Por Vivian Palbmaum y Laura Salomé Canteros* / Foto: gobernación Mendoza

El viernes pasado, con huelgas de hambre, batucadas y medidas de protesta pacíficas, presos y presas de cárceles y otros lugares de detención del país decidieron derribar, una vez más, los muros que parecen separarles. Exigieron se respeten derechos básicos a pesar del miedo, la preocupación e incertidumbre de sus familiares. Poniendo frente a la opinión pública situaciones coyunturales y carencias históricas: sobrepoblación y tratos crueles e inhumanos en épocas de pandemia y de la paradoja del encierro como privilegio.

A un sistema penitenciario en crisis se sumó el peligro de contagio de COVID19. La movilización de lxs presxs para defender el derecho a la vida obligó a autoridades a que se implementaran medidas urgentes y movilizó a gabinetes ministeriales de Nación y provincias frente a la inacción de jueces y la represión de agentes del Servicio Penitenciario. 

La intervención de organismos de Derechos Humanos en cumplimiento de las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Corte Interamericana de DDHH (CIDH) fue clave para que se tenga en cuenta la situación de las personas detenidas en función de su edad, la preexistencia de enfermedades, de la madres y otras situaciones potenciales que aumentan el riesgo frente al coronavirus. De esta forma, el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires otorgará la prisión domiciliaria a unxs 2.300 presxs que integran los grupos de riesgo, que están a punto de cumplir sus condenas o están encerradxs por delitos menores.

Un panorama nacional

Río Negro. En Choele Choel, las protestas comenzaron tras la confirmación del positivo de COVID 19 de un trabajador de la salud el pasado 9 de abril, quien luego falleció. Desde entonces, se tomaron varias medidas de aislamiento pero los presos siguieron denunciando el abandono y la falta de protocolos sanitarios frente a la pandemia.

La Rioja. Hace pocas horas se iniciaron medidas de protesta en los pabellones 6, 7, 8, 10, 11 y 12. El reclamo fue pocas horas después de la muerte de otro detenido en un episodio más que confuso. Policía y fuerzas de seguridad reprimieron a familiares y la ministra Gabriela Asis confirmó 18 heridos, entre presos y personal del servicio penitenciario. 

Mendoza. En la cárcel de Borbollón, las mujeres privadas de su libertad protestaron durante cinco días. El viernes 24, al igual que en otros penales, exigieron medidas de protección; sin embargo, la respuesta fue la represión con balas de goma y además el ingreso de agentes de otra cárcel de la provincia. Como consecuencia, cinco mujeres terminaron heridas, una de gravedad; según pudo constatar el Comité de Prevención de la Tortura. “El reclamo de las mujeres tiene como fundamento el incumplimiento del Habeas Corpus resuelto en el marco de la pandemia”, ratificó el Comité en un comunicado que contradijo la versión de la gobernación de la provincia que afirmó que no hubo heridas tras la represión. Tras el “ruidazo” -protesta golpeando puertas-, pudieron acceder a teléfonos celulares.

En el Complejo Penitenciario de Boulogne Sur Mer, el Comité provincial realizó entrevistas a las personas privadas de su libertad que están en huelga de hambre, una medida de fuerza que lleva 15 días. Se constató que no hubo respuestas a los pedidos por parte de las autoridades que son tres: celeridad en el otorgamiento de prisiones domiciliarias a personas que integran grupos de riesgo enmarcados en el COVID 19; pronta resolución de trámites de libertad asistida y condicional; y aplicación de protocolos de salud en los complejos penitenciarios. La mesa intersectorial de diálogo aún no ha sido conformada.

Corrientes. El martes 21 en la Unidad 1 de Corrientes capital, el Servicio Penitenciario reprimió la protesta que realizaron los detenidos de manera brutal. La protesta, que se inició el lunes pasado con una huelga de hambre en demanda de la aplicación de libertades anticipadas y prisión domiciliaria a quienes integran grupos de riesgo. Como consecuencia de la represión uno de los detenidos resultó muerto y 14 personas heridas. 

