Los precios de los alimentos en el mundo se incrementan día a día. Más allá de contextos específicos, como pueden ser guerras o desastres naturales, la responsabilidad de la inflación alimentaria se suele identificar fácilmente: el control monopólico de las corporaciones agroalimentarias. 

En el contexto de penetración de las Big Tech en casi todos los ámbitos de la vida, la cadena productiva de alimentos no se queda afuera, y hasta puede empeorar ese escenario. Alianzas entre gigantes del agro (Bayer, Syngenta, Cargill, por ejemplo) con gigantes del sector de tecnologías (Google, Meta, Microsoft, Amazon, entre otras) encienden alarmas y preocupaciones, especialmente entre comunidades campesinas e indígenas. Investigaciones recientes alertan sobre la profundización de su dependencia, la conversión de saberes colectivos ancestrales en mercancía y una posible exacerbación en la contaminación. En las próximas líneas, analizaremos los impactos de esta digitalización de la agricultura en los derechos campesinos.

Gigantes del agronegocio digitalizado

La concentración corporativa en el agro no es una novedad: los oligopolios ya dominan la cadena alimentaria mundial. Estas empresas controlan desde las semillas, genéticamente modificadas, hasta los llamados insumos agrícolas: agrotóxicos y fertilizantes para monocultivos, insostenibles por su impacto ambiental y deterioro de la tierra. Un sistema que genera consecuencias directas en los modos de producción campesinos, quienes sostienen la “columna vertebral” de la alimentación en nuestra región.

Esta industria ha entrado ahora en una nueva etapa. Según el nuevo reporte del Relator de la ONU sobre Derecho a la Alimentación, las empresas agroalimentarias están recurriendo cada vez más, mediante la digitalización, a las nuevas tecnologías digitales y al procesamiento de grandes cantidades de datos para desarrollar sus negocios. El documento plantea que estas innovaciones crean “nuevos desafíos en materia de derechos humanos en los sistemas alimentarios”. El último informe del Grupo ETC sobre el tema, describe al fenómeno como un “Caballo de Troya en los campos”: bajo la promesa de tecnología e innovación, esconde más control corporativo y menos autonomía para las comunidades agricultoras.

Acelerada por la pandemia del Covid-19, la digitalización del agro es promocionada por las transnacionales del sector como solución a ciertos problemas del cambio climático, y una transformación inevitable para lograr un modelo productivo más eficiente, como lo viene planteando hace años también el Banco Mundial. Con ese bombo publicitario y marketinero, florecen las startups de agricultura digitalizada (“AgriTech” en sus términos) en la región, donde Argentina y Brasil albergan casi 3/4 partes de las empresas de esta índole.

La semilla del bot en los campos

Ya no resulta extraña la presencia de drones en los cielos, sensores en los suelos, tractores guiados por GPS o productores trabajando con tablets y dispositivos donde utilizan aplicaciones y sistemas específicos para sus tareas. La digitalización en la agricultura implica el uso generalizado de herramientas como la IA, la ciencia de datos y la biotecnología para mapear tierras, almacenar información y crear nuevos sistemas digitales para gestionar los modos de producción rural.

La alianza entre Big Tech y corporaciones monopólicas de la agroindustria está promoviendo una datificación del conocimiento vinculado a agricultura y del comportamiento de los ecosistemas y bienes naturales comunes, como nunca antes. Se trata de un extractivismo masivo de datos que, además, en muchos casos están vinculados con historias y tradiciones comunitarias y colectivas. Quienes tengan mayor capacidad de recolectarlos y controlarlos, serán quienes puedan modelar los sistemas alimentarios y las políticas agrícolas para su propio beneficio, un mercado de negocios que no considera a la alimentación como un derecho humano y menos reconoce la existencia de derechos campesinos. No se trata de cuestionar la introducción de nuevas tecnologías en abstracto, sino más bien de preguntarse al servicio de quién están, quiénes las controlan, qué modelos productivos profundizan y qué tratamiento de datos hacen.

Repasemos algunos de los principales riesgos de este proceso. Suscribirse a un modo de producción gestionado a través de una plataforma digital implica para las y los agricultores una dependencia aún mayor: se vuelve un circuito en el cual desde la toma de decisión de qué semilla plantar hasta el sistema de pagos y cobros, todo debe pasar por servicios virtuales. El Relator de la ONU lo plantea con claridad: “En estas nuevas explotaciones digitales, los agricultores dejan de actuar según su libre determinación y en su lugar pasan a ser objetos de cosecha”. Como en la mayoría de los trabajos regulados por plataformas, no hay reglas claras y transparentes sobre el uso de datos ni políticas de privacidad sólidas, lo cual no sólo da lugar a la explotación de esos datos en términos mercantiles, sino que también habilita nuevas prácticas de control, que algunos grupos denominan como “agricultura de la vigilancia”. Considerando que América Latina es una de las regiones más hostiles para defensores y defensoras ambientales, esta forma de espionaje resulta preocupante.

Además, en una región con una gran brecha digital, donde muchos de nuestros países enfrentan las tarifas más elevadas de internet móvil del mundo, el acceso a la red ocasiona nuevos gastos a las comunidades, lo cual empeora sus condiciones de vida en los territorios. Más aún si consideramos los altos costos de la maquinaria inteligente. Sumado a esto, y siguiendo las conclusiones del informe de ETC, se estima que millones de puestos de trabajo en el campo serán sustituídos por drones y robots, sin planificar nuevas fuentes laborales para el sector. En algunos países, incluso se les prohíbe reparar su maquinaria porque contiene software patentado. Por último, como ya venimos planteando en Derechos Digitales, la enorme demanda de recursos naturales, como agua y energía, para alimentar toda la infraestructura digital necesaria para estos emprendimientos, es posible que traiga mayores niveles de contaminación y profundización de la crisis climática.

El big data en la agricultura se convierte así en una herramienta de dependencia, vigilancia y control que pone en riesgo la autonomía campesina y la biodiversidad agrícola.

¡A desalambrar las tecnologías!

“El mundo no necesita ni más datos ni más alimentos, sino que las personas tengan más autoridad y control sobre los datos en los sistemas alimentarios”, advierte la ONU. Como se dijo unos párrafos más arriba, no estamos poniendo en discusión la incorporación de las tecnologías digitales, sino más bien qué uso se les da y los modelos que sustentan. Las comunidades campesinas pueden hacer una utilización favorable de las herramientas tecnológicas, que aporten al bien común y no a las ganancias concentradas en unas pocas manos. ¡Y muchas ya lo vienen experimentando!

Las organizaciones que planifican integralmente modelos agroalimentarios alternativos desde los territorios, piensan en cada etapa del circuito: desde que el alimento se siembra (sus insumos, la fuerza de trabajo, etc) hasta que llega al plato de comida de las personas en sus casas (el comercio, traslados, etc). Existe una idea-frase bastante utilizada, que sintetiza muy bien esta propuesta: “Del campo a la mesa”. Por ello, las experiencias de colectivos vinculados al trabajo rural, a la defensa del ambiente, a comunidades indígenas, y a los derechos digitales, pueden abarcar distintos eslabones de este modo de producción, basado en la nociones de Agroecología y Soberanía Alimentaria.

El proyecto Territorios Libres, Tecnologías Libres, impulsado por Intervozes junto a comunidades quilombolas y rurales de Brasil, fue una iniciativa que marcó un interesante precedente en lo que respecta a analizar los usos y concepciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en territorios campesinos. A la vez, existe la Red de Evaluación Social de Tecnologías en América Latina (Red TECLA) que abarca algunos proyectos dedicados a la agricultura. La Herramienta de monitoreo de los pueblos para el derecho a la alimentación, proyecto de la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición, sirve de guía a las comunidades, los movimientos, la sociedad civil, el mundo académico e incluso el funcionariado público en el monitoreo del derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas. Además, la Asamblea de Innovaciones de Base para la Agroecología (GIAA en inglés) es una articulación global que está fortaleciendo experiencias de tecnologías de base aplicadas a la agroecología.

Si pensamos en la cadena productiva, hay desarrollos vinculados directamente con los momentos de la siembra y los cultivos, como por ejemplo la aplicación Lunagro (FIAN Colombia), un calendario agropecuario basado en la interpretación del ciclo lunar. Además, La Mierda de Vaca brinda cursos presenciales y a distancia sobre cómo llevar adelante una agricultura orgánica.

Tanto el aislamiento y distanciamiento preventivo que impuso la pandemia del Covid-19, así como también los debates que introdujo respecto a la alimentación saludable, llevaron a un incremento exponencial en la demanda de bolsones de verduras orgánicas o agroecológicas por parte de la ciudadanía. En Argentina, Más Cerca es Más Justo, y en Brasil, Alimento de Origem, son ejemplos de las decenas de plataformas pertenecientes a redes de comercio justo existentes en América Latina, las cuales buscan nuevas formas de intercambio, evitando intermediarios y sobreprecios, y conectando más estrechamente a productores con consumidores.

Para poder aprovechar las imágenes satelitales en beneficio de la producción local y la conservación de bienes comunes naturales, muchas organizaciones trabajan con Organic Maps, una aplicación GPS y de mapas sin conexión centrada en la privacidad, desarrollada por la comunidad de código abierto. También, existen numerosos proyectos que unen activismo, sector académico y comunidades, como por ejemplo “Gobernanza Hídrica con el pueblo originario Yaqui en México”, analizado en nuestro Glimpse 2024, ideado para desarrollar estrategias efectivas de gestión comunitaria del agua.

Por último, vale destacar la importancia de sitios de información y debate que impulsan la agenda de estos movimientos y favorecen la divulgación de ideas vinculadas con modelos alimentarios alternativos. Entre ellos, podemos mencionar a Agro é Fogo, quienes difunden  “el rastro del fuego del agronegocio global”; BiodiversidadLA, desarrollado por la  Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – Vía Campesina; y Agencia Tierra Viva, impulsada por la Mesa Agroalimentaria Argentina, entre muchas otras iniciativas regionales.

Soberanía alimentaria y digital para vivir mejor

Los desafíos que viene planteando la digitalización en el campo son variados y complejos. Mientras se impulsan tecnologías digitales desde la sociedad civil y el Estado para el beneficio de las comunidades y los territorios, es fundamental generar marcos normativos nacionales, regionales y globales, que puedan proteger la privacidad y los datos en manos de las corporaciones que están desarrollando la datificación en el sector rural. El Estado de Brasil diseñó hace algunos años el Cadastro Ambiental Rural (CAR), como una herramienta que podría ser útil para monitorear el ambiente y los territorios, lo que dio lugar a un debate más que pertinente desde Data Privacy en relación a los datos personales de integrantes de comunidades. Incluso, algunos sectores vienen planteando como alternativa tratar los datos del sistema alimentario como un bien público para abordar esta problemática. Necesitamos que se reconozcan y protejan los saberes tradicionales del campesinado, como así también sus derechos colectivos, para potenciar herramientas tecnologías que respeten estas particularidades.

La complejidad del tema y los gigantes involucrados nos obliga a afinar los diagnósticos y, sobre todo, propiciar articulaciones entre el movimiento de los derechos digitales y las organizaciones campesinas e indígenas para dar respuestas integrales. Por ejemplo, unos años atrás, IT for Change publicó el reporte “Las oportunidades del ecosistema digital para la agricultura india” como resultado de un ciclo de encuentros de debate e intercambio entre diversos actores implicados en estos asuntos.

Podemos discutir la digitalización, la datificación, cómo se obtienen los datos, dónde se alojan y quiénes tienen control sobre ellos, pero si no abordamos las preguntas radicales sobre nuestros modos de vida y de alimentación, es probable que nos perdamos en el camino. ¿Para qué necesitamos tecnologías digitales en los sistemas agroalimentarios? ¿Qué papel tienen las comunidades campesinas e indígenas en la definición de estas nuevas herramientas a incorporar en los modos de producción? ¿Qué modelos priorizan la soberanía alimentaria y digital, y los derechos campesinos y de comunidades indígenas en su autodeterminación?

