Por Danna Urdaneta 

Del 17 al 21 de enero la Mesa de Diálogos del gobierno colombiano y el ELN tuvo una reunión de urgencia en el Hotel Eurobuilding de la Gran Caracas en Venezuela para resolver la crisis generada a partir del anuncio y decreto del cese al fuego bilateral por seis meses realizado por el presidente Gustavo Petro el 31 de diciembre de 2022, el cual no fue acordado durante el primer ciclo del proceso de paz. El éxito de esta reunión estuvo acompañado de la consolidación de las relaciones económicas, comerciales y de inversión entre Colombia y Venezuela, así como la negociación de un acuerdo de protección de inversiones, según comunicado oficial del 20 de enero del gobierno venezolano. 

¿Cómo fue el anuncio del cese al fuego bilateral? 

En este anuncio firmado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, fueron incluidas las guerrillas del ELN y la Segunda Marquetalia, los grupos paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Estado Mayor Central de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz. Este último grupo, al menos en el departamento de Arauca, frontera con Venezuela, está comprobado que no son “disidencias”, sino paramilitares aliados con sectores del Estado colombiano y las Brigadas de Asistencia a las Fuerzas de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. 

Un cese al fuego bilateral se hace mediante un acuerdo de dos partes en conflicto para la suspensión de hostilidades por un periodo de tiempo sin que esto signifique que sea un cese definitivo. El cese al fuego bilateral no contempla una entrega de armas o una desmovilización, es decir, los combatientes las mantienen en su poder. El cese al fuego bilateral no fue pactado por las partes en este proceso de paz y por esto la guerrilla enfatizó que no la compromete algo que no fue discutido con ella, sin embargo, recibía el anuncio como una propuesta a debatir en el segundo ciclo a realizar en México el 13 de febrero. 

Debate entre el gobierno colombiano y el ELN

Durante las primeras dos semanas de enero Otty Patiño, jefe de la delegación de paz del gobierno colombiano; el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, asesor de la presidencia de la República de Colombia en asuntos de paz; Iván Cepeda Castro, presidente de la Comisión de Paz del Congreso colombiano, y otros insistieron mediante entrevistas y comunicados que el anuncio y el decreto de Gustavo Petro para un cese al fuego bilateral era una propuesta en respuesta al clamor de las comunidades. Igualmente el Comando Central del ELN respondió a todo esto con un comunicado donde declararon una crisis en la Mesa de Diálogos porque no se respetó el principio de bilateralidad. 

Así inició 2023 en Colombia, con muchas noticias y debate nacional alrededor de este hecho donde, en últimas, Patiño le dio la razón al ELN al aceptar en varias entrevistas que el cese al fuego bilateral no fue acordado. Sin embargo, en la rueda de prensa del 12 de diciembre por el fin del primer ciclo tanto Pablo Beltrán, jefe de la delegación de diálogos del ELN, como Otty Patiño, dijeron que tenían ideas comunes sobre el cese al fuego bilateral, que no estuvo en la agenda del primer ciclo, pero que sí hay intenciones de desescalar el conflicto en las zonas de alivios humanitarios pactadas (Bajo Calima en el departamento de Valle del Cauca y Medio San Juan en el departamento de Chocó).

En medio de este debate el 7 de enero Gustavo Petro visitó de manera fugaz por tres horas al presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores de Caracas junto con el canciller Álvaro Leyva, el embajador en Bélgica, Jorge Rojas, y el embajador en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo. En la reunión estuvo presente el garante por Venezuela para este proceso de paz, el general (r) Carlos Eduardo Martínez Mendoza. El primer punto de la declaración conjunta de los presidentes fue el compromiso de Venezuela con el cese al fuego bilateral, es decir, quedó más que claro que la Mesa de Diálogos con el ELN está en medio de la negociación Estados Unidos-Colombia para el programa de Petro y la negociación Estados Unidos-Venezuela para aliviar las medidas coercitivas unilaterales. 

Posteriormente, el 12 de enero Gustavo Petro escribió en Twitter que al ELN le quedaba: “O el camino del padre Camilo Torres Restrepo o el camino de Pablo Escobar”, cuando ambos tuvieron muertes tempranas a manos del Estado colombiano y desaparecieron el cadáver del cura guerrillero. A lo que el primer comandante del ELN, Antonio García, respondió el 14 de enero: “somos de liberación o muerte”, aludiendo al lema insurgente. 

Asimismo, el 17 de enero la delegación de diálogos del ELN le respondió a Roy Barreras, presidente del Congreso de la República de Colombia, recordando que en 2020 le entregaron una carta pública dirigida al Departamento de Estado, a la Fiscalía Federal de Estados Unidos y al gobierno colombiano. Con idéntico contenido en 2021 el ELN dirigió otra carta a la Presidenta de la Comisión Global de Política de Drogas proponiendo “conformar una Comisión Internacional para que verifique sobre el terreno, si el ELN tiene cultivos, laboratorios, infraestructuras o rutas para el narcotráfico, o si tiene negocios con precursores químicos usados en la producción de cocaína”. 

Deudas de género y lecciones aprendidas de la crisis 

A pesar de que el 25 de noviembre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz anunció la incorporación de cuatro mujeres a la delegación de paz del gobierno colombiano, queda pendiente una deuda en materia de género en esta Mesa de Diálogos. No sería suficiente con que la delegación de diálogos del ELN para el segundo ciclo sea paritaria si, de todas formas, en las vocerías mediáticas de las ruedas de prensa de inicio y fin de ciclo, así como la rueda de prensa por la reunión de urgencia, las vocerías siguen siendo las de Otty Patiño y Pablo Beltrán. Al respecto el copresidencialismo en Kobane del Kurdistán deja importantes lecciones de cómo las direcciones de espacios políticos también pueden ser paritarias. 

Por otro lado, sin necesidad de profundizar más en el debate nacional desatado a partir de los hechos mencionados alrededor del cese al fuego bilateral, la reunión de urgencia puso en discusión varios principios y lecciones de cara a la historia de los procesos de paz en América Latina y el mundo:

1. Los acuerdos son para cumplirlos. 
2. La confidencialidad y bilateralidad. 
3. Carácter político del proceso (no de reconocimiento penal o sometimiento) y reconocimiento mutuo. 
4. Confianza y buena fe de las partes. 
5. La urgencia de activar la Subcomisión de Comunicación para la Paz anunciada en el Primer Acuerdo de Waraira Repano y que ya el 23 de noviembre existía. 
6. Hay un escenario nacional e internacional favorable para el cese al fuego bilateral, pese al obstáculo del paramilitarismo. 
7. La urgencia de apagar la política de micrófono. 
8. El diálogo no es imposición y lo que no se discute y acuerda en la Mesa no compromete a las partes. 
9. La importancia de los países garantes como testigos y depositarios de los acuerdos y su deber de exigir a las partes su cumplimiento, aclarar las crisis y encontrarle solución. 
10. La necesidad de que la delegación del gobierno colombiano unifique criterios, jerarquías y discurso a la hora de tramitar crisis en la Mesa (si Otty Patiño, quien es el jefe, no da declaraciones a la prensa durante la reunión de urgencia, tampoco debe hacerlo José Félix Lafaurie del Centro Democrático. 

Llama la atención que en la rueda de prensa dada Otty Patiño se refirió a la “crisis” generada luego de que estas semanas desestimaron e incluso negaron este término usado por el Comando Central del ELN y su primer comandante, Antonio García, para minimizar los reclamos del ELN frente a lo que fue un claro error de Gustavo Petro y su delegación de paz. Al mismo tiempo Pablo Beltrán se refirió a la denominada “crisis” como un “incidente”. Estos ejemplos hablan de la sincronía, empatía, respeto, compromiso y voluntad que lograron las partes en los cuatro días de reunión de emergencia donde se restableció la confianza. 

Agenda del segundo ciclo 

Para el segundo ciclo del proceso de paz el primer punto que se discutirá será la participación de la sociedad en la Mesa de Diálogos para que sea ella misma aporte el diagnóstico, demandas y soluciones a la problemática social y política de las zonas en conflicto donde está presente el ELN. En este punto, desde luego, entrará el problema del paramilitarismo como una política de Estado y la urgencia de su desmonte como una demanda de las comunidades. El segundo punto de la agenda será el cese al fuego bilateral donde las partes acordarán los protocolos junto a países garantes e instancias acompañantes como la ONU, la Conferencia Episcopal y el Consejo Mundial de Iglesias. Sin embargo, hay que ser prudentes y realistas y no esperar que en un solo ciclo se pueda lograr un acuerdo con respecto a estos protocolos. 

Primera Caravana Humanitaria de la Mesa de Diálogos 

En el segundo ciclo también se hará una evaluación de los acuerdos y la implementación alcanzada hasta la fecha. En este punto se tramitarán los informes de ambas delegaciones en la Caravana Humanitaria que partió de la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca, para por el Bajo Calima y Medio San Juan en el departamento de Chocó al encuentro con las comunidades en zonas de conflicto y pueblos fantasmas completamente desplazados por la guerra. 

