Por Francisco Cantamutto | Fotode Leo Crovetto

Como todo este agitado 2020, el cierre del año nos promete nuevamente tener un final para agarrarse de la silla. Esta semana llegó la primera visita formal del Fondo Monetario Internacional, tras un mes de acercamientos preliminares, para negociar con el gobierno de Alberto Fernández la posible nueva vía para resolver la deuda dejada por el gobierno de Mauricio Macri. Recordemos que tras haber tenido dificultades para pasar la reforma previsional, y no haber podido ni siquiera tratar la reforma laboral en diciembre de 2017, el programa del gobierno de Macri entró en problemas, los cuales se hicieron más evidentes a partir del anuncio del posible movimiento de la tasa de interés en EE.UU. A partir de abril de 2018 se generaron una serie de corridas bancarias y movimientos de crisis financiera que hicieron que el resto del mandato se cumpliera en medio de la turbulencia total del mercado cambiario y financiero, con fuerte impacto en la situación económica y social.

Todos los indicadores relevantes empeoraron: aumento de la pobreza, aumento de la indigencia, caída del salario real, aumento del desempleo, pérdida de calidad del empleo e incluso caída de la actividad. Este es el saldo que nos dejó el gobierno de Macri, y el cual financió el acuerdo del Fondo que se firmó en un trámite exprés sin mandato administrativo, sin estudios de prefactibilidad del Banco Central y sin tratamiento del Congreso. Todos estos datos son relevantes porque hablan de la vulneración de los mecanismos de control democrático instituidos por la Constitución y las leyes correspondientes.

El préstamo, luego ampliado en septiembre de 2018, habilitó un acuerdo del tipo stand by de 57 mil millones de dólares, de los cuales se giraron unos 44 mil. Recordemos que tras las derrotas en las PASO de agosto de 2019, el FMI dejó de girar el dinero correspondiente por entender que ya no era viable. Sin embargo, durante todo ese período financió una corrida de capitales. Esto es relevante y quedó demostrado en el estudio que presentó en mayo el Banco Central. La deuda tomada y, en particular, la deuda tomada con el FMI, fue para financiar centralmente la fuga de capitales y el atesoramiento de un puñado de personas y empresas. Esto significa que el carácter de la deuda tomada con el FMI, en particular, vulnera el propio estatuto del Fondo, que señala que no se pueden financiar corridas cambiarias, además de haber prestado casi mil por ciento por encima de la cuota asignada a la Argentina para préstamos, y con las reticencias del staff técnico y los directores del board desde Europa. Claramente se trataba del apoyo desde EE.UU. al gobierno de Macri, tal como relevó en declaraciones recientes el flamante electo director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver Carone, apostaron  a un gobierno que perdió.

El financiamiento de la fuga de capitales dio por resultado una socialización de la deuda, cuyos beneficios fueron netamente privados. Vale señalar que el otro fundamento de la deuda tiene que ver con el déficit fiscal que tiene que afrontar el gobierno, originado por la desgravación fiscal a los más ricos. En el gobierno de Mauricio Macri se redujeron las retenciones a las exportaciones, además de eliminar impuestos de bajo peso fiscal pero claramente indicativos del sesgo clasista, como la reducción de los aranceles a la importación de autos de alta gama. Con esta esta desgravación, los sectores poderosos se enriquecieron aún más y la cobertura de la diferencia fiscal pesó sobre todes nosotres.

Ese tipo de acuerdo stand by implicaba una vigilancia macroeconómica del FMI sobre el gobierno. Una vez que en septiembre de 2019 le soltó la mano a Macri, el Fondo expresó que la deuda heredada no era sostenible. A inicios de 2020 acompañó la negociación del gobierno argentino con los acreedores privados, a los cuales el FMI les pedía hacer algún tipo de recorte o concesión, si hacerse cargo ellos mismos de hacerlo.

Ahora viene la renegociación del acuerdo, cuyos vencimientos empiezan a pesar a partir del año que viene. Según las declaraciones del Ministro de Economía, Martín Guzmán, la idea sería pasar de un acuerdo stand by que dura de 1 a 3 años, a uno de facilidades extendidas, que dura de 4 a 10 años, en la misma lógica que la reestructuración con los acreedores privados. Esto libera el horizonte en el cortísimo plazo pero hace pesar la carga en los próximos mandatos presidenciales, y de ninguna manera cuestiona el carácter ilegal y fraudulento de las operaciones.

El pasaje a un acuerdo de facilidades extendidas implica, además del control macroeconómico y los pedidos de ajuste que ya están haciendo viables a través del Presupuesto 2021, el pedido de reformas estructurales puntuales. El primer puntapié parece ser el cambio de fórmula para el cálculo de los aumentos previsionales, lo cual anticipa que puede ser una línea de trabajo. Otra puede ser la reforma laboral. Mirando todo esto, y la actuación del Fondo en Ecuador, pareciera que además de este tipo de reformas se puede esperar un carácter aún más regresivo de la estructura tributaria, incluso reformando más profundamente el sistema previsional.

El FMI enfrenta su propia corresponsabilidad, tanto en la crisis que sufre Argentina como en la situación de crisis de deuda a nivel global que el propio Fondo reconoce. Sin embargo, para las periferias sigue avanzado en una agenda que tiene que ver con ajuste y reformas estructurales, mientras endulzan los oídos de los países acreedores hablando de reformas tributarias progresivas o la necesidad de mantener algún tipo de resguardo sobre la arquitectura financiera internacional.

En el curso de esta semana sabremos más sobre cuál es la agenda precisa del acuerdo que sigue. Es imposible dejar de señalar que el acuerdo del FMI con la Argentina tiene vicios de legitimidad desde el origen y puede calificarse perfectamente de deuda odiosa, tal como se registró en el foro de denuncias contra la deuda, organizado por la Autoconvocatoria por la suspensión de los pagos y su auditoría.

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Por Julio Cesar Gambina* Foto: Zona Norte Diario

Muchas son las tensiones políticas que se procesan en estas horas. El momento más ríspido lo constituyó el “motín” policial de la bonaerense, una fuerza de seguridad con 90.000 efectivos. Con sus armas y móviles, incluido helicóptero, presionaron en varias locaciones, de forma preocupadamente en la vivienda del gobernador y en la residencia presidencial. Esto motivó especulaciones golpistas, aun cuando el móvil apuntaba a la mejora salarial y esencialmente a la impunidad policial, en el mismo momento que se investigan responsabilidades policiales en el asesinato de Facundo Astudillo Castro, entre muchos otros casos de similar tenor.

El motín generó especulaciones diversas y se zanjó, transitoriamente, con asignaciones presupuestarias resueltas por decreto, revirtiendo otro decreto, de similar factura realizado por el Gobierno Macri. En aquella ocasión, se favoreció al gobierno porteño y ahora a la provincia bonaerense, y por eso surgen interrogantes diversos. ¿Es un debate en torno a la coparticipación? Puede entenderse de ese modo, pero es más complejo. ¿Es favoritismo desde el gobierno nacional a una provincia gobernada por el mismo frente en el orden nacional y en contra de la oposición gobernando la ciudad capital de la Argentina? Es un argumento simplista también.

Se trata de un tema de enorme complejidad, que no se resolvió con la asignación de nuevos recursos derivados desde un distrito a otro, más allá de cualquiera de las razones que se argumenten de un lado y del otro. Se trata de tensiones políticas en una Argentina con crisis política evidente, con una polarización calificada de grieta. Una polaridad sostenida por la novedad política emergente en el siglo XXI, el kirchnerismo y el macrismo, expresiones renovadas de viejas antinomias políticas en el país. Si durante décadas, más allá de las dictaduras, la confrontación fue entre peronismo y radicalismo, el presente muestra la fractura de ambas expresiones y la conformación de nuevas alianzas con liderazgo de Cristina Fernández en un caso y Mauricio Macri en otro.

Las tensiones se concentraron en la protesta policial, pero se manifiesta en todos los temas que se colocan en discusión y afecta las correlaciones de fuerzas en la sociedad, caso de la “reforma judicial”, disminuida en sus alcances por el oficialismo y agigantada por la oposición sistémica; pero también acontece la polémica en torno al gravamen sobre las grandes fortunas. Más grave aún, la discusión se manifiesta en la emergencia sanitaria y económica derivada de la pandemia, con imposibilidad de acuerdo estratégico de las dos principales fuerzas políticas, en momentos en que ascienden peligrosamente los contagios y muertes en el país, especialmente en momentos de incertidumbre global sobre el tema. Una incerteza que incluye imprevisibilidad en el futuro económico.

Es muy posible que el problema sanitario se extienda durante el 2021, o buena parte del mismo. Además, ¿será esta la última pandemia?, ante una situación de descontrol en el modelo productivo mundial, con afectación de la naturaleza y la vida social en su conjunto. Es un interrogante de difícil respuesta.

Supuestos 2021

Por eso, suena hasta ilusoria la pretensión del ministro de Economía que pretende “tranquilizar” la economía con supuestos ilusorios, creo, que serán incluidos en el proyecto de Presupuesto 2021.

