Por Redacción Marcha

Desde que el aborto y la salud son derechos, que el compromiso responsable de las, les y los profesionales es fundamental en la lucha social por el reconocimiento de la libertad reproductiva. Es además, una conjunción amorosa para la creación de una comunidad entre quienes atienden y quienes esperan salud allí donde el Estado -otra vez- no responde. Un lienzo verde que contiene ante la incesante pregunta.     

Desde el 28 de mayo de 2015, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir garantiza la universalización del acceso a la salud sexual y reproductiva. Surgida como una de las estrategias principales dentro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina cuenta con miles de trabajadorxs que protegen desde diferentes territorios la vigencia de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, sancionada por el Congreso el 30 de diciembre de 2020 tras un debate social y parlamentario histórico.

Son quienes garantizan derechos allí donde abortar fue primero clandestino, lucha política de multitudes después y hoy es ley. También deseo, alivio, proyecto y -porqué no-, esperanza de un futuro feminista. Este 28 de septiembre, recuperamos la historia, los fundamentos, los objetivos y reflexionamos sobre la Red junto a tres integrantes: Anita, Juli y Moro, trabajadoras de la salud en Córdoba, Buenos Aires y Río Negro.

Un pacto y el camino a la Ley

Era 2015 cuando las feministas ya narraban con las palabras que empujaron luego -en 2018 primero y en 2020 después-, a la sociedad y al Estado a acompañar el reclamo por el aborto legal y a ejercer su responsabilidad. “No somos amigables, garantizamos derechos”, decían refiriéndose a la libertad reproductiva y a la triple consigna que embanderaba plazas, actividades y nuestros cuerpos: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.

La crueldad ya asomaba. El Ministerio de Salud había sido degradado a secretaría y el recorte presupuestario era una decisión política para mantener el aborto al lado del castigo. “Las muertes, las secuelas físicas, el sufrimiento subjetivo que tienen que atravesar las mujeres en situación de aborto inseguro son una deuda de la democracia que las y los profesionales de la salud podemos ayudar a saldar”, decía entonces Analía Bruno, médica, educadora popular e impulsora de la creación de la Red.

Fue cuando trabajadoras sociales, médicxs generalistas, residentes de medicina general, psicólogas, ginecologxs y obstétras acordaron que apoyarían la sanción de la Ley que permitiera la interrupción voluntaria del embarazo; y a la vez, hacer valer el marco legal que les permitía realizar consejerías pre y post aborto y proveer interrupciones legales del embarazo según causales, tanto en los hospitales como en los centros de atención primaria de la salud. Y así comenzaron a trabajar en la unificación de criterios y en capacitaciones en todo el territorio argentino.

“El principal obstáculo dentro de la profesión médica rumbo al respeto de los derechos sexuales y reproductivos y del entendimiento del aborto como un derecho de las mujeres es el sistema político y social que denominamos patriarcado y que atraviesa la formación y la práctica”, sostuvo Bruno. Y agregaba: “Iniciativas como esta Red, que fomentan los intercambios entre profesionales para que no estén solxs, que organiza los primeros niveles de atención y que fortalece una mirada comunitaria de la salud, son para tener esperanzas en el cambio”. Y tenía un punto.

En el primer encuentro de la Red, realizado en una carpa frente al Congreso de la Nación, participaron alrededor de 80 profesionales de la salud, en su gran mayoría del primer nivel de atención, de Jujuy, Córdoba, Neuquén, Cipolletti, Santa Rosa, Rosario, La Plata, Chivilcoy, Lanús, Tigre, José León Suarez, González Catan, La Matanza, Caseros, Morón, Moreno, Hurlingham, Tres de Febrero, Laferrere y de la Ciudad de Buenos Aires.

“La Red surge como una estrategia de la Campaña de construir la Ley dentro del sistema de salud”, recuerda Julieta Bazán, médica generalista de la provincia de Buenos Aires. “Éramos muchas las que veníamos trabajando la temática de manera aislada, y el lanzamiento de la Red fue un puntapié para ponernos en el mapa y dejar de trabajar solas; sacar nuestras propias prácticas de la clandestinidad para visibilizar que estábamos garantizando con el marco legal que había en ese momento, el acceso a la interrupción legal del embarazo dentro del sistema de salud”.