Lo que está en juego no es solo el acceso a nuevas tecnologías, y el resguardo de los datos, sino, principalmente, la soberanía alimentaria de los pueblos y el derecho humano a decidir cómo producir y consumir nuestros alimentos, de manera justa y sustentable.

* Encargado de Comunicaciones en Derechos Digitales.

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A la par, el gobierno de Noboa busca una consulta popular para convocar  a una Asamblea Constituyente y elaborar una nueva Constitución a su medida. El No a la consulta popular ya está presente en las consignas de las diversas protestas de un Paro Nacional descentralizado, expandido en distintas ciudades y que sigue su cocina a fuego lento.

Por Ana Acosta –  @yakuana (Publicado originalmente en Wambra) | Fotos: Wambra

La convocatoria al paro

Una mujer indígena, con falda, botas de caucho levanta su mano frente a un pelotón de al menos treinta militares armados y protegidos con escudos, cascos y máscaras, en una carretera en Imbabura. Un joven con la bandera de Ecuador baila sobre el techo de una parada de transporte público, en Quito, mientras otros y otras cantan. Una movilización de más de 100 mil personas recorre las calles de Cuenca, como un río: “el quinto río”, lo llamaron, en defensa del agua y en contra de la minería en Kimsacocha, una reserva de agua de la tercera ciudad más grande del país. Indígenas y campesinos con poncho rojo caminan en Latacunga para decir que “si sube el diésel sube todo” y que el trabajo de las manos del campo no van a “subsidiar a los de arriba”. En la Amazonía, mujeres indígenas levantan su palabra y le dicen al gobierno que la selva no está en venta.

Desde el 19 de septiembre de 2025, Ecuador vive varios vórtices de protestas, en distintas ciudades del país y con diversas demandas contra el gobierno de Daniel Noboa. El activador fue el decreto 126, que elimina el subsidio a diésel, firmado el 12 de septiembre, con el que el precio del galón pasó de 1,80 a 2,80 dólares, y podrá subir o bajar dependiendo del costo del barril de petróleo West Texas Intermediate, WTI, que el gobierno adoptó, cuyo valor fluctúa diariamente debido a la oferta y demanda de petróleo o a factores geopolíticos.

La medida de Noboa cumple con los planes requeridos por el Fondo Monetario Internacional, FMI, para el desembolso de un nuevo préstamo de 4 mil millones de dólares, el tercero entregado a Ecuador en los últimos seis años. Medida que ya la intentaron cumplir dos gobiernos anteriores.

En 2019, Lenín Moreno y, en 2022, Guillermo Lasso emitieron decretos para eliminar este subsidio. Sin embargo, en las dos ocasiones, un Paro Nacional y un Levantamiento Indígena sostenido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, y otras organizaciones sindicales, campesinas, de mujeres, feministas, disidencias, estudiantes, trabajadores, detuvieron la medida. Noboa vuelve a implementar la misma receta, y, como era de esperarse, las protestas vuelven a surgir. Pero en esta ocasión, hay varias cosas que marcan una diferencia, tanto para el gobierno como para la organización social.

Militarización y criminalización de la protesta en un contexto de autoritarismo

Militares en los exteriores de la Universidad Central del Ecuador, el miércoles 01 de octubre durante manifestación de estudiantes y artistas. foto: Wambra medio comunitario.

Ecuador no es el mismo de 2019 y 2022. Desde enero de 2024, con el llamado “conflicto armado interno” que el gobierno de Daniel Noboa declaró mediante decreto 111, el país se embarcó en un camino sinuoso que combina una política de militarización de la seguridad, un creciente autoritarismo que ha decantado en graves violaciones a derechos humanos y un aumento de la desigualdad.

Como dice el informe de Amnistía Internacional, del 23 de septiembre de 2025,  Son militares, yo los vi: Desapariciones forzadas por las fuerzas armadas en Ecuador : “Las autoridades ecuatorianas han apostado por la militarización de la seguridad pública, a pesar de que esto contraviene estándares y normas de derecho internacional y que ha dado lugar a denuncias de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros malos tratos”.

En esta política, el gobierno de Noboa sostiene que hay una guerra con “enemigos internos” y como respuesta anunció la implementación del llamado Plan Fenix, pero hasta ahora, los indicadores de inseguridad no dejan de subir. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, en el primer semestre de 2025, Ecuador registró 4.619 homicidios  intencionales, esto representa un incremento del 47% respecto al mismo  periodo en 2024. “La cifra de homicidios semestral es la más alta  registrada en la historia reciente de Ecuador.” dice el informe.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en su informe «Desapariciones forzadas en contexto de la militarización en la costa en Ecuador», registra 33 personas detenidas desaparecidas por patrullas militares durante el 2024 en provincias de la costa, 7 de ellas son menores de edad. Además se conoce de 9 personas detenidas desaparecidas registradas por la Defensoria del Pueblo del Ecuador, que estarían en investigación por parte de la Fiscalía. Es decir, serian 42 personas detenidas desaparecidas por militares.

Siguiendo la misma política de gobierno por decreto, Noboa declaró el estado de excepción en siete provincias de Ecuador, por 60 días, con medidas que incluyen la suspensión de la libertad de reunión y la participación de militares en el control de la protesta. A esto se sumó, el  trasladó la sede del ejecutivo a Latacunga, y la sede de la vicepresidencia a Imbabura. Dos provincias con mayor población indígena y dos de los puntos de mayor convocatoria de las movilizaciones de 2019 y 2022. Latacunga, además, es la cuna de Leonidas Iza, ex presidente de la CONAIE, y uno de los más sólidos liderazgos de izquierda anticapitalista dentro del movimiento indígena y social. Mientras que Otavalo, en Imbabura, es la ciudad natal de la actual vicepresidenta de la CONAIE, Ercilia Castañeda. La estrategia buscaba neutralizar los puntos políticos del movimiento indígena y mantener a la capital, Quito, alejada de las acciones de hecho; sin embargo, el efecto fue diferente: la protesta se descentralizó y se expandió a otros territorios.

En este contexto, cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, anunció un Paro Nacional, el 19 de septiembre, y las protestas se activaron en distintas ciudades, el gobierno de Noboa buscó establecer una relación entre los grupos de delincuencia organizada y narcotráfico, con las organizaciones indígenas, campesinas y defensoras de la naturaleza y los derechos humanos que convocaron a la protesta. Esta narrativa tampoco es nueva.

Guillermo Lasso y su ministro de gobierno, Patricio Carrillo, durante el Paro de 2022, afirmaron que las protestas fueron financiadas por el narcotráfico, sin poder probarlo. Lasso dejó la presidencia después de la llamada “muerte cruzada” con varias acusaciones de corrupción en su contra. En 2024, Danilo Carrera, su cuñado y  ex directivo del Banco de Guayaquil, fue sentenciado por la Fiscalía a diez años de prisión por el delito de “delincuencia organizada” en el Caso Encuentro. Carrera también fue relacionado con uno de los narcotraficantes de la mafia albanesa, Rubén Cherrez.

Patricio Carrillo, en cambio, en 2023, fue censurado en un jucio político por incumplimiento de funciones durante el Paro Nacional de junio de 2022 por la falta de seguridad en el país, la crisis carcelaria y el femicidio de María Belén Bernal, quien fue asesinada por su pareja, Germán Cáceres, un Policía en servicio activo, dentro de una Escuela Policial, en 2022.

El gobierno de Noboa volvió a levantar la misma narrativa para deslegitimar las protestas. El ministro de defensa, Gian Carlo Loffredo, en una entrevista en Radio Centro, vestido con chaqueta de camuflaje militar lo dijo: “Cualquiera que atente contra las fuerzas del orden, sea policías y militares, están atentando contra la seguridad nacional”. Ante la pregunta del periodista “¿ustedes van abatir al enemigo?”, el ministro respondió: “no es abatir o no abatir, sino neutralizar al enemigo y sacarlo de circulación, porque las calles son para la gente de bien y la cárcel para los malos. La forma es entregarles a la justicia por los actos de terrorismo que están causando”

En la misma línea, después de la detención de 13 personas en las protestas de Otavalo, el presidente Noboa publicó un tuit en el que relacionó, sin colocar pruebas que lo demuestren, a los manifestantes con las mafias: “Quedaron en evidencia: financiados y rodeados por criminales del Tren de Aragua.” Esto porque una de las personas detenidas es de nacionalidad venezolana. La organización “Corredores Migratorios” denunció que William Rojas es migrante de Venezuela, padre de una hija y antes de su detención trabajaba como vendedor de boletos en unos juegos mecánicos. La organización denunció, además, que su hija, Deysimar, de dos años, quedó sola.

William es parte de los 13 detenidos en las protestas de Otavalo a quienes la Fiscalía los acusa de “terrorismo” y busca responsabilizarlos por la quema de vehículos policiales y del Comando y la Policía Judicial de Otavalo. Este delito está tipificado con hasta 30 años de prisión. Los otros detenidos son jóvenes indígenas, comuneros y campesinos. A ellos se suma Gina Cahuasquí,  una joven indígena que fue detenida cuando pedía a los policías que no lanzaran más bombas lacrimógenas. Gina fue liberada pero continúa judicializada, mientras los 12 detenidos fueron trasladados a cárceles en otras provincias, lejos de sus familias, en Portoviejo y Esmeraldas, donde ocurrió una masacre con 17 personas fallecidas, esto a pesar de que las prisiones se encuentran militarizadas desde enero del 2024.

No son los únicos. La Fiscalía ha accionado denuncias penales contra de una diversidad de líderes sociales. Defensores del agua de la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay, FOA, fueron notificados por el delito de “asociación ilícita”. Nohelia Ochoa, dirigente estudiantil de la Universidad de Cuenca, fue denunciada por “paralización de servicios públicos”. Leonidas Iza, ex presidente de la Conaie, fue acusado por “instigación” en el Paro, esta denuncia se suma a otras por “secuestro” y por “terrorismo”.

Frente a esto, las personas movilizadas impulsaron la campaña para decirle al gobierno: “Somos campesinos, no terroristas; somos estudiantes, no terroristas”

Bloqueo de cuentas bancarias y suspensión de medios comunitarios

El gobierno de Noboa no sólo desplegó la Fuerza Pública como si las protestas de sectores sociales significaran una declaración de guerra, sino que también puso en acción a organismos de control y vigilancia estatal, cuyos fines eran controlar a las mafias.

Desde el 19 de septiembre, líderes sociales denunciaron el bloqueo de cuentas bancarias. El gobierno usó un artículo de la llamada Ley de Fundaciones, aprobada por la Asamblea Nacional para controlar el flujo de dinero ilícito y el lavado de activos. Sin embargo, la ley no se usó para las mafias, ya que el ministro de gobierno, John Reimberg,  aceptó que lo usaron para controlar el “financiamiento de la protesta”. La Fiscalía abrió una investigación a 58 personas por el delito de “enriquecimiento privado no justificado”. Entre las personas que bloquearon sus cuentas está el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas; defensores del agua de Cuenca; la viceprefecta de Imbabura, defensores del bosque de Intag, líderes amazónicos; ex dirigentes y dirigentas de la CONAIE, ECUARUNARIA, CONFENIAE y de Pachakutik, la directora de Fundación Pachamama, entre otros.

A esto se sumó el hostigamiento a medios de comunicación comunitarios y alternativos. El 23 de septiembre, la Agencia de Control de las Telecomunicaciones, ARCOTEL, suspendió la señal del canal 47 UHF TVMICC, la televisión comunitaria del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. En la resolución dice que esto se hace “con el fin de precautelar el orden público y la seguridad nacional”. TVMICC es la primera televisión comunitaria de Ecuador y realizó las coberturas de las movilizaciones que indígenas y campesinos de Latacunga realizaron para rechazar la presencia del presidente Noboa en la gobernación de Cotopaxi.

La muerte de Efraín y el uso de armas letales

Un video de cámaras de seguridad muestran a una persona tirada en el piso. Varios manifestantes se acercan a auxiliarla, pero un camión con militares armados llega. Solo un manifestante se queda junto al cuerpo y lo abraza. Militares se acercan, lo patean, lo golpean con sus armas, a él y al cuerpo de su compañero herido, hoy sabemos, de muerte.