Carlos Rosero, Horacio Guerrero, la periodista Mabel Lara y la lideresa indígena Dayana Domicó representan a la delegación de paz del gobierno colombiano y Juan Carlos Cuellar y Jairo Arrigis Guenis, recientemente excarcelados, son los gestores de paz de la delegación de diálogos del ELN designados por ley para llevar a los territorios los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogos junto con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de La Presidencia de la República de Colombia. 

Uno de los acuerdos sobre la Caravana era que iría sin escolta armada de la Policía o del Ejército de Colombia. Sin embargo, en al menos dos puntos del trayecto se encontraron con una violación de este protocolo cuando el Ejército se encontraba en el perímetro de su trayecto y les tomó fotografías a las más de 80 personas que integraban esta primera acción humanitaria. A pesar del reclamo de la delegación del gobierno su respuesta fue el desconocimiento de los protocolos pactados. 

La Caravana Humanitaria es la primera acción fruto de la Mesa de Diálogos, la cual solo llevará las demandas de las comunidades. Los territorios recorridos están azotados hasta la muerte por los combates entre el Estado colombiano en alianza con los paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia para desterrar al tejido social que se opone al despojo y con ello aniquilar al ELN. 

Retardos en excarcelaciones para prisioneros políticos

Siguen ocho prisioneros políticos del ELN con enfermedades crónicas y terminales sin atención médica, cuando esta fue una liberación acordada con el gobierno colombiano. Tampoco han sido liberados dos gestores de paz adicionales designados de común acuerdo por las partes para participar en este proceso de paz. De cumplirse con el acuerdo de las liberaciones serían cuatro gestores de paz hombres y una gestora de paz mujer (Violeta Arango Ramírez), quedando pendiente aplicar la paridad de género para que excarcelen a otras prisioneras políticas antiguas del ELN y cumplan la función de gestoras de paz del proceso en curso. 

Del estallido social más prolongado en la historia colombiana, el cual inició el 28 de abril de 2021 y se prolongó por varios meses contra el gobierno de Iván Duque, no ha sido liberada la totalidad de las siete personas designadas como voceras de paz, sobre quienes el presidente Gustavo Petro prometió que las siete personas pasarían año nuevo en sus hogares. 

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Los diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno colombiano siguen en Cuba. Con esta nueva sede en La Habana continúa el quinto ciclo del proceso, inevitablemente permeado por un contexto electoral, el asesinato de líderes sociales y el incremento de los combates entre actores armados en algunas regiones del país.

El pasado 18 de abril el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció la suspensión de la mesa de diálogos en Quito entre el ELN y el gobierno de Juan Manuel Santos: “Le he solicitado a la canciller de Ecuador que frene esas conversaciones y que frene nuestra condición de garantes de ese proceso de paz, mientras el Eln no se comprometa a dejar de realizar esas actividades terroristas”.

Este gesto de Ecuador puede leerse como parte del repliegue de los gobiernos progresistas en la región que han respaldado los esfuerzos por la solución política al conflicto armado colombiano.

El asesinato de tres periodistas ecuatorianos, el secuestro de una pareja y la violencia armada en zona fronteriza, fomentada por una de las disidencias de las FARC-EP autodenominada frente Óliver Sinisterra, que estaría conducido en el municipio de Tumaco (departamento de Nariño) por un ecuatoriano llamado ‘Guacho’, fueron algunas de las razones que motivaron la tajante decisión del mandatario. Cuba, Brasil, Chile, Venezuela y Noruega se mantienen como garantes de la mesa.

Con el retiro del apoyo por parte de Ecuador, y después de estudiar posibilidades para continuar en Chile o en Europa, ayer finalmente ambas delegaciones arribaron a La Habana con el fin de avanzar en la quinta fase del proceso, la cual tiene como prioridad concertar un nuevo cese al fuego bilateral y el mecanismo de participación de la sociedad, primer punto de la agenda de negociación y aspecto prioritario para la guerrilla. (Ver comunicado conjunto: http://files.constantcontact.com/f2e255c0101/8d2b3e4c-c726-4d96-b54f-5d26b1b54fe0.pdf)

De no llegar a un acuerdo frente al cese bilateral (como el cumplido por 100 días entre octubre y enero), es posible que acuerden una tregua, al menos por el trascurso de las elecciones, es decir, desde mayo (el 27 de mayo es la primera vuelta) hasta julio, cuando se llevará a cabo el balotaje. Otra posibilidad, debido a la premura del tiempo, entre otros factores que han hecho que esta mesa avance a paso lento, es que el ELN anuncie un cese al fuego unilateral, como lo ha hecho en elecciones pasadas.

Sin embargo, el conflicto armado actualmente tiene algunas variantes tras la dejación de armas de las FARC-EP. En la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, el ELN y lo que queda del Ejército Popular de Liberación (EPL), viven entre álgidas disputas por el territorio que ha dejado en los últimos meses muertos de ambos lados, desplazamiento forzado de campesinos, limitaciones para moverse en el territorio debido a los paros armados y un sinnúmero de elementos producto no solo de los combates entre estas dos fuerzas sino también de las dinámicas del Ejército, la Policía y los narcoparamilitares en la región. El Estado, como es costumbre cuando quiere mostrar presencia donde históricamente hubo abandono, militarizó la región. Suceden situaciones de similar o peor envergadura en Nariño, Chocó, Antioquia, entre otros departamentos agobiados por el narcotráfico, la pobreza, la guerra y sus vejámenes.

Los diálogos continúan, no obstante, un adverso precedente hace parte de las principales preocupaciones: los impresentables incumplimientos por parte del Gobierno al partido FARC y el asesinato de 44 de sus excombatientes, por mencionar algunos. Igualmente, el paramilitarismo en Colombia ha crecido en los campos y ciudades, sin embargo el Gobierno insiste en negar no solo su existencia sino que los avances para afectar con contundencia a estas estructuras criminales son mínimos, aunque para judicializar pensamientos disidentes o para colaborar con la justicia de los Estados Unidos existe una celeridad certera. Del mismo modo, hay ausencia de voluntad política gubernamental para cumplir con la representación política acordada para las víctimas del conflicto.

Con el ambiente minado de desconfianza, un gobierno que minimiza el asesinato de líderes sociales (160 desde 2016), la clase política sacando lo peor de sí para seguir gobernando y un ELN que parece expandirse, continúan las negociaciones como parte de la solución política al conflicto armado.

No deja de ser loable que el Gobierno, en tiempo de retirada, no haya desistido de los diálogos tras la decisión de Ecuador, un factor clave si se tiene en cuenta que una eventual victoria electoral del centro, derecha o ultraderecha, dará por terminados los diálogos y atacarán desde la vía militar y judicial, como ya lo anunciaron.

La primera fase formal de diálogos entre la guerrilla ELN y el Gobierno se dio en enero de 2017 en Quito, sin embargo antes se contempló su cumplimiento en países como Chile o Brasil, algo imposible hoy en día luego del giro político que han dado los gobiernos de Sebastián Piñera y Michel Temer, quienes no se prestarían para que una insurgencia latinoamericana ingrese a su país. En ese sentido cabe resaltar el papel de Cuba, un territorio soberano que continúa siendo espacio de paz y solidaridad para los pueblos del mundo.

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*Publicado originalmente en La Tinta.

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El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, manifestó haber ordenado a su canciller suspender el papel del país vecino como garante de los Diálogos de Paz entre el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y el Gobierno colombiano, que actualmente se desarrollan en Quito, capital de ese país. Asimismo, ordenó frenar las conversaciones y puso condicionantes al ELN para su continuidad.

“Le he solicitado a la Canciller de Ecuador que frene esas conversaciones y nuestra condición de garante de ese Proceso de Paz, mientras el ELN no se comprometan a dejar esas actividades terroristas”, con estas palabras Lenín Moreno dio un viraje respecto a la política ecuatoriana de soporte y apoyo al Proceso de Paz colombiano.

Esta decisión adoptada por el mandatario se da en medio del creciente conflicto con un grupo de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- (organizadas en el Frente Oliver Sinisterra y lideradas por alías “Guacho”) quienes han ejecutado múltiples ataques en territorio ecuatoriano.

(Ver información al respecto en: Presidente de Ecuador confirma el asesinato de los tres periodistas secuestrados
 y Disidencia de “Alias Guacho” secuestra a otros dos ciudadanos ecuatorianos)

Moreno intenta proyectar una imagen fuerte del Gobierno ecuatoriano ante la sensación de ingobernabilidad y falta de experticia política ante el asesinato de los periodistas. Sin embargo, dicha reacción hace evidente el giro a la derecha de esa nación en temas de política internacional. Durante el período de Gobierno del Expresidente Rafael Correa, Ecuador desempeñó un papel fundamental en cuanto a la defensa de la soberanía regional y de construcción de América Latina como un territorio de Paz. El actual Presidente logra con este paso un retroceso en esa materia.