El horizonte imaginado es la merma del gasto público incrementado en 2020 por la pandemia, como si fuera sencillo, en las condiciones económicas globales y locales, eliminar gasto social como el Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, incluso los ATP para compensar salarios de empresas con problemas para atender la nómina, entre otras muchas asignaciones presupuestarias para atender a la emergencia.

La incertidumbre de la economía mundial es relevante y, además, agudizada con incertezas derivadas de la elección estadounidense en noviembre próximo. A punto de terminar su gestión, Donald Trump impuso por primera vez un presidente estadounidense a la cabeza del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. El personaje al frente del BID expresa a la ultra derecha de EEUU, con una orientación claramente opuesta a la lógica socio política desplegada en la región en los primeros años del Siglo XXI.

Se trata de un militante enfático contra el proyecto cubano, venezolano, o cualquier intento de autonomía e independencia de la región latinoamericana y caribeña respecto de la política exterior de EEUU. Además, Argentina sostuvo candidato alternativo hasta último momento y fue clave para operar una elevada abstención en la votación.

A no dudar que eso constituye una tensión con el gobierno de Trump, más aún si este ratifica un segundo mandato. El tema no es menor, ya que EEUU es clave a la hora de la negociación en curso de la Argentina con el FMI. EEUU definió el impagable y odioso crédito a Macri en 2018 y ahora el gobierno de Alberto Fernández busca renegociar el acuerdo para liberar pagos durante el mandato que finaliza en diciembre del 2023.

El presupuesto económico financiero del 2021 está atravesado por esa negociación con el FMI, para terminare de definir el alcance de los compromisos financieros del Estado. La política es integral y se juega fronteras adentro y en el exterior. ¿Cuántos recursos se generarán para activar la economía y resolver empleos e ingresos populares que contengan el des-conformismo social ante la situación económica actual?

Sorprende aún que la caída de ingresos de la mayoría de la sociedad de más bajos ingresos, la consecuente suba de la pobreza y la indigencia no genere una explosión social. Los conflictos y movilizaciones existen, pero todavía contenidos ante la situación de la emergencia sanitaria y la extensión de una política compensatoria que puede terminarse en los supuestos presupuestarios.

Debates estratégicos

Las tensiones pueden superar la lógica de confrontación hegemónica de la política actual, solo si la demanda social se orienta en una perspectiva que ponga en discusión la lógica que preside la organización económica en la Argentina, y que se presenta claramente en el debate sobre la imposición a las grandes fortunas y en la toma de tierras. En ambos casos se afecta la sacrosanta “propiedad privada”, con resguardo constitucional desde el origen de la Nación Argentina.

El tema es que esa propiedad privada, altamente concentrada, es la razón de la fuerte desigualdad acumulada por siglos y exacerbada en tiempos de reestructuración reaccionaria desde 1975/6, cuestionada discursivamente, pero nunca enfrentada claramente. Una muestra está en el tratamiento del endeudamiento en todo el ciclo político desde 1983, con renegociaciones sucesivas que consolidan la subordinación local al orden del poder económico mundial del capitalismo.

Hace falta ir a fondo en el debate sobre los recursos que administra el Estado, especialmente su destino, pero también de dónde provienen. En ese marco hay que discutir la coparticipación impositiva. Primero hay que definir los problemas a resolver, caso de la pobreza, por ejemplo. Recién, luego de ello se podrán asignar escasos recursos existentes a otros fines, incluso, cuanto se dispone para coparticipar con los distritos provinciales.  

Está claro que es una cuestión política que trasciende la coyuntura y se proyecta como un debate estratégico sobre el presente y el futuro, en rigor, no solo válido para el país, sino para la región y el mundo.

*Publicado originalmente en juliogambina.blogspot.com

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Por Eduardo Lucita*

El paso del tiempo no es ocioso: si se lanza una idea o acción concreta posible y luego con el correr de los días no se la pone en práctica o no se la impulsa no solo se diluye sino que genera desilusión y frustración entre los sectores sociales interesados. Así ha pasado con la expropiación/intervención de Vicentin; así con la deuda pública del Estado nacional, que propuesta tras propuesta sumaron nuevas y mayores concesiones a los bonistas; así pasó con el informe del BCRA sobre el endeudamiento y la fuga de capitales bajo el gobierno Macri, que despertó esperanzas y quedó reducido a un «paper» académico. Así está pasando con el impuesto a las grandes fortunas, que se lo lanzó para atender los problemas de financiamiento provocados por la pandemia. Incluso se dejaron transcender cifras del número de personas a gravar y estimaciones de la posible recaudación. Sin embargo, el proyecto no ha ingresado al parlamento.

Un panorama general

La economía nacional atraviesa una crisis de proporciones inéditas en la que los problemas estructurales que arrastra hace décadas se han fusionado con los provocados por la pandemia. Entre otras cosas, requiere ingresar recursos genuinos que financien la fuerte expansión monetaria a que se ha visto obligado el gobierno para atender a los más necesitados y evitar mayores quiebras empresarias. Caso contrario se impondrán los gurúes de la city al servicio de la derecha que ya están alertando sobre un inminente rebrote inflacionario, que llegó el momento de frenar el gasto público, que hay que ir al equilibrio fiscal…

No es solo un problema argentino. Frente a la parálisis económica que el Covid-19 impuso a la economía global los más diversos gobiernos han recurrido a estímulos fiscales y monetarios cuya magnitud no tiene precedentes. En EE.UU. el gobierno ha dispuesto volcar recursos para respaldar el empleo y a las pequeñas empresas, mientras que la FED está inyectando liquidez al mercado. En conjunto, suman 8,5 billones de dólares mientras que en la Unión Europea se acaba de aprobar un paquete de 750 mil millones de euros. Buena parte de ellos irá a fondo perdido. Esos esfuerzos fiscales ya triplican al que se hiciera en 2008.

Los gobiernos de América Latina han seguido este curso de acción, los principales países han emitido hasta alcanzar un déficit fiscal de entre el 8 y el 10% del PBI; nuestro país se supone llegara a fines de año al 8%. Acompañando esta emisión de deuda y moneda sin precedentes, el FMI acaba de declarar (dejando de lado por ahora sus monsergas ajustadoras) que estas políticas deben seguir y que sería un grave error retirar dinero de las plazas hasta tanto no haya seguridad de que la recuperación económica sea duradera.

¿Dónde hay un mango?

Tal vez parafraseando aquella ranchera popularizada en los años treinta por Tita Merello hoy podríamos tararear «Dónde hay recursos Viejo Gómez». Es que esta discusión está también instalada en otras latitudes. Más aún cuando en no pocos países, también entre nosotros, se ha instalado la necesidad de implantar como política de Estado permanente una renta básica universal, que opere como un piso mínimo de ingresos frente a la esperable caída del empleo, de los salarios y el incremento de la pobreza y la indigencia.

En la Unión Europea diversos sectores sociales y políticos están discutiendo sobre la necesidad de imponer una tasa Covid. El paquete aprobado por la Comisión Económica Europea, pendiente de aprobación por gobiernos y parlamentos, contempla la aplicación de tasas extraordinarias, entre ellas una tasa al carbono a las importaciones de productos contaminantes y otra a las grandes tecnológicas, también a las transacciones financieras. Entre nosotros ya hay algunas provincias y municipalidades que han impuesto contribuciones adicionales a la banca local y a ciudadanos con altos patrimonios. Una nota en Clarín señala que «la asistencia del Central empieza a tocar los límites de lo legal, por lo que hay que recomendar la búsqueda de fuentes de financiamiento alternativas».

Pues bien, el impuesto a las grandes fortunas es hoy una fuente alternativa, indispensable para atender las necesidades sanitarias y sociales provocadas por la pandemia. Según los trascendidos, gravaría a unas 15 mil personas con una recaudación del orden de los 4.000 millones de dólares. El cálculo se fundamenta en lo tributado por Bienes Personales. Conviene recordar que en este caso el monto de los activos se computa en muchos casos según la valuación fiscal y no según su valor de mercado. Esto contrasta con lo informado por la tercera edición del Ranking Forbes que muestra que al 31 de mayo pasado las 50 personas más ricas del país acumulaban activos por un valor de 46.440 millones de dólares.

Aun así este impuesto extraordinario -pensado por única vez pero que en mi opinión debiera ser bianual, ya que la economía recién comenzaría su recuperación en el 2022- sería un avance, un primer paso en la indispensable reformulación progresista de la política tributaria en el país. En lo inmediato debiera ser complementado con una contribución extraordinaria de la banca y de los llamados unicornios nacionales -Mercado Libre, Despegar, Globant, OLX y Autho, empresas de base tecnológica cuyo valor de mercado supera los 1.000 millones de dólares-, los grandes ganadores de los últimos tiempos.

Contradicciones

Sin embargo mientras se posterga sin fecha el ingreso del proyecto al Congreso, el gobierno ha ingresado un proyecto de amplia moratoria, mientras comienza a hablarse de un nuevo blanqueo que alcanzaría a grandes empresas y capitales fuera del circuito productivo. Estas iniciativas desdibujan totalmente las investigaciones que llevaba adelante la AFIP sobre evasión impositiva.

