Por Francisco Cantamutto / Fotos: ANRed

Entre los tantos aspectos que se discuten hoy en día en torno a la economía a nivel global está el problema de las deudas que, según el Instituto Internacional de Finanzas, triplican el PBI mundial. En particular, según lo revisó el FMI en un informe reciente, la deuda de los Estados alcanzó al PBI mundial. Esto significa que hay una gigantesca maquinaria funcionando que redistribuye la producción del mundo en favor de los acreedores.

Esto ha generado la interpretación de que la salida de la crisis de la pandemia va a arrastrar durante muchos años el problema de los pagos de la deuda. Aunque no se vea una cesación de pagos generalizada, y en la medida en que los Estados tengan que estar pagando los intereses y servicios de la deuda, van a contar con menos recursos para poder lidiar con las necesidades de invertir en garantizar los derechos de la población.

A nivel internacional, a lo largo de la pandemia, el FMI puso alrededor del 12% de su capacidad prestable a disposición para 87 países. En total, les prestó aproximadamente el doble de lo que puso a disposición para la Argentina de Cambiemos en el 2018. Ciertamente, no parece una gran cifra. Al mismo tiempo, ofreció alivio de deudas, es decir, condonación de deuda a 29 países muy pobres y endeudados. A esos países se les perdonó deuda por poco más de 700 millones de dólares, una cifra que no tiene ningún peso en la economía global.

¿Qué más hizo el FMI en la pandemia? Recientemente creo un fondo para financiar vacunas y algunos otros gastos ligados a la cuestión sanitaria. ¿Cuánto puso a disposición para este fondo? 50 mil millones de dólares, que es un poco menos que lo que le habilitó a la Argentina de Cambiemos en 2018. Además de esto, en coordinación con el Banco Mundial y el G20, creó una iniciativa de suspensión de los servicios de la deuda durante unos meses para generar el espacio fiscal a los Estados. 73 países del mundo podían entrar a esta iniciativa que fue prorrogada en varias ocasiones y actualmente está vigente hasta finales de este año.

De los 73 países, solamente 46 aceptaron entrar a la iniciativa ante la urgencia de dejar de pagar parte de estos fondos. ¿Por qué no todos aceptaron esta alternativa? Básicamente, porque no contemplaba al conjunto de los acreedores oficiales. Por ejemplo, no estaba coordinada la acción con China, que es el principal Estado prestamista a nivel mundial, pero tampoco contemplaba al funcionamiento del mercado financiero internacional. En la medida en que un país declaraba tener problemas financieros para pagar la deuda, las agencias de riesgo le bajaban la calificación y esto hacía que le resultara más caro tomar crédito en el mercado internacional. Es decir, a cualquier país de ingresos medianos llegar a declarar que tenía problemas financieros para entrar en esta iniciativa le podía crear más problemas que soluciones, de manera tal que muchos no recurrieron a esta iniciativa a pesar de necesitar aprovecharla.

Desde diferentes foros multilaterales y organismos se han planteado estas mismas críticas: la falta de contemplación de países de ingresos medios; la falta de un horizonte en la suspensión de servicios de un plazo largo que no sea prorrateado cada pocos meses; la falta de alivios reales de deuda para países fuera de un núcleo reducido de países pobres, pequeños y muy endeudados; la falta de consideración a los sobrecargos que se le imputan a los países por pedir prestado por encima de su cuota, algo que afecta en particular a la Argentina. El informe 2020 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), la agencia de la ONU destinada al análisis de los procesos de desarrollo, ya aclaraba estas mismas críticas, sugiriendo la creación de una agencia calificadora de riesgo a nivel internacional.

En este marco general, la iniciativa más fuerte del FMI para lidiar con la pandemia fue la aprobación, en agosto, de la emisión de los Derechos Especiales de Giro, que vendría a ser la moneda de reserva del FMI, solventada por las monedas fuertes que garantizan el sistema financiero internacional.

La emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalente a 650 mil millones de dólares, la más grande de la historia del Fondo, se repartió según la participación accionaria de los países que son parte del mismo. De esta manera, un grupo de 40 países desarrollados recibieron dos terceras partes de la emisión. Muchos de estos países ya habían hecho sus propias emisiones en dólares y en euros y no necesitaban de los derechos especiales de giro y así lo hicieron saber. Es decir, la mayor parte de este paquete fue a países que declaraban no necesitarlo. El restante tercio se repartió entre 150 países de ingresos medios, medios bajos y bajos, quienes sí estaban requiriendo gran parte de estos derechos. De manera que esta emisión para proveer liquidez no se destinó prioritariamente a aquellos países que más la necesitaban.

Entre esos países está la Argentina, que tiene el 0,67% del capital accionario del FMI y recibió una cuota de derechos especiales de giro equivalente a eso: cerca de 4.334 millones de dólares. Estos derechos que llegaron por una ventana en septiembre, y empezaron a irse por la otra ventana para pagarle al propio FMI. De hecho, en la misma semana en que Alberto Fernández hablaba de “deudicidio” ante la Asamblea General de Naciones Unidas, se le pagaba al FMI un primer vencimiento por unos 1.880 millones de dólares. Se prevén otros dos pagos más antes de fin de año, que consumirían prácticamente todo lo que resta de esos Derechos Especiales de Giro recibidos. A pesar de que el Fondo dice que los derechos especiales entregados pueden ser usados libremente, al mismo tiempo demanda cobrar, obligando a la Argentina a hacer un malabar contable para devolverle lo que recibió apenas días atrás.

En este marco de contradicciones, el presidente Alberto Fernández declaró en su discurso en la ONU la existencia de una suerte de “deudicidio”. A buena hora que se reconoce la situación que  está atravesando no solo la Argentina, sino un conjunto de países de todo el mundo. En esa idea de “deudicidio” se contienen varias más, que forman parte una discusión más amplia y generalizada: la necesidad de una agencia calificadora multilateral, la necesidad de contemplar los problemas de países de ingresos medios, de ampliar en plazos y alcances las iniciativas de suspensión de los pagos y de alivio de la deuda.

Al mismo tiempo, Alberto Fernández pidió que se tuvieran en cuenta los principios rectores aprobados en la propia ONU sobre la reestructuración de deudas soberanas. Estos ponen sobre la mesa la necesidad de contemplar los derechos humanos en la reestructuración, que sea compatible con la realización de nuestras condiciones de vida. En ese sentido, lo que hay presente es un llamado a reconstruir la institucionalidad vigente, de acuerdo al tono del discurso.

La última de las propuestas que hizo el Presidente tuvo que ver con considerar un posible canje de deuda por Acción Climática, algo que viene impulsando en distintos foros de manera sistemática la Argentina. Sobre esta última idea aún faltan precisiones, no solo en el discurso, sino en el debate general. En principio, aprovechando el acuerdo sobre la crisis climática vigente, el gobierno argentino estaría proponiendo realizar alguna especie de canje de los títulos de deuda o las acreencias en general por inversiones en materia de mitigación o adaptación al cambio climático.

En ese caso, los acreedores deberían aceptar financiar en parte estas inversiones, para lo cual algún tipo de prerrogativa estarían exigiendo. Quizás el antecedente más cercano para pensar este paralelo, según nos propuso la investigadora y docente Karina Forcinito, es las negociaciones que tuvieron lugar en lo que terminó siendo el Plan Brady. En esa oportunidad se les reconoció a los bonistas a valor nominal una deuda que tenía bajo valor real en el mercado y la posibilidad de ser canjeada por capital accionario en las privatizaciones. De todas maneras, sobre este aspecto faltan precisiones para elaborar.

Lo que es llamativo, que se mencionó en la Asamblea General de la ONU, tiene que ver con que no fue la Argentina sola quien se pronunció en relación a estos problemas. Al menos España, Colombia, Bolivia, Sri Lanka, México y Togo, son algunas de los países que se pronunciaron en favor de alguno de los aspectos señalados en el mismo discurso de Alberto Fernández, explicitando que se trata de un problema general el de la deuda. En un sentido semejante se expresó Antonio Guterres, Secretario General de la UNCTAD, en la 15ª apertura de sesiones del organismo. Concretamente, enfatizó la necesidad de redistribuir los DEG emitidos, ampliar las iniciativas de suspensión de pagos, así como los alivios de deuda, e involucrar a los acreedores privados en la solución.

Una alternativa que no ha sido explorada hasta el momento, al menos no en la diplomacia explícita, ha sido justamente reunirse con aquellos países que son deudores en el mundo y que requieren de soluciones coordinadas. La sola posibilidad de confluencia de países deudores es una amenaza fuerte que a  los acreedores en general no les resulta para nada gratificante. De hecho, en gran medida, este fue el resultado de las confluencias del consenso de Cartagena, del cual participó activamente Argentina durante la década de los 80. En aquel entonces, sin llegar a proponer un club de deudores, se propuso tener un marco común de negociación. Este solo hecho encendió todas las luces de alarma de los Estados y los acreedores privados, obligando o forzando a acelerar las tratativas antes que tener negociaciones coordinadas.

En aquel entonces, ese rol lo asumió el FMI bajo los preceptos de las ideas neoliberales, forzando a las reformas estructurales que conocimos. La idea de coordinar un club de países deudores, intercambiando información técnica, conocimientos, estrategias de negociación y, por qué no, la amenaza de cesación de pago coordinada, pondría a los acreedores realmente contra las cuerdas. Es una oportunidad única que la Argentina no está explorando.

La Argentina necesita enfatizar como estrategias de apalancamiento político tanto la cercanía con otros países deudores como la movilización social. Si la discusión queda reducida a un problema técnico, va a ser siempre bajo las reglas del Fondo y de los países acreedores. La movilización social podría ser una estrategia política de presión. Ese es un camino que debería, en lugar de denostarse, ponerse sobre la mesa de manera urgente, discutiendo la posibilidad de tener una quita con el Fondo, algo que no está prohibido en los estatutos y sobre lo cual no hay ningún privilegio real que pueda alegar el FMI.

No está de más insistir una vez más que la negociación de un nuevo acuerdo implica validar una operación ilegítima, cuestionada en su legalidad y en su carácter político. Por eso, desde la Autoconvocatoria con el Pago de la Deuda se insiste en que se detengan los pagos e investigue.

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Por Agustín Bontempo e Ignacio Marchini

¿Quiénes la toman y por qué motivo? ¿Quiénes la pagan y con qué recursos? ¿Por qué no se investiga y se discute ciertamente su legitimidad? Como contrapunto siempre hay sectores sociales que sí levantan esta línea y en concreto reclaman que ese dinero se use para paliar la pobreza que crece en una coyuntura sumamente compleja. 

En Antes que se acabe el mundo dialogamos con Alejandro Olmos Gaona, historiador y experto en el tema, autor de los libros “Deuda odiosa” y “Deuda externa de Ecuador”, para profundizar en la situación.

Escuchá la entrevista completa: 

https://ia801403.us.archive.org/28/items/a-olmos-gaona/A_OLMOS_GAONA.mp3

¿Se puede recuperar la economía de la pospandemia con esta deuda que pesa sobre nuestras cabezas? 

Yo te diría que lamentablemente la Argentina no puede pagar esta deuda. No puede pagar esta deuda con el fondo, no puede pagar la deuda con el Club de París, no puede pagar la deuda acordada el año pasado con los acreedores, o sea, en este momento la situación económica en Argentina es extremadamente difícil y las cuentas no dan. Yo no entiendo por qué se dice “Vamos a acordar un plazo” es decir, ¿De dónde va a salir la plata? Macri dejó una deuda de 323.000 millones de dólares, ahora la deuda es de 348.000 millones de dólares.

Entonces, se pagan intereses, se siguen pagando intereses, se sigue refinanciando la deuda, pero la deuda sigue, sigue, sigue. Sigue porque no se pueden pagar todos los intereses, entonces se acumulan al capital por anatocismo. En estas negociaciones con el fondo, yo supongo que el ministro de Economía Martín Guzmán tiene que plantear un plan, pero como el Presidente de la República dice que él no cree en los planes económicos, realmente no entiendo cuál va a ser la definición.

