Por Asamblea de Chilenxs en Buenos Aires, Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM)

Contra la amnesia social instalada desde los diferentes gobiernos de turno, post-dictadura, desde la Concertación hasta la derecha, quienes han sembrado en las bases sociales de nuestro país; en los barrios más humildes, en las capas medias y en la estructura social y política de Chile, el olvido. Contra este olvido es que luchamos, porque creemos necesario recordar y reivindicar a la Unidad Popular, al compañero presidente Salvador Allende, y a compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos y ejecutados políticos que lucharon y se organizaron para construir una nación que entregue derechos sociales a sus protagonistas: las los trabajadores.

Nos negamos a olvidar a ese Chile que centraba sus esfuerzos en la educación y la salud como derechos humanos inalienables para la vida del pueblo, y que era obligación del Estado garantizar dicho acceso. Nos negamos a olvidar a ese Chile que pretendía nacionalizar sus recursos naturales para terminar con la dependencia económica de los países centrales, desarrollando su propia industria con control obrerx y comunitario. Nos negamos a olvidar a Miguel Henrriquez, a Salvador Allende, a Víctor Jara, a Violeta Parra. Actores y actoras de un proceso único en el mundo, en donde el poder popular y el protagonismo de las comunidades sociales y los territorios tenían centralidad estratégica.

La llegada de la Unidad Popular al poder, la llegada de las bases sociales de Chile al centro político, fue quizás el intento más importante de la historia reciente, intento por dejar atrás la sumisión, presente en la historia pasada de nuestro pueblo. El laboratorio estadounidense, aplicado en nuestro continente, diseñó un modelo neoliberal para Chile, que terminó potenciando la matriz social del siglo XIX, un modelo de subordinación a los dictados de las clases dominantes, obediente a la nueva dictadura económica, instalada desde el golpe de Estado en adelante.

La dictadura genocida de Pinochet, y la contrarrevolución neoliberal instalada a sangre y fuego, tuvieron dos principales objetivos: violar los derechos humanos de todos aquellos y aquellas disidentes de la dictadura, e instalar un modelo político, social y económico neoliberal importado desde Estados Unidos con Milton Friedman, los Chicago Boys y compañía, que privatizaron los bienes públicos y los sectores estratégicos del país. Esto tuvo consecuencias correlativas: la desarticulación de las organizaciones sociales, sindicales y políticas; la privatización de la vida pública y comunitaria; el predominio del individualismo apático y la desintegración de los lazos sociales anteriormente construidos.

A pesar de que a mediados de la década del 80 y 90 se reactivaron las luchas populares en contra la dictadura, la hegemonía neoliberal siempre estuvo presente en la columna vertebral del Estado Chileno y sus respectivos gobiernos. Los gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría -coalición de partidos que se hacen llamar de centro izquierda-, gobernaron continuamente durante 20 años, administraron el modelo político-económico de Pinochet sin generar transformaciones estructurales.

En la tan aplaudida democracia chilena, no hubo, ni ha habido cambio de la constitución vía asamblea constituyente, derecho a la educación, salud, vivienda, pensiones y condiciones laborales dignas. Solo introdujeron cambios cosméticos que no modificaron la raíz de la herencia dictatorial. Además contribuyeron significativamente a la despolitización de la sociedad, tecnificando y reduciendo la política a los partidos del establishment local y a los supuestos expertos internacionales, despojando el carácter social, comunitario y popular característico de la vida política chilena. La supuesta transición en realidad fue un pacto entre la junta militar y la oposición para mantener el legado de Pinochet, fue un pacto inter-burgués exitoso a diferencia de otros procesos latinoamericanos.

En la actualidad, la herencia del modelo neoliberal pinochetista es claramente visible: toda la vida social está mercantilizada, y encausada a las ganancias de los especuladores financieros y corporaciones empresariales dueñas de todo. La salud, la educación, las jubilaciones, las viviendas, la comida, son un negocio y sus acciones están en Wall Street, mientras tanto la mayoría de las familias chilenas trabajan para consumir y endeudarse, endeudarse y consumir. En este círculo vicioso entre trabajo, consumo y ganancias solo se benefician los mismo de siempre.

Ahora bien, donde hay represión y falta de acceso a derechos sociales, hay también resistencia. La repolitización de la sociedad chilena, desde los 2000 en adelante, comenzó y continúa desde la organización social, desde las bases, es decir, desde abajo y a la izquierda. Los movimientos sociales por la educación-secundarios, universitarios, profesores y apoderados-, el movimiento feminista, los sindicatos, el pueblo mapuche, las organizaciones socioambientales, han sosteniendo las luchas sociales hasta la actualidad, en pos de una sociedad mejor.

Sin embargo, la escasez de unidad y dirección política han obstaculizado el acceso a conquistas concretas y derechos humanos fundamentales. Sobre todo en un gobierno derechista, neoliberal y represor como lo es el de Sebastián Piñera, quien en este año y medio de gestión ha orientado principalmente sus políticas a precarizar las condiciones sociales y materiales de la clase trabajadora, las mujeres, los niños y niñas, el pueblo mapuche, las disidencias sexuales, entre otros sectores en lucha.