Encontrarse permitió a quienes pensaron y comenzaron a integrar la Red, construir un abrazo fundamental: armar un recursero a nivel nacional donde las personas pudieran buscar por cercanía a sus hogares dónde acceder a espacios donde recibir información y dónde iban a garantizarles un acompañamiento amoroso, respetuoso y feminista en sus consultas.

“Acababa de terminar la carrera de Medicina”, retoma Juli rememorando el camino que la llevó a ser activista, “formaba parte de una organización social que tenía trabajo territorial en la salud sexual integral, y desde ahí formaba parte de una red de consejerías”. Trae a recuerdo el máximo aporte de la Red: “discutir primero dentro del sistema de salud y poner ese poder de fundamentación como un argumento a favor de la Ley”. 

Para Julieta, “hablar de lo que generan los abortos inseguros, y de que sus consecuencias son evitables con políticas públicas, era necesario”; ya que “en salud, si hay algo que puede evitar un daño mayor, por principio hay que hacerlo. Entonces, los abortos inseguros eran evitables, y dar la discusión permitió contar la gravedad que se estaba sufriendo en guardias y servicios de internación a partir del estigma social: las personas eran maltratadas, no recibidas o no se les brindaba atención de calidad”. 
Para la médica, fue fundamental dar cuenta de la gravedad de lo que acontecía en el sistema de salud para pretender transformarlo y pensar en adelante “qué son los abortos feministas”. Y nos trae otro argumento, el gasto de los abortos inseguros para la salud pública. “Es más barato brindar un aborto seguro y de calidad -ambulatorio o con medicación o con AMEU para las interrupciones de menos de 13 semanas-, que las consecuencias de los abortos inseguros que contemplan días de la guardia, la cama de internación o un quirófano si es que se necesita”, asegura Julieta y amplía que “la mirada sanitaria en el proceso de legalización del aborto en Argentina viene a poner sobre la mesa estos argumentos y se suman a otros que ya se venían discutiendo como el derecho a la autonomía y a la salud sexual como un derecho humano”.

Desafíos para un futuro feminista

Quienes integran la Red coinciden en que a pesar del contexto social y los costos personales -que también son políticos-, es necesario sostener la colectividad creada durante estos años. Y esto es porque vislumbran ampliar sus horizontes. “La atención del aborto es un modelo que cambia el eje y rompe con la hegemonía médica porque abona la autonomía de la persona que consulta para ejercer su derecho a decidir”, sostiene Anita y sigue: “Lo ideal sería que pudiéramos proponer que ese modelo de atención se traslade a todas las prácticas del equipo de salud, a los controles de embarazo, de las niñas y los niños, de las adolescentes, de las personas hipertensas porque es un modelo revolucionario”.

La visión de salud integral que promueven las redes feministas se contrapone a la mirada fragmentada que estimula la mercantilización de la salud. Solo en la provincia de Córdoba son más de 150 les profesionales de la salud que garantizan el acceso al aborto. “Los avances feministas son una expresión de más derechos, de más conquistas, de mayor igualdad, equidad en el acceso a la salud, pero son también el requerimiento de un Estado presente para garantizar estas condiciones”.

“Nos fuimos construyendo frente a los distintos modelos de atención posicionándonos en contra de este modelo médico hegemónico que es paternalista, mercantilista y expulsivo, para ponernos en un rol de profesionales de acompañar los procesos que tengan que ver con los ciclos vitales o con los procesos salud, enfermedad, cuidado. Las personas son protagonistas de su vida y nuestro rol es acompañar desde nuestros saberes lo que vayan eligiendo”, define Juli, “si bien la Red surge para discutir qué está pasando con la salud sexual, también nos hizo pensar en el modelo de salud en general y en cómo todas las prácticas deben ser acompañadas desde una mirada integral, interdisciplinaria”.

“Los abortos feministas tienen que ver con una atención integral y que la persona pueda compartir lo que desea en esa consulta. Se hacen con transparencia activa, a partir de lo que ella trae, se le brinda toda la información atendiendo el intercambio cultural con el equipo de salud y se realiza un abordaje del aborto con el tratamiento del dolor adecuado ya que cada persona es diferente”, referencia Bazán. “Un aborto feminista es un aborto sin dolor. Nos preocupa que la persona se vaya de la consulta con más herramientas y pueda reconectar en adelante con su salud sexual. Entendemos que cada situación de aborto es tan distinta como cada persona que viene a consultar y es importante un acompañamiento integral para que cada quien pueda ejercer su autonomia y decisiones”.