Chaco. El domingo 26 por la noche iniciaron una huelga de hambre la totalidad de quienes habitan la Unidad Penal 11, unos 450 detenidos y en el Complejo Penitenciario Federal en demanda que se tomen las medidas sanitarias y de protección necesarias, con demandas similares a las demás unidades penitenciarias.

Santa Fe. Desde el domingo 26, los presos de las cárceles de Piñero y Coronda, se encuentran en huelga de hambre. Fue tras el acuerdo al que llegó la mesa de diálogo en la cárcel de Devoto y en exigencia al poder judicial de que “no hagan abandono de persona”. Así lo manifestaron a través de las banderas que colgaron en los pabellones: “No estamos condenados a muerte” y “Huelga de hambre pacífica por nuestros derechos”. En la Unidad 11 de Piñero, quienes están al frente de los reclamos son los presos de los grupos de alto riesgo en la salud.  

Buenos Aires. El Servicio Penitenciario Bonaerense asesinó el miércoles 22 a Federico Rey en la Unidad Nº 23 de Florencio Varela. Por su parte, en la Unidad Penal Nº 1 de Corrientes el Servicio Penitenciario local mató a José Candía. El Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires relevó a la cúpula penitenciaria de la Unidad 23 de Florencio Varela. La autopsia determinó que Federico Rey fue asesinado de 8 impactos de bala, al menos uno de plomo.

Aún se desconoce las medidas que tomará el ejecutivo provincial que tiene la responsabilidad de salvaguardar la vida y la integridad de las personas privadas de su libertad frente a los abusos a los que se ven sometidos por las fuerzas que están a su cargo. Mientras lo piensan, no estamos todas, porque la represalia recayó sobre una de las más vulnerables: en la U40 de Lomas de Zamora, Magaly Saraco de Medina, quien fue sacada de su celda de manera ilegal y depositada en los buzones de castigo, dónde en la madrugada del día de hoy apareció sin vida. El Servicio Penitenciario intenta instalar la conocida hipótesis del suicidio frente a las prácticas ilegales de los buzones de castigo.  

Desde la Unidad Nº 17, Pabellón 1, de Urdampilleta, también en huelga de hambre pacífica, se escuchó la voz que traspasó los muros, y que con el código en la mano dice “solamente estamos reclamando por nuestros derechos, estamos pidiendo lo que está establecido en la Constitución Nacional y en el Código Penal. Morigeraciones y excarcelaciones preventivas por el coronavirus. Nosotros queremos hacer la protesta de manera pacífica, no queremos llegar a lo que pasó en otras unidades, no queremos la muerte de ningún otro pibe, por eso venimos de manera pacífica a hacer eco de lo que nos corresponde”. Las voz de los presos aludió al fallo de los doctores Violini y Borinsky, de la Cámara de Casación Penal de La Plata, que ordenaron que se aplique el beneficio de la excarcelación a las personas que se encuentran en grupos de riesgo, por edad y porque están cercanas a cumplir la pena para disminuir el riesgo de contagio que puede haber. “Si ingresa el virus morimos todos, es un genocidio lo que puede pasar acá”. Por el reclamo que llevan adelante en ese pabellón, los detenidos están “engomados”, en la celda como castigo. Además hicieron notar que la trasmisión de la enfermedad a la población carcelaria podría llegar solamente vía el Servicio Penitenciario, “porque nosotros desde acá no nos movemos”.  

También se sumaron al reclamo, la Unidad 33 de Florencio Varela, la Unidad 15 de Batán, la Alcaldía de Campana, la Unidad 5 de Dolores, la Unidad 27 Pabellón 3, la Unidad 57 Pabellón B5, la Unidad 37 de Barker, los buzones de la Unidad 28, la Unidad 46 Pabellón 1 y 2 de San Martín, la Unidad 48, Pabellón 9 de San Martín. También la protesta se extendió a las unidades de mujeres: Unidad Nº 54 Pabellón 1 de mujeres, Unidad 33 y 8, en donde hay pabellones de madres, donde las mujeres están detenidas cumpliendo la condena con sus hijes. También en la Unidad 4 de mujeres de Ezeiza, las presas hicieron un reclamo pacífico para que se respeten sus derechos.