Por otro lado, ayer (por el miércoles) se pagaron 1.885 millones de dólares al fondo y la situación en la Argentina es extremadamente grave y eso ha sido un pago, me imagino como un acto de buena voluntad para que el gobierno siga negociando con el fondo, aunque yo personalmente, esto es muy subjetivo, creo que ya hay un acuerdo cerrado con el fondo, pero el Gobierno no quiere mostrarlo hasta después de las elecciones, porque el acuerdo con el fondo no va a ser un acuerdo a 20 años a 25, no. Lo máximo que da el fondo es lo que da siempre, 10 años y por otro lado, va a establecer ajustes y condicionalidades porque lo ha hecho invariablemente siempre y el que no conoce la historia del fondo puede mirar que nos va a dar otras alternativas. Se ve que se olvida lo que pasó con Grecia hace unos años, donde una situación extremadamente grave, al Fondo Monetario Internacional no le importó porque el problema es que el fondo de ahora es el mismo de siempre, ahora puede tener actitudes distintas, diría más benevolentes como ha hecho este reparto Especiales de Giro, pero el fondo tiene una forma de manejarse que la Argentina la ha vivido en los 28 acuerdos que celebró con el fondo, ¿Por qué ahora va a ser distinto?, ¿Por la pandemia? Si, por la pandemia puede haber ciertas flexibilidades para no pagar esos intereses de más que habría que pagar por el monto desmesurado del crédito que nos dio y por otro lado, a mi lo que me llama la atención es que el Gobierno no ponga énfasis en señalar las responsabilidades del fondo de darle a Argentina un préstamo que equivalía a 10 veces los derechos que tenía la Argentina en ese momento y, con una situación que cuando se lo dio, el fondo sabía que la Argentina no iba a poder pagar. 

Cuando yo analizo todas estas cuestiones y veo los documentos, que al final parece que nadie los lee, cuando en el año 2017 Luis Caputo emitió el bono a 100 años, en el implosur del bono, que es la advertencia que hace un país a los que van a comprar el bono, en 12 puntos mostraba lo que iba a pasar. Que la Argentina iba a tener conflictos sociales y una de las partes fundamentales del bono de la Argentina no iba a poder pagar sus ventas, el fondo ese mismo año en su informe el artículo cuarto muestra lo que estaba pasando con economía y dice lo que había que hacer: ajustes, restricciones laborales, acortar el gasto público, la receta permanente del FMI, ¿Por qué ahora el fondo va a ser distinto?

¿Cuáles serían las condiciones que buscarían imponer? En definitiva, sabían que era un acuerdo impagable, ¿Cuál es la intención, incidir en la política económica del país?

El fondo fue creado con un objetivo y por supuesto eso cambió totalmente. En los acuerdos que hace el fondo siempre pide ajuste fiscal, siempre pide modificación de legislación laboral, por entender que es restrictiva, restringir el empleo público y disminuir los gastos del Estado. Los datos del Estado significa que sí hay que hacer inversiones importantes para desarrollo, eso hay que acotarlo. Uno de los ejemplos de los acuerdos más importantes que hizo el fondo con Argentina fue en el año 1992, cuando se llevó el Plan Brady, es decir, en ese momento la Argentina reestructuró 32.000 millones de deuda y el FMI envió una comunicación reservada a la comunidad financiera internacional para que apoyara al gobierno de ese entonces, diciéndole que el gobierno se había comprometido a vender las empresas públicas, a modificar la legislación laboral, que era restrictiva para las empresas extranjeras y a privatizar el sistema jubilatorio. Entonces, en este momento, el fondo no puede pedir que se vendan las empresas públicas, porque ya se vendieron todas, pero sí puede plantear que haya ajustes en el sistema jubilatorio. En rigor ya los hubo, porque la ley que se firmó durante la época de Macri era mejor de la que está en vigencia, cualquier análisis económico lo demuestra categóricamente.

Por otro lado, el ministro Guzmán estableció un déficit del 4,5% en el presupuesto del 2021 y de acuerdo al planteo que le hizo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, diciéndole “acá había una sustitución presupuestaria” ¿Qué pasa con la otra parte? Guzmán esto lo hace para quedar bien con el fondo, para mostrar que está tratando de constreñir el gasto público para que el déficit sea menor y, la divisa menor, eso significa que el fondo lo ve con buenos ojos. Ahora bien, ¿Qué pasa con el pueblo argentino? ¿Qué pasa con la gente que no tiene para comer? ¿Qué pasa con el índice de pobreza que ha crecido? Parece que el pueblo argentino, la gente, es un número. Es un número, es una variable eventualmente de ajuste. 

Entonces, yo me imagino que el fondo puede limitar un poco los intereses porque pedía cobrar más de los que finalmente cobra en razón del mundo, en el préstamo podía haber alguna limitación de eso, pero por supuesto primero va a pedir un plan muy concreto ¿Y cuál va a ser el plan? Eso es lo que yo no veo.

Por otro lado, si vos te fijas en el último presupuesto que acabo de empezar a leer, son más de 4.500 páginas, se habla de una inflación del 33%. En la página web del Banco Central hoy se habla de que la inflación va a ser más del 40%. ¿Qué pasa? ¿No hay coincidencia en lo que dice el Ministerio de Economía con lo que dice el Banco Central? Son cosas que sorprenden y muestran que indudablemente hay un gobierno que no funciona como debería.

En el mes de Marzo el Gobierno había anunciado que iba a denunciar al gabinete de Macri por endeudamiento, pero no dejamos de pagar por un lado y estamos viendo esta coyuntura, ¿Cuál es ese vínculo? 

Por un lado, la denuncia es una denuncia efectista sin ningún resultado y no solo fue la denuncia del gobierno. Fue la denuncia de Juan Grabois contra Nicolas Dujovne y Christine Lagarde, fue la denuncia de Claudio Lozano también contra los mismos, fueron recursos de amparo que hicieron un montón de abogados diciendo que no se habían seguido las normas de Procedimiento Administrativo para hacer el tema del pago. Esto es desconocer absolutamente lo que son los acuerdos con el fondo. 

Desde el punto de vista del procedimiento, el acuerdo de Macri con el fondo es exactamente igual al que firmó Néstor Kirchner en el 2003, es igual al acuerdo que firmó Carlos Menem y a todos los acuerdos anteriores desde el punto de vista del procedimiento. Siempre es el mismo porque así se maneja el fondo, no hay que establecer procedimientos especiales porque el fondo está exceptuando de esos procedimientos. Es una verdadera barbaridad, pero es lo que ha ocurrido siempre. Por otro lado, ¿Cómo se va a denunciar a Nicolás Dujovne que firmó el acuerdo con el fondo cuando Nicolás Dujovne, de acuerdo a la carta constitutiva del fondo, tiene inmunidades totales? No puede ser sometido a juicio en ninguna parte del mundo porque era parte del fondo en representación de la Argentina, de Bolivia y de Chile y le corresponden todas las inmunidades. En estas cosas de las que se habla mucho pero se conoce poco, el Fondo Monetario Internacional, que es una barbaridad y ninguno de los 188 países que lo componen ha querido cambiar, tiene más inmunidades que un país soberano, no puede ser sometido a juicio como institución, no pueden ser imputados sus directores, ni sus gobernadores, ni sus operadores en cuanto hagan trabajo para el fondo. Tiene inmunidad de archivos, ningún tribunal de ninguna parte del mundo puede pedirle al fondo que muestre sus archivos, qué es lo que prepara, lo que no prepara. El fondo puede dañar impunemente a cualquier país que no pueda tocarlo en ninguna parte del mundo.

Entonces, se hace una denuncia trucha para salir en los diarios, que el jefe de la oficina de Anticorrupción después se sume al acuerdo del Tesoro, yo me imagino que se estarán riendo a carcajadas de la Argentina. No solo no resiste el menor análisis, sino que además todas las inmobiliarias del fondo están ratificadas por una convención internacional y lo que es terrible es que una institución como el fondo tenga esas prerrogativas y ningún país se haya animado nunca a cuestionarlas y a querer cambiarlas entonces.

¿Qué es lo que pasa? Denunciamos sin fundamento sabiendo que irá al archivo la denuncia, pero claro, en los diarios, en los grandes títulos “El Gobierno denunció en Fondo Monetario”.

Otro de los puntos claves de esto es ¿Qué pasó con la plata del fondo? Según el informe del Banco Central, durante la gestión macrista, se fugaron 86.000 millones de dólares. Si, se fugó la plata del fondo. Los responsables del gobierno de Macri dicen que la plata que vino del fondo sirvió para pagar deuda del gobierno anterior. Un fiscal amigo hace unos días decía los que hablan de esto de la que se la llevaron los amigos de Macri deben creer que los dólares del fondo vienen marcados con un sello del Fondo Monetario y que están los amigos de Macri con las valijas esperando para llevarlas. Es extremadamente grosero. Por otro lado la fuga no es delito y, además, se considera como fuga todos los capitales que se fueron. Los capitales que se fueron pueden haberse ido por revisión de utilidades de las empresas extranjeras, por compra de insumos de empresas que necesitan insumos extranjeros, por formación de activos y un señor que compró dos millones de dólares tiene todo el derecho porque no hay una norma legal que se le impida y ¿Por qué no hay una norma legal que lo impida? ¿Por qué hoy, año 2021, tenemos todavía leyes firmadas por Jorge Rafael Videla? Inversiones extranjeras, ley de sistema financiero. Leyes que fueron ratificadas por el Congreso Nacional en el 2014. Entonces tenemos que ir a las causas, no a las consecuencias. Si tenemos una estructura legal de la dictadura que sigue vigente, que los legisladores ratificaron en el 2014, no podemos quejarnos que haya fuga porque, ojo, en la fuga al lavado de activos que se van del país, hay dinero de la droga que también se va del país, pero hay otras, cuestiones legítimas, entonces no se puede englobar en lo mismo todo.

Yo creo que un auditoría en el Banco Central debería determinar exactamente, quién se llevó la plata, en concepto de que se la llevó ¿Por qué no lo hace el Banco Central? En el año 2001, las Comisión Investigadoras de la Cámara de Diputados hizo un informe demostrando que se habían fugado más de 30 mil millones de dólares, con nombre y apellido de todas las personas y todas las empresas que se habían llevado la plata, ¿Por qué eso no se hacía ahora? Serviría para determinar qué efectivamente la plata del fondo se la llevaron y entonces poder ir a la Corte de La Haya a través de una opinión consultiva y decirle “señores, el Fondo Monetario violó su carta constitutiva, porque el artículo sexto determina que cuando un país fuga el dinero que el fondo está prestando, el fondo debe advertirlo y si el fondo advierte y el gobierno no hace nada el fondo tiene que sancionarlo y cortar el flujo de fondos cosa que el fondo no hizo.

¿Cuál sería un escenario posible si se desconoce el pago de la deuda?

Yo creo que no habría ningún tipo de conmoción, como la oposición y las grandes empresas dicen, porque el fondo no va a ejecutar a la Argentina en un tribunal. Primero, no podría hacerlo y segundo, porque no lo va a hacer. Porque no es el sistema. El fondo va a seguir negociando, va a seguir apretando, va a seguir tratando de que la Argentina llegue a algún tipo de acuerdo y, eventualmente, si la Argentina tuviera una actitud de decisión política distinta, seguramente se podría obtener algún otro tipo de negociación. Lamentablemente, acá hay un gobierno que internamente tiene problemas y un Ministro de Economía que va a hacer con el fondo lo mismo que hicieron todos los ministros anteriores: un acuerdo de paciencias extendidas y reconociendo los intereses que se deben, porque se han pagado ahora 1.885 millones y se pagaron hace unos meses 400 millones. Se pagaron en plena pandemia, gravísima, el 3 de marzo, 320 millones de dólares al fondo. Si seguimos con esas pautas, dentro de este esquema, no hay solución que seguir negociando y pagando. Decirle “no” al Fondo sería una decisión soberana que quizás al Fondo lo haga reflexionar de lo que hizo con la Argentina, del préstamo inconsciente que hizo, de haber tratado de favorecer al gobierno de Macri para sostenerlo porque se estaba cayendo. Eso sería un llamado de atención, además de tener un recurso para ir a la Corte a apelar la carta consultiva, pero parece que esas no son las posibilidades que el gobierno en este momento está pensando muy bien. 

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Por Ignacio Marchini y Maru Waldhüter

Nora Cortiñas pide por la anulación de la deuda externa desde que comprendió la multiplicidad de violencias que entraña la deuda contraída por los genocidas. Sin embargo, la deuda pública no es la única que condiciona y produce modos de vida. Nuestras economías cotidianas se encuentran regidas por una vida endeudada. Marcha dialogó con Verónica Gago, Doctora en ciencias sociales e integrante del colectivo feminista Ni Una Menos, en el programa de radio Antes que se acabe el mundo, todos los jueves a las 19 horas en Trilce Radio.

Recién escuchábamos a Norita Cortiñas pidiendo una vez más la anulación de la deuda, esta lucha que viene teniendo hace tanto tiempo. Primero queremos saber alguna impresión acerca de esta lucha vieja y también preguntarte, ¿cómo definirías hoy este “sistema deuda”?