Efraín Fueres murió durante las protestas en Pinsanquí, Imbabura, el domingo 28 de septiembre. Tenía 46 años, padre de dos niños, artesano y maestro de construcción, comunero indígena y líder comunitario de Cuicocha, comunidad Inguintzala perteneciente a la organización UNORCAC. Dayuma Amores, abogada de INREDH, participó en el levantamiento del cadáver y cuenta que Efraín muere por el impacto de una bala de arma letal que entró por su espalda, esto, para ella, demuestra que las Fuerzas Armadas no están haciendo el uso progresivo de la Fuerza para controlar las protestas:  “Hemos visto, sobre todo en el caso de Efraín, que las armas de fuego fueron la regla general, disparando sin ninguna contemplación a los manifestantes y puede ser eso, ya lo determinarán las investigaciones, pero podemos presumir que por eso el disparo de Efraín entra por su espalda, porque los manifestantes están corriendo desprotegidos, desarmados y que reciban un disparo por la espalda muestra que el uso de la Fuerza no fue progresivo, fue letal y fue con la intención de causar un daño letal”.

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Marcha en Quito durante las jornadas del Paro Nacional. Foto: Wambra medio comunitario

Marcha en Quito durante las jornadas del Paro Nacional. Foto: Wambra medio comunitario

La Alianza de Derechos Humanos, en su monitoreo de vulneraciones del Paro 2025, con corte del 28 de septiembre, documenta 109 reportes de vulneraciones a derechos humano. La organización registra 63 personas detenidas y al menos 48 personas heridas, 6 personas detenidas desaparecidas y 1 persona fallecida “todos estos hechos se han dado en el marco de las acciones de intervención de miembros de la fuerza pública.” Hasta el momento no existen cifras oficiales actualizadas, incumpliendo con ello la obligación estatal de proporcionar información oficial oportuna y transparente. La última cifra que entregó el Ministerio del Interior de fecha 26 de septiembre fue de aproximadamente 100 personas detenidas.” dice el informe.

Una Consulta Popular y el deseo de una Asamblea Constituyente a la medida

Como si de una máquina acelerada se tratara, días después del decreto de eliminación del diésel, Noboa emitió el decreto 148, para una Consulta Popular que apruebe la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Al igual que lo hizo con el Derecho Internacional, cuando invadió la embajada mexicana, Noboa buscaba pasar por encima del control de la Corte Constitucional y que el Consejo Nacional Electoral, CNE, incluyera la pregunta sobre la constituyente dentro de la Consulta Popular ya aprobada.

Según la Constitución ecuatoriana toda propuesta de consulta popular debe pasar por la revisión de la Corte, quien debe analizar la constitucionalidad de las preguntas y emitir un dictamen favorable o no. En la noche del viernes 19 de septiembre, Noboa emitió el decreto y el CNE convocó para las ocho de la mañana para sesionar sobre el inicio del proceso electoral. Pero la Corte sesionó en la noche para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del decreto. Esa noche, policías rodearon la Corte y obligaron a las y los jueces a salir por una supuesta amenaza de bomba. Esto fue visto como una forma de presión y hostigamiento a la Corte para que no emita una resolución.

El domingo 21 de septiembre, el CNE, sesionó y dio inicio al proceso electoral con las preguntas ya aprobadas por la Corte sobre si se permite la instalación de bases militares extranjeras, algo que hoy prohíbe la Constitución; y una pregunta sobre la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos, algo que busca desfinanciar a los partidos y movimientos opositores. Mientras que sobre la pregunta referente a la Constituyente, el CNE solicitó a la Corte que se pronuncie.

Organizaciones internacionales de derechos humanos y sociedad civil expresaron su preocupación frente “al clima de hostigamiento y presión” contra la Corte y advirtieron que esto se suma “a un contexto de presiones externas que incluyen interrupciones en el normal funcionamiento de la Corte, campañas de estigmatización pública contra sus integrantes y la reducción de medidas de seguridad previamente otorgadas”.

Ya para el 24 de septiembre, la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable y dio paso a la Consulta Popular para preguntar al pueblo ecuatoriano si quiere o no una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución. El CNE anunció que la consulta será el 16 de noviembre y tendrá un costo de 59,7 millones.

El No a la constituyente ya está presente dentro de las consignas y carteles en las diversas protestas en todo el país en un Paro Nacional que se sostiene a fuego lento. La CONAIE  presentó diez demandas donde ya hizo un llamado para votar no en la consulta como una forma de rechazar al gobierno de Noboa y sus medidas de ajuste.

Es así que el Paro de 2025 tal vez no logre que el gobierno dé marcha atrás en el decreto de aumento del diésel; sin embargo, el crecimiento del descontento,  la negativa al diálogo y los ataques a múltiples organizaciones están configurando una articulación anti Noboa que pueden tener un efecto en los resultados de la consulta popular y detener el anhelo de una Constitución a la medida del autoritario de Carondelet.

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La audiencia del próximo 12 de mayo será clave para definir su situación judicial. Mientras tanto, desde el Lof Pillán Mawiza —comunidad donde vivía Vic— insisten: su detención fue un castigo ejemplificador, sin pruebas, y forma parte de una estrategia más amplia de criminalización a quienes defienden los territorios frente al avance del extractivismo. 

Por Camila Parodi | Fotos: Lizbeth Hernández

Cobertura colaborativa de Marcha, Latfem y Kaja Negra.

Una causa sin pruebas y una libertad condicionada

Desde el primer momento, la comunidad mapuche y los equipos de defensa sostuvieron que la causa contra Vic fue armada. Durante las audiencias se evidenció la falta de pruebas: no hay testigos, ni imágenes, ni evidencia material que la vincule con el incendio forestal por el que fue acusada. La fiscalía, sin embargo, mantiene la imputación y promueve un relato sustentado en supuestos, prejuicios y construcciones mediáticas. Uno de los elementos centrales de la acusación fue el hecho de que Vic conducía una camioneta blanca, pero informes periciales posteriores demostraron que el vehículo sospechoso no era de ese color, ni del modelo mencionado, ni coincidía con las características señaladas.

A pesar de estas contradicciones, el proceso judicial sigue abierto. La audiencia del 8 de abril, que revisó las medidas cautelares, se realizó a puertas cerradas. No se permitió el ingreso a integrantes del lof, ni a medios de comunicación ni a organismos de derechos humanos. La comunidad lo denunció públicamente como un acto de opacidad judicial. Allí, el juez resolvió otorgarle la libertad condicional, pero bajo restricciones que impiden a Vic retornar a su hogar en territorio comunitario. La fiscalía sostiene que está en curso una investigación por “asociación ilícita”, figura jurídica históricamente utilizada para criminalizar la organización colectiva.

Desde el Lof afirman: “A nuestra lamngen le han armado una causa carente de pruebas, por el contrario, desde la primera audiencia ha podido demostrar con pruebas categóricas y objetivas que es inocente, pero aun así estuvo en prisión preventiva, luego domiciliaria, y ahora se encuentra con libertad condicional”. Desde el territorio insisten que la fiscalía “está empecinada en culpar a Vic” ya que, hasta la fecha, “no cuentan con imágenes, testigos, ni nada que demuestre que es culpable”. Sin embargo, denuncian, “desde el Ministerio de Seguridad sacaron un video exponiendo casas, rostros y dando por hecho su culpabilidad sin prueba alguna.”

Represión, montaje y estigmatización como herramientas del poder

La historia de Vic no es una excepción, sino parte de una política sostenida de criminalización al pueblo mapuche de manera histórica. Las comunidades vienen denunciando hace años el uso de causas armadas, operativos mediáticos y campañas de odio para justificar la represión. El discurso que las vincula con el “terrorismo” se ha convertido en sentido común institucional, y permite acciones estatales de alta intensidad sin cuestionamiento social ni judicial.

“Creemos que este es un mensaje aleccionador del Estado argentino contra el pueblo mapuche, tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional. Desean demostrar de lo que son capaces cuando hay proyectos extractivistas detrás. No hay límites para su violencia y arbitrariedad para despojarnos de los territorios y dárselos a las empresas”, señalaron desde el Lof Pillán Mawiza. La figura de Vic, como activista acompañante de procesos de recuperación territorial, fue utilizada para enviar un mensaje a quienes defienden la Mapu.

En este contexto, la campaña mediática no fue menor. La cobertura de algunas empresas de comunicación replicó sin cuestionamientos las versiones oficiales, reforzando una narrativa estigmatizante y racista. Desde la comunidad sostienen que se montó una operación propagandística “llena de odio racista y misógino, aleccionadora para quienes se acercan y se comprometen con la defensa de la tierra y con nosotres”.

Territorio y extractivismo: detrás de la represión, los negocios

Las comunidades mapuche no dudan en vincular esta avanzada represiva con el avance de proyectos extractivos. En cada territorio allanado existe un interés económico o empresarial identificado: turismo, rutas nacionales, hidroeléctricas, proyectos inmobiliarios, plantas de tratamiento de residuos. En el caso de la comunidad Pillán Mawiza, el conflicto se vincula con un proyecto hidroeléctrico sobre el río Carrenleufú. Pocos días después de la detención de Vic, el gobernador, Ignacio Torres, firmó un acuerdo con Mekorot, empresa estatal israelí, para la gestión del agua en Chubut.

“Nos quieren dispersos, con causas, encarcelades, para así poder avanzar sobre nuestros territorios”, afirman desde el Lof. “Vemos que hace unos años, como siempre ha sucedido en el Puel Mapu, se criminaliza y persigue a las comunidades que están defendiendo su derecho a vivir la espiritualidad y la identidad, lo que requiere de un territorio sano”. El vínculo entre criminalización y extractivismo es directo: “Semanas después de los allanamientos y detención de Vic, el gobernador firma un acuerdo por el cual el agua dulce corre peligro, ya que esa empresa israelí administraría el agua. Se irá privatizando tanto las fuentes como los reservorios”.

Este modelo no es nuevo: forma parte de un patrón regional que busca desarticular la resistencia territorial a través del miedo, la judicialización y la represión estatal y paraestatal. La militarización de los territorios, a través del Comando Unificado, ha profundizado esa lógica. “Las consecuencias son la militarización, los desalojos violentos, la negación al diálogo, la derogación de las pocas leyes que nos resguardan como naciones indígenas”, remarcan desde la comunidad.

Mujeres, diversidades y organización en contextos de persecución

El impacto de la persecución se hace sentir con especial crudeza en las mujeres y diversidades que sostienen la defensa de los territorios desde una mirada de cuidado y vida comunitaria. La detención de una lamngen, su aislamiento forzado, la vigilancia constante y la amenaza latente cambian por completo la cotidianeidad de las comunidades. “Este contexto nos deja una alerta constante, porque así como le inventan una causa a una persona, todas corremos peligro. A su vez, los derechos humanos están en riesgo a diario, qué nos queda a nosotres en los territorios, ¿a dónde podemos ir a denunciar?”

El relato de los allanamientos da cuenta de un uso desmedido de la fuerza. El allanamiento en el Lof Pillán Mawiza fue muy violento. Desde la comunidad denuncian que en el lugar había niñeces y un anciano. Duró 10 horas aproximadamente, más de 100 efectivos de distintas fuerzas: “Estuvimos totalmente incomunicados, aislados y secuestrados en nuestras propias casas”. Este nivel de violencia institucional no sólo busca obtener información o evidencia (que no existía), sino desestructurar los lazos organizativos.

“El hecho de que una de nuestras lamngen esté detenida a 100 km transforma el día a día. Desde enero el Lof está siendo vigilado, y nosotres investigades por la fiscalía de Esquel”, señalan. Por ese motivo, explican, el juez no permite el retorno de Vic a su hogar. La persecución ya no se reduce al Estado, se articula con grupos civiles racistas, paramilitares o contratados por empresas: “Ya no se trata solo de cuidarnos del Estado represor, sino también del crimen organizado. Nos amenazan civiles contratados por empresas y terratenientes”.

