En un contexto de ajuste, y bajo la injerencia del FMI, 50 personas fueron despedidas de la fábrica de zapatillas Gaelle. El gobierno de Macri elevó la tasa del desempleo al 9,6 por ciento, el índice más alto de los últimos 12 años.

Voces trabajadoras

Claudia está embarazada. Sentada sobre una banqueta en la entrada de la fábrica, golpea una lata de membrillo vacía con un palo de bombista. “Yo hace 23 años que laburo acá pero ahora me encuentro en la calle, con mi hijo de seis meses en la panza y sin indemnización”, cuenta la mujer que cada mañana junto a sus compañeros y compañeras se  concentra en la puerta de la planta para reclamar por sus puestos laborales.

“Sin actividad” decía el cartel que los dueños colocaron en la puerta de la planta, ubicada en el partido de Avellaneda,  el 22 de agosto. Así fueron despedidas esa mañana las últimas 50 personas que aún estaban trabajando. Durante ese mes hubo 6233 nuevos despidos y suspensiones en todo el país, casi el doble de los que se registraron en el mismo período del año anterior.

“Llegamos y estaba cerrado”, recuerda Jorge Villalba, que tiene 11 años de antigüedad en la empresa. “Nosotros ya dimos todos los pasos legales. Fuimos al Sindicato del Calzado (UTICRA), fuimos al Ministerio de Trabajo, y hablamos con todos,  porque nosotros pretendemos laburar. El problema es que este tipo viola la ley porque se aprovecha de la situación del país”, explica Villalba.

“Yo entré a los 17, este fue mi único trabajo”, se lamenta Melisa García. “Pase por todo, por todos los gobiernos, las gestiones, y esto es humillante, nos echaron de un día para otro”, agrega.

Carlos Boulaine vive en Monte Grande y tiene 25 años como trabajador de Gaelle. “Hace un cuarto de siglo que estoy acá y de repente me encontré sin laburo y en la calle”, dice angustiado. “Y yo ahora la veo complicada. Nunca me imagine terminar así, protestando en la puerta de mi fábrica. Uno siempre piensa que va a jubilarse. Encima no hay laburo, con este tema del gobierno y el ajuste no le veo una buena salida”.

La empresa Gaelle, propiedad de José Lopes, está ubicada en la calle Brasil 373 de la localidad de Piñeiro, partido de Avellaneda. Inició sus actividades en 1982. “Hace más de 30 años que nació la fábrica Gaelle, una ilusión que busca el perfecto equilibrio entre calidad y precio” puede leerse en el portal de la marca de zapatillas que hasta hace pocos días estaban produciendo para el mercado local.

Desocupación creciente

Según justificaron las autoridades de la empresa el impacto negativo en las ventas y la apertura de las importaciones derivó en esta drástica situación. También el sindicato, Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina, denuncia que se han perdido unos 6000 puestos de trabajo en el sector como consecuencia de la apertura de las importaciones. Pero las cesantías habían comenzado ya en mayo de 2016, cuando desvincularon a cientos de operarios.

En un contexto de ajuste y devaluación, junto a las recetas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, FMI,  bajo la gestión del presidente Mauricio Macri el desempleo alcanzó un nuevo récord y llegó a 9,6% en el segundo trimestre de 2018. Mientras que en el conurbano bonaerense la cifra actual supera los 12 puntos. En igual período del año 2017 la tasa alcanzaba el 8,7%. El indicador de la desocupación actual es el más alto de los últimos 12 años,  que sólo fue superado por el registro correspondiente al primer trimestre del 2007 que era de 9,8%.

Entre las más afectadas por estas políticas de gobierno se encuentran las mujeres con el 10,8 % de desocupación. Si a esto se agrega la creciente precarización laboral, que genera la disminución del trabajo y el empleo mal llamado informal, la cantidad de personas que se hallan en una situación de vulnerabilidad crece a cada instante. Mientras tanto el gobierno ha  desaparecido al Ministerio de Trabajo, una paradoja o un signo de estos tiempos de disminución del trabajo y de los derechos laborales, favorecido explícitamente por el gobierno nacional. Como respuesta esta semana, el 24 y 25 de septiembre,  frente a estas políticas de ajuste y disminución del empleo se produjeron multitudinarias movilizaciones de protesta en todo el país, y el paro nacional de 36 horas de CTA y de 24 hs. que dictó la CGT, que movimientos sociales y agrupaciones de izquierda acompañaron de medidas activas de visibilización.

