Un análisis sobre la importancia de la despenalización de la tenencia de sustancias ilegales para los sectores más desprotegidos de cara a la Marcha mundial de la marihuana que se realizará este sábado 7 de mayo.

En la Argentina hay más de 10 mil usuarios de drogas ilegales criminalizados por año y gran parte de ellos son de la clase trabajadora y de los estratos sociales más bajos. Estas estadísticas alarmantes se desprenden del Poder Judicial de la Nación, que hace dos años informó que en el país en 2013 se habían elaborado 9414 causas penales por tenencia de drogas para consumo personal. Y según un informe publicado recientemente por la fiscalía federal a cargo de Federico Delgado, tan sólo en esa dependencia el número de causas penales por consumo personal creció un 50% entre 2014 y 2015.

Casi todas estas causas terminan con el sobreseimiento del usuario, dado que gran parte de los jueces en la Argentina elije aplicar lo sentenciado por la Corte Suprema de Justicia en el fallo Arriola de 2009. En aquel entonces, el máximo tribunal de justicia del país dictaminó que la penalización de la tenencia de drogas para consumo personal que establece la ley 23.737 es inconstitucional dado que viola el artículo 19 de la Carta Magna que protege las acciones privadas de las personas.

No existen datos oficiales que nos permitan saber con exactitud el perfil socioeconómico de estos miles de consumidores de drogas sometidos a un proceso penal. Defensores oficiales del fuero federal hablan de que predominan las causas iniciadas en la vía pública a personas por “actitud sospechosa”, que en el implacable olfato policial se suele determinar por su color de piel o su vestimenta. Pero no hay cifras actuales. “El último estudio oficial data de finales de los años 90 y fue realizado por la Dirección de Política Criminal de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien la persecución al usuario de drogas no responde exclusivamente a un sector social, en el estudio se podía ver un perfil de clase media laburante, que es la que transita por los espacios públicos de la ciudad en los que la policía sale a cazar usuarios”, describe Alejandro Corda, abogado especialista en política de drogas e investigador de la Asociación Civil Intercambios.

Sin embargo, la criminalización de los usuarios no se da solamente al momento del dictado de una sentencia por parte de un juez, sino que comienza mucho antes, cuando las fuerzas policiales hacen cumplir la ley. Y la ley de drogas, que penaliza la tenencia para consumo, sigue vigente dado que el Congreso nunca la reformó. Esto habilita a los uniformados a detener a cualquier persona que tenga un porro o incluso una tuca en su bolsillo. Y estas detenciones no siempre culminan en un proceso judicial. “La gente de estratos sociales bajos, que vive en barrios de emergencia, ni siquiera tiene el privilegio de que le armen una causa penal. Les pegan, le sacan la sustancia, los llevan a la comisaría y los obligan a salir a robar para ellos”, explica Corda. De esta manera, las fuerzas policiales disponen de un instrumento más para hacer ingresar a pibes al circuito criminal que regentean. Y la cantidad de personas que transitan por ese camino es imposible de determinar. Para Corda se trata de una “cifra negra”.

“En los barrios, la policía se lleva detenidos a los pibes porque les encontraron un tuquero o un fasito en el bolsillo. Ahí comienza la relación que se da entre los jóvenes de un barrio humilde y la policía”, afirmó Vanesa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, el joven asesinado por efectivos policiales del destacamento de Lomas del Mirador luego de que se negara varas veces a robar para ellos. “Ahí los tienen detenidos un par de horas, los golpean y les piden la plata que puedan tener, 30 ó 40 pesos, para no armarles una causa. Muchos chicos terminan robando para la policía que es la que maneja todos los expendios de droga”, detalló Orieta en una entrevista con la revista THC.

La criminalización de los usuarios de drogas, desde el contacto con la policía hasta la sentencia del juez, también acarrea un enorme estigma social, muchas veces imposible de superar en el futuro. Este estigma no opera igual en todas las clases sociales. Si una persona de sectores vulnerados ya se encuentra excluida del sistema, al hacerla ingresar al circuito penal por un porro, se profundiza esa exclusión. “Una vez que entrás en la maquinaria policíaco-judicial por una causa por drogas, esa huella no te la borra nadie”, afirmó hace algunos años la defensora oficial Eleonora Devoto en diálogo con THC.