Absueltas y organizadas: el futuro de la resistencia

Desde el 8 de abril, la campaña por la libertad de Vic cambió su consigna: #AbsoluciónParaVicYa. La comunidad reconoce la importancia de haber conseguido su salida de prisión, pero advierte que no está libre. La vigilancia continúa, la causa sigue abierta, y la amenaza es permanente. “Pudimos celebrar que ha salido y pudimos abrazarnos, pero recordemos que aún no está libre ya que no puede regresar a su casa ni salir de Esquel”, sostienen en su último comunicado.

Las comunidades mapuche exigen que se visibilice el montaje y que se entienda la persecución en su contexto: “Pedimos que la ciudadanía vea claramente cómo se relaciona esta persecución con los avances extractivistas sobre los territorios”. El acompañamiento a la lucha territorial no puede ser criminalizado. La solidaridad no es delito.

El 12 de mayo se realizará una nueva audiencia. Será una instancia clave para exigir justicia y para denunciar la utilización del aparato judicial como herramienta de represión política y racial. Desde las comunidades llaman a estar alertas, a acompañar, a difundir y a visibilizar que la defensa de la Mapu es una lucha común.

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Por Florencia Pagola

Yamandú Orsi, un docente de secundaria de 57 años, se convierte en el noveno presidente electo de Uruguay después del retorno a la democracia, tras 12 años de dictadura cívico-militar (1973-1985), que formó parte de la Operación Cóndor, una campaña de represión política y terrorismo de Estado respaldada por gobiernos de Estados Unidos. La asunción de Orsi marca un hito significativo: 40 años de democracia ininterrumpida, el periodo más largo de estabilidad política que el país ha experimentado. En este contexto, la toma de posesión se convierte en una celebración de la fortaleza democrática que ha permitido que Uruguay sea considerado uno de los países más democráticos en la región.

Durante el recorrido presidencial desde el Palacio Legislativo hasta la Plaza Independencia, un evento simbólico resaltó la conmemoración del pasado reciente del país. Por primera vez, tanto Orsi como la nueva vicepresidenta Carolina Cosse se detuvieron para saludar a los familiares de los desaparecidos durante la dictadura, encabezados por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos. Este gesto de cercanía es un recordatorio de la deuda histórica que aún persiste en Uruguay con aquellos que buscan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos, y subraya el compromiso del gobierno entrante con la justicia y la memoria histórica.

Un detalle que marcó la asunción de Orsi fue el uso, por primera vez en la historia, de un automóvil eléctrico para el traslado presidencial. Orsi y Cosse se desplazaron en un Hyundai Ioniq 5, un modelo eléctrico que simboliza la apuesta del nuevo gobierno por continuar y profundizar las políticas de movilidad sostenible, basadas en energías renovables. Este gesto va en línea con los esfuerzos previos de Uruguay para liderar la transición energética en la región, un área en la que el país ha sido pionero gracias a su modelo de energías limpias.

La víspera de la asunción presidencial fue escenario de un encuentro trascendental para los liderazgos progresistas de América Latina. En la residencia del embajador brasileño en Montevideo, se celebró una cumbre de alto nivel entre los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, Gabriel Boric de Chile, Gustavo Petro de Colombia, y Orsi. Esta reunión reflejó el esfuerzo por consolidar la unidad de las fuerzas progresistas de la región, buscando caminos comunes para fortalecer la democracia y enfrentar los retos que plantean los gobiernos de corte reaccionario que han ido ganando terreno a nivel global. La cumbre destacó la voluntad de estos líderes de fortalecer la cooperación regional en momentos de creciente polarización política.

A pesar de los avances democráticos, aún persisten desafíos en términos de igualdad de género. En el parlamento uruguayo, la representación femenina sigue siendo insuficiente, con solo un 29% de participación en las Cámaras. No obstante, la elección de Carolina Cosse como vicepresidenta es un paso significativo en la historia del país. Es la segunda vez que una mujer asume este cargo, luego de la vicepresidencia de Beatriz Argimón. Aunque la paridad total aún no se ha logrado, el ascenso de Cosse es un hito en la política uruguaya y un recordatorio de que, aún en las democracias más avanzadas, la representación política plena de las mujeres sigue siendo una asignatura pendiente.

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Las mujeres nos hemos enfrentado históricamente a la sospecha, a la vigilancia permanente y a todo tipo de castigo. Cuando nosotras controlamos nuestros cuerpos, nuestras actividades reproductivas y el conocimiento, ha implicado que recibamos todas las formas de violencias posibles. Por eso seguimos luchando. 

La violencia como estrategia, heredada de la inquisición y la contrainsurgencia, forma parte del régimen patriarcal; quienes actúan desde ahí insisten en disciplinar, adoctrinar y silenciar a las personas, a las mujeres, que con su labor interpelan a este sistema que pone en el centro a los hombres y sus intereses, principalmente a quienes tienen poder. Se trata de un sistema que pretende apropiarse del cuerpo de las mujeres con el castigo, encierro y control. 

Durante la invasión española, las mujeres que practicaron la medicina o su espiritualidad, las que se opusieron a los tributos o a denunciar las injusticias y despojos fueron encarceladas o ejecutadas.  

El encarcelamiento político de las primeras que organizaron huelgas y sindicatos, tras ser acusadas de bolcheviques o comunistas, se remonta a los años veinte del siglo pasado. 

Durante la historia reciente, cuando la participación política y social empezó a ser más activa y colectiva, fueron reprimidas. El archivo de la Policía Nacional es testigo documental de miles de acusaciones contra mujeres, lesbianas y contra disidentes políticas y sexuales señaladas como prostitutas, locas, alcohólicas, malas madres, desviadas o subversivas. Tras rumores y difamaciones, muchas de ellas fueron desaparecidas o asesinadas.  

La lucha por ganar espacios políticos vino con el movimiento de mujeres sufragistas. Graciela Quan Valenzuela, una de las primeras abogadas graduadas de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC), fue pionera en un momento en el que las mujeres no tenían, ni siquiera, el derecho a votar. Sería gracias a su lucha y la de otras que en 1944 las mujeres alfabetizadas, privilegio casi exclusivo de mestizas, ganarían el derecho al voto.   

En Guatemala la historia de la lucha por la justicia y la memoria histórica la han encabezado, en su mayoría, las mujeres. Muestra de ello ha sido el reconocimiento con el Premio Nobel de la Paz otorgado a Rigoberta Menchú Tum, originaria de Uspantán, Quiché, quien denunció al mundo  los crímenes que se estaban cometiendo en su comunidad y en el país durante el conflicto armado interno.  

Mujeres como Rosalina Tuyuc, Nineth Montenegro o Aura Elena Farfán dedicaron sus luchas a la búsqueda de sus familiares desaparecidos por  el Ejército de Guatemala o por el propio Estado. Ellas fundaron organizaciones como la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) o FAMDEGUA (Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Guatemala). Otras lo hacían desde sus organizaciones estudiantiles, como la Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda de León” (AEU) o los sindicatos. Miles de personas fueron castigadas con la desaparición forzada, la tortura o el asesinato político.

Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, Otilia Lux formó parte del grupo de personas que elaboró el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), presentado en 1999 con el título Guatemala: Memoria del silencio. 

En dicho informe, organizado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), miles de mujeres dieron su testimonio para que se conocieran las atrocidades de violencia física, sexual y psicológica a las que habían sobrevivido durante el conflicto armado interno que duró 36 años en el país. En abril de 1998 el obispo Juan Gerardi fue asesinado por haber documentado el horror cometido por agentes estatales. Las comunidades se organizaron en cientos de comités de víctimas y sobrevivientes para clamar justicia por el despojo, los crímenes de guerra y genocidio cometidos en su contra.

La justicia en el país continuaba resonando por los estragos cometidos durante la guerra. En la segunda década del nuevo milenio se logró enjuiciar a más de una decena de militares y policías de alto y bajo rango por casos emblemáticos de violencia sexual y delitos de lesa humanidad a la que fueron sometidas. 

Casos como el de las mujeres de Sepur Zarco, el de las mujeres Achi’, el caso contra Emma Molina Theissen, o el de Creompaz (Centro Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz), el de la toma y quema de la embajada de España y el caso de desaparición forzada del sindicalista Edgar Fernando García, todos fueron impulsados por mujeres indígenas, mestizas activistas y comunitarias.  

En estos procesos vimos a juezas, fiscales y abogadas que, pese a los riesgos para ellas, se atrevieron a investigar y dar sentencias condenatorias. Es el caso de  la jueza Yasmín Barrios y la fiscal Gilda Pineda, quienes condenaron a Ríos Montt en mayo de 2013 por genocidio contra el pueblo Ixil de Quiché. También han asumido un papel relevante varias abogadas, que como querellantes acompañan a sobrevivientes y testigas, como Lucía Xiloj, Jovita Tzul Tzul o Wendy Geraldina López. 

Los Acuerdos de Paz plantearon que como garantía de la no repetición de crímenes graves contra la humanidad como el genocidio, debían investigarse las estructuras paralelas y aparatos clandestinos. De ahí que con el tiempo se organizó la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). A partir de este hecho y que al Ministerio Público (MP) llegaron mujeres valientes como Claudia Paz y Paz y luego Thelma Aldana, quienes tuvieron la voluntad de dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con estos crímenes y los de corrupción. 

Todo el trabajo de investigación de decenas de personas, como fiscales y mandatarias de CICIG fueron claves para demostrar el funcionamiento de esas estructuras, así como procesarlas e incluso encarcelarlas. No pasó mucho tiempo para que dicha Comisión fuera desmantelada por el gobierno de Jimmy Morales. Entonces empezaron a ser perseguidas. 

Varias abogadas y defensoras de la justicia que fueron magistradas, juezas, jefas del Ministerio Publico, fiscales y mandatarias investigadoras han enfrentado procesos penales montados y manipulados. Leily Santizo, Claudia González, Siomara Sosa, Samari Gómez, Paola González, Aliss Morán, Paola Escobar y Virginia Laparra han tenido que estar en la cárcel. Flor Gálvez, Claudia Escobar, Claudia Paz y Paz, Thelma Aldana, Gloria Porras, María Eugenia Morales, Erika Aifán, Amy Girón, Mayra Véliz y otras han tenido que salir al exilio tras el acoso y hostigamiento permanente. Otras como la jueza Yasmín Barrios se mantiene en Guatemala, no sin estar en riesgo permanente.

Estos hechos de violencia política se cruzan con líneas casi invisibles de misoginia y otras formas de violencias machistas. De nuevo el mandato sobre las mujeres que no obedecen, que se atreven a hablar o a denunciar son castigadas y acusadas de soberbias. Los intentos de sometimiento provienen de lo que en Guatemala desde el 2017 se conoce como el Pacto de Corruptos, que no es más que el pacto patriarcal del bloque dominante, en beneficio de hombres con poder, militares, empresarios o funcionarios públicos acostumbrados a mandar y gozar de absoluta impunidad y que no soportan que sean mujeres quienes hayan puesto en tela de juicio las formas del ejercicio de poder y de acumulación de capital.

Ellos no solo las han atacado como profesionales sino como mujeres, ridiculizando sus logros profesionales y aspectos de su vida personal y familiar.  Su fin último habría sido cortarles las alas, silenciarlas y encerrarlas.

El efecto ha sido todo lo contrario, ellas se han fortalecido, gozan de apoyo y respaldo en todo el mundo. La respuesta ante el pacto patriarcal de corruptos ha sido afianzar el apoyo y la organización entre mujeres, que parte de la conciencia colectiva de la amenaza común que las intenta controlar.  De este modo se sale del lugar en donde pretenden ubicarlas, a la vez que se rompe con la lógica de control y de sometimiento. En el que la reflexión y la escritura son una contribución para lograrlo.

El especial periodístico “Nos queremos libres” es un esfuerzo que intenta explicar cómo el retroceso democrático tiene implícita la violencia machista y cómo pese a todas las estrategias para que el modelo se mantenga, las mujeres resisten.