En paralelo está circulando una declaración suscripta por referentes de los derechos humanos, intelectuales, dirigentes sociales, sindicales y políticos, que al momento de concluir este artículo ya es acompañada por cientos de firmas, que enfatiza que «el impuesto a las grandes fortunas debe aprobarse ya, transformándose en una ley que contribuya a poner en práctica la redistribución del ingreso».

*Integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda)

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Por Vivian Palmbaum

En ocasión de un nuevo aniversario de la gesta de la independencia en la Argentina, la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago de la deuda[i], emitió un comunicado y convocó al inicio del Juicio Popular a la Deuda y al FMI.

“En medio de una profunda crisis global agravada y puesta en evidencia por la pandemia, el gobierno nacional lleva adelante la renegociación de la deuda externa con los voraces fondos de inversión”, señalaron desde el espacio.

Desde la Autoconvocatoria expresan que la propuesta de renegociación es contraria a cualquier espíritu soberano vinculado a nuestra independencia mientras “profundiza las concesiones que se habían instrumentado en la primera oferta del mes de abril”.

Tal como lo  explican se adelantan fechas de pago, desaparecen las quitas de capital y hasta se reconocen intereses por este año. “En concreto, significan entre U$D 7.800 y U$D 13.000 millones de dólares más, respecto a lo propuesto en abril, que serán menos recursos para la educación, salud, trabajo, vivienda, y tantas otras carencias que hoy sufre nuestro pueblo”.

Desde la Autoconvocatoria advierten que “si continuamos en este camino, se agravarán los sufrimientos que ya están padeciendo la mayoría de los argentinos y argentinas, por la emergencia sanitaria y la crisis social, económica y ecológica”.

Juicio Popular a la Deuda y al FMI

Desde el espacio Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, formado por un amplio arco de organizaciones y agrupaciones se vienen realizando distintas actividades y hasta pedidos de audiencia con el presidente. En febrero, cuando llegó la misión del FMI, la Autoconvocatoria dio inicio a un Juicio popular para comenzar a darle visibilidad a la oposición al pago de la deuda externa, cuyo cumplimiento  aparece como indiscutible desde el sentido común que los medios masivos de comunicación alientan.

La renegociación implica una convalidación de una deuda que califican de odiosa. “La  deuda es odiosa cuando los acreedores saben que es impagable pero se prestan a la estafa” tal como ocurrió en 2018 cuando a pesar de creer que el país no podría cumplir con los pagos el FMI realizó uno de los mayores préstamos. Las organizaciones nucleadas en la Autoconvocatoria afirman: “la deuda odiosa se puede desconocer”.

También un Juicio popular se puede hacer por medios virtuales, y así fue como al inicio se hizo un reconocimiento a Alejandro Olmos,  que hace 20 años logró demostrar en la justicia que la deuda contraída por la última dictadura militar, entre 1976 y 1983, era fraudulenta por la existencia de 477 ilícitos en el proceso de endeudamiento,  que quedaron probados junto con sus beneficiarios: empresarios, funcionarios y los bancos. A pesar de ello la deuda continúo incrementándose durante los gobiernos democráticos y nunca fue revisada. Una deuda que “no tenía justicación alguna para haber sido contraída” como afirmó Alejandro Olmos Gaona (h). Un proceso de endeudamiento que necesitó la represión, tortura y desaparición forzada a quienes se opusieran.  La causa judicial duró 18 años y al poco tiempo de la sentencia, a fines de 2001, gran parte de la deuda entraría en default y su renegociación en el 2005 no tuvo en cuenta sus conclusiones ni ningún tipo de investigación. Así algo más de U$D 20.000 millones provienen de bonos emitidos en canje por aquella deuda que se dejó de pagar en el 2001, tal como afirman.  

En el Juicio Popular habrá distintas etapas. Por un lado los foros populares, a partir del 27 de julio, donde se recibirán denuncias hasta el 30 de septiembre. Tanto denunciantes como testigos,  representarán al amplio arco de movimientos sociales, de trabajadoras y trabajadores y gremios que darán cuenta de los efectos que tiene la deuda. Luego habrá tres peritos y un jurado compuesto por nueve miembros que darán su veredicto y luego el Tribunal dictará su sentencia. Los fiscales luego formularan la acusación y el sábado 10 de octubre está previsto que se instale el jurado popular y se presenten las acusaciones y la defensa. El veredicto y la sentencia están programados para el 15 de octubre.

El Tribunal está integrado por Adolfo Perez Ezquivel, miembro del tribunal permanente de los pueblos, Nora Cortiñas, integrante de Madres  de Plaza de Mayo Línea Fundadora,  de la Comisión Provincial de la Memoria y de la Red Jubileo Sur, Nina Brugo, abogada feminista e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Alejandro Bercovich, economista y periodista, y Miguel Julio Rodriguez Villafañe, abogado y profesor de la UNC y ex juez. En la presentación cada uno de ellos expresó sus consideraciones como miembros de este Tribunal.

Perez Ezquivel destacó que la deuda se impuso en América Latina como una política de sometimiento que costó vidas en la región. Entre otras cosas destacó que “los distintos gobiernos y el Congreso no quisieron investigar la legitimidad y el origen de una deuda que afecta la vida de los pueblos”. Respecto de la función de este Tribunal será “encontrar caminos de libertad, independencia y soberanía”.

Alejandro Bercovich enfatizó que un trabajo que nos tenemos que dar como sociedad es poner en discusión este mecanismo de sometimiento, que tiene muy estricta actualidad y que se viste de distintos ropajes, incluso del ropaje del progresismo. El gobierno en ningún momento previó revisar la legitimadad de la deuda que se está renegociando ahora, y si lo dijo en campaña fue para cobijar a los sectores mas de izquierda, más progresistas que acompañaron al Frente de Todos. Destacó que la renegociación puede llegar a resultar un ahorro, pero también es cierto que relegitima la deuda.

Nora Cortiñas, recordó la historia de Olmos, la investigación y que cuando iniciaron con Diálogos 2000 en un encuentro con el Papa pidieron la condonación de la deuda de todos los países pobres. “Ahora también el Papa pidió lo mismo pero nosotros no somos pobres, somos endeudados, tenemos todo en la Argentina, hasta tenemos mucho amor para contrarestar el odio que nos quieren meter. La deuda es un camino lento que cuesta mucho meter en la conciencia del pueblo, este juicio popular, muestra que somos un grupo grande para pedir la suspensión y la aclaración de lo que nos quieren cobrar y eso no es imposible. Renegociar, transar, es el ajuste, es el camino al hambre, es el camino para no tener nuestras riquezas para nosotros, no tenemos por qué pedir, nosotros tenemos lo nuestro”.

Miguel Julio Rodriguez Villafañe puso de relevancia que “el tema de la deuda se maneja como un tema de oscurantismo, muchos sectores hablan de transparencia del Estado, pero lo único que no tiene transparencia es la deuda porque la mayoría de los contratos se hace con cláusulas de sigilo”. Destacó el hecho de darle visibilidad “porque se ha presentado el tema como que no tenemos otra salida o hacernos creer que es un tema muy críptico que solo los entendidos pueden manejar o llevar adelante”.  Además, puso de relevancia que “los medios hegemónicos lo único que hablan es de la importancia que los mercados estén contentos. Pero a veces cuando están contentos los mercados, el pueblo tiene que llorar”.

Nina Brugo, integrante del movimiento de mujeres expresó que “tantos años fuimos silenciadas y somos las mujeres las principales afectadas por esta deuda y las más pobres. Trataremos que muchas mujeres participen en los foros y nos hagan llegar toda su apreciación”. Más adelante expresó: “Este juicio popular que está organizándose, es una deuda a nuestro pueblo”.

Los fiscales en este Juicio serán Veronica Heredia, defensora de DD.HH, Carlos Zerrizuela, delegado del Frigorifico Rioplatense, Liliana Constante, miembro de ATTAC y de la APDH y  Bruno Napoli, historiador, integrante de la Comisión de Investigación de la Comisión de Valores.

Se abre una instancia de recuperación de testimonios y para ello crearon una cuenta de correo (juiciopopular@gmail.com) y a través de los foros irán recibiendo las denuncias de las organizaciones populares, para empezar a poner de relevancia las problemáticas que se visibilizaron y agravaron en este momento de crisis y pandemia.

Autoconvocatoria en Chubut

Este 9 de julio, también en Chubut y con la adhesión de un amplio arco de agrupaciones, organizaciones sociales, instituciones y gremios, se estableció la Asamblea Constitutiva de la Autoconvocatoria por la suspensión del pago y la investigación de la deuda pública provincial, en defensa de la soberanía del territorio. La provincia de Chubut vive una grave crisis económica que afecta a todos los sectores de su población.

En su manifiesto constitutivo expresaron que “nos autoconvocamos en rechazo al proyecto que presentó el Gobernador Arcioni en la Legislatura de Chubut para la renegociación de la deuda en bonos del 2023 y 2026”. En esta asamblea constitutiva expresan: “pone en peligro el presente y el futuro de les chubutenses. No queremos que los gobiernos nos endeuden forzosamente sin atender a los intereses del pueblo. Nos autoconvocamos para manifestarnos en contra de un proyecto del gobierno provincial que pretende asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, centrándose solamente en aspectos económicos, sin atender a que desde el Estado se garanticen las condiciones para el cumplimiento de los derechos humanos ni el respeto de la naturaleza, de la que somos parte y nos permite seguir viviendo”.

