El gobierno avanza con la flexibilización laboral a pesar de finalizar un año intenso de protestas, cierres, despidos y huelgas de distintos gremios.

Sobre el final del año el Gobierno busca recuperar la iniciativa política ante una conflictividad extendida, pero disgregada, condicionada por la contención burocrática y el 2019.

En un año cargado de protestas contra cierres y despidos, con huelgas recurrentes de docentes, estatales y trabajadores de la salud,  teñido de verde por el movimiento de mujeres y con el anuncio de brutales tarifazos, la mayoría de los actores gremiales, sociales y políticos trabajaron para evitar un nuevo diciembre caliente.

Los niveles de crisis y descomposición del tejido social aún no han alcanzado los niveles que precedieron al estallido del 2001.Los sectores más bajos de la clase trabajadora están más organizados pero al mismo tiempo más institucionalizados y contenidos por lo que Luisina Perelmiter denomina una “burocracia plebeya”. De todos modos, la responsabilidad principal es la de la CGT. Aunque ambas apuestan al objetivo electoral futuro sacrificando la acción del presente.

Patronal al gobierno

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, dejó claro esta semana que Macri quiere avanzar con la flexibilización laboral.

“Vamos a impulsar la reforma laboral. Continuaremos con el diálogo con la CGT y con los sectores empresariales para bajar los costos extra salariales que nos quitan competitividad”, dijo Sica. Como si estuviera repitiendo un guión redactado por la UIA,  dijo que “hay un exceso de regulaciones y de penalizaciones que terminan impidiendo las nuevas formas de contratación”.

También Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre y uno de los empresarios favoritos de Mauricio Macri, salió a respaldar la iniciativa de Cambiemos de relanzar la reforma laboral que se explicitó en las últimas horas.

Además señaló que “los países vecinos y socios comerciales, tienen un marco laboral absolutamente moderno. Cuando un inversor decide dónde poner su fábrica, en Brasil, Argentina o Chile, y compara esos marcos, tenemos muy pocas posibilidades de ganar esa competencia”.

En un reciente informe de Orlando Ferreres & Asociados elogia la reforma laboral brasileña basada en la “libertad de contratación” (acuerdos entre empleador y trabajador, en desmedro de los convenios colectivos), la reducción en la “indemnización por despido en un 30%”, y “la incorporación de autónomos que no impliquen una relación de dependencia”, entre otros puntos.

Como toda flexibilización, el objetivo final no es mejorar la situación laboral sino ejercer presión para la baja de los salarios (amenaza de desempleo mediante) y de otros costos como el de despido.

Al respecto, el FMI sostuvo que: “La agenda de reformas estructurales continúa […] Las prioridades incluyen un sistema tributario menos distorsivo, un sistema de regulaciones del mercado laboral más balanceado […], menos barreras al comercio y a la inversión extranjera”.

Es decir, el FMI brinda oxígeno durante 2019 para que el Gobierno intente generar un consenso que le permita ganar las elecciones y después ir a fondo con las reformas estructurales pendientes de acuerdo a los ajustadores.

Conflictividad laboral

Después de 24 días de huelga y 23 de ocupación de la planta Interpack,  en rechazo al despido de once trabajadores, la Secretaría de Trabajo dictó una resolución de “Conciliación Obligatoria”.

El dictamen, firmado por la Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mercedes Gadea,  en otro claro gesto político contra las luchas obreras,  estableció la legitimidad de los despidos injustificados e ilegales del Grupo Zupan e intimó al sindicato, y a los trabajadores, a deponer las medida de acción directa y a prestar tareas con normalidad, bajo apercibimiento de aplicar todo tipo de sanciones.

La Comisión Interna de Interpack y la Federación Gráfica Bonaerense rechazaron formalmente la resolución y, en una importante asamblea realizada en la planta, el conjunto de las y los trabajadores resolvieron,  por unanimidad, continuar con el plan de lucha con la ocupación de la planta.

El pasado jueves 27 una delegación de diputados nacionales, provinciales y organismos de Derechos Humanos, se entrevistaron con la fiscal a cargo de UFI 6, para rechazar la pretensión de la empresa de transformar este conflicto laboral en una cuestión penal, ya que han interpuesto una denuncia por “usurpación”, absolutamente falaz.

A pocos días de retomar sus actividades laborales,  luego de haber cobrado parte de la deuda salarial que reclamaban, los trabajadores de Industrias Agrícolas Rosario SA (IARSA) de Casilda (Santa Fe) iniciaron una nueva medida de fuerza porque aún no percibieron el resto de las remuneraciones atrasadas.

Una situación similar atraviesan los y las trabajadoras de la fábrica Marani aunque, que estuvo también paralizada por la falta de pago de salarios y aunque ahora se mantiene en actividad, continúan los atrasos salariales.

El panorama no es menos preocupante, también en Casilda,  en la industria de sembradoras y herramientas manuales de ferretería, Gherardi SA, donde si bien los obreros están trabajando con jornadas reducidas, siguen con dificultades para percibir sus haberes.

La problemática de este establecimiento metalúrgico es la que mayor intranquilidad genera en la comunidad ya que se trata de la principal empleadora de la ciudad en el sector privado.

“La situación de las empresas metalúrgicas de Casilda es similar a lo que sucede con la Pymes de Firmat”, dijo Morinigo, dirigente de la UOM local, y apuntó fundamentalmente contra “las políticas económicas del gobierno nacional que no ayudan a la industria nacional ni al empleo”.

Trabajadores de Coca-Cola Femsa iniciaron un paro de actividades, con el objetivo de reclamar que la multinacional devuelva “las tareas perdidas en manos de la reventa y de cadenas de hipermercados que operan como centros de distribución”.

La medida busca que “de una vez por todas los afiliados recuperen parte del salario perdido”, según un comunicado que dio a conocer el secretario Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano.

Miguel Herrera, titular de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA), manifestó su preocupación por las más de 30 empresas de Córdoba, que desde el 1º de enero quedarán sin el subsidio de la Nación, por lo que peligran 1.500 puestos de trabajo.

Desde la Federación de Empresarios de Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP) sostienen que es “arbitrario y discriminatorio” el trato de la Provincia para con las empresas de más de 60 kilómetros, que ya no tendrán subsidios nacionales, e indican que 300 localidades quedarán sin servicio.

En las últimas horas del jueves 27, se conoció que nuevos despidos afectarían a trabajadores de Fabricaciones Militares,  en las distintas plantas del país. La noticia fue confirmada por los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado Villa María, en una conferencia de prensa. Suman 60 cesanteados que se conocieron a través de una comunicación interna del interventor del organismo.

La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), que conduce Juan Carlos Schmid, firmó con la Administración General de Puertos (AGP) que preside Gonzalo Mórtola, una cláusula anti despidos, que garantiza los puestos de trabajo durante 20 meses ante la licitación del Puerto de Buenos Aires.

Con respaldo de la CATT, el Frente Sindical para el Modelo Nacional y la CTA Autónoma, los y las trabajadoras de aeronavegantes movilizaron al Ministerio de Transporte para expresar su rechazo a la política aerocomercial del Gobierno.

La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) exigió resolver conflictos paritarios en Aerolíneas Argentinas y Austral, en medio de la conciliación obligatoria que sigue rigiendo y evitó un paro de 24 horas convocado para el jueves.

“El Gobierno apoya a las empresas de capitales extranjeros y las subsidia, que si bien es cierto que crean puestos de trabajo, son puestos precarizados, donde no hay convenios y no cumplen con la ley”, se quejó el secretario general Juan Pablo Brey sobre la política oficial para el sector.

Y agregó: “Lo que no cuentan es lo que pasa con Andes, Aerolíneas, Austral, Avianca y otras, que nos prometieron que iban a crecer y ahora están devolviendo aviones”.

“Nosotros y nosotras ya expusimos los problemas que vivimos en las asambleas que llevamos a cabo en Aeroparque el 2, 16 y 27 de noviembre, pero no tuvimos respuestas. Acá no están en juego los privilegios de los sindicatos, sino la soberanía de nuestros cielos ante un gobierno que viene a entregarlo todo”, completó.

Bauen, nueva orden de desalojo

El Consejo de Administración de la Cooperativa Hotel Bauen comunicó que este viernes 28 de diciembre, último día hábil del año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el recurso extraordinario que presentaron hace un año y medio. Esto implica que, notificación mediante a la Cámara de Apelaciones y al Juzgado Comercial que lleva la causa, podría volver a dictarse una nueva orden de desalojo.

La cooperativa había presentado el recurso ante el Máximo Tribunal sosteniendo que la Constitución Nacional no prevé un plazo para que el Congreso pueda insistir con una norma aprobada por el Parlamento y después vetada por el Presidente.

En diciembre de 2016 el Senado votaba la expropiación del Hotel Bauen después de 15 años de lucha ininterrumpida, que fue vetada por Mauricio Macri. Esto fue la condición necesaria para que en marzo de 2017 la jueza María Paula Hualde ordenara la “restitución” del edificio a sus antiguos dueños de la empresa Mercoteles, estableciendo como fecha límite el día 19 de abril.

La misma llegó a solicitar al jefe de Gabinete “el apoyo de las fuerzas de seguridad” para realizar el desalojo, que finalmente fue suspendido tras una gran campaña de solidaridad y apoyo hacia la gestión de sus trabajadores y trabajadoras,  que incluyó a cientos de personalidades políticas, organizaciones de Derechos Humanos y sociales.

Los y las trabajadoras del Bauen consiguieron a través del recurso de insistencia que se mantuviera su estado parlamentario durante dos años, y al finalizar la Corte declaró abstracto el recurso, si bien curiosamente no objetó la argumentación.

“Por ahora tenemos que esperar que termine la feria judicial y ver qué pasos da el juzgado de primera instancia”, dijo Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa. “No descartamos ir a la Corte Interamericana”, agregó.

“Nosotros consideramos que el Bauen es del Estado por las deudas que había dejado la gestión empresarial. Sobre esa base, el Congreso declaró de utilidad pública el edificio. Eso vetó Macri. En el edificio además funcionan varias cooperativas, como la de trabajo Dignidad y El Descubridor, que preside el actor Manuel Callau. Con ellos firmamos un convenio para utilizar y relanzar el auditorio del edificio”, explicó Tonarelli, lo que pone en evidencia el cumplimiento del criterio de utilidad pública de la Ley,  aprobada por el Congreso,  que fuera vetada por Macri.

Tonarelli agradeció las muestras de solidaridad de distintas organizaciones y personalidades que ya se han puesto en contacto y anticipó que irán informando los pasos a seguir para enfrentar este nuevo ataque judicial.

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Esta semana se conocieron las cifras de la gestión macrista, que muestran el asenso del empobrecimiento e indicadores alarmantes para la vida de las y los argentinos.

Macri-Macrón

“Los mercados” a los que siempre presta atención Mauricio Macri, tardaron pocas jornadas en darle la espalda a sus fantasías acuñadas al calor de la Cumbre del G20. Casi del mismo modo que los “chalecos amarillos” franceses desnudaron lo que había tras la imagen atildada y sonriente de su presidente, Emmanuel Macron, a quien Macri intenta parecerse.

Solo 48 horas después del despegue del último de los aviones que devolvió a jefas y jefes de Estado a sus países, el “Riesgo País” de Argentina voló hasta las nubes, la Unión Europea planteó su interés en reimponer aranceles al biodiesel, las acciones de las empresas con fondos en Argentina perdieron valor, el dólar reinició su trepada hacia los $ 40.

Últimas cifras de la gestión macrista

Inflación noviembre 2018:                                          3,2%

Inflación 2018 (11 meses)                                           43,9%

Inflación anual:                                                               48,5%

Caída del consumo nov. 2018                                    -9,6%

Caída ventas minoristas                                             -15,6%

Utilización capacidad instalada industrial              64,8%

En paralelo, el Observatorio del Derecho Social de la CTA-Autónoma dio a conocer su informe correspondiente al tercer trimestre de 2018 con datos sobre conflictos laborales, negociación colectiva y mercado de trabajo. Se destaca la caída del salario real, que en el mes de septiembre se ubicó entre el 11% y el 12,5% para los trabajadores del sector privado y público respectivamente,  la destrucción de empleo en el sector privado,  y la profundización de una fase de deterioro del empleo en la industria manufacturera que ya lleva tres años ininterrumpidos.

La siguiente es una síntesis de los aspectos relevantes del informe realizado por la agencia ACTA

Conflictividad laboral

En el tercer trimestre de 2018 la cantidad de conflictos laborales creció un 12%,  en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Este comportamiento se explica por un crecimiento de los conflictos en el sector privado (18%), en el sector informal y con la participación de trabajadores de más de un sector (en ambos casos se duplican respecto del tercer trimestre de 2017). Este aumento permitió mostrar un incremento de la conflictividad, aún a pesar de la caída en el sector público (-14%).

A lo largo del 2018 el crecimiento más significativo de los conflictos laborales se dio en el sector informal y en los reclamos donde participaron varios sectores. En ambos casos ya representan casi el 10% del total de los conflictos, lo que representa un aumento respecto de los años anteriores.

En el sector público,  donde se registró una caída en la cantidad de conflictos, sin embargo se produjo a la par el incremento de las acciones (34%). Lo que implica mayor intensidad de cada uno de los conflictos llevados adelante por los trabajadores del sector.

Tanto en el sector público como en el sector privado la dinámica de los conflictos sigue estando vinculada a situaciones de crisis económica: el 50% de los conflictos se originaron en despidos, suspensiones o reclamos por deudas salariales.

Negociación colectiva

La cantidad de convenios y acuerdos colectivos homologados por el Ministerio de Trabajo de la Nación se ha mantenido relativamente estable durante el año 2018,  en comparación con el año anterior, lo que implica la convalidación del fuerte retroceso.  En comparación con 2016 la caída de las homologaciones se encuentra en torno al 40%.

La negociación colectiva durante los primeros meses de 2018 estuvo centrada en la revisión de los acuerdos salariales del año 2017. Los primeros acuerdos establecieron incrementos en torno al 15%, mientras que en una segunda tanda los aumentos llegaron al 25%. En todos los casos resultaron insuficientes frente a la evolución de la inflación, situación que originó sucesivas revisiones que aún hoy no han concluido. En muchos casos los acuerdos salariales culminaron estableciendo incrementos superiores al 40% anual, aunque ello no impidió un deterioro de la masa salarial percibida a lo largo del año, en tanto dichos aumentos se harán efectivos con mucha demora.

Mercado de trabajo

El salario real de los trabajadores registrados del sector privado experimentó en el tercer trimestre de 2018 una caída interanual del 8,6%, mientras que en el sector público la caída fue del 10,1%. Estas variaciones fueron aún más importantes en el mes de septiembre, cuando llegaron al 10,9% y 12,5%,  respectivamente,  de caída.

En el mes de septiembre (últimos datos oficiales disponibles) el empleo registrado en el sector privado profundizó la caída iniciada en abril de este año. En seis meses la cantidad de trabajadores cayó un 2,15% (136.239 trabajadores menos) y no existen señales que permitan estimar la reversión de este proceso en el corto plazo.

En el caso de la industria manufacturera la caída del empleo ya acumula tres años ininterrumpidos y desde septiembre de 2015 se perdieron 107.933 puestos de trabajo (un 8,6%). La información oficial disponible muestra que esta caída está lejos de encontrar un piso y muestra que el ritmo de destrucción de puestos de trabajo en la industria se aceleró este año, incluso por sobre los niveles de 2016.  Ningún otro sector de la actividad económica muestra un mínimo dinamismo tendiente a compensar la caída del empleo en la industria.

De pobreza 0 al mayor nivel de la década

Según un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) en el país hay 13.600.000 personas pobres, lo que significa un crecimiento de casi 2,2 millones con relación a un año atrás.

El informe del Observatorio de Deuda Social de la UCA correspondiente al tercer trimestre, arrojó que los indigentes suman 2.470.000 personas,  lo que significa un aumento de 161.500 argentinos y argentinas que integran este sector social.

El índice de pobreza que afecta al 33,6% de la población argentina,   es el más alto en una década. Esto equivale a que uno de cada cuatro hogares es pobre.

 “La economía argentina pasó de un ciclo de crecimiento a una fuerte recesión, a la vez que la devaluación monetaria durante el año en curso se traspasó a los precios y condujo a una elevada inflación”, explica el informe.

También denuncia que “El nuevo escenario ha tenido efecto sobre los ingresos reales de los que disponen los hogares por un deterioro del poder adquisitivo de los salarios, de los haberes jubilatorios y de las prestaciones sociales”.

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En los últimos 30 meses, nuestro país perdió un puesto laboral cada tres minutos, sea por despidos, suspensión o retiro voluntario. En Santa Fe cerraron, en ese mismo período, tres empresas por día. Se estima que por cada puesto laboral en blanco que se pierde, desaparecen cuatro puestos “en negro”.

El diputado provincial Leandro Busatto presentó a principios de agosto el informe “Cierre de industrias y despidos en Santa Fe”. Ese trabajo expone que entre diciembre de 2015 y junio de 2018 cerraron en la provincia de Santa Fe un total de 2.726 empresas. Un promedio de 91 empresas por mes. Tres empresas por día.

“Cambiemos está destruyendo las industrias santafesinas. Los aumentos tarifarios decididos por el Ejecutivo nacional, que fueron acompañados sin titubeos por la administración provincial, sumados a la devaluación de los últimos meses, dispararon los costos de producción de industrias que, encima, deben afrontar la apertura indiscriminada de las importaciones”, afirmó Busatto. Y puntualizó que “el desplome del poder adquisitivo de la clase media afectó los niveles de ventas, por lo que el ajuste macrista selló la suerte de 2.611 locales comerciales sólo en la ciudad de Rosario”. Para Busatto, “esas políticas afectan a la provincia de norte a sur, de este a oeste, en cada pueblo, cada ciudad. En ninguno de los 19 departamentos hay más empresas registradas que en 2015”.

El informe consigna que sólo en el departamento Constitución existen hoy 67 empresas menos que en diciembre de 2015; el departamento General López perdió en el mismo período 192 empresas; el departamento Caseros cuenta con 69 empresas menos; mientras que los departamentos San Lorenzo y Rosario perdieron 58 y 1.196 empresas respectivamente en estos 30 meses.

Entre Electrolux, General Motors y Helvética suman 2.500 suspensiones

En medio de la crisis económica y el ajuste de Cambiemos las patronales de estas empresas, con el aval de las direcciones sindicales peronistas, suspendieron a miles de trabajadores industriales de Santa Fe.

En julio un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) relevó los casos de despidos y suspensiones en el período enero-junio 2018, que sumaron más de 4.000 por mes, cifra que implica un aumento del 17 % con respecto al mismo período del año pasado.

En ese marco, la firma de electrodomésticos Electrolux dio licencia a todo su personal, la empresa automotriz General Motors dio también inicio a un esquema de suspensiones rotativas y la empresa productora de vehículos acoplados Helvética paralizó su producción hasta fin de este año. Así, la crisis generalizada se concentra principalmente en la provincia de Santa Fe.

En Electrolux, la patronal decidió adelantar las vacaciones,  de 1.000 trabajadores y trabajadoras,  durante todo el mes de octubre. Cabe recordar que el año pasado despidió a 80 trabajadores y trabajadoras.

Por su parte, en General Motors suspendieron de manera rotativa a 1.400 trabajadores y trabajadoras que solo están cobrando el 70 % de sus sueldos. Y en la fábrica de acoplados Helvética suspendieron a 90 operarios y operarias, pagándoles la mitad de su salario.

En julio pasado, la UOM Rosario y las fábricas de línea blanca firmaron un convenio para evitar despidos y suspensiones. “Estamos moviéndonos por todos lados para frenar despidos y suspensiones hasta diciembre en diferentes empresas”, dijo el líder local de los metalúrgicos, Antonio Donello. Sin embargo, frente a estos nuevos ataques hacia las y los trabajadores las direcciones sindicales los dejan pasar, incumpliendo lo pactado. Es evidente que la UOM se ha puesto a tono con el gobierno y las empresas para perjudicar a los trabajadores y garantizar sus propias ganancias.

La ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, explicó que en la provincia hay 170 empresas en Procedimiento Preventivo de Crisis. El universo de trabajadores y trabajadoras alcanzadas por ese sistema de conciliación llega a 15.000.

La crisis económica que atraviesa la Argentina como producto de la política llevada adelante por el Gobierno de Mauricio Macri,  y sus aliados, golpea duro a los y las trabajadoras. En ese escenario, la dirigencia sindical peronista también juega un rol clave cuando dejan pasar las suspensiones y despidos. Los kirchneristas que dirigen estas seccionales solo piensan en juntar votos para 2019.

Esto sucede en sintonía con el FMI que busca profundizar un paquete de condiciones para el ajuste entre los que exige más desocupación, tarifazos, ajuste y otras tantas miserias para el pueblo.

Con despidos y suspensiones las empresas profundizan el ajuste en Santa Fe

Las y los trabajadores,  de la rama metalúrgica,  son los más golpeados por estos ataques. Metalsur, carrocera de Villa Gobernador Gálvez, es otra empresa que impulsa un esquema de suspensiones rotativas,  durante un mes,  de los 400 operarios de la planta. El sindicato metalúrgico firmó la paz social con la patronal, la que incluye la imposibilidad de despedir hasta fin de año. Sin embargo,  se habilitan los retiros voluntarios, que son despidos encubiertos.

La metalúrgica Bambi también suspendió a todo el personal, y en Liliana electrodomésticos despidieron a 20 operarios.

Estos ataques se suman a los que llevaron adelante Mefro Wheels y Vassali. El fabricante de llantas Mefro Wheels cerró sus puertas y dejó en la calle a los más de 170 operarios y operarias. La UOM aboga por que aparezca un interesado en comprar la planta y las y los trabajadores aún se encuentran a la espera, después de casi dos años de que la multinacional alemana se fuera.

Vassalli aún adeuda un promedio de 100.000 pesos a cada uno de sus casi 400 trabajadores, y aún no está claro si la empresa va a seguir funcionando. La accionista mayoritaria Mariana Rossi Vassalli asegura que, una vez que recupere la totalidad de las acciones que había cedido a tres empresarios,  hace algunos años, saldrá a buscar inversores para aumentar la producción.

En la metalúrgica Dasa, también de Firmat, los y las operarias se encuentran en conflicto con la empresa hace casi dos meses a raíz de que no está pagándoles el salario. La propietaria amenaza con el cierre de la planta.

Las patronales aceiteras vienen lanzando ataques en distintas empresas. Comenzaron por Cargill,  de Villa Gobernador Gálvez y Punta Alvear, donde luego de un largo conflicto lograron el despido de 49 operarios, con dos lock-out patronales incluidos.

Luego siguieron por Molinos Agro, que suspendió a toda la planta y abrió los retiros voluntarios. Jefes y gerentes vienen apretando a las y los trabajadores para que acepten irse con el retiro. Les dicen que la reducción es una decisión tomada para la empres:  o aceptan los retiros o los van a despedir en poco tiempo más, pero se irán con menos plata en el bolsillo. Una verdadera extorsión.

Por su parte Bunge Ramallo en julio despidió a 84 trabajadores y trabajadoras. Nuevamente en Cargill hay amenazas de suspensiones y despidos, con la intención de eliminar un turno.

En el fabricante de cafés La Virginia vienen repitiéndose despidos antisindicales, en el marco de una brutal reducción de la planta en los últimos años. Entre las operarias y operarios hay temor a nuevos despidos.

En Fabricaciones Militares de Fray Luis Beltrán hubo  49 despidos en agosto, que se suman a los 36 del año pasado, y los directivos de la empresa amenazan con que habrá más. En esa misma localidad el intendente recién asumido despidió a 11 trabajadores a comienzos de este año, y aún 7 pelean por su reincorporación.

La petroquímica Dow Dupont, de Puerto San Martín, en junio cesanteó a 22 operarios y operarias, que luego de un largo proceso de negociaciones,  con la intervención del Ministerio de Trabajo, se mantuvieron bajo la figura de retiros voluntarios.

Otros casos de ataques contra los y las trabajadoras,  en el cordón industrial de San Lorenzo, son los de la petroquímica IDM, la petrolera Oil y la aceitera Buyatti. IDM afirma que se encuentra en crisis y hace algunas semanas despidió a dos delegados.

Oil y Buyatti se encuentran paralizadas y sin certeza acerca de su futuro. La petrolera Oil está en un largo proceso de remate judicial,  para poder ser comprada por otra firma. Si bien hay varias interesadas, lo más atractivo para las potenciales compradoras resultan el puerto y las bocas de expendio de combustible, no así la refinería. Eso podrá implicar la pérdida de unos 200 puestos de trabajo de los 400 que hoy existen.

En el caso de Buyatti la familia propietaria de la empresa aún no definió si la venderá, si alquilará el inmueble o retomará las tareas. La incertidumbre es total para los más de 120 trabajadores de esta aceitera.

En la fábrica de motos Guerrero también se rumorea que podría haber despidos entre las y los 200 operarios que trabajan allí.

La agroquímica Síntesis Química, localizada en Fighiera, suspendió a todo el personal hace tres meses, sin goce de sueldo. La patronal se fue y los 40 trabajadores permanecen tomando la fábrica.

¿Empresas en crisis?

Muchas de las empresas que están llevando adelante estas medidas alegan crisis por una reducción en las ventas y por el aumento de los costos operativos debido a los tarifazos, la importación de materia prima y otros componentes para la producción, que se encarecieron con el aumento del dólar. Según testimonios del ministro de Trabajo Julio Genesini, unas 200 empresas radicadas en Santa Fe solicitaron el Procedimiento Preventivo de Crisis, que entre otras cosas facilita las rebajas salariales, la reducción de aportes laborales, las suspensiones y los despidos.

Las patronales toman estas medidas, en acuerdo con las direcciones sindicales y el visto bueno del Ministerio de Trabajo provincial, con la excusa de que están haciendo lo posible para no despedir. Este engaño les sirve para despedir y suspender de manera encubierta: con retiros voluntarios, que de voluntarios no tienen nada, los y las trabajadoras son presionados y extorsionados para acogerse a estos falsos retiros o también con diferentes modalidades de suspensión como la rebaja salarial, el banco de horas para devolver las horas  cuando a la patronal le convenga, o mediante el adelanto de las vacaciones, como Electrolux.

Todos estos artilugios lo realizan las empresas a costa de no perder ni un centavo de sus ganancias, mientras llevan adelante prácticas de flexixbilización,  explotación y degradación de la vida de miles de trabajadores y trabajadoras que fueron despedidas,  que tienen que hacer malabares para sobrevivir con los recortes salariales y con el miedo, como constante,  de quedarse en la calle. Si estas empresas realmente están en crisis tendrían que abrir sus libros de contabilidad y demostrarlo, para que muestren qué hicieron con las enormes ganancias de todos estos años.

El paro convocado por la CGT y las CTA para el martes 25 de septiembre expresó la bronca que existe por abajo, por los durísimos ataques que viene recibiendo la clase trabajadora con tarifazos, inflación, despidos y suspensiones. Esa bronca organizada es la fuerza para pararles la mano y pelear para que la crisis no la paguen los y las trabajadoras, sino los que la generaron: las y los empresarios y el gobierno de la alianza del FMI-Cambiemos.

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Mientras el dólar supera hasta las propias expectativas del gobierno, se conocen las alarmantes cifras del INDEC que revelan la catastrófica situación social. Además en el Congreso se negocia el Presupuesto 2019, y los gremios realizan medidas de visibilización y protesta.

Dolar en banda

El viernes pasado el dólar superó los 42 pesos. La divisa acumuló un aumento de 11 % en la semana, a pesar del nuevo acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. La devaluación se produce luego de la renuncia, al Banco Central,  de Luis Caputo y la asunción del cargo por Guido Sandleris, que anunció nuevas medidas monetarias que incluyen una “banda de flotación del dólar”, en la que se dejará fluctuar el valor de la divisa estadounidense entre los 34 y los 44 pesos.

La BBC inglesa,  que remarcó  la salida de Caputo en el contexto de un paro nacional de trabajadores y trabajadoras, y advirtió que “la estrategia de Macri se fue al piso y las inversiones se desplazaron a otros países”.

La calificación más dura provino de la revista Forbes, que sentenció que si Macri no elabora un programa exitoso, “está frito”. “Si la historia sirve como guía, la economía argentina y su liderazgo político podrían explotar en cualquier momento” y la define como el “Titanic”,  indica Forbes . Además observó  que el lenguaje corporal de Macri, en la entrevista que le hizo la agencia Bloomberg el lunes pasado, es el de “un hombre bajo una extrema presión”.

No es para menos. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmó que la deuda externa total aumentó durante el segundo trimestre de 2018 un 27,6% (U$S 56.559 millones) a U$S 261.483 millones, respecto a igual período de 2017, cuando se ubicaba en U$S 204.914 millones.

Por su parte, el saldo de la Balanza de Pagos cerró al término del segundo trimestre del año con un déficit de 8.292 millones de dólares, un 25% más que la pérdida de U$S 6.635 millones de igual período del año pasado, agregó el Indec.

Pobreza y situación del trabajo  

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó que la pobreza trepó al 27,3% en el segundo semestre, lo que significó una suba del 1,6% respecto de diciembre pasado. El índice de indigencia se ubicó en junio pasado en 4,9%, registrando un leve aumento del 0,1% contra diciembre de 2017.

Todos estos datos aún no reflejan el embate que ya produce la devaluación galopante que provocó el Gobierno de Mauricio Macri. Esas cifras se verán reflejadas en el cálculo de los meses próximos.

El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) registró un total de 12.241.700 trabajadores y trabajadoras registradas, lo que muestra unos 99.100 empleos en blanco menos que en enero de este año.

El sector privado despidió unos 7.300 trabajadores y trabajadoras asalariadas,  solamente en julio, lo que representa una baja del 0,1%.En agosto hubo 6.233 nuevos despidos y suspensiones. Este número es casi el doble del registrado en el mismo período del año pasado. Ya van dos meses –julio y agosto– en los que este salto se repite. Las principales razones de la pérdida del empleo fueron las políticas de achicamiento del Estado y la crisis de la industria; sumados, estos dos sectores,  concentran el 91% de los problemas de empleo.

Del gremio de la construcción, en julio perdieron su empleo por despidos 3.500 trabajadores y trabajadoras.Por su parte,  la industria manufacturera dio de baja 4.100 empleos, mientras que la intermediación financiera perdió 500 empleos.

Al mismo tiempo los salarios aumentaron apenas un 19,6% entre enero y julio y un 26% en los últimos doce meses, para una inflación anunciada cercana a los 45 puntos.

Al deterioro de los indicadores sociales, la caída del consumo del 4,7% y la baja de la actividad económica del 4,2% en el segundo trimestre, se sumó otro dato negativo: el aumento del desempleo. Según el Indec, la desocupación trepó al 9,6% y hay casi dos millones de personas sin trabajo.

Contra el Presupuesto 2019

Frente al Congreso este lunes se instaló una carpa para rechazar el Presupuesto 2019. Esta inicia una semana de actividades el lunes con una marcha de antorchas y el martes comenzarán las actividades para fundamentar la oposición de la CTA-A . Además  exigen  a las y los legisladores que no voten el Presupuesto que sólo traerá más ajuste, desocupación y hambre. El miércoles comenzarán los paneles que tratarán diferentes ejes: trabajo, producción, cómo seguir luchando contra la pobreza. El jueves será el día para profundizar sobre la delicada situación del sistema jubilatorio y el viernes se tratarán los presupuestos para educación, ciencia y tecnología.

Este acampe es continuidad de la Marcha Federal que la CTA-A impulsó junto a la CTEP, Barrios de Pie, la CCC, el FOL y el Frente Popular Darío Santillán que el 1º de junio llegó a Plaza de Mayo desde todos los puntos geográficos del país, y que presentó 5 proyectos de ley al Congreso: urbanización de barrios populares, infraestructura social, agricultura familiar, ley de erradicación de las adicciones y emergencia alimentaria (pedido al que también se sumó la Iglesia).

Paritarias

Los cuatro sindicatos ferroviarios decidieron suspender el paro de 24 hs. anunciado para el martes 2 de octubre y que iba a afectar todos los servicios de corta, media y larga distancia en reclamo de la reapertura de paritarias. La medida se suspende luego de una reunión con autoridades de la Secretaría de Transporte que anuncia la posibilidad que se reabran las paritarias.

Los gremios denunciaron “el incumplimiento por parte de las empresas ferroviarias de pasajeros del Acta Acuerdo refrendada el pasado 20 de abril, donde claramente se especifica llevar adelante el proceso de revisión de los Acuerdos Paritarios firmados, conforme la evolución de las condiciones económicas pactadas, ante un eventual deterioro del poder adquisitivo de los salarios respecto de los índices de IPC publicados por el INDEC”.

El sindicato de camioneros advierte que si no hay una actualización de las paritarias, se declarará en “alerta” y amenaza con realizar una movilización y “acciones en defensa de los trabajadores”.

Camioneros había acordado con la Cámara Empresarial una paritaria del 25%, hoy lejana de la inflación proyectada por el gobierno que podría superar el 42%. “Por ese motivo, Camioneros activará la cláusula de revisión acordada con los empresarios para lograr que los trabajadores no pierdan el poder adquisitivo del salario que ya está siendo afectado fuertemente por la crisis económica que el gobierno no puede controlar”, detalló el gremio.

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A pesar de las supuestas propuestas gubernamentales, la inflación no se detiene mientras la economía se derrumba en un contexto de caída y perdida de salarios.

Según el gobierno, hacia octubre la economía crecería un 4%. La inversión arriba del 8%. Y también lo haría el consumo. El repunte de la economía sería calculado contra el tercer trimestre del año pasado (caída del 3,7%). La inversión sobre un retroceso del 8,2%. Y el consumo de bajar 2,9% (representa más de 2/3 del PBI).

Simplemente se estaría remontando la pérdida del 2016. Y flaca en sectores que ocupan mucha mano de obra, como la industria, donde en mayo hubo 1.900 puestos menos que en abril.

El índice de precios se ubicaría en el 21% anual, por encima de la banda de entre el 12 al 17% soñada por Sturzenegger. El acumulado semestral ya llegó a 11,8%. Consultores privados estiman más de 2% para julio. Según Standard & Poors “la meta de inflación es inalcanzable”.

Entre enero y marzo, de acuerdo a la Dirección General de Estadísticas y Censos de la CABA, los alquileres aumentaron entre 36.8% y 28,4%. Los que alquilan una casa o departamento en la Ciudad destinan, en promedio, entre el 35 y 45% de sus ingresos a pagar solo el alquiler mensual. Con otros gastos, como expensas y servicios, puede absorber más de la mitad de los sueldos o ingresos. Al respecto, las expensas aumentaron más del 40%. Según la Asociación de Administradores de Consorcios, el total de consorcistas morosos alcanza a 600 mil.

Los taxis subieron un 19,5%, pero el GNC que los hace funcionar 100 % en los últimos doce meses.

Se prevén nuevos aumentos para la luz en noviembre y febrero próximos. Para el gas en noviembre y abril. Falta añadir colectivos y combustibles. El gobierno analiza un boleto de colectivos a $ 11, un 73% de incremento.

La “reparación histórica” prometida a los jubilados solo llega al 40% de la clase pasiva con un incremento promedio del 24%, muy por debajo de lo prometido. En el transcurso del corriente año se iniciaron 12.000 nuevas causas por reajustes.

Los medicamentos más consumidos por los jubilados subieron hasta un 236% en los últimos dos años. El aumento promedio fue de 98,9%.

En la “era Macri”, entre enero de 2016 y junio de este año, las compras de minoristas y mayoristas para atesoramiento alcanzaron los U$S 26.000 millones. Mientras que para hacer turismo en el exterior se fueron 14.415 millones. Solo por esas dos vías salieron U$S 40.000 millones, una cifra equivalente hoy a la totalidad de las reservas del Banco Central. De allí que crezca el déficit de la balanza comercial en el primer trimestre en un 40% interanual alcanzando los U$S 6.800 millones, el mayor de los últimos años. El incremento de las importaciones ha venido más por el lado de los bienes de consumo (26%), al igual que los automóviles, mientras que los bienes de capital e intermedios lo hizo en un 6,5% interanual.

Según Federico Braun, dueño y presidente de la cadena de supermercados La Anónima, tío del secretario de Comercio, Miguel Braun, “es el peor primer trimestre desde 2002 y el próximo será seguramente peor”.

Por eso no llama la atención que la confianza en el gobierno declinó entre mayo y junio un 10%, según datos de la consultora Isonomía.

Rompiendo la piñata

El Banco Provincia descontó un 50 % en los supermercados para quienes tuvieran su tarjeta. El resultado fueron colas de varias cuadras y una multiplicación de las ventas por diez. Lo repetirán después de las PASO. Macri no quiere que antes de las elecciones primarias se vea una situación que se “parezca a Venezuela”.

Preocupado por su resultado electoral, el gobierno anunció los créditos financiados por la ANSES para beneficiarios de la AUH y de distinto tipo de pensiones que no sólo suponen un uso discrecional de los fondos previsionales mediante un mero decreto presidencial. Antes que eso, representan una política de endeudamiento de las familias de menores recursos, que compromete de manera gravosa su futuro.

El proyecto es para movilizar unos $ 50.000 millones en forma de mini créditos. De 3.000 a 5.000 pesos por hijo, que se pueden multiplicar de acuerdo a la cantidad de planes que tenga cada familia. El Gobierno prevé que el dinero se devuelva descontándolo en 12 o 24 cuotas del ingreso mensual. La tasa de interés que se le aplicará al crédito será del 24% anual, bastante por encima de las actualizaciones que recibirán los jubilados, pensionados y los beneficiados de la AUH. Así, el pago de las cuotas implicará una reducción de los ingresos, que podrá implicar hasta un 30% de los mismos.

El financiamiento del consumo mediante endeudamiento conduce inexorablemente a comprometer el consumo futuro. Esto vale muy especialmente con este anuncio oficial. El consumo cotidiano de una familia debe ser cubierto por el ingreso corriente. Para eso es necesario que los salarios y las jubilaciones cubran al menos el costo de la canasta familiar, que no es lo que ocurre en la actualidad, ya que la mayoría de las personas con ingresos fijos recibe mensualmente menos de $ 10.000.

Desmantelamiento científico

Pasaron siete meses de la toma del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) que finalizó con la firma de un Acta Acuerdo donde se establecía la incorporación en instituciones científicas de los 498 científicos que habían aprobado las evaluaciones para la Carrera de Investigador del CONICET, pero cuyo ingreso el gobierno les prohibió por razones presupuestarias. La única oferta llegada desde el Ministerio, hasta el momento, es incorporar en distintas universidades nacionales a 410 de esos postulantes. Les proponen que entren con cargo de Jefe de Trabajo Práctico con dedicación exclusiva, y en universidades que no necesariamente se ubiquen en sus zonas de residencia. ¿Qué sucederá con los restantes 88? Dijeron que se colocarían en organismos tecnológicos como el INTA, el INTI y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Los científicos rechazaron de plano la idea del gobierno de ubicarlos en universidades de cualquier parte del país con cargo docente, y no de investigación. El convenio anunciado ofrece cargos interinos (precarios) a concursar en el momento en que la Universidad lo disponga, un salario 6.000 pesos por debajo, tareas de docencia y no de investigación, nulas posibilidades de promoción y relocalización forzada.

Información periodística del pasado sábado dio a conocer que el Conicet ocupa el puesto 158 entre más de 5.000 instituciones científicas y universidades centradas en la investigación de todo el mundo, para el período 2011-15. El segundo lugar entre las argentinas es para la Universidad de Buenos Aires en el puesto 425 del ranking y la segunda mejor institución universitaria de América Latina, solo superada por la Universidad de San Pablo (Brasil). Pero entre los organismos gubernamentales de Latinoamérica, el Conicet se ubicó primero.

El Congreso Extraordinario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que lidera Carlos De Feo, aprobó un documento crítico elaborado por el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC), sobre el anunciado “Plan Maestro” de la gestión Macri que amenaza con implementarse en la educación superior.

Los docentes señalan que “el Plan declara que se propone mejorar la tasa de ‘retención’ (sic) y graduación de los estudiantes universitarios, así como la ‘calidad’ de la enseñanza, sin hacer ninguna referencia a las condiciones del trabajo docente. No hay ninguna preocupación por los salarios, la estructura de dedicaciones, la regularización de las plantas, ni la implementación de las disposiciones establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo, que constituyen las condiciones necesarias para mejorar la enseñanza jerarquizando la tarea docente”.

Asimismo, definió la aceptación de la propuesta salarial del gobierno y la continuidad del plan de lucha en Defensa de la Universidad Pública.

Sin embargo, la otra Federación que agrupa a los docentes universitarios, Conadu Histórica, rechazó el acuerdo paritario por considerarlo insuficiente ya que la propuesta deja por fuera de la garantía salarial a las y los docentes más bajos del escalafón, los ayudantes de segunda, que son los de menores salarios. Por otro lado, el porcentaje de aumento dista mucho del 35% reclamado. Por tal motivo, la Conadu (H) ha resuelto continuar el plan de lucha durante el segundo semestre por los reclamos paritarios y contra la reforma universitaria.

Para finalizar con el ataque a CyT, el presidente Mauricio Macri aprobó la venta de ARSAT de manera ilegal a una empresa de Estados Unidos. Los próximos satélites producidos en Argentina serán manejados por una firma internacional que también se quedará con el espacio orbital que le correspondía al país.

Reclamos de los movimientos sociales

La CTEP, Barrios de Pie y la CCC le reclamaron a la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que se cumpla con la Ley de Emergencia Social, de la cual sólo se ejecutó un 30%, y se sancione una Ley de Emergencia Alimentaria.

Las organizaciones que integran la CTEP se movilizaron en distintos puntos de la Ciudad y el Conurbano y continuaron con la recolección de firmas para impulsar la Ley de Emergencia Alimentaria, “una situación que hay que tratar de forma urgente”, insistió el coordinador nacional de Barrios de Pie, que semanas atrás lanzó la iniciativa, luego de realizar un relevamiento en los comedores populares, que arrojó que el 43 % de los chicos sufrían malnutrición. También minimizó uno de los logros mostrados por la gestión de María Eugenia Vidal sobre la mejora en los fondos para los comedores escolares e indicó que “el aumento del presupuesto fue de 8 a 16 pesos por chico. Está muy lejos de lo que se necesita para alimentar de manera digna a los pibes”.

El reclamo por ambas iniciativas continuará el próximo 7 de agosto, cuando la CTEP tiene programado repetir la masiva movilización del año pasado desde la Iglesia de San Cayetano. Las organizaciones marcharán desde Liniers hasta el Congreso, donde entregarán un millón de firmas a favor de la Ley de Emergencia Alimentaria y luego finalizarán en la Plaza de Mayo.

El jueves también instalaron ollas populares y campaña de firmas por la aprobación de la Ley de Emergencia Alimentaria frente al Obelisco y a las principales cadenas de supermercados del país, el Frente Popular Darío Santillán y el FPDS (CN).

El pasado 20 de julio diferentes movimientos piqueteros realizaron una masiva protesta en Plaza de Mayo para exigirle al gobierno Nacional: aumento salarial y puestos de trabajo genuinos. “No queremos planes, queremos trabajo”, fue una de las consignas.

Cuatro mil pesos es lo que cobran los trabajadores del programa “Argentina Trabaja” y del “Ellas Hacen”, quedando de esta forma por debajo de la línea de indigencia, ya que la canasta básica familiar ronda entre los 14/15.000 pesos y el salario mínimo es de $ 8.860.

La masiva concentración comenzó en Av. 9 de Julio y 25 de Mayo y finalizó en Plaza de Mayo. Banderas y remeras rojas colmaron la Ciudad de Buenos Aires y se hicieron oír frente a la Casa Rosada. Ahora esperarán una respuesta del gobierno.

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Después de PepsiCo, la transnacional Wallmart se sumó al plan de despidos masivos que promueve el gobierno para ejecutar la flexibilización laboral. Por ahora, más de 50 familias quedaron en la calle. El testimonio de trabajadores y trabajadoras con más de 15 años de antigüedad.

El imponente predio de Sarandí está vacío. Hay algunos autos sueltos en la playa de estacionamiento y solo se ven a dos o tres personas caminando hacia ningún lado. La postal, que difiere de la realidad cotidiana que se vive en el supermercado Wallmart, refleja un silencio inusual. No hay una muchedumbre cargando bolsas de consorcios, ni se ven un tumulto de gente en los accesos o las salidas. Hay un escaso, tenue movimiento. Es miércoles 28 de junio y los trabajadores y las trabajadoras mantienen el bloqueo en la puerta principal. Las cajas, cerradas. Las góndolas, intactas. Nadie entra, nadie sale. Los y las empleadas están ahí desde el lunes 26, cuando comenzaron a llegar los telegramas de despidos. En total, por ahora, son 50 familias en la calle.

“Esta pesadilla empezó cuando nos informaron que la empresa decidió despedir el 30 por ciento de la nomina actual de empleados. O sea 55 personas, de los 160 empleados que hay aproximadamente”, cuenta Marcelo Fernández, delegado del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda (SECLA). “La mayoría son sostén de familia y casi todos tienen más de 10 años de antigüedad”, agregó quien oficia de vocero mientras hace una permanencia en lugar junto a su pequeño hijo.

Ajuste profundo

El ajuste del gobierno de Mauricio Macri impacta diariamente en los rincones del conurbano, donde se siente la situación más crítica. En la provincia de Buenos Aires la desocupación trepó a un 11,8%, lo que representa 639.000 personas sin trabajo. Llamativamente, en vez de reconocer el flagelo, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que la suba de la tasa de desempleo registrada por el Indec para el primer trimestre del año “es estacional”.

Las transnacionales radicadas en Argentina decodifican a la perfección las señales que salen desde Casa Rosada, que ejecuta despidos en el propio Estado y dispone paritarias por debajo de la inflación. Mientras repercute el caso más cercano por el cierre de la fábrica Pepsico, en Vicente López, que dejó a 600 personas en una situación desesperante, ahora un escenario similar se expone en la sucursal de Wallmart ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Buenos Aires-La Plata.

“Yo estaba en la parte de rotisería. Venía todos los días, cada mañana, y así durante 17 años. Toda una vida acá adentro”, contó Enrique, otro de los hombres que perdió su empleo, mientras encabeza una ronda de mates. Son varios, sentados en ronda, a la espera de una solución colectiva. “De repente, de la nada, nos dejaron afuera”, agrega Jesús, con 18 años en la empresa.

La firma, de origen norteamericano, envió los respectivos telegramas de despidos a los domicilios particular de los afectados. Si alguien no lo recibió en su hogar, fue notificado de manera personal cuando llegaron el martes a cumplir con su jornada.

Juan Quiroga, gerente de Relaciones Externas Walmart, argumentó la medida al señalar que “se trata de una decisión difícil, pero entendemos que esta decisión posibilitará conservar más fuentes de trabajo”.

Otro de los echados se llama Martín. Hace 10 años realiza tareas en Wallmart. Su pareja, desde hace 12. Se conocieron en el laburo, y ahí mismo se enamoraron. Desde hace un tiempo, viven juntos y sostienen un mismo hogar.

– ¿Vos hace 10 años laburas acá?

– Si

– ¿Y ahora te echaron?

– Me echaron

– ¿A vos y a tu pareja?

– Si, ella hace 12 años que labura acá.

– ¿Se conocieron acá?

– Si, hace 7 años estamos juntos.

– ¿Conviven?

– Si, si.

– O sea, empezaron a armar una vida juntos y…

– Y lamentablemente nos pasa esto.

– ¿Les llego el telegrama?

– Exactamente

– ¿Y ahora cómo la ven?

– Y lo vemos muy triste. Para nosotros y para nuestros compañeros y compañeras porque hay muchos que están en peores situaciones que nosotros.

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En los últimos días salieron a la luz los nuevos dietazos que se asignó la casta gobernante. Mientras, aumenta el número de pobres en el país y el salario promedio queda absorbido entre la inflación y los tarifazos. El abismo como horizonte social.

Cuando a una persona se le consulta por la “economía”, la respuesta se refiere, en general, a su economía en particular. Y entonces, todos y todas vamos a coincidir más o menos en decir que la inflación aprieta, el ajuste tarifario condiciona y el salario (incluso los más onerosos que hay entre la clase trabajadora) se limita. Sin embargo, la situación es más compleja aún.

Un gremio triunfador

Quien lea estas líneas sentirá envidia por el gremio que representa a la casta gobernante. Mientras en la televisión se sacan los ojos para proclamarse representantes del pueblo (y vemos cómo esto va en aumento en años electorales), esta semana la Cámara de Diputados de la Nación dio una nueva muestra del resguardo y alianza de clase al aprobarse un aumento de aproximadamente 30 mil pesos en concepto de representación y gastos, acompañado por todos los bloques políticos a excepción del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT). Pero esto no se da de manera aislada: las y los legisladores nacionales ya contaban con un aumento salarial del 10 por ciento asignado en marzo y otro que se espera para el mes de septiembre.

Cuando hablamos de este vergonzoso aumento, nos referimos a personas que tiene salarios que oscilan los $130.000. Entre ellos, están las y los oficialistas -que reclaman paciencia frente al ajuste- y la oposición, acompañadores seriales que no se han rehusado a la medida, mientras hablan de situación difícil para las y los trabajadores cuando tienen un micrófono por delante.

Hay algo que debemos reconocerle a los garantes de la pobreza y es su coherencia enriquecedora. No solamente por lo antes mencionado, sino porque al mismo tiempo que el poder legislativo se aprueba el dietazo, el Poder Judicial -que está representado por los jueces del 2 x 1 a favor de los genocidas- continuó su escalada “paritaria” y así los integrantes de la Corte Suprema de Justicia alcanzarán el modesto salario de $300.000, mientras que los jueces de primera instancia quedarán limitados a un total de tan sólo $160.000.

Pero el gremio de los gobernantes no se olvida del Poder Ejecutivo. Aunque esta semana aún no consiguieron ningún aumento, los salarios de los máximos representantes ya rondan los $200.000. Así, mientras las y los Ministros están ganando cifras apenas superiores a $180.000, el presidente de la República, Mauricio Macri, alcanza los $210.000. Incluso el negacionista y ex ministro de Cultura de la Ciudad, Darío Lopérfido, que fue enviado a Alemania vaya a saber uno para qué, a las y los argentinos nos costará $200.000 por mes, más una carga única de casi ¡40 mil dólares! Está claro que, para ellos y ellas, el tope salariar del %20 es gratificante.

Consejo del salario

El próximo 27 de junio se llevará adelante la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Allí, el gobierno, el empesariado y la burocracia sindical tratarán de fijar el nuevo piso salarial a partir de la variable del famoso %20. Si esto es así, el salario mínimo en nuestro país será de alrededor de $9.500.

Pero para que el círculo de enriquecimiento funcione, necesariamente debe haber más actores en escena: además de las formidables ganancias de los gobernantes, están los sindicalistas burócratas como Héctor Daer o Carlos Acuña , del triunvirato de la CGT, que cobran más de $200.000. Salarios llamativos si lo vemos desde el ojo de las y los trabajadores reales. ¿Serán ese triunvirato, entonces, el que discute las paritarias de los funcionarios?

Finalmente nos encontramos con el sector empresario; el mismo que hoy goza de regalos impositivos y que en algunos sectores vienen teniendo ganancias galácticas. Por supuesto, no hablamos de los pequeños y medianos que, junto a las y los trabajadores, vienen salvando al país de la quiebra gracias a las cargas que se pagan en concepto de IVA y tarifas esencialmente.

¿Qué pasa con las y los trabajadores?

El país de sueños cumplidos y maravillas en el que viven algunos está en las antípodas del que vive la mayoría de las personas. Y eso que hablamos de la misma tierra. De acuerdo con el último informe de la UCA, en la Argentina hay más de 8 millones de pobres, la mayoría de ellos en situación de hambruna.

A pesar de que el propio INDEC estipuló que para no encontrarse bajo la línea de pobreza se necesitan al menos $13.000 por mes, el salario mínimo que impulsa el gobierno apenas supera los $9.000. Esto sin contemplar que la canasta familiar ronda los $23.000 sin sumarle gastos de alquiler, situación por la que atraviesa la mayoría de las y los ciudadanos.

Todo este trajín de cifras tiene el objetivo de poner sobre la mesa la inviabilidad de un modelo económico que detonará por la puerta social. Las mismas personas que exigen paciencia y esfuerzo a los millones de pobres e indigentes, a las y los trabajadores precarizados, a las y los jubilados con jubilaciones congeladas y escasez de medicamentos, son quienes ganan cifras millonarias por año.

No solamente se enriquecen a costa de sus salarios de película, sino que mientras ajustan tarifas a salarios de por sí enflaquecidos, quitan cargas impositivas para los sectores que históricamente ganaron a costa del sudor de la mayoría de la población.

El país se endeuda de a miles de millones y las ganancias se concentran en un reducto cada vez más reducido mientras los puestos de trabajo se pierden, los negocios cierran porque no hay consumo (es una cuenta escolar saber que si no hay trabajo, no hay salario y, por tanto, no hay consumo) y la gente cae masivamente en la pobreza. El panorama demuestra que no hay productividad para sortear la deuda interna y externa que se está generando. Por otro lado, el cooperativismo se muestra cada vez más como una alternativa real, aunque sufre los mismos embates por parte del Estado, que no genera condiciones de producción o paga salarios que distan mucho del mínimo necesario para vivir.

La situación tiende a ser más grave de lo que aparenta. Sobre todo por el panorama que se avizora en cuanto al futuro. Todo nos hace pensar que serán varias las generaciones que sufrirán las consecuencias y que deberán reanimar a un organismo en agonía. Pero en este presente, y en este, el país del nunca jamás, el cinismo es un arma de destrucción y el abismo el horizonte social que se le ofrece a la clase trabajadora.

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Una retahíla de declaraciones de desprecio de Prat-Gay que no soportan ni siquiera sus propias cifras. Ajuste social desde la perspectiva acomodada.

El gobierno de Cambiemos se promocionó como “el mejor equipo” de las últimas décadas, pero el solo trascurso del tiempo ha mostrado que se trató más de una arenga para propios que un dato real. Compitiéndole a la impericia política de Aranguren con el tarifazo y la ignorancia supina de Bergman disimulada en una existencia entre las sombras, es probable que Alfonso Prat-Gay se lleve los laureles de estos días. Con una falta de tacto que solo puede explicarse por el desprecio de clase y su expresión ideológica neoliberal, el ministro aseguró que la inflación “ya no es un tema”.

Al ministro, parece, se le han escapado las cifras estimadas por un amplio arco de consultoras e institutos, donde todas coinciden en señalar que el total anual de 2016 rondará entre el 43% y el 48%. Nos tenemos que remontar a 1991 para encontrar tasas más altas, es decir, a los estertores de las hiperinflaciones, y superando así el brutal ajuste de 2002. Estas tasas de inflación son de las más altas del mundo. Debemos recordar que en sus promesas de inicio, aseguraron que la inflación rondaría el 25%, con lo que se quedaron en poco más de la mitad de la realidad. Se trata entonces de una deliberada política de engaño o una palmaria incapacidad de prever, analizar y corregir; en cualquier caso, malas cualidades para un funcionario público.

Las mejores paritarias cerraron alrededor de 10 puntos porcentuales por debajo de esos guarismos, por lo que no puede sorprender a nadie que se empiecen a multiplicar los sindicatos que piden reapertura de paritarias. “No sería beneficioso reabrir las paritarias. Hay que reconocer la fuerte baja en la inflación, el poder adquisitivo del salario va a mejorar en el segundo semestre”, respondió el JP Morgan desde el ministerio. Si su declaración es que los salarios van a subir en lo que queda del año, nos declaramos incapaces de reponer el razonamiento que lleva al funcionario a asegurar esto si la inflación no cede, los salarios aumentaron por debajo de los precios y las paritarias no se reabren. Excediéndonos en nuestro rol, podemos oficiar de hermeneutas para la ocasión y sugerir que el ministro no habla de alzas salariales cuando dice “mejorar” sino, al contrario, de caídas consolidadas: será que tal vez también allí habla desde su clase social, y entiende que desplomar el costo salarial significa una mejoría.

Estamos mal… y vamos mal

En esta auténtica catarata de provocaciones, el ministro tampoco dejó pasar el tema candente de la última semana, con la publicación del dato de desempleo oficial. Según el INDEC de Todesca, el 9,3% de la población económicamente activa busca emplearse y no lo consigue. Esta cifra oficial puso contra las cuerdas al autor de la desocupación como “sensación térmica”, que procedió entonces -con el resto del magnífico equipo- a señalar que el problema estaba en las cifras mal relevadas del período previo. La revisión de datos que está haciendo el INDEC es amplia y modifica varias estimaciones que teníamos, en lo que constituye un auténtico vacío estadístico, llenado por aproximaciones de diversa calidad. La falta de estadísticas confiables habilita a que la discusión se base en la pura imaginación.

Pero se conocieron en estos días las cifras del Instituto de Estadística de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo trabajo está coordinado por funcionarios PRO desde hace años, y para sorpresa pública, quedó en evidencia que el aumento del desempleo ocurrió en este primer semestre de Cambiemos. Según este organismo, el desempleo pasó del ya elevado 8,6% del segundo trimestre de 2015 a un 10,5% en igual período de este año, una suba de casi 2 puntos que representa 60.553 desocupados/as más en un año en esta ciudad. Se trata de un aumento significativo, que algunos institutos encuentran también en otros grandes conglomerados como Mar del Plata, Córdoba y Rosario. Y lo que es relevante, perfora el techo y vuelve a ubicarse en los dos dígitos, que había sido señalado como horizonte por Cambiemos cuando se dio la discusión sobre la ley Antidespidos: aquel veto era importante, porque se quería (y quiere) avanzar en la lógica disciplinadora de la desocupación.

Ante esto, el ministro Prat-Gay no se contuvo y lanzó un nuevo menemismo: “Sé que muchos de los que han perdido el trabajo conocen que este era el único camino. Sabemos que es un momento difícil pero vamos en el camino correcto. El año que viene vamos a tener el crecimiento que no hubo en cinco años.” Hablando desde el lugar en que estar un año desocupado se puede resolver con rentas, ahorros y ganancias espurias, el ministro es incapaz de comprender que un año en la vida de una persona sin ingresos y sin ocupación es una marca indeleble, y no unas simpáticas vacaciones. El impacto del desempleo en las posibilidades económicas de subsistir y en los ánimos personales es fuerte, real y presente: no alcanza con la promesa de un futuro diferente. Menos cuando las enuncia el mismo responsable que erró en la estimación de inflación, quien niega el desempleo ante las cifras, quien prometió un segundo semestre de reactivación y ahora lo extiende a un ilusorio segundo año.

No hay debate entre consultoras, institutos ni cifras oficiales: la inflación se ha consolidado a un nivel más elevado que el que tenía, la economía acusa recesión y el desempleo creció. Los funcionarios de Cambiemos omiten considerar sus propios datos, niegan la realidad y proponen promesas cada vez más débiles. Esto es tan cierto que el empresariado mundial se lo señaló al gobierno: desde el Consejo de las Américas renovaron su voto de confianza, pero explicaron que no invertirán su capital aquí. Los inversores saben que estamos ante un cóctel explosivo y no piensan arriesgar su dinero. El problema lo tenemos quienes arriesgamos todo aquí donde vivimos.

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