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Por Maru Waldhüter

Con la foto de Gustavo colgando del cuello, el prendedor de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, inhala coraje y le hace el nudo al pañuelo debajo del mentón. “Listo, ya está”, dice Norita Cortiñas en una de las imágenes que le da comienzo a la película que lleva su nombre. Es la imagen de un ritual que se repitió durante 47 años, prepararse y estar lista para salir en busca de su hijo Carlos Gustavo Cortiñas detenido y desaparecido por la última dictadura cívico militar el 15 de abril de 1977 con 24 años de edad. Desde entonces Norita empezó a caminar, recorrió sola y luego con otras madres los pasillos de hospitales, comisarías, hasta que se encontraron en una forma de lucha inédita, en un acontecimiento histórico, la ronda en la Plaza de Mayo con los pañales de sus hijos e hijas en la cabeza que luego se transformarían en sus emblemáticos pañuelos blancos. 

Norita caminó tanto que recorrió el mundo y supo enlazar su pañuelo con otras luchas en un compromiso inquebrantable de Memoria, Verdad y Justicia. “Viene Norita”, se solía escuchar el rumor en actos y movilizaciones. Nos contagiaba vida con el brillo de sus ojos siempre maquillados y su sonrisa inolvidable que nos hizo tanto bien. La encontraremos en sus pasos, en su legado y ahora en su película.  

El documental que se estrenó en las salas de todo el país los primeros días de noviembre, está dirigido por el australiano Jayson McNamara y Andrea Carbonatto Tortonese que también tuvo a su cargo la realización de las ilustraciones animadas de la película que cuenta la historia de la inolvidable Norita. “La conocí en el marco de mi primer documental sobre la dictadura, El mensajero y trata sobre la valiente labor del ex director del diario Buenos Aires Herald, Robert Cox, al denunciar los crímenes de la dictadura, recibir en su redacción y publicar en tapa las notas que llevaban las madres. Entrevisté a Norita para ese documental y me quedé enamorado de ella”, cuenta el director. “Fue un proceso hermoso, ella era una mujer con una capacidad para conversar y conmover extraordinaria. Sabía trabajar en equipo y compartir sus emociones y pensamientos porque es lo que hizo gran parte de su vida con sus compañeras de lucha. Ella construía pensamiento a partir del diálogo, siempre en comunidad y siempre en contacto con lo más profundo y hermoso de la condición humana, el afecto”, recuerda la codirectora del documental que ya conocía a Nora por sus años de trabajo y colaboración en Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora entre 2012 y 2016.

De la intimidad a lo público

La película alcanza momentos de mucha intimidad en los relatos de Nora que son también relatos de la historia argentina. Aunque, por momentos, la idea del protagonismo no la convenciera del todo porque, como cuenta el director, “las Madres tenían una forma horizontal de hacer política y no le gustaba al principio la idea o la posibilidad de que ella sobresaliera”. Desde el comienzo el equipo se puso al servicio de contar la historia de Nora, comenta Andrea, “eso implicó involucrarnos en su vida cotidiana y comenzar una conversación con ella que duró los 7 años de trabajo. Fue muy orgánico que ella comandara, necesitábamos tener presente siempre su mirada y su voz de una manera muy concreta para lograr contar su historia desde un ángulo personal. Ella estuvo siempre al tanto de los avances y brindando su mirada a cada paso”. Incluso, cuentan, que fue la propia Nora la que le pidió al compositor Gustavo Santaolalla una canción para la película y terminó haciendo la música original del documental. 

En esa intimidad que se abre está el relato de Juanita Morales, la hermana de Nora, el recuerdo de Carlos, su marido, desde el momento en que se conocieron, las fotos de la boda, el nacimiento de los hijos, hasta aquel año trágico de 1977 que transformaría la vida de la familia para siempre. Nora y Carlos no volvieron a ver a su hijo, y Marcelo perdió a su hermano mayor. “La película no sólo da cuenta de la permanencia del dolor que provoca la desaparición forzada y cómo afecta a las familias, también generó una reflexión muy íntima de Nora y la posibilidad de que ella pudiera acercarse más a su hijo menor quien además de sufrir la pérdida de su hermano, también vivió muchos años la ausencia de su madre”, cuenta Andrea. 

Norita navega entre flores de irupé

Entre fotografías del álbum familiar, material de archivo de los años de la dictadura y registros más contemporáneos, se componen escenas de animación que, tal como recuerda Jayson McNamara, fueron desde el comienzo del proyecto un pilar del documental. Las escenas animadas se convierten en pasajes poéticos que permiten otra forma de contar el dolor y recrear situaciones relatadas por Nora. “Las animaciones van hilando los distintos materiales a lo largo del documental, como bien decís, de una manera poética”, dice Andrea, a cargo del arte de la película. “Lo poético siempre nos permite emocionarnos, contemplar y reflexionar de una manera muy particular. Necesitábamos abordar algunas cuestiones que no se podían contar con el material de archivo: acompañar algunos relatos que contaban ciertos climas emocionales de Nora con su familia, o momentos siniestros que requerían abordarse de una manera soportable y profunda a la vez. También necesitábamos algunos momentos de transición que nos llevaran a estados más contemplativos, tan necesarios para respirar en determinados momentos de la narración”. 

2018. “Acá tenés las pibas para la revolución”

Quienes fuimos parte de las calles de 2018 cuando el proyecto de Ley por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito ingresó por primera vez al debate en el Congreso de la Nación, en algún momento vimos llegar a Norita entre la marea verde. Al ritual del pañuelo y la foto de Gustavo, se incorporó el pañuelo verde en la muñeca izquierda que con el tiempo también incorporó los colores del orgullo LGTBIQ+ como parte de la misma lucha. En los 8M, las movilizaciones de Ni Una Menos, o en los pañuelazos por el aborto se podía escuchar “Norita, Norita, Norita corazón, acá tenés las pibas para la revolución”. Una nueva generación había comenzado a enamorarse de la Madre de Plaza de Mayo y la recibía entre bengalas violetas y verdes en cada acto como una auténtica rockstar, ahora, en las luchas feministas. Estos años ocupan un lugar especial en el documental, “previo al 2018 estábamos buscando (entre comillas) una lucha de las de Norita, de las que acompañaba como marco en el cual retratarla”, dice Jayson McNamara que recuerda que eran tantas las actividades y aunque todas confluían en luchas por los derechos humanos, también eran muy diversas. “Era muy difícil contar todas sus luchas en una sola película. Queríamos enfocarnos en una y mágicamente, como era Nora, surgió la lucha por el aborto. Vimos el acompañamiento de Norita durante tantos años y de repente, la primera vez desde la dictadura, se generó una expresión popular masiva, revolucionaria, que se venía generando desde las bases y nos parecía hermoso que Norita fuese como una especie de puente entre una generación y otra. Desde ya, todo ese proceso de confrontar el machismo de las instituciones, de la Iglesia como ella había hecho en la dictadura, a estar envuelta y embebida en una nueva época para cuestionar esas cosas también provocó una reflexión muy profunda en ella, sobre su familia, sobre el su rol de mamá y algo de eso quedó en la película también”, contó McNamara.

Ana María

El documental cuenta con el relato de Antonia Carrizo, compañera de Gustavo durante sus años de militancia, las Madres de Plaza de Mayo Elia Espen, Haydée Gastelú y Marta Vasquez que recuerdan sus historias personales y la lucha compartida junto a Norita. El relato de Nora Strejilevich, sobreviviente a la tortura y el secuestro, trae a Norita con la imagen de una luciérnaga por su capacidad de iluminar aún en la oscuridad de la noche.

Entre esas historias está la de Ana María Careaga, sobreviviente al centro clandestino de detención Club Atlético. Ana tiene un rol clave en el documental, su historia se enlaza con la de Norita en una amistad inseparable. “Ana María Careaga fue secuestrada estando embarazada de su hija Anita, ambas sobrevivieron.  A su vez, es hija de Ester Ballestrino de Careaga, una de las tres Madres de Plaza de Mayo desaparecidas”, cuenta Andrea Tortonese. Esther, fue secuestrada junto a Azucena Villaflor, María Ponce y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Todas eran parte del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz donde se infiltró el genocida Alfredo Astiz. “Ana forjó un lazo profundamente amoroso con Norita. Su testimonio aporta a la historia aquello que tantos y tantas no pudieron contar; a su vez reconstruye la historia de su madre de la mano de Norita. A ambas las une el dolor de sus pérdidas y el compromiso inclaudicable en la lucha por la verdad y la justicia”, contó la directora de la película. 

Norita internacionalista

Las Madres entendieron rápidamente la importancia de contar a la prensa extranjera lo que sucedía en el país. Era imprescindible replicar en el exterior que en Argentina había personas desaparecidas en el contexto de una dictadura militar, por eso, en 1978 mientras la selección nacional de fútbol ganaba la copa del mundo, las Madres aprovechaban para hablar con la prensa extranjera. La película trae imágenes de 1981 de Nora hablando ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza. Desde allí exigió respuestas sobre la desaparición de su hijo y por miles de personas en la misma situación. Nora recorrió el mundo, llevó su lucha y acompañó tantas como las de las mujeres en el Kurdistán, o como lo que recuerda el director, “uno de sus últimos viajes fue a Japón a conocer a las mujeres que fueron esclavas sexuales del Ejército Imperial Japonés durante la Segunda Guerra Mundial. En Corea esas mujeres tomaron la plaza enfrente de la embajada japonesa para protestar cada miércoles, se sentaban en sus sillitas y miraban con la mirada clavada en la embajada”. Sin dudas, la acción recuerda a la forma de lucha que encontraron las Madres de Plaza de Mayo y como señala el director, también por la forma de ocupar el espacio público. “Norita era una persona que hilaba estas diferentes luchas en diferentes puntos del mundo. Era una internacionalista desde casi los primeros días de la lucha de las Madres. Norita entendía la condición humana como algo universal más allá de las naciones. Creo que es muy importante resaltar esto porque estamos ante una vuelta del nacionalismo muy fuerte en el mundo”, reflexionó Jayson McNamara. 

Los hilos de Norita costurera

El andar de Norita no se detiene, ahora sigue en forma de película. Su historia es también parte de la nuestra y la película extiende sus luchas. “Sentimos esa continuidad”, dice Andrea Tortonese,  “la película es una extensión de ella y era su deseo acompañar su película por toda la argentina y por el mundo. Lamentablemente no pudo hacerlo, su partida fue devastadora. A la vez una parte de ella y de su historia, que es la historia de muchas madres y de nuestro país, permanecerá por siempre cada vez que queramos visitarla. Norita nos dejó una película para no olvidar”. En buena medida, los hilos de aquella Norita costurera se convirtieron en una trama de luchas y una suerte de amparo ante el terror y la crueldad. El hilo que en las animaciones va hilvanando la madre de todas las batallas, “la convierte en costura mientras Norita hace camino, ese hilo de esa mujer costurera que decide salir a la calle a buscar a su hijo. Sin dudas, Norita nos pasa este hilo para que sigamos su legado. En estos tiempos en donde vuelven a instalarse discursos negacionistas y de odio, la película de Norita viene a reponer, una vez más y cada vez que lo necesitemos, un pedazo de historia de nuestro país. Para decir una vez más y todas las que hagan falta que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y que los derechos humanos tienen que estar por encima de cualquier cuestión partidaria. Este documental es un pedazo de historia contado de primera mano por Norita y tres mujeres que sobrevivieron a la dictadura, muy cercanas a ella. La potencia de los testimonios conmueven la condición humana y proponen los tiempos de la reflexión, bajar la velocidad para volver a conectarnos desde un pensamiento profundo y crítico. Es vital volver a conmovernos para reflexionar”, sostiene Andrea Tortonese.

La amiga

Jayson McNamara recuerda a Norita como una amiga, una educadora, “por quien siento un agradecimiento muy fuerte. Confió en mí y me ayudó a entender gran parte de mi propia historia y también la historia de Argentina que es un país que considero como propio, me siento adoptado, muy agradecido y muy asombrado por la vida que dejó, a pesar de no haber encontrado a su hijo, porque Gustavo Cortiñas sigue desaparecido”. “Tuve la suerte de estar muy cerca de ella y recibir el regalo de su amistad”, dice Andrea Tortonese, y “aunque su cuerpo haya partido sigue siendo una luz que nos guía en la oscuridad. Quienes quedamos en este mundo tenemos la responsabilidad de continuar con su legado. Se lo debemos a ella, a todas las madres y a los 30.000. Todos los que hicimos la película cumplimos con la responsabilidad de contar su historia y ahora vamos a trabajar para cumplir con lo que ella quería para esta película: que Norita camine tanto como Norita”.

*Foto de portada: ARCHIVO HASENBERG-QUARETTI

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Por Laura Salomé Canteros | Fotos: Latinas en Marcha

Que el derecho al aborto es tema obligado en cada elección post 2018 no es novedad. Tampoco moda. Fue gracias a que miles de activistas feministas se organizaron para levantar la calidad del debate político criticando el alcance de la democracia en el mundo, exigiendo reformas de vida a representantes, jefes, CEOs y patrones.

Es que las olvidadas, las postergadas, las desterradas, las esclavas rompieron el silencio y ya no toleran quedar fuera del banquete del placer y la distribución de las riquezas. El 5 de noviembre es así de clave y se trata de la existencia. Las latinas saben que su decisión como mujeres y disidencias a la hora de ir a votar excede el evento que da continuidad o genera un cambio de gobierno en los Estados Unidos: podría sentar un precedente para blindar derechos en cada uno de los estados del llamado país de la democracia y la libertad.

Es por esto que están en las calles y hasta el 5 de noviembre participarán de las elecciones que el mundo mira con un bonus, juntaron más de millón y medio de firmas para presentar en la boleta la Enmienda 4 que protege el derecho al aborto en La Florida. Una iniciativa feminista para reformar la legalidad constitucional, pero que además tiene el objetivo de despenalizar socialmente el aborto.

La Enmienda 4 dice que “ninguna ley prohibirá, penalizará, retrasará o restringirá el aborto antes de su viabilidad”, y se requerirá un 60% de aprobación que sí, es difícil, pero tiene el objetivo de terminar con el plazo imposible de seis semanas para acceder al derecho al aborto.

Ellas son las Latinas en Marcha, quienes se definen como un programa estatal de mujeres latinas progresistas que buscan cambiar y remodelar la agenda conservadora del gobierno local realizando actividades culturales. Comenzaron a organizarse tras un evento en 2018 en Miami y en 2024 ya realizan campaña en todo el estado. Las movió el deseo de averiguar cuál era “el hambre” por la existencia de un movimiento político centrado en las mujeres latinas. Y acertaron.

Latinas es una coalición de organizaciones y está conformado por mujeres y disidencias, sobre todo en Miami y Orlando, que ansían participar en la toma de decisiones. Trabajan territorialmente diferentes problemáticas como el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, el derecho a la vivienda o la justicia climática. Están preocupadas por que la democracia llegue a todas las personas, sobre todo a quienes fueron históricamente marginalizadas como les afrodescendientes, pueblos indígenas y claro, las mujeres latinas.

Para que nos lo cuente, hablamos con Ysabella Osses, directora del electorado latino para Florida Rising, activista de Latinas en Marcha. Un espacio de creación de poder popular que surgió de la mano de Dolores Huerta, histórica sindicalista por los derechos campesinos.

*

¿Qué está en juego en las próximas elecciones respecto a los derechos de las mujeres y las personas del colectivo LGBT?

En este momento, lo que está en juego son nuestras vidas y nuestra dignidad, sobre todo en temas de salud. Tenemos un gobernador, Ron DeSantis, que es una persona que está en contra de todo lo que no sea cristiano y hombre. Está en contra de la salud sexual, del aborto, de métodos anticonceptivos, de la comunidad LGBTQ.

DeSantis ha definido distintas iniciativas públicas, como la prohibición del aborto a las seis semanas o “Don’t Say Gay”, que consiste en que no se puede decir la palabra gay en los colegios o si no pueden despedir a las y los profesores. Además, la currícula que están enseñando en los colegios públicos es una historia revisada de los Estados Unidos donde no se mencionan a la esclavitud o las experiencias que han tenido que pasar las personas latinas o afrodescendientes para llegar donde estamos. No hablan de la falta de igualdad, no hablan de básicamente temáticas de justicia social.

¿Cómo es la situación del derecho al aborto en el país? ¿Cuáles son aquellos estados donde es más difícil acceder a la interrupción voluntaria del embarazo?

Desde julio, en el estado de la Florida tenemos una prohibición extrema del aborto hasta las seis semanas, sin excepciones reales por violación o incesto. Pero para hacer un aborto, primero hay que buscar un turno con el ginecólogo o la ginecóloga, y acá la salud es demasiado cara. Después, en 24 horas, hay que tener la ecografía y allí, sólo se acepta el aborto hasta la semana seis desde el último periodo de menstruación, lo que obviamente no es suficiente para que la persona gestante sepa que está embarazada.

A eso se le agrega una capa más de dificultad para las mujeres latinas, sobre todo para las que están atravesando un sistema migratorio complejo y desigual: en la última sesión legislativa se aprobó una prohibición de que quienes están indocumentadas puedan pasar al estado de la Florida en auto y quienes no tienen documentos no pueden tampoco viajar por avión a diferentes estados del país.

Entonces, ahora vemos geográficamente que en los Estados Unidos hay una prohibición de seis semanas o en algunos casos total del aborto en los estados del sur. O sea que si alguna mujer que es mamá y latina -porque la mayoría de quienes han recibido servicios de aborto ya son madres-, desea tener acceso a la interrupción del embarazo tiene que viajar a otro estado como Virginia, Chicago o Washington D.C.

Todo un ataque a la clase trabajadora, ya que la que tiene dinero puede viajar a cualquier país y a cualquier estado para tener acceso a estos servicios, lo que significa que básicamente en Estados Unidos una tiene que comprar los derechos humanos que le corresponden.

¿Qué opinan de la “Marea Verde” en otros países y en América Latina? Comenzaron a usar el pañuelo verde, ¿se sienten parte de una lucha que es global?

Estamos muy contentas de tener una estrella, en este caso del sur, como la Marea Verde. Hay referentes como Marta Alanis (Católicas por el Derecho a Decidir/ Incidencia Feminista) que estuvo con nosotras y nos enseñó sobre el movimiento; de los éxitos, de lo que hay que mejorar y que nuestras luchas y éxitos no son permanentes y una tiene que seguir luchando por convicciones y valores.

Eso es lo que estamos tratando de hacer en Latinas en Marcha. El primer encuentro de la Marea Verde en Estados Unidos fue en Washington D.C. el año pasado y ha tomado fuerza. Me encanta ver los pañuelos verdes que acá se ha convertido en uno de los símbolos también de la lucha por derechos reproductivos. Quizás no tanto como en Argentina, pero para allá vamos, y yo sé que lo vamos a hacer real, sobre todo con la campaña de la Enmienda 4.

El 5 de noviembre queremos pasar una Enmienda que limita la interferencia política con el derecho al aborto. Es una Enmienda constitucional y para eso juntamos más de un millón de firmas de diferentes floridianas y floridianos para ponerla en la papeleta electoral de estas elecciones (2024), y hemos estado haciendo campaña, trajimos a la Marea Verde acá a Florida por primera vez.

Hicimos eventos de storytelling donde quienes asistieron hablaron sobre sus historias de aborto y salud reproductiva o de falta de acceso a la salud o la atención médica; sobre los temas de reproducción y asuntos de género también, y hemos estado sacando ese tabú de que es algo nuevo y que no debería ser legal. Acá, en la cuna de la opresión y con las latinas en los Estados Unidos.

Ser latina en Estados Unidos

Para Ysabella, la palabra latina es un término “para ponernos en la misma bolsa”. Considera que es un término que soslaya que “cada país de la región tiene su cultura y diferentes formas de mirar el mundo”. Pero rescata que es un “puente de unidad” ante la tremenda ola de discriminación hacia la comunidad latina en los Estados Unidos.

La reflexión llega mientras corre la noticia de que artistas de Puerto Rico, con millones de seguidores en sus redes sociales, llamaron a votar por la candidata demócrata, Kamala Harris, tras la violencia de un vocero de la campaña de su rival, Donald Trump, en uno de sus mitines. “Trató a Puerto Rico como una isla flotante de basura”, contó Ysabella, y recordó que “cuando se tiró a presidente en 2016 nos trató de criminales, de que mandamos lo peor, de que vivimos en shithole countries o en países de mierda en sus palabras”.

Éste es uno de los motivos por los que las latinas están organizadas como movimiento, sobre todo en el sur del país. “Las personas migrantes no quieren creer que este hombre está hablando sobre ellas. Entonces, hay un fenómeno interesante: las políticas públicas no nos toman en cuenta, pero aún hay gente que lo apoya y lo respalda sin preguntas ni dudas”, contó la referente política.

Ysabella es consciente de los desafíos. “Éste es un momento súper importante”, afirmó, y recordando a la militante por los derechos campesinos que las vio nacer como organización, dijo: “Es un campo de tierra fértil que podemos hacer crecer; aquí y ahora podemos plantar diferentes semillas de diferentes formas dependiendo el país”.

Vuelve a la pregunta que la llevó a pensar en medio de una campaña que está en la vertiginosa recta final. “A mí lo que me gusta mucho de ser latina es que sabemos que siempre tenemos que seguir trabajando para conseguir lo que queremos por la dignidad para nuestras comunidades, familias y amistades”, retomó y finalizó: “Me gustaría ver cómo ganamos la Enmienda 4 el 5 de noviembre y cómo vamos a transformar la agenda de la justicia reproductiva en el estado de La Florida. También crear rayitos de luz para otras compañeras que están en los estados más arriba de nosotras”.

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Por Redacción Marcha / Fotos: Rolando Andrade Stracuzzi 

La noticia de que se libere al asesino de un hijo, de un hermano, de un compañero viene sobrevolando los días de las familias Santillán y Kosteki y de sus seres queridos. Si bien nunca andan solos ni solas, porque la lucha por justicia desde hace más de 22 años es de ellas y ellos, pero también de quienes les rodean. De quienes siguen creyendo que el gesto de Darío es un horizonte de ternura y compañerismo en medio de tanta crueldad por decreto. 

Así recibieron el fallo judicial de la Cámara de Apelaciones en lo Penal nº 3 de los Tribunales de Lomas de Zamora, donde le otorgaron la libertad condicional al ex cabo de la policía bonaerense Alejandro Acosta.  Y consideran, además, que esta liberación es la antesala de la libertad al otro asesino: el ex comisario Alfredo Fanchiotti, que se encuentra en igual situación, condenado a cadena perpetua por los mismos crímenes.

Por eso el repudio se volvió grande. Más de 300 adhesiones seguían llegando minutos antes de que comenzara la conferencia de prensa, realizada en la sede del SERPAJ (Servicio Paz y Justicia) en CABA.

Allí, Alberto Santillán, papá de Darío, denunció que “hay dos clases de justicia. Una que actúa cuando tiene que cubrir a los poderosos y otra cuando tiene que dar la libertad a los que el Estado manda a que asesinen”. “¿Y la justicia para mi hijo dónde está?”, afirmó. “¿Y la justicia por los que creen en la vida, por los que quieren un mundo mejor?”, retrucó. Y encauzó la liberación del asesino de su hijo como “una más” tras la renovada y publicitada relación entre políticos de extrema derecha y genocidas durante este gobierno. “La libertad a Acosta es la libertad a los que matan en nombre del Estado”, afirmó categórico.

Desde el espacio de familiares y compañeres de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki exigen que se revea la medida, se retrotraiga y vuelva a cumplir la condena de cadena perpetua a la que fue sentenciado por el asesinato de Kosteki y Santillán, hasta el último día de su vida. 

La vía judicial nunca fue descartada por las familias de Darío y Maxi; es más, esta arista de lucha se renovó ante cada gestión para señalar la responsabilidad institucional. Por eso presentarán hoy un escrito en el que se oponen y argumentan los motivos. “A todos los gobiernos democráticos desde el 26 de junio de 2002, le decimos que siempre nos quisieron sacar del medio, criminalizándonos, pretendiendo corrernos en las calles, algo que no lo lograron ni van a lograr”, afirmó Alberto. 

Por su parte, Mara Kosteki, agradeció la lucha incansable de los Santillán: “Agradezco no solo a Darío por haberse quedado ahí al lado de mi hermano y ser la última persona que le agarró la mano, que lo vio respirar. Sigo agradecida a Alberto por seguir luchando por su hijo y por mi hermano”. Y agregó, emocionada que, ante la falta de condena a responsabilidades políticas, “no vamos a bajar los brazos”. 

“Mientras veníamos luchando para que paguen los responsables políticos, liberan a Acosta”, agregó Leo Santillán, quien se refirió al contexto actual: “Es entendible, ¿no? Porque, como decía mi viejo, hay dos clases de justicia y en estos tiempos que están corriendo los beneficios que se le están dando a represores y genocidas van de la mano con las persecuciones hacia las organizaciones populares”. 

Leo recordó la narrativa del gobierno de Eduardo Duhalde, el máximo responsable político de la Masacre. “Cuando nos reprimieron en el Puente Pueyrredón, intentaron decir que queríamos desestabilizar, que estábamos armados, que atacamos a la policía con piedras y palos”, exclamó, “mientras en las placas de los noticieros confirmaban que había dos muertos, que eran Darío y Maxi, nosotros no lo sabíamos”. Y se refirió al momento represivo actual como una “continuidad” de ese intento de criminalizar a quienes se organizan.

“Había una intencionalidad de otorgar esta libertad” 

Paula Alvarado Mamani es la abogada que lleva la causa en los tribunales provinciales y que presentó en el Juzgado Federal de Ariel Lijo el pedido para que la responsabilidad por los asesinatos no prescriba y sea reconocida como “crimen de Estado”. Durante la conferencia de prensa advirtió que los pasos judiciales ya mostraban el camino hacia la libertad de Acosta y muy probablemente, también la de Fanchiotti.

“El argumento para que la Cámara de Garantías acepte la libertad de Acosta es que cumple con determinadas condiciones”, informó Alvarado Mamani: “informes psicológicos, actividades extras, todo le da 10 según las evaluaciones del Servicio Penitenciario”. Leyó textual uno de los informes, que el condenado “asume su postura crítica, logrando contextualizar las circunstancias que atravesaba en aquel momento, y pudiendo valorar los motivos que condujeron a su participación en los hechos”. 

La abogada adelantó que presentará un recurso en las próximas 24 horas para apelar esta condicional, pero aseguró que “claramente había una intencionalidad de otorgar esta libertad”. Denunció, además, la continuación de la complicidad entre quienes ejercían en 2002 el poder y las responsabilidades políticas territoriales y quienes hoy están –a pesar de los años– en el Poder Judicial del distrito de Lomas de Zamora. 

Alvarado Mamani contó, además, que el ex comisario Fanchiotti le escribió en junio pasado una carta y se comunicó con ella a través de WhatsApp para pedirle que lo visitara en la Unidad 11 de Baradero para hablar sobre su situación: “Manifestó el tema de las responsabilidades, trató de correr su culpabilidad porque ‘las pericias fueron realizadas de una manera que lo perjudicaron’. Tiró varios nombres y que iba a profundizar cuando yo vaya, pero no sucedió”.

¡No queremos asesinos sueltos!

Al igual que octubre, junio arde históricamente. Los asesinatos de Estado cometidos contra Darío y Maxi nos recordarán siempre el país que habitamos, pero también son el faro que nos guía. Hoy la amenaza sigue latente; como en aquel 26 de junio hay un plan del gobierno -en 2002 fue de los gobiernos nacional y provincial- que pretende enviar señales “ejemplificadoras” en una situación de conflictividad social, que responda a la demanda del poder político y económico de castigar la acción directa que cortaba calles y rutas ayer o que protesta contra una ley nefasta hoy.

Por otro lado, aquel 26 de junio, actuaron en conjunto las tres fuerzas federales: Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal (además de la policía bonaerense) con la excusa de que cortar el Puente Pueyrredón era tomado como “una acción bélica”. El 12 de junio pasado, mientras se votaba de espaldas al pueblo la Ley de Bases, se repitió esa acción conjunta: estuvieron Gendarmería, Prefectura Naval y Policía Federal.

Por eso revisar la historia, seguir luchando por una herida que sigue abierta, es traer al presente recuerdos pero también alertas cuando se repite el accionar de los poderes ejecutivos, policiales y judiciales en conjunto. En ese sentido, familiares y compañeres aclaran: “No podemos dejar de señalar el contexto de impunidad abierto por el actual gobierno de Javier Milei, que intenta por todos los medios a su alcance liberar a los genocidas de la última dictadura militar, proteger a los represores de las manifestaciones populares y estigmatizar y encarcelar a quienes protestan y luchan contra el brutal ajuste económico que padece el pueblo”.

Tras 22 años de lucha y pedagogías, el hermano de Darío hizo memoria: “Acá hay dos familias que nos ha tocado vivir momentos muy duros, pero no nos corrimos de las calles porque nuestra lucha es también por la calidad de vida”. Y se refirió a la unión de causas: “Estamos por Darío y Maxi, pero también por otras luchas, porque entendimos que tenemos que generar lazos donde apoyarnos para saber que no estamos solos”.

Hacia el final, un grito colectivo que estremeció a quienes ya se abrazaban. Darío y Maxi siguen “presentes”. Así lo dijo una vez más Leo: “Hasta el final de nuestros días vamos a hacer esta lucha porque si no, no seríamos coherentes con lo que hizo Darío cuando nos cuidó, cuando nos dijo que no vayamos, que él se quedaba. Él nos enseñó que, aun en un momento tan jodido como el que le tocó vivir, siempre se puede resistir”.

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Por Redacción Marcha | Fotos: Susi Maresca

Cerca de los años 1400, los imperios europeos se lanzaron a la mar en búsqueda de riquezas, de expandir sus dominios y su religión. En aquellos años la palabra “capitulaciones” designaba varios tipos de documentos jurídicos o diplomáticos, tanto entre estados como entre particulares y estados. ​ Para la conquista de nuevos territorios, en la Edad Media la Corona de Castilla no recurría a ejércitos propios permanentes sino que contrataba la misión a particulares poderosos, a cambio de títulos y beneficios económicos que se recogían en una capitulación.

En pleno siglo XXI, los imperios siguen expandiéndose. En éste caso, la excusa de expandir la fé cristiana dejó de ser válida, pero fue reemplazada por otro credo no menos incomprobable: la transición energética.  

Una ley para dominar

El mítico anillo que fuera imaginado por Tolkien toma cuerpo en las disputas geopolíticas y el manejo de los estados-mercado frente a la escasez. De tal manera, en el contexto de guerra en Ucrania, en un escenario ¿post?-pandemia, con un claro avance de los países asiáticos en la competencia de mercados tecnológicos, los recursos energéticos son una prioridad para los países del primer mundo, aquellos que no saben vivir sin aviones, shoppings o bolsas de valor.

En el año 2023 se implementó un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco para garantizar el suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales.

En la presentación de dicha propuesta, se expone: “La UE depende casi exclusivamente de las importaciones de numerosas materias primas fundamentales. Los proveedores de dichas importaciones se encuentran con frecuencia muy concentrados en un reducido número de terceros países, tanto en la fase de extracción como en la de procesamiento.”

De tal manera, la UE legisla sobre los “proyectos estratégicos” que sean capaces de cubrir los suministros de materias primas para la transición. De ésta manera, alienta expediciones de empresarios y capitales del primer mundo a dirigirse a los “terceros países” (nuestros pueblos), asegurando para ello condiciones favorables hacia ellos. 

El capítulo VI establece un “marco para la cooperación a través de asociaciones estratégicas con terceros países en relación con las materias primas y para lograr mayores sinergias entre dichas asociaciones estratégicas y la cooperación de los Estados miembros con los terceros países en cuestión. La Unión ha celebrado asociaciones estratégicas relativas a materias primas con terceros países con el fin de aplicar el Plan de Acción sobre las Materias Primas Fundamentales de 2020″. En nuestro país, el convenio como “tercer país aliado” en ésta coalición se firmó en el año 2023 bajo la presidencia de Alberto Fernández. 

Seguimos analizando, y si bien en el apartado 10 del primer capítulo la ley enuncia que los proyectos deberán ser respetuosos de los Derechos Humanos y el medio ambiente, en el artículo 61 el reglamento se desliga de la responsabilidad de cumplimiento, y dice que queda sujeto a los países miembro sancionar el incumplimiento de dichas normas:

16) “Habida cuenta de su importancia para garantizar la seguridad del suministro de materias primas estratégicas, los proyectos estratégicos deben considerarse de interés público. Garantizar la seguridad del suministro de materias primas estratégicas es de vital importancia para el éxito de las transiciones ecológica y digital, así como para la resiliencia de los sectores de la defensa y el espacio.”

Aquí aparece revelada la verdadera noción estratégica: el suministro de metales raros y materiales para la transición no está pensado para darle a cada habitante del mundo un auto a baterías: la razón por la cual dicha demanda no puede cubrirse solamente con el reciclado, es que se encuentra directamente orientada a la “defensa”, lo que será un eufemismo para nombrar las guerras. 

Dado su papel a la hora de “garantizar la seguridad del suministro de materias primas estratégicas de la Unión y su contribución a la autonomía estratégica abierta de la Unión y a la transición ecológica y digital, la autoridad responsable de la concesión de autorizaciones debe considerar que los proyectos estratégicos son de interés público”. Así es como se declara la ganancia de empresas privadas como una cuestión de interés público.

Seguimos leyendo:

“Los proyectos estratégicos cuyo efecto perjudicial sobre el medio ambiente es tal que les hace entrar en el ámbito de la Directiva 2000/60/CE, la Directiva 92/43/CEE del Consejo y la Directiva 2009/147/CE39 pueden autorizarse si los responsables que conceden las autorizaciones llegan a la conclusión, sobre la base de una valoración caso por caso, de que el interés público que se persigue con el proyecto supera dichos efectos, siempre que se cumplan todas las condiciones pertinentes establecidas en estas Directivas. Cuando proceda, la valoración caso por caso debe tener en cuenta la especificidad geológica de las zonas de extracción, que limita las decisiones sobre la ubicación”.

Queda claro de ésta manera que el supuesto y declarado  “interés público” del proyecto rige por sobre los efectos perjudiciales sobre el medio ambiente. 

34) “A fin de garantizar que los Estados miembros y las industrias europeas puedan anticipar la alteración del suministro y se preparen para resistir sus consecuencias, deben desarrollarse medidas para aumentar la capacidad de control, coordinar las reservas estratégicas y reforzar la preparación de las empresas”.

Por otro lado, crea instituciones a medida de las empresas, que sean capaces de generar las condiciones para que la explotación sea rentable: “El Consejo Europeo de Materias Primas Fundamentales. Dicho Consejo debe estar compuesto por los Estados miembros y la Comisión, al tiempo que debe permitir la participación de otras partes en calidad de observadores. A fin de desarrollar los conocimientos especializados necesarios para la ejecución de determinadas tareas, el mencionado Consejo debe crear subgrupos permanentes sobre financiación, exploración, seguimiento y reservas estratégicas, que deben actuar como una red reuniendo a las diferentes autoridades nacionales pertinentes y, cuando sea necesario, consultar a la industria, el mundo académico, la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes. El asesoramiento y los dictámenes del Consejo mencionado deben ser no vinculantes y la ausencia de dicho asesoramiento o dictamen no debe impedir que la Comisión desempeñe sus funciones en virtud del presente Reglamento”.