Este modelo de saqueo instalado a partir de la dictadura de Pinochet, basado en el extractivismo y la agroindustria, con el saqueo de los recursos naturales, están llegando a un punto de crisis social, política y ambiental nunca antes vista. Este nuevo escenario abre una nueva etapa de crisis y luchas sociales, en el marco de conflictos orientados a defender las condiciones de vida, en cuestiones tan básicas como el derecho a un entorno libre de contaminación, derechos laborales, educación pública y gratuita, salud pública y de calidad, jubilaciones por encima de la línea de pobreza, entre otras tantas luchas reivindicativas que tiene por delante el pueblo chileno.

En este sentido, es una necesidad urgente que las organizaciones chilenas estén a la altura de las circunstancias y puedan articular una resistencia y ofensiva lo más organizada posible para poder frenar la inevitable crisis social, no solo en Chile sino también en Latinoamérica. El laboratorio gringo está por estallar, y la lucha en el terreno institucional y no institucional, la síntesis de estos dos métodos, harán la diferencia en esta nueva etapa. Chile, sus trabajadores y trabajadoras, necesitan salir del lugar de subordinación y convertirse, de una vez por todas, como lo que se merecen: un pueblo digno, un pueblo libre, un pueblo con todos los derechos, recuperando toda la rica tradición de su historia y luchas sociales.

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Dos leyes cambiaron la fisonomía del campo y la sociedad chilena en 1967: la Ley de sindicalización campesina y la Ley de Reforma Agraria. Fue el fin del latifundio, cuyas raíces se hundían en la Colonia. Luego vino el golpe y sucesivos decretos sepultaron lo conquistado. Fue la llamada Contrarreforma, cuyos mecanismos son los que han estructurado el campo actual.

José Bengoa, Memoria, patrimonio y terremoto en haciendas y pueblos de Chile central, señala: “El Estado de Chile se construyó en los hombros de la sociedad que existía en el valle central […] No es el Estado el que construye la sociedad del valle central. Esta sociedad ya estaba construida.”

Se trataba de otro país cuya mayor población se encontraba en el campo. Una época donde los fundos, muchos herederos de las encomiendas de la Colonia, se extendían por miles y miles de hectáreas. Por ejemplo, el caso de la hacienda Catapilco de la familia Ovalle, que se mantuvo casi sin modificaciones desde 1599. Época de “la obligación”, como era conocido el vínculo que los campesinos sin tierra y los inquilinos tenían con el hacendado. Tiempos donde el terrateniente tenía poder sobre la vida de quienes vivían al interior de la hacienda. De tratos como “mande patrón”, “mande mesía” y miradas al suelo. De castigo físico con el cepo donde se amarraba de los pies a los rebeldes. De paga en regalías con sacos de porotos, trigo y leña para el año. De “la galleta”, que era la colación que le entregaban a los trabajadores cuando se presentaban en la llavería de la hacienda, al despuntar el alba, antes de iniciar su faena diaria. De descuentos en las colas de pago, de analfabetismo y carencia de escuelas. Ni siquiera había radio ni diarios dentro del fundo. El que los tenía debía esconderlos.

Mayoría de edad

En 1967 fue promulgada la Ley 16.625 de sindicalización campesina por el gobierno de Eduardo Frei (padre).

“La Ley de Reforma Agraria y la de sindicalización campesina no se explican por separado”, señala Sergio Gómez, quien a partir de 1967 trabajaría en el Instituto de Capacitación e investigación en Reforma Agraria (ICIRA), desarrollado por la FAO y el gobierno chileno de la época.

Gómez agrega otra causa más: la reforma electoral de 1958 y la creación de la cédula única. “Hasta ese momento no había libertad electoral. Los patrones decían por quién se votaba en la hacienda. El nuevo sistema crea las condiciones para que los partidos progresistas hagan un trabajo electoral. El voto rural pasa a ser disputable”, recalca.

El anterior gobierno de Alessandri ya había realizado una reforma agraria que, debido a sus limitaciones, fue conocida como “la de los maceteros”. No obstante, “a mediados de los 60 había un acuerdo nacional sobre el tema”, plantea Gómez. No solo coincidían la Democracia Cristiana (DC), el Partido Socialista (PS) y el Comunista (PC), sino también las organizaciones campesinas, la Iglesia Católica -el Cardenal Raúl Silva Henríquez entregó los fundos de la curia para su expropiación- y organismos internacionales como la mencionada FAO, CEPAL y hasta la Alianza para el Progreso, creada por Kennedy a inicios de la década, para contrarrestar el fuego de la Revolución Cubana.

El 27 de julio de 1967 se promulga la Ley 16.640 de Reforma Agraria. Entre 1964 y 1970, se expropiaron 1.408 predios, el 23,4% de la tierra fértil del país, beneficiando a 21.270 campesinos, especialmente de la zona central.

Haciendas gigantes como Ñuble-Rupanco o El Huique llegaron a su fin. A los antiguos propietarios se les dejaron 80 hectáreas de riego básico como reserva. La Comisión Nacional de Reforma Agraria (CORA) no solo mensuraba terrenos sino que capacitaba y financiaba. Así se iniciaron los asentamientos, forma de propiedad colectiva cuyo objetivo era la producción agrícola a cargo de los campesinos organizados.