Tal como reveló el comunicado, el viernes pasado, “el motivo de los reclamos fue que en estos días se confirmó que un detenido de la Unidad Penitenciaria N° 42 de Florencio Varela tiene COVID-19 y hasta hace pocas semanas había estado alojado en la Unidad N° 23, de la misma localidad”.  Además mencionan que se sospecha de un caso de COVID-19 en el penal de Melchor Romero y se  teme que haya más casos que no se estén dando a conocer. Hace pocas horas se reveló que uno de los detenidos que falleció en la protesta de Devoto también estaba infectado por el virus, lo que significa una situación de extrema gravedad. Tampoco los protocolos de resguardo se vienen respetando. 

La protesta en Devoto, la presencia de familiares y organismos y la presión de  organizaciones lograron que se firmara un acuerdo para una mesa de diálogo que se inició el sábado pasado. Estuvieron presentes jueces de la Cámara de Casación, el Secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, representantes del CNPT y Procuración Penitenciaria, Defensoría General de la Nación, PROCUVIN, CLPT CABA y representantes de los pabellones de los módulos I, II, III, V y VI del complejo. Se entabló un diálogo donde se escuchó la voz de los internos alojados en los pabellones que propusieron como primera medida concreta “que se considere que lo que aquí se trata abarca el universo de alojados en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, por lo que no solo era un tema de la Cárcel de Devoto (Complejo penitenciario federal de la CABA) y los temas tratados se comunicarán al resto de la población penal del país del sistema federal”. Al finalizar la mesa, los delegados de los pabellones sometieron a consideración de sus compañeros, con una lectura a viva voz, de lo resuelto en este primer encuentro.

Algunas de las demandas de las protestas que continúan son: domiciliarias para grupos de riesgo; libertades condicionales para quienes están con plazo cumplido y/o que están a poco de cumplirlo y no fueron condenadxs por delitos violentos, cortar con lo que llaman “abuso de preventivas”. También: garantizar condiciones dignas para quienes habitan las cárceles (materiales de profilaxis, turnos no recargados y atención sanitaria). El reclamo es claro: no lleguemos tarde a las cárceles. La situación se suma a la crisis del sistema penitenciario en su conjunto, con sobrepoblación, falta de acceso a la salud, la higiene, el trabajo y la educación, con alimentación insuficiente, falta de colchones que obligan y muchas otras violaciones de derechos elementales para la vida digna, porque el único derecho del que lxs presxs están privados es el derecho a la libertad.

A esto se respondió con balas de goma, gases lacrimógenos y la amenaza de detención ya que, en las inmediaciones de Devoto, por ejemplo, familiares se hicieron presentes para pedir que cese la represión dentro del penal y garantizar la integridad de quienes realizaban la medida de protesta. Con un comunicado, las organizaciones exigieron que cese la represión y que se garantice la integridad física de lxs detenidxs en distintas unidades.

Doble vulneración

En los últimos años, en Argentina se ha podido observar un crecimiento exponencial del encarcelamiento de mujeres trans y travesti. Los últimos datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP), dan cuenta de una creciente criminalización hacia este colectivo por la ley de 23.737, ya que siete de cada diez se encuentran privadas de su libertad por infringir la ley de estupefacientes. Para finales del 2018, el 76 % se encontraba detenida sin condena firme. Entonces, la ley de drogas actúa de forma discriminatoria y desproporcionada contra las mujeres trans y travestis, dejándolas expuestas a múltiples situaciones de violencia institucional en las cárceles.