Yo creo que es impresionante como ellas hablaron de manera muy anticipada de terrorismo financiero. De la conjunción que hubo entre terrorismo de Estado y endeudamiento externo. Creo que eso es un análisis pionero y que sirvió para ir caracterizando cada vez mejor la dictadura. Justamente como ustedes la presentaron, una dictadura eclesiástica y empresarial, además de militar. Creo que el papel que ha tenido el endeudamiento como clave de gobierno a partir de la dictadura, su reformulación en la transición democrática, su papel en las gestiones neoliberales y la manera de condicionar permanentemente lo que entendemos por democracia, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo lo vienen diciendo de una manera ejemplar, como siempre.

Y como vos decías, es un tema que puede ser “viejo” ¿Quién no ha visto una pintada que diga “fuera FMI”? Y a la vez es un tema presente. Hoy estamos discutiendo, en una de las crisis económicas más graves que recordemos de los últimos tiempos, la cuestión del FMI y la deuda externa. Creo que la ligazón del 24 de Marzo y el endeudamiento es clave. Nosotras, desde el colectivo Ni Una Menos, sacamos la consigna para el 24 de #LesMataronParaEndeudarnos. Haciendo esa lectura histórica de lo que significa el endeudamiento, tanto en sus inicios con la dictadura como en nuestro presente.

¿Qué podemos entender hoy por deuda? ¿Alcanza solamente la variable de deuda pública?

No, justamente eso es lo que nosotras, en el libro que hicimos con Luci, que es parte del proceso político de movilización feminista de poner el tema de la deuda y del endeudamiento como consigna, lo que hemos rastreado, analizado e investigado es cómo un momento de agravamiento de deuda externa, como hemos visto en el gobierno de Macri, aunque no solo se reduce al gobierno de Macri, ese endeudamiento externo se derrama como endeudamiento doméstico, en los hogares, en las familias. Es decir, la deuda pública estatal se traduce en políticas de ajuste, de empobrecimiento, y eso inevitablemente prepara la situación para que todes vivamos endeudades.

Es decir que la deuda, como decimos nosotras, se convierte en una obligación. Ya ni siquiera para cuestiones excepcionales, sino deuda para vivir. La reproducción social de la vida personal y colectiva. Creo que ahí hay dos cuestiones. Por un lado, conectar la deuda pública macroestatal en esa clave con la deuda doméstica privada y por lo tanto cuestionar ese binarismo público-privado y, por otro lado, hacer la genealogía de cómo se llega a este nivel de endeudamiento de las familias, de los hogares, de las personas, gracias a la producción de una situación de empobrecimiento aceleradísimo.

Justamente en relación a la situación de endeudamiento actual que señalabas, situación que fue agravada por la pandemia que mostró la fragilidad del sistema económico capitalista, ¿qué particularidad le ves?

Yo creo que el año pasado la pérdida de ingreso personalizado y el aceleramiento de toma de nuevas deudas. Nosotras hemos trabajado bastante con les compañeres de Inquilinxs Agrupadxs porque una de las fuentes importantes de la nueva deuda es la imposibilidad de pagar los alquileres. Esto hoy es una bomba de tiempo, porque esta semana se cae el decreto presidencial que prohíbe el desalojo de inquilinos e inquilinas. Esos inquilinos e inquilinas mayormente están endeudades. Lo que vemos ahí es que la deuda el último año, frente a la baja de ingresos, frente a una inflación que no ha parado y a partir de fin de año con la caída de las ayudas estatales como el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), es cada vez más grave. A la vez, se intensificó lo que nosotras ya veníamos relevando que eran los destinos de la deuda vía tarjeta de crédito, vía préstamos familiares, informales, vía refinanciación de deudas con más deuda para comprar alimentos, medicamentos y para pagar alquileres y servicios.

Lo que vimos durante el año pasado fue, por un lado, una situación de aceleración y profundización de la deuda, una situación de emergencia que se convertía en fuente de nueva deuda, como la situación de emergencia habitacional, y también otra cosa que relevamos y discutimos bastante el año pasado fue por ejemplo, cómo hay una relación muy perversa con el aumento del trabajo doméstico, como hacer la tarea escolar con les hijes en las casas. Para eso necesitas un mayor uso de conectividad en el teléfono, de datos o wi-fi, lo cual genera mayor trabajo reproductivo no pago y eso nos genera deuda. O sea, trabajamos más y eso nos genera incluso más deuda porque la mediación con, por ejemplo, la escuela pública, pasa a estar en manos de las corporaciones telefónicas. Se generaron un par de situaciones muy graves y complejas en la pandemia que tienen a la deuda como manera perversa de atravesar la crisis, de resolver lo inmediato, la situación de urgencia, de falta de recursos, patear para adelante esa deuda y a la vez saber que se está acumulando como una bomba de tiempo.

Quien más, quien menos, se puede sentir un poco tocado, un poco tocada con esto de enumerar una larga lista de precarizaciones de la vida. Pensaba en la lectura feminista de la deuda. Porque esto lo vivimos en lo cotidiano pero no lo asociamos con la palabra deuda. La lectura feminista para poder interpretar, analizar y pensarnos en la deuda, ¿Es una herramienta que nos permite correrle la opacidad de las finanzas?

Sí. Ese es un poco el objetivo y el trabajo político que venimos haciendo con el libro. Es prestarle atención a este detalle cotidiano de cómo la deuda se conecta y se enjambra en la vida cotidiana con estas cosas: desde el resumen de la tarjeta hasta la oferta de refinanciación que te viene con la factura del gas, hasta a quien le pedis prestado para zafar de algo, lo que significa también quedar endeudades con amigues o familia. Como decimos en el libro, esa abstracción financiera que tiene ese lenguaje tan anticuado y oscuro, nos interesa a partir del libro abrir la discusión pública: ¿Sobre qué cuerpos aterriza esa deuda? ¿Cómo se sostiene esa deuda? ¿Qué tipo de trabajo y que tipo también de padecimiento psíquico explota la deuda?.

Y, a la vez, yo creo que es muy importante que hayan habido medidas para ponerle un límite a estas formas compulsivas de endeudamiento. Algunas cuestiones concretas como castigar a empresas financieras que se zarpan completamente con las tasas de interés, congelar las deudas en ANSES, pero creo que hay que pensar de una manera más profunda una política de desendeudamiento. Con este nivel de pobreza, tan tan fuerte, la deuda aparece, como decíamos antes, como una solución inmediata frente a la desesperación del día a día y seguir bicicleteando.

Como vos decías en esto de la microeconomía del hogar, ¿cómo ves el vínculo con la macroeconomía? Estamos discutiendo en pagarle al FMI en 10 años o negociar a 20 años y en definitiva es pagar una deuda descomunal. ¿Qué implicancia tiene esto en lo cotidiano? ¿Se puede pensar una perspectiva superadora sin desentenderse del pago de la deuda?

Por eso yo hablo de una lectura feminista. Por un lado, subrayar eso que vos decís de lo cotidiano de la deuda pero ponerlo directamente en relación con el ámbito de la macroeconomía o de la deuda de los Estados, porque justamente la conexión es estrecha y cuando hablamos de desendeudamiento tenemos que hablar de esos dos niveles. Es decir, yo creo que sin incumplimiento ni investigación de la deuda fraudulenta ilegítima no hay posibilidad de garantizar, por ejemplo, servicios públicos. No hay posibilidad de discutir salarios, ni pensar y debatir presupuestos para políticas de género. Es decir, hay una interconexión muy clara y evidente en el tipo de restricciones que son directamente políticas: las que pone el Fondo cuando leemos los condicionamientos de co-gobierno. Son condiciones políticas. En ese sentido, me parece que sin discutir la deuda externa no se puede nada.

Hay una cara que es un poco más incómoda para pensar que es la que tiene que ver con plantear la deuda como oportunidad. Aquella que de alguna forma te dice “si te endeudas, vas a poder comprar en 12 cuotas unas zapatillas de 20.000 pesos, si te endeudas vas a poder acceder a la educación a la salud, al consumo de determinados bienes”. En nuestra región, Chile ha sido y sigue siendo ejemplo emblemático de lo que el neoliberalismo ha generado en la sociedad, de lo que es una vida completamente privatizada. ¿Cómo se va desarmando esa trama?

A eso hay que prestarle atención, porque una vez que hemos sido despojades de servicios públicos, la deuda aparece como una posibilidad de acceder. La mediación privada financiarizada genera derechos. Eso ha sido parte de algunas reformas neoliberales estructurales. Chile, en ese sentido, es como vos decís, uno de los países paradigmáticos en la financiarización de derechos sociales. Por ejemplo, podés acceder a estudiar pero siempre y cuando te endeudes.

Creo que en eso Argentina tiene otra historia y otra deriva de políticas públicas, la forma en la que han tomado acá las reformas más estructurales en términos más neoliberales. Pero de todas maneras, el endeudamiento viene y se logra capilarizar una vez que el empobrecimiento se instala y una vez que la privatización de los servicios públicos y comunes ya está instalada. Ahí la deuda sabe jugar con la ambivalencia que vos antes marcabas. Es la oportunidad de hacer ciertas cosas, el margen de logro que puedo hacer.

Lo dicen también muchas compañeras migrantes, “la deuda es lo que me mata pero a la vez es lo que me permite salir”. Entonces esa ambigüedad es muy fuerte porque la deuda, como decía antes, soluciona algo en tiempo inmediato pero a la vez captura tu tiempo a mediano y largo plazo. Justamente eso es lo que tiene de complejo también y con lo que no se puede ser ingenuo o ingenua en el sentido de cómo está conectada al funcionamiento de lo que podemos, que ofrece una forma de poder hacer que para muches es la única manera de enfrentar una situación, proponerse cierto plan de vida o alcanzar algún objetivo, por ejemplo, laboral.

Ahora, yo creo que hay también varios desarrollos que están pensando qué significa construir ayuda financiera en clave comunitaria, de organización popular. En términos de pensar una arquitectura financiera en términos de autogestión, por ejemplo. También permite pensar que las finanzas no es un problema que nos sacamos rápido de encima, sino que también hay experiencias que están tratando de resolver y prestar ayuda a situaciones sin que eso tenga la carga de la explotación financiera que tienen muchas de las ofertas disponibles.

Y tal vez sea la hora de comenzar a ensayar algunos desacatos y desobediencias a la deuda, propuesta que ponen en la mesa Luci Caballero y Verónica Gago, con quien estamos al aire conversando sobre “Una mirada feminista de la deuda: Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, editado por Tinta Limón junto con la Fundación Rosa Luxemburgo.

Antes que se acabe el mundo se emite todos los jueves de 19 a 20 horas por Trilce Radio, con la conducción de Agustín Bontempo e Ignacio Marchini y la producción de Maru Waldhüter y Macarena Martínez.

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Por Vivian Palmbaum

En ocasión de un nuevo aniversario de la gesta de la independencia en la Argentina, la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago de la deuda[i], emitió un comunicado y convocó al inicio del Juicio Popular a la Deuda y al FMI.

“En medio de una profunda crisis global agravada y puesta en evidencia por la pandemia, el gobierno nacional lleva adelante la renegociación de la deuda externa con los voraces fondos de inversión”, señalaron desde el espacio.

Desde la Autoconvocatoria expresan que la propuesta de renegociación es contraria a cualquier espíritu soberano vinculado a nuestra independencia mientras “profundiza las concesiones que se habían instrumentado en la primera oferta del mes de abril”.

Tal como lo  explican se adelantan fechas de pago, desaparecen las quitas de capital y hasta se reconocen intereses por este año. “En concreto, significan entre U$D 7.800 y U$D 13.000 millones de dólares más, respecto a lo propuesto en abril, que serán menos recursos para la educación, salud, trabajo, vivienda, y tantas otras carencias que hoy sufre nuestro pueblo”.

Desde la Autoconvocatoria advierten que “si continuamos en este camino, se agravarán los sufrimientos que ya están padeciendo la mayoría de los argentinos y argentinas, por la emergencia sanitaria y la crisis social, económica y ecológica”.

Juicio Popular a la Deuda y al FMI

Desde el espacio Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, formado por un amplio arco de organizaciones y agrupaciones se vienen realizando distintas actividades y hasta pedidos de audiencia con el presidente. En febrero, cuando llegó la misión del FMI, la Autoconvocatoria dio inicio a un Juicio popular para comenzar a darle visibilidad a la oposición al pago de la deuda externa, cuyo cumplimiento  aparece como indiscutible desde el sentido común que los medios masivos de comunicación alientan.

La renegociación implica una convalidación de una deuda que califican de odiosa. “La  deuda es odiosa cuando los acreedores saben que es impagable pero se prestan a la estafa” tal como ocurrió en 2018 cuando a pesar de creer que el país no podría cumplir con los pagos el FMI realizó uno de los mayores préstamos. Las organizaciones nucleadas en la Autoconvocatoria afirman: “la deuda odiosa se puede desconocer”.