Existe la curiosa creencia, fogoneada por la iglesia católica y algunos sectores políticos, de que la criminalización de los usuarios de drogas y los cultivadores de cannabis es una problemática que afecta a los sectores medios a altos de la sociedad y que por eso la discusión de la despenalización de la tenencia es poco importante. Estos grupos suelen reconocer hechos reales como que en los barrios populares se consumen sustancias e incluso que existen consumos problemáticos que se incrementan en contextos de vulnerabilidad, pero afirman que los pibes de esos barrios “no van detenidos por tener drogas”.

Sin embargo, hay cada vez más personas criminalizadas por tener drogas (en la mayoría de los casos marihuana) y, lejos de tratarse de una problemática de clases acomodadas, la mayoría de las que llegan a ser sometidas a un proceso penal son de sectores trabajadores, a la par que son los pibes de las clases más bajas son los más afectados por esta penalización primaria que llevan adelante las fuerzas policiales. Las personas de clases media-alta que caen detenidas son pocas y, por suerte para ellas, pueden pagar un abogado que las defienda. Mientras sigamos avalando este tipo de posturas arraigadas en la moral y no discutamos la reforma de la ley de drogas teniendo en mente el desarrollo de mejores políticas públicas, estaremos avalando una importante herramienta de control social con la que el Estado argentino criminaliza a los más desprotegidos.

(*) Director de la revista THC

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El debate social y político sobre el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires se activó con las declaraciones de los precandidatos peronistas a la gobernación. Pero cual es el trasfondo de un escenario que aún no asume la presencia de redes narcocriminales que en complicidad con el Estado mismo, profundiza las medidas prohibicionistas, persigue al consumidor, malgasta recursos públicos en procesos judiciales a la vez que desatiende una política de salud pública para los adictos.  

Recientemente la disputa peronista en la sucesión de la gobernación de la provincia bonaerense, puso nuevamente como eje el debate sobre narcotráfico cuando el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y precandidato a la gobernación por el Frente para la Victoria, Julián Domínguez propuso como parte de su campaña la creación del Ministerio de Lucha y Prevención contra el Narcotráfico. Frente a lo que puede leerse simplemente como una arremetida más en la disputa de cara a las PASO con su rival, Aníbal Fernández (acusado por su adversario de promover la legalización y despenalización aunque nunca presentara proyecto alguno que avalara tal afirmación) la propuesta dista de un serio abordaje frente al complejo escenario que atraviesa la provincia. Sin embargo, Domínguez sostuvo que es necesario enfrentarse al narcotráfico con  “información fiscal, inteligencia del Estado” y “equipamiento de alta tecnología”. Fernández en cambio, tildó de imposible la creación de un ministerio por la superposición de competencias que tendría con otros, en cambio una agencia –haciendo referencia a su propia idea– “descentraliza y no entras en esa lucha”. El actual jefe de Gabinete aseguró que en el país no se fabrica, aunque reconoció la existencia de cocinas de paco, sino que es un lugar de tránsito de drogas. Contra esta presunción, el último Informe Mundial sobre Drogas que publica la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ubica a Argentina en el tercer puesto, detrás de Colombia y Brasil, respectivamente.

En julio de 2005 en plena consolidación del proyecto político del primer kirchnerismo en la presidencia, se aprobó un proyecto de ley que había sido presentado por en ese entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, acerca de la Desfederalización de Delitos Vinculados con las Drogas (26.052). Solá argumentaba en ese momento que la droga “perforaba el conurbano bonaerense”.

Esta normativa modificaba a la vigente hasta entonces en términos de jurisdicción, la ley de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes (23.737/89) que establece que los delitos relacionados con drogas y estupefacientes son de competencia de la Justicia Federal. La nueva reglamentación tendría competencia federal, “excepto para aquellas provincias y la ciudad Autónoma de Buenos Aires que, mediante ley de adhesión opten por asumir su competencia cuando se comercie, entregue, suministre y facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumo”. Es decir quedaba sujeta a la voluntad de cada una de las provincias de acuerdo a su adhesión.