Una situación que se repite de manera cotidiana, mientras se incrementan las protestas de las y los trabajadores.

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El conflicto que se inició en Cargill, en la provincia de Santa Fe, el primer mes de 2018, aparece como un intento por disciplinar a las y los trabajadores. Un modelo de avance sobre los derechos laborales que amenaza con multiplicarse. Mientras tanto, en el día de las y los trabajadores se desarrolló una importante movilización como gesto simbólico frente al apriete de las empresas.

Este 1º de Mayo, en el Día Internacional de las y los Trabajadores, en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, diferentes sindicatos y organizaciones sociales y políticas se movilizaron para realizar un abrazo simbólico a la planta de Cargill. Unas 2500 personas luego se dirigieron al emblemático club Talleres para concentrarse y visibilizar la difícil situación en la que se encuentran las y los trabajadores frente al apriete de la patronal en acuerdo con el Ministerio de Trabajo.

Tal como consignó Redacción Rosario*, un dirigente aceitero local expresó luego de salir de la audiencia en el Ministerio de Trabajo, a principios de febrero pasado, que las cesantías en la principal cerealera del país –una agroindustria global con enormes ganancias en la Argentina– no responden al cambio de perfil laboral declarado por la compañía, sino que obedecen a un objetivo indecible: “disciplinar” al movimiento obrero, que opera como obstáculo de las medidas neoliberales impulsadas por la Casa Rosada.

Viñetas de la situación laboral

El martes 30 de enero, 44 trabajadores  de la planta Punta Alvear de Cargill no pudieron ingresar a cumplir su deber laboral. En un modus operandi que se repite, sin aviso previo, y que toma a las y los trabajadores por sorpresa. “Los despidos se notificaron en puerta de fábrica, luego de haber sido trasladados los compañeros en los propios colectivos de la empresa hasta el lugar, sumándole ensañamiento a una situación que ya es violenta para el trabajador, a quien se le quita la fuente de sustento de su familia”, señaló Daniel Yofra, Secretario General de la Federación Nacional Aceitera en un claro ejemplo de cómo opera la deshumanización de un sistema que cada vez se muestra más feroz. Hoy quedan 33 trabajadores en situación de conflicto.

Ya desde principios de enero Cargill había iniciado un proceso de retiros voluntarios, con el argumento de reconversión de objetivos empresariales. Las y los trabajadores que rechazaron la oferta fueron amenazados y luego de una negociación entre el sindicato y la empresa se convino no despedir a quienes no aceptaran. Sin embargo, a la semana se produjeron los 44 despidos mencionados, que violaban el acuerdo previo. Frente a ello, las y los trabajadores acordaron un plan de lucha, en defensa de los puestos de trabajo para todas y todos.

Luego de desoír la conciliación obligatoria con la que el Ministerio obligaba a restituir la fuente de trabajo, y frente al plan de lucha de las y los trabajadores agremiados, el 5 de abril la empresa avanzó con un lock out patronal y paralizó su planta de Villa Gobernador Gálvez, con suspensión del personal sin goce de haberes durante 5 días; una medida totalmente ilegal. El argumento empresario es que estaban en riesgo sus instalaciones.

“Cargill ha decidido responder al legítimo reclamo de reincorporación de (las y) los trabajadores despedidos y al legítimo ejercicio del derecho de huelga con un ilegal y arbitrario lock out, cerrando directamente las plantas aceiteras”, expresó Yofra. Y agregó: “A ello se le suma un agravante: ha anunciado que dejará de abonar los salarios de los trabajadores que sin motivo han sido suspendidos, lo que resulta en una nueva violación de la normativa laboral vigente”.

Por otro lado, respecto de la decisión de la empresa de parar la producción, el dirigente gremial aclaró que “no obedece a una razón productiva, sino a una maniobra empresaria en represalia del accionar sindical”, lo cual derivó en una “nueva militarización de la planta en Villa Gobernador Gálvez con la presencia de fuerzas federales de seguridad, que actúan como un verdadero ejército privado de la empresa”.