Para las travestis y las mujeres trans privadas de libertad, la Ley de Identidad de Género no se tradujo en mejoras en las condiciones y calidad de vida en las cárceles. Deudas que son vulneraciones de derechos, actos de discriminación y violencias hacia este colectivo por motivos de identidad de género; tales como la ruptura de vínculos familiares, con amigues y con la comunidad, y servicios de educación y salud inadecuados. Dentro de las cárceles y como castigo, las mujeres trans son transferidas frecuentemente de una prisión a otra por exigir sus derechos y pueden ser ubicadas en áreas donde existen peores condiciones. De este modo, el acceso al derechos a la educación, capacitación y otros servicios es limitado.

Por eso, la emergencia es también considerar la necesidad de mejorar las condiciones de vida de las personas que están doblemente vulnerables: para travestis, trans y no binaries no hay tiempo. Son un grupo de riesgo que padece las múltiples consecuencias en sus cuerpos golpeados por una histórica marginación. Es una necesidad que se halla invisibilizada y que necesita una pronta resolución por parte de jueces y ejecutivos.

La pandemia es el encierro sin derechos

*agradecimientos: Periodismo Explícito (Mendoza) y Cartago TV (Río Negro)

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Por Analía Cid*

Los feminismos defendemos el cuidado de la vida. Luchamos por el reconocimiento de todas las vidas, por lograr que cada vida sea vivida con dignidad. Como fotógrafa feminista me pregunto en estos días: ¿qué cuidado de la vida existe cuando ponemos por encima de ésta la espectacularización de las imágenes?

Escena: protesta de personas privadas de su libertad en la cárcel de Devoto, la única que queda en territorio porteño. Prefiero hablar de protesta y no de motín, porque lo que los privados de su libertad estaban haciendo es lo que hacemos cada vez que salimos a la calle a hacer un corte, una movilización, un piquete: protestar por condiciones de vida. En un espacio que pareciera cuidadosamente diseñado para que los presos pierdan la poca humanidad que los noticieros aún les permiten tener, un grupo de ellos se rebela y exige que se los proteja de la pandemia de coronavirus que hoy pone en jaque a la normalidad establecida en nuestra sociedad capitalista. En ese contexto, familiares que se acercan al lugar asustadxs por la situación, en su amplia mayoría mujeres, son reprimidxs por la policía.

No estuve ahí, pero fui armando esta historia en base a testimonios, comunicados y, sobre todo, fotos. Porque quienes también estuvieron ahí fueron lxs fotorreporterxs. En las redes sociales quedó registro del hecho más allá del hecho mismo producto de las imágenes que lo retrataron. Entre ellas, varias encendieron la mecha de una furia que tiene larga data. ¿En qué momento la estética se devoró a la ética? De seguro no fue esa tarde de viernes en Devoto, no comenzó ahí.

Casi que diría que ese festín empezó al mismo tiempo que la historia del fotoperiodismo. Un fotoperiodismo que ha sido en su gran mayoría representado por lo que en las corrientes feministas denominamos el BBVAh: el sujeto blanco, burgués, varón, adulto, con una funcionalidad normativa, heterosexual. Como afirma Amaia Pérez Orozco, autora de la cual tomo esta definición: “en torno a él se concentran el poder y los recursos, se define la vida misma”; también en la fotografía.

Desde hace un tiempo fotógrafas y fotógrafes venimos cuestionando la centralidad de la mirada del BBVAh en los distintos campos que nuestra disciplina abarca, desde el periodismo hasta la moda, desde el “street photography” hasta la fotografía conceptual. Es muy opaco un mundo retratado siempre desde los mismos ojos, sin importar quien sea que porte esos ojos: nuestra educación fotográfica tradicional, basada en héroes y grandes acontecimientos históricos, lleva grabada a fuego esa mirada. Una mirada que reproduce estereotipos de clase, de género, de raza; que perpetúa las actuales relaciones de poder. Despojarnos de ella es un ejercicio de toda la vida y nadie se encuentra exento de hacer ese ejercicio – también podemos ser las mujeres quienes encaremos esa mirada. Yendo concretamente al fotoperiodismo y la fotografía documental, ríos de tinta se han escrito criticando imágenes icónicas que han marcado la historia de nuestra profesión. No todo es igual a cuando Capa tomó la foto del soldado republicano. Ahora más que nunca, la estética tomó el poder y hay, por ejemplo, fotógrafos de guerra con cámaras de placa creando imágenes en el campo de batalla de algún país en vías de destrucción para luego venderlas en renombradas galerías y pasar a integrar la colección de algún magnate o museo. Imagen individual mata historia, y hot news mata vida cotidiana; entre más embellecido, mejor. 