También un Juicio popular se puede hacer por medios virtuales, y así fue como al inicio se hizo un reconocimiento a Alejandro Olmos,  que hace 20 años logró demostrar en la justicia que la deuda contraída por la última dictadura militar, entre 1976 y 1983, era fraudulenta por la existencia de 477 ilícitos en el proceso de endeudamiento,  que quedaron probados junto con sus beneficiarios: empresarios, funcionarios y los bancos. A pesar de ello la deuda continúo incrementándose durante los gobiernos democráticos y nunca fue revisada. Una deuda que “no tenía justicación alguna para haber sido contraída” como afirmó Alejandro Olmos Gaona (h). Un proceso de endeudamiento que necesitó la represión, tortura y desaparición forzada a quienes se opusieran.  La causa judicial duró 18 años y al poco tiempo de la sentencia, a fines de 2001, gran parte de la deuda entraría en default y su renegociación en el 2005 no tuvo en cuenta sus conclusiones ni ningún tipo de investigación. Así algo más de U$D 20.000 millones provienen de bonos emitidos en canje por aquella deuda que se dejó de pagar en el 2001, tal como afirman.  

En el Juicio Popular habrá distintas etapas. Por un lado los foros populares, a partir del 27 de julio, donde se recibirán denuncias hasta el 30 de septiembre. Tanto denunciantes como testigos,  representarán al amplio arco de movimientos sociales, de trabajadoras y trabajadores y gremios que darán cuenta de los efectos que tiene la deuda. Luego habrá tres peritos y un jurado compuesto por nueve miembros que darán su veredicto y luego el Tribunal dictará su sentencia. Los fiscales luego formularan la acusación y el sábado 10 de octubre está previsto que se instale el jurado popular y se presenten las acusaciones y la defensa. El veredicto y la sentencia están programados para el 15 de octubre.

El Tribunal está integrado por Adolfo Perez Ezquivel, miembro del tribunal permanente de los pueblos, Nora Cortiñas, integrante de Madres  de Plaza de Mayo Línea Fundadora,  de la Comisión Provincial de la Memoria y de la Red Jubileo Sur, Nina Brugo, abogada feminista e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Alejandro Bercovich, economista y periodista, y Miguel Julio Rodriguez Villafañe, abogado y profesor de la UNC y ex juez. En la presentación cada uno de ellos expresó sus consideraciones como miembros de este Tribunal.

Perez Ezquivel destacó que la deuda se impuso en América Latina como una política de sometimiento que costó vidas en la región. Entre otras cosas destacó que “los distintos gobiernos y el Congreso no quisieron investigar la legitimidad y el origen de una deuda que afecta la vida de los pueblos”. Respecto de la función de este Tribunal será “encontrar caminos de libertad, independencia y soberanía”.

Alejandro Bercovich enfatizó que un trabajo que nos tenemos que dar como sociedad es poner en discusión este mecanismo de sometimiento, que tiene muy estricta actualidad y que se viste de distintos ropajes, incluso del ropaje del progresismo. El gobierno en ningún momento previó revisar la legitimadad de la deuda que se está renegociando ahora, y si lo dijo en campaña fue para cobijar a los sectores mas de izquierda, más progresistas que acompañaron al Frente de Todos. Destacó que la renegociación puede llegar a resultar un ahorro, pero también es cierto que relegitima la deuda.

Nora Cortiñas, recordó la historia de Olmos, la investigación y que cuando iniciaron con Diálogos 2000 en un encuentro con el Papa pidieron la condonación de la deuda de todos los países pobres. “Ahora también el Papa pidió lo mismo pero nosotros no somos pobres, somos endeudados, tenemos todo en la Argentina, hasta tenemos mucho amor para contrarestar el odio que nos quieren meter. La deuda es un camino lento que cuesta mucho meter en la conciencia del pueblo, este juicio popular, muestra que somos un grupo grande para pedir la suspensión y la aclaración de lo que nos quieren cobrar y eso no es imposible. Renegociar, transar, es el ajuste, es el camino al hambre, es el camino para no tener nuestras riquezas para nosotros, no tenemos por qué pedir, nosotros tenemos lo nuestro”.

Miguel Julio Rodriguez Villafañe puso de relevancia que “el tema de la deuda se maneja como un tema de oscurantismo, muchos sectores hablan de transparencia del Estado, pero lo único que no tiene transparencia es la deuda porque la mayoría de los contratos se hace con cláusulas de sigilo”. Destacó el hecho de darle visibilidad “porque se ha presentado el tema como que no tenemos otra salida o hacernos creer que es un tema muy críptico que solo los entendidos pueden manejar o llevar adelante”.  Además, puso de relevancia que “los medios hegemónicos lo único que hablan es de la importancia que los mercados estén contentos. Pero a veces cuando están contentos los mercados, el pueblo tiene que llorar”.

Nina Brugo, integrante del movimiento de mujeres expresó que “tantos años fuimos silenciadas y somos las mujeres las principales afectadas por esta deuda y las más pobres. Trataremos que muchas mujeres participen en los foros y nos hagan llegar toda su apreciación”. Más adelante expresó: “Este juicio popular que está organizándose, es una deuda a nuestro pueblo”.

Los fiscales en este Juicio serán Veronica Heredia, defensora de DD.HH, Carlos Zerrizuela, delegado del Frigorifico Rioplatense, Liliana Constante, miembro de ATTAC y de la APDH y  Bruno Napoli, historiador, integrante de la Comisión de Investigación de la Comisión de Valores.

Se abre una instancia de recuperación de testimonios y para ello crearon una cuenta de correo (juiciopopular@gmail.com) y a través de los foros irán recibiendo las denuncias de las organizaciones populares, para empezar a poner de relevancia las problemáticas que se visibilizaron y agravaron en este momento de crisis y pandemia.

Autoconvocatoria en Chubut

Este 9 de julio, también en Chubut y con la adhesión de un amplio arco de agrupaciones, organizaciones sociales, instituciones y gremios, se estableció la Asamblea Constitutiva de la Autoconvocatoria por la suspensión del pago y la investigación de la deuda pública provincial, en defensa de la soberanía del territorio. La provincia de Chubut vive una grave crisis económica que afecta a todos los sectores de su población.

En su manifiesto constitutivo expresaron que “nos autoconvocamos en rechazo al proyecto que presentó el Gobernador Arcioni en la Legislatura de Chubut para la renegociación de la deuda en bonos del 2023 y 2026”. En esta asamblea constitutiva expresan: “pone en peligro el presente y el futuro de les chubutenses. No queremos que los gobiernos nos endeuden forzosamente sin atender a los intereses del pueblo. Nos autoconvocamos para manifestarnos en contra de un proyecto del gobierno provincial que pretende asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, centrándose solamente en aspectos económicos, sin atender a que desde el Estado se garanticen las condiciones para el cumplimiento de los derechos humanos ni el respeto de la naturaleza, de la que somos parte y nos permite seguir viviendo”.

El comunicado completo de la Autoconvocatoria en Chubut se puede leer aquí.

[i] Autoconvocatoria x la suspensión del pago e investigación de la deuda

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Por Francisco Cantamutto | Foto de German Romeo Pena

Argentina continúa los acercamientos con los grandes fondos de inversión, principales acreedores privados del país bajo legislación extranjera. Organizados en tres grandes grupos, mostraron cierta rispidez con el gobierno argentino la semana anterior, como parte de una estrategia de confrontar para luego acercar. En esta nueva ronda de negociaciones, la cuarta desde que el Ministro de Economía, Martín Guzmán, lanzó la primera propuesta, se ha vuelto a flexibilizar la oferta oficial, acercándose aún más a lo que piden los acreedores: un Valor Presente Neto (VPN) por arriba de los 50 dólares cada 100 nominales, un 20% más que la primera oferta.

Este acercamiento no ha sido aún rubricado pero se realiza en el contexto de una Argentina que, habiendo pasado los plazos formales de pago del ultimo vencimiento, se encuentra en un default técnico que aún no ha generado mayores problemas porque, en tanto siguen las negociaciones, los acreedores aún no han pedido el adelanto de los pagos de los títulos en mora.

La tensión hay que situarla, además, en la continuidad de la crisis mundial; hace poco se hicieron públicos una serie de pronósticos bastante terribles sobre la economía global. Tanto las predicciones del Banco Mundial (BM) como del Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostican una caída muy severa de la actividad económica mundial para el 2020. El BM indica que, en 150 años de registro, es la primera vez que una crisis involucra a casi la totalidad de los países del mundo. Desde el punto de vista de la intensidad, se está hablando de la mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial y una de las más graves de la historia, con la particularidad de ser la primera crisis cuyo detonante principal es una pandemia. En ese sentido, las perspectivas de recuperación para 2021 no son certeras porque nunca ocurrió que la economía capitalista moderna debiera recuperarse de una crisis disparada por una enfermedad mundial.

Es importante señalar que a los efectos de la interrupción del comercio y el desarmado de múltiples cadenas de valor, hay que agregar una caída de la inversión mundial que se estima del 40% para este año y posiblemente un 10% más el año que viene. Esto se debe a que, por un lado, las expectativas de negocios se ven interrumpidas y la incertidumbre hace que las empresas tiendan a quedarse las ganancias obtenidas, de por sí vulneradas por la crisis, en lugar de reinvertirlas.

Todo esto es relevante porque la oferta que está negociando en este momento el gobierno argentino puede resultar una guía para la reestructuración de deudas a nivel mundial. La situación es muy crítica, ya que los niveles de deuda respecto del PBI mundial alcanzaron el año pasado el 322%, siendo las deudas estatales bastante significativas. Esto, que reconocen los organismos multilaterales de crédito, ha generado la propuesta de suspender los pagos para destinar los fondos a afrontar la crisis económica y sanitaria.

Desde ya que esto no alcanza pero da cuenta de la situación crítica en la cual se está negociando. Si la Argentina no cierra un acuerdo con los acreedores privados, aun así podría seguir negociando en una situación de no ruptura, con pésimas condiciones. En caso de romper, esto significaría la posible degradación de deudas no solo de Argentina sino de países en una situación semejante, lo cual podría redundar en una caída de las cotizaciones de los fondos de los acreedores.

Todo lo anterior impacta sobre los términos concretos de la oferta argentina, tanto en la tasa de interés, como en los plazos de mora y las posibles quitas de capital. Largo se ha discutido la posibilidad de incluir lo que se conocen como “endulzantes”, ligados a aumentos del PBI o de las exportaciones. Pero en un mundo sumido en una crisis de duración incierta, donde se ha interrumpido el comercio internacional y la inversión mundial, resulta sospechoso que ésta puede ser la manera de recuperar la economía y lograr un acuerdo de pago sustentable.

La situación es muy delicada y se juega a contrarreloj. Entre otros resultados, llegar a un acuerdo con los acreedores podría conducir a profundizar el modelo extractivista con el fin de aumentar las exportaciones, estrechando los vínculos con el agronegocio y la megamineria, o disminuir las capacidades del gobierno en la toma de decisiones respecto de medidas económicas o políticas públicas.

La crisis ha profundizado múltiples necesidades sociales, a las cuales no se les podrían destinar recursos debido a estar asignados al pago de la deuda. Implicaría, además, desmontar las regulaciones de las cuentas externas que han permitido que la crisis no sea más severa, como los controles de capitales que han impedido que la fuga de divisas hacia el exterior fuera aún peor. Esto se midió durante la última semana por la vía de la calificación de riesgo, que mantuvo a la economía argentina como mercado emergente en lugar de rebajarla a economía de frontera. Son tecnicismos que expresan la presión que se ejerce sobre la soberanía argentina en la disputa por poder o no aplicar medidas que solucionen sus problemas sociales.

Aún no sabemos con certeza los términos de un posible acuerdo. En caso de lograrlo, vale señalar que esperan en la fila el FMI y el Club de Paris, con deudas importantes desde el punto de vista de los efectos sistémicos, mientras que nuestra economía aún necesita paliativos para no caer todavía más profundo. Desde este lugar, entendemos que, tal como propone la Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, es necesario detener los pagos e iniciar una auditoria no solo contable y legal, sino integral. Con estos elementos se detendría la continuidad de este ilícito pero además se le podría dar una guía distinta al sistema económico mundial, poniendo sobre la mesa la importancia de los pactos internacionales firmados en defensa de los Derechos Humanos que, en el caso de Argentina, y a diferencia de los acuerdos económicos, tienen rasgo constitucional.