A mediados de abril, Cargill también decidió paralizar la planta de Bahía Blanca y suspender a sus  trabajadores sin goce de sueldo. Tanto en Villa Gobernador Gálvez como en Bahía Blanca, un anuncio manuscrito, firmado por la empresa y pegado en la puerta de la fábrica, decía en su inicio: “La reanudación de paros intermitentes y de duración variable durante distintos momentos del día pone en riesgo…”, lo que intenta justificar la motivación explícita del lock out.

Recordamos que la Federación encabezada por Daniel Yofra, ( F.T.C.I.O.D y A.R.A), más conocido como el sindicato de Aceiteros, viene siendo uno de los actores más dinámicos en el mundo sindical, no solamente por lograr romper el techo a las paritarias del 15% que impone el gobierno y plantear la discusión del costo de la canasta básica para discutir paritarias, sino también por su coherencia en dar pasos unitarios frente a la ofensiva macrista.

Efecto Cargill

Parece que el efecto disciplinador de Cargill sobre los derechos laborales comienza a reproducirse. Hace pocos días la multinacional General Motors suspendió la producción de su planta de Alvear, y a sus casi 600 trabajadores y trabajadoras con el argumento de la caída en las ventas, mientras amenazaba con reducir los turnos de producción. La audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo finalmente arribó al acuerdo de que se pagaran los salarios caídos y se mantuvieran los turnos de producción, pero encendió las alarmas del gremio, ante la caída de las ventas a Brasil.

Al mismo tiempo, las provincias sufren igual destino que el de la vidriera de Buenos Aires.  Así en Santa Fe, diez trabajadores y trabajadoras diariamente pierden su fuente laboral. A pesar de su invisibilización en los registros y medios de comunicación públicos y privados oficiales, los despidos desde que comenzó el año no paran y tienen su correlato local. Con más de 350 en 2018, la pérdida de empleos en la provincia representa el 5 por ciento del total país.

Rosario siempre estuvo cerca, cantaba Fito Páez. Hoy la situación de las y los trabajadores, que se está produciendo en uno de los cordones productivos más importantes del país, parece mostrar las políticas corporativas que con el aval del gobierno nacional avanzan sobre las históricas conquistas de sus derechos, y con escasas o nulas posibilidades de reinserción en el ámbito del trabajo formal.

En el día internacional de las y los trabajadores, la solidaridad se puso de manifiesto con una movilización que concentró unas 2500 personas, un símbolo de la unidad de estos tiempos contra las políticas deshumanizadas que privilegian el negocio por encima de todo.

Contra el abuso de las empresas

Es imprescindible recordar las leyes que avalan el trabajo. Si no, pareciera que las luchas deben comenzar una y otra vez. Por eso, recordamos un fragmento del artículo 14 bis (incorporado a la Constitución en 1957):

Artículo Nº 14 bis de la Constitución Nacional 

El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Queda garantizado a los gremios: Concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

Las notas completas pueden encontrarse en:  Redacción Rosario 

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La empresa de insumos de librería Distripaper cerró sus puertas y despidió más de 70 trabajadores y trabajadoras. El Estado construye relatos inverosímiles en el que culpa a los laburantes mientras “libera la zona” para que las empresas puedan hacer con libertad.

El miércoles 26 de julio, los muchachos empezaron a trabajar a las 7 de la mañana. Al caer la tarde, como el depósito estaba repleto de mercadería y el personal administrativo todavía recibía nuevos pedidos, algunos operarios aprovecharon para hacer horas extras y así adelantar las tareas del día siguiente. Por la sobrecarga laboral, evidentemente, el jueves 27 anticipaba otra jornada larga y pesada. Sin embargo, antes de retirarse, aterrizó la inesperada versión de que los dueños planeaban cerrar la empresa. Desde momento, todo fue distinto.

Ni telegrama de despido, ni mensaje de texto, ni un papel pegado en la entrada. Al otro día, mientras amanecía en el conurbano bonaerense y la zona de San Martín todavía estaba atrapada en la oscuridad del invierno, los empleados descubrieron que la puerta de la empresa estaba cerrada y que no había ningún movimiento en el interior del edificio. Incrédulos, se juntaron en la vereda de Eva Perón 2545. Al principio, mostraron paciencia. Luego, los invadió la confusión. Con el correr de los minutos, atravesados por la bronca y la decepción, fueron descubriendo que era cierta la posibilidad de perderlo todo. En total, 76 familias se quedaban en la calle.