En una comunicación oficial el Estado ecuatoriano manifestó que “el Presidente de La República, Lenín Moreno, dispuso a la canciller María Fernanda Espinosa a informar a su par de Colombia, que Ecuador suspende su condición de garante de los diálogos de paz entre el Gobierno del país vecino y la guerrilla del ELN, que se llevaban a cabo en territorio ecuatoriano. La decisión se mantendrá mientras la guerrilla continúe ejecutando actividades terroristas”.

#ConflictoYPaz | Presidente Lenín Moreno anuncia que #Ecuador suspende su condición de garante de los diálogos de #paz entre @ELN_Paz y gobierno de @JuanManSantos mandatario de #Colombia pic.twitter.com/jidGATnFCN

— Colombia Informa (@Col_Informa) April 18, 2018

El ELN había expresado mediante un comunicado su solidaridad con el país vecino por los hechos ocurridos en su territorio, rechazando este tipo de accionar de la mencionada disidencia.

#Comunicado
Solidaridad con Ecuador pic.twitter.com/F3fVeExfAx

— ELN Paz (@ELN_Paz) 13 de abril de 2018

Ecuador hacía parte del grupo de países garantes del proceso entre esa organización insurgente y el Gobierno de Santos, junto con Brasil, Chile, Venezuela, Cuba y Noruega. Estos junto a el Grupo de Países de Apoyo, Acompañamiento y Cooperación -GPAAC- conformado por Alemania, Holanda, Italia, Suecia y Suiza respaldan, acompañan y financian el proceso.

El pasado 22 de marzo, luego de una profunda crisis que casi lleva a su ruptura, las negociaciones entre las partes se habían restablecido. Se encontraban en el Quinto Ciclo de estas conversaciones donde abordarían temas relacionados con el Cese al Fuego Bilateral, la definición de la Metodología de Participación de la Sociedad y las acciones humanitarias en el Chocó.

Dada las actuales condiciones, es probable que el proceso busque una sede nueva entre los países garantes. Cuba se convierte en la primera opción ante la exigencia unilateral de Ecuador.

La noticia llega en un momento complejo para el país de cara a la Elección Presidencial, donde candidatos como Iván Duque han expresado la cancelación del proceso en caso de ser elegido. La solución política al conflicto armado se encuentra empantanada ante la tortuosa implementación de los Acuerdos con FARC, que algunos califican ya como fallidos o fracasados.

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*Publicado originalmente en Colombia Informa

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Colombia Informa: ¿Como ven los compromisos adquiridos por parte del Gobierno y del ELN para adelantar el Cese al Fuego?

Nicolás Rodríguez Bautista “Gabino”: Antes de mis respuestas, doy mi saludo respetuoso y la seguridad de seguir batallando por la Paz con justicia y equidad social para Colombia y Nuestra América.

El ELN cumplirá la palabra empeñada para que el Cese al Fuego Bilateral, Nacional, y Temporal pactado con el Gobierno se cumpla de  manera  plena. Sobre la disposición del Gobierno para cumplirlo, esperamos que los hechos hablen. Al final del Cese se evaluará.

No se trata solo de suspender las acciones ofensivas entre las partes contendientes sino en prácticas que beneficien a la población en un país donde los más humildes (quienes luchan por cambios y reivindicaciones) son perseguidos y asediados. El número de crímenes, desapariciones, destierros y encarcelamientos por parte de las fuerzas oficiales y grupos paramilitares es escandaloso y muy doloroso. Para los 100 días de Cese, el Gobierno ha asumido compromisos en pos de que esta situación mejore sustancialmente. Vamos a ver si cumple.

CI: La visita del Papa Francisco conmovió a Colombia. ¿Ayudó ese viaje para consolidar el Acuerdo del Cese al Fuego? ¿Qué impacto pueden tener en el país los mensajes sociales del Papa para la construcción de Paz y la lucha contra las injusticias sociales?

NRB: Desde el ELN hicimos bastante esfuerzo para que el Cese Bilateral estuviera pactado antes de que llegara el Papa pero no fue posible. Al Gobierno no le fue fácil cambiar la visión de dialogar en medio del conflicto que siempre había sostenido.

Siempre hemos planteado la importancia de dialogar mediante un Cese Bilateral, por las repercusiones positivas que ello tiene para la participación de la sociedad y los demás puntos de la Agenda. Como no se pudo pactar este Cese antes de que llegara el Papa, hicimos una Tregua Unilateral que comenzó el 2 y terminó el 12 de septiembre (10 días) por respeto al Papa y a los cristianos y cristianas de fe católica. La cumplimos plenamente.

La visita del Papa Francisco a Colombia fue un acontecimiento que aportó a la Paz. Sus mensajes críticos a los señores del poder para que no gobiernen de espaldas a los más necesitados, sus críticas a los miembros de la Iglesia para que no se coloquen del lado del poder sino del pueblo, y su solicitud para que la Paz sea la obra de los que más la necesitan y a su servicio; recogen un sentimiento muy extendido en Colombia de que la Paz sea auténtica.

El Papa Francisco, desde su posturas críticas a este sistema y a sus detentadores, alienta la acción organizada de los desposeídos. Ello aporta a la Paz.

CI: ¿Cuáles son las transformaciones necesarias para la Paz que considera prioritarias el ELN?

NRB: La Agenda pactada en Caracas (y hecha pública el 30 de marzo del año anterior) recoge una buena síntesis de lo que el ELN considera que debe ser la hoja de ruta para un verdadero Proceso de Paz. El problema radica en que mientras el ELN considera que lo consignado allí debe aplicarse a fondo, el Gobierno lo relativiza.

Por ejemplo, la participación de la sociedad no puede ser una acción productora de insumos para que las partes decidan, sino un proceso de democracia directa y participativa donde sus conclusiones se apliquen en los planes de Gobierno y en la vida del país.

Las víctimas de esta guerra de más de medio siglo necesitan un proceso de verdad, justicia y reparación para que se pueda refundar un proyecto humano y social de futuro para la sociedad entera. Sin duda, el Gobierno tiene otro punto de vista y el más claro ejemplo es que, con la aplicación de la llamada “Justicia Transicional” y bajo el argumento de la simetría, se desarrolló una verdadera cascada de impunidad en el caso de los agentes del Estado implicados en Crímenes de Estado y lesa humanidad. Se produjo así una verdadera afrenta a las víctimas del conflicto sin que a ellas se les hubiese tenido en cuenta.

Las transformaciones y la democracia para la Paz, si se aplican a profundidad, rompen las líneas rojas de la oligarquía colombiana de que “no se toca el modelo económico y político del Estado en el Proceso de Paz”. Un Proceso de Paz en Colombia que no cambie o modifique de manera significativa el modelo económico y político, no pasa de ser un asunto cosmético y un remedo de paz. Cuando nosotros decimos que la oligarquía colombiana no tiene voluntad de paz, es justamente porque no se dispone a aceptar cambios de fondo y esto hay que decirlo.

En materia económica, si en Colombia no se lleva a cabo una verdadera reforma agraria que resuelva el problema de los sin tierra y una reforma urbana pensando en los que no tienen vivienda y viven en tugurios, la Paz no es posible. La pobreza y exclusión así como la actitud violenta de los señores del poder para con quienes luchan y reclaman sus derechos, son el caldo de cultivo para el alzamiento armado. Así será mientras este asunto esencial no se resuelva. Por ello sigue vigente el derecho a ser rebeldes y estar levantados en armas.

CI: Teniendo como precedente los incumplimientos en la implementación con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, ¿creen que el Gobierno cumplirá con lo pactado?

NRB: El Gobierno, a partir del 1 de octubre, tiene dos compromisos para cumplir (al igual que el ELN): uno es el Cese al Fuego Bilateral, para lo cual hay un buen paquete de protocolos que le ayudan a las partes a cumpir; el otro es darle un buen impulso a la Agenda de seis puntos hecha pública en marzo del pasado año.

CI: Con esta nueva realidad que comienza el 1 de octubre, ¿se podrá avanzar en otros puntos centrales de la Agenda acordada ?

NRB: Ese es el acuerdo y el ELN está listo pero ante los constantes incumplimientos del Gobierno, hay desconfianzas. La Agenda no ha despegado porque el Gobierno la ha condicionado, violando así lo acordado. Ahora reafirmó su compromiso de cumplir, ya veremos.

Las FARC dejaron las armas y ahora no les están cumpliendo. El Gobierno firma los acuerdos cuando la gente está movilizada pero una vez la movilización termina todo queda en el papel y en el olvido. Somos del criterio de que los de arriba le cumplen a los pobres cuando la pujanza de su organización y sus luchas amenazan el poder o ellos mismas lo alcanzan. Esa es la fuerza que al pueblo y los revolucionarios nos toca construir.