El comunicado completo de la Autoconvocatoria en Chubut se puede leer aquí.

[i] Autoconvocatoria x la suspensión del pago e investigación de la deuda

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Por Francisco Cantamutto | Foto de German Romeo Pena

Argentina continúa los acercamientos con los grandes fondos de inversión, principales acreedores privados del país bajo legislación extranjera. Organizados en tres grandes grupos, mostraron cierta rispidez con el gobierno argentino la semana anterior, como parte de una estrategia de confrontar para luego acercar. En esta nueva ronda de negociaciones, la cuarta desde que el Ministro de Economía, Martín Guzmán, lanzó la primera propuesta, se ha vuelto a flexibilizar la oferta oficial, acercándose aún más a lo que piden los acreedores: un Valor Presente Neto (VPN) por arriba de los 50 dólares cada 100 nominales, un 20% más que la primera oferta.

Este acercamiento no ha sido aún rubricado pero se realiza en el contexto de una Argentina que, habiendo pasado los plazos formales de pago del ultimo vencimiento, se encuentra en un default técnico que aún no ha generado mayores problemas porque, en tanto siguen las negociaciones, los acreedores aún no han pedido el adelanto de los pagos de los títulos en mora.

La tensión hay que situarla, además, en la continuidad de la crisis mundial; hace poco se hicieron públicos una serie de pronósticos bastante terribles sobre la economía global. Tanto las predicciones del Banco Mundial (BM) como del Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostican una caída muy severa de la actividad económica mundial para el 2020. El BM indica que, en 150 años de registro, es la primera vez que una crisis involucra a casi la totalidad de los países del mundo. Desde el punto de vista de la intensidad, se está hablando de la mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial y una de las más graves de la historia, con la particularidad de ser la primera crisis cuyo detonante principal es una pandemia. En ese sentido, las perspectivas de recuperación para 2021 no son certeras porque nunca ocurrió que la economía capitalista moderna debiera recuperarse de una crisis disparada por una enfermedad mundial.

Es importante señalar que a los efectos de la interrupción del comercio y el desarmado de múltiples cadenas de valor, hay que agregar una caída de la inversión mundial que se estima del 40% para este año y posiblemente un 10% más el año que viene. Esto se debe a que, por un lado, las expectativas de negocios se ven interrumpidas y la incertidumbre hace que las empresas tiendan a quedarse las ganancias obtenidas, de por sí vulneradas por la crisis, en lugar de reinvertirlas.

Todo esto es relevante porque la oferta que está negociando en este momento el gobierno argentino puede resultar una guía para la reestructuración de deudas a nivel mundial. La situación es muy crítica, ya que los niveles de deuda respecto del PBI mundial alcanzaron el año pasado el 322%, siendo las deudas estatales bastante significativas. Esto, que reconocen los organismos multilaterales de crédito, ha generado la propuesta de suspender los pagos para destinar los fondos a afrontar la crisis económica y sanitaria.

Desde ya que esto no alcanza pero da cuenta de la situación crítica en la cual se está negociando. Si la Argentina no cierra un acuerdo con los acreedores privados, aun así podría seguir negociando en una situación de no ruptura, con pésimas condiciones. En caso de romper, esto significaría la posible degradación de deudas no solo de Argentina sino de países en una situación semejante, lo cual podría redundar en una caída de las cotizaciones de los fondos de los acreedores.

Todo lo anterior impacta sobre los términos concretos de la oferta argentina, tanto en la tasa de interés, como en los plazos de mora y las posibles quitas de capital. Largo se ha discutido la posibilidad de incluir lo que se conocen como “endulzantes”, ligados a aumentos del PBI o de las exportaciones. Pero en un mundo sumido en una crisis de duración incierta, donde se ha interrumpido el comercio internacional y la inversión mundial, resulta sospechoso que ésta puede ser la manera de recuperar la economía y lograr un acuerdo de pago sustentable.

La situación es muy delicada y se juega a contrarreloj. Entre otros resultados, llegar a un acuerdo con los acreedores podría conducir a profundizar el modelo extractivista con el fin de aumentar las exportaciones, estrechando los vínculos con el agronegocio y la megamineria, o disminuir las capacidades del gobierno en la toma de decisiones respecto de medidas económicas o políticas públicas.

La crisis ha profundizado múltiples necesidades sociales, a las cuales no se les podrían destinar recursos debido a estar asignados al pago de la deuda. Implicaría, además, desmontar las regulaciones de las cuentas externas que han permitido que la crisis no sea más severa, como los controles de capitales que han impedido que la fuga de divisas hacia el exterior fuera aún peor. Esto se midió durante la última semana por la vía de la calificación de riesgo, que mantuvo a la economía argentina como mercado emergente en lugar de rebajarla a economía de frontera. Son tecnicismos que expresan la presión que se ejerce sobre la soberanía argentina en la disputa por poder o no aplicar medidas que solucionen sus problemas sociales.

Aún no sabemos con certeza los términos de un posible acuerdo. En caso de lograrlo, vale señalar que esperan en la fila el FMI y el Club de Paris, con deudas importantes desde el punto de vista de los efectos sistémicos, mientras que nuestra economía aún necesita paliativos para no caer todavía más profundo. Desde este lugar, entendemos que, tal como propone la Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, es necesario detener los pagos e iniciar una auditoria no solo contable y legal, sino integral. Con estos elementos se detendría la continuidad de este ilícito pero además se le podría dar una guía distinta al sistema económico mundial, poniendo sobre la mesa la importancia de los pactos internacionales firmados en defensa de los Derechos Humanos que, en el caso de Argentina, y a diferencia de los acuerdos económicos, tienen rasgo constitucional.

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Por Iván Barrera y Francisco Cantamutto

El contexto post Cambiemos presenta un panorama en el que la palabra crisis no resulta nada nuevo ni fundante. La economía al 10 de diciembre presentaba un decrecimiento sostenido de cuatro años, la moneda sistemáticamente devaluada y nulas posibilidades de acceso al crédito internacional a partir de una economía mega endeudada, pisando el default, por la emisión indiscriminada de bonos y el oneroso acuerdo con el FMI.  El gobierno encabezado por Alberto Fernández fue siempre claro con esta situación y puso como prioridad uno de la agenda del Ministro de Economía, Martín Guzmán, la renegociación de la deuda con bonistas y el FMI.

Sin embargo, a la crisis económica y social se le sumo la crisis global que trajo la pandemia del Covid-19. Es en este contexto de aislamiento social en el que Martín Guzmán se acerca a los tenedores de bonos con el objetivo de lograr un último acuerdo antes de llegar al default.

Luego de la conferencia de prensa del día jueves, el viernes, en el horario que cerraron los mercados centrales, se hizo pública la propuesta de canje de bonos del gobierno. La oferta está centrada en alrededor de un 20% de la deuda pública total, la que se debe a acreedores privados bajo legislación extranjera, es decir, el tramo de la deuda cuya disputa se resuelve en tribunales extranjeros. Este tramo es el más sensible. En caso de no lograr un arreglo, se somete su resolución a las decisiones del exterior y siempre está la posibilidad de que se aplique la ley del país donde se está juzgando y bajo los designios de un juez con intereses espurios o con interpretaciones que no tienen en cuenta las realidades de los países involucrados, como ocurrió con el famoso Thomas Griesa, durante el conflicto con los fondos buitres en el mandato de Cristina Fernández.

Este tramo de la deuda no incluye la que está bajo legislación nacional, es decir, que se resuelve en tribunales locales, no incluye la deuda con los organismos multilaterales como el FMI o el Banco Mundial ni la deuda con otros Estados o grupos de acreedores, como el Club de Paris. Esta deuda se arrastra desde la dictadura, fue renegociada por Kicillof en el 2014 y, debido a la falta de pagos en la gestión Macri, aumentó la tasa de interés a niveles impagables. La propuesta de canje realizada por Guzmán se trata de 21 bonos. 17 de ellos fueron emitidos durante los últimos 4 años y 2 están ligados al canje de deuda del 2005. La oferta es que estos bonos sean reestructurados por otros 10 nuevos, la mitad con legislación en sede de Nueva York y la otra mitad en Londres. Están denominados en euros y en dólares, es decir que no solo se resuelven en el exterior, sino que se pagan en moneda extranjera, con tasas de interés bastante por debajo de lo que se venían pagando, la mayoría de ellos arrancando en 0,5% o 0,6% y aumentando paulatinamente hasta alcanzar un máximo de 4,5%. Como seguramente se coloquen por debajo del valor nominal, esto hace que la tasa real sea motivo de discusión y no los sabremos con certeza hasta conocer la oferta final.

Estos bonos incluyen distintos intereses según los tramos de vencimiento. Todos tienen en común que se dejan de pagar durante 3 años, es decir, se empezarían a pagar cuando esté finalizando el mandato actual de Alberto Fernández y durante los siguientes 3 años tienen una carga baja de paga. La quita fuerte aplica sobre los intereses y no hay quita fuerte en el monto total de capital, con algunos donde directamente no hay quita.

