Por Lisbeth Montaña

Entre el 15 y 16 de diciembre se desató en Colombia una serie de detenciones contra Teófilo Acuña, Adelso gallo y Robert Daza dirigentes del Coordinador Nacional agrario, una organización campesina de carácter nacional pertenecientes al movimiento social Congreso de Pueblos. Sus detenciones se dan en el marco de una persecución masiva a las organizaciones por parte del Estado colombiano, sus organismos judiciales, policiales y militares para neutralizar las acciones organizativas y sociales que estos dirigentes  vienen desarrollando con el conjunto del movimiento popular en relación la defensa de la vida, en contra de las multinacionales y denunciando el terrorismo de estado que actualmente viene en ascenso, silenciado las vidas de los líderes y lideresas sociales que en lo corrido del año segun Indepaz ya suman 292 asesinatos y 68 masacres perpetradas .^[1]

Una semblanza de quienes son estos tres líderes detenidos y la importancia de su trabajo en el territorio colombiano

Teófilo, Adelso y Robert han sido tres líderes campesinos de vieja data en la que su lucha se ha convertido en ejemplo para el conjunto del movimiento popular desde diversas partes de Colombia ellos han desafiado el poder de las multinacionales mineras y petroleras, han instaurado una defensa por los derechos de los campesinos y campesinas pero además fundamentales en la construcción de escenarios de unidad del movimiento popular y son ellos quienes dieron los pasos más importantes en la construcción del Congreso de los pueblos como movimiento, Adelso en la construcción del movimiento de masas del centro oriente colombiana y Robert Daza en la construcción de un escenario como la cumbre agraria un escenario en el cual se articulan más de 13 organizaciones de carácter campesino, indígena y afrodescendiente, a continuación esbozamos sus perfiles y la importancia de sus roles en la construcción de poder popular y

Teofilo Acuña  y la lucha contra la minería transnacional

En el sur de Bolívar a TEÓFILO ACUÑA, Vocero de la comisión interlocución del sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Sur de Magdalena y procesos de los Santanderes y miembro del Coordinador Nacional Agrario -CNA-. Teo como lo conocemos es defensor de derechos humanos, reconocido líder y representante de  miles de campesinos/as que dependen de la minería a pequeña escala y la agricultura. Dentro de su trayectoria está la defensa de los territorios del impacto de empresas transnacionales como la AngloGold Ashanti, y la creación de alternativas de desarrollo desde las comunidades de la región, sufriendo procesos constantes de persecución y estigmatización

Robert Daza , la defensa del territorio y la unidad

En Nariño a ROBERT DAZA miembro del Comité de Integración del Macizo Colombiano -CIMA- y del Coordinador Nacional Agrario -CNA-. Reconocido por sus actividades sociales y de organización comunitaria, su trabajo se ha caracterizado por la creación de proyectos de transición agroecológica, ejercicio de economía solidaria con las comunidades campesinas, en el marco de la propuesta de territorios agroalimentarios y gobiernos campesinos. Siendo reconocido internacional y nacionalmente por su trabajo político y social.

Adelso , la organización campesina y la autonomía de los pueblos 

De la región del Centro Oriente fue capturado el compañero, líder campesino ADELSO JOSÉ GALLO TOSCANO, miembro de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro –ASONALCA-y del Coordinador Nacional Agrario –CNA-.  Adelso ha participado de las diferentes gestas y luchas que el movimiento campesino en la región y a nivel nacional, al ser vocero en las mesas de interlocución establecidas entre el movimiento social y el gobierno nacional,en el marco de la Cumbre Nacional, Agraria, Campesina, Étnica y Popular,luego del paro nacional del 2014. Ha sido sido destacado líder de la lucha contra las petroleras en Arauca, denunciando la Repsol, la OXY y la BP a nivel internacional  en el tribunal permanente de los pueblos.

El contexto colombiano en el que se están desarrollando las detenciones

En el Informe del Relator Especial de derecho humanos Michel Forst, sobre la situación de los defensores de los derechos humanos^[2] entregado a Naciones Unidas este año, llamaba la atención sobre tres aspectos preocupantes frente a la situación de los y las defensoras derechos humanos en Colombia:

1. El homicidio sistemático de las y los líderes sociales y defensores derechos humanos
2. La estigmatización de los líderes sociales
3. La judicialización de los líderes sociales.

Respecto a esta última preocupación, es una de las estrategias más implementadas por el Estado para perseguir y neutralizar el accionar de los líderes y lideresas sociales ocasionando que la defensa de los derechos humanos se encuentre en permanente riesgo.

Según el comité de solidaridad con los presos políticos, la organización mundial contra la tortura y Cospacc^[1], en los últimos 7 años más 249 líderes han sido señalados y judicializados y en particular desde 2017 esta persecución se ha intensificado y han sido detenidas 43 personas miembrxs activxs del Congreso Pueblos. Dentro de los patrones para generar esta judicialización coinciden varios rasgos:

a) La mayoría de estos líderes y lideresas sociales son campesinxs y defensores medioambientales, ya que su labor está relacionada a la defensa de la tierra y los territorios en oposición directa a megaproyectos de las multinacionales mineras, petroleras y auríferas. Hasta el momento 65% de los defensores de derechos humanos que se encuentran judicializados se encuentra en la categoría de defensores del medio ambiente.

b) Las detenciones también se están realizando en contra de los líderes y lideresas que vienen desarrollando la defensa de los acuerdos de paz entre las FARC Y ELN, sobre todo aquellos que han ejercido una participación activa en las audiencias públicas que abrió el Estado colombiano con el Ejército de Liberación Nacional- ELN para discutir la agenda y el desarrollo temático con la sociedad civil de la mesa de los diálogos de paz en Quito.

c) Las personas que han impulsado el escenario de protesta social y que se encuentran en disputa permanente sobre la concepción de desarrollo en los distintos territorios rurales del país, que actualmente tiene el Estado colombiano y las empresas multinacionales.

Por lo tanto, las detenciones de los 3 compañeros del Congreso de los Pueblos se enmarcan en estos patrones que denuncian las organizaciones de derechos humanos y el informe de ONU. En la que se viene ejerciendo la justicia en contra de quienes defienden el territorio con ánimo de sobre exponerlos mediáticamente y estigmatizar su labor en cada uno de los lugares dónde vienen desarrollando su labor de liderazgo, como es el caso de Julian Gil,  quien después de estar por casi 30 meses privado de su libertad, el pasado 25 de noviembre fue absuelto de los cargos imputados, ya que no se le comprobó ningún señalamiento.

Este tipo de judicialización pretende entonces afectar el buen nombre de cada líder señalado, afectar a las familias y a sus procesos de base y utilizar la justicia para que estos líderes sean procesados fuera de sus territorios atentando contra el tejido organizativo que conforman y lideran.

El llamado de congreso de los pueblos y de las organizaciones sociales y políticas en Colombia a nivel nacional e internacional es que se pronuncien y se sumen al llamado para exigirle al gobierno colombiano para que se brinde todas las garantías judiciales y una veeduría a las audiencias que se instalarán judiciales el día de hoy y mañana en el caso de Robert Daza.

^[1] ver en: http://www.indepaz.org.co/lideres/

^[2]  Ver en: https://undocs.org/es/A/HRC/43/51/Add.1

^[3] Ver en : http://www.comitedesolidaridad.com/es/content/criminalizaci%C3%B3n-de-la-defensa-de-los-derechos-humanos-en-colombia

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Ya se cumplió un año, desde que 13 líderes sociales fueron detenidos y acusados, en primera instancia, de ser los responsables de  las detonaciones ocurridas el 2 de julio de 2015 en las instalaciones de una sede del edificio de Porvenir en la ciudad de Bogotá y de pertenecer a las milicias urbanas del Ejército de Liberación Nacional -ELN-. Aunque la medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación fue levantada, el proceso sigue y las organizaciones sociales continúan llamando el hecho como un “falso positivo judicial”.

Los hechos

Fue la mañana del 8 de julio de 2015, cuando el entonces Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, despertó al país con la noticia de que se habían realizado 15 capturas a milicianos del ELN, y los señaló como responsables de las detonaciones ocurridas días antes a las instalaciones de la sede del Edificio de Porvenir en la ciudad de Bogotá.

Se trataba de David Camilo Rodríguez, Heiler Lamprea, Gérson Yacumal, Paola Andrea Salgado Piedrahita, Lorena Romo Muñoz, Luís Daniel Jiménez Calderon, Félix Mauricio Ariza, Víctor Orlando Ariza, Daniel Eduardo Hernández Muñoz, Sergio Segura, Andrés Felipe Parra y los hermanos Lizeth Johana y Jhon Fernando Acosta.

Luego de que transcurrieron horas y el proceso de legalización de capturas hizo su efecto, los medios de comunicación en Colombia realizaron un show mediático en el que felicitaban al presidente Juan Manuel Santos por la efectividad y contundencia con los que detuvieron a los responsables del atentado “terrorista”. Mientras el día avanzaba los grandes medios radiales, escritos y televisivos resaltaron el hecho de que tres de las personas detenidas fueran contratistas del distrito pertenecientes a la administración  de la “Bogotá Humana”, además castigaban sobremanera que una de ellas fuera un reconocida abogada defensora de los derechos de las mujeres, Paola Andrea Salgado Piedrahita.

Esa noche, dos de esas personas fueron puestas en libertad y 13  continuaron en el proceso de imputación de cargos. Con el pasar de los días, el escándalo mediático continuaba y la Fiscalía aún no presentaba la primera prueba contundente, que indicara la responsabilidad directa de los detenidos con los atentados de Porvenir, tal y como lo señalaron el vicefiscal y el mismo presidente Santos el día de las detenciones.

En medio del proceso, la Fiscalía presentó como material probatorio, fotografías y seguimientos, que según el ente acusador, fueron realizadas meses atrás, así como interceptaciones telefónicas, libros de pensamiento crítico, computadores portátiles, USBs, agendas, celulares, banderas pertenecientes al proceso del Congreso de los Pueblos y de la Red Revuelta e Identidad Estudiantil, procesos estudiantiles, etc., dichas pruebas fueron presentadas por la Fiscalía como contundentes para acusar a los detenidos, ya no de los atentados a la sede Porvenir, sino de participar en un disturbio ocurrido el 20 de mayo de ese en la Universidad Nacional de Colombia, y otras explosiones en 2013.