Lejos de permitir a la Justicia Federal profundizar las investigaciones contra la narcocriminalidad para que las fiscalías provinciales se encargaran de perseguir a los dealers que realizan delitos menores y venden drogas como cigarrillos de marihuana y bochitas de cocaína a los pibes en los barrios, lo que ocurrió fue que más del 80% de los casos, según informes provinciales,  terminaron penalizando al consumidor al igual que al vendedor y sin tratamiento en los casos de adicción severa.

Seis años después el caso Candela dejaba al descubierto el bajo impacto que ambas legislaciones tuvieron en la disminución del narcotráfico en la Argentina. Las consecuencias de un negocio que  tras un crecimiento de rentabilidad, produciría un fuerte nivel de fragmentación dentro de la propia institución policial por el control de las redes narcocriminales. El asesinato de la niña a partir de la fractura de dos redes narcos que dominaban el territorio visibilizó cómo funcionaba la trama de relaciones entre las fuerzas de seguridad y el narcotráfico, acentuando además el carácter cómplice del actual gobernador bonaerense, Daniel Scioli.

Una cortina de humo

Un informe del 2014 de la Procuración General de la Nación sobre narcocriminalidad en Argentina realizado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) con base en todas las investigaciones registradas durante 2012, afirma que “entre las zonas que presentan mayores proporciones de causas iniciadas por tenencia para consumo personal con respecto al total de las pesquisas iniciadas por estupefacientes se destacan Mendoza, con el 61%; Córdoba, 52 %; Resistencia, 51 %; y la Ciudad de Buenos Aires, 41 %”. En tanto, “las jurisdicciones federales que presentan mayores proporciones de procesos iniciados por estupefacientes en relación con las causas abiertas por otros delitos son: Rosario, con el 68 %; Córdoba, con el 66 %; Mendoza, con el 64 %; y Resistencia, con el 61 %”.

“La mayor cantidad de causas que tramitan en el país sobre violación a la denominada Ley de Estupefacientes 23.737 es por la figura de tenencia para consumo personal, en el 38 %, seguidas por comercio de drogas, en el 35 % de los casos”, sin embargo “solo en el 3 % de ese universo se investiga el delito de contrabando de estupefacientes, una de las más graves conductas reprimidas por esa ley”, detallan en el sitio oficial.

Para Anibal Fernández, la preocupación reside en los “pibes que son consumidores, a los que nadie les presta atención y ese pibe, según la ley, tiene que ir preso. Yo no quiero eso”, afirmó. Además el actual precandidato propuso que “hay que preparar a la policía para cada distrito, para prevenir y hacerlos conocer la idiosincrasia de cada distrito”. Precisamente es la policía bonaerense el sector que en complicidad con las redes narcocriminales profundizó su ingreso y posterior descomposición del tejido social, sobre todo entre los jóvenes de las barriadas populares.

Sin embargo, el ex diputado bonaerense por Nuevo Encuentro y actual titular de la Escuela Nacional de Inteligencia, Marcelo Saín aseguró en una entrevista para la revista THC que “es muy difícil que prolifere una organización incipiente en esta materia sin una policía que, aunque técnicamente muy deficiente, sigue siendo una policía con un nivel de presencia microsocial importante: la policía es el órgano de control estatal de circulación de personas y mercancías. Pero en este caso se llega a un nivel de ganancia, de expansión del negocio que lleva inevitablemente a una diversificación de las relaciones de las organizaciones con el propio Estado, no sólo con la instancia protectora policial inicial sino que ya hablan con otros niveles de la policía y comienzan a interactuar con otros sectores sociales y económicos”.