El problema es que del otro lado del mostrador existen acreedores que incluyen fondos de inversión, algunos de ellos que se los puede caracterizar claramente de “buitres”, como son Black Rock, Templeton o Greylock, viejos conocidos de la Argentina , que manejan activos que superan, combinadas entre sí, más de 30 PBI de nuestro país. Por supuesto, este peso lo han hecho sentir en la negociación y, según dijo Alejandro Bercovich, han tenido conversaciones con el ministro Guzmán antes de que se haga pública la propuesta, donde señalaban que estaban en condiciones de esperar que haya otro gobierno afín a sus intereses o incluso sacar al Ministro de Economía en caso de que no les gustara la propuesta. Algún negociador de los fondos llegó a decir que “hacía falta mayor sacrificio”.

En este marco, la negociación de la deuda dejó claro que al menos 3 grandes grupos de acreedores dijeron no estar dispuestos a aceptar esta oferta, a pesar de lo tibio del recorte en el capital y las distintas combinaciones plausibles. Cabe destacar que todos los fondos que estuvieron negociando los bonos en estos últimos días ganarían por el lado del valor actual, es decir, se los pagarían por encima de lo que valen en el mercado. Esto motivó que la primera reacción sea una suba en el valor de los bonos porque se los está tomando a un valor mayor al que estaban cotizando.

Más allá de la discusión sobre la quita total real que deberá contarse al final, aquí vale señalar que se le está otorgando a los fondos de inversión, en un contexto de crisis generalizada, la garantía de que van a cobrar estos bonos de alta probabilidad de impago, aun cuando sea una mora de tres años debido a la magnitud de la crisis que es mundial y la ola de quiebras que se está esperando, no deja de ser un seguro de cobro bastante interesante que revaloriza sus carteras. Claro que si del otro lado siempre van a exigir más de los que deben, de lo que es posible, era de esperar que se fueran a negar a cualquier tipo de oferta, incluso cuando sea una que no les exija una pérdida de capital relevante o significativa.

El apoyo del FMI no debe leerse solo como una nueva lavada de cara del organismo, sino como un interés real de reestructurar una deuda como ejemplo para prevenir otras cesaciones de pagos de otros países altamente endeudados. En ese sentido, la negociación de Argentina podría hacer ceñir en el mundo para ofrecer vías de salida para resolver una crisis que de otra manera sería de una magnitud aún superior.

¿Por qué entonces el gobierno hizo esta oferta, en este contexto de crisis global, con un salvataje que da garantías a los fondos especuladores? Una de las razones tiene que ver con mantener el programa como si la crisis no hubiera ocurrido, algo que se puede deslizar de las palabras del ministro Guzmán que dice que “la oferta es la misma que antes del estallido de la crisis”. Por otro lado, también puede pensarse que, previendo que los fondos buitres no vayan a aceptar en cualquier situación, el gobierno vaya al default pero habiendo demostrado la intención de pago con el apoyo de la comunidad internacional y del FMI, lo cual haría una cesación de pagos muy distinta a la del 2001. ¿Qué significaría esto para nuestro país? No demasiados cambios, es un poco lo que estamos viviendo ahora y es lo que declaró el ministro Guzmán en El Cohete a la luna el pasado domingo también. La situación de falta de acceso a dólares es exactamente la misma que la que estamos viviendo ahora.

Se vienen 20 días de negociación de los bonos que van a ser muy duros en materia de amenazas, desinformación y tergiversaciones de manos de la prensa amiga y los propios fondos que tienen control no solo de la economía sino de gran parte del aparato mediático. Ante ello, debe señalarse que el gobierno está proponiendo un ahorro fiscal de la mano de regularizar una deuda de dudosa legitimidad. Algunas organizaciones seguimos entendiendo que es necesario paralizar el pago de la deuda en este momento para poder auditarla.

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Por Iván Martín Barrera / Foto Gustavo Pantano

“Si algo tiene que enseñarnos la pandemia es la regla de la solidaridad: nadie se salva solo. No podemos en semejante crisis desamparar a alguien dejándolo sin trabajo. Acá de lo que se trata para muchos empresarios es de ganar menos, no de perder. Bueno, muchachos, les tocó ganar menos”. El mensaje del presidente Alberto Fernández del último domingo destinado a los grandes empresarios en general, y a Paolo y Gianfelice Rocca en particular, tuvo grandes repercusiones en el sector más reaccionario de la sociedad.

Los mencionados dueños del Grupo Techint se encuentran punteros en el campeonato de multimillonarios argentinos y se amuchan entre las 500 personas más ricas del planeta según Forbes. Los mencionados Paolo y Gianfelice aprovecharon el parate de la pandemia y quisieron aventajar una ley antidespidos del gobierno despidiendo a 1450 trabajadores y trabajadoras. Este movimiento fue seguido por varias empresas como Mirgor, emprendimiento fundado por el exitoso empresario y ex presidente Mauricio Macri, que actualmente forma parte del Grupo Caputo.

Una parte de la sociedad fue determinante frente a la postura del presidente de pedirle a los empresarios que ganen menos y reaccionó organizando cacerolazos desde los balcones. Los primeros fueron organizados a las 21.00hs y las cacerolas se confundieron con los aplausos hacia el personal de salud, por lo que tuvieron que correrlo 30 minutos. El reclamo es el vetusto mensaje de la antipolítica: “si piden que los empresario ganen menos, que los políticos se bajen el salario”.

El mensaje parte de la confusa retórica de “los políticos” como casta, sin especificar ni entender si se apunta al Ejecutivo o al Legislativo, pero es interesante el sentido revanchista del mensaje. Gran parte de la izquierda milita desde hace años la idea de que un legislador o legisladora cobre lo mismo que un docente/a o enfermero/a a modo de visibilizar la precaria situación del personal de salud y educación, pero este no es el caso.

Es importante entender el costo de la política. El presupuesto 2020, aprobado durante el anterior mandato, destina 260 millones de pesos al costo de administración gubernamental (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y demás). Esto significa el 4% del presupuesto nacional. Es decir, por cada $100 que ingresen al Estado (vía impuestos, emisión o deuda), $4 serán destinados a diputados, senadores, al Poder Ejecutivo y demás administradores. Para entender la dimensión del costo de la política, es imprescindible compararlo con otros gastos del gobierno. Por ejemplo, el gasto en Servicios de Defensa, fuerzas de seguridad, inteligencia y servicio penitenciario suma el mismo porcentaje que el gasto anteriormente mencionado, mientras que los servicios de deuda acumulan el 20% del presupuesto.

Entonces, ¿es necesario o suficiente que diputados, senadores y administradores del Estado se reduzcan el sueldo? Si bien sería un buen gesto que aquellos y aquellas representantes que ocupan bancas en el Poder Legislativo y no están haciendo uso de ellas por la cuarentena obligatoria se reduzcan los salarios, el ahorro del Estado sería insignificante en comparación con otras medidas de mayor impacto.

Como señaló el economista Branko Milanovic en entrevista con Alejandro Bercovich, “una situación extraordinaria requiere medidas extraordinarias”. Una Argentina con 36% de pobreza, número que supera el 50% si observamos a niños y niñas, no puede priorizar las ganancias de los mega empresarios. La cuarentena obligatoria puso en vilo la precarización laboral que sufre la gran parte de la población: monotributistas, cuentapropistas, trabajadores y trabajadoras precarizadas e informales ven hechas trizas sus economías y las de sus familias. En los comedores y merenderos sobran panzas y escasea comida, los gobiernos provinciales no bajan comida y cuando lo hacen son realmente pobres.

Una real solución a la crisis que está sufriendo el pueblo trabajador no se encontrará en un gesto del Poder Ejecutivo o Legislativo, sino en que se tomen medidas realmente pertinentes. El último martes se destinaron 250 millones de dólares al pago de la deuda externa. Esto significa 94 veces el presupuesto anual al sector de la salud gastados en un solo día en pagar intereses de deuda, y los pagos continuarán si no se decreta la cesantía o la prórroga sin precedentes que busca el ministro Martín Guzmán.

Cumplida las primeras dos semanas de cuarentena, la crisis parece recién asomar como la punta de un iceberg al que avanzamos a toda máquina. La vuelta a la normalidad nos encontrará con una gran recesión económica por el parate total de la actividad por casi un mes, pero la crisis social será de dimensiones colosales si no se atienden las necesidades de esta gran masa de la sociedad que está cargando en sus espaldas la pandemia. El paquete de medidas decretadas por el Ejecutivo es apenas un paliativo y con caricias no se cura el hambre. Es pertinente que el Estado se cargue con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades que pre existían esta crisis y que se vieron multiplicadas a partir de la cuarentena obligatoria.

La salud de la economía es la salud de un pueblo. Un pueblo enfermo, debilitado y con hambre no puede levantar una recesión económica que conlleva los cuatro años macristas y una cuarentena de por medio. Es necesario que los grandes empresarios cedan de una vez a costa de fortalecer el sistema de salud y la salud del pueblo trabajador. Es necesario también que la deuda esté al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de la deuda, conformándose con un bono de 10 mil pesos mientras se transfieren millones de dólares a las arcas de especuladores financieros.  Es necesario que en épocas históricas se tomen medidas históricas. Es necesario que las cacerolas se llenen de comidas y no de frases vacías.