Teniendo en cuenta todo esto, vuelvo al principio: varios fotógrafos hacen fotos de las mujeres siendo reprimidas y deciden publicarlas en sus cuentas personales en las redes sociales. Hacen su propia edición, escriben sus propios epígrafes. Esas imágenes llegan a mi monitor y al de otras compañeras, y no sé si apagar la computadora o romperla. Aún mejor, me encantaría rompersela en la cabeza a alguno de los que hicieron las fotos. Trato de calmarme, ejercicio que me cuesta bastante después de un mes de aislamiento social preventivo y obligatorio. Hablo con amigas, sigo mirando otras imágenes de ese día, me tomo unos mates, leo las reflexiones de otras colegas (como la de Lucía Merle, que puede leerse acá), pienso mucho. ¿Qué es lo que me hace sentir así? Mientras trato de dormir empiezo a entender: lo que me molesta no son (sólo) las fotos. Son los comentarios de quienes las miran. La catarata de elogios hacia quienes realizaron esas imágenes me destroza. ¿Qué es lo que ven que yo no veo? ¿Qué es lo que yo veo y ellxs no? Y me surge otra pregunta, pensando en los colegas que pusieron a circular las imágenes en el ciberespacio: ¿de qué sirve matar al mensajero, cuando hay una audiencia fanática del mensaje, que permite que el mensajero sobreviva en una competencia feroz por los pocos puestos de trabajo que aún existen en la industria del fotoperiodismo? Ojo: no matarlo no significa quitarle responsabilidad y exigirle un llamado a la reflexión.

Quien porta la cámara no tiene todo el poder, pero en escenas como las de una represión de familiares de privados de la libertad tiene mucho más poder que lxs retratados, que no casualmente eran mujeres. Fotógrafos varones retratando mujeres no hegemónicas siendo reprimidas y después subiendolas a las redes sin un mínimo cuidado por su integridad, ¿es sólo un error? ¿O es que hay un chip funcionando en piloto automático en muchxs de nosotrxs que es necesario detectar para, acto seguido, empezar a desarmar? 

Pongo el foco en la audiencia. ¿Qué es lo que está pasando para que tantxs lean una imagen violenta, que retrata la violencia más cruda, como una buena imagen? ¿Dónde está la voz de esas familiares? ¿Cuáles son sus historias? Corramonos 5 minutos del punitivismo suicida que nos lleva a murmurar en voz baja que, en realidad, esos hombres en el techo del penal merecen que el coronavirus los mate. Que por el sólo hecho de estar privados de su libertad quedan automáticamente excluidos de todo derecho, incluso del derecho a la vida. Hay sed de venganza, de linchamiento; los dedos apuntan contra los reos. Y en el medio, las mujeres.

¿Puede un comunicador clamar inocencia y decir “sólo estoy informando”, cuando la sociedad en la que vive utiliza esas imágenes para reafirmar su odio? En su libro La arqueología del saber de 1969, Michel Foucault presenta el concepto de formaciones discursivas para hablar de cómo un mismo enunciado puede significar cosas diferentes según el contexto en el que se presente. En este momento de digitalización casi total podemos incluir a las imágenes que producimos como enunciados que forman parte de formaciones discursivas. Las imágenes no se dan en el vacío: dialogan con el conjunto de imágenes y discursos en circulación en una sociedad y un tiempo determinados. Negar esto es negar la capacidad que tiene la fotografía de crear sentido. Las fotografías de esas mujeres se producen y circulan en un momento en que lxs militantes y organizaciones feministas clamamos que se declare la emergencia en violencia de género, en un país que sufre un femicidio cada 32 horas. En que la amenaza latente de un abuso de las fuerzas de seguridad, fogoneadas por la cuarentena, nos hace dudar si salir o no a comprar al almacén o pasear al perro. Como mujer, como feminista, me siento violentada por esas imágenes y exijo que al menos nos tomemos un rato para entender el por qué me siento, nos sentimos violentadas.