CI: ¿Hasta dónde llegarían los diálogos entre ustedes y el Gobierno?

NRB: Si mediante estos diálogos se logran negociaciones que alcancen una salida política al Conflicto: bienvenida. Sin embargo, no vemos esa disposición del Gobierno porque en medio de los diálogos con el ELN y los Acuerdos con las FARC se acrecentó la matanza de dirigentes populares. Además,  la oligarquía (con sus políticas neoliberales) entrega cada vez más las riquezas de la nación a los capitales foráneos. Todo ello lleva a un mayor número de colombianos y colombianas a la pobreza o la miseria.

Pero el drama no es solo eso. La corrupción devora a las instituciones del Estado. Entre los más corruptos están los encargados de evitar y combatir la corrupción. Es, como dice el adagio popular, “el diablo haciendo hostias”. En este oscuro panorama, la participación de la sociedad (sobre todo la más excluida del Proceso de Paz) es una necesidad definitiva para llevar el Proceso a buen puerto. Para que la Paz sea futuro, son necesarias la lucha y la dignidad; no la pacificación y el adormecimiento.

Si el Proceso de Paz se no cualifica y llena las expectativas que ha despertado en los humildes, la rebeldía popular y el alzamiento armado continuarán. La rebeldía es un derecho de los pueblos ante las sin salidas que desde el poder nos imponen a las mayorías. Nosotros asumimos ese compromiso y ejercemos ese derecho.

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Ya son más de 50 años de lo que fuese la fundación del Frente Unido del Pueblo, plataforma dirigida y organizada por el sacerdote y guerrillero Camilo Torres Restrepo, escenario de convergencia que irrumpió en el panorama político frente nacionalista de la agitada década de los sesenta en Colombia. Experiencia que al sol de hoy trae algunas discusiones y propuestas que se asemejan y posiblemente puedan potenciar la nueva apuesta política de las Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), nuevo nombre con el que se presentara una de las insurgencias más antiguas del hemisferio occidental y con la cual el gobierno colombiano llegó a un acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá.

La construcción de un nuevo partido que logre ganar a las mayorías incrédulas del desgastado sistema político-electoral colombiano es un reto al cual hoy se enfrentan las nuevas FARC y por lo tanto al que tendrán que saber interpretar para no caer en falsos vanguardismos o para simplemente terminar siendo una minoritaria propuesta que no logre conectar a los colombianos con sus planteamientos.

En esta tarea existen diversos elementos que juegan un papel importante, entre los que se encuentran la funesta maquinaria política y electoral de los Uribistas que como principio programático tienen en la mira la destrucción del acuerdo de paz y la antiquísima división de los sectores progresistas y revolucionarios en Colombia.

Las palabras expresadas por Rodrigo Londoño (Timo) comandante en jefe de las FARC-EP, fueron explicitas en este sentido: unidad, lucha de masas y reconciliación nacional; tareas inmediatas que ponen a esta fuerza política en un trabajo casi que de casa a casa, para en primera medida desmentir la negativa mediática creada por los medios y seguido para irrumpir con potencia en las grandes ciudades y sobre todo para poder ser una apuesta atractiva para los sectores juveniles del país.

 “Nada es fácil en el mundo político, mucho menos la actividad revolucionaria. El régimen y el sistema no están hechos para nosotros, pero estamos inmersos en ellos y dispuestos a cambiarlos.

Requeriremos de cabeza fría y de masas que nos respalden en todos los espacios. Nuestra misión fundamental será ganarlas, sin ellas el adversario hará lo que quiera con nosotros, sin ellas no lograremos cambiar nada” afirmó Londoño en la instalación del congreso constitutivo del nuevo partido, al escuchar estas palabras de uno de los formados por Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, traer al recuerdo colectivo las palabras de Camilo en el mensaje al Frente Unido en el cual aparece permanentemente que el tema de la unidad y la lucha de masas,  son un reto que a los revolucionarios se les debe convertir en imperativo y más en este momento en que se está entrando en un proceso de ampliación de la democracia como el que deviene  del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP.

Camilo  para el año de 1965 en su mensaje al Frente Unido sentenció: “De ahí nuestra insistencia en la unidad de los revolucionarios. Porque sabemos que las etapas que se avecinan serán infinitamente más difíciles que las que hasta ahora nos ha tocado vivir, y que si no luchamos todos unidos, corremos serio riesgo que el dolor causado al pueblo sea mucho mayor”, parece entonces que esta necesidad de la unidad es imperiosa en este momento en el que la llamada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común,  propone a través de Londoño un movimiento de movimientos en el que converjan las diversas tendencias progresistas del país para el 2018-2022. “Impulsaremos una gran convergencia nacional, la conformación futura de un movimiento de movimientos que agrupe las más diversas propuestas de superación de la gran crisis nacional por medios pacíficos y democráticos. Lanzamos desde ya nuestra propuesta de un gobierno nacional de transición para el período 2018-2022”.

Acercándonos un poco más a las propuestas de la plataforma del Frente Unido del Pueblo y a las tesis que se discutieron en el congreso constitutivo del nuevo partido, las semejanzas demuestran que por más de 50 años el sistema político colombiano no ha tenido grandes transformaciones en el fondo y que el origen programático de la lucha armada en Colombia aún es vigente, elementos como la participación real de la mujer, la inminente y necesaria reforma agraria, la reforma urbana y la transformación de la política militar son argumentativamente elementos que se encuentran casi que trascritos de un documento a otro y esto es de entender, puesto que la maniquea política en el país casi que se ha enquistado y se ha vuelto inamovible por más de medio siglo.

Proponer en paralelo estas dos propuestas pretende en primera medida comparar dos experiencias que pueden lograr ser un eje articulador del movimiento popular colombiano, demostrar que la lucha por la paz en Colombia tiene un componente netamente democrático y que hace más de 50 años se han exigido transformaciones que hasta el momento actual no se han  producido.

Leer la experiencia del Frente Unido y visualizar a las FARC en este nuevo momento nos demuestra que en Colombia se hace necesario un escenario que logre unir a los colombianos en la diversidad, la construcción de ese partido de nuevo tipo tiene que trasegar las tradicionales formas de practicar la política, para las FARC tendrá que ser un reto en este momento como lo fue para el Frente Unido, dejar el vanguardismo mediocre que algunos intentan imponer y así lograr que se ponga al frente más que su slogan, las necesarias luchas del pueblo colombiano y en este sentido la plataforma del Frente Unido fue clara: “el aparato político que se organice debe buscar al máximo el apoyo de las masas, debe tener una planeación técnica y debe construirse alrededor de los principios de acción más que alrededor de un líder para que se evite el peligro de las camarillas, la demagogia y el personalismo”.

Solo queda entonces por esperar que en los próximos dos periodos en donde las FARC podrán tener participación directa en el Congreso de la República, puedan demostrar su capacidad política y organizativa logrando con esto que el país de cuenta de que es un partido que le da importancia a sus bases definiendo a la vez que estas cumplen un papel determinante en la participación y toma de decisiones al interior del partido.

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*Publicada inicialmente en el noticiero Barrio Adentro (Colombia). Algunas palabras de esta nota fueron corregidas por el editor de Marcha.

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“No parecen guerrilleros”, se pudo escuchar, entre los murmullos y charlas de pasillo, después de la rueda de prensa organizada por la Federación Internacional de Prensa de los Pueblos (FIPU) en Quito, Ecuador. El comentario pretendía ser un elogio; iba acompañado de valoraciones a la informalidad, la sencillez y el trato de igual a igual que los jefes de la Delegación del ELN mantuvieron con los comunicadores y periodistas con quienes compartieron dos jornadas completas de trabajo.

Pablo Beltrán, jefe de la Delegación, se había visto sorprendido por una pregunta sobre la última temporada de Game Of Thrones y, tras unos balbuceos, debió reconocer que no veía la serie; estallaron las carcajadas, Beltrán el primero. Y aún faltaban las poses de los jefes insurgentes con las camisetas de Star Wars adaptadas a la situación, con la leyenda “StOP Wars” (paren las guerras). Como parte del clima descontracturado, el profesor Víctor de Currea-Lugo comentaba el enfoque que le dará a su nuevo libro: “historias de vida de los integrantes de la Delegación, para mostrar su lado más humano”.

Beltrán y los otros mandos del ELN dedicaron extensas horas a atender a medios de prensa. El mismo tiempo merecieron cadenas internacionales como Hispan TV, Telesur, y colectivos de comunicación alternativa que contaban con modestos equipos: todos tuvieron su “exclusiva” con los jefes del ELN.

Consuelo Tapias, una de las mujeres de la Delegación, viste con elegancia, se expresa con claridad y sonríe con frecuencia. Aureliano Carbonell invita un tinto, busca conversación con los periodistas, quiere informarse. La tranquilidad de saberse por fuera de la guerra (al menos geográficamente, al estar en Ecuador; al menos temporalmente, mientras duren los diálogos) seguramente ayude a que “no parezcan guerrilleros”. Pero quienes comparten reflexiones y chascarrillos con simpleza y naturalidad cargan con años -décadas- de lucha armada. Beltrán integra la máxima instancia de conducción, el Comando Central del ELN, desde hace más de 20 años; Carbonell es miembro de su Dirección Nacional. Se trata de personas de máxima responsabilidad en una guerrilla que decidió, en su Quinto Congreso realizado en 2015, “explorar la voluntad de las élites” de Colombia para alcanzar un acuerdo de paz y que, mientras tanto, mantiene su actividad guerrillera, incluso en expansión. Por eso, las expectativas sobre un posible acuerdo de Cese Al Fuego concitaron, durante las últimas semanas, el mayor interés.

Pero a la expresión que abre esta nota puede darse, también, otra interpretación. Podría decirse que “no parecen guerrilleros” en el sentido clásico, caricaturesco del término. Como guerrilla, el ELN tiene tanto de fuerza militar irregular como de vocación política e interés por los movimientos sociales. Eso expresan los integrantes de la Delegación cuando reclaman, con insistencia, ante la falta de garantías para los líderes sociales, cuando instan a la participación “decisiva y vinculante” de la sociedad o cuando, como puede escucharse en la entrevista que acompaña esta nota, describen el trabajo político que la organización desarrolla en las ciudades. “La militancia nuestra se mueve en los barrios, en las fábricas, en las Universidades, en muchos sectores urbanos”, explica Carbonell. “El ELN es una organización versátil, está en todos los sectores de la sociedad, en todos los sectores generacionales, con la juventud colombiana”, agrega Consuelo.

Curiosa guerrilla ésta, que no incita a los jóvenes a que se vuelquen a la lucha armada sino a buscar sus propios canales de participación. Dice Carbonell: “Les proponemos a los jóvenes que busquen sus propios caminos, y que busquen la manera de contribuir a un país distinto, de más justicia, de más democracia, y contribuir a un criterio de humanidad mejor del que nos da el modelo capitalista”. Complementa Consuelo: “El mensaje para la juventud y para la sociedad colombiana es que participen de manera activa, en todo el proceso de diálogos y de salida política y negociada a la situación de violencia que se vive. Buscar un mejor país”.

“Otro desafío para la paz”

El ELN llevó su propia propuesta al encuentro con medios y periodistas. Tomás García Laviana, integrante del ELN y responsable de comunicaciones de la Delegación, leyó una carta en la que invitan a “periodistas, comunicadores y comunicadoras, trabajadores y trabajadoras de prensa; medios comunitarios, alternativos, populares y estatales” a ser protagonistas de las instancias de participación para “democratizar los medios de comunicación”.

“Hablar de democratizar los medios en Colombia es subversivo, los grandes medios tienen rechazo a la democracia”, había dicho uno de los comandantes en la rueda de prensa. El debate sobre el rol de los medios y la paz estuvo presente durante los dos días de encuentro de la prensa con la Delegación. En la declaración final, que suscriben 15 de los medios presentes en el evento, se acepta la invitación: “En respuesta a la carta abierta de la delegación de paz del ELN, enviada al Encuentro, reconocemos como un hecho positivo que se propongan espacios de discusión futuros sobre el quehacer de los medios de comunicación en la construcción de la paz y reafirmamos nuestra disposición a trabajar en ese sentido”, dice el texto, suscripto por los medios federados en FIPU.

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La forma concreta que adoptarán las instancias de participación de la sociedad como garantía de estos nuevos acuerdos de paz que se avanzan en Quito, es aún una incógnita. Por momentos parece que las trabas en la Mesa son determinantes. El Gobierno acusa al ELN y éstos, a la intransigencia del Gobierno. “Solo la presión de la sociedad, de los sectores democráticos, del campo popular, los obligará a ellos a flexibilizar su posición” dice, en la entrevista, Aureliano Carbonell. En sus planteos, en la recurrencia de sus propuestas, vuelve a destacar el protagonismo que le atribuyen a la participación de la sociedad.

Para que esas instancias se concreten, habrá que esperar a que inicie el cuarto ciclo de diálogos en Quito, previsto para finales de septiembre.

ENTREVISTA – ZONA PÚBLICA:

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El ELN, en su V Congreso, caracterizó que las injusticias estructurales que dieron origen a la lucha armada están vigentes y que se abocarían a la negociación de paz en un sentido exploratorio, sin un compromiso de dejar las armas y planteando la necesidad de cambios estructurales. ¿Cree que efectivamente podrán encontrar acuerdos con el gobierno de Santos, o con uno próximo que de igual forma represente a las clases dominantes aliadas a los intereses norteamericanos?

El gobierno quería que desde el inicio de las conversaciones el ELN dijera o se comprometiera a dejar las armas, y que siendo así el gobierno también podría abrirse a considerar unos cambios, pero a esos cambios el gobierno le coloca unos inamovibles, de entrada se asegura que la guerrilla entregue su condición de rebelde alzado en armas a cambio de unas promesas. El ELN le ha respondido de la misma manera al gobierno. Pues el gobierno está hablando en un terreno hipotético, miren lo que sucedió con las FARC, luego de acordar todo, el establecimiento introdujo modificaciones a lo ya acordado.

Por eso en la Agenda acordada con el ELN está el tema de las armas, ahí está escrito que se hablará sobre el tema de las armas, de la misma manera y profundidad en que el gobierno está dispuesto a conversar sobre los otros temas señalados en la Agenda. El ELN no puede ni debe decir que va a hablar sobre la dejación de armas, pues de entrada estaría diciendo que no le ve futuro a su lucha, pues hasta este momento seguimos siendo una organización alzada en armas, y es en esa condición en que vamos a realizar todo el curso de las conversaciones.

¿Cree que la lucha armada tiene posibilidades se seguir siendo considerada una vía de liberación en una América Latina que, al igual que el ELN señala respecto de Colombia, mantiene intactas sus causas estructurales de injusticia? El comandante Uriel, del Frente de Guerra Occidental de su organización, manifestó recientemente su desconfianza en que los dueños del poder cumplan sus compromisos con la paz.

Lo que expresa el comandante Uriel es el punto de vista del ELN. Hasta este momento lo que el gobierno de Santos ha mostrado es su afán porque la guerrilla se desmovilice y se desarme, no del por qué el país debe cambiar o de qué manera estos gobiernos deben mejorar la vida de las gentes humildes.

De otro lado, ni siquiera han podido organizar los campamentos donde las FARC deben concentrarse, y eso que es lo que motiva al gobierno, habrá que mirar cómo será el cumplimiento de los acuerdos. En el caso del proceso con el ELN, aún no hemos iniciado a discutir los temas de la agenda, y los tiempos los ha colocado siempre el gobierno, de eso el ELN ya conoce bastante, cuando quiere colocar condiciones unilaterales las coloca y no son tales sus premuras.  Si no consideráramos que existen posibilidades no estaríamos alzados en armas, es una decisión nuestra y soberana, y cada pueblo está en su derecho de elegir el camino que estime conveniente.

Los triunfos de Hugo Chávez y de proyectos alternativos al neoliberalismo en Bolivia, Ecuador, Argentina y Brasil parecieron marcar una táctica de acceso al gobierno para la izquierda continental por vías democráticas y electorales. ¿Por qué su organización, hace ya 15 años cuando estos procesos tuvieron su auge, no resolvió convertirse en fuerza política electoral y dejar las armas?

Esos triunfos electorales no se dieron solos, fueron precedidos por gobiernos de corte neoliberal que llevaron a profundas crisis sociales y políticas, y cayeron en profundo desprestigio por corrupción y ausencia de soluciones a los problemas de la población. En ese contexto se vivieron jornadas de protesta social que evidenciaron la crisis del modelo económico y por tanto de sus gobiernos y partidos.

En esos momentos, Colombia atravesaba la borrachera paramilitar, donde sectores de la oligarquía le apostaron a ese ensayo, que era la vía para consolidar el modelo neoliberal, tanto en campo como en la ciudad. El paramilitarismo cumplía el papel de aniquilar las fuerzas sociales que se oponían al gobierno y al régimen, pero a la vez llevó a cabo la contrarreforma agraria por la vía del despojo que ayudó a consolidar el poder económico y político del uribismo. De esta manera se le abrió el camino al régimen actual, que lo inició Uribe, pues dicho gobierno llegó con la idea de terminar con la guerrilla en 18 meses, meta que no pudo cumplir con su plan de guerra a lo largo de dos gobiernos. Como se puede ver se vivieron circunstancias políticas distintas, pero en el marco de un mismo modelo económico.  En esas circunstancias de guerra, la insurgencia colombiana y en particular el ELN, rediseñó su estrategia de resistencia integral en lo político y militar.