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Por Andrés Musacchio* / Foto Salvador Battalla

La problemática debe pensarse diferenciado dos niveles entrelazados pero parcialmente independientes: la crisis económica y la crisis de la deuda. El primero es la consecuencia de la política económica seguida en los últimos cuatro años. Si bien al comienzo del gobierno de Macri era perceptible un paulatino estancamiento y la reaparición de algunos problemas estructurales, el giro en la política económica significo una clara ruptura frente al pasado inmediato. El retorno de una política neoliberal, en su forma “financiarizada periférica” provocaron una grave depresión, una burbuja especulativa y una aceleración de la fuga de capitales, un problema estructural del país. Los ajustes que se fueron introduciendo sólo agravaron el panorama.

Simultáneamente, se tomaron créditos de manera descontrolada y sin vínculo con un modelo productivo. La financiación de los crecientes déficit del Estado, el reconocimiento pleno de deudas dudosas como las de los fondos buitres, el pago de deudas interestatales con créditos externos, la esterilización de moneda con títulos públicos, la bicicleta financiera a crédito y, finalmente, la financiación de la enorme fuga de capitales, provocaron una explosión de la deuda interna y externa. Solamente la deuda del gobierno central saltó del 52,6 al 88,8% del PBI entre 2015 y 2019. Según un informe del Fondo Monetario internacional del mes de marzo, el Estado central contabilizaba a finales de 2019 una deuda de 323.000 millones de dólares. De ellos, un 41% corresponde a acreedores privados, 14 al FMI y 9% a otros acreedores oficiales, siendo el 36% restante con agencias públicas.

Luego de un análisis de situación y de postergar algunos pagos (algo que ya Macri había iniciado con su “reperfilamiento), casi desde el inicio de 2020 el Ministerio de Economía trabaja contra reloj para negociar el conjunto de pasivos. Contra la opinión de algunos expertos, que sugerían sentar a todos los acreedores a una mesa común, se decidió negociar separadamente con el FMI, los acreedores privados y el Club de París (CP) -que incluye a los acreedores institucionales de los países desarrollados-.

Con el FMI se mantienen contactos regulares y, aunque desde ambas partes se han producido varios guiños, aún no se ha comunicado avances significativos. Con el CP se avecina una ríspida negociación, que recién está despuntando. A los acreedores privados se les ofreció una opción de reestructuración de deuda que abarca una porción significativa de los pasivos.

¿La deuda es realmente impagable?

Los principales acreedores y muchos economistas ortodoxos sostienen que la situación de la deuda argentina dista de ser dramática, pues no implica un problema de solvencia sino de liquidez. Los atrasos en los pagos y las reticencias a hacer los ajustes correspondientes habrían asustado a los mercados financieros, que interrumpieron sus créditos al país. El buen comportamiento sería una sencilla solución.

Tres argumentos desafían esta visión. En primer lugar, ya a comienzos de 2018, mucho antes de la interrupción de algunos pagos, el crédito se había interrumpido. Por ese motivo, el FMI asistió de urgencia al gobierno de Macri con el crédito más grande de su historia. Paralelamente los capitales financieros salían ordenadamente, pues el gobierno usaba ese crédito para atender las necesidades del mercado de divisas. Aunque los estatutos del FMI no permiten el uso masivo de sus créditos para estabilizar el mercado cambiario, en este caso sus autoridades tuvieron una política contemplativa. Tampoco se analizó prolijamente si el Poder Ejecutivo podía firmar un acuerdo sin autorización del Congreso, problema que hoy se dirime en tribunales y podría derivar en la ilegalidad de lo actuado.

El FMI, un actor al que no le cabe la sospecha de ser lobbysta de los deudores, advertía ya en su comunicado de prensa del 19 de febrero de 2020 que:

“sobre la base del análisis de la sostenibilidad de la deuda de julio de 2019, el personal del FMI ahora evalúa que la deuda de Argentina no es sostenible (…) El superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un riesgo de refinanciamiento manejable y un crecimiento del producto potencial satisfactorio no es económicamente ni políticamente factible. En consecuencia, se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad.”

Un mes después, la Directora del Fondo, Kristalina Giorgieva, reforzaba la idea sosteniendo, en otro comunicado de prensa oficial, que:

“El análisis del equipo técnico muestra que, teniendo en cuenta la capacidad de servir deuda y el peso actual de la deuda del país, será necesario un alivio substancial de los acreedores privados para restablecer la sostenibilidad con alta probabilidad de la deuda. Alentamos a un proceso de negociación colaborativo entre Argentina y sus acreedores privados con el objetivo de alcanzar un acuerdo que conlleve una alta participación.”

El soporte de tales declaraciones es el Technical Assistance Report 20/83, de marzo de 2020, que hace un exhaustivo análisis de la situación macroeconómica del país y de la sustentabilidad de la deuda.

También el gobierno argentino, en su propuesta a los acreedores privados, expone un conjunto de indicadores básicos que detallan las dificultades para sostener el servicio de la deuda. Entre ellos, destaca para los próximos años necesidades fiscales que oscilan entre el 17 y el 22% del PBI sólo para el servicio de la deuda (niveles cercanos a los de 2001), intereses que superan el 20% del gasto público, así como insuficientes reservas de divisas en poder del Banco Central.

Los economistas ortodoxos, los acreedores privados y algunos políticos y periodistas insisten en la idea de que en lugar de renegociar la deuda, es preciso un drástico ajuste fiscal y de consumo en la población, tal como ocurrió en países como Grecia, España y Portugal o, en tiempos no muy lejanos, la propia Argentina. Sin embargo, en su propuesta, el gobierno muestra convincentemente que el camino del ajuste ya se hizo y fue tan doloroso como inefectivo. El gasto público del gobierno central se redujo entre 2015 y 2019 de un 25,3% del PBI a un 21,9. Neta de intereses de la deuda, la reducción fue del 24,0% al 18,6% del PBI en el mismo lapso. La caída del PBI de 2,5% en 2018 y 2,1% en 2019 es otra muestra del severo ajuste. También los indicadores sociales son contundentes: los salarios reales cayeron entre 2017 y 2019 un 13%, las jubilaciones mínimas un 21%, el salario promedio medido en dólares un 42% y la tasa de desempleo creció 2,3 puntos porcentuales, llegando al 10,6% de la población económicamente activa. Las personas bajo la línea de pobreza son ahora un 6,8% más, alcanzando al 35,4% de la población. Con el despliegue del Covid-19 estos indicadores se han profundizado aún más.

Queda claro que bajo esas condiciones no hay margen político ni social para un ajuste mayor. Sin él, es imposible generar recursos para el pago de la deuda. Pero incluso una profundización del ajuste (la política de los dos últimos años del macrismo), la depresión y la consiguiente caída de la recaudación, tampoco permitirían servir la deuda. Por eso, la renegociación es el único camino posible.

¿Qué y cómo se negocia?

Como hemos dicho, tres frentes se encuentran abiertos en materia de deuda externa (la inflada deuda interna resulta un capítulo aparte). Con el FMI, el principal acreedor, se marcha a paso lento, a la espera de que los otros dos frentes estén solucionados. La relación se perfila en una tensa cordialidad, establecida a partir de un cambio de percepción de la problemática por parte de las nuevas autoridades del fondo, de la evaluación que muestra la no sustentabilidad de la deuda y de un cuidado extremo por parte del gobierno de no quebrar ningún puente con acciones bruscas unilaterales. Esto último quedó demostrado con el pago de 320 millones de dólares de intereses a comienzos de mayo, a pesar de que se había comunicado hace tiempo que por el momento no estaba previsto realizar erogaciones vinculadas a la deuda.

El nudo gordiano del problema es, en este momento, la deuda en moneda extranjera con los acreedores privados. Para ello, el 17 de abril el gobierno presentó una propuesta que abarca casi 65.000 millones de dólares, en parte compuesto por títulos emitidos en los últimos cuatro años, pero también bonos del canje anterior. El ofrecimiento incluye una moratoria de tres años, una extensión de los plazos, una pequeña quita del capital de 5,4% y un fuerte recorte de intereses, mayor al 60%, que, de todas formas, siguen siendo un 2,5% positivos, en un mercado con tasas virtualmente nulas. Los bonistas rechazaron la propuesta y el plazo del canje se extendió hasta el 22 de mayo. El problema es que, desde la perspectiva de la sustentabilidad, la oferta no deja demasiado margen para la negociación. En ese sentido, el gobierno parece estar pagando el precio de una estrategia poco agresiva, que apuntaba a generar confianza.

¿Y con el Club de París cómo andamos?

En lo que respecta a los acreedores oficiales, el panorama resulta, por el momento, poco alentador. Algunas informaciones de primera fuente dan cuenta de una posición extremadamente dura por parte de algunos de los integrantes del bloque acreedor, aunque diferencias internas entre los socios dejan la puerta abierta a un mínima chance.

Las deudas con el CP no son demasiado elevadas, pues luego de la renegociación de 2014 buena parte de los pasivos fue cancelada. Lo que más incomoda es la cláusula por la que se fijan los intereses futuros en un 9%, algo tan desmedido como perjudicial en los otros frentes. Por eso, un acuerdo razonable fortalecería notablemente el poder de negociación argentino con los acreedores privados.

Sin embargo, aunque tres de los países más grandes verían con moderado interés o prescindencia la reapertura de las negociaciones, un ala más dura exige condiciones iniciales de difícil cumplimiento. Se pretendería que se acuerde primero con los acreedores privados y con el FMI, que se establezca un programa monitoreado con reformas estructurales sustantivas como apertura, equilibrio fiscal austero, mayor transparencia y combate contra la corrupción. Así, resulta muy difícil pensar en una solución; incluso en una negociación. Pero en última instancia todo se resume en estrategias y política. En ese sentido, algunos canales pueden abrirse y torcer el rumbo.

Pensando una estrategia más áspera

A nuestro juicio, la intensión de mostrarse confiable se plasmó en una estrategia excesivamente técnica y cautelosa. Resulta indispensable recuperar la iniciativa política y avanzar de forma más frontal. Argentina tiene poco que perder, pues aunque firme nuevos compromisos, el mercado financiero permanecerá cerrado por mucho tiempo.

¿Con qué mecanismos de presión cuenta Argentina? En primer lugar, la coyuntura internacional compleja es un apoyo nada despreciable. El crecimiento del fenómeno global de endeudamiento y el crecimiento de las cesaciones de pago recientes juegan a favor. Una crisis de la deuda es hoy una posibilidad mucho más concreta, incluso que en 2008. Si un deudor grande, como Argentina, se declara en bancarrota, la crisis se volverá aún más palpable. El Covid-19 agravó el problema e impulsó al Fondo a acciones concretas de reestructuración y apoyo, aunque aún limitadas a pequeños deudores. Pero eso abre una nueva puerta.

También algunos grupos de economistas, entre ellos uno motorizado por el Premio Nobel Joseph Stiglitz, se han manifestado claramente a favor de la renegociación de una deuda que es a todas luces impagable.

Algunas organizaciones no gubernamentales europeas y latinoamericanas también están conversando con funcionarios de gobierno, tratando de ofrecer su expertise y su capacidad de mediación para que las negociaciones lleguen a buen puerto.

Algunos miembros del Club demuestran su interés por conocer cómo actuará China en las reestructuraciones de deuda. El país asiático se ha convertido en un nuevo actor de peso en las finanzas internacionales, pero aún no se ha estrenado en estas lides. Por eso, otros actores desean tener un caso testigo que de pautas a futuro. Aunque en principio Argentina no tiene a dicho país como un acreedor inmediato de gran porte, no sería descabellado intentar sumarlo para generar ese caso testigo. La estrategia, algo arriesgada, aflojaría especialmente en el Club una parte de las resistencias.

En el caso de que las negociaciones se estanquen, podría incluso intentarse una vieja opción utilizada por Indonesia en 1969. En aquel momento, las dificultades entre los acreedores para conciliar sus propias estrategias económicas y políticas se destrabó recurriendo a un mediador, que elaboró una propuesta aceptable para todas las partes. El resultado fue un acuerdo que permitió resolver el problema. En el caso actual, la estrategia argentina de negociar por bloques y la situación geopolítica muy diferente complican la utilización de tal alternativa. Sin embargo, la potencial crisis económica internacional y la eventual incorporación de China a la mesa de negociaciones podrían generar un contexto favorable.

Resolver los problemas de fondo

Mientras se plantean nuevos escenarios, sería importante avanzar también en la determinación de las responsabilidades penales y de la legalidad de los créditos tomados en los últimos cuatro años. Probablemente los resultados de tal investigación tengan poco efecto concreto en los acuerdos con los acreedores, pero obligarían a futuros gobernantes a actuar con mayor responsabilidad. Si los acreedores exigen transparencia, sería interesante poner el foco sobre las redes de corrupción locales y los lazos con los grupos externos y con funcionarios de organismos internacionales. La vieja investigación del Juez Ballesteros sobre la deuda contraída por la dictadura amerita un nuevo proceso, pero evitando que prescriban las acciones como ocurrió en aquel entonces.