A la par de esta centralización institucional y de gobernanza, brinda directivas precisas a los proyectos estratégicos para proceder en los territorios: 

En el artículo 6 sobre la “solicitud y reconocimiento de proyectos estratégicos”, se solicita que “presenten d) un plan que contenga medidas para facilitar la aceptación pública, incluido, cuando proceda, el establecimiento de canales de comunicación recurrentes con las comunidades y organizaciones locales, incluidos los interlocutores sociales, la puesta en marcha de campañas de sensibilización e información y el establecimiento de mecanismos de mitigación y compensación.”

Las medidas aquí expuestas no son nuevas. Las organizaciones socioambientales y comunidades indígenas venimos denunciando en numerosas oportunidades la violación de derechos humanos fundamentales, la persecusión  y la criminalización de la protesta que deviene a los defensores de la tierra luego del desembarco de agentes académicos, de ONG y empresas en los territorios para extorsionar a los pueblos oprimidos a que acepten los espejitos de colores a cambio del oro.

Como una concesión de negocios, el reglamento estipula que en el caso de los proyectos estratégicos en terceros países, “la Comisión compartirá la solicitud recibida con el tercer país cuyo territorio esté afectado por el proyecto propuesto. La Comisión no aprobará la solicitud antes de recibir la aprobación explícita del tercer país de que se trate”. Nada dice respecto de las poblaciones directamente afectadas, considerando que en muchos casos se trata de naciones indígenas preexistentes con daños acumulativos e integrales en sus territorios.

Respecto a los datos, sienta un peligroso precedente de exploración intensiva, cesión y centralización de datos geoestratégicos, que podrá utilizar herramientas militares (“de defensa”) y satelitales para ello. Los programas nacionales de exploración a que se refiere el apartado 1 incluirán “medidas para aumentar la información disponible sobre las ocurrencias de materias primas fundamentales en la Unión, incluidos los yacimientos minerales profundos. Incluirán, en su caso, las siguientes medidas: a) una cartografía de minerales a la escala adecuada; b) campañas geoquímicas, incluidas las destinadas a establecer las composiciones químicas de los suelos, los sedimentos y las rocas; ES 37 ES c) estudios geocientíficos, por ejemplo, geofísicos; d) el tratamiento de los datos reunidos a través de la exploración general, incluido el desarrollo de mapas predictivos; e) el reprocesamiento de los datos de estudios geocientíficos existentes para comprobar las ocurrencias de minerales no identificados que contengan materias primas fundamentales”.

Meritocracia climática

Entonces, si los derechos de los proyectos estratégicos son prioritarios, ¿Qué derechos no lo son?
Queda claro en el artículo 11 de la ley donde dice que “el plazo para consultar a la población afectada sobre el informe de evaluación de impacto ambiental a que se refiere el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2011/92/UE no será superior a noventa días en el caso de los proyectos estratégicos”.

De igual manera, si bien el articulo 12 plantea que “todas las decisiones adoptadas en virtud de la presente sección serán de acceso público“, cabe mencionar que la elaboración de informes en Argentina fue delegada en una comisión de consultores externos, que se dirigió a las autoridades de las provincias y a un par de referentes elegidos por azar en un tiempo muy escueto para permitir la respuesta organizada de los colectivos implicados.

Cualquier análisis jurídico debe dirigirse no solamente a un registro de la literalidad del discurso y el uso de las palabras, sino que debe entenderlas en el marco social, político y económico en el cual se utilizan.

Por ello, no sería correcto nombrar a este Reglamento como una Capitulación en los términos utilizados por los imperios europeos en el siglo XV. Pero sí, quizás, podríamos hacer el ejercicio de relectura de la ley cambiando algunos términos: “reserva estratégica” por “territorio”, “huella ambiental” por “genocidio”, “libre circulación del mercado” por vigilancia de la población.

Esta ley nos deja una certeza: luego de 500 años de explotación, aún quedan en nuestros territorios en equilibrio, biodiversidad que funciona como pulmones del mundo por su captura de CO2 y la posibilidad de brindar agua pura.

Cual vasallos del rey Dinero, los nuevos empresarios cuentan con más ventajas que los conquistadores que les precedieron: no sólo se les brinda facilidades financieras, legales y administrativas, sino que también se les garantiza el acceso a datos estratégicos de los territorios a explotar, así también la protección de su privacidad y sus derechos. Éste reglamente demuestra que el rezo a la Transición Energética Sostenible Digital y Ecológica no será capaz de traer el Reino de los Cielos a la Tierra. 

Sus palabras difíciles y sus actos diplomáticos no nos engañan. Sabemos que la mentada “Transición Verde” no está pensada para  permitir la supervivencia como especie, ni para utilizar los recursos escasos de manera sustentable. El escenario al que estamos asistiendo, más que a una transición energética, es a una nueva y masiva transferencia de recursos desde el Sur global hacia el norte dominante. Quienes, dicho sea de paso, aún no asumen que la escasez y la crisis que hoy vivimos como planeta, son el resultado de éstas primeras y vigentes capitulaciones coloniales.

Subyacen a las capitulaciones antiguas y a los reglamentos actuales unas cuantas potencias mundiales dispuestas a negar la propia finitud humana como seres, a continuar la acumulación de lo ajeno para multiplicar lo propio, y a sostener una moral fantasma, escondida detrás de complicados procedimientos. Ya hemos dicho: en nuestros territorios del Buen Vivir Comunitario, no hay permiso para la explotación desmedida y el acaparamiento.

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Por Luz Ailín Báez | Foto: Nadia Sur

El pasado 27 de marzo el ministro de Defensa Luis Petri junto con el director nacional de Derechos Humanos Lucas Erbes, desmantelaron los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) del área de dicha cartera que investiga crímenes de Lesa Humanidad de la última dictadura.

Se trata de un equipo conformado en 2010 de la mano del Decreto 4/2010 que permitió la desclasificación de archivos de Inteligencia del período 1976 y 1983, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y que viene trabajando ininterrumpidamente desde entonces.

“Inicialmente el grupo llegó a ser de 30 personas. El macrismo hizo su primer achique pero la tarea, con sus dificultades, continuó”, cuenta Stella Segado, integrante del Área de Acervo documental de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) de la Procuración General de la Nación.

Además de echar a 10 trabajadorxs, Petri y Erbes derogaron dos Resoluciones, la 308/2010 y la 1573/2023. Una otorgaba un carácter permanente a los equipos y la otra creaba y reglamentaba el reciente Sistema de Archivos de la Defensa.

Así, mientras enaltece con discursos rimbombantes a las “Fuerzas del Cielo”, el gobierno de Javier Milei desarticula una política pública de promoción y protección de los Derechos Humanos, pausando el camino de fortalecimiento democrático de las Fuerzas Armadas.

Estos despidos en el Ministerio de Defensa se dan en un contexto de avanzada particularmente violenta con quienes trabajan en temáticas de derechos humanos: ese mismo día, en el predio de la Ex ESMA donde funciona el Ministerio de Justicia y DDHH, varios trabajadores despedidos (al momento, 450) fueron amenazados con un arma de fuego por la custodia del actual secretario de DDHH, Alberto Baños, cuando se acercaron a consultar si habría empleados cesanteados.

Toda una marca de época.

Documento mata impunidad

Los equipos de Relevamiento y Análisis están conformados por una diversidad de profesionales: historiadorxs, comunicadorxs, licenciadxs en políticas públicas, abogades, entre otrxs.

-¿Hay copia de todo el material? ¿Es realmente posible destruir toda la evidencia recolectada en los informes?

-No es necesario destruir. Con ocultar o negar es suficiente… Un “no se encuentra” es suficiente.El trabajo del equipo es evitar eso.

Segado explica que la importancia del trabajo en los archivos de las FFAA se da en dos líneas importantes, la histórica y la de violaciones a los derechos humanos: “En la histórica se rescataron y pusieron en contexto documentos sobre partes de nuestra historia. Las listas negras, las actas de la junta militar 71-73 y 76-83 y el Informe Rattembach sobre Malvinas (por citar algunos) fueron desclasificados para que la sociedad pudiera tener acceso a parte de la historia que estaba vedada”, detalla.

Así, en el marco de la conmemoración del 40° aniversario, se digitalizaron todos los fondos y colecciones sobre la Guerra de Malvinas en guarda en los archivos históricos de las Fuerzas Armadas y, por primera vez desde el conflicto, se puso a disposición de toda la sociedad argentina, documentos de esos acervos en el sitio web Archivos Abiertos. 

Es gracias a estos equipos que hoy cualquier ciudadanx puede acceder a los mismos con un solo clic.

Un trabajo con estándares internacionales

Fabián Salvioli, relator de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, expresó en su Informe 2023 para el Consejo de Derechos Humanos que los estándares jurídicos que son “pilares” de la justicia transicional son la verdad, la justicia, la reparación, la memorialización y las garantías de no repetición.

En cuanto a la conservación de registros y sitios históricos, señala que “deben derogarse las disposiciones que impiden desclasificar la información relacionada con violaciones graves de los derechos humanos”.

En ese sentido, el Equipo que el ministro Petri decidió desguazar ha sido reconocido regional e internacionalmente por ser un caso modelo de tareas de archivo realizadas por civiles en dependencias de las Fuerzas Armadas, que permitieron aportes claves a causas judiciales que investigan delitos de Lesa Humanidad.

Segado ejemplifica: “El equipo realiza la exploración de cruces documentales que permitieron producir información que no está contenida en los documentos tomados individualmente. Así se fueron delineando estrategias para recuperar organigramas de las estructuras operativas de las Fuerzas, formas de constitución de los grupos de tareas y grupos especiales y sus modos de operación en el terreno” (sobre documentos de la Inteligencia durante la última Dictadura, en 2020 salió una nota especial en Marcha).

¿Acaso no dimensiona Lucas Erbes, el director nacional de Derechos Humanos de La Libertad Avanza como abogado y especialista en Defensa y Garantías egresado de la Universidad del Litoral, la importancia de este equipo?

Pocos días antes de tomar esta medida, Luis Petri había dicho que las Fuerzas Armadas fueron “demonizadas”. El titular de las Unidades de Asistencia para Causas por violación a los Derechos Humanos cometidos durante el Terrorismo de Estado de las jurisdicciones de Bahía Blanca y Neuquén, Miguel Ángel Palazzani (quien como fiscal pidió el procesamiento de Vicente Massot, ex director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca por crímenes de lesa humanidad), se pronunció públicamente en una carta al ministro.

En ésta le solicitó “tenga a bien evitar cualquier acción que pueda poner en peligro al acervo documental que conforma y gestiona el Archivo de Defensa, así como cualquier otra acción que pueda afectar su correcto funcionamiento. Ello, en atención a que resulta de fundamental importancia como medio de prueba para las causas en trámite en la jurisdicción; asimismo los archivos constituyen elementos necesarios para dar cumplimiento a la obligación asumida por el Estado argentino de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones a los DDHH, sus familiares y la sociedad toda”.

Lo realmente insólito fue lo que ocurrió luego: el procurador general interino Eduardo Casal sancionó al fiscal federal de Bahía Blanca. En otras palabras, lo mandó a silenciar.

El trabajo del equipo en cifras

En estos casi 14 años ininterrumpidos de trabajo los equipos de Relevamiento y Análisis aportaron a causas judiciales por delitos de Lesa Humanidad en todo el país:

• Presentaron más de 170 informes de investigación a la justicia.
• Relevaron más de 17 mil legajos (de las tres Fuerzas).
• Digitalizaron más de 9 mil documentos (al menos 50% legajos).
• Trabajaron para la consulta más de 1.500 documentos en Archivos Abiertos, en el marco de proyectos especiales de relevamiento, análisis y acceso.

Los Estados tienen la responsabilidad de preservar y transmitir la memoria sobre las violaciones de los derechos humanos y deben para eso, garantizar el derecho de todas las personas a conocer la verdad. Preservar los archivos y otras pruebas relativas a esas violaciones es preservar del olvido la memoria colectiva.

*A la fecha en que se escribió esta nota 4/4/2024 ATE Capital denunciaba que los despidos en la cartera de Justicia y DDHH son 450.

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