Colombia cuenta con un régimen formalmente democrático, aunque eso no impide que se cometan los más altos índices de violencia contra el movimiento social y popular en el continente. ¿Cree que esa realidad colombiana pueda ser un modelo que copien las nuevas derechas en el continente?

La formalidad de una democracia no se puede medir por que se realicen unas elecciones, pues en ellas quienes tienen dinero y pueden comprar votos son los que cuentan con mejores opciones para ganar. Aún la misma formalidad de la democracia debe estar referida a la equidad social, al respeto de los derechos humanos. Nosotros preferimos decir que en Colombia hay ausencia de democracia, no hablamos siquiera de apertura democrática, sino que se requiere un proceso de democratización integral. No es acertado hablar de copias en el campo de las experiencias en la construcción de las sociedades. En caso que debiera sugerir, preferiría hacerlo resaltando la experiencia de lucha y de resistencia que ha tenido que vivir el pueblo y de quienes nos levantamos en rebeldía por transformar los regímenes injustos y antidemocráticos.

¿El ELN tiene contactos con otros grupos clandestinos u organizaciones armadas en América Latina?

Para nadie es un secreto que los procesos de rebelión armada se fraguan en silencio, que pueden durar años e incluso décadas caminando selvas y pavimentos, son fuerzas que caminan sin que nadie las vea y luego llegan los tiempos de los volcanes con sus erupciones. Hemos conocido al grueso de la dirigencia guerrillera de América Latina de las décadas del 70, 80 y 90, pero también lo nuevo que se ha ido formando en paralelo a esos procesos y otras vertientes independientes novedosas. Unas se ven y otras no.

De cuando en cuando nuestra gente se encuentra, intercambian en el marco de un gran respeto, buscamos siempre aprender de los demás, más que enseñar, todos ellos mantienen sus esperanzas de ver sus países libres y soberanos, con equidad social y verdadera democracia, que se aparte del desastre neoliberal. Viene en construcción una agenda política muy ligada a los procesos sociales, a una horizontalidad por la base, que rescate su participación protagónica, con nuevos paradigmas ecológicos, ambientales, de género, éticos. No se desconocen los aportes y búsquedas de los gobiernos que se menciona, pero que quieren rescatar la fortaleza de la organización social por la base que les dé mayor capacidad de resistencia, que invierta la pirámide de la política: más participación de la base en la toma de decisiones.

Las bases militares de Estados Unidos se cuentan por decenas en América Latina, y en Colombia se encuentra la mayor concentración militar norteamericana del continente. ¿Cree que Estados Unidos podrá recurrir a ellas en coyunturas próximas de crisis o para contrarrestar procesos de cambio?

No son solo América Latina o Colombia los únicos territorios intervenidos militarmente por Estados Unidos, sino que es el mundo entero. Para eso están los centenares de bases militares regadas por el planeta, sus comandos y flotas que se reparten el control de continentes; ya no lo pueden hacer como hace algunos años, pero lo siguen haciendo. En la actualidad vienen actuando con intensidad para revertir los procesos de cambio que aún persisten en esta parte del mundo, y ahora con un presidente Republicano que se sale de la ropa, se puede esperar cualquier locura. Pero la lucha sigue y todo va a depender de la capacidad de los gobiernos y su población para organizar la resistencia.

Por otro lado, las Fuerzas Armadas del Estado colombiano realizaron una profunda revisión y actualización de su Doctrina Militar, ahí queda claro sus objetivos en estos próximos 30 años, proyectando convertirse en un “líder” militar para la región, dentro de una alianza estratégica con Estados Unidos dentro de la doctrina de Acción Unificada buscando estandarizar las estructuras, visión operacional y, por tanto, objetivos en la geopolítica continental y mundial de la mano con las tropas de la OTAN. Su visión injerencista queda clara en dicha doctrina, pues señala que tienen capacidad para realizar operaciones dentro y fuera del territorio nacional, para entrar y salir en cualquier territorio, asegurar el terreno y mantenerse hasta hacer cambiar las circunstancias. Estas son palabras mayores. Podemos decir que las Fuerzas Armadas colombianas son un gran operador del imperio norteamericano. La inestabilidad política que hoy vive el continente caminará de la mano con esta visión de poderío militar de la oligarquía colombiana.
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* ‘Antonio García’ (Mocoa, 1956) es el nombre que adoptó en su ingreso al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. Antes de incorporarse a la guerrilla fue docente de primaria y estudiante de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Industrial de Santander (UIS). Actualmente integra la máxima instancia de la organización, el Comando Central (COCE).

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En Quito estaba todo preparado para que se iniciaran los diálogos de paz entre el ELN y el Gobierno, que tienen como primer punto la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz. Sin embargo, el presidente Santos los aplazó a la espera de la liberación del ex congresista Odin Sánchez, decisión no compartida por el ELN. Los movimientos sociales, presentes en Quito, llamaron a las partes a hacer esfuerzos por la paz.

Cientos de líderes sociales, sindicales, de derechos humanos, de la juventud, afrodescendientes, entre muchos otros, viajaron desde Colombia hasta Quito para participar de los diálogos que iniciarían hoy su fase pública en Ecuador. Sin embargo, Santos ordenó a la delegación de paz del gobierno no viajar a Quito “hasta que liberen sano y salvo a Odín Sánchez”. Momentos después el jefe del equipo negociador del Ejecutivo, Juan Camilo Restrepo, reveló que el Comité Internacional de la Cruz Roja, ya había iniciado el operativo de liberación. “El Gobierno celebra este hecho y toma nota de este procedimiento, que espera que concluya satisfactoriamente, ojalá antes del 3 de noviembre, fecha acordada para dar inicio a la primera ronda formal de negociaciones, y le informa a la opinión pública que la ceremonia inaugural será reprogramada”, afirmó.

La incertidumbre de la fecha exacta en la que se comenzarán los diálogos preocupa a los movimientos sociales. Marylen Serna, vocera de la Mesa Nacional por la Paz, explicó que numerosas representantes de la sociedad civil llegaron con esfuerzo hasta Quito, dispuestos a ser parte de la mesa y con propuestas concretas impulsadas desde los territorios, con una agenda elaborada desde abajo hacia arriba y pidió garantías para esa participación.

“Las dificultades que el gobierno colombiano pone para la instalación de la mesa, se debe en parte a la centralidad que tiene en esa agenda la participación civil. Eso no fue aceptado en la negociaciones con las FARC y ahora ha venido dilatándolo en el proceso con el ELN. Parece un rechazo a la necesidad de dar una dinámica de participación. El gobierno bloqueó la llegada de delegaciones colombianas en el aeropuerto y también por vía terrestre. El mensaje que quieren dar es el mismo: que esto es un problema del gobierno y la guerrilla. Se equivocan, este es un problema del pueblo colombiano y por eso estamos presentes aquí”, afirmó Sebastián Quiroga, vocero del Congreso de los Pueblos.

En efecto, de los seis puntos de agenda, acordados entre la insurgencia y el gobierno colombiano, el primero es la participación de la sociedad en la construcción de la paz, en donde se planteó “un ejercicio dinámico, activo, incluyente y pluralista”. El ELN había afirmado que debía haber una presencia amplia para representar al conjunto de la sociedad en las negociaciones.

Los desafíos de la paz con justicia social

Si la victoria del No en el referéndum realizado el 2 de octubre pasado generó un escenario de incertidumbre para toda la población, acerca de cómo se seguirían las negociaciones para poner fin al conflicto armado, las señales posteriores fueron una bocanada de oxígeno: masivas movilizaciones por la Paz, el otorgamiento del premio nobel a Santos, sus expresiones de sostener el camino de negociaciones y la apertura de las negociaciones públicas entre el ELN fueron parte de los pasos para alcanzar la paz.

En ese sentido, muchos analistas aseguran que, después del referéndum, creció la responsabilidad de dirigentes políticos, empresarios, y la sociedad en general para avanzar hacia un proceso sin guerra, más allá de las diferencias de cómo alcanzar la paz. José Noé Ríos, quien formó parte de la primera parte de la negociación con el ELN dijo que esta fase de diálogos puede ser “la oportunidad de una paz completa”. A la vez, consideró que los primeros puntos de la agenda de negociación son los más complejos por el esfuerzo que implicará estructurar mecanismos de participación de la sociedad civil.

El segundo y tercer punto de la agencia de diálogos que se instalará en Ecuador son “la democracia para la paz” en donde se examinará la participación y las decisiones del pueblo colombiano en los problemas que los afectan y cómo se resuelven los conflictos, al tiempo que se revisarán las garantías que existen para la manifestación pública, y el tratamiento de la situación jurídica de los condenados en el desarrollo de la movilización social. El tercer punto, “transformaciones para la paz” busca que, a partir de las propuestas de la sociedad civil, el gobierno y la insurgencia se comprometen a desarrollar programas transformadores para superar la pobreza, la exclusión social, y la degradación ambiental, mientras se buscan crear planes alternativos integrales con enfoque territorial, que den opciones económicas y productivas que beneficien a las comunidades.

