa Mi Vida y del Aqui Hay Farmacia Popular y la reducción del [programa] Más Médicos; la destrucción de los principales programas educativos y la dilapidación de la Amazonía y del medio ambiente.

Culmina, ahora, con el intento de privatización (capitalización individual) de las Pensiones, con la enmienda 06, artículo 201—A, y la retirada de las reglas de las pensiones de la Constitución, con el artículo 201, lo que permitiría cambios legales, que no exigen tres quintos del Congreso para su aprobación.  Los cambios que el gobierno quiere hacer refuerzan los privilegios de unos pocos y sacrifican a los jubilados de bajos ingresos, a las mujeres, a los trabajadores rurales y urbanos, así como a aquellos que reciben el Beneficio de Prestación Continua (BPC).

Del “cuanto peor, mejor” a la prisión de Lula, del día 17 de abril de 2016 – día de la aceptación del impeachment por la Cámara, al día 7 de abril de 2018 – día de la prisión de Lula, se pavimentó el camino hacia el Estado de excepción y las mentiras y falsedades de los medios tuvieron un papel fundamental.

Incluso los que se oponen a Lula, pero aprecian la democracia, se avergüenzan con el escándalo de su prisión y condena ilegal, y ya percibieron que es un prisionero político. Un inocente condenado sin crimen, y por eso sin pruebas.

Lula sintetiza la lucha por la democracia en nuestro país. Luchar por su libertad plena significa enfrentar al aparato neofascista – militar, judicial y mediático – que está destruyendo la democracia. Lula es la voz de la resistencia y carga el estandarte de la lucha democrática. Incluso preso, es el mayor enemigo del neofascismo que nos amenaza.

Lula le mostró al pueblo brasileño, en cada gesto suyo que se tornó público, que es posible resistir incluso en las peores condiciones, su fuerza moral nos fortalece, su garra nos anima, su integridad nos hace luchar por su libertad, que representa también las libertades democráticas de todos los brasileños.

Lula está del lado correcto de la historia.  #LulaLibre.

Edición: Vivian Fernandes | Traducción: Luiza Mançano

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