“Llegamos y estaba todo cerrado. Después vino el encargado y nos hizo entrar. Pero solo nos habló 10 minutos. Ahí comentó que la empresa iba a presentar la quiebra y que nos dejaban en la calle”, recuerda Facundo, que tiene 13 años de antigüedad en Distripaper. Sobre las indemnizaciones, agrega: “Olvidate, cero, nada. De palabra nos dijeron que capaz pagaban los sueldos. Pero si los dueños ni vinieron a dar la cara, es porque no piensan pagar”. Y remata: “Es todo muy trise”.

La firma Distripaper, propiedad de Eduardo Wexzler y Eduardo Sosnowsky, es una reconocida distribuidora de artículos de librería. Con más de 30 años en el mercado, se ha convertido en la principal proveedora en el rubro de varias multinacionales. Según publicita en su web, tiene como clientes a Techint, Siemes, Toyota, HSBC y Frávega, entre otras marcas.

“Nos hicieron laburar todos los días y cuando llegó fin de mes nos tiraron a la calle. No tenemos nada, acá la mayoría cobra 15 mil pesos por mes y vivimos con lo justo. Ahora estamos sin un mango”,  describe Facundo, padre de un pibe de 3 años.

“Encima, nosotros sabemos que la mano está jodida para conseguir algo”, lamenta Daniel, que vive en Valentín Alsina y lleva 17 años en esta empresa. Con lo que tenían puesto, pasaron la primera noche en la calle. Ni una lona, ni un gazebo, ni una carpa, nada para protegerse y sobrellevar la vigilia. Inexpertos en esto de protestar, pudieron empezar la lucha con la camioneta de los fleteros que plantaron delante de la gigantesca cortina metálica. “Mientras tanto, nos quedamos acampando. No vamos a permitir que estos tipos se lleven las máquinas, sino después no cobramos nunca más un peso”, afirma Daniel, durante el mediodía del viernes 28.

Unas horas después, en el arranque del sábado 29 de julio y desde la tribuna de la Sociedad Rural, el presidente Macri profetizó que “cada argentino va a elegir dónde trabajar”. Ahí mismo, desde las gradas del predio de Palermo, le regalaron una ovación.

Del relato M a la distribución de los despidos

En el primer trimestre de 2017 la desocupación trepó al 9,2%, con un aumento de 1,6 punto porcentual del registro anterior. Frente a la crisis económica, que además se refleja con los 21 meses de caída consecutiva en la actividad de las PYMES, el gobierno intentó desligarse del problema.

Después del conflicto en la planta de PepsiCo en Florida, que dejó a 600 personas sin trabajo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que “todas las empresas en las que hay comisiones internas que maneja el Frente de Izquierda terminan cerradas”. La gobernadora María Eugenia Vidal se plegó a esa estrategia discursiva y acusó a ese espacio político de “alentar la toma de la fábrica”. La diputada Elisa Carrió, que oficia de vocera para la Casa Rosada y los empresarios, fue más sincera porque expuso el plan oficial y pidió “discutir el costo laboral, porque un empleado cuesta como si tuvieras dos”.

Los despidos de Distripaper dejan al desnudo el Relato M. Otra vez, la versión de la administración Cambiemos choca de frente con la realidad. Ni abogados inescrupulosos, ni activistas, ni narcos, merodean o provocan este drama. En Distripaper ni siquiera tienen representación gremial, no hay  comisión interna y tampoco cuentan con delegados. Apenas están afiliados al Sindicato de Comercio, en el que los empleados siquiera estaban registrados. En Distripaper no hay mafias laborales, y mucho menos un activismo clasista que pueda “atentar” contra los propios derechos del movimiento obrero.

Del otro lado de la vereda, la empresa tampoco realizó procedimiento formal alguno sobre el cierre: no envió telegramas de despidos, no presentó un preventivo de crisis, ni convocatoria de acreedores, ni pedido de quiebra. Bajó la cortina y no abrió más. Pareciera que se hubiera decretado “zona liberada” para algunos empresarios. La tenue participación del Estado en estos casos agita el fantasma de los cierres fraudulentos. El Ministerio de trabajo de San Martín solo se limitó a convocar a las partes, pero la patronal no concurrió a la cita. Entonces, la respuesta del organismo fue convocar a una nueva reunión para más adelante. Y así, con ese proceso de desgaste, se dilatan las posibles soluciones que reclaman los trabajadores.