Desde los movimientos sociales que sí se reunieron hoy en Quito, proponen un espacio denominado Mesa Social de la Paz. “La negociación va a ser con nosotros y nosotras, tenemos propuestas, tenemos mecanismos para sumarnos y participar, aquí vamos a estar y aquí nos instalamos “, afirmó Ricardo Moreno, vocero de la Comisión étnica de Paz. La Mesa es una alternativa para pensar la participación civil en los diálogos con carácter vinculante en la negociación.

La preocupación de los movimientos sociales es que el gobierno desarrolle un doble discurso. “Por un lado se plantea la paz, buscar soluciones políticas, pero por el otro lado se profundizan las políticas represivas, con el hostigamiento al movimiento popular colombiano y un nuevo código de policía que estigmatiza a quienes pelean por sus derechos. Anteayer detuvieron a más de cinco manifestantes en el Cesar por rechazar el fracking. Hay una guerra contra el movimiento popular que reclama la paz con justicia social”, afirmó Quiroga.

Desde la Mesa Social plantearon que continuarán exigiendo la participación protagónica vinculante de la sociedad en la construcción de la paz y sostendrán su presencia en Quito a la esperar de que se concrete la fase de diálogo con el ELN.

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La ex senadora colombiana y defensora de Derechos Humanos fue víctima el 1 de abril de un ataque por parte de hombres armados. Pensar en Piedad Córdoba Ruiz es pensar en las mujeres sobrevivientes de los conflictos armados y en las que están en resistencia en Colombia.

Llegábamos a la cita en medio de un aguacero torrencial; mujeres de diversos rincones nos encontrábamos para hablar del feminismo popular, y con una nueva excusa para seguir botando ideas, juntando corazones, abrazarnos un poco, pensarnos juntas cómo continuar construyendo ese mundo que soñamos y creemos posible. Era viernes 1 de abril y al mismo tiempo se anunciaba en diversas redes, que en Quibdó (Colombia) se había frustrado un atentado en contra de la vida de Piedad Córdoba Ruiz.

La sala en silencio por unos segundos, tras dar a conocer la noticia tomó la decisión de pronunciarse, porque en cualquier lugar del mundo las feministas siempre estamos dispuestas a gritar y materializar la consigna: “si nos tocan a una, nos tocan a todas”.

Hablar de Piedad es hablar de diálogo y paz. Resumir en pocas líneas la lucha de esta mujer es un encargo difícil; Piedad Córdoba es una feminista colombiana, afrodescendiente, que ha dedicado su vida a la lucha institucional y desde el escenario de lo público; que le ha apostado de manera férrea a la paz, al diálogo para la superación del conflicto y a la justicia social en Colombia.

Durante dieciocho años fue congresista de la nación, dando debates en temas marginales frente a la pobreza, la exclusión, las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y la guerra. En ese escenario se dio a conocer como una mujer de carácter deliberante e independiente, alineada en una posición más radical frente a la derecha y su actuación guerrerista en el país.

Esto le costó hacia finales de los años noventa, el secuestro del que fue víctima por orden de Carlos Castaño Gil (comandante jefe de los grupos paramilitares), luego el exilio y tras su retorno, dos atentados en contra de su vida de los cuales salió ilesa. Pese a ello, su actividad política en la oposición al régimen de Álvaro Uribe Vélez a inicios de la década del dos mil fortaleció los lazos de unidad de la izquierda en momentos donde se dieron importantes derrotas a la derecha colombiana.

De sus gestiones más reconocidas se destaca el trabajo como facilitadora, con el presidente Hugo Chávez, de la liberación de seis políticos/as colombianos/as que se encontraban como rehenes[1] de las FARC[2]; desde ese momento sus posiciones contra la guerra se radicalizaron y su trabajo por lograr una salida negociada al conflicto, actuando como referente, facilitadora y generadora de debate político le ha significado una campaña permanente de odio en su contra promovida por la derecha colombiana y los medios de comunicación hegemónicos.

La estigmatización sistemática sobre Piedad, calificada de “traidora de la patria”, ha puesto un blanco permanente en su contra, esto en un país en donde ser referente social y político señalada de estar a favor de la insurgencia, es un justificante para que cualquiera hale del gatillo.

La persecución y la falta de garantías para ejercer la oposición le costó su derecho a la participación política, siendo sancionada e inhabilitada para ejercer cargos públicos precisamente por su labor a favor de la paz.

Tal parece que en Colombia ser una constructora de paz, tiene un gran costo político que se paga no solo con la judicialización y la criminalización sino con la vida misma.

No es casual que una movilización convocada por el partido político Centro Democrático[3] en contra de los diálogos con la insurgencia, sea apoyada explícitamente por el ejército paramilitar, que llevó a cabo un paro armado afectando a siete departamentos del país, causando muertes y ataques a bienes civiles. Todo al mismo tiempo, incluyendo el ataque a Piedad Córdoba y una amenaza de muerte que circuló en contra de un grupo de mujeres y organizaciones de mujeres referentes del movimiento social y de víctimas en Colombia.

El ataque frustrado contra la vida de Piedad Córdoba, se da en un contexto en el que la derecha arrecia su discurso de guerra y hace un llamado en contra de la paz. Las múltiples acciones por parte de sus principales líderes políticos, tienen como fin generar un ambiente de inestabilidad frente a los procesos de negociación y la actuación de la justicia en Colombia; ambiente de profunda oposición política a la restitución de los derechos de las víctimas, la devolución de las tierras despojadas, la reparación, el desmantelamiento del paramilitarismo y la verdad sobre el terrorismo de estado.

Pensar en Piedad es pensar en las mujeres que están en resistencia en Colombia. Las mujeres sobrevivientes quienes el conflicto armado atravesó sus vidas, las que han dicho que su cuerpo no es botín de conquistadores, las que han gritado que no quieren parir hijos para la guerra; las mujeres que han levantado los/as muertos/as y reconstruido el tejido, el territorio y los proyectos sociales y políticos; las mujeres que ya no están, las arrebatadas por el patriarcado, el capitalismo, el guerrerismo. Pensar en Piedad es pensar en las víctimas.

Los ataques y la persecución sistemática que se ha intensificado en contra de líderes sociales y referentes de paz, cobra especial relevancia justamente por las discusiones sobre la materialización de la justicia y la reparación para las mujeres víctimas y las garantías de no repetición.

La intensidad y la dureza de la violencia dirigida contra las mujeres referentes en Colombia es una muestra de la gran oposición que existe a que las agendas de las mujeres se posicionen en el escenario político, particularmente en la construcción de una paz duradera que implica necesariamente la trasformación de las estructuras que discriminan a las mujeres y perpetúan una sociedad desigual, de explotación, saqueo y violencia.

Rodear a Piedad, no es solo estar a favor de la paz, es manifestarse en el sentido que el cuerpo de las mujeres es un territorio inviolable, un territorio donde se manifiestan los aportes indiscutibles a la reconstrucción del país, la soberanía, la justicia social y al trabajo por los cambios sociales que Colombia necesita.

Las mujeres organizadas representan un potencial trasformador y potencian la fuerza y la resistencia que han demostrado muchas otras mujeres frente a la violencia y la insistencia de parar la guerra y reparar la gran tragedia humanitaria. Es potenciar las posibilidades de articulación de múltiples sectores y organizaciones sociales y políticas de las mujeres y con todo el movimiento social alrededor de un acuerdo común sobre la paz y sobre el país que todos y todas soñamos.

*Feminista y militante del Congreso de los Pueblos

[1] Asamblea General de Naciones Unidas. Convención internacional contra la toma de rehenes. Artículo 1 1. Resolución 34/146 el 17 de diciembre de 1979 Disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_conv_%20interna_%20cont_toma_rehen.pdf

[2] Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC. Grupo insurgente Colombiano que actualmente dialoga con el Estado  para la consecución de un acuerdo de paz.

[3] Partido político colombiano, de tendencia derechista, fundado en el año 2013 por el expresidente de la república Alvaro Uribe Vélez.

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Tras la postergación del plazo “definitivo” para la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, el escenario sigue abierto. Conversamos con el sociólogo Jairo López Pacheco para repasar los aspectos fundamentales de las negociaciones.

A 6 meses del histórico apretón de manos entre el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño –Timochenko-, finalmente la fecha del 23 de marzo como plazo para la firma de la paz en Colombia no se cumplió.