Las feministas queremos cambiarlo todo. Queremos transformar las relaciones humanas, desafiar los vínculos opresivos que el capitalismo heteropatriarcal y colonial nos imponen como única opción. La fotografía no es una disciplina que pueda quedar fuera de esa transformación. Cuando agarramos una cámara y decidimos poner a circular lo que producimos, no podemos permitirnos la ingenuidad. Ocupamos una posición en el mundo; lamentablemente, la de la mayoría de lxs fotógrafxs suele ser una de privilegio. Podemos equivocarnos porque de los errores se aprende, y lincharnos mutuamente no sirve más que para ejercer en otro la violencia que tememos que ejerzan contra nosotrxs. Pero cuando la respuesta a la crítica es la complicidad entre varones, el problema es mucho más profundo y penetra la imagen, la desarma. Repito: varones (probablemente blancos, probablemente de clases medias, seguramente precarizados pero con trabajo) fotografiando mujeres (que no son blancas, que no son de clase media, y que más que seguro tienen trabajo informal amenazado en su precariedad por la cuarentena) que están siendo reprimidas por la policía. Otros varones aplaudiendo ese trabajo, defendiéndolo usando las cartas gastadas de la “libertad de expresión” y el “derecho a informar”, a “mostrar la realidad”. ¿Por qué hay quienes creen todavía que su derecho a informar está por encima de la vida de las personas que protagonizan sus imágenes? No bajemos la guardia: “mostrar la realidad” sin analizar lo que estamos mostrando puede convertirse en una forma de legitimar la realidad que nos espanta. 

*fotógrafa, socióloga y activista feminista

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Por Nacho Saffarano / Foto: LN

Desde el inicio del confinamiento, son al menos siete los asesinados en diferentes cárceles del país. Dos de ellos, Federico Rey y José Mario Candia, fueron fusilados a quemarropa por personal del Servicio Penitenciario. El reclamo desatado por los detenidos en Devoto, puso en la agenda pública, de la peor manera posible, la situación en la que viven estas personas. Algunas consideraciones breves al respecto.

1 – Voy a pararme desde la defensa de un paradigma que no comparto, y que es el hegemónico dentro del activismo de derechos humanos. De mi parte, estoy convencido que hay que abolir a las cárceles; que es una contradicción histórica encerrar a personas para que aprendan a vivir en libertad; que las prisiones son inherentes al capitalismo, razón por la cual, cualquier proyecto pos-capitalista debe tener en su horizonte programático, la eliminación de las mismas. Y un montón de otros postulados que no vienen al caso en este momento – aunque es tarea nuestra, al menos comenzar a mechar estos debates entre la militancia y la intelectualidad crítica -.

El paradigma hegemónico, entonces, no se cuestiona la cárcel-institución sino las condiciones de las mismas; y en el mejor de los casos, se problematiza el origen de clase mayoritario de los detenidos. Es una defensa, casi a ciegas, de una de las grandes conquistas liberales de nuestra historia, el artículo 18 de la Constitución Nacional, que constituye un pliego de garantías procesales y el mantra “las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos”. Por eso en este contexto tan regresivo, aunque en términos estratégicos no compartamos esta perspectiva, los abolicionistas penales militamos para que se cumpla este derecho constitucional.