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En la planta de Cresta Roja, el mismo sitio donde el presidente, Mauricio Macri, anunció el veto de la ley antidespidos, se realizaron ayer 50 despidos, que podrían llegar a 100. Las voces de quienes se siguen quedando en la calle.

“Voy a vetar la ley que, para mí, es antiempleo; es una ley contra los argentinos”. Esas fueron las palabras de Macri aquel 20 de mayo de 2016. Y así, con sólo una firma, dio de baja la norma que fue sancionada por el Congreso con el objetivo de frenar la avanzada del gobierno que dejaba (y sigue dejando) a miles y miles de argentinos sin trabajo. Se trataba de la Ley de Emergencia Ocupacional, sancionada por ambas cámaras legislativas, que prohíbe los despidos por 180 días e implementa la doble indemnización. Un freno para las empresas, que se erigen en unas de las más beneficiadas por el gobierno de Cambiemos.

“Cresta Roja es un símbolo de que sí se puede”, profetizó en aquella jornada la gobernadora María Eugenia Vidal, en clara sintonía con el mandatario.

En épocas de la llamada “post verdad”, donde las palabras construyen lo contrario a la realidad, donde la mentira se sostiene a fuerza de discursos bien elaborados y caras sonrientes, nos decía el Presidente: “No les voy a mentir, me comprometí a decirles la verdad. Yo no vine acá para hacer lo que me conviene, sino para que los argentinos tengan una nueva oportunidad”.

“Ese día nosotros sabíamos que era una mentira y en forma de repudio nos quedamos en el comedor. Y ya la segunda vez que vino no fue casi nadie a verlo”, contó Mariano, que tiene 24 años de antigüedad en la planta y este 20 de julio de 2017, Día del Amigo, se convirtió en un nuevo desocupado. “Llegué a las cuatro y media y en vigilancia me pidieron el número de legajo. Me buscaron y me informaron que estaba despedido. El papel que nos mostraron no explica nada, solo que quedamos desvinculados de la empresa”, detalló.

“Ahora hay más puestos de trabajo en la calle”

Sobre la autopista Richieri, mientras el caucho, la goma y la madera arden en el asfalto, los trabajadores bloquean varios carriles para exigir una respuesta favorable. “Los de afuera, en forma de reclamo, hacemos esta protesta. Y los que entraron, para apoyarnos, decidieron no faenar porque saben que mañana mismo les puede pasar a ellos también”, aclaró Mariano.

Proteinsa, la compañía que actualmente administra la empresa, se encuentra en negociaciones con el juzgado que llevó adelante la quiebra de la ex Rasic Hnos. y que le adjudicó la licitación el año pasado, para apurar los tiempos legales (por ejemplo para el traspaso de bienes) y destrabar el giro del dinero para el pago de indemnizaciones.

La avícola estuvo en quiebra durante seis meses, y en abril de 2016 volvió a faenar a partir del subsidio estatal “Reproducción Productiva” (Repro). La empresa fue presentada por la Administración Cambiemos como un símbolo de recuperación económica. A pesar de los augurios de la Casa Rosada, después de la intervención del Ministerio de Trabajo, la planta volvió a producir pero con sólo un tercio del personal, rebajas salariales y contratos temporarios: algunos sueldos llegaban a los míseros montos de 6000 pesos con promesas futuras de “normalización de la compañía”.

“Muchos de nosotros, después del cierre de Rasic en 2015, logramos ingresar en la primera tanda a trabajar. Sin embargo, perdimos antigüedad, con el agravante de que aún no cobramos las indemnizaciones correspondientes. Y encima ahora nos quedamos en la calle”, explicó Cristian, otro de los despedidos. “Soy el único de mi sector”, señaló y descifró el entramado que impulsa la decisión de la compañía. “Como los delegados no nos estaban representando, con los compañeros elegimos a un representante de cada sector como veedor. Y yo salí seleccionado. Entonces nos pusimos al frente de las negociaciones para reclamar y luchar por las cosas que nos corresponden. Y bueno, hoy quise entrar a trabajar y no me dejaron”.

Carlos, otro de quienes echaron, labura en esta planta de El Jagüel desde hace 23 años. Su trayectoria viene desde la época de Rasic, donde ingresó en 1994; es decir, más de 20 años. Carlos cuenta que cuando Cresta Roja abrió “se reactivó a medias” porque “todavía hay compañeros en la calle y ya se vencieron todos los plazos para que sean reincorporados”. Es decir, que a los cientos de operarios que no pudieron ser reincorporados, se suman los nuevos despedidos de la jornada de ayer. Y, sin perder el humor, ironiza: “Ahora hay más puestos de trabajo en la calle”. Hablar con cada uno de los despedidos, con quienes resisten, con quienes temen por sus puestos de trabajo es encontrarse con caras de desilusión y palabras firmes: “Vino a usarnos”, dicen, cuando rememoran el acto de mayo del año pasado. Y rematan: “Macri y Vidal hicieron una pantalla con todo esto. Y acá nos ven”. En épocas de la post verdad, la desocupación sí se ve. Y no hay palabras que alcancen para deconstruirla.

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Un día después de conmemorar el Día Internacional del Trabajador, los operarios de JOCRI S.A. se quedaron en la calle. El martes 2 de mayo, cuando fueron a cumplir con su actividad, los dueños de la empresa bloquearon el acceso. En total, son 54 empleados y empleadas con más de 25 años de antigüedad. Por ahora ocupan el inmenso local de Villa Ortúzar para resguardar las herramientas y las máquinas.

Felipe ahora tiene la mirada incierta de quien se queda sin trabajo. Vive en Virrey del Pino, en el corazón del conurbano bonaerense, entre los límites de Laferrere y González Catán. Todos los días se despierta a las 4 y media de la madrugada y se toma dos colectivos para llegar antes de las 7 a Villa Ortúzar, en la Ciudad de Buenos Aires.

Felipe es tabartalero en la compañía Jocri S.A. Produce y arma monturas de caballos, entre otros elementos criollos. Tiene 27 años de antigüedad y es un maestro en el arte del cuero. El martes 2 de mayo, un día después del Día del Trabajador, cuando llegó a la fábrica, la puerta estaba cerrada. En total, 54 obreros se quedaron en la calle.

“Vamos a crear trabajo para todos los argentinos”, había prometido el presidente Mauricio Macri, unas horas antes, rodeado de ministros y dirigentes sindicales, en un acto armado en el micro estadio de Ferro. Fue el 1 de mayo, en un evento convocado por el controvertido Secretario General de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Gerónimo “Momo” Venegas. Ese mensaje, lamentablemente, choca de frente con la realidad de su país.

Según un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en el mes de marzo otras 4823 personas perdieron sus puestos de trabajo. La cifra supera al mes de febrero. De cada diez despedido o despedida, seis se desempeñaban en fábricas. La gran mayoría de los casos se registraron en el sector privado (4008 despedidos y 560 suspendidos).

Voces que no son cifras

Por eso Cristian Gutiérrez, con 10 años de antigüedad, es otra voz que se suma. “Nos encontramos con la fábrica cerrada. Había un rumor sobre la posibilidad de que iban a vaciar el lugar. Entonces coordinamos con los compañeros y armamos una vigilia para que no se lleven nada. Queríamos cuidar nuestras herramientas y nuestros puestos de laburo”, explica.

Y se suma Fernando, padre de 4 hijos, en un pedido general: “Esto es un desastre, le pido al pueblo argentino que despierte. Más allá de esta situación personal, hay que parar esto. Es horrible”. Felipe vuelve a tomar la palabra, y agrega: “Yo hice toda mi vida acá. Pasé por tres mudanzas, porque cambiamos lugar. Y muchas veces dijeron que tenían ganas de cerrar todo, pero nunca lo hicieron”.

El viernes 28 de abril los trabajadores decidieron custodiar el gigantesco inmueble de Monasterio 1369. Con el temor por perderlo todo, se turnaron, diagramaron grupos, rotaron, y así atravesaron cada madrugada del fin de semana largo. Estuvieron un rato en la vereda, otro en la plaza de la esquina. El plan era mostrarse, evitar que los dueños de la compañía secuestraran las mercaderías y las máquinas. Lo lograron. El patrón, Jorge Canave, merodeó las inmediaciones pero la presencia de los obreros lo intimidó. Canave se fue, dejó todo como estaba y no apareció más.

Para resguardar sus fuentes de trabajo, los operarios resolvieron ingresar y mantener una ocupación pacífica. El miércoles tenían una audiencia con los abogados de JOCRI S.A. Los obreros fueron, los representantes de la firma no. Otra historia de resistencia de parte de los trabajadores que protegen su fuente de laburo, pero también la idea del trabajo en la fábrica, el oficio al que le vienen poniendo el cuerpo hace tantos años.

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Tres fueron los ejes de campaña de Cambiemos: pobreza cero, lucha contra el narcotráfico y unir a los argentinos. Tras cinco meses de gobierno no sólo no los cumplió, sino que empeoró los tres ítems. ¿Podría ser juzgado por publicidad política engañosa?

A priori, podría haber parecido un poco exagerado plantear que una gestión presidencial de cuatro años, cualquiera que fuera, pudiera cumplir con tamaños objetivos como los planteados por Macri; si encima consideramos que la gestión en cuestión no contaba con mayorías parlamentarias, los retos se vuelven casi un asunto de publicidad engañosa.

Tras cinco meses de gobierno, el análisis puro y duro de los datos respecto de la realidad económica, social y política de nuestro país, muestran no solamente que el gobierno nacional aún no cumplió con sus tres promesas, sino que en cada ítem empeoró rotundamente. Para no anteponer interpretaciones, en esta nota proponemos reflexionar sobre algunos datos concretos que evidencian el aumento de la pobreza, la vitalidad del narcotráfico y la profundización de los antagonismos sociales durante los pasados meses en el país. Este escenario, ¿no habilita un verdadero enjuiciamiento por publicidad política engañosa al presidente?

Cero en pobreza

Es consabido que las mediciones acerca de cuántos pobres hay en el país acarrean múltiples dificultades. Cuáles son los ítems considerados en la canasta básica, cómo evaluar los ingresos en hogares pluri-familiares, qué lugar juegan –y cómo se miden– los accesos a otros bienes y servicios como la educación y la salud de calidad, son apenas algunas de las problemáticas al momento de avalar o no una estadística de pobreza.

Los principales organismos dedicados a la medición de la pobreza en el país no son oficiales, desde que el INDEC dejó de realizar el cálculo final respecto de la pobreza. En efecto, no es preciso decir que el INDEC dejó de ‘medir la pobreza’. Lo que ocurrió fue que los precios de los componentes de las canastas definidas para la Línea de Pobreza y la Línea de Indigencia siguieron evaluándose, pero el organismo oficial dejó de realizar la medición final.

En definitiva, los cálculos más solicitados por las y los investigadores para referirse al tema son los del Observatorio de la Deuda Social Argentina, dependiente de la Universidad Católica Argentina (UCA) y del centro CIFRA, de la Central de Trabajadores de la Argentina que comanda Hugo Yasky. Tomando estos dos últimos, se observa que solamente entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 entre 1 millón, y 1.5 millones de personas cayeron en la zona de pobreza.

Es importante destacar que prácticamente ningún funcionario del gobierno nacional desmintió estas cifras. Incluso algunos parecen justificarlo, como el propio Mauricio Macri quien en marzo declaró: “Nos llevaron a la pobreza”.

Narcolandia en el bunker del PRO

No llama la atención que los medios masivos hayan denominado a la tragedia en la fiesta electrónica Time Warp –donde murieron cinco personas por sobredosis– ‘Tragedia en fiesta electrónica’, o más adelante en el tiempo solamente ‘El caso de la fiesta electrónica’. La referencia a Costa Salguero se diluyó totalmente en los medios de comunicación.

Para nadie es una novedad que aquellos primeros pasos en falso de baile de Macri, que movían a vergüenza a todos menos a los más obsecuentes macristas, fueron aprendidos precisamente al ritmo moderno de los compases de Tan Biónica y de Gilda en Costa Salguero. Ese fue el bunker que el PRO primero y Cambiemos luego eligieron para todas sus contiendas electorales, tanto porteñas como nacionales. Es cierto que ese predio no fue monopolio exclusivo del PRO. También el kirchnerismo, por ejemplo, eligió esas instalaciones en noviembre de 2011, para celebrar la victoria electoral.

Claro que por esos tiempos toda la Ciudad de Buenos Aires se consolidaba como una verdadera capital de la música electrónica a nivel regional. Pero jamás se recuerda un hecho de tal gravedad como el vivido en los meses pasados, ni con tal cantidad de víctimas por sobredosis o sustancias adulteradas. Si bien la promiscuidad entre prefectura, empresarios de la noche y el gobierno porteño no es nueva, que el macrismo gobierne ahora todas las fuerzas de seguridad que operan en el ámbito metropolitano mejora el escenario para liberar las zonas para el narcotráfico.

Ellos o nosotros

En tercer lugar, la alusión a unir a los argentinos no podía entenderse sin la construcción discursiva previa entorno a un supuesto enfrentamiento fraticida. Según Cambiemos, y los medios hegemónicos, la Argentina viene viviendo una especie de guerra civil fría, motivada por el tono enérgico del kirchnerismo en el poder. El periodismo local buscó instalar dicha guerra mediante el simplismo de la ‘grieta’ que separaría a propios y extraños.

Es claro que la apelación a esa grieta como algo terrible y malicioso busca en realidad devolver el debate político a las elites supuestamente especializadas para ello. Lo que irrita a los sectores dominantes es que la sociedad se haya politizado enormemente, y sobre todo en función de identificar adversarios o enemigos. Esto, por otra parte, no es nuevo, ni tampoco se lo puede atribuir exclusivamente al gobierno anterior, sino que forma parte ya de un acumulado político de la sociedad en su conjunto, y que alude a una madeja previa de antagonismos y conflictividades.

No obstante, los escarches sufridos por el ex vicepresidente, Carlos Zannini, las agresiones con balas de plomo a locales partidarios de Nuevo Encuentro (en CABA) y La Cámpora (en Mar del Plata), presentan un escenario que más bien parece de revanchismo exacerbado antes que de armonía y reconciliación. Escraches a políticos opositores hubo durante todo el período anterior, pero no se recuerdan ataques con balas de plomo con tal nivel de precisión política.

Por otra parte, cada nuevo hecho político que marca el escenario es tomado desde el gobierno como una nueva etapa en la confrontación con el kirchnerismo. El proyecto de Ley de Despidos que se discute en Diputados, por caso, volvió a ser motivo para que Macri divida entre ‘los que ponen palos en la rueda’ y ‘los que miramos al futuro’. A esta altura parecería que la brecha entre quienes apoyan o no al gobierno continúa acrecentándose, lejos de suturarse. Las apariciones del presidente, además, parecerían alimentar dichas dicotomías.

¿Multa al político engañoso?

En el ámbito del derecho de las y los consumidores, contamos con la posibilidad de juzgar a quienes nos aseguran determinadas características de un producto o servicio que luego se revelan falsas. Las demandas por publicidad engañosa aumentan en los fueros del consumidor y en muchos casos terminan por resarcir al consumidor estafado. Sin ánimos de reproducir una idea de ciudadanos-consumidores, que solamente peticionan ante las autoridades una vez consumadas las estafas políticas, es lícito preguntarse por qué no legislar en parte los límites de las promesas de campaña.

En la actualidad, en la Argentina no existe límite a las bondades que cada fuerza política ofrece a los votantes durante las campañas electorales. Así, Macri ya había prometido en 2007 construir 10 km de subte por año y, tras 8 años como Jefe de Gobierno, sólo construyó 3 km. No obstante, una cosa es no aumentar la red de subtes y otra, mucho más preocupante, es llevar adelante un plan económico que en cinco meses generó 1 millón de nuevos pobres y 140 mil nuevos desocupados.

En 2013 una senadora chilena planteó multar a la publicidad política engañosa, lo que motivó un acalorado debate en el parlamento trasandino. Si bien la multa económica no sería el principal escollo para gobernantes empresarios o millonarios, como los actuales pero también las anteriores autoridades nacionales de nuestro país, la idea de algún tipo de sanción política, como suspensiones o apercibimientos, a los políticos que vulneran tan descaradamente la palabra empeñada, podría ser materia jurídica.

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