Tras la sanción de la Ley 27.610, el Estado nacional y sus pares provinciales y municipales comenzaron a cuentagotas, a regañadientes y con presupuestos escasos a modificar sus institucionalidades para garantizar lo que la norma obliga en todo el territorio con cumplimiento efectivo e inmediato. La normativa feminista acompañó ese inicio que significó un cambio de paradigma regional; y el 0800 salud sexual se popularizó, una línea telefónica creada por una feminista en el Estado para brindar derecho a la información. Allí llegaron y llegan miles de mensajes de consulta, más cuando se logró que del aborto se hable en todos lados. 

En la provincia de Buenos Aires, la más densamente poblada del país, los abortos son garantizados y promocionados como un derecho bajo el paradigma de acceso universal a la salud. Sus profesionales de la salud fueron capacitadxs durante estos años y la atención fue protocolizada. La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir fue reconocida por el Estado nacional y sus saberes fueron valorados. En otros territorios, conservadores, el poder político es cómplice de las organizaciones antiderechos y de la persecución judicial a médicas; también intentan mediante diferentes estrategias entorpecer el cumplimiento de la Ley que provocó lo esperable: autonomía, decisión y cero muertes de mujeres.  

“Una vez que logramos la Ley, la Red fue cobrando otros sentidos: seguimos pensando cómo fortalecer la cohesión como trabajadorxs”, sostiene Moro, trabajadora social en Cipolletti Río Negro. “La Red es un espacio de reciprocidad, de activismo hacia afuera pero también para mejorar nuestra vida laboral y personal dentro de la salud pública”.

Cuenta que en estos ocho años, “nos organizamos a través de un espacio federal que tiene la complejidad de cuidar y escuchar la actualidad de los derechos en todos los territorios del país que es inmenso y diverso”. Moro es profesional y atiende en la Patagonia argentina. “Se intenta la representatividad de todas las regionales y una vez que logramos que estén todas esas voces, surge la discusión política en base a los objetivos acordados: el acceso al aborto legal, seguro y gratuito; y la garantía del acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos”, caracteriza.

“Para los años que vienen tenemos varios objetivos; por un lado, la implementación en todo el país de la Ley, que haya equipos en todos lados”, proyecta Juli, “si bien la 27.610 se pudo implementar rápidamente en todas las provincias, todavía falta llegar a todas las ciudades, los pueblos y es también importante que en centros de salud y hospitales donde se garantice se haga de manera respetuosa y amorosa”. También alerta sobre la violencia obstétrica en los hospitales y propone que es una problemática a combatir “con capacitaciones y decisiones políticas que puedan marcar la línea de cómo debe ser el modelo de atención”.

“Una política de la Red es cuidarnos”, dice Juli, ya que además de luchar por la Ley, definieron seguir acompañando a profesionales que se encuentran garantizando abortos “en soledad” y en contextos hostiles. Además, otro de los objetivos es popularizar las AMEU (aspiración manual endouterina) para que sea una opción al momento de que les profesionales puedan garantizar el derecho al aborto. Para esto, brindan capacitaciones a colegas para masificar la práctica pero lo hacen desde el activismo. “Todo lo que podíamos dialogar con el Ministerio de Salud de Nación está cortado”, introduce Juli, “hay un interés particular en que no se garanticen los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos”. 

“Sueño con un futuro feminista pero lo imagino difícil”, sostiene Anita y agrega sin embargo que, “aunque parezca que en estos momentos hay ciertos retrocesos, no es así” ya que “hemos generado una solidez en prácticas feministas muy importante aunque tenemos que hacer una apuesta en los ámbitos educativos, donde están les jóvenes, las niñeces”.

A pesar de la revolución cultural construida por los feminismos durante los años de debate social, “hablar de aborto en territorios más conservadores aún significa mucho estigma, discriminación, el señalamiento o poner en riesgo puestos laborales”, sostiene Moro. 

Para Juli el futuro está en generar equipos de atención interseccionales y para el colectivo LGBT+ ya que son poblaciones que históricamente quedan por fuera del sistema de salud. “En este contexto político tomamos la decisión de visibilizarnos más, que se sepa que acá estamos, que cuentan con nosotres. Nuestra Red está formada por profesionales de distintas identidades, somos diversas; desde ese lugar nos posicionamos y desde allí vamos a seguir garantizando todos los derechos sexuales”.

En mayo de 2024, en la plenaria de la Red que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, estuvieron representadas trabajadoras de la salud de 21 de las 24 provincias o jurisdicciones del país. Allí resolvieron trabajar en la ampliación de la mirada y la realización de capacitaciones para garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva de lesbianas, intersex, travestis, trans y no binaries. Un compromiso amoroso para enfrentar la aventura antiderechos y para seguir fortaleciendo las estrategias feministas.

Este trabajo fue realizado por medio de la Beca Zarelia- Poder Elegir, impulsada por Fundación El Churo, Festival Zarelia, Wambra Medio Comunitario, con el apoyo del proyecto Poder Elegir de Oxfam en Latinoamérica y Asuntos Mundiales Canadá.

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Por María Eugenia Waldhüter | Ilustración: Pri Barbosa

El pasado 30 de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva fue electo presidente de Brasil en segunda vuelta. Con un resultado ajustado pero con la certeza de haberle puesto fin al ciclo de la derecha en el ejecutivo, la expectativa de los pueblos en ese país es recuperarse de las consecuencias del régimen de terror institucional y desgobierno neoliberal de Jair Bolsonaro.

Aunque la campaña de Lula fue dirigida a los derechos de las mujeres la lucha por el derecho al aborto legal fue un tema tabú. Conversamos con Tatiana Dias, una de las cronistas de The Intercept, medio que junto al portal Catarinas difundió pruebas y acompañó la historia de una niña de 11 de años a quien, a pesar de contar con el derecho al aborto por causal de violación, la justicia brasileña intentó obstaculizar e impedir la interrupción de la gestación.

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¿Cómo fue el proceso para la publicación que contó la historia de la niña?

Fue un proceso que siguió todos nuestros estándares de publicación que implica, al menos dos ediciones, lectura jurídica y verificación externa hecha por periodistas. La particularidad es que esta vez todo fue hecho muy rápidamente. A partir del momento que nos enteramos de esta historia que llegó por medio de la periodista Paula Guimãres del portal Catarinas, un sitio especializado en periodismo de género de Santa Catarina, vimos que era una historia muy grande y urgente. Rápidamente nos pusimos a trabajar en ella, tuvimos que comprender todas las etapas del proceso, hicimos un trabajo intenso en ver los videos de las audiencias, seleccionar material para publicar el video. A la par, conversamos con diferentes especialistas porque sabíamos que era un texto que no podía tener ningún juicio de valor ni de opinión, porque los hechos hablaban por sí mismos. Sin embargo, teníamos que entender lo que estaba en juego, qué dice la ley de Brasil, que decían la jueza y la fiscalía que estaban alegando para intentar impedir que la niña ejerza su derecho. Conseguimos muchos especialistas que respaldaron el reportaje y que la situación era absolutamente legal.

La niña de 11 años que estaba siendo inducida a tener un bebé fruto de un abuso sexual tenía derecho al aborto legal. El embarazo fue producto de un estupro, entonces no existe ningún tipo de consentimiento. Incluso tendrían que haberle concedido el derecho antes, cuando lo solicitó al servicio de salud, lo que infelizmente no ocurrió. Cuando nos enteramos de esta historia la niña estaba en un hogar queriendo volver a su casa con su madre y se lo estaban impidiendo porque la justicia dijo que si salía del hogar corría riesgos de hacerse  un aborto, un procedimiento al que tenía derecho. 

Entonces designamos un equipo, este es un medio pequeño, y con Catarinas dedicamos toda nuestra atención y energías para el caso. Trabajamos muy intensamente durante diez días y finalmente publicamos. En Brasil, la repercusión fue muy buena; toda la semana se habló de este tema. Repercutió en los principales periódicos, incluso en varios medios internacionales como El País, Washington Post, en Holanda.

¿Cuál fue su repercusión?

Inmediatamente tuvo algunos impactos, se abrió una causa para investigar la conducta de la jueza y de la Fiscalía; el Colegio de Abogados de Santa Catarina ofreció ayuda para la familia, el Ministerio Público Federal envió una recomendación al hospital para que el hospital realice el procedimiento. Y al final de esa semana, la niña finalmente accedió al procedimiento y a su derecho. Todo esto sucedió en una semana, por lo que fue un proceso extremadamente intenso, pero al mismo tiempo muy gratificante al ver los impactos inmediatos posteriores después del trabajo.

Supimos que recientemente recibieron intimidaciones a partir de la publicación. ¿Qué sucedió y en qué situación se encuentran actualmente?

Sabíamos que este artículo iba a tener una gran repercusión, y sabemos que el aborto es un tema muy delicado en Brasil, en un país que estuvo y aún está en un gobierno de extrema derecha extremadamente conservador. Así que sabíamos que habría algunas repercusiones en la semana siguiente. Luego de la semana en la que se publicó, comenzaron las manifestaciones y algunas personas nos acusaban de haber omitido información sobre el presunto autor de la violación, considerando que el caso no estaba ni siquiera en investigación. Todavía hay muchos influencers y políticos de extrema derecha que comenzaron a manifestarse diciendo que éramos parte de un esquema abortista y feminista. El jueves por la noche, el presidente Jair Bolsonaro tuiteó sobre el caso, no mencionó a The Intercept directamente, pero dijo que personas de los medios de comunicación provocaron el asesinato de un bebé de 7 meses y ahí comenzó una ola de ataques en línea que se fueron acrecentando.

Unas semanas después, nos enteramos por los medios de comunicación que el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos pidió al Ministerio Público que nos investigue a nosotras, a los médicos responsables del procedimiento y a los medios de comunicación encargados de dar a conocer la historia, porque presuntamente el proceso estaba bajo secreto judicial. Recibimos material de una fuente anónima, se trabajó en el material para preservar completamente la identidad de la niña y su familia.

¿Existe una denuncia en curso?

Decidieron abrir esta investigación, pero no sabemos cómo porque no fuimos notificadas formalmente, nos enteramos por los medios. En el mes de julio, una diputada conservadora del Estado de Santa Catarina, pidió la apertura de una Comisión Parlamentaria para investigar la conducta de los médicos y de las periodistas responsables por publicar la nota. Esa comisión comenzó hace dos semanas, no sabemos el contenido de esas reuniones porque está todo en secreto, pero en entrevistas y manifestaciones públicas dejaron claro que una de las intenciones de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) es investigar al periodismo también. Lo cual es absolutamente absurdo porque no se cometió ningún delito al publicar un artículo con una historia como esta, especialmente con todos los cuidados que tomamos.

Además, la Constitución brasileña es garante del secreto de fuente. Entonces cualquier iniciativa de intentar presionarnos va en contra de la legislación y pone en riesgo el principio constitucional de la protección de la fuente y la libertad de prensa, porque entendemos que estos intentos de investigación son formas de amedrentar el periodismo. Es tan complejo que varias organizaciones ya se manifestaron y enviaron un pedido para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se expida al respecto, así que estamos esperando alguna repercusión sobre eso. Estamos esperando, pero estamos completamente convencidas de que no cometimos ninguna ilegalidad y esas iniciativas son un intento de intimidación, de la libertad de prensa y de la causa feminista como un todo.

Todo esto ocurrió en el transcurso de este año, un año importante para la democracia en Brasil. Sin embargo, el derecho al aborto fue prácticamente un tabú durante la campaña electoral. ¿Cómo analizas este contexto y cuáles son sus expectativas con relación al triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva?

Todo esto sucedió durante un año electoral y justo antes de la campaña, así que mi evaluación personal, es que este tema se usó claramente como una agenda moral en la campaña electoral de Brasil. El aborto siempre es un tema tabú que el conservadurismo siempre usa este tema para tratar de sembrar un cierto pánico entre los conservadores al respecto y eso fue lo que pasó también. Recuerdo que cada vez que lo acusaban a Bolsonaro por alguna denuncia rápidamente cambiaba el tema del escándalo para comenzar a hablar sobre el aborto. Entonces era un negocio que claramente era usado como bandera electoral. Hasta la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), lamentablemente lograron empujar al CPