Por Ricardo A. Paparás y Matías Calvo Crende * | Foto: RevAcción.

La disputa cultural y de sentidos acerca de la participación del Estado en la sociedad, del valor de lo público y de su contribución al desarrollo nacional, sufrió un nuevo giro pendular en el último tiempo. Cristalizada con el triunfo electoral de la La Libertad Avanza, la visión imperante desde el flamante oficialismo nos ofrece una novedad para un gobierno democrático: la idea del Estado como “organización criminal” que limita las libertades y el desarrollo individual, y que, por lo tanto, debe ser reducido a su mínima expresión o llanamente eliminado.

A partir del 10 de diciembre de 2023, fecha de asunción presidencial, se ha venido sucediendo un conjunto de decisiones, declaraciones, afirmaciones y desmentidas, en la figura del Presidente, sus Ministros y voceros, que han hecho explotar de sobreinformación diaria los medios de comunicación y las redes sociales.

LA ESTABILIDAD DEL TRABAJADOR PÚBLICO

Recientemente el Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sostuvo en una entrevista por LN+ que no tiene claro cuándo surgió y no le parece lógico que el empleado público tenga una estabilidad de la que carece aquel que se desempeña en el sector privado. Esta declaración, que puede tener eco en más de un desprevenido, supone una evidente intencionalidad más que una pretendida ignorancia.

Ciertamente, quienes trabajan en el ámbito privado formal quedan sujetos a contratos de trabajo que pueden ser rescindidos de forma unilateral por el empleador, dando derecho a una indemnización, lo que se denomina “estabilidad impropia”. En la administración pública, en cambio, rige el principio de “estabilidad propia”, ya que no es posible desprenderse de una persona que reside en planta permanente -es decir, que ingresó por concurso-, sin que exista causa fundada. Lo que parece desconocer el Ministro es que la estabilidad del empleado público ha sido objeto de largos debates desde principios del Siglo XX en el mundo, y que en nuestro país está consagrada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional del año 1957. A raíz de ello, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido en sus fallos “Madorrán” y “Ruiz” que, ante aquel despido que carezca de una causa justificada y razonable, corresponde la reinserción del trabajador despedido a su puesto de trabajo, sumando a ello los salarios caídos desde el momento de cesantía y un resarcimiento. 

Ahora bien, ¿resulta caprichosa dicha garantía de estabilidad? La respuesta refiere, en primer lugar, a la singularidad de la función pública, que debe asegurar derechos, garantías y hacer cumplir obligaciones, que en ocasiones tensionan la relación política-administración. En el mundo de las empresas, nadie imagina un directivo cuya tarea no esté en consonancia con su política corporativa. En lo público el escenario es más complejo. Un ejemplo de ello es el derecho a ejercer un reclamo, o la obligación de observar la transparencia y publicidad de las compras públicas. Todo ello requiere un arreglo contractual particular para su funcionariado.

En segundo término, las democracias modernas se basan en la alternancia. Es un tópico muy común señalar conductas clientelistas de tal o cual gobierno que hace ingresar al Estado “militantes”, los que, al llegar el Ejecutivo siguiente, son “limpiados” para ser reemplazados por nuevo personal. Esto es exactamente lo que sucedía a fines del Siglo XIX en EE UU, por lo que se instrumentaron prácticas de este estilo de instituciones, en pos de que los políticos no vean al “Estado” como un “botín” a repartir entre sus adherentes una vez ganadas las elecciones.

De esta manera, la estabilidad del empleado público cumple un doble rol: resguardar al trabajador ante el riesgo de ser sancionado o cesanteado frente a decisiones despóticas de la clase política; y proteger a la sociedad contra el deterioro de la función pública.

RADIOGRAFÍA DEL EMPLEO PÚBLICO

En función de lo antedicho, podemos observar que la cuestión de la estabilidad configura un límite necesario y protectorio ante los fines del gobierno y su afán por reducir el aparato estatal. Sin embargo existen caminos alternativos para lograr ese objetivo. En este sentido se produjo el anuncio de Javier Milei durante el Foro Económico Internacional de las Américas, respecto de la no renovación de 70 mil contratos a término existentes en el Estado nacional.

Para tomar noción de la profundidad del ajuste es necesario dar a conocer la composición de la planta de personal de la Administración Pública Nacional. Distintas estimaciones de centros de investigación en políticas públicas y organismos públicos, coinciden en señalar que en nuestro país: 1) No existe más empleo público que privado; 2) 2 de cada 10 personas ocupadas trabajan en instituciones estatales; 3) La mayoría de los trabajadores públicos se concentra en el ámbito subnacional (provincias y municipios).

Gráfico 1. Trabajadoras/es del sector público en % según nivel jurisdiccional

Fuente: CETyD a partir de OEDE-MTEySS (2023)

En este sentido, el ajuste que lleva adelante Milei encuentra su competencia en materia de despidos sólo en la parte del sector público que corresponde al ámbito nacional. Allí, de manera directa y a través de sus Ministros, en la administración centralizada, pero también, a partir de las autoridades designadas por el Presidente, en la administración descentralizada (ANSES, AFIP, CONICET, entre otros), desconcentrada (INDEC, etc.) y en otros entes (INCAA, etc.). También puede afectar a las empresas públicas, a partir de la incidencia en sus Directorios y, en menor medida, a las Universidades Nacionales, ya que estas últimas gozan de autogobierno.

Gráfico 1. Composición de la dotación estimada por estructura organizativa (Febrero de 2024)

Fuente: INDEC y Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Transformación del Estado y la Función Pública.

Según los datos del INDEC y la Jefatura de Gabinete, desde que comenzó el Gobierno de Milei en el plano nacional el mayor ajuste acumulado lo sufrió la administración centralizada, que se redujo estimadamente un 7,4% frente a un promedio total del 2,6% de Diciembre 2023 a Febrero 2024. En todos los casos, los principales apuntados han sido los trabajadores con contratos sin estabilidad, pero también personal concursado entre 2022 y 2023, con el argumento de que dichos concursos fueron realizados de forma irregular.

Tabla 2. Evolución de la estructura organizativa del sector público nacional

(*) No incluye al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las Universidades, el Servicio Exterior de la Nación, el Servicio Penitenciario Federal y el personal no civil de las fuerzas armadas y de seguridad.

Fuente: Elaboración propia a partir de INDEC y Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Transformación del Estado y la Función Pública.

Sin embargo, la reducción general del Estado no se cumple en todos los ministerios por igual, visto que inclusive para el período de Enero-Febrero 24 hay jurisdicciones que han crecido: la Jefatura de Gabinete de Ministros (1,5%), el Ministerio de Defensa (0,7%) y el Ministerio de Seguridad (0,8%).

Tabla 3. Dotación estimada de la administración pública nacional (total) y centralizada. Febrero de 2024.

Fuente: INDEC y Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Transformación del Estado y la Función Pública.

Respecto al Ministerio de Defensa, que concentra su dotación mayoritaria informada en la administración desconcentrada, vale la pena realizar una ejercicio comparativo. 

En un mes donde algunas instituciones disminuyeron sensiblemente su personal,  como el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (-13%) o el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (-10,1%), la planta civil del aparato militar del Estado creció en todos sus componentes a contramano del país: 35,3% el Estado Mayor Conjunto; 0,7% la Armada; 5,2% la Fuerza Aérea y 1,4% el Ejército Argentino. Es decir, en el marco general de reducir la administración pública hay una redefinición particular de sus funciones. No sólo se trata de achicar al estado a su versión menos que mínima, sino volverlo cada vez más un estado gendarme, ejemplo de ello es el haber desvinculado 282 personas por un lado (179 de ANDIS y 103 de INCAA) y haber incorporado 498 personas por el otro (Ministerio de Defensa).

Tabla 3. Evolución de la dotación de personal de distintos organismos públicos nacionales. Enero-Febrero 2024.

Fuente: INDEC y Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Transformación del Estado y la Función Pública.

EL ESTADO COMO MAL NO NECESARIO

El gobierno desde su asunción ha avanzado en una profunda reducción del gasto público, que incluye una caída real en los salarios estatales del 40% y la no renovación de contratos a término existentes en el Estado Nacional y la insistencia en privatizar empresas públicas. En este contexto, no importa ni la función que cumplen los trabajadores ni la singularidad de la función pública. 

Lo que fundamenta el recorte propuesto es la visión ideológica del déficit cero y la visión anarcocapitalista del presidente, una deformación de la realidad donde el Estado es un mal no necesario. A diferencia de las teorías de la democracia liberal que ven al Estado en su forma mínima como un mal necesario para garantizar el orden en consideración de ideas centrales  tales como que “el hombre es el lobo del hombre” y “es mejor el Estado que la anarquía”, la concepción detrás del ajuste propuesto es la de pensar que la vida en sociedad es posible sin gobierno alguno, merced a que la libertad de mercado es el motor armónico y sin contradicciones de todo desarrollo social.

Pero, a pesar de esta visión, la reducción del Estado no ha alcanzado a todos los sectores por igual. En materia de defensa y seguridad, se ha sostenido y ampliado su presencia, lo que resulta lógico, en atención a la necesidad de regular, mediante coerción, la crisis social inducida.

En conclusión, se achica el Estado, se redefinen sus funciones y se cuestionan instituciones que le son históricamente propias tales como la estabilidad del empleo público.

Será cuestión de tiempo para que en nuestro país, y con un 41,7% de la sociedad bajo la línea de la pobreza (desde hace tiempo en crecimiento y ahora con menor contención social), más tarde o más temprano la realidad redoble la apuesta y las “estadísticas” pongan en discusión los principios de una teoría vetusta y anacrónica.

•  Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

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Por Redacción Marcha

El pasado 1 de abril, apenas un día después de que el gobierno anunciara el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) 329/20, que prohíbe los despidos por 60 días, 25 trabajadorxs que cumplen la función de guías y coordinadores de visitas en el Teatro Colón fueron despedidos ilegalmente por la empresa Eternautas (Goliardos SRL), quien terceriza el servicio de guías al gobierno de la ciudad.

Con la llegada de la pandemia del COVID-19, el mundo del arte, la cultura y el turismo están prácticamente parados. El teatro colón es uno de los principales edificios del patrimonio cultural de la ciudad y además es uno de los atractivos turísticos más importantes, con visitas guiadas cada 15 minutos, las cuales se dan en español y en inglés.

Hemos realizado nuestro trabajo sin ningún tipo de excepción a pesar de cualquier adversidad o irregularidad que dificultaba la realización del mismo. Siempre entendiendo que la gente de todo el mundo merecía conocer al Teatro Colón y su historia. Incluso lo hemos hecho una vez ya declarada la pandemia, poniendo en riesgo nuestra salud, la del resto de los empleados, la de nuestras familias y la de la comunidad, al estar en permanente contacto con público proveniente de países de riesgo por normativa del teatro y la empresa, aseguró en un comunicado el Colectivo de Guías del Teatro Colón.

Las actividades del teatro se mantuvieron hasta el 12 de marzo de este año, solo una semana antes de que el gobierno decretara la cuarentena obligatoria. Desde ese día, la comunicación de la empresa fue nula, hasta el 1 de abril en que fueron despedidxs 25 trabajadorxs, 22 guías y tres coordinadores de visitas. El grupo de empleadxs va de entre los 23 a los 40 años, estudiantes, artistas y profesionales del turismo, son parte del colectivo que de lunes a lunes permiten que alrededor de mil personas lleguen y conozcan el interior del teatro, y que desde el miércoles perdieron su empleo en medio de una emergencia sanitaria.

La comunicación que recibimos por parte de la empresa fue el mail, diciendo que ellos nos iban a dar de baja a todo el plantel de guías y coordinadores, por motivos de fuerza mayor porque no estaban pudiendo pagar nuestros salarios, comentaron para Marcha el colectivo de guías.

Eternauta es una empresa de turismo a cargo Ricardo Watson y Lucas Rentero que brinda servicios de tours por la ciudad y a la que el gobierno de la ciudad paga por el servicio de guías del Teatro Colón. En el telegrama del despido, la empresa aseguró que no había recibido el pago del Teatro desde octubre 2019 hasta marzo del 2020 y que rescindiría los contratos “debido a la emergencia de la pandemia”.

Este caso se suma a otros como el de la Orquesta de José C. Paz, cuyos integrantes fueron despedidxs por la municipalidad. Desde el Colectivo de Guías del Teatro Colón rechazaron las causales esgrimidas y exhortaron a la empresa y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a ajustarse a lo establecido por el DNU 329/20 que ha dispuesto que los despidos y/o suspensiones se encuentran prohibidos y que los mismos ya no producirán efecto alguno.

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Por Vivian Palmbaum 

Barker se ubica a 400 km de la ciudad de Buenos Aires y es una de las localidades del partido de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Sus 7 mil habitantes están en alerta ante la amenaza de cierre de Loma Negra, su principal y casi única fuente de trabajo. La empresa, que se promociona en internet como “líder en la producción y comercialización de cemento en la Argentina”, propiedad de la multinacional brasileña Camargo Correa, sin embargo está haciendo peligrar el sustento de más de 350 familias.

Las y los trabajadores denuncian que los contratos no se están renovando y que existe una paralización intencional de la fábrica de parte de la empresa. “Esto ya nos sucedió en el 2001 y nos convertimos en un pueblo fantasma”, explicaba Martin Isasmendi, secretario general de la delegación Barker de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA). “Nuestra lucha es en defensa del pueblo entero”, agregó. 

Alarma 2001

Sebastian Blanco es trabajador de la empresa Loma Negra y habitante de Barker. Lo entrevistamos para Marcha y relató que un poco después de mediados de marzo pasado le comunicaron al gremio, AOMA, que a cuatro empleados contratados no se les renovaba el contrato y que no iban a reponer los puestos de las personas que se iban jubilando. Esto encendió la alarma de las y los trabajadores, porque la situación se parecía bastante al 2001. “Por ahí parece exagerado que en 300 empleados quieran sacar a cuatro personas, pero nosotros venimos con una herida del 2001 que empezaron igual y de la noche a la mañana sacaron a 80 y la planta cerró”. Ese mismo viernes el gremio convocó con urgencia a una asamblea con todas y todos los trabajadores que decidió para el lunes el inicio de un paro por tiempo indeterminado.

Estuvieron diez días de paro, contaba Sebastián Blanco, “después de los primeros cuatro días sin respuesta la empresa y la Secretaría de Trabajo de Benito Juárez llamaron al gremio a una reunión y ahí nos comunicaron que no iban a reponer los puestos que faltaban y que iban a ir achichando personal”. La continuidad de la medida de fuerza motivó que se llamara a una reunión de conciliación en la Secretaría de Trabajo de la Nación, en Buenos Aires. En una primera audiencia con la Directora de Relaciones Laborales, a la que no asistieron ni el Secretario de Trabajo, ni el de la Producción, tampoco estuvieron representantes de la provincia, les plantearon que se reunieran de manera privada con la empresa, para poder empezar algún tipo de negociación y en allí mismo gestionaron el encuentro para pocas horas después.

“En esa conciliación sale que Barker no les interesa, que quieren cerrar”, expresa Blanco y explica que “después que volvimos del paro, nunca nos dieron tarea, estamos hace muchos días parados. Se paró el horno de Clinker y venimos a estar acá 8 horas sentados”. Ya se hicieron tres audiencias de conciliación, pero aún no se llega a una solución. En algunas participó Dante Sica, Ministro de Producción y Trabajo de la Nación, pero aún no se llega a una solución al conflicto, si bien hasta se acercaron propuestas desde el municipio de Barker para aportar a alguna solución.

El próximo lunes 29 es la fecha de una nueva audiencia de conciliación en la Secretaría de Trabajo de la Nación, donde continuará la instancia de negociación por la fuente de trabajo y de vida del pueblo. Mientras tanto, la empresa no está acatando la conciliación obligatoria, porque la fábrica está parada y Loma Negra mandaba policías adentro de la planta para amedrentar a las y los trabajadores.

No encuentran explicación a la decisión empresarial. Tal como afirmó Isasmendi a los medios locales, “hay menos despacho que el año pasado, pero sólo a nivel local, si uno mira las estadísticas del cemento a nivel nacional se mantienen en valores cercanos a lo que fue el 2015, año de récord histórico de venta de cemento, si bien se está un poco abajo son años buenos. En volumen se habla de 12 millones de toneladas anuales, son buenas cifras. No encontramos lógica a estas circunstancias ni nos dan respuestas respecto de esta decisión”. Lo cierto es que la empresa no ha presentado ningún Procedimiento Preventivo de Crisis que habilite el despido de las y los trabajadores de la planta de Barker, tal como lo establece la ley.

 “Vino a comunicar eso, nos dejó esa bomba y se fue”.

La semana pasada estuvo Mariano Primavesi, del directorio del Loma Negra e hizo dos o tres charlas en cada turno, “llama a 7, 8 personas y les comenta que quien está dispuesto a trasladarse está abierto el traslado a otra planta del país, Olavarría es la más cercana, y el que se quiera jubilar o arreglar está en todo su derecho”. Con mucha angustia Sebastián Blanco nos relató: “nos comunicó que no va marchar el horno, no va marchar la fábrica y que la idea de ellos es que de 300 personas, la fábrica se quede con 20, 30 personas, como fue en el 2001”.

Las y los trabajadores relatan que el traslado implica el desmembramiento de las familias. Blanco contó que está pensando en la posibilidad del traslado, pero eso implicaría dejar de ver a sus hijos que viven en Barker. “Somos 300 familias que estamos a la espera, un pueblo de 6 mil habitantes que vivimos exclusivamente de Loma Negra y una penitenciaria, la UP 37, que se logró traer en el 2001 porque no había trabajo. Es una incertidumbre terrible para todos y todas nosotras”.

Barker es el lugar donde se ubicó el segundo horno de Loma Negra en el año 1950, cuando la empresa se estaba expandiendo y la fabrica de Olavarría ya no podía contener la producción de cemento. “Tenemos el apoyo de AOMA Nacional, están en alerta todas las plantas de Loma Negra del país, todas las seccionales y hemos recibido el apoyo de otros gremios, de las multisectoriales de la región, esto se está masificando”, explicó el Secretario General, Isasmendi y además contó que organizaron un fondo de lucha con la apertura de una cuenta en el Banco Nación, en donde reciben el aporte y la solidaridad de las y los trabajadores.

Todo el pueblo está movilizado para resistir esta decisión empresarial. Desde distintas partes del país vienen sumando su solidaridad frente a esta situación que afecta a las y los trabajadores de Barker pero también a sus habitantes en su conjunto.

Enlace: Pueblo chico,historia grande

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El  gobierno  nacional  desactivó  el  Decreto  de  Necesidad  y  Urgencia  1043/18,  que  había  firmado  en  diciembre  para  frenar  los  despidos.  Flybondi  el  caso  emblemático  con  el  que  el  gobierno  impulsa  la  transformación  en  las  modalidades  de  agremiación  por  empresa. 

Vía libre para despidos

El  Gobierno  desactivó  un  Decreto  de  Necesidad  y  Urgencia  (DNU)  que  frenaba  los  despidos.  Se  trata  del  1043/18  que  era  parte  del  acuerdo  con  el  que  había  sellado  paz  social  para  diciembre  junto  con  el  bono  de  fin  de  año.  Un  decreto  que  duró  poco.

El  Decreto,  publicado  en  el  Boletín  Oficial  el  12  de  noviembre  pasado,  establecía  “un  procedimiento  por  el  cual  las  y  los  empleadores,  antes  de  disponer  despidos  sin  justa  causa  de  trabajadores   y  trabajadoras  con  contratos  de  trabajo  por  tiempo  indeterminado,  deberían  comunicar  la  decisión  al  Ministerio  de  Producción  y  Trabajo  con  una  anticipación  no  menor  a  diez  días  previo  a  hacerla  efectiva”.  Ante  esa  información,  la  cartera  de  gobierno  quedó  facultada  “de  oficio  o  a  petición  de  parte  a  convocar  al  empleador  y  al  trabajador  junto  con  la  asistencia  gremial  pertinente,  a  fin  de  celebrar  (durante  el  plazo  de  diez  días)  las  audiencias  que  estime  necesarias  para  considerar  las  condiciones  en  que  se  llevará  a  cabo  la  futura  extinción  laboral”.

“El  mecanismo  de  informar  antes  de  despedir  no  surtió  ningún  efecto.  Solo  evidenció  la  ausencia  de  una  política  del  gobierno  frente  a  la  crisis  de  empleo  o,  lo  que  es  lo  mismo,  un  permiso  para  que  los  empresarios  despidan  sin  consecuencias”,  afirmó  el  presidente  de  la  Asociación  de  Abogados  Laboralistas  (AAL),  Matías  Cremonte.

El  asesor  de  empresas,  José  Zabala,  de  AMZ  &  Asociados,  confirmó  que  en  los  casos  en  que  sus  clientes  resolvieron  concretar  despidos  cumplieron  con  el  preaviso  ordenado  por  el  DNU  pero  que  en  ninguno  de  ellos  hubo  convocatoria  posterior  de  Producción  y  Trabajo.

Pablo  Smurra,  asesor  de  la  Unión  Obrera  Metalúrgica  (UOM),  dijo  tener  constancia  de  compañías  que  habían  enviado  la  notificación  a  la  repartición  pública  a  la  espera  de  un  llamado  que  nunca  llegó,  por  lo  que  cumplido  el  plazo  de  diez  días  los  despidos  quedaron  ratificados  con  el  pago  de  la  indemnización  correspondiente.

¿Sindicato  narco  en  Argentina?

Tras  el  reciente  reconocimiento  oficial  de  un  sindicato  creado  a  la  medida  de  Flybondi,  su  principal  competidora,  Norwegian  Air  Argentina,   en  el  segmento  de  las  low  cost   también  presentó  los  papeles  para  el  reconocimiento  de  su  propia  organización  gremial.

Norwegian,   una  firma  de  capitales  noruegos   constituida  aquí  para  poder  hacer  vuelos  de  cabotaje,  y  cuenta  con  aproximadamente  150  empleados  y  empleadas.  Hasta  hoy  el  personal  de  la  empresa  no  está  agremiado  y  está  encuadrado  bajo  el  Convenio  colectivo  de  trabajo  de  Comercio.

La  Unión  de  Empleados  de  Norwegian  (UNEN)  será  liderado  por  un  viejo  conocido  del  sector:  Alejandro  Botana,  quien  fuera  ex  secretario  general  de  UALA,  el  gremio  que  nuclea  a  los  pilotos  de  Austral  y  debiera  dejar  su  cargo  en  2016  por  su  cercanía  con  la  gestión  Cambiemos.

Flybondi,  empresa  fuertemente  relacionada  con  funcionarios  de  Cambiemos  también  tendrá  su  gremio.  Así  lo  oficializó  el  Ministro  de  Producción  y  Trabajo,  Dante  Sica,  mediante  la  Resolución  4/2019.

El  secretario  general  de  la  Asociación  de  Personal  Aeronáutico  (APA),  Edgardo  Llano,  se  refirió  al  nuevo  sindicato  para  el  personal  de  Flybondi,  autorizado  por  el  gobierno  nacional  en  tiempo  récord  y  disparó  “el  ministro  Dietrich  no  puede  desconocer  que  al  frente  del  sindicato  que  él  propicia  va  a  estar  un  narcotraficante”.   El  Secretario  General  del  sindicato  de  Flybondi  es  Matías  Miret,  el  piloto  que  estuvo  dos  años  preso  por  volar  el  avión  que  transportaba  una  tonelada  de  cocaína  con  destino  a  Barcelona,  tras  haber  despegado  de  El  Palomar,  con  la  famosa  aeronave  de  los  hermanos  Gustavo  y  Eduardo  Juliá.

Desde  el  ejecutivo,  tal  como  se  revela  en  varios  documentos  periodísticos,  con  la  firma  de  los  ministros  Dante  Sica  y  Guillermo  Dietrich,  se  impulsa  la  creación  de  un  gremio  único  que  recogerá  todas  las  ramas  de  la  actividad  dentro  de  una  única  empresa.  Lo  que  equivale  a  una  transformación  de  la  libertad  de  agremiación  e  implica  una  concentración  en  un  único  gremio,  Flybondi  encabeza  la  iniciativa.

Este  no  es  el  único  vínculo  de  Flybondi  con  el  narcotráfico,  ya  que  su  ex  CEO,  Julian  Cook,  fue  directivo  de  Southern  Winds,  la  famosa  aerolínea  de  las  narco  valijas.

Los  dirigentes  gremiales  Ricardio  Cirielli  (APTA)  y  Pablo  Biro  (APLA)  expresaron  recientemente  que  en  la  industria  aeronáutica  se  sospecha  que  Flybondi  “podría  pertenecer  a  un  cartel  mexicano  del  narcotráfico”.

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El año 2019 se inició con una gran cantidad de conflictos laborales, y riesgo de cierre de fuentes de trabajo. Los augurios para este año electoral no parecen buenos. Trabajadoras y trabajadores resisten las políticas. 

Una gran cantidad de conflictos laborales y cierres de fuentes de trabajo amenazan con extenderse durante el año 2019. Un panorama localizado en distintas partes de nuestro país.

COFCO (ex Nidera) anunció el cierre de la planta de Valentín Alsina, Provincia de Buenos Aires, peligran 200 puestos laborales. La alimenticia impidió el ingreso de las y los trabajadores, mientras informaba el cierre a causa de una supuesta crisis, si bien es una de las grandes exportadoras agrícolas. Desde el sindicato de aceiteros advirtieron que no van a permitir este ataque y que pelearán “hasta las últimas consecuencias”.

Los choferes de las líneas de colectivos 51, 74, 69, 177, 263, 370, 385, 388, 435 y 503 de la firma San Vicente realizaron un paro total de actividades debido al despido de un trabajador. Las y los empleados aseguraron que no volverán a subirse a sus coches hasta tanto se reponga en su puesto al trabajador despedido.

Este viernes las y los trabajadores de Fundición Aguilar de Palpalá (Jujuy) realizaron una marcha rechazando 128 despidos. En Buenos Aires la UOM también rechazó el Proceso Preventivo de Crisis y habría nueva reunión el 8 de enero.

La empresa Pilisar S.A.-Siam se niega a acatar la orden judicial de reinstalación de la delegada Alejandra Vercellino. Ya han denunciado el incumplimiento de la orden judicial ante la Inspección General de Justicia y se mantendrán en lucha hasta el cumplimento efectivo de la   reincorporación de todas y todos los trabajadores despedidos.

En un comunicado, los gremios aeronáuticos anunciaron que recibieron “una citación urgente de la Secretaría de Trabajo, para una reunión el jueves con el fin de resolver la pauta salarial que los llevara a anunciar el día 27 de diciembre de 2018 un paro por tiempo indeterminado. Hoy y al finalizar tres horas de reunión, sin alcanzar ningún acuerdo, el Secretario de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y fijó una nueva audiencia para el próximo 9 de enero a las 13 hs.” De esta manera el Gobierno frenó la medida de fuerza que estaba anunciada, con la temporada veraniega recién iniciada.

La Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSALA), la Asociación de Personal Aeronáutico (APA) y de Asociación Personal Técnico Aeronáutico (APTA) habían anunciado la paralización por tiempo indeterminado de todos los vuelos de la empresa Avianca.

El conflicto surge a partir de la negativa de la empresa a pagar el bono de fin de año acordado por el Ministerio de Producción, las Cámaras patronales y la CGT. Además, la propuesta salarial para 2019, prevé un incremento del 23% en dos pagos.

La firma de maquinarias agrícolas Deutz Agco cerrará durante los primeros meses de 2019 sus plantas de motores y tractores, ubicadas en la provincia de Buenos Aires: se perderán 190 puestos de trabajo.

La cordobesa Dulcor anunció la compra de las plantas mendocinas de Alco-Canale por seis meses. La preocupación de los 190 trabajadores y trabajadoras efectivas y  1.000 temporarios no tardó en llegar. Hay temor por el cambio de firmas y sus implicaciones en relación a “reestructuraciones”  y las cesantías que pudiera ocasionar.

Muchos son los pueblos que tienen sus economías locales atadas a la suerte de algunas industrias que allí se localizan. Tal es el caso de lo que ocurre en Eldorado, #Misiones, donde la multinacional Dass tiene emplazada su planta de fabricación de calzado.

Luego del anuncio de 175 despidos y con reuniones en las que no hubo avances y soluciones, las y los vecinos salieron a la calle a protestar y convocaron a un cacerolazo en  reclamo de las reincorporaciones.

“Es la primera vez en 30 años que en la fábrica no hay ruidos”, explica Marco Meloni, dueño de la textil Filotex ubicada en el municipio de Quilmes, que tuvo que paralizar su producción por la falta de demanda.

La histórica pizzería Roma, en la peatonal Lavalle al 888 de la ciudad porteña, con 60 años de existencia dejó a sus cuarenta trabajadores en la calle. Los dueños tapiaron las puertas para que nadie pueda ingresar.

Este cierre se suma a la crisis que vive el sector gastronómico que cerrará uno de sus peores años. Íconos como Clo Clo y Hermann, son sólo algunos lugares emblemáticos que cerraron sus puertas. Mientras en Puerto Madero, la mayoría pidió Procedimiento Preventivo de Crisis por las obras mientras que en la calle Corrientes, La Giralda sigue buscando comprador porque no puede sobrevivir a los altos costos y la caída del consumo.

La cadena de electrodomésticos Musimundo, en Concurso Preventivo de Acreedores, cerró otros tres locales: Abasto, Caballito y Liniers y despidió a todo su personal, con lo que ya suman 33 las bocas cerradas.

La feliz

Mientras la gobernadora Vidal eligió Mar del Plata para lanzar la campaña política, y la ciudad feliz esperan la llegada de las y los veraneantes un paro de municipales la  pone en jaque.

Desde el municipio confirmaron que desde el 11 de diciembre pasado las y los empleados de todas las áreas realizan una retención de tareas. Durante el año 2018 las y los trabajadores municipales  recibieron sólo un 18% de aumento y exigen al menos un 32% efectivo para llegar a un acuerdo.

Desde la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA) advirtieron la posibilidad de iniciar un paro total de actividades en el primer fin de semana de enero, en plena temporada, en el caso de no alcanzar en las próximas horas un acuerdo salarial con la Cámara de Empresarios de Balnearios Restaurantes y Afines (CEBRA).

“Estamos hablando de entre un 45 y un 50% pero nos ofrecen un 30% y estamos lejos de poder alcanzar un acuerdo”, dijo Luciano Grimaldi, Secretario General del gremio.

La justicia dejó sin efecto el desalojo de 14 trabajadores y trabajadoras de la tradicional confitería Boston  que permanecen desde hace 209 días ocupando el local situado en la zona de Playa Varese.  El propietario del comercio retiró la solicitud para que se produzca  el desalojo.

“Estoy absolutamente segura de que hoy no se llevó a cabo este desalojo por esta masiva resistencia y apoyo que tuvieron los trabajadores por parte de concejales, gremialistas y por los propios marplatenses, que salieron a apoyar para que no se pierdan las fuentes de trabajo”, expresó la abogada de UTHGRA, Selena Marinelli.

Los empleados llevan más de 200 días de lucha, vendiendo al paso café, medialunas, pan dulce y viandas, para poder llevar un plato de comida a sus familias.

Córdoba

Empleados y empleadas de la fábrica de alfajores Estancia El Rosario protestaron por las calles de La Cumbre para reclamar una deuda salarial de cuatro meses y declarar la incertidumbre laboral de sus 34 trabajadores.

Más de 200 obreros fueron despedidos por Vialidad Nacional en el sector donde realiza obras de la autopista de ruta 19, en Córdoba y los trabajos están paralizados.

Tras 64 años, la firma Macoser S.A. dejó de fabricar las clásicas máquinas Singer en su planta de San Francisco, Córdoba. Era la última empresa nacional dedicada a ese rubro que no puede competir con los importados. La paralización total de la producción se concretó el pasado 3 de diciembre.

ATE

En los últimos días de 2018, 50 trabajadores fueron despedidos en las Fábricas Militares de Río Tercero y Villa María,   Córdoba, de Fray Luis Beltrán en Rosario y en sede central. Otros 20 perdieron sus puestos de trabajo en la Biblioteca Nacional.

En respuesta, en el segundo día hábil de 2019, ATE volvió a las calles para rodear de solidaridad a los sectores golpeados y exigir la reincorporación. Además, llamó a construir un Paro Nacional para febrero.

CABA, docentes

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad convocó a la ministra de Educación porteña y los gremios docentes para destrabar el conflicto provocado por la resolución que abrió la puerta al cierre de establecimientos educativos. Las partes firmaron un acta para conformar un cuerpo que analizará la continuidad laboral y la adecuación de la oferta educativa y los planes de estudio.

La reunión entre las y los docentes, funcionarios de gobierno y la Defensoría de la Ciudad, se realizó luego que desde el gremio advirtieran que si no derogaba la resolución ministerial anunciarían medidas de fuerza que impedirían el inicio del ciclo lectivo.

¡¡No al Tarifazo!!

El pasado viernes se realizaron un cacerolazo y protestas en muchas esquinas de la CABA y en diversos barrios bonaerenses, donde en las calles se gritó: “Paso, paso, paso, abajo el tarifazo”.

En Lanús se escuchó el tradicional “Olelé, olalá, si esto no es el pueblo el pueblo dónde está”. En Cabildo y Juramento lo más elegido fue el hit del verano MMLPQTP, que se repitió en casi todas las esquinas acompañada de carteles alusivos como el de “No al tarifazo, luz, agua y gas son impagables”, que mostraban en Parque Chacabuco.

En Triunvirato y Avenida de los Incas un enorme cartel preguntaba “¿Qué porción de tu sueldo se llevan las tarifas?” y en Acoyte y Rivadavia aseguraban que “Los servicios de agua, luz, gas son un derecho”.

El Ruidazo convocado desde las redes sociales, a partir de las 20 hs.  se empezó a sentir     en distintos sitios de la ciudad. Uno de los hastags principales fue #NoAlTarifazo, siempre conteniendo cuestionamientos que se extendieron a varias de las consecuencias más criticadas de la gestión nacional de Cambiemos: “Basta de tarifazos, basta de inflación, basta de inseguridad, basta de corrupción”.

Algunas de las organizaciones convocantes  fueron la Coordinadora de Asambleas Barriales, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Argentina en Red y el Movimiento Comunero.

El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, su par de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, y Pablo Moyano, en su rol de referentes del Frente Sindical por el Modelo Nacional, encabezaron una conferencia de prensa en la que anunciaron la realización de acciones judiciales contra el tarifazo y el comienzo de un plan de lucha con una seguidilla de movilizaciones en diferentes puntos del país.

El cronograma de movilizaciones comenzará el 10 de enero en la Ciudad de Buenos Aires y continuará el 17 en Rosario, el 24 en Mar del Plata y el 31 en Mendoza.

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Después de 60 años en actividad cerró la histórica Pizzería Roma, dejando en la calle a casi 40 familias. Los dueños tapiaron la entrada y enviaron los telegramas de despido. La policía se apostó en la puerta. Como forma de protesta, los y las trabajadoras ocupan el local desde hace 1 semana.

Unos gigantescos bloques de madera tapan la entrada de la emblemática pizzería Roma, ubicada en la peatonal Lavalle, a pocos metros de la Avenida 9 de Julio. El muro, colocado sobre el extenso frente vidrioso, se levantó durante la madrugada del miércoles 26 de diciembre. Ese día, la pizzería abrió sus puertas y funcionó con total normalidad. Un día después, el jueves 27, cuando lxs empleadxs llegaron temprano para cumplir con sus tareas habituales el local estaba completamente tapiado. Sus dueños, Fernando y Daniel Sarlenga, propietarios también de la pizzería Nápoles ubicada en Callao y Rivadavia, no les avisaron nada y comenzaron a mandar los telegramas de despido. Antes les habían dicho que iban a cerrar desde el 2 de enero por reformas. Ahora se rehúsan a hablar con los y las trabajadoras. En total, casi 40 familias quedaron en la calle de un día para otro.

Ante el abandono de los patrones, y en reclamo por la continuidad laboral, las y los trabajadores entraron y ocuparon el local. “Nos habían dicho que iban a cerrar por reformas pero nos echaron a todos”, contó el delegado de la pizzería Rubén Torres. Con más de 60 años en el rubro gastronómico, Roma bajó sus persianas en un contexto de ajuste y recesión económica. “Hay muchachos con 20 o 30 años de antigüedad. Muchos compañeros son grandes, algunos con más de 60 años, a punto de jubilarse”, describió Torres. “A muchos les duele tener que afrontar este mal momento, sabiendo que todo aumenta y la plata no alcanza”, agrega Sandra, con total crudeza y sensatez, una de las cuatro mujeres que fueron echadas.

Mientras el presidente Macri está de vacaciones en Villa La Angostura, el año cerró con números francamente preocupantes en materia económica. Pese a esto, durante su descanso en el sur patagónico, el presidente se aumentó el sueldo a él y sus ministros, un 25% a efectuarse entre enero y febrero de este año. El Jefe de Estado también les subió el salario y los montos a los funcionarios de primera línea en concepto de viáticos. Como Macri estaba lejos de Buenos Aires, el decreto 1198/2018 se firmó a través de un expediente electrónico. Fue el 28 de diciembre, casualmente, el día de Los Santos Inocentes.

En Argentina la desocupación crece a ritmo acelerado. La tasa de desempleo llegó al 9% y en algunas provincias ya superó los dos dígitos, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Para el 2018, el gobierno había anunciado un crecimiento económico del 2%, una inflación controlada en torno al 15% y un dólar estable cercano a los 20 pesos. Lejos quedaron de todas esas estimaciones. Las políticas del Poder Ejecutivo, con el aval del Congreso, empeoraron el escenario y la crisis se agravó hasta el punto de endeudarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los principales actores desencadenantes de las crisis política, social y económica del 2001. El resultado de ese pacto fue desastroso y la inflación del año pasado estuvo cercana al 50%. Además, el dólar alcanzó los 40 pesos, apareció el fantasma del riesgo país y los tarifazos volvieron a golpear a la población.

Ayer se cumplió una semana de la toma de la pizzería Roma. Cocineros, mozos y lavacopas pasaron juntos el 31 de diciembre, en el local tomado. Por primera vez en su vida, estuvieron lejos de sus casas, de sus seres queridos. No hubo brindis con sus padres, ni besos con sus parejas, ni saludos con las y los vecinos, ni abrazos con sus hijxs. Sus familiares pasaron para verlxs pero no hubo contacto. Ellxs adentro, la visita en la vereda, y en el medio los policías que todo lo controlan en la puerta. Esa última noche de 2018, en silencio, comieron unas empanadas y bebieron unas gaseosas que les alcanzó la gente del sindicato de Pasteleros. De vez en cuando, algunx rompía en llanto.

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La violencia que sufren las y los trabajadores, con situaciones de represión y persecusión, también produce muertes en los lugares de trabajo. La situación de las trabajadoras de la Linea 144 desbordadas por la demanda y precarizadas en su trabajo.

Cresta Roja: promesas incumplidas y brutal represión

El viernes, la policía de Macri y Vidal reprimió brutalmente en las puertas de la Planta II de Cresta Roja,  de Esteban Echeverría,  mientras las y los trabajadores se encontraban reclamando por sus puestos de trabajo y pago de deudas.

Las fuerzas represivas desataron una cacería disparando balas y gases en el barrio San Ignacio, irrumpieron en casas y detuvieron ilegalmente a vecinos y trabajadores. Denuncian que la bonaerense se negó informar  sobre el paradero de los detenidos mientras los retuvo incomunicados durante horas dentro de la Planta, como si fuera un centro de detención.

Minutos antes de la medianoche, mientras sus compañeros se encontraban frente a la avícola en medio del barrio,  que sigue militarizado, exigiendo su inmediata libertad, se conoció que los cinco detenidos fueron separados y alojados en las comisarías 2º y 8º de Lomas de Zamora. El sábado serán trasladados al Polo Judicial de Esteban Echeverría para tomarles declaración.

Los trabajadores exigen a la gobernadora Vidal que cumpla lo que dijo cuando reinauguró la planta en 2016: “que los obreros de Cresta Roja volvamos a trabajar”.

Esta represión y cacería fue ejecutada por la Policía de Vidal y Ritondo que son responsables de la muerte de diez personas a raíz de un incendio en una comisaría del mismo municipio cuyo intendente es Fernando Gray, y que estaba clausurada desde marzo.

Caídos en servicio

Tras la noticia del fallecimiento de Maximiliano Tadeo Costa, trabajador del área de Forestales de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, ATE Senasa Capital convocó una asamblea para discutir las condiciones laborales y construir un paro en el sector, en memoria de todxs los compañeros que fallecieron producto de las políticas de ajuste y despidos.

Según sus compañeros y compañeras,  que participaron de la asamblea, Maximiliano, de 32 años de edad, estaba sobrepasado de deudas, su sueldo cada vez le alcanzaba menos para cubrir sus gastos cotidianos y expresaba el temor de perder su empleo a fin de año.
Además, denunciaron el caso de Roberto Billard, quien falleció hace 20 días por un infarto en la misma Secretaría, y denunciaron que el desmantelamiento del servicio médico y la falta de equipamiento mínimo, como un desfibrilador portátil, imposibilitaron que Roberto reciba atención rápida y efectiva.

Carina Maloberti, delegada de ATE SENASA, afirmó: “Nos podemos hacer las distraídas pero Maxi no eligió la plaza ni su casa para quitarse la vida, eligió el lugar de trabajo”. En ese sentido, remarcó las condiciones de precarización laboral, los despidos y el ajuste que viene sufriendo el organismo y la violencia laboral que golpean en la vida de cada trabajador y trabajadora. “No está en riesgo solo el trabajo, aunque es muy importante, sino que están en riesgo nuestras vidas”, expresó.
El viernes, tras dos años de existencia, el espacio “Basta de Asesinatos Laborales” realizó la presentación del primer informe anual sobre muertes laborales. Fue en la sede del gremio Ademys (docentes) de la CABA.

Violencia laboral de género

Mientras Mauricio Macri, twittea que “el compromiso es trabajar para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres”, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires mantiene tercerizada la Línea 144,  una de las pocas herramientas que ofrece el Estado para ayudar a las mujeres a escapar de situaciones de violencia.

En la Línea 144, la bronca se organizó a partir de cinco despidos en el Equipo de Seguimiento de Casos, una segunda instancia de atención para los casos más complicados. La organización se transformó en lucha: realizaron paros para exigir la reincorporación de las despedidas, una permanencia pacífica en la Secretaría de Derechos Humanos; participaron de la asamblea de trabajadoras despedidas de la empresa Télam, articularon con el colectivo “Ni Una Menos”, encabezaron la marcha del 3J. Sufrieron sanciones y descuentos al salario, pero lograron la reincorporación de dos compañeras. El objetivo de María Eugenia Vidal es disciplinarlas, ya que quieren privatizar la Linea 144 para beneficiar a una empresa, mientras que las trabajadoras exigen la estatización y la mejora en las condiciones laborales.

Esta semana estallaron las líneas por los llamados de mujeres para contar situaciones de abuso sexual. Lo hacían “por primera vez en su vida. Fue impactante”, declaró Malena Maturano, la única trabajadora que está en la planta del Estado. “Si se trabajara la Ley de Educación Sexual Integral con mayor profundidad, estas situaciones deberían poder hablarse en el espacio escolar”, agregó.

Por otro lado, denuncia que en el turno con mayor atención, llegan a ser 10 operadoras para toda la Provincia de Buenos Aires y que si se destinara más dinero, para contratar más operadoras, podrían atender mayor cantidad de llamadas.

Como dijeron las #ActricesArgentinas, no se trata de denuncias individuales. Se trata de miles de mujeres que a partir de sus vivencias concretas, cuestionan un sistema social que se asienta sobre la violencia hacia las mujeres, sobre la precarización de sus trabajos, sobre la cosificación de sus cuerpos, sobre una justicia patriarcal, sobre la hipersexualización de mujeres y niñes en el espectáculo.

Pero claro, el compromiso de Macri para erradicar la violencia, todavía no llegó a la provincia y se parece mas a una expresión de deseos.

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En los últimos 30 meses, nuestro país perdió un puesto laboral cada tres minutos, sea por despidos, suspensión o retiro voluntario. En Santa Fe cerraron, en ese mismo período, tres empresas por día. Se estima que por cada puesto laboral en blanco que se pierde, desaparecen cuatro puestos “en negro”.

El diputado provincial Leandro Busatto presentó a principios de agosto el informe “Cierre de industrias y despidos en Santa Fe”. Ese trabajo expone que entre diciembre de 2015 y junio de 2018 cerraron en la provincia de Santa Fe un total de 2.726 empresas. Un promedio de 91 empresas por mes. Tres empresas por día.

“Cambiemos está destruyendo las industrias santafesinas. Los aumentos tarifarios decididos por el Ejecutivo nacional, que fueron acompañados sin titubeos por la administración provincial, sumados a la devaluación de los últimos meses, dispararon los costos de producción de industrias que, encima, deben afrontar la apertura indiscriminada de las importaciones”, afirmó Busatto. Y puntualizó que “el desplome del poder adquisitivo de la clase media afectó los niveles de ventas, por lo que el ajuste macrista selló la suerte de 2.611 locales comerciales sólo en la ciudad de Rosario”. Para Busatto, “esas políticas afectan a la provincia de norte a sur, de este a oeste, en cada pueblo, cada ciudad. En ninguno de los 19 departamentos hay más empresas registradas que en 2015”.

El informe consigna que sólo en el departamento Constitución existen hoy 67 empresas menos que en diciembre de 2015; el departamento General López perdió en el mismo período 192 empresas; el departamento Caseros cuenta con 69 empresas menos; mientras que los departamentos San Lorenzo y Rosario perdieron 58 y 1.196 empresas respectivamente en estos 30 meses.

Entre Electrolux, General Motors y Helvética suman 2.500 suspensiones

En medio de la crisis económica y el ajuste de Cambiemos las patronales de estas empresas, con el aval de las direcciones sindicales peronistas, suspendieron a miles de trabajadores industriales de Santa Fe.

En julio un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) relevó los casos de despidos y suspensiones en el período enero-junio 2018, que sumaron más de 4.000 por mes, cifra que implica un aumento del 17 % con respecto al mismo período del año pasado.

En ese marco, la firma de electrodomésticos Electrolux dio licencia a todo su personal, la empresa automotriz General Motors dio también inicio a un esquema de suspensiones rotativas y la empresa productora de vehículos acoplados Helvética paralizó su producción hasta fin de este año. Así, la crisis generalizada se concentra principalmente en la provincia de Santa Fe.

En Electrolux, la patronal decidió adelantar las vacaciones,  de 1.000 trabajadores y trabajadoras,  durante todo el mes de octubre. Cabe recordar que el año pasado despidió a 80 trabajadores y trabajadoras.

Por su parte, en General Motors suspendieron de manera rotativa a 1.400 trabajadores y trabajadoras que solo están cobrando el 70 % de sus sueldos. Y en la fábrica de acoplados Helvética suspendieron a 90 operarios y operarias, pagándoles la mitad de su salario.

En julio pasado, la UOM Rosario y las fábricas de línea blanca firmaron un convenio para evitar despidos y suspensiones. “Estamos moviéndonos por todos lados para frenar despidos y suspensiones hasta diciembre en diferentes empresas”, dijo el líder local de los metalúrgicos, Antonio Donello. Sin embargo, frente a estos nuevos ataques hacia las y los trabajadores las direcciones sindicales los dejan pasar, incumpliendo lo pactado. Es evidente que la UOM se ha puesto a tono con el gobierno y las empresas para perjudicar a los trabajadores y garantizar sus propias ganancias.

La ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, explicó que en la provincia hay 170 empresas en Procedimiento Preventivo de Crisis. El universo de trabajadores y trabajadoras alcanzadas por ese sistema de conciliación llega a 15.000.

La crisis económica que atraviesa la Argentina como producto de la política llevada adelante por el Gobierno de Mauricio Macri,  y sus aliados, golpea duro a los y las trabajadoras. En ese escenario, la dirigencia sindical peronista también juega un rol clave cuando dejan pasar las suspensiones y despidos. Los kirchneristas que dirigen estas seccionales solo piensan en juntar votos para 2019.

Esto sucede en sintonía con el FMI que busca profundizar un paquete de condiciones para el ajuste entre los que exige más desocupación, tarifazos, ajuste y otras tantas miserias para el pueblo.

Con despidos y suspensiones las empresas profundizan el ajuste en Santa Fe

Las y los trabajadores,  de la rama metalúrgica,  son los más golpeados por estos ataques. Metalsur, carrocera de Villa Gobernador Gálvez, es otra empresa que impulsa un esquema de suspensiones rotativas,  durante un mes,  de los 400 operarios de la planta. El sindicato metalúrgico firmó la paz social con la patronal, la que incluye la imposibilidad de despedir hasta fin de año. Sin embargo,  se habilitan los retiros voluntarios, que son despidos encubiertos.

La metalúrgica Bambi también suspendió a todo el personal, y en Liliana electrodomésticos despidieron a 20 operarios.

Estos ataques se suman a los que llevaron adelante Mefro Wheels y Vassali. El fabricante de llantas Mefro Wheels cerró sus puertas y dejó en la calle a los más de 170 operarios y operarias. La UOM aboga por que aparezca un interesado en comprar la planta y las y los trabajadores aún se encuentran a la espera, después de casi dos años de que la multinacional alemana se fuera.

Vassalli aún adeuda un promedio de 100.000 pesos a cada uno de sus casi 400 trabajadores, y aún no está claro si la empresa va a seguir funcionando. La accionista mayoritaria Mariana Rossi Vassalli asegura que, una vez que recupere la totalidad de las acciones que había cedido a tres empresarios,  hace algunos años, saldrá a buscar inversores para aumentar la producción.

En la metalúrgica Dasa, también de Firmat, los y las operarias se encuentran en conflicto con la empresa hace casi dos meses a raíz de que no está pagándoles el salario. La propietaria amenaza con el cierre de la planta.

Las patronales aceiteras vienen lanzando ataques en distintas empresas. Comenzaron por Cargill,  de Villa Gobernador Gálvez y Punta Alvear, donde luego de un largo conflicto lograron el despido de 49 operarios, con dos lock-out patronales incluidos.

Luego siguieron por Molinos Agro, que suspendió a toda la planta y abrió los retiros voluntarios. Jefes y gerentes vienen apretando a las y los trabajadores para que acepten irse con el retiro. Les dicen que la reducción es una decisión tomada para la empres:  o aceptan los retiros o los van a despedir en poco tiempo más, pero se irán con menos plata en el bolsillo. Una verdadera extorsión.

Por su parte Bunge Ramallo en julio despidió a 84 trabajadores y trabajadoras. Nuevamente en Cargill hay amenazas de suspensiones y despidos, con la intención de eliminar un turno.

En el fabricante de cafés La Virginia vienen repitiéndose despidos antisindicales, en el marco de una brutal reducción de la planta en los últimos años. Entre las operarias y operarios hay temor a nuevos despidos.

En Fabricaciones Militares de Fray Luis Beltrán hubo  49 despidos en agosto, que se suman a los 36 del año pasado, y los directivos de la empresa amenazan con que habrá más. En esa misma localidad el intendente recién asumido despidió a 11 trabajadores a comienzos de este año, y aún 7 pelean por su reincorporación.

La petroquímica Dow Dupont, de Puerto San Martín, en junio cesanteó a 22 operarios y operarias, que luego de un largo proceso de negociaciones,  con la intervención del Ministerio de Trabajo, se mantuvieron bajo la figura de retiros voluntarios.

Otros casos de ataques contra los y las trabajadoras,  en el cordón industrial de San Lorenzo, son los de la petroquímica IDM, la petrolera Oil y la aceitera Buyatti. IDM afirma que se encuentra en crisis y hace algunas semanas despidió a dos delegados.

Oil y Buyatti se encuentran paralizadas y sin certeza acerca de su futuro. La petrolera Oil está en un largo proceso de remate judicial,  para poder ser comprada por otra firma. Si bien hay varias interesadas, lo más atractivo para las potenciales compradoras resultan el puerto y las bocas de expendio de combustible, no así la refinería. Eso podrá implicar la pérdida de unos 200 puestos de trabajo de los 400 que hoy existen.

En el caso de Buyatti la familia propietaria de la empresa aún no definió si la venderá, si alquilará el inmueble o retomará las tareas. La incertidumbre es total para los más de 120 trabajadores de esta aceitera.

En la fábrica de motos Guerrero también se rumorea que podría haber despidos entre las y los 200 operarios que trabajan allí.

La agroquímica Síntesis Química, localizada en Fighiera, suspendió a todo el personal hace tres meses, sin goce de sueldo. La patronal se fue y los 40 trabajadores permanecen tomando la fábrica.

¿Empresas en crisis?

Muchas de las empresas que están llevando adelante estas medidas alegan crisis por una reducción en las ventas y por el aumento de los costos operativos debido a los tarifazos, la importación de materia prima y otros componentes para la producción, que se encarecieron con el aumento del dólar. Según testimonios del ministro de Trabajo Julio Genesini, unas 200 empresas radicadas en Santa Fe solicitaron el Procedimiento Preventivo de Crisis, que entre otras cosas facilita las rebajas salariales, la reducción de aportes laborales, las suspensiones y los despidos.

Las patronales toman estas medidas, en acuerdo con las direcciones sindicales y el visto bueno del Ministerio de Trabajo provincial, con la excusa de que están haciendo lo posible para no despedir. Este engaño les sirve para despedir y suspender de manera encubierta: con retiros voluntarios, que de voluntarios no tienen nada, los y las trabajadoras son presionados y extorsionados para acogerse a estos falsos retiros o también con diferentes modalidades de suspensión como la rebaja salarial, el banco de horas para devolver las horas  cuando a la patronal le convenga, o mediante el adelanto de las vacaciones, como Electrolux.

Todos estos artilugios lo realizan las empresas a costa de no perder ni un centavo de sus ganancias, mientras llevan adelante prácticas de flexixbilización,  explotación y degradación de la vida de miles de trabajadores y trabajadoras que fueron despedidas,  que tienen que hacer malabares para sobrevivir con los recortes salariales y con el miedo, como constante,  de quedarse en la calle. Si estas empresas realmente están en crisis tendrían que abrir sus libros de contabilidad y demostrarlo, para que muestren qué hicieron con las enormes ganancias de todos estos años.

El paro convocado por la CGT y las CTA para el martes 25 de septiembre expresó la bronca que existe por abajo, por los durísimos ataques que viene recibiendo la clase trabajadora con tarifazos, inflación, despidos y suspensiones. Esa bronca organizada es la fuerza para pararles la mano y pelear para que la crisis no la paguen los y las trabajadoras, sino los que la generaron: las y los empresarios y el gobierno de la alianza del FMI-Cambiemos.

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En un contexto de ajuste, y bajo la injerencia del FMI, 50 personas fueron despedidas de la fábrica de zapatillas Gaelle. El gobierno de Macri elevó la tasa del desempleo al 9,6 por ciento, el índice más alto de los últimos 12 años.

Voces trabajadoras

Claudia está embarazada. Sentada sobre una banqueta en la entrada de la fábrica, golpea una lata de membrillo vacía con un palo de bombista. “Yo hace 23 años que laburo acá pero ahora me encuentro en la calle, con mi hijo de seis meses en la panza y sin indemnización”, cuenta la mujer que cada mañana junto a sus compañeros y compañeras se  concentra en la puerta de la planta para reclamar por sus puestos laborales.

“Sin actividad” decía el cartel que los dueños colocaron en la puerta de la planta, ubicada en el partido de Avellaneda,  el 22 de agosto. Así fueron despedidas esa mañana las últimas 50 personas que aún estaban trabajando. Durante ese mes hubo 6233 nuevos despidos y suspensiones en todo el país, casi el doble de los que se registraron en el mismo período del año anterior.

“Llegamos y estaba cerrado”, recuerda Jorge Villalba, que tiene 11 años de antigüedad en la empresa. “Nosotros ya dimos todos los pasos legales. Fuimos al Sindicato del Calzado (UTICRA), fuimos al Ministerio de Trabajo, y hablamos con todos,  porque nosotros pretendemos laburar. El problema es que este tipo viola la ley porque se aprovecha de la situación del país”, explica Villalba.

“Yo entré a los 17, este fue mi único trabajo”, se lamenta Melisa García. “Pase por todo, por todos los gobiernos, las gestiones, y esto es humillante, nos echaron de un día para otro”, agrega.

Carlos Boulaine vive en Monte Grande y tiene 25 años como trabajador de Gaelle. “Hace un cuarto de siglo que estoy acá y de repente me encontré sin laburo y en la calle”, dice angustiado. “Y yo ahora la veo complicada. Nunca me imagine terminar así, protestando en la puerta de mi fábrica. Uno siempre piensa que va a jubilarse. Encima no hay laburo, con este tema del gobierno y el ajuste no le veo una buena salida”.

La empresa Gaelle, propiedad de José Lopes, está ubicada en la calle Brasil 373 de la localidad de Piñeiro, partido de Avellaneda. Inició sus actividades en 1982. “Hace más de 30 años que nació la fábrica Gaelle, una ilusión que busca el perfecto equilibrio entre calidad y precio” puede leerse en el portal de la marca de zapatillas que hasta hace pocos días estaban produciendo para el mercado local.

Desocupación creciente

Según justificaron las autoridades de la empresa el impacto negativo en las ventas y la apertura de las importaciones derivó en esta drástica situación. También el sindicato, Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina, denuncia que se han perdido unos 6000 puestos de trabajo en el sector como consecuencia de la apertura de las importaciones. Pero las cesantías habían comenzado ya en mayo de 2016, cuando desvincularon a cientos de operarios.

En un contexto de ajuste y devaluación, junto a las recetas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, FMI,  bajo la gestión del presidente Mauricio Macri el desempleo alcanzó un nuevo récord y llegó a 9,6% en el segundo trimestre de 2018. Mientras que en el conurbano bonaerense la cifra actual supera los 12 puntos. En igual período del año 2017 la tasa alcanzaba el 8,7%. El indicador de la desocupación actual es el más alto de los últimos 12 años,  que sólo fue superado por el registro correspondiente al primer trimestre del 2007 que era de 9,8%.

Entre las más afectadas por estas políticas de gobierno se encuentran las mujeres con el 10,8 % de desocupación. Si a esto se agrega la creciente precarización laboral, que genera la disminución del trabajo y el empleo mal llamado informal, la cantidad de personas que se hallan en una situación de vulnerabilidad crece a cada instante. Mientras tanto el gobierno ha  desaparecido al Ministerio de Trabajo, una paradoja o un signo de estos tiempos de disminución del trabajo y de los derechos laborales, favorecido explícitamente por el gobierno nacional. Como respuesta esta semana, el 24 y 25 de septiembre,  frente a estas políticas de ajuste y disminución del empleo se produjeron multitudinarias movilizaciones de protesta en todo el país, y el paro nacional de 36 horas de CTA y de 24 hs. que dictó la CGT, que movimientos sociales y agrupaciones de izquierda acompañaron de medidas activas de visibilización.

Una situación que se repite de manera cotidiana, mientras se incrementan las protestas de las y los trabajadores.

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Con ollas populares y paro de estatales la semana pasada tuvo amplio protagonismo de las y los trabajadores en las calles de todo el país. También trabajadores de Astilleros Rio Santiago alcanzaron un acuerdo luego de la movilización y toma. Las y los trabajadores de salud del Hospital Posadas denuncian amenazas y despidos,  mientras se desmantelan las prestaciones que garantizaban el derecho a la salud. 

Paro nacional de estatales y movilización de organizaciones 

En más de 100 cortes en todo el país, con marchas y ollas populares, los y las trabajadoras de ATE y la CTA-A, junto a diversas organizaciones sociales, realizaron un contundente paro nacional y una jornada de lucha contra la política de ajuste y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por un Estado Soberano, con Trabajo y Producción.

En la Provincia de Buenos Aires se destacaron las acciones en La Plata y Zárate, con las luchas en defensa del Astillero Río Santiago y Atucha. En Mar del Plata, las y los trabajadores estatales,  marcharon por la ciudad acompañados de nutridas columnas de organizaciones sociales.

En los accesos a la Ciudad de Buenos Aires se vivió un clima de tensión, tanto en la zona norte como la zona sur. En la zona norte, en el cruce de Av. Constituyentes y Gral. Paz, del lado de capital, se realizó un imponente corte de trabajadores y trabajadoras de organismos de Ciencia y Técnica, junto a estudiantes, organizaciones sociales y gremiales de la región norte, realizaron una asamblea.

A pesar de los intentos de las fuerzas de seguridad la actividad se inició con una marcha que partió de INTI y atravesó el corredor tecnológico de la colectora,  y se fueron sumando las columnas de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y de estudiantes y docentes de la Universidad de San Martín, entre muchas otras.

Al mismo tiempo, en la zona sur,  en el Puente Pueyrredón hubo un amplio despliegue de la Prefectura Nacional para intentar contener la marea humana que llegaría en horas del mediodía al Obelisco porteño.

En la CABA además hubo protestas en el Hospital Durand, en la zona de Hospitales en Parque Patricios, frente a Agroindustria; los trabajadores de la Cultura hicieron una marcha fúnebre, los jubilados se manifestaron frente al ANSES,  contra el uso del Fondo de Garantía y Sustentabilidad ordenado por el FMI, entre otras. Las distintas actividades estuvieron signadas por el rechazo a la eliminación y degradación de ministerios a secretarías,  junto con el desguace y los despidos que esto conlleva.

En la Patagonia, durante la madrugada comenzaron los cortes de ruta en los accesos a la provincia de Santa Cruz, acampes frente a los organismos estatales en Río Negro y movilizaciones en Chubut. En Neuquén, trabajadores y trabajadoras denunciaron el vaciamiento de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP).

En Mendoza se realizó una concentración contra el ajuste, la persecución y los despidos. En Córdoba se cortó la ruta 9 en las afueras de la capital, para luego movilizar al centro de la ciudad. En Rosario protestaron por la degradación de los sistemas educativos y de salud pública. En San Luis, los y las trabajadoras estatales cortaron la Ruta 7,  en el acceso a la capital.

En Catamarca, Chaco, Salta y Jujuy se realizaron actos y asambleas en defensa de las y los despedidos de Agroindustria, la mayoría pertenecientes a la Secretaría de Agricultura Familiar. En Formosa se realizó un corte en la ruta 11 junto a organizaciones sociales. Numerosas manifestaciones se produjeron en Misiones, donde se promovieron reclamos en los hospitales y el Ministerio de Ecología por parte de integrantes de Parques Nacionales.

Astilleros Rio Santiago

Después de nueve horas de tensión y arduas negociaciones, el gobierno provincial y las y los trabajadores de Astilleros Río Santiago,  llegaron a un acuerdo y se levantó la toma. La ocupación se realizaba en reclamo de insumos para trabajar y el cese de descuentos salariales, e impedía que el interventor Daniel Capdevila, directivos y empleados administrativos pudieran salir de la planta.

El acuerdo llegó la fiscal de turno, María Eugenia Di Lorenzo, quien ingresó a la planta en el marco de una denuncia por supuesta “privación ilegal de la libertad”. El interventor y las y los trabajadores firmaron un acta acuerdo para destrabar la compra de oxígeno y gas, entre otros insumos, lo que permitirá reanudar la producción. Además, las autoridades gestionaron una reunión para el lunes con los ministros Hernán Lacunza (Economía) y Marcelo Villegas (Trabajo) para revisar los descuentos salariales que vienen sufriendo las y los trabajadores,  debido a la quita del plus por productividad.

Hospital Posadas

Ante una nueva tanda de telegramas de despido en el Hospital Posadas, que según trascendió pondrían llegar a 80, el secretario de la Fundación Posadas y jefe del Equipo de Cirugía Cardiovascular Infantil, Christian Kreutzer, presentó su renuncia. Su equipo de trabajo acompañó la decisión y repitió la iniciativa. De esta manera, el Posadas ya no cuenta con cirugía cardiovascular infantil, acentuando así la crisis que atraviesa la institución.

En enero, de este año, ya habían sido cesanteados unos 122 trabajadores y trabajadoras, la mayoría enfermeras especializadas con mucha antigüedad,  que se habían negado a extender la jornada laboral a diez horas.

Desde el gremio contabilizan unos 300 despidos en lo que va del año, más las jubilaciones de oficio que alcanzaron a 70 trabajadores más. También denunciaron el aumento de persecución sindical contra los delegados e integrantes de la Comisión Interna: “Nos quitaron el descuento automático de cuota sindical,  con la clara intención de desfinanciarnos y nos quieren desalojar de una de las sedes. En marzo nos descontaron hasta el 70 % del sueldo y despidieron a 17 delegados”.

Tal como indican las y los trabajadores, los despidos comenzaron a reflejarse en la atención al público,  en un claro “deterioro asistencial” del hospital insignia de Morón. “Si no se le pone un freno esto se va a profundizar, hay un plan para privatizar el hospital e implementar la famosa cobertura universal de salud (CUS)”, remarcó Luis Lichtenstein, presidente de la Asociación Sindical del Posadas.

El próximo martes los y las residentes decidieron parar en señal de protesta, realizando una jornada en defensa de la salud pública; los médicos, por su parte, el miércoles participarán de una nueva “ronda”, como lo vienen haciendo semana a semana. Ambos convocan a la comunidad, pacientes y vecinos a rodear de solidaridad el Hospital.

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