De la misma forma, es preciso evitar la gestación de nuevas burbujas especulativas financieras. Esto exige, claro, una compleja política económica y productiva. El comienzo es la estricta revisión de la liberalización financiera y la libre movilidad de capitales. Habitualmente se afirma que, de esa manera, Argentina bloquearía la llegada de las inversiones necesarias para el desarrollo. Dos argumentos contradicen tal afirmación. En primer lugar, se trata de golpear al proceso de financiarización, pero dejando espacio al desarrollo de proyectos productivos. El segundo argumento es más relevante: en el último medio siglo, la salida de recursos (por la vía del pago del servicio de la deuda, la fuga de capitales, las remisiones de utilidades especialmente del capital financiero y por quienes explotan masivamente recursos naturales, regalías y otros conceptos) fueron muy superiores a los ingresos. Es decir, Argentina es un exportador neto de excedentes y su problema fundamental es cómo retenerlos más que cómo atraer recursos externos. Por eso, un estricto control de capitales orientado hacia la movilización y hacia la reinversión interna es el primer gran paso para resolver a largo plazo la cuestión de la deuda.

*Investigador UBA-CONICET. Artículo publicado originalmente en el Instituto Tricontinental de Investigación Social

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Por Iván Barrera e Ignacio Marchini | Foto de Charo Larisgoitia

La adhesión a la oferta presentada por el gobierno el 16 de abril rondó el 20% y distó mucho de sus expectativas, lo que obligó a extender las negociaciones hasta finales de esta semana. La cuenta regresiva empezó a correr el 22 de abril cuando el Ministro de Economía, Martín Guzmán, con aval del presidente Alberto Fernández, decidió no efectivizar un pago de 503 millones de dólares de un bono que se encuentra dentro de la reestructuración en curso, por lo que se activó automáticamente la prórroga de 30 días para pagar o declarar la cesación de pagos.

Según Infobae, portal oficioso de los intereses norteamericanos, la oferta inicial del gobierno fue contestada el día de ayer por el total de los bonistas, con una propuesta bastante alejada de la oficial. La oferta inicial que presentó Guzmán propone un nuevo calendario de pagos (se empezaría a pagar recién en 2023), una quita no menor del monto adeudado en intereses (62%) y una pequeña quita de capital (5,5% en promedio), que, combinándolas, darían una reducción total de la deuda cercana al 33%.

Por su parte, los acreedores privados (distribuidos en tres grupos), contestaron con el bolsillo. Propusieron un año de gracia (en vez de tres), que se les reconozcan en el futuro los intereses no abonados durante ese tiempo y una quita en términos generales mucho menor a la propuesta por el gobierno.

Esta negociación sucede en paralelo mientras se agudiza la crisis social, sanitaria y económica que acarrea la expansión del coronavirus en todo el mundo. La profundización de la recesión, la sistemática devaluación de la moneda, la crisis del sector productivo y la destrucción del salario en estos últimos años pusieron de manifiesto la necesidad de contar con fondos para hacer frente al estallido. Pero los inversores privados no hacen concesiones y poco entienden de pandemias.

“Me dejaron firmar cheques con un sello”

Durante el gobierno de Cambiemos pasaron cosas. Muchas cosas. Entre ellas, está el endeudamiento masivo que llevó adelante en poco más de dos años, que tiene tres características principales. El primer punto es el incremento del peso de la deuda en relación al PBI. En 2015, el peso de la deuda representaba la mitad del Producto Bruto Interno. Para 2019, este porcentaje llegó al 90%. Esto ya es preocupante, pero si pasamos a la segunda característica, el panorama empeora. Este aumento de la deuda se hizo principalmente en moneda extranjera, representando un 80% del total, lo que implica que tenemos que pagar casi toda la deuda en dólares, una moneda que por estos días escasea mucho en el país y sin que se vislumbre un boom de la soja como el que permitió salir de la crisis de 2001. Pero si hasta acá era preocupante, todavía hay lugar para más espanto. La tercera característica es que esta deuda se tomó bajo jurisdicción extranjera. Es decir, en caso de litigio, Argentina deberá enfrentarse a tribunales internacionales que raramente fallan a favor del deudor, como ya demostró el recordado juez Thomas Griesa en el conflicto con los fondos buitres en 2016.

La deuda Argentina hoy está principalmente en manos de fondos de inversión y organismos internacionales como el FMI. Este último tuvo tal vez su primer gesto de honestidad (¿o de supervivencia?) en la rica historia que tiene con nuestro país, cuando a principios de año catalogó de insostenible la deuda argentina, dadas las características de la misma, su calendario de pagos y la realidad económica de nuestro país.

La crisis económica, potenciada exponencialmente por la pandemia y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, obligó a los Estados de todo el mundo a aplicar planes de salvataje enormes para frenar la caída histórica de la economía mundial que se estaba gestando desde mucho antes que el coronavirus irrumpiera en la escena pública. A finales de marzo, Estados Unidos, punta de lanza del neoliberalismo, aprobó un plan de estímulo a la economía de 2.2 billones de dólares, el más grande de su historia y más de doble del aprobado durante la recesión de 2008 y está evaluando aplicar uno aún más grande. Este plan contempla ayudas directas a familias, fondos para desempleo y miles de millones en préstamos para las empresas, para tratar de compensar así las debilidades de una seguridad social estadounidense altamente privatizada.

Las medidas adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández van en este sentido, con el fin de desacelerar la caída de una economía que ya venía estancada hace varios años y que la gestión de Mauricio Macri destruyó, con dos años de recesión a cuestas y con pronósticos para el actual año que hablan de una contracción del PBI de hasta el 8%. En el gobierno empieza a ser un problema la recaudación, que se desplomó por el cese brusco de la actividad económica.

El plan económico del gobierno, cuyo monto ya llegó a casi 5 puntos del PBI, promete continuar durante todo mayo y junio, y consiste en beneficios para empresas, como el pago de la mitad de los salarios y la reducción de cargas patronales, créditos a tasas bajas para las Pymes (con bastantes problemas para acceder) y asignaciones de emergencia para familias y monotributistas, como el Ingreso Familiar de Emergencia o los bonos a la AUH y las jubilaciones, solo por nombrar algunas de las medidas encaradas.

Argentina no puede acceder a crédito internacional aun así resuelva la deuda con los acreedores privados, por lo que para financiar este paquete está acudiendo a la emisión monetaria y la reasignación de partidas presupuestarias. El tan discutido impuesto a las grandes fortunas impulsado por el kirchnerismo (hubo un proyecto presentado por el FIT que fue rechazado por casi todo el arco político), todavía no tiene una forma del todo definida y no encontró aún su lugar en la agenda del recientemente reabierto Congreso. Otras grandes fuentes de financiamiento, como aumentar la presión tributaria sobre los bancos, ganadores de todas las crisis, no se barajan por el gobierno, por lo menos públicamente.

A medida que la cuarentena se extendió y la crisis económica se fue volviendo cada vez más grave, hubo que echar mano a otros recursos para reducir los gastos de una economía que no produce. El más notorio fue el acuerdo firmado por las cúpulas de la CGT y la Unión Industrial Argentina, en el que se aceptan suspensiones con una rebaja salarial de hasta el 25%, más allá de que el gobierno cubre hasta la mitad de los salarios de las empresas.

¿A quiénes les debemos?

Muchas veces en la terminología de la deuda, sobre todo cuando su uso mediático corresponde a los intereses de los bonistas, terminamos entendiendo que Juan Pérez le prestó amablemente los ahorros de su abuela al gobierno argentino, este los despilfarró y ahora no quiere devolverlos. Es importante entender quiénes son los fondos que están negociando la reestructuración de la deuda. Por un lado, tenemos a BlackRock, liderado por el banquero demócrata Larry Fink, fondo de inversión que administra 7 billones de dólares, 15 veces el PBI anual de Argentina. Incluso es propietario de recursos naturales: reservas de litio en Australia y México, minas de cobalto en el Congo, gigantescas extensiones de campo en el Amazonas y miles de departamentos. Por otro lado, también podemos nombrar a los fondos de inversores Vanguard, Ashmore, Gramercy y Fidelity, que si los sumamos al primero totalizamos una cartera de 16,5 billones de dólares, lo que a la economía Argentina le demoraría unos 37 años en producir.

Detrás de todo movimiento económico y financiero hay también un interés político que muchas veces supera a los dos primeros. Más allá de hacer negocios con las necesidades de un país, el rechazo a la oferta oficial también responde al interés estratégico de que países como Argentina mantengan una disciplina económica (llámese ajuste), buscando mantener una mayor influencia sobre la política y las decisiones soberanas de un país.

“Miles de auditorías para todos”

Hay que recordar que la negociación actual es sobre un total de 66 mil millones de dólares, apenas un quinto de la deuda pública argentina. A las negociaciones sobre la deuda en legislación extranjera le sobrevendrán las conversaciones con los organismos internacionales de crédito, principalmente el FMI, al que se le deben 44 mil millones de dólares, nuestro segundo mayor prestamista.

Son muchas las aristas que se abren a partir de estas negociaciones. Por un lado, es legitimar una deuda sin poner en cuestión las condiciones en las que fue tomada, los responsables políticos y el fin que tuvo esa deuda, además de la responsabilidad del FMI -que prestó fondos para la fuga de capitales y entregó cuotas por encima de los límites fijados para nuestro país, decisiones que contradicen sus propio estatuto interno- y de los inversionistas privados.

Según Francisco Cantamutto, investigador de la Sociedad de Economistas Críticxs e integrante de la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, poder hacer frente a este acuerdo “da por descontado un crecimiento del país en los próximos años, un aumento de las exportaciones y superávit fiscal. Por más que se aplacen los pagos, la lógica de la oferta tiene que ver con profundizar los sesgos de la estructura productiva que siempre declaramos como insostenibles: el extractivismo, la producción de materia prima para su exportación y la contención del gasto público, justamente cuando venimos de niveles récord de pobreza y hambre que se vieron profundizados por la cuarentena”.

Si desde el gobierno, como expresaron en sus últimas manifestaciones, la prioridad es llegar a un acuerdo, se entiende que Alberto Fernández y su gabinete están dispuestos a ceder más para lograrlo, lo que nos dejaría en una situación todavía peor, sobre todo si tenemos en cuenta que la oferta inicial no puede ser considerada “dura”, ya que superó las expectativas del mercado, lo que se vio reflejado en el alza de las cotizaciones de los bonos de deuda y la caída del riesgo país. A eso se debe sumar que el riesgo de caer en default no parece tan grave cuando se tiene en cuenta que se espera que una enorme cantidad de países se declaren en default.

¿Es la peor opción posible dejar de pagar?

Para Cantamutto, “la mitad de las negociaciones que se han llevado a cabo en las últimas décadas incluyen un default como parte de la negociación. En este sentido, no debe generar miedos ni presiones esa posibilidad. La diferencia está en qué se hace con ese default. Algunas organizaciones venimos insistiendo en la necesidad de suspender los pagos e investigar la deuda, sobre todo teniendo en cuenta que es un contexto de crisis global. Es una oportunidad histórica para detectar aquella parte que sea odiosa e ilegítima”.

Al día de hoy seguimos pagando y reestructurando la deuda contraída durante la dictadura cívico-militar-eclesiástica, deudas privadas que fueron estatizadas, como las del Grupo Macri. A lo largo de los años se le fueron sumando las obligaciones que tomaron los sucesivos gobiernos, hasta llegar a las últimas tomadas por la gestión de endeudamiento compulsivo de Mauricio Macri. Seguir la cadena de pagos, de buenos gestos, de guiños cómplices con los responsables de la debacle económica y social es legalizar el robo de empresarios, políticos, organismos internacionales, bancos y fondos privados de inversión.

Es imperiosa la auditoría sobre la deuda externa y el juicio y castigo para los que lucraron con ella. Tomar deuda no es simplemente contraer una obligación legal, es sumir la política económica y social a los intereses de grupos multimillonarios. Es destinar fondos necesarios para el desarrollo humano, productivo y social del país a cumplir con dichas obligaciones. Ni el FMI ni Larry Fink ni ningún otro acreedor se va a conmover por las muertes por desnutrición de niños y niñas wichis, no van mirar con compasión a la jubilada que no llega a fin de mes ni al laburante que sale en plena pandemia a ganar lo necesario para parar la olla. No van a desesperar por los hoteles porteños estallados de villeros y villeras contagiados por la desidia del gobierno ni van a mirar con pena cómo colapsa el sistema sanitario. La soberanía económica es imprescindible para afrontar las necesidades del pueblo y sustentar la voluntad política de ir hacia un mundo siquiera un poco menos desigual.

