Por Luz Ailín Báez

Se cumple un nuevo aniversario, un nuevo 24 de marzo. Fecha que desde el retorno a la democracia, un 10 de diciembre de 1983, ha convocado a multitudes en las calles. El segundo 24 de marzo que transcurrimos en pandemia. Hace 19 años, pocos días antes de cumplirse los 30 años, el 24 de marzo de 2002, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se convertía en feriado nacional. ¿Cuál es el balance, luego de 38 años de democracia ininterrumpida en la Argentina y a 45 años del Golpe? ¿Cuántos juicios se encuentran en curso en la actualidad? ¿Cuál es el efecto de las diversas políticas de memoria?

Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde la reapertura de los procesos un total de 3490 personas fueron investigadas. Hay 21 juicios en curso y otros 73 aguardan fecha de inicio de debate. El órgano estatal que preside la fiscal federal, Ángeles Ramos, informó que en la actualidad existen 626 causas en todo el país en las que se investigan los delitos del terrorismo de Estado, de las cuales 278 se encuentran en etapa de instrucción, 254 obtuvieron sentencia, 73 están elevadas a juicio y 21 se encuentran actualmente con el debate en curso.

“A 45 años del golpe, el balance, pese a todo, es positivo. Creemos que la sociedad argentina (en su mayoría) ha pegado un gran salto en su conciencia para comprender que Memoria Verdad y Justicia son tres elementos fundamentales en el sostenimiento de la democracia y, por lo tanto, no se trata solamente de mirar hacia atrás para comprender lo que pasó, sino que comprender que la búsqueda de la verdad está muy pegada a la búsqueda de justicia. Estos elementos son esenciales, como en la construcción, para poder sostener un edificio con cimientos y una base sólida: esos cimientos se llaman verdad y justicia”, sostiene el abogado querellante en múltiples causas de lesa humanidad, Pablo Llonto y agrega: “Si no hay juzgamiento de lo que pasó en el pasado reciente no se va a poder construir firmemente una sociedad democrática y en la defensa de los derechos humanos. Si permiten que se violen impunemente los derechos humanos no hay nada para enseñar a las nuevas generaciones. ¿Se les puede decir a las mismas ‘Miren lo que pasó y miren qué bien están los que cometieron esa barbarie’? Podrían pensar ‘¿Para qué me enseñan el horror que pasó si los que cometieron ese genocidio están lo mas campantes paseando y riéndose por las calles’? Ese no es el objetivo, todo lo contrario y por eso el balance es positivo”.

Parsimonia justiciera

Del universo de 3490 personas investigadas por delitos de lesa humanidad desde la reapertura de las causas, hay 1661 personas (un 47% del total) que transitan los procesos en libertad, mientas que 859 (25%) se encuentran privadas de su libertad. De todas ellas, 636 cumplen el arresto en su domicilio, modalidad de detención que predomina desde 2016 y que suele relacionarse con la edad de quienes son condenados. “Los juicios van lentos, sin duda, pero se hacen en todo el país, y Argentina es uno de los pocos países que está desarrollando esta forma de tomar conciencia”, señala Llonto. Eva Arroyo, de H.I.J.O.S Jujuy, observa que si bien en dicha provincia se está avanzando en el juicio Megacausa, “el problema central que estamos teniendo ahora es la dilatación en la etapa de instrucción, que implica la investigación, el avance en indagatorias e imputaciones. No avanzan a pesar de que H.I.J.O.S hizo una denuncia contra 15 policías con prueba de su participación en el terrorismo de Estado”.

Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a nivel nacional, de la totalidad de las personas investigadas, más del 20% ha fallecido. Lo cual nos lleva a poner el foco en los modos en que se están llevando a cabo los juicios. Una de las tareas pendientes de esta democracia en materia judicial tiene que ver con acelerar los juicios. En el año 2020 se votó en el Senado una ley de reforma judicial que tiene un artículo, a propuesta de los abogados de lesa humanidad, donde se establece que los juicios de lesa humanidad tengan al menos tres audiencias por semana. “Si logramos que eso se convierta en ley, tendremos una herramienta legal para poder decirles a los tribunales orales que los lleven a cabo lo más rápido posible. A veces, los juicios que se inician tardan 14, 15, 17 años en llegar a instancia de juicio oral”, resalta el abogado.

Si consideramos que en la Argentina se es inocente hasta que se demuestre lo contrario, el tratamiento de dicho proyecto de ley resulta fundamental para evitar que más genocidas mueran en la impunidad. Al día en que se escriben estas líneas, el proyecto aún no cuenta con fecha para ser tratado en Diputados.

Educación para la memoria

Desde el año 2005 se lleva a cabo el Programa Educación y Memoria, cuyo objetivo inicial fue la producción de materiales para todos los niveles educativos del país (primario, secundario y terciario), y que logró trascender la efeméride del 24 de marzo para empezar a pensarse de manera más sistemática, como herramienta pedagógica para vincular el pasado reciente con temáticas actuales.

Una investigación realizada en 2015 por el Ministerio de Educación de la Nación y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires sobre las “marcas de la memoria” (Malvinas, dictadura, democracia, Holocausto y genocidios del siglo XX) en escuelas secundarias de todo el país arrojó un dato contundente: el 68,2% de los estudiantes encuestados había escuchado hablar con mayor frecuencia sobre la dictadura en la escuela, un 12% en sus casas y un 13% en la televisión. Un porcentaje menor (2,4%) en la calle, con amigos y aún menor en la web (2%).

Si se analizan los datos arrojados en relación a esta política de memoria, se puede concluir que la escuela es la institución que asume con mayor responsabilidad la transmisión del pasado reciente y la construcción de la memoria colectiva. Se trata de una tarea que la sociedad argentina viene construyendo desde 1983, que muchos docentes vienen sosteniendo en las escuelas con voluntad y compromiso y que posteriormente se transformó en política de Estado (con sus bemoles de financiamiento, según la administración de turno). Será interesante ver estos mismos datos y sus avances, cuando concluya el nuevo decenio de estas políticas de memoria, en 2025.

La articulación de entidades educativas con los ex centros clandestinos, hoy constituidos como espacios de memoria, forma parte de esta política. “El área de promoción de derechos humanos abre  la posibilidad de seguir una línea cronológica  previa, durante y después de la dictadura, y poder revisarnos en el hoy. No sólo quedarnos con lo acontecido en la dictadura sino plantearlo desde una pedagogía de la memoria: para qué nos sirve la historia en el presente”, puntualiza Ángeles Aguilar, docente integrante del área de pedagogía y comunicación del Sitio arqueológico y Espacio de Memoria y Ex Centro Clandestino de Detención, tortura y Exterminio, “Club Atlético”, en San Telmo. “No es lo mismo que te cuenten sobre este lugar a poder recorrerlo, poder ver sus objetos. Desde lo pedagógico es fundamental tener ese apoyo y esa materialidad para dimensionar que nuestro lugar es un caso de los más de 700 centros clandestinos que hubo en el país y de los más de 40 espacios de memoria que hay en el país. Importante porque no sólo no la vivimos sino que no nos enseñaron sobre dictadura”, concluye.

“En el área de derechos humanos, lo importante que queda hacia adelante tiene que ver con las futuras generaciones. Es fundamental que la enseñanza de los derechos humanos se haga desde la primaria y se haga de una manera intensiva. No tiene que ver solo con la educación sino que en todas las áreas donde estamos, el deporte, la cultura, el entretenimiento, la medicina, la arquitectura, el derecho y la justicia, en cada área donde se mueve la humanidad hay que enseñar los derechos humanos. Enseñar a defenderlos y conquistarlos. Va desde el derecho a la vida hacia todos los derechos humanos consagrados en esa declaración y los que se están haciendo extensivos en las distintas convenciones que se han ido votando durante las últimas décadas”, observa Llonto.

Nuevas formas de hacer memoria

Sobre nuevas formas de hacer memoria, la consigna es que valen todos los recursos. A la memoria hay que regarla todos los días, todos los minutos, todas las horas.

“Es importante que los pueblos no pierdan ni un centímetro de memoria y es importante que se trabaje hacia momentos que algunos sectores del poder quiere que olvidemos lo que pasó. Por eso la memoria no es solo lo del pasado reciente, sino recordar todos los espantos y las barbaries que se han cometido y rescatar a todos aquellos y aquellas que lucharon por defender los derechos humanos en este siglo, en el anterior y el anterior y en la historia de la humanidad”, señala Llonto.

Todas las variantes que implican la comunicación, los libros, las películas, los documentales, los árboles plantados, los pañuelos, la educación (iniciativas en escuelas, facultades y barrios), las actividades en un estadio de fútbol y las llevadas a cabo por las profusas comisiones de memoria de los diferentes sindicatos de trabajadores son válidas para hablar de lo sucedido. “Como dice la canción de León Gieco, ‘si todo está guardado en la memoria’, lo que tenemos que hacer es sacarlo de esa guarda y extenderlo, repartirlo”, concluye el abogado.

Derechos Humanos en democracia: horizontes

Jorge Falcone es hermano de María Claudia Falcone, estudiante desaparecida en la Noche de los lápices e integrante de las Organizaciones Libres del Pueblo-Resistir y Luchar. Para Falcone, resulta innegable el hecho de que “a partir de 2003 los derechos humanos se constituyeron en política de Estado, y las nuevas generaciones, distantes de las secuelas del terrorismo ideológico, van superando la satanización que rigió sobre la memoria de una generación que, acorde al tiempo que le tocó vivir, adoptó mayoritariamente el método de la acción directa”. Sin embargo, critica que esas políticas “se dedicaron a ejercer reparaciones circunscriptas a las secuelas del gobierno de facto, dando frecuentemente la espalda al abordaje de numerosos crímenes perpetrados en democracia, ya sea debido al gatillo fácil, el narco, la trata de personas, la violencia de género, o lisa y llanamente la hambruna que aún se enseñorea a lo largo y ancho del país de las vacas gordas”. Y remarca que “la segura reparación de todos los males de ayer y hoy tendrá lugar cuando rija una efectiva Justicia Social, que garantice cuanto menos pleno empleo, vivienda digna, educación y salud gratuitas, equidad de género, y respeto por la Madre Tierra”.

Un nuevo aniversario nos obliga a pensar en la memoria, no como actualización de cristalizaciones estancas, sino como un ejercicio activo del derecho a la resistencia a los sentidos que intentan primar como “normales”; desde el modo de relacionarnos como pueblo con nuestra tierra y la cosificación de las mujeres y disidencias, hasta la normalización de la pobreza y desigualdades. Hacer memoria como una constante búsqueda de un futuro más justo para todes, pensando en lo que nos pasó como sociedad y en la generación de nuevas preguntas para proyectar futuros inclusivos, de respeto y sin impunidad.

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Por Luz Ailín Báez | Foto de Julieta Colomer*

-¿En qué momento descansa Norita Cortiñas?

-Descanso cuando converso con ustedes, nos es un trabajo, es un placer poder compartir las ideas, pensamientos que tengo a través de 44 años ininterrumpidos en la calle. Gracias a Dios nunca estuve enferma ni tuve que abandonar. A veces me abruman las injusticias. Lo que ocurrió en [el desalojo a las familias en] Guernica, la represión policial en una marcha, me abruma la situación de Milagro Sala, ver que le soltaron la mano después de que centenares de personas fueron a sacarse una foto con ella en la puerta del penal. Un día cuando toda esa gente- políticos y personas de nombre- tuvieron un empleo o un cargo, le soltaron la mano. Está injusta e inconstitucionalmente detenida. En la apertura de sesiones del Congreso hablaba el presidente de la Justicia y resulta que permiten que en la Argentina haya una presa mujer inconstitucionalmente detenida. ¿Qué hacen por Milagro las asociaciones nuevas que nombraron? ¿Los ministerios, secretarías y toda esa pompa? Todo ese ruido que se hace diciendo que hay tantos centros y oficinas públicas para defender a la mujer y Milagro Sala sigue detenida. Y cuando una mujer sin casa para defender a sus hijitos se mete a vivir en una vivienda desocupada que tiene la ciudad de Buenos Aires, la llevan presa por usurpación. Todo eso me hace mal, me desgasta y pienso ¿Qué más hay que hacer?

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Un 15 de abril de 1977 a las nueve menos cuarto de la mañana, Gustavo era secuestrado por un grupo de tareas. Norita sabía de su militancia política en la Juventud Peronista y de su trabajo solidario en barrios humildes, primero en el Barrio de Retiro, junto con el Padre Mujica y luego en Morón. En el momento de su secuestro, Gustavo tenía veinticuatro años, estaba casado y tenía un hijo pequeño, Damián. Apenas quince días después, 30 de abril de 1977, un grupo de madres salían por primera vez a la Plaza de Mayo. Norita  recuerda:

“Ese día [el 30 de abril] no fui, pero desde ese momento ya empecé a salir para ir a la Plaza de Mayo para reclamar por mi hijo y por todos los desaparecidos que ya había en ese momento de la historia. Esa fue la impronta de las Madres: salir a la Plaza a reunirnos a través de la voz de Azucena Villaflor de De Vincenti que propuso ese sitios en vez de ir a locales cerrados, a las oficinas de los abogados, a los organismos que ya existían, la APDH, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Decidimos ir a la Plaza de Mayo, ya a cielo abierto, a gritar nuestra angustia y nuestra exigencia de la aparición con vida. Y ahí empezamos a salir, a ir a todos lados a pedir por nuestros hijos e hijas”.

Para muchas personas, Norita es una de las principales referentes política y ética que hay en el país. La avalan los 44 años caminando en círculos alrededor de la Pirámide de Mayo junto con otras Madres, pero también levantando, ya como opción personal, consignas contra el ecocidio, la violencia de género, la violencia institucional actual y las luchas de trabajadores, entre tantos otros reclamos. Un año atrás, en su cumpleaños número 90, pidió como regalo la anulación de la deuda de los países empobrecidos de todo el mundo por las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional y en el caso de Argentina, la suspensión del pago de la deuda y la realización de una auditoría “para que todos y todas sepamos qué es lo que nos quieren cobrar de esta deuda ilegal, ilegítima y usurera”. Pasos que, con el tiempo conformaron una verdadera agenda de la resistencia.

-¿Hay un hilo conductor que une las luchas históricas de las Madres Línea Fundadora con estas luchas que usted acompaña en el presente?

-Hay una correlación de situaciones porque nosotras levantamos las banderas de lucha de nuestros hijos e hijas. Ellos luchaban, como hoy luchan los movimientos de trabajadores, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Frente Popular Darío Santillán y otros. El correlato es que levantamos las banderas de lucha de nuestros hijos e hijas. Y ahora en estos momentos se unieron los dos pañuelos, el verde y el blanco. No todas las madres tomamos el pañuelo verde, no todas somos feministas.

¿En qué momento se dio cuenta de que era feminista, cómo fue ese proceso?

-Yo no era feminista, yo me crié en un hogar patriarcal cinco hijas mujeres mi mamá era muy calladita, sumisa y la voz de él era la principal. Después tuve novio, me casé con un muchacho muy bueno pero también muy machista. Como yo ya me había criado en ese ambiente con mi papá, era seguir con un ritmo de hogar donde había que ir manejando el machismo de mi marido. Yo me casé muy joven, y me había hecho la idea de que tenía deberes. Cuando se llevaron a Gustavo, salí a la calle y empecé a estar con otras mujeres y luego en los primeros Encuentros Nacionales de Mujeres, me di cuenta de que tenía derechos. Entonces fui creciendo así hasta que un día me di cuenta y sonaron los varones (se ríe). Me di cuenta que quería defender mis derechos y ahí empecé a tomar conciencia, a tener amigas feministas muy centradas, muy inteligentes. Yo le había huido siempre al feminismo porque entendía que también era patriarcal en un punto, por las actitudes que tomaban algunas mujeres. Pero empecé a ver las cosas distintas y a saber que al final de cuentas, después de muchos años, me di cuenta de que las madres éramos un grupo feminista. Un grupo de mujeres enfrentando la dictadura cívico-militar-eclesiástica, a una iglesia cómplice y partícipe del terrorismo de Estado. Y las Madres tomamos decisiones en nuestra lucha. Yo tenía a mi papá, mi marido, mis dos hijos varones, los nietos varones. Tenía miedo de hacerme feminista y odiar a los hombres y no aceptar nada. Me di cuenta con los años que nosotras teníamos una actitud feminista de defensa de la mujer, y ahí empecé a ir a los encuentros de mujeres, a conocer mujeres muy maravillosas y empecé a no tener más miedo.

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Según los datos estadísticos del Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación  (RUVTE), de la totalidad de las desapariciones forzadas denunciadas, un 87, 4%de los mismos permanecen sin información sobre el deceso. Apenas un 3,5% cuenta con información documental o testimonial sobre las circunstancias del deceso y se ha podido probar sólo un 9% de los decesos. Sobre el total de víctimas, el informe refiere que las mujeres representan casi el 26% de los casos y un 16% de las mismas se  encontraban embarazadas al momento de su secuestro.

Cuando se organizó en 1986 el primer Encuentro Nacional de Mujeres, en el Centro Cultural San Martín (CABA), Norita asistió junto con otras dos compañeras de militancia, Madres de desaparecidos: “Íbamos con la intención de transmitir el drama de la desaparición forzada de personas a las mujeres que iban al Encuentro y que no sabían del tema. En esos primeros Encuentros no había todavía talleres de derechos humanos, donde se hablara sobre las y los desaparecidos. Muchas de las mujeres desaparecidas tuvieron familia en cautiverio en las condiciones más horribles, torturadas, atadas a un árbol, a la intemperie, la mayoría fueron violadas, entonces eso había que compartirlo con las mujeres que iban a estos Encuentros. Siempre fuimos bien recibidas, bien tratadas bien escuchadas. Era ir a transmitir lo que estábamos viviendo. Y muchas mujeres se plegaron, apoyaron y fue muy importante que fuéramos a esos encuentros. Las Madres aprendíamos de las mujeres que iban a los Encuentros y les  aportábamos nuestro aprendizaje dramático y difícil de entender. Así también nos ayudaron a entender mejor qué era el feminismo”, relata.

-En sus inicios como activista estaba en contra de que dijeran que la actividad de las Madres era una actividad política. ¿Qué le dirías hoy a esa Norita?

-La gente al principio, para desvalorizar la lucha decía “Las Madres hacen política”. Política hacíamos pero no partidismo político. Estamos hace 44 años en la calle y nunca adherimos a un partido político. Ahora con el paso de los años, en los últimos 15 años ya algunas madres empezaron a querer expresar su partidismo, pero es de modo individual, no se ubica a la institución dentro de un partido político. Hubo otros organismos de Derechos Humanos, como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) o la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, cuyas autoridades tenían su partidismo. En la Liga la mayoría era del Partido Comunista. En la APDH, había mucha gente del radicalismo, el peronismo y varios políticos socialistas… Nosotras habíamos decidido no hacer partidismo político expreso. Lo mantuvimos muchos años. Cuando asumió [Néstor] Kirchner no todas las madres nos hicimos kirchneristas. Nuestros hijos e hijas, la mayoría fue una generación de izquierda socialista. No venían del radicalismo. Sí del peronismo. Mi hijo [Gustavo] era de la Juventud Peronista. Pero las madres no militábamos dentro del peronismo. Y hoy por hoy las madres que se arrimaron al kirchnerismo, muchas están arrimadas al albertismo pero muchas seguimos siendo independientes. Y esto nos trae más satisfacción que si una está apegada a un partido político. Tratamos de no involucrarnos partidariamente. Es una posición que es respetada. Si uno no se embandera en ningún partido se puede estar en todas las acciones donde hay injusticia. Porque siempre los derechos humanos los viola el Estado. Así que para defenderlos tenés que ser independiente. Las madres vamos a  las movilizaciones donde se reclaman por las injusticias o violaciones a los derechos humanos cualquiera sea el partido.

-¿Para Norita, qué es resistir ?

-Cuando uno ve que hay una injusticia y la denunciás, la rechazás, no la aceptás. Esa es la resistencia. La de los pueblos que ante la pobreza resisten, la resistencia de las poblaciones indígenas desde hace más de 500 años a ser esclavizados e invadidos, hay tantos tipos de resistencias pero siempre por causas justas.

-Este año será un nuevo 24 de marzo que no nos encontrará a todas y todos en las calles.

No nos va a encontrar a todos, pero estarán muchos. Hay organismos y partidos políticos de izquierda e instituciones que están preparando las marchas como nosotras, un grupo de Madres estamos preparando una marcha virtual, convocamos a la gente que puede y quiere salir a la calle, respetando todos los protocolos. Será una marcha respetuosa.

-¿Cómo alimenta la esperanza?

-La resistencia me alimenta la esperanza. Hay una juventud muy hermosa. Hay que acompañarla y ayudarla que encuentre sus cauces y tenemos que seguir trabajando para que se termine la pobreza. Uno de los caminos es suspender el pago de la deuda externa que hasta el mismo presidente [en su discurso de apertura de sesiones del Congreso] dijo que era ilegal, odiosa e impagable. Tenemos que trabajar para un futuro que es presente. Donde queremos que pueda haber libertad de  pensamiento y que se respete a los jóvenes especialmente.

*Publicada originalmente en mundolesa

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El 9 de abril de 1948 asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán y la horrible noche no cesa. A 70 años de cruda violencia política las víctimas reclaman ser el centro del debate: justicia, verdad, reparación y no repetición es la consigna.

“A mi padre lo mató la CIA y Mariano Ospina Pérez”, asegura Gloria Gaitán, hija del líder popular. Esta corta y precisa afirmación no es menor, pues hace referencia no solo a un hecho como tal, sino a dos estrategias de terror históricas: por un lado, la injerencia imperialista en el continente, por el otro, el modus operandi de la oligarquía colombiana que mantiene su linaje hasta nuestros días. El 9 de abril es el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, aunque las organizaciones sociales afirman que es un día para recalcar la situación presente: por ejemplo, que en los últimos dos años han sido asesinados más de 280 líderes sociales, uno cada tres días.

El ‘Bogotazo’ y la revuelta del 9 de abril del 48 iniciada después de los tres disparos que acabaron con la vida de Gaitán encontró en la indignación popular un vehículo sin rumbo. Empezó la época denominada como “La Violencia”. Los conservadores a través de Chulavitas y Pájaros (policías conservadores y sicarios a sueldo) asesinaron liberales y comunistas con una crueldad sin precedentes. Dos millones de habitantes (de los 11 que existían en el momento) fueron desplazados forzadamente y alrededor de 300.000 personas perdieron la vida en los siguientes 10 años producto de “la guerra bipartidista”.

“La oligarquía no me mata porque sabe que si lo hace, el país se vuelca y las aguas demorarán 50 años en regresar a su nivel normal”, aseguró Gaitán antes de su muerte.

La oligarquía liberal y conservadora pactaron el Frente Nacional en 1957 y la violencia contra el pueblo no se detuvo. Campesinos liberales conformaron guerrillas de autodefensa y en la década de 1960 nacieron las guerrillas de las FARC, el ELN y el EPL. En 1970 el M-19 y en 1984 el Movimiento Armado Quintín Lame, entre otras insurgencias, respondieron desde los sectores populares rurales y urbanos por el camino de la lucha armada y la combinación de las formas de lucha para sacar a Colombia de la exclusión política y la desigualdad social.

Han pasado 70 años y la violencia política sigue marcando la agenda. Ser mercenario es casi un proyecto de emprendimiento donde sicarios contratados por terratenientes y empresas transnacionales actúan sin ningún reparo.

En Colombia son varios los partidos políticos y movimientos sociales exterminados con alta responsabilidad del Estado, magnicidios y genocidios que no están en el imaginario colectivo de la sociedad, por consiguiente, una memoria burlada por generaciones: la Unión Patriótica, el movimiento !A Luchar!, el Frente Popular, Esperanza, Paz y Libertad, el asesinato de Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Jaime Garzón, Camilo Torres (incluso escondiendo la verdad sobre sus restos), entre miles más que permanecen en la impunidad.

En el país de la “democracia más antigua de la región”, eliminar al adversario político se convirtió en norma. Desde el fascista Laureano Gómez en los años cincuenta hasta los gobiernos neoliberales de Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Santos, han sido promotores de la perpetuación de este flagelo.

En los discursos políticos de todos los colores se reclama a las víctimas como el centro de la discusión de la paz, un recorrido que al día de hoy ya no supera los relatos más optimistas. 60.000 desaparecidos de un conflicto social y armado y un Estado que obstaculiza el funcionamiento de la Comisión de la Verdad. Un país que se dice en construcción de paz debe tener a las víctimas no solo como uno de los puntos contemplados sino como el centro del debate, sin embargo las mismas aseguran que pasaron del centro a la periferia.

Un país que transita por la superación de un conflicto de más de 60 años, pero un Estado que no proporciona recursos ni voluntad política para reparar a las víctimas ni honrar la memoria y la verdad. El conflicto deja más de 9 millones de víctimas, aunque reparadas apenas 800.000. Cabe señalar que el Senado de la República rechazó lo que fue un acuerdo en La Habana: representación de las víctimas en el Congreso, un gesto político mínimo si se tiene en cuenta que las víctimas no han sido escuchadas en toda la historia de la violencia.

70 años después y en vísperas de elecciones presidenciales, la violencia se percibe aún cotidiana: atentado al único candidato de izquierda, asesinato sistemático contra líderes sociales y militantes del movimiento popular, nulas garantías para el ejercicio de la oposición política, demostrado en los más de 50 asesinatos a guerrilleros (y a familiares) que dejaron las armas, miles de presos políticos, ausencia institucional en múltiples territorios, niños que mueren de hambre en territorios golpeados por la violencia y el extractivismo, campesinos, indígenas y jóvenes asesinados por la fuerza pública y un paramilitarismo que se extiende por todo el territorio. Insistir en la memoria es dignificar la vida de quienes lucharon contra el olvido.

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Fueguito inagotable y omnipresente. Nora Cortiñas, con sus casi 86 años, está en cada lucha que valga la pena con su testimonio y su ejemplo. En esta oportunidad, participó del Fogón de la Memoria, un encuentro sobre Derechos Humanos de ayer y de hoy en el marco de las actividades previas a un nuevo aniversario del Golpe. La actividad se realizó el pasado martes en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez de La Plata y reunió a Nora con militantes de H.I.J.O.S. La Plata y familiares de víctimas de gatillo fácil, con el objetivo de debatir sobre los Derechos Humanos de ayer y de hoy, y rescatar las figuras luchadoras de los y las 30 mil desaparecidos.

Como parte de este homenaje, compartimos esta entrevista realizada por Radionauta FM, donde Nora Cortiñas reflexiona sobre los Derechos Humanos, la justicia y el feminismo.

-¿Qué significan los Drechos Humanos hoy?

El respeto a los Derechos Humanos es algo importante en la vida de los pueblos. Estos derechos no pueden ser violados por cualquier persona –un trabajador, un estudiante–, sino que las violaciones a los DDHH son las que realiza el Estado. Entonces, lo que hay que hacer es luchar para que termine. Porque si bien durante la dictadura cívico militar religiosa que tuvimos había violaciones permanentes todos los días, y ahora no hay como en ese momento, se violan los DDHH principalmente cuando se provoca hambre en la población. Ya el hambre es la violación de los derechos humanos, ahí comienza. Que no haya agua en los barrios populares, que no haya luz, mínimos servicios. Eso es una violación a los Derechos básicos.

-¿Qué reflexión le merece que César Milani, quien fuera de inteligencia durante la dictadura, siga ocupando la jefatura del Ejército, a pesar de que la familia del conscripto Ledo denuncia el rol del militar en su desaparición?

No creo que sea un error su designación. Al principio creía que sí, que era un error del gobierno, de la presidenta Cristina Fernández. Después estuve analizando… No es un error, es una premeditación. Hay un plan, con un personaje así la población va sintiendo cierto temor: ¿qué puede hacer este personaje cuando se le dé una orden? Y entonces, como pasó con Sergio Berni, lo que se hizo con la represión a los trabajadores de Lear, y a los trabajadores que estaban en protesta, no fue una cosa espontánea, fue una orden que él dio a los policías, a los gendarmes. Pero arriba de Berni, hay una orden del gobierno. Uno no puede dejar de prestar atención a quién está por arriba. ¿Cómo vamos a seguir, el pueblo argentino, cuando vemos que el representante máximo de defender la patria es un personaje que actuó en la dictadura, torturó gente, hizo desaparecer?, ¿que confianza podemos tenerle?

-¿Qué está sucediendo con la visibilización y el juzgamiento de las complicidades civiles de la dictadura?

Se están visibilizando y, además, se están iniciando juicios. Se está viendo la complicidad de muchos jueces con el terrorismo de Estado. Pero también está sucediendo que a estos civiles se los está desprocesando, o dictándose la falta de mérito para ser condenados. Esa es la justicia que tenemos ahora, que está mezclada con otros jueces que afortunadamente están juzgando el genocidio para castigar esos delitos.

Estamos yendo para atrás en avances que habíamos tenido, en logros. Creíamos que la justicia iba a juzgar todos los crímenes de la dictadura pero también los crímenes de ahora. Por eso debemos seguir movilizando y denunciando. Por eso decimos: “Fuera Milani, fuera Berni, fuera los responsables de los crímenes de ayer y de hoy”.

-El caso Nisman destapó la cuestión de los servicios de inteligencia. Algunos hablan de guerra de servicios y otros, de visibilización de algo que todo este tiempo estuvo actuando en las sombras, ¿qué opinión tiene al respecto?

Desde luego que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y todos los Servicios de Inteligencia siempre hicieron lo mismo, y no creo que el gobierno ignorara lo que hacía (Jaime) Stiusso. Eso estaba aceptado, porque lo usarían para protección propia. Y ahora se destapó esto, y por más que se lo cambien, sigue siendo la SIDE con otro nombre. No hay noticia de que hayan hecho una limpieza, ni un control de cómo funcionan esos servicios.

Lo que surgió con el caso Nisman es el fruto del encubrimiento de años y años. Ahora se cumplen 23 años de la voladura de la Embajada de Israel, nunca escucharon a organismos como APEMIA (Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA) que desde el principio señalaron quiénes eran los responsables. Los echaron de otros organismos de familiares para acallarlos, porque hay intereses creados y combinados para seguir ocultando la verdad de quiénes son los verdaderos responsables.

-En entrevistas pasadas comentó que a través de los años de lucha había tomado las banderas del feminismo, ¿qué puede contarnos de ese proceso?

Yo salí de un hogar machista, después me casé y fue lo mismo. Cuando se llevaron a Gustavo, me fue abriendo los ojos, porque antes yo siempre había creído que sólo tenía deberes y no derechos. Y después, juntándome con mujeres “terribles”, cuando hicieron los primeros Encuentros Nacionales de Mujeres, con mujeres activistas, que me fueron explicando y ahí empezó otra historia.

Ahora veo el mundo con los ojos más abiertos y veo cómo el camino de la mujer siempre fue más difícil: la mujer siempre tiene más obligaciones que los hombres. Todavía nos falta recorrer camino. Hay que terminar con los femicidios que hay todos los días en el país, y para eso tienen que cambiar las estructuras, que cuando vaya una mujer a la comisaría para decir “mi marido me amenazó o me pegó” que le presten atención y que la policía entienda que tiene que respetar a la mujer. Pero ese camino tenemos que hacerlo, todavía falta recorrer.

Yo creo que se tiene que lograr, no la igualdad, sino que se respeten a hombres y mujeres, como parte de la humanidad; no puede ser que el ser humano crea que uno es más poderoso que el otro porque tiene otro sexo.

* Integrantes de Radionauta FM

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Los asesinatos, los exterminios, la esclavitud, la deportación o los traslados forzosos de población, el encarcelamiento, la tortura, la persecución a un grupo o colectividad, la desaparición forzada y el apartheid constituyen crímenes de lesa humanidad según el sistema de Derecho Penal Internacional. Las violaciones, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada u otros abusos sexuales también lo son.

En nuestro país se llevaron y llevan adelante más de 200 juicios de lesa humanidad con el fin de condenar en el sistema democrático a los responsables y cómplices de la última dictadura cívico militar. Sin embargo, los delitos sexuales aún son invisibilizados o no son enjuiciados a tono con la gravedad de sus consecuencias y significado.

La violencia con connotación sexual tuvo la finalidad de someter las individualidades y fue ejercida para dar el mensaje a la sociedad de que ser mujer y ser militante política iba a ser castigado con marcas en el cuerpo y la psiquis como método de dominación y destrucción masiva. Lejos de ser casos aislados, los delitos sexuales fueron generalizados y formaron parte del plan general de aniquilamiento y degradación de las subjetividades que los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad llevaron adelante durante la última dictadura cívico militar.

El desafío para operadores y operadoras de justicia cómplices y machistas

Como en cada caso en que una mujer víctima llega a laberintos judiciales, el sesgo de género es ley. Si además hablamos de delitos acontecidos en una etapa de la historia argentina en la que los derechos constitucionales se hallaban arrasados, la deuda se potencia. En noviembre del año pasado, el juez federal subrogante Santiago Ulpiano Martínez de Bahía Blanca fue recusado por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia al negarse al pedido de estos últimos de llamar a indagatoria a 70 ex miembros de fuerzas armadas y de seguridad por delitos sexuales cometidos contra 52 mujeres que estuvieron cautivas en el marco de la causa en la que se investigan crímenes de lesa humanidad en esa ciudad.

Para Martínez, el que 52 mujeres hayan sido víctimas no era suficiente y sostuvo que era imposible atribuirle a los imputados los hechos descriptos por la fiscalía, ya sea, por falta de elementos probatorios, indeterminación de sus autores materiales, cómplices o encubridores; o por no estar acreditado que las conductas señaladas fueran parte o finalidad esencial del grupo organizado de poder que se denunciaba. O sea, que no eran parte de las prácticas del terror.

“Sostenemos un concepto amplio de violencia sexual que no se reduce a las violaciones o abusos, sino que el hecho de ser mujer en un Centro Clandestino de Detención y Tortura implicó ser víctima de violencia sexual, por la exposición a la desnudez, los insultos, el ir al baño con un hombre mirando, la higiene personal, lo que implicaba menstruar ahí”, precisaron los fiscales Palazzani y Nebbia, miembros del Ministerio Público Fiscal en su presentación.

Para sostener la acusación contra los represores y presuntos violadores, los integrantes del MPF citaron el crudo testimonio de una de las víctimas: “Me llevan a un lugar, en el que sentí que me violaron. Con el cuerpo atado, me aplicaban picana. Tenía vergüenza por mi desnudez. Tenía mucha vergüenza, tenía miedo de que me violen, más que a que me maten”.

Finalmente la Cámara Federal de Bahía Blanca si bien no terminó de considerar los delitos sexuales como autónomos, hizo lugar al pedido de los fiscales y llamó a indagatoria a los represores y presuntos violadores. Además, el tribunal enmarcó la violencia sexual dentro de la categoría de delitos de lesa humanidad y como parte del plan represivo.

“Logramos influir en el 5% de las sentencias”

Susana Chiarotti es abogada y una de las autoras de “Grietas en el silencio”, un libro sobre las distintas formas de violencia sexual que la dictadura implementó como parte de su plan de exterminio. En diciembre de 2012 declaró como testigo en la causa Arsenales de Tucumán y en una nota publicada por la Agencia Comunicar Igualdad se refirió a los desafíos para que la justicia incluya la violencia sexual como un delito de lesa humanidad independiente de la tortura.