En medio del proceso, la fiscalía señaló que de los detenidos, 10 de ellos ya no fueron acusados de pertenecer a las milicias urbanas del ELN y tampoco los culpablizaron de los atentados en Porvenir, sólo se les acusó de participar de los disturbios del 20 de mayo en la Universidad Nacional. Para el día 13 de julio la fiscalía, imputó cargos por rebelión, daño en bien ajeno y lesiones personales a David Camilo Rodríguez y Heiler Lamprea.

Ante la acusación inicial, los movimientos sociales y sociedad en general señalaron que si la Fiscalía no tenía ninguna prueba sobre los hechos de Porvenir, ¿quiénes habían sido los verdaderos responsables de este hecho y por qué el Vicefiscal y el Presidente habían presentado a las y los detenidos como responsable de los atentados? Ante este hecho ni el Gobierno Nacional, ni la Fiscalía –y mucho menos la policía– admitió su error.

¿Falso positivo judicial?

Desde el momento en el que se presentaron las detenciones, las organizaciones sociales, movimientos políticos, medios de comunicación alternativos, grupos de mujeres, periodistas, etc., mostraron su solidaridad y organizaron plantones frente a los juzgados de Paloquemao, donde expresaron su descontento frente a los hechos y no dudaron en tildarlo como un “falso positivo judicial”. Se solicitó a la Justicia que respetara el debido proceso, y los nombres de “Lxs 13”, como se los denominó en ese entonces, se popularizaron en las redes sociales con mensajes tales como #LibertadSonInocentes y #LeerNOesundelito, entre otros. Las columnas de opinión del primer fin de semana siguiente a las detenciones giraron en torno al tema, allí importantes personalidades como Alfredo Molano y la misma editorial del periódico El Espectador advirtieron sobre la ‘cacería de brujas’ y las evidentes similitudes de este caso con el contexto de los años 70, en medio de la vigencia del Estatuto de Seguridad de Turbay.

Lo propio hicieron los Senadores y Representantes a la Cámara, Alberto Castilla, Iván Cepeda y Alirio Uribe, quienes  señalaron el hecho como un “falso positivo judicial basado en montajes para demostrar resultados”, e incluso indicaron que había sido un juicio “más político que jurídico, dados los perfiles de defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes de las personas implicadas en los hechos”.

Uno de los focos estuvo en el accionar de la jueza 72 de garantías, Irma Francisca Cifuentes, quien, luego del irregular proceso imputación de cargos, envió a la cárcel a las y los 13 detenidos. Incluso la defensa solicitó realizar una compulsa contra la jueza por posible prevaricato, pues se supo que minutos antes de que tomara la decisión, había sostenido una reunión con un general de la Policía, de lo que se infirió que dicho general posiblemente había indicado la decisión.

De cualquier manera, en ese momento la defensa sostuvo que este caso jamás debió desencadenar en una medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación, por la ilegalidad en la captura y por prejuzgamiento por el escándalo mediático y la información que obtuvieron los grandes medios de comunicación, en medio del proceso. A los escándalos e irregularidades se sumó el del entonces General de la Policía, Rodolfo Palomino –quien actualmente renunció a  su cargo– por trata de personas y prostitución sexual al interior d ella Policía.

El entonces General señaló al equipo de abogados y abogadas de la defensa como “sospechosos” y ante las críticas de la sociedad –pues nunca se comprobó la culpabilidad de las y los 13 frente a los delitos endilgados relacionados con las explosiones de Porvenir–, respondió: “No hemos generado capturas de ángeles. Que tengan trece abogados me llama la atención y también que haya una abogada que fue la que defendió a un sujeto que se llevó a la novia y la entregó al ELN”.

Los delitos endilgados

Finalmente los detenidos fueron enviados a las cáceles de El Buen Pastor y La modelo. En el momento de la imputación los cargos se individualizaron y fueron desde “Rebelión, terrorismo y violencia contra servidor público” hasta “fabricación, tráfico, porte de armas, municiones de uso privativo  de las Fuerzas Militares y violencia contra servidor público”.

No obstante, luego de cerca de dos meses en prisión, y debido a las irregularidades de las capturas y acusaciones, el pasado 11 de septiembre fueron puestos y puestas en libertad, aunque quedaron asociados a la investigación.

Sin embargo, el caso aún no está cerrado: a pesar de que la Jueza Cifuentes ya había dejado el caso para fin de año, se determinaron los días 1 y 2 de agosto como nueva fecha para la audiencia preparatoria del juicio. No obstante aún no se tiene fecha para la nueva audiencia de medida de aseguramiento, por lo que este caso deja puertas y heridas abiertas para 13 militantes sociales, estudiantes, abogadas y periodistas que esperan una resolución mientras la justicia aún cubre irregularidades y desavenencias.

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