Un fantasma recorre las pantallas televisivas: el fantasma del default. El reality show que tiene como personaje principal al COVID-19 solo se interrumpe ante el temor del posible default. Este fantasma nos trae reminiscencias obvias del 2001 y un olor a caos social. Hay dos puntos claves para entender este momento. El primero es la situación económica mundial. En plena crisis global, la cesantía de pagos resultado algo evidente y esperable para cada economía que deba afrontar obligaciones. A su vez, tanto los organismos internacionales como los bonistas contemplan la idea del default en cada contrato que firman con cualquier economía, no es una situación ajena ni extraña a ellos.

La segunda es el resultado del default para nuestra economía. Pagando o no pagando, la economía argentina no tiene perspectivas de acceso al crédito hasta, al menos, 2027, por lo que la clausura al mercado de crédito se dará con o sin arreglo.

El default no debería considerarse como algo terrible. El default es una opción, es una herramienta de negociación y es una posibilidad de soberanía económica. El problema radica en para qué se usa esa cesación de pagos: si como una oportunidad histórica para cambiar de rumbo o para negociar las condiciones de una nueva rendición.

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Por Iván Barrera y Francisco Cantamutto

El contexto post Cambiemos presenta un panorama en el que la palabra crisis no resulta nada nuevo ni fundante. La economía al 10 de diciembre presentaba un decrecimiento sostenido de cuatro años, la moneda sistemáticamente devaluada y nulas posibilidades de acceso al crédito internacional a partir de una economía mega endeudada, pisando el default, por la emisión indiscriminada de bonos y el oneroso acuerdo con el FMI.  El gobierno encabezado por Alberto Fernández fue siempre claro con esta situación y puso como prioridad uno de la agenda del Ministro de Economía, Martín Guzmán, la renegociación de la deuda con bonistas y el FMI.

Sin embargo, a la crisis económica y social se le sumo la crisis global que trajo la pandemia del Covid-19. Es en este contexto de aislamiento social en el que Martín Guzmán se acerca a los tenedores de bonos con el objetivo de lograr un último acuerdo antes de llegar al default.

Luego de la conferencia de prensa del día jueves, el viernes, en el horario que cerraron los mercados centrales, se hizo pública la propuesta de canje de bonos del gobierno. La oferta está centrada en alrededor de un 20% de la deuda pública total, la que se debe a acreedores privados bajo legislación extranjera, es decir, el tramo de la deuda cuya disputa se resuelve en tribunales extranjeros. Este tramo es el más sensible. En caso de no lograr un arreglo, se somete su resolución a las decisiones del exterior y siempre está la posibilidad de que se aplique la ley del país donde se está juzgando y bajo los designios de un juez con intereses espurios o con interpretaciones que no tienen en cuenta las realidades de los países involucrados, como ocurrió con el famoso Thomas Griesa, durante el conflicto con los fondos buitres en el mandato de Cristina Fernández.

Este tramo de la deuda no incluye la que está bajo legislación nacional, es decir, que se resuelve en tribunales locales, no incluye la deuda con los organismos multilaterales como el FMI o el Banco Mundial ni la deuda con otros Estados o grupos de acreedores, como el Club de Paris. Esta deuda se arrastra desde la dictadura, fue renegociada por Kicillof en el 2014 y, debido a la falta de pagos en la gestión Macri, aumentó la tasa de interés a niveles impagables. La propuesta de canje realizada por Guzmán se trata de 21 bonos. 17 de ellos fueron emitidos durante los últimos 4 años y 2 están ligados al canje de deuda del 2005. La oferta es que estos bonos sean reestructurados por otros 10 nuevos, la mitad con legislación en sede de Nueva York y la otra mitad en Londres. Están denominados en euros y en dólares, es decir que no solo se resuelven en el exterior, sino que se pagan en moneda extranjera, con tasas de interés bastante por debajo de lo que se venían pagando, la mayoría de ellos arrancando en 0,5% o 0,6% y aumentando paulatinamente hasta alcanzar un máximo de 4,5%. Como seguramente se coloquen por debajo del valor nominal, esto hace que la tasa real sea motivo de discusión y no los sabremos con certeza hasta conocer la oferta final.

Estos bonos incluyen distintos intereses según los tramos de vencimiento. Todos tienen en común que se dejan de pagar durante 3 años, es decir, se empezarían a pagar cuando esté finalizando el mandato actual de Alberto Fernández y durante los siguientes 3 años tienen una carga baja de paga. La quita fuerte aplica sobre los intereses y no hay quita fuerte en el monto total de capital, con algunos donde directamente no hay quita.

El problema es que del otro lado del mostrador existen acreedores que incluyen fondos de inversión, algunos de ellos que se los puede caracterizar claramente de “buitres”, como son Black Rock, Templeton o Greylock, viejos conocidos de la Argentina , que manejan activos que superan, combinadas entre sí, más de 30 PBI de nuestro país. Por supuesto, este peso lo han hecho sentir en la negociación y, según dijo Alejandro Bercovich, han tenido conversaciones con el ministro Guzmán antes de que se haga pública la propuesta, donde señalaban que estaban en condiciones de esperar que haya otro gobierno afín a sus intereses o incluso sacar al Ministro de Economía en caso de que no les gustara la propuesta. Algún negociador de los fondos llegó a decir que “hacía falta mayor sacrificio”.

En este marco, la negociación de la deuda dejó claro que al menos 3 grandes grupos de acreedores dijeron no estar dispuestos a aceptar esta oferta, a pesar de lo tibio del recorte en el capital y las distintas combinaciones plausibles. Cabe destacar que todos los fondos que estuvieron negociando los bonos en estos últimos días ganarían por el lado del valor actual, es decir, se los pagarían por encima de lo que valen en el mercado. Esto motivó que la primera reacción sea una suba en el valor de los bonos porque se los está tomando a un valor mayor al que estaban cotizando.

Más allá de la discusión sobre la quita total real que deberá contarse al final, aquí vale señalar que se le está otorgando a los fondos de inversión, en un contexto de crisis generalizada, la garantía de que van a cobrar estos bonos de alta probabilidad de impago, aun cuando sea una mora de tres años debido a la magnitud de la crisis que es mundial y la ola de quiebras que se está esperando, no deja de ser un seguro de cobro bastante interesante que revaloriza sus carteras. Claro que si del otro lado siempre van a exigir más de los que deben, de lo que es posible, era de esperar que se fueran a negar a cualquier tipo de oferta, incluso cuando sea una que no les exija una pérdida de capital relevante o significativa.

El apoyo del FMI no debe leerse solo como una nueva lavada de cara del organismo, sino como un interés real de reestructurar una deuda como ejemplo para prevenir otras cesaciones de pagos de otros países altamente endeudados. En ese sentido, la negociación de Argentina podría hacer ceñir en el mundo para ofrecer vías de salida para resolver una crisis que de otra manera sería de una magnitud aún superior.

¿Por qué entonces el gobierno hizo esta oferta, en este contexto de crisis global, con un salvataje que da garantías a los fondos especuladores? Una de las razones tiene que ver con mantener el programa como si la crisis no hubiera ocurrido, algo que se puede deslizar de las palabras del ministro Guzmán que dice que “la oferta es la misma que antes del estallido de la crisis”. Por otro lado, también puede pensarse que, previendo que los fondos buitres no vayan a aceptar en cualquier situación, el gobierno vaya al default pero habiendo demostrado la intención de pago con el apoyo de la comunidad internacional y del FMI, lo cual haría una cesación de pagos muy distinta a la del 2001. ¿Qué significaría esto para nuestro país? No demasiados cambios, es un poco lo que estamos viviendo ahora y es lo que declaró el ministro Guzmán en El Cohete a la luna el pasado domingo también. La situación de falta de acceso a dólares es exactamente la misma que la que estamos viviendo ahora.

Se vienen 20 días de negociación de los bonos que van a ser muy duros en materia de amenazas, desinformación y tergiversaciones de manos de la prensa amiga y los propios fondos que tienen control no solo de la economía sino de gran parte del aparato mediático. Ante ello, debe señalarse que el gobierno está proponiendo un ahorro fiscal de la mano de regularizar una deuda de dudosa legitimidad. Algunas organizaciones seguimos entendiendo que es necesario paralizar el pago de la deuda en este momento para poder auditarla.

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Por Francisco Cantamutto / Fotos Silvina Salinas

Día tras día aparecen nuevos informes que indican una situación de creciente vulnerabilidad, contrarias a las noticias que hace un mes atrás pretendían que se trataba de un problema menor que no requería medidas, cambio que ha forzado que incluso líderes que se oponían a actuar, como Boris Johnson en Gran Bretaña, retrotraigan sus dichos y avancen en medidas que profundizan la crisis económica.

El bloqueo del comercio internacional para evitar el flujo de contagios se replica hacia dentro de los países. El transporte limitado y el cierre de puestos de trabajo generó una fuerte parálisis en la economía mundial, donde las estimaciones cambian semana a semana pero todo indica que va a ser la peor caída de la actividad económica mundial desde la crisis del 30, con una pérdida masiva de puestos de trabajo. Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), cerca de 25 millones de personas perderían su empleo. Para América Latina y El Caribe, la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) estimó que alrededor uno de cada tres personas de nuestra región vamos a estar en la pobreza. Esto va de la mano de la precarización del trabajo y una serie de medidas que los distintos gobiernos están tratando de tomar para contener la crisis de distinta manera.

Pesan sobre ellas diferentes condiciones estructurales, según el país. No es lo mismo aquellos donde el Estado aún mantenía ciertas capacidades de previsión social que hacen que, ante esta situación, puedan llegar económicamente a las personas que dejan de trabajar o que cuentan con sistemas de salud mejor preparados para la pandemia. Aquellos países más afectados por las políticas neoliberales, como España o Italia que, tras la crisis del 2008 y el ajuste de la Troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) han sufrido más los efectos de la enfermedad.

Estas condiciones estructurales e históricas se conjugan con las voluntades políticas de los gobiernos. Por caso, tanto en Estados Unidos como en el más cercano Brasil, el interés por precarizar el trabajo a futuro obliga a sostener la lógica de asistencia a los puestos trabajos, incluso en este escenario. Al no tener el amparo del seguro social ante la posibilidad de enfermarse, aumenta el número de infecciones que a su vez produce que la gente no pueda asistir al trabajo debido a la enfermedad en sí. Una cadena que no tiene ningún sentido, salvo sostener la explotación capitalista a costa de sangre y muertes de quienes vivimos del trabajo asalariado.

En este contexto caótico, es importante señalar no solamente los determinantes estructurales sino el hecho de que la crisis estaba gestada antes de la aparición del coronavirus. La retracción del comercio, la ralentización del crecimiento mundial y la disminución de los flujos de capitales eran algo que venía ocurriendo desde hace unos años a esta parte. El estallido lo aceleró. De hecho, más de 70 mil millones de dólares salieron de los países llamados “emergentes” en los primeros tres meses del año. Esta salida masiva de los países de la periferia produce una desestabilización de las economías, en general muy abiertas por las propias lógicas de las políticas neoliberales, lo cual produce, al mismo tiempo, una mayor precariedad y caída del producto bruto. Esto hace prever que va a haber una fuerte seguidilla de crisis de deudas soberanas, no solo en la periferia sino en los países centrales, lo cual probablemente venga acompañado de una crisis de pagos, incluso en las empresas.

De 2008 a esta parte, por las políticas de relajamiento monetario que hicieron que las tasas de interés fueran muy bajas, las grandes empresas tomaron masivamente deuda para especular en mercados secundarios en la recompra de sus propias acciones u de otras, algo que se conoce como financiarización. Con la retracción de los capitales y los flujos negativos, lo que puede pasar es que haya una crisis generalizada tanto de deuda pública como de deuda privada. Sobre la primera, se han expresado actores como el FMI, recomendando condonar deudas de los países muy pobres, o el Papa Francisco, que recientemente habló de la necesidad de reestructurar las deudas. En el mismo sentido hablaron los líderes latinoamericanos del Grupo de Puebla que señalaron la necesidad de reestructurar por completo las deudas externas.