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Por Julio C. Gambina | Foto de EFE

La deuda pública en sí misma es un problema y un condicionante de la política en la Argentina, tanto por su volumen y como por la imposibilidad de cancelarla en los tiempos establecidos. Hasta el FMI suscribió por escrito que “la deuda de Argentina no es sostenible” y agregó que la condición de pago “no es económicamente ni políticamente factible”[1].

Además, se complicó la situación económica mundial, con la caída de las bolsas, adjudicado al Coronavirus. El FMI habla de “Tragedia Humana” y califica el momento económico de “incertidumbre”[2], concentrando la explicación en el nuevo virus que concentra la atención mediática y la preocupación de las políticas públicas, cuando la situación no termina de generalizarse aun cuando se expande, y ni siquiera puede determinarse el origen.

Los problemas del capitalismo vienen de lejos y están asociados a fenómenos que intervienen en la ralentización económica, los límites para el crecimiento de la productividad y, por ende, de la rentabilidad del capital, motivación central del orden capitalista. Ahora todo parece explicarse con el virus y su impacto en China, que podría llegar a crecer en 2020 por debajo del 6% o 5%. Hace rato que el gigante asiático morigeró sus elevadas tasas de crecimiento, hecho que oculta una más grave tendencia a la desaceleración del capitalismo mundial.

Resulta curiosa la mirada en los contagios y los decesos por coronavirus, cuando son mayores las causas de muerte derivadas de accidentes y enfermedades laborales; o en accidentes de tránsito callejeros, terrestres, aéreos, navieros; o por graves enfermedades que no concitan la atención de los presupuestos públicos, ni la preocupación de los laboratorios privados, grandes corporaciones de la mercantilización de la salud. Incluso, pese al desarrollo cubano en la producción de fármacos que atienden esas graves enfermedades, la lógica imperialista del boicot y el bloqueo de EE.UU. y la complicidad del capitalismo desarrollado impiden la solución a verdaderas tragedias humanas.

Apuntamos a destacar que a los problemas de la Argentina con su deuda y sus principales acreedores (el FMI y los grandes acreedores privados, los concentrados y poderosos Fondos Buitres), la situación mundial agrega complejidad en los procesos de discusión, negociación y disputa por recursos. La propia situación local de los afectados por la recesión y la elevada inflación interviene también en un complejo entramado de intereses que pugnan por la distribución del ingreso y la riqueza.

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Cada quien atiende su juego

Entramos en tiempo de definiciones. Marzo es la fecha que se auto impuso el Ministerio de Economía para la renegociación de la deuda Pública Externa. Por un lado, con el FMI y, por otro, con los acreedores privados. Se supone que las agencias públicas no constituyen un problema por estar dentro de la lógica gubernamental y, por ende, subordinadas a las definiciones del poder político.

Con el FMI existen conversaciones regulares y trascienden guiños de acuerdos para reformular las condiciones de pago vigentes bajo nuevas modalidades que impliquen años de gracia en la cancelación de capital e intereses. Ahora se espera la pronta visita de los auditores del FMI, que se instalarán en la Argentina para discutir el plan económico de sostenibilidad de la deuda. En criollo,. supone discutir el ajuste fiscal y las condiciones del crecimiento económico (facilidades para el desembarco de inversores externos), concediendo reformas estructurales: laborales, previsionales, impositivas.

Los acreedores privados también juegan y presionan sobre el FMI con un razonamiento que alude a que “si el FMI no hará quitas a sus acreencias, entonces que presione un fuerte ajuste fiscal para intervenir en la salida de la recesión y la elevada inflación”. La vieja receta de restricción monetaria y ajuste fiscal para lograr un importante superávit de las cuentas públicas. Es una aspiración a contramano del discurso oficialista de “no pagar la deuda con el hambre del pueblo”, o “primero crecer y luego pagar”. Claro que esas consignas tienen que ser convergentes con la percepción social relativa al debate sobre jubilaciones o salarios.

¿Cuál será finalmente la propuesta de reforma previsional que emerja al final de la suspensión de las actualizaciones de ingresos de jubiladas y jubilados? ¿Alcanza para ese mismo debate los cambios sobre regímenes especiales de jueces y diplomáticos? ¿Cómo se percibe por la sociedad el esfuerzo de actualizaciones salariales por monto fijo, a contramano de la presión sindical por el logro de porcentajes que recuperen la pérdida de ingresos de la alta inflación pasada? ¿Cómo se procesa la actualización tarifaria en debate, incluso de pesificación parcial? Son interrogantes a procesar en la confrontación política, no solo entre oficialismo y oposición, sino al interior de la coalición frentista en el gobierno.

Los acreedores privados empiezan a mover sus fichas y conviene caracterizarlos adecuadamente. Son grandes empresas financieras, con gestión de recursos mayores que grandes bancos transnacionales, incluso aquellos que el Gobierno seleccione para negociar la quita de capitales, intereses y la prolongación de los plazos de vencimiento. En efecto, se los llama la “banca en las sombras” porque no tienen la regulación de la gran banca monitoreada por la Banca Central. Con esa autonomía han ganado peso en la economía mundial, especialmente luego de la crisis en EE.UU. del 2001-02 y más aún en la del 2007-09.

Es más, acumularon gran experiencia en la crisis del default del 2001 argentino. Fue un éxito esa experiencia, ya que especularon con compras de bonos con enormes posibilidades de entrar en cesación de pago, por lo que pagaron muy poco y luego exigieron el 100% de lo sindicado nominalmente en los títulos públicos. No ingresaron a los canjes del 2005 o del 2010 y ya con las condiciones de un gobierno afín, el de Macri, cobraron todo en 2016, elevando gravosamente el endeudamiento público del país. Situación agravada inimaginablemente en 2018, con la asistencia financiera del FMI.

Por eso se sienten fuertes en la negociación con el gobierno, y aun cuando éste aparezca asociado con el FMI, los buitres presionan al Fondo y al gobierno para lograr sus propósitos. El ensayo de dureza fue el episodio de la Provincia de Buenos Aires y, en dos ocasiones, con el gobierno nacional.

El horizonte del default

Durante marzo se negociará, y quizá se proyecte a abril, no más, porque en mayo caen vencimientos muy elevados. Son montos que sobrepasan la posibilidad de pago, según lo acordado en la Ley de las “emergencias”. En ella se habilitó el uso de más de 4.500 millones de dólares de reservas internacionales para atender vencimientos de la deuda pública.

¿Qué puede pasar? Que no haya acuerdo suficiente y el horizonte del default sea inducido por interés, a largo plazo, de los acreedores; o del propio gobierno, en la lógica de la “insostenibilidad política” del ajuste para cancelar deuda, aun en el largo plazo.

Por esa razón es que crece una presión social para investigar la deuda pública externa y, mientras esa auditoria ocurre, se deberían suspender los pagos, un tema que crece en la opinión pública[3]. Es una lógica que trasciende a sectores que hoy lo explicitan públicamente. Algunos sostienen que es mejor el default que un mal acuerdo que condene al ajuste perpetuo a la sociedad, o incluso a postergar por largo tiempo la recuperación económica.

Claro que la deuda pública externa es solo lo visible de un problema mayor que apunta a considerar las condiciones de la superación de los problemas estructurales de la Argentina. En ese sentido editorializó The Economist, solicitando que el país mire a Suiza y no a Venezuela o Perú.[4] La visión de la publicación británica resalta el punto de vista ortodoxo, que augura ajuste y reformas reaccionarias contra los derechos sociales.

Aparece entonces necesario abordar otros puntos de vista, para que la solución no desemboque en mayores penurias de la mayoría empobrecida, lo que demanda una discusión a fondo sobre el condicionante de la deuda y el más allá, lo que supone discutir el modelo productivo y de desarrollo.

[1] FMI. Comunicado de Prensa. Declaración del equipo técnico del FMI sobre Argentina

19 de febrero de 2020, en: https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/02/19/pr2057-argentina-imf-staff-statement-on-argentina

[2] FMI. Conferencia de Prensa de Gerry Rice, Director, Departamento de Comunicaciones del FMI, del 27/02/2020, en: https://www.imf.org/external/mmedia/view.aspx?vid=6136530180001

[3] Perfil. Encuesta sin grieta: un 70% opina que la deuda que contrajo Macri debe investigarse, en: https://www.perfil.com/noticias/politica/encuesta-70-por-ciento-opina-deuda-contrajo-mauricio-macri-debe-investigarse.phtml

[4] https://www.cronista.com/economiapolitica/Duro-informe-del-britanico-The-Economist-sobre-la-deuda-argentina-con-el-FMI-20200228-0010.html Copyright © www.cronista.com

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¿Es el default el peor escenario posible? Una radiografía sobre la deuda externa, sus prestamistas y las posibles salidas a una deuda odiosa que ahoga al pueblo.