La postergación se veía venir, ya que el propio Santos había dicho en los días previos que no iba a “firmar un mal acuerdo de paz” solo para cumplir los plazos. A la espera de que se defina una nueva fecha o continúen las negociaciones sin plazo fijo, conversamos con el sociólogo colombiano y especialista en movimiento de derechos humanos, Jairo López Pacheco, quien rescata los avances que han tenido las conversaciones entre la guerrilla y el gobierno, como el acuerdo de solicitar al Consejo de Seguridad de la ONU la creación de una comisión especial para verificar y monitorear el desarme, el acuerdo de tierras –para muchos el eje central del conflicto-, la participación política de la guerrilla una vez desmovilizada y el reconocimiento de la diversidad de victimarios y la justicia transicional. Sin embargo, reconoce el momento de tensión en las negociaciones, principalmente en el punto de las zonas de ubicación de los guerrilleros una vez acordado el cese definitivo: “Para la guerrilla de las FARC la propuesta de ubicar a los futuros excombatientes en un terreno rural muy delimitado sería claudicar y entregarse”, afirma.

Pese a la no firma de la paz en el plazo estipulado inicialmente, López recalca que este hecho no echará abajo todo lo avanzado hasta ahora.

El ex presidente Uribe tuvo una política muy diferente con la guerrilla y no apoyó estos diálogos en su inicio. ¿Cómo está operando esta fuerza política en las negociaciones? ¿Ha impactado de alguna forma que recientemente su hermano fuera apresado por cargos de paramilitarismo?

– El ex presidente Uribe mantuvo una política de guerra frontal a la guerrilla en sus ocho años de gobierno (2002-2010). Básicamente, su política se enfocó a lo que denominó la lucha contra el terrorismo en la línea de las directrices norteamericanas luego del 11 de septiembre. Sin duda la ofensiva fortalecida por el dinero del Plan Colombia que sirvió para modernizar a las fuerzas armadas tuvo un éxito militar y mediático indiscutible, nunca en la historia la guerrilla recibió tantos golpes nodales como los asesinatos de los principales miembros del secretariado, así como el retraimiento en el territorio. A esto se debe sumar una eficaz política mediática que reducía todos los problemas del país a la “amenaza terrorista”, en un periodo muy crítico en el que las voces de oposición como los movimientos sociales o los defensores de derechos humanos fueron catalogados como “servidores del terrorismo” y perseguidos por las fuerzas institucionales y para institucionales. No es secreto que el propio gobierno de Uribe buscó en varias ocasiones un acercamiento con la guerrilla para entrar en una negociación, paradójicamente uno de los puntos que imposibilitaba este acercamiento era que la postura de Uribe fue siempre la de hacer los diálogos sin despeje en el territorio nacional, como se llevan a cabo hoy día fuera del país, en La Habana, Cuba. Claramente la posición de la guerrilla fue no negociar con el gobierno de Uribe al que asociaban con la expansión del paramilitarismo.

El uribismo, con Uribe como cabeza de su partido en el Senado, ha criticado el proceso de paz desde el inicio. Esta fuerza política ha impulsado la idea de que la negociación es la claudicación del gobierno frente al terrorismo, recordemos que la campaña electoral del 2014 se dividió entre quienes apoyaban el proceso de paz y estaban con la reelección de Santos y quienes proponían nuevamente una política de guerra y estaban con el candidato del uribismo, la victoria final de Santos fue muy estrecha. Hoy las encuestas de opinión le dan al expresidente Uribe un poco más del 60% del apoyo, mientras que la imagen de Santos ha caído al 20%. No obstante los esfuerzos del uribismo y que todavía cuentan con posiciones de poder como la Procuraduría General de la República, es cierto que cada vez más los líderes del uribismo se ven amenazados por la justicia dados los múltiples procesos que se han abierto frente a personas muy cercanas a Uribe durante su gobierno, incluso con condenas ya emitidas, lo que se puede entender como una forma en que el uribismo se siente presionado y amenazado, recordando que son muy claros sus vínculos con la expansión y consolidación del paramilitarismo.

¿Es relevante hacer una distinción entre ambos mandatarios?

– Lo que vemos es una división en la derecha, donde podemos distinguir entre aquella que en este momento busca una salida institucional al conflicto y aquella que sigue apostando por la guerra, pero vale aclarar y tener en cuenta que ambas facciones de la derecha se vieron beneficiadas por la avanzada paramilitar. Para poner un ejemplo, volvamos a las imágenes de Iván Márquez asistiendo a un acto político contrariando los acuerdos de procedimiento acordados desde el inicio de las negociaciones. Sin duda, ésta fue una torpeza de las FARC, sin embargo de manera inmediata las imágenes y escenas fueron utilizadas para presionar al gobierno por parte de diferentes sectores que se oponen a la negociación, vendiendo la idea según la cual “Santos está entregando el país a la guerrilla”, punto que se suma a calificativos salidos de toda proporción que la derecha más radical siempre ha generado sobre el gobierno de Santos calificándolo como “castro-chavista”.

No hay calificativos más salidos de la realidad y de la condición política de Santos, un probado hombre de derecha impulsor de medidas claves en los años noventa en la profundización de la apertura económica (siendo ministro de comercio exterior durante el gobierno de Cesar Gaviria), además de haber participado en cada uno de los gobiernos que impulsaron políticas neoconservadoras, incluso siendo el ministro estrella de defensa del gobierno de Uribe Vélez (recordemos que durante su gestión estalló el escándalo de los “falsos positivos”, que no son más que la expresión de una política de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes pobres y de zonas muy marginales que eran presentados como “bajas en combate” a cambio de bonos económicos), mismo cargo que lo catapultó a la Presidencia de la República. Lo que hay detrás, es entonces, una clara manifestación de una división en los grupos de centro derecha y derecha en Colombia, entre una opción que apuesta por una salida civilista del conflicto y otra que sigue apegada a la guerra como modus vivendi de su proyecto político y económico, de ninguna manera es un quiebre que tenga que ver de fondo con el modelo económico que se ha mantenido intacto en Colombia en las últimas décadas.

La violencia política en Colombia tiene una historia muy larga, con generaciones completas que crecieron en este clima social. ¿Qué impresiones o lecturas de este diálogo se pueden percibir en la ciudadanía? ¿Hay apoyo para cerrar este proceso?

– Es la pregunta que todos se hacen en este momento en Colombia. Recordemos que el acuerdo final será puesto a votación en un plebiscito nacional, esa es la gran apuesta del gobierno tener el respaldo mayoritario para re legitimar el acuerdo. Sin embargo yo sería más cauteloso y acotaría dos puntos. En primer lugar, el acuerdo político con la guerrilla no será sinónimo de paz, ya que los múltiples conflictos que atraviesa el país van mucho más allá del conflicto armado, por lo cual es todavía un gran reto para la sociedad colombiana. Aunque no deja de ser alentador que el último año haya sido el de menor intensidad de acciones violentas en medio del conflicto en los cuarenta años de su desarrollo. En segundo lugar, como bien se menciona, estamos hablando de muchas generaciones de colombianos y colombianas que nacieron y crecieron en medio de la guerra y la violencia, en este sentido diría que estamos hablando de un habitus violento que se ha interiorizado de manera muy fuerte en gran parte de la población, lo que puede ayudar a explicar que personas que nunca han sido directamente víctimas del conflicto no puedan generar empatía con el sufrimiento de los millones de víctimas y sigan apoyando lenguajes beligerantes y guerreristas. En este sentido, retomaría una afirmación clara que hizo el jurista italiano Luigi Ferrajoli cuando visitó el país el año pasado, afirmaba que la verdadera batalla que se debe librar en Colombia es más cultural que jurídica, que se debe convencer a toda la población que la paz es el bien supremo y que vivir en guerra es simplemente absurdo.

¿Cuáles cree que serían los principales o los primeros desafíos políticos en una Colombia en paz?

– Nuevamente, una salida negociada del conflicto no es sinónimo de paz en Colombia. En este sentido la respuesta es simple, los grandes acuerdos son, al mismo tiempo, los grandes retos que tiene este proceso, básicamente una efectiva implementación de todos los puntos y un real escenario de garantía para la participación política, la oposición y la movilización social. Tan solo en el 2015 fueron asesinados 69 defensores de derechos humanos en el país, una cifra muy alarmante, sin contar amenazas y atentados; de la misma manera, el movimiento social y político Marcha Patriótica que se estima sea la plataforma por medio por el cual la guerrilla entraría a participar en la vida política ha vivido asesinatos de muchos de sus miembros (por decenas) y persecución política, prendiendo las alarmas sobre las garantías efectivas para la movilización y recordando en todo momento el trágico episodio de exterminio de la Unión Patriótica a finales de los años ochenta. Esta misma semana Aida Abella, líder sobreviviente de la Unión Patriótica, en conjunto con Marcha Patriótica, la Cumbre Agraria y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, denunciaron el asesinato de 28 líderes de izquierda en tan solo tres semanas, recordando el genocidio político que Colombia vivió a finales de los años ochenta y principios de los noventa. En esta denuncia se presentaron los asesinatos como acciones selectivas de grupos paramilitares en todo el territorio nacional, acciones que se dan claramente como una reacción violenta a los avances alcanzados en la Mesa de Conversaciones de La Habana.

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