En este contexto es que la economía argentina, que venía de una profunda crisis legada de las medidas tomadas por el gobierno de Cambiemos, se enfrenta a una crisis de esta dimensión casi sin recursos. La inflación ha continuado su marcha con un repunte en marzo y la recesión que ya se preveía se va intensificar, no se sabe hasta qué punto. Con el paquete de medidas orientado sobre todo a sostener el empleo y llegar a la población más vulnerable a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el gobierno ha tratado de tener una política activa que emule lo que se ha hecho en otros países del mundo con políticas a favor de sostener la economía, en medio de una cerrazón producto de la cuarentena preventiva.

Cabe señalar que aun los fondos no han llegado a las personas más perjudicadas y deberían estar llegando esta misma semana, demorados por una serie de requisitos para inscribirse que han generado varias inconsistencias, como que personas que viven en un mismo grupo familiar o jubiladxs con la mínima o quien tenga un vehículo no demasiado viejo que utiliza para trabajar, no lo puedan cobrar. Se trata de, quizás, no lxs más perjudicados pero en una línea levemente superior, lo que genera situaciones tan específicas que hace que no sean alcanzadxs. En ese sentido, hubiera sido mejor, como proponen algunos expertos como Rubén Lo Vuolo o Corina Rodríguez Enríquez, un ingreso universal sin condición de empleo que hubiera llegado a todos lados con independencia de la condición de origen, eliminando con esto controles y recaudos.

Asimismo, los créditos a las Pymes para pagar salarios han sido bloqueados por los bancos, a los cuales no se les ha aplicado, hasta ahora, presión, en vistas a la renegociación de la deuda externa que sigue su curso, con la presentación de una propuesta para los bonistas el día de hoy. Toda la deuda pública con legislación local, salvo algunos bonos específicos, y en especial los que tiene el ANSES y el Banco Central, han sido reperfilados hasta finales de este año. Sobre los bonos extranjeros, es difícil predecir qué va a suceder, desarrollándose la negociación en un marco de incertidumbre muy fuerte. Con este panorama, el gobierno no quiere aun enfrentarse a los bancos y no tomó decisiones más fuertes sobre este sector, como forzarlos a ejecutar los créditos o, directamente, tomar parte de los fondos que no prestan.

El gobierno, además, emitió un decreto que impide los despidos, el cual ha sido vulnerado por una multitud de grandes multinacionales que nada tienen que ver con la crisis que pueden estar sufriendo las Pymes. Están aprovechando la situación para regimentar hacia abajo las condiciones de trabajo, sea reduciendo salarios a la mitad como hicieron varias cadenas alimenticias, despidiendo y recontratando bajo condiciones más precarias, o transformando el trabajo con formas más desreguladas como el teletrabajo, que no contempla los derechos vinculantes a la actividad. Es, de conjunto, un escenario inestable en el cual se están disputando, en este mismo momento, cuál va a ser el sentido de la salida.

Uno de los problemas centrales de la economía argentina antes del estallido de la pandemia y ligado al gobierno de Cambiemos es el crecimiento exponencial de la deuda pública en los últimos 4 años. No solo creció sino que cambió su composición, siendo ahora mayoritariamente en moneda extranjera y bajo legislación extranjera con acreedores privados. Estos puntos son significativos porque, a diferencia de la composición de la deuda durante el kirchnerismo, implican negociaciones distintas.

La deuda con vencimiento bajo legislación local fue prorrateada hasta finales de este año. Del total de la deuda bajo legislación extranjera, unos 68 mil millones de dólares fueron prestados por privados y el resto por organismos multilaterales de crédito. La negociación con los organismos todavía no es del todo clara pero no resulta urgente para Argentina. Sobre la negociación con los privados, el Ministro Guzmán presentó ayer una oferta que contiene una quita del 5,4% del capital y el 62% de los intereses, con 3 años de gracia para empezar a pagar.

En el contexto actual, donde los bonos cotizan a alrededor de un tercio de su valor, esta quita es bastante liviana y no implica un enfrentamiento con el capital. El hecho de prorratear los plazos de pago, lo cual Guzmán defendió desde el principio, es consistente con un escenario de crisis donde es poco previsible que se pueda pagar antes. Es una oferta muy amigable y aun así parece que no llegaron a un acuerdo con los acreedores. Esto, por supuesto, tiene que ver con que la mayoría son los famosos “fondos buitres” que tienen más del 35% de los bonos, lo cual les da poder de veto para bloquear cualquier oferta.

En un contexto de urgencia de recursos y la necesidad de resolver algunos problemas estructurales, la oferta realizada por el Ministro de Economía llama la atención, puesto que era la oportunidad para avanzar hacia un esquema más profundo de revisión de los términos del endeudamiento argentino. Si los bonistas efectivamente logran bloquear esta alternativa, va a ser más actual que nunca la discusión sobre detener los pagos de la deuda y proceder a una auditoria.

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Por Francisco Cantamutto | Foto de Reuters

Vale recordar que el mundo viene de más de una década de bajo crecimiento, bajo intercambio comercial y elevada financiarización que se expresa tanto en la creciente especulación sobre los precios de los bienes así como en las deudas de Estados y empresas, que se suman al endeudamiento de las familias que ya arrastraban desde antes. Esto se combina en una auténtica bomba de inestabilidad. De hecho, eso es lo que hizo el coronavirus. Hacer estallar una bomba que estaba apagada pero cada vez más cargada de pólvora.

El coronavirus y las medidas de cuarentena lo que hacen es quitar demanda de la economía, frenando la tasa de actividad. Este freno impacta aún más sobre aquellxs que no tienen trabajos estables sino que viven con lo que ganan en el día a día. En el caso de los países centrales esto incluye un montón de gente, siendo los y las migrantes particularmente vulnerables. En la periferia, como es nuestro caso, dependiendo del país, entre un 30 y hasta un 70 por ciento de las personas tienen trabajos informales sin relación de dependencia.

Estas personas deben optar entre sostener su economía o sostener su salud. El desguace del Estado de bienestar de las últimas décadas hace que todos los países estén menos preparados para hacer frente a la pandemia porque los sistemas de salud están más desmantelados, con menos camas y menos medicamentos y con trabajos más precarizados, por lo que no se logra mantener los ingresos sin ir a trabajar.

Fruto de esta caída de la demanda y de la necesidad previsible de moverse hacia activos seguros para protegerse de la caída, los precios internacionales de los bienes se están desplomando, tanto por la pérdida de demanda como por la fuga de los capitales especulativos que habían inflado sus precios y ahora se retiran a activos más seguros. Esto produjo el desplome de los precios de las commodities, por ejemplo, y, al mismo tiempo, el aumento de las tensiones entre los países que empiezan a cerrar sus fronteras y a competir por mercados. Estos dos fenómenos se conjugan en el caso del petróleo. Eso ha hecho que su precio cayera, produciendo una verdadera debacle en las economías mundiales.

Los distintos gobiernos del mundo se enfrentan a la necesidad de actuar para que los efectos de la crisis económica no excedan a los de la propia pandemia. Un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) habla de que se van a perder entre 5 y 25 millones de puestos de trabajo en el mundo, superando a la crisis del 2008. Por si fuera poco, la crisis se va a desarrollar en el marco de una prolongada recesión.

Las respuestas de los gobiernos de los países centrales atravesaron una primera fase ambigua con respuestas poco claras. En el caso de Estados Unidos, la respuesta fue bajar la tasa de interés, utilizando un mecanismo semejante al de la crisis de 2008, que resultó inefectivo para reactivar la economía y además sembró las bases de la crisis actual.

En los últimos días, los distintos países, entre los que se encuentran Italia, España, Francia, Alemania, Inglaterra y el propio Estados Unidos, han comenzado a lanzar paquetes con un contenido, si se quiere, más keynesiano, con el objetivo de tratar de aumentar la demanda que es lo que está alicaída, en vez de seguir sosteniendo rebajas monetarias. Esto implica aplazamientos en el pago de impuestos, moratorias en las deudas con los organismos oficiales, incentivos fiscales directos sobre algunos sectores productivos, el pago de asignaciones o beneficios tanto a quienes trabajan como a quienes no trabajan; todos mecanismos para mantener el poder adquisitivo y preservar los trabajos, de manera que cuando se pase la fase de aislamiento se pueda reactivar la economía. Que la economía mundial va a caer no hay dudas. La pregunta es cuánto.

La única certeza en este escenario es la incertidumbre absoluta sobre lo que se viene. No hay claridad sobre cómo se va a subsanar este elemento y el problema es que estas medidas para reactivar la demanda se enfrentan a este escenario desfavorable pero además a que en este momento la mayor parte de las producciones se estructuran a través de cadenas globales de valor en un contexto donde se están cerrando las fronteras. Esto quiere decir que puede llegar a crecer la demanda y que no encuentre oferta que la pueda abastecer.

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¿Qué pasa con Argentina?

Nuestro país viene de una crisis de estancamiento, inflación, caída de los salarios y mayor pobreza, producto de las medidas tomadas por la gestión anterior. El gobierno de Alberto Fernández, que estaba tratando de renegociar la deuda para poner en marcha un plan de reactivación, ha reaccionado con cierta celeridad a esta crisis. No solo respecto a las medidas preventivas del contagio, sino en relación al paquete económico que puso en marcha, semejante al descripto más arriba que se aplicó en todo el mundo, por un monto total de alrededor del 2% del PBI. Eso se encuentra en línea o por debajo de lo que han hecho otros Estados pero en nuestro caso no hay recursos debido a que no se ha resuelto el problema central del endeudamiento.

En este plano, el programa de reactivación que ha propuesto el gobierno tiene la idea de sostener los ingresos de la gente y para eso ha arreglado con empresas evitar los despidos a cambio de exenciones en moratorias para los pagos de impuestos y haberes de distinta clase. Ha generado un bono para quienes cobran las Asignaciones Universales por Hijo (AUH), jubilaciones y pensiones. Se pusieron precios máximos para 50 productos y se han dado ciertos alivios en relación con las deudas con el ANSES, extendiendo los plazos. Por otra parte, se pusieron en marcha los Programas de Recuperación Productiva (REPRO) y distintas medidas de impulso e incentivos para sostener la actividad. Una llamativa laguna es que no se imponga ningún aporte particular al paquete por parte del sistema financiero, que podría, por ejemplo, lanzar una moratoria o reducir la tasa de interés. Asimismo, éste sería el contexto adecuado para avanzar en la imposición tributaria sobre las grandes fortunas

El paquete de medidas que se ha dado a conocer pone en pausa el problema central de negociación de la deuda. Ante la reinante incertidumbre, los precios de los bonos de la Argentina se han desplomado y el Riesgo País ha superado la barrera de los 4000 puntos, lo que coloca al país en una situación de default ya que sería imposible financiarse con las tasas de interés actuales. Pero a diferencia de lo que ocurría hace unos meses atrás, esta situación ahora es mundial. Al volverse un problema global, nuestro país se encuentra con un escenario donde ni los grandes actores económicos saben cómo reaccionar.

Esto podría dar pie a que algunos fondos buitres aprovechen para comprar más bonos y especular y bloquear aún más la negociación pero a la vez reduce tanto el precio de los bonos argentinos que hace que quitas de capital de muy alto porcentaje sean necesarias para poder negociar. Si los bonos están cotizando por debajo del 30%, como ocurrió en el día de anteayer, esto significa que incluso con una quita del orden del 65 o 70% estos actores estarían obteniendo ganancias de capital. La estrategia de agresividad puede ganar lugar en este contexto.

Queda la duda si será suficiente este paquete de medidas para contener la situación de quienes viven de changas, con trabajos informales, y no necesariamente con el bono de 3000 mil pesos podrán sostenerse. El desmonte de las protecciones sociales hace que se distribuyan beneficios de modo segmentado. Por ejemplo, no está claro qué beneficio recibirá la población que trabaja precarizada como monotributista. A pesar del gran avance que fue la creación de la AUH, es muy difícil contener a estos sectores que se exponen día a día a condiciones ultra precarias de trabajo y a ser contagiados no solo por el coronavirus sino también por otras pandemias como la del dengue que está muy presente en la Argentina.

Qué pasará con este sector social no está claro, ya que las enormes restricciones a la movilidad producto de la cuarentena total ahondan este panorama. Al mismo tiempo, surge la duda de qué va a ocurrir con las tareas de cuidado en este escenario: si habrá un reparto más equilibrado de estas tareas no remuneradas entre varones y mujeres o nuevamente va a recaer sobre estas últimas, con todo lo que ello acarrea no solo con la exposición de la salud en cuanto al contagio sino en relación a la sobrecarga de tareas y las ansiedades y la posible depresión vinculada a los riesgos de esta actividad. Esto es parte de la discusión que una economía distinta tiene que poner sobre la mesa. La crisis del coronavirus no es que bloqueó un proceso positivo que venía dándose, sino que de hecho se monta sobre una serie de desigualdades e inequidades muy fuertes que la crisis exacerbó.

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