“Una sola violación en el marco de un delito sistemático y generalizado como fueron las violencias de la dictadura ya es un delito de lesa humanidad”, sostuvo Chiarotti quien relató que en 2010 –y como antecedente al libro-, desde la agrupación H.I.J.O.S. fueron a buscarla para presentar un amicus curiae, en favor de dos mujeres que testimoniaron en el juicio por los delitos de lesa acontecidos en Campo de Mayo, ya que el juez que presidía dictó la falta de mérito para incluir el tema en la sentencia porque “las violaciones no eran muchas ni sistemáticas”.

Chiatorri relató que fue fundamental ponerse a “militar el libro” una vez publicado, ya que de alguna forma, estaba sensibilizando a jueces, juezas y fiscales en la importancia de incorporar la mirada amplia sobre la violencia de género con especificidad en los delitos sexuales como crimen de lesa humanidad. Contó que cuando le tocó declarar en Tucumán explicó ante el Tribunal “la diferencia entre un delito común y uno de lesa humanidad y por qué la violencia sexual es un delito de lesa humanidad específico, autónomo de la tortura”.

Pirámides humanas, parvas de apilamiento, desnudos, lamidas y frotamientos, impedir la higienización cuando menstruaban, falsas revisaciones médicas con tacto, violaciones, y las amenazas de hacerles todo esto constituyen crímenes de lesa humanidad. “Si ponemos la violencia sexual dentro de la tortura se invisibiliza”, explicitó la abogada y dijo, “un represor que se presenta como torturador, muchas veces sigue pareciendo un facho puro que limpia al país de la escoria roja y no pone el cuerpo; en cambio, cuando viola, la imagen se desdibuja, aparece la rigidez de la disciplina pero también la libertad que se tomaron para ejecutarla”.

En cuanto a los desafíos en la búsqueda de justicia, Chiarotti sostuvo que serían la redacción de un protocolo que garantice la protección de las víctimas -pero que a la vez permita la difusión del tema-, y la influencia en los más de 200 juicios que se están llevando adelante en todo el país y que se van terminando. “Nosotras hasta ahora pudimos influenciar menos del 5% de la sentencias, ¿cómo hacemos para llegar a las demás causas?” se preguntó.

Algunos fallos precedentes de un delito imprescriptible

No es necesario que los abusos sexuales hayan sido generalizados o sistemáticos para poder ser considerados delitos contra la humanidad, y tampoco hace falta que existan órdenes explícitas para responsabilizar a los superiores de los perpetradores directos como coautores o autores mediatos del delito.

En abril de 2010 el Tribunal de Santa Fe condenó a once años de prisión a Horacio Américo Barcos, ex agente civil de Inteligencia, y emitió el primer fallo en el país que estableció la violación como delito de lesa humanidad y por ende imprescriptible. Dos meses después, en Mar del Plata, otro Tribunal condenó a prisión perpetua al suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Molina por secuestros, tormentos, homicidios y también por violaciones reiteradas agravadas cometidas en el centro clandestino La Cueva.

El 6 de agosto de 2013 el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe impuso penas de entre 7 y 21 años de prisión a siete represores acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos agravados, violación y vejaciones en perjuicio de 35 víctimas. En la causa se condenó al ya fallecido comodoro Danilo Sambuelli y el fallo fue considerado por el movimiento de mujeres como “histórico”.

Luego le siguieron la causa “Martel” en San Juan y dos sentencias en Santiago del Estero –“Aliendro” en marzo de 2013 y “Acuña” en febrero de 2014-. Las últimas dos fueron en marzo de 2014: “Mulhall” en Salta, y “Arsenales” en Tucumán.

Difundir, sensibilizar y capacitar sobre las temáticas de género y los derechos de las mujeres es también exigir que los fallos judiciales consideren a los delitos sexuales como crímenes de lesa humanidad. La reconstrucción de nuestra historia nos debe considerar esta arista. Un Nunca Más también.

Ilustración: Carlos Alonso

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El pasado 21 de marzo se realizó una charla debate en el local de la agrupación Los Invisibles, ubicado en la Villa 31, barrio Padre Mugica. El evento se llevó a cabo bajo la consigna: “¿Que pasó en la Villa 31 durante la dictadura militar? Historia de desaparecidos y resistencia al desalojo”. De dicha actividad participaron Teófilo Tapia, histórico militante villero del barrio de Retiro, quien fue declarado hace pocos días Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires por su lucha, y Fátima Cabrera, activa militante durante los años de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) de Lopez Rega y en la dictadura cívico -militar -clerical iniciada el 24 de marzo de 1976.

Una lucha desde abajo

“Cuando uno vive y piensa en todo esto, valora mucho más la democracia”, enfatiza Fátima Cabrera. Así como en la actualidad los villeros y villeras sufren como nadie la vulneración de derechos, durante la dictadura la situación no era menos grave. Los barrios “feos”, las personas del “interior o de otros países”, pero sobre todo, la cuna de la militancia digna, eran motivos suficientes para desaparecer, también, al movimiento villero.

La patria villera, que hoy lucha por la urbanización de sus barrios, daba sus muestras de mayor fortaleza por aquellos años. Jóvenes y comprometidos. “Yo en aquella época no era de los militantes más activos, pero ya comenzaba a acompañar en las luchas y las movilizaciones. Tenía 15 años”, asevera Jonhy Tapia, el incansable luchador. Y recuerda que en sus inicios militantes, “En la villa se peleaba por la luz, el agua. Llegaron los capitalistas que venían a cobrarnos la luz. Era un pelea importante para los vecinos. Con la ayuda de Mugica hemos podido ganar aquellas conquistas.”

Por su parte, Fatima Cabrera, cuenta que a los 13 años “lo primero que hice fue involucrarme en un grupo de catequesis del barrio. Fue algo impresionante porque me hizo conocer una iglesia que está del lado de los pobres. Por eso la iglesia del tercer mundo y la teología de la liberación se ha involucrado con la lucha de los pueblos.”

El modelo neoliberal nacía, y los villeros, con estas reivindicaciones, mostraban su sentido de la solidaridad por sobre el egoísmo individualista. Cabrera cuenta que “Nosotros comenzábamos a aplicar algo así como el socialismo. Por ejemplo, denunciábamos a quienes tenían una vivienda vacía para especular, cuando la lucha era por la vivienda digna. Y empezamos así a ocupar las casas vacías. Queríamos terminar con eso. Y esta es una lucha que hoy debe seguir.”

Los muertos del pueblo no fueron arbitrarios

Se vivían los últimos años de democracia. Lóepz Rega, “el brujo”, concentraba una gran cantidad de poder al frente del Ministerio de Bienestar Social, en otra muestra de las paradojas de la historia.

“Con la muerte de Peron y cuando llega Isabel y luego los militares, iba creciendo al persecución a los dirigentes de la villa 31 porque les tenían miedo. Venían a la madrugada y se los llevaban. Algunos se salvaron pero de casualidad, era muy jodida la época. Hasta que empezaron a desalojar. De 50 mil personas que habitábamos el barrio, quedamos menos de 40 familias”, cuenta Tapia.

Cabrera recuerda el asesinato de Alberto Chejolan en el año 1974 a manos de las fuerzas de seguridad. “Me acuerdo que acá fue terrible, un día de duelo. Los villeros se reivindicaban no solo como villeros sino como clase trabajadora. Y eso hay que reivindicarlo. Aquella vez los villeros decidimos hacer un paro y no ir a trabajar porque mataron a uno de nosotros. Ese era el nivel de conciencia.” Su muerte, no casualmente, ocurrió algunos meses antes del asesinato del Padre Mugica, fusilado por la Triple A.

Con una gran muestra e congoja, Cabrera se introduce ya en los años de la dictadura. Es en el año 1977 y revalida a otro de los históricos luchadores. “Tenemos muchos compañeros desaparecidos y asesinados en el movimiento villero, como Alberto “Galleta” Alfaro. Alberto fue el compañero que me introdujo en la política aquí en la villa. El era un luchador muy crítico con él mismo, con sus compañeros e incluso con las bajadas de los aparatos. Esto era una escuela de militancia.”

Desalojos compulsivos. La resistencia

Uno de los hechos más destacados durante la dictadura en la villa 31 fue el juicio que los vecinos y vecinas le ganaron al terrorismo de Estado. Tapia recuerda que “Ya habían matado a Mugica y quedamos prácticamente solos frente a las topadoras. Esto se replicó en todas las villas. Era muy duro ver como cargaban los camiones con familias y las tiraban del otro lado de la General Paz.”

La situación se estaba tornando muy dura. Las villas sufrían los desalojos y la represión de la mano de Osvaldo Cacciatore, el militar que estaba al frente de la intendencia porteña. La villa 31, que históricamente fue un ejemplo y vidriera para el resto de los barrios populares de la ciudad y el país, volvía a dar una muestra de fortaleza, en un contexto desolador cuando el barrio casi alcanzaba la extinción con la fuerza de las topadoras.

Fueron 40 familias las que resistieron, incluido Tapia. “En un momento se logró juntar a 33 personas que denunciaron a la dictadura militar y eso nos dio tiempo para organizarnos. Pudimos acercarnos a la Asamblea por los Derechos Humanos que encabezaba Eduardo Pimentel y a los curitas tercermundistas. Ellos nos ayudaron mucho.”

En el año 1979 Eduardo Pimentel va a la asociación de abogados para iniciar una demanda. Se propuso a la doctora Victoria Novelino y al doctor Horacio Rebon, ambos vinculados con el Partido Comunista que, a diferencia del peronismo, gozaba de una mayor legalidad. Ellos hacen la demanda para poder parar la erradicación compulsiva. El acierto estuvo en presentar un amparo con el argumento de no innovación, ya que por medio de un decreto anterior sancionado durante el gobierno militar, solo se podía desalojar personas de sus viviendas garantizándole otro hogar, hecho que por supuesto no ocurría.

De allí en adelante, tanto el barrio de retiro como las villas en general, comenzaron su paulatina restauración.

De la resistencia a la conquista de poder

“Los que sobrevivimos a tanto terror y tanta represión, que no solo fue el pueblo argentino sino en toda América Latina. Por eso, esa memoria tiene que seguir siendo activa para ver las luchas de hoy. Son los mismos ideales de soberanía y de emancipación de los pueblos”, relata Fatima Cabrera.

Han pasado 39 años del golpe de Estado y el movimiento villero cuenta con el gran desafío de recuperar aquellos principios emancipadores, de justicia e igualdad. Es la lucha por la urbanización de los barrios, por el cumplimiento de la Constitución de las leyes que avalan el histórico reclamo. Es la toma de conciencia, el compromiso solidario por el otro. Por eso Cabrera no duda: “Hubo muchos compañeros que dieron su vida. Y cuando pienso en esto, que cuando dieron la vida fue por esta ética. Seguimos luchando para que esa dignidad de militantes apoye a las futuras construcciones.”

Los años de la dictadura y del neoliberalismo más feroz han pasado. Sin embargo, lejos de la ingenuidad, en la lucha por los Derechos Humanos de ayer y de hoy, Cabrera recuerda que “Nos siguen reprimiendo de mil maneras, aunque sean formas más sutiles. Cuando una democracia quiere avanzar, ahí aparecen de distintas formas.”

Por eso se hace necesario recuperar la unidad y la identidad villera. Aquella que forjaron Chejolan, Galleta Alfaro, Valenzuela, incluso Mugica y tantos otros.

“La lucha deberíamos ganarla nosotros porque es la lucha de los pueblos, de la humanidad. Hay que cuidar que las construcciones sean lo más amplias, porque en momentos tan terribles como fue la dictadura en las villas, esa amplitud garantiza la unidad”, sentencia Cabrera.

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