Por Julio C. Gambina | Foto de Juan Noy

Resulta de interés desmitificar algunas cuestiones que se instalan como sentido común generalizado, como en el caso del temor al “default”. Podemos escuchar a muchos analistas sobre la gravedad de que la Argentina caiga en “default”, ya que ello supondría un conjunto de males, como quedar aislado del mercado de capitales. No hubiese estado mal haber quedado afuera de ese mercado antes del ingreso de los 44.100 millones de dólares desembolsados por el FMI, ya que los destinos de esos recursos fueron en su mayoría a la fuga de capitales: cancelación de deudas previas, remesas de utilidades al exterior o directamente la constitución de activos en el exterior.

El préstamo del FMI no sirvió a ninguna causa o reivindicación social, sea activación de la economía, del mercado interno, la promoción del empleo o garantizar derechos: salud, educación, energía, etc. Solo sirvió para satisfacer la demanda de ganancias de los sectores hegemónicos de la economía en el país. Por esto es que sostenemos que la deuda con el FMI es una deuda odiosa, aun cuando en su último informe, luego de la auditoria entre el 15 y 19 de febrero pasado, se afirme que se trata de una deuda “no sostenible, ni económica, ni políticamente”.

Existe temor al incremento de la protesta social, no solo por el repudio al FMI y a la deuda, sino al ajuste necesario para pagar la deuda pública, sea ahora o luego de una postergación, por muy larga que esta sea, que en la lógica del gobierno supone patear los vencimientos para el próximo gobierno. No solo se trata de las jubilaciones, sino de los salarios y la eliminación de la “cláusula gatillo”, más aún cuando vuelve a hablarse de actualizaciones de tarifas de servicios públicos antes de mediados de año.

Para no entrar en “default” en 2018 se solicitó ls asistencia financiera del FMI. ¿Con qué beneficio para la sociedad?. En definitiva, se trató y se trata de profundizar la hipoteca sobre el conjunto de la sociedad, profundizando una inserción subordinada de la Argentina en el sistema mundial. Al auditar el préstamo a mediados del 2019 sostuvieron desde el Fondo que todo estaba bien. Ahora dicen lo contrario.

¿Es creíble el FMI? En realidad, lo que pretende es cobrar sus acreencias y por eso pretende descargar cualquier costo sobre sobre otros acreedores. A su vez, estos acreedores y sus voceros sugieren que el FMI desembolse el remanente del préstamo de 57.000 millones de dólares, casi 13.000 millones de dólares, y de ese modo atender los vencimientos, o parte de ellos, durante el presente año. Entonces sí, luego, negociar plazos, intereses o quizás una quita del valor nominal de los títulos de la deuda pública. Razonan que sería un buen mensaje hacia los “mercados”, o sea, hacia los especuladores.

Resulta de interés desenmascarar esta situación y, al mismo tiempo, señalar que otras dificultades o situaciones se crean a partir de confrontar con especuladores y tenedores de la deuda pública.

¿A quién se le debe?

Según la información oficial, al tercer trimestre de 2019 la deuda bruta del país ascendía a 311.251 millones de dólares, el 91,7% del PBI[2]:

116. a) 116.592 millones a Agencias del Sector Público (37,5% del total).
117. b) 121.979 millones de dólares al Sector Privado (39,2% del total).
118. c) 72.679 millones de dólares a organismos multilaterales y bilaterales (23,4% del total).
119. d) Se completa el 100% con 2.406 millones de dólares de deuda elegible pendiente de reestructuración (0,8% del total).

El FMI viene sustentando la posición de que el costo de cualquier renegociación debe recaer sobre el resto de los acreedores, menos los organismos internacionales. Por eso, la deuda con el FMI y otros organismos no está sujeta a default o quitas de capital o intereses, por lo que el costo deberá recaer, sostienen, sobre privados, incluso válido también para el sector público local que actúa como acreedor: ANSES, Banco Central, etc.

Es interesante por lo tanto diferenciar la deuda a acreedores y discutir el carácter odioso de la deuda con el FMI. Una deuda que, como sostuvimos, no sirvió para satisfacer necesidades sociales. Si es odiosa podría sustentarse la anulación de la misma, algo que el FMI no aceptaría y, con él, los sectores que dominan el Directorio: en primer lugar, EEUU, sumado a los principales países del capitalismo desarrollado, en tanto principales accionistas del organismo mundial.

Por lo tanto, cuando se alude al default es bueno discriminar quiénes son los tenedores de los títulos, siendo necesario identificar adecuadamente quienes son los titulares que remiten a “agencias del Sector Público”. Anticipo que no se debería “defaultear” deudas con el ANSES, afectando las disponibilidades para la seguridad social.

Una cosa son los acreedores privados reunidos en fondos de inversión transnacionales que operan en todo el mundo, y muy distinto es un tenedor particular con relativa escasa capacidad de inversión en títulos de la deuda,. Ni hablar del ANSES u otros organismos estatales.

En términos muy generales, la cesación de pagos (default) involucraría a un 62,7% de la Deuda Bruta Nacional, que expresa algo así como el 42,6% del PBI de la Argentina. Recordemos que el sector privado acumula un 39,2% y los organismos internacionales, entre los que está el FMI, alcanzan al 23,4%. Es deuda de la Administración Nacional, lo que no incluye a la deuda provincial. Quedarían afuera del default algunos pocos inversores minoristas y las agencias del sector público asociadas a la seguridad social y al desarrollo de una política soberana.

La lógica imperante en el gobierno apunta a resolver rápidamente un aval del FMI con postergación de vencimientos para el próximo gobierno y un rápido acuerdo con los acreedores privados, que según el cronograma difundido operaría hacia fines de marzo. Más allá de lo perentorio, el gobierno pretende no verse obligado a un default ante la imposibilidad de cancelar los vencimientos desde abril próximo.

En definitiva, la gran duda es si el default es impuesto por el atraso en los acuerdos con los acreedores o si se deriva de una decisión política para sumir otro rumbo que trasciende el fenómeno del endeudamiento y se proyecta al conjunto de las relaciones económicas.

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¿Qué podría ocurrir ante un default?

El antecedente es el 2001. Por un lado, el país dejó de pagar desde el 2002, hasta los canjes de deuda, unos 8.500 millones de dólares anuales de intereses de la deuda. Mientras, se sostuvieron los pagos a los organismos internacionales. Además al FMI se le cancelaron 9.500 millones de dólares en 2006.

Si el país venía pagando 12.000 millones de dólares anuales en 2001, al año siguiente y en default, todo se redujo al pago de 3.500 millones de dólares por año, liberando recursos para otros destinos. El canje 2005 otorgó tres años de gracia, con lo que volver a pagar fue un problema desde 2008. El segundo canje ocurrió en 2010 y, por ende, la regularización de pagos llevó aproximadamente una década. Constituyó un gran alivio para las cuentas fiscales y para implementar políticas activas de promoción del mercado interno. Solo el 2009 fue un año recesivo, asociado a la crisis mundial.

La primera década del Siglo XXI estuvo asociada al default. Sin embargo, puede contabilizarse como dato esencial la recuperación de la actividad económica, el empleo y la mejora relativa de los ingresos populares, complementada con la generalización de una política social masiva. Es cierto que además del cierre financiero existieron dificultades en el área comercial y en el abastecimiento de algunos insumos externos, pero el cierre del mundo exacerbó la potencialidad de la actividad local y desafío a una estrategia de nuevos vínculos internacionales, en un tiempo de mejoras relativos de los precios internacionales de exportación y de procesos de cambios políticos en la región.

Pagar la deuda en nuestros días demanda, en promedio, unos 50.000 millones de dólares anuales. El superávit comercial del 2019 alcanzó casi 16.000 millones, según informa el Ministerio de Economía[3]. Claro que es un año excepcional, producto de la recesión y, por ende, se explica más por la baja de importaciones que por un boom exportador. En este siglo, solo en 2002, 2003 y 2009, el saldo fue levemente superior. Argentina no acumula grandes saldos en su comercio exterior. Para pagar deuda no alcanza con los superávits comerciales de la Argentina, por lo que se necesita el ingreso de divisas, sea por inversiones, préstamos o la venta de capital público.

El momento no es el ideal para el ingreso de inversiones, salvo que el país asegure profundas y reaccionarias reformas laborales, junto a diversos atractivos fiscales, comerciales, etc., a los inversores internacionales. Es un diagnóstico valido para la región y el mundo, en un momento de desaceleración de la economía mundial, incluso de China y de India, que ralentiza aún más el crecimiento económico. Ni hablar de nuevo endeudamiento, desaconsejable aun si eventualmente la tasa de interés bajara a los niveles actuales en el mundo desarrollado. ¿Venta de capital público? Esto sería preocupante, sobre todo cuando el país está en la mira por sus reservas en hidrocarburos no convencionales o en las de litio.

Argentina no puede y no debe pagar, por eso debe encarar el proceso de investigación a fondo de la deuda, suspender los pagos y discriminar a la deuda según sus tenedores y diferenciar el rumbo a seguir.

¿A qué atenerse?

Una línea política de confrontación con el FMI y los acreedores privados asociados a la especulación transnacional augura las complejidades que se les presentan a todos los procesos que intentan rumbos de autonomía y manejo soberano de su política. Entre otros, hay que preguntarle a Cuba lo que supuso su proyecto revolucionario. La respuesta la tenemos en el bloqueo genocida. Pero también ocurre con Venezuela y las sanciones agravadas recurrentemente por parte de EE.UU. y su impunidad global. Es la historia de todos los procesos que en la región y en el mundo intentaron caminos de autonomía e independencia. Por eso no alcanza con una política firme sobre la deuda. Se requiere ir más allá y proponer cambios estructurales en el modelo productivo y de desarrollo.