“La tierra para el que la trabaja”

En consecuencia, la tierra que no era explotada se expropió. Durante el gobierno de la Unidad Popular (UP) la reforma agraria se profundizó. En tres años se expropiaron 4.401 predios, correspondientes al 35,3 % de la mejor tierra cultivable chilena. Se favoreció a 39.869 familias.

El plan de gobierno era transformar los asentamientos en Centros de Reforma Agraria (CERAS). Así ocurrió en los lugares donde los campesinos favorables a la UP eran mayoría. En otros casos, se mantuvieron los asentamientos. Otro objetivo fue la creación de los Centros de Producción (CEPROS) que pretendían ser granjas modelo de propiedad estatal. Hacia 1972, se repartían en los campos chilenos 300 asentamientos, 700 Comités campesinos, 100 CERAS y 30 CEPROS.

En territorio mapuche, el gobierno de Allende usaría la Reforma Agraria para devolver tierras usurpadas a las comunidades.

El golpe

El golpe de Pinochet modificó de raíz lo que pasaba en el campo. Desde los primeros momentos, la represión contra dirigentes sindicales y campesinos cercanos a la UP fue brutal. Los crímenes de Paine, los fusilamientos de Lonquén, el encarnizamiento con que fueron perseguidos los obreros del Complejo Forestal Panguipulli o la persecución a los mapuches de Malleco, pueden considerarse revanchas con fines ejemplificadores.

El Decreto Ley 208, en los hechos, expulsó de las tierras a la dirigencia sindical de izquierda y a quienes participaron de tomas de fundo.

En 1978, otro decreto ley disolvió las organizaciones sindicales. La CORA corrió similar destino en ese año.

Sin embargo, no todas las tierras expropiadas fueron devueltas a sus antiguos propietarios. Un tercio se reasignó a campesinos, algunos pertenecientes a asentamientos. La dictadura profundiza un proceso de privatización de la tierra. Tal como en el llamado “capitalismo popular” se hizo creer a los campesinos, en tanto pequeños propietarios rurales, que tenían alguna posibilidad de desarrollo. Paralelamente se desincentiva la organización cooperativa y se paraliza la ayuda estatal. La Reforma Agraria fue derogada en los hechos, por el mencionado Decreto Ley 208 y los 1600 y 2262, que entre otras cuestiones permitieron la venta de parcelas del proceso derivado de la Reforma.

Asfixiados por deudas, los campesinos empezaron a vender. Por ejemplo, en la región de Maule, de 9.750 asignatarios de tierra en 1974, el número baja a 2.061 en 1980, y apenas 640, un par de años después. La superficie en hectáreas, en manos de pequeños propietarios desciende de 225.464 a 14.632 en 1982. Hacia 1984, el 50 % de las tierras entregadas por la CORA habían sido vendidas.

Los nuevos actores

Los nuevos actores del campo provienen del empresariado y la banca. Es el inicio del agronegocio. La dictadura permite y promueve que el campesino venda el pedazo de tierra individual que le tocó con la Reforma Agraria. Al no tener capital, ni recursos, ni asistencia técnica, las tierras son vendidas o arrendadas por unos pocos pesos, pero no se reconstituye el latifundio, sino que se produce una inyección de capital y tecnología en el campo. Eso la realiza la banca o la industria.

En este sentido el Decreto Ley 701, que bonifica la reforestación, en los hechos, subsidia la plantación de miles de hectáreas de pino insigne y eucaliptus por parte de empresas privadas como Mininco y CMPC, o antiguas estatales privatizadas como Arauco. Las gigantescas extensiones del Complejo Maderero Panguipulli acabaron en las manos de un puñado de apellidos de la élite empresarial.

Vastas zonas del campo chileno se transformaron en un complejo agroindustrial con plantaciones de cítricos, paltas, arándanos, kiwis, viñedos, flores mayormente para exportación. También comienza el incremento de centros productores de aves y cerdos.

¿Una nueva reforma?

Francisca Rodríguez es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Anamuri y sostiene: “Ya terminamos con el latifundio pero tenemos que terminar con la extranjerización de la tierra, con la reconcentración para los grandes negocios; el campo no se puede convertir en parques del recuerdo, canchas de golf, parques privados, poblaciones. Tiene que alimentar al pueblo”, sostiene.

“Habría que sacar los (agro) tóxicos y la transformación genética, especialmente de la semilla”, agrega Carlos Opazo, antiguo dirigente de la Confederación Campesina Ranquil y hoy guardador de semillas. “Esa nueva reforma debiera garantizar la protección de la naturaleza, desarrollando tecnologías limpias. El derecho a la tierra de mujeres y jóvenes, campesinos y de los pueblos originarios. Que le otorgue valor de bien de uso común a las aguas dulces. Que se garantice que el trabajo en el campo sea permanente. Que haya una verdadera educación rural para los niños”, señala entre varias demandas.

Fuente: El Ciudadano, Santiago, Chile, Julio-Agosto 2017.

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