2 – Las cárceles en Argentina, son sinónimo de tortura. Sobrepoblación que genera hacinamiento; falta de vacantes para el desarrollo de actividades educativas y laborales; pésima atención médica; traslados compulsivos que provocan distanciamiento familiar; y un sinfín de vejaciones más. Todo este combo generado alrededor de la sobrepoblación y la imposibilidad de cumplir con las recomendaciones de distancia social, es el caldo de cultivo para que el covid-19 se propague a velocidades espeluznantes, con una gran capacidad para saturar todo el sistema sanitario (siempre y cuando se decida atender a los presos, claro). Los que militamos en las cárceles, y un puñado de organizaciones de derechos humanos, lo venimos advirtiendo desde antes que haya un solo caso positivo en Argentina.

3 – Son las cabezas de los diferentes Poderes Judiciales (provinciales y federal), quienes tienen la máxima responsabilidad por la sobrepoblación en las cárceles – principalmente por el uso abusivo que hacen los jueces de un instituto que debería ser excepcional, la prisión preventiva; y por el rechazo sistemático de libertades condicionales, anticipadas y salidas transitorias -, por lo que son ellos quienes en esta crisis humanitaria-sanitaria, deben tomar medidas concretas para disminuir la tasa de encarcelamiento. Sin embargo, con contadas excepciones, se dedican a sacar “recomendaciones”, a tirarse con latinazgos y citas teóricas entre Defensores y Fiscales, mientras que la mecha de la bomba es cada vez más corta dentro de las cárceles.

4 – Los Poderes Ejecutivos también tienen una enorme responsabilidad por el paupérrimo estado de las prisiones. Muy resumidamente, porque son los jefes políticos del servicio penitenciario; porque son quienes manejan la infraestructura y los recursos económicos con que se mantienen día a día las cárceles; porque son quienes diseñan la política criminal y penitenciaria del país y las provincias; porque son quienes vacían las instituciones que deben acompañar a los liberados para lograr una mínima inclusión social-laboral.

Y hay otra responsabilidad, que en este momento es fundamental: son las fuerzas gobernantes quienes tienen mejores condiciones para construir consensos, para forjar ideas-fuerzas que logren calar en el tejido social. Por eso, el silencio de Fernández, de Kicillof y de toda la dirigencia oficialista de peso sobre las condiciones de las cárceles, convalida desde la omisión un discurso tan retrógrado en la sociedad. La cobertura de los medios de comunicación de la protesta en Devoto de ayer, merece ser denunciada por todas las vías posibles. Hubiese sido clave oír voces de responsables políticos, que con un mínimo de sensatez, enfrenten el sentido común reaccionario que ayer fue más visible que de costumbre. Sin dudas que buena parte de la base electoral del Frente de Todos, coincide con los votantes de las diferentes expresiones de la derecha, en que los presos deben vivir en las condiciones actuales, y si es posible, deben morir así es un gasto menos para el Estado. La base militante del FdT, sensible a esta problemática, debería empujar a sus dirigentes para que se pronuncien y actúen sobre el tema.

5 – Casi 45 días de confinamiento, fueron suficientes para cambiar – al menos momentáneamente – todas nuestras lógicas de militancia. El campo popular ha perdido su espacio estratégico de disputa, la calle. Por eso, a quienes nos duele la cárcel, los que entendemos que la comisión de un delito implica perder la libertad ambulatoria pero no la vida; tenemos que tener la mayor creatividad y audacia en estos días. Es necesario que podamos charlar en nuestros círculos de amistad, de activismo, sobre lo que pasa en las prisiones. Tenemos que ser capaces de hacer algo más que comunicados políticamente correctos que se acumulan en la base de datos de la web; no podemos quedarnos con putear en voz alta a Mauro Szeta o al periodista de turno, sino reclamar y construir nuestros propios espacios en los medios de comunicación para que se escuchen voces disonantes. Tenemos que rodear de solidaridad a los familiares de los detenidos – ese colectivo aún más invisibilizado, integrado en su mayoría por mujeres pobres -, construir lazos de cooperación y pensar estrategias en conjunto, para que morir en el encierro no sea el único destino posible.

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