Si la auditoria y la suspensión de los pagos es lo primero, luego corresponde reestructurar el orden económico y social en su conjunto, lo que supone discutir la producción y circulación de bienes y servicios. En ese marco debe definirse la política económica: fiscal, monetaria, crediticia, cambiaria, de ingresos, de inserción internacional. No es sencillo transitar un rumbo de autonomía, más aún con la hegemonía política existente en los países limítrofes. Pero no existe otro camino, ya que la subordinación a la lógica de dominación derivada de cumplir con la deuda condena al país a la profundización de la dependencia y al empobrecimiento de la mayoría de la población.

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Por Iván Barrea y Francisco Cantamutto

Enseñanzas del estallido

La noche del 23 de diciembre de 2001, en sus primeras horas como presidente interino de la Nación, Adolfo Rodríguez Saá anunciaba el cese del pago de la deuda frente a un Congreso que estallaba en aplausos. El mandato del Adolfo solo duraría 6 días más, la presión popular pudo más que el interinato otorgado por el Congreso y el Adolfo dejó el bastón presidencial, que terminaría en manos de Eduardo Duhalde. Sin embargo, el cese de pagos de la deuda externa se mantuvo hasta 2005, cuando se completó un masivo canje (el más grande hasta entonces en el mundo).

Ante una cesación de pagos, hay varios efectos que se desatan con inmediatez. El más destacable es el cierre del financiamiento externo, previa disparada de la tasa de interés y el riesgo país, indicador fetiche de expertos y no tanto. Pero, ¿para qué necesitamos financiarnos externamente? El factor principal en un momento como el fin de la Convertibilidad o los últimos años del macrismo es que se toma deuda para pagar deuda. La bicicleta gira y mientras nos preguntamos si fue primero el huevo o la gallina estamos tomando deuda para pagar la deuda que tomamos para pagar la otra deuda que no fue la primera ni la última. Según un artículo de la BBC allá por el 2015, la deuda defaulteada por Argentina en 2001 era la más grande de la historia. Es decir, el primer efecto de no pagar la deuda es dejar de tomar deuda para pagar la deuda que ya tenemos. O peor aún: no es necesario ajustar al pueblo para ahorrar el dinero que debemos pagar externamente.

Sin embargo, hay otros usos para el financiamiento externo. Por un lado, evitar la fuga de divisas que efectivamente fue el motor de endeudamiento de Macri: tomar deuda a mansalva para sostener un dólar estable, mientras inversionistas se benefician de las altas tasas de interés, superior al 70% durante los años cambiemitas. Claro que esto es solucionable con políticas restrictivas a la entrada y salida de capitales, contrarias a las que implementó el gobierno saliente. Por otro lado, el financiamiento es necesario cuando hay un desequilibrio en la balanza comercial, es decir, cuando se importa más de los que se exporta.

Sin entrar en detalles engorrosos, el default del 2001 decretado por Adolfo Rodríguez Saá correspondió con una de las épocas de mayor bonanza de la economía argentina. Entre 2003 y 2007, el PBI creció entre 8% y 9%, índices inéditos para la historia económica argentina. A su vez, este crecimiento fue acompañado de políticas redistributivas y de expansión del consumo interno mediante mayores ingresos y planes sociales ante un pueblo que juntaba sus propias cenizas. Si bien el boom sojero puede explicar gran parte de la expansión del PBI, fue la libre disponibilidad de reservas la que permitió establecer una política expansiva en lo social.

La expansión de la economía argentina entre 2003 y 2007 está indisociablemente vinculada a esta cesación de pagos, que involucró a la mitad de la deuda pública. La otra mitad había sido parcialmente regularizada a través de reestructuraciones en 2001, además de contar con la continuidad en los pagos a los organismos internacionales, algo que no se interrumpió en ningún momento. Además de la brutal pulverización de los salarios y la suba de los precios internacionales de los productos que exporta el país, la cesación parcial de pagos permitió liberar recursos externos y fiscales para impulsar la economía. De hecho, una vez reestructurada la deuda, el peso de los pagos de intereses comenzaría a presionar las cuentas externas y las finanzas públicas de modo incremental. Es decir, fue la cesación de pagos lo que ayudó al crecimiento, y no su reestructuración.

La deuda externa no es solo una promesa de pago. La deuda externa compromete la soberanía económica y política de un país, implica priorizar el uso de reservas y de ingresos impositivos para hacer frente a los acreedores y, sobre todo, implica postergar cualquier necesidad y urgencia ante la prioridad de hacer frente a las obligaciones internacionales.

¿Dónde estamos parados?

La economía post Cambiemos presenta un panorama alarmante. El irresponsable endeudamiento durante los cuatro años de Mauricio Macri, sumado a la complicidad del Fondo Monetario Internacional otorgando el monto más grande de deuda de la historia del organismo en un préstamo fraudulento, elevaron el peso de la deuda en el presupuesto a niveles insostenibles. Al asumir la gestión cambiemita, el peso de la deuda en el presupuesto nacional era de 8%. En 2020, el presupuesto estima que este número alcanzará el 20%. ¿Qué significa esto? Que cada $100 que gasta el Estado, $20 serán destinados para pagar solamente intereses de la deuda. Esta partida presupuestaria es mayor a las de salud, promoción y asistencia social, educación y cultura, ciencia y tecnología, trabajo, transporte, vivienda y agua potable juntas. A esto, hay que sumar que el cronograma de pagos es tan ajustado que se estima que con los compromisos de deuda establecidos a este momento, sería imposible que durante el segundo semestre se pueda hacer frente a esos pagos.

Otro aspecto a destacar es la imposibilidad de realizar roll-over, es decir, seguir tomando deuda para pagar deuda. Los niveles de riesgo país y de tasa de interés que maneja la economía argentina son muy similares a los de un posible default: no hay credibilidad de que, en caso de tomar deuda, la economía argentina haga frente a esos pagos, sumado al hecho de que el FMI ya hizo las veces de prestamista de última instancia y todo lo que venga después será catalogado de riesgo muy alto.

En este contexto quedan solo dos salidas. Una es reestructurar la deuda -bajo el control del FMI-, priorizando el extenuante calendario de pagos a costa de dilatar cualquier recomposición en los ingresos a partir de salarios, jubilaciones y planes, así como también cualquier reactivación económica del mercado interno y la industria. La otra opción que cada vez suena más fuerte en Balcarce 50 es anticipar que no se va a hacer frente a las obligaciones con los acreedores externos, activar medidas redistributivas y de recomposición del ingreso, aceitar la maquinaria productiva y prepararse para generar los ingresos necesarios para hacer frente a los acreedores.

Sin embargo, merced de una gigantesca maquinaria comunicacional, la declaración de la cesación de pagos aparece como un tema tabú. Su sola mención desata los pavores más atroces, incluso entre sectores populares o progresistas, que no tienen ningún vínculo directo con el negocio de la deuda externa. ¿Por qué este vínculo no podría discutirse, apareciendo como el único contrato que no puede vulnerarse? Existe una sensación de salto al vacío, innecesariamente riesgoso, que atrapa a grandes contingentes de organizaciones y referentes en un debate que ya tiene la cancha marcada: discutir la forma de pago, jamás la relación de deudor-acreedor. Llamativamente, como muestran estudios de miradas políticas opuestas (ver acá o acá), el default está lejos de ser una excepción en las finanzas mundiales y lejos, también, de ser un problema irresoluble o una traba para los países.

Hoy mismo Argentina enfrenta un alto nivel de intereses y costos financieros asociados, con lo cual el default no generaría un impacto superlativo en este punto, aun pudiendo encarecerse más. Si esto introduce dificultades en las grandes empresas internacionalizadas deberán ser motivo de un debate respecto de la orientación y propiedad de esas grandes empresas, que hoy están mayormente destinadas a la extracción de rentas ligadas a recursos naturales o favores estatales. Las posibles dificultades con el financiamiento para el desarrollo de ciertos organismos multilaterales debe poder discutirse recurriendo a otras fuentes en conflicto con la arquitectura financiera hegemónica: ¿o acaso no es pensable financiarse con otras bancas para el desarrollo? Finalmente, temerle a la agresiva agenda de los países centrales es una amenaza real, pero queda atrapada en la lógica del posibilismo en márgenes cada vez menores.

Un default eleva los problemas de los acreedores (incluyendo el FMI), que ven desvalorizado su activo y lo obliga a aceptar mayores concesiones. Esto puede llegar a ocasionarles problemas de flujos de fondos que aceleren sus decisiones. Además, les vuelve co-responsables en la atrocidad cometida con las políticas financiadas, con plena información de lo que hacían. La categoría de deuda odiosa aplica al caso: el default permitiría detener la fuga de recursos y proceder a una auditoría que determine los desfalcos cometidos.

Es necesario encarar un debate real sobre este yugo que se yergue ante nuestras espaldas.

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