El abordaje del narcotráfico provoca cientos de causas por consumo personal en detrimento de la descomposición de las redes. Es necesario un cambio de eje que provoque la transformación y articulación de las estructuras ministeriales y estatales que se encargan del problema.  Sebastian Basalo, director de la revista THC menciona que “en la Argentina, en los últimos diez años, alrededor de 12 mil causas se abren cada año por infracción a la ley de drogas; de estas causas, el 70% son por consumo personal; el 29%, por tenencia simple, y el 1%, por narcotráfico” lo que nuestra a las claras el resultado de una legislación que desde 1989 no hace más que profundizar los lazos criminales entre el narcotráfico y las instituciones del Estado. Sain asegura que uno de los trasfondos del problema reside en que “la estructuración de las redes criminales tiene una fuerte intervención estatal. Esto desdice aquellas afirmaciones históricas que sostienen que el crimen organizado crece donde hay ausencia de Estado: acá hay un Estado muy activo, pero es un Estado ilegal”.

En 2012 el Congreso Nacional se disponía a acordar un texto para reformar la ley de drogas en vías de terminar con la criminalización de los usuarios y cultivadores, fue la intervención del entonces Cardenal Bergoglio cuando los acusó de “mercaderes de la muerte”, lo que impidió avanzar en un marco legal que proteja al consumidor, le brinde un contexto saludable y diminuya los niveles narcos en el país. Basalo sostiene que la despenalización evita el proceso a los consumidores; “de este modo, el Estado se concentra en (perseguir) el comercio y la producción de estupefacientes, es decir: el narcotráfico. Derogar la tenencia simple y el cultivo es el único modo de terminar con la criminalización de los usuarios de drogas y combatir eficazmente el narcotráfico sin violar los Derechos Humanos”. Uno de los ejemplos paradigmáticos a nivel regional es la ley de Uruguay sancionada como política de seguridad contra la narcocriminalidad.

Actualmente la regulación vigente quedó atravesada por un fallo del 2009 de la Corte Suprema a partir del caso Arriola en la ciudad de Rosario, el cual definió que es inconstitucional penalizar la tenencia para consumo personal porque viola el artículo 14 de la Constitución Nacional. Sin embargo, esto no implica en la actualidad una modificatoria sobre la ley. Entonces lo que sucede es que cuando la policía agarra a una persona consumiendo, cultivando o compartiendo semillas de marihuana, por ejemplo, puede detenerla, llevarla presa y armarle una causa. Luego y con suerte, un juez de pimera, segunda o tercera instancia se remitirá al fallo de la Corte y definirá liberarlo. Un informe del comité científico que asesora al Gobierno reveló que el 87% de los expedientes por ese entonces se inició por tenencia de hasta cinco gramos de marihuana o cocaína incautada a varones jóvenes en la vía pública, que no portaban armas ni estaban cometiendo otro delito”.

El autocultivo como opción

El autocultivo es la única herramienta que tiene el usuario de marihuana para acceder al cannabis sin poner en riesgo su vida. “Así se aleja del narcotráfico y deja de destinarle parte de su dinero, lo que pone en crisis la economía ilegal. Además, evita consumir lo que le ofrece el mercado negro, cuidando su salud. Pero para cultivar una planta se necesita una semilla. La semilla de cannabis casi no contiene trazas psicoactivas, por eso la ONU no la incluyó en la lista de sustancias prohibidas. Su comercio es legal en casi toda Europa, Canadá, Japón y Chile, entre otros. Sin embargo, países como Argentina decidieron unilateralmente que su tenencia y comercio se pene como si fuera una droga más”, sostiene Basalo.

Países como Portugal, España, Holanda y el cercano Uruguay, dejaron de criminalizar a los usuarios y crearon mecanismos de acceso a la marihuana disminuyendo los índices de consumo.  El prohibicionismo ha probado ser insuficiente para contrarrestar el tráfico de drogas ilícitas y, al contrario ha contribuido a su incremento, causando efectos dañinos y contraproducentes como la violación de derechos humanos básicos -políticos, económicos, culturales, sanitarios-. Algunos de los aspectos que hoy atraviesan este complejo escenario se resumen en la criminalización y discriminación que provocan la marginalización de consumidores de drogas; una gran cantidad de fondos públicos destinados a la persecución y judicialización de pequeños usuarios en detrimentos de partidas presupuestarias destinadas a programas adecuados de prevención, reducción de daños y tratamientos; violaciones de las soberanías nacionales de los (mal) llamados países productores de drogas; asì como la militarización de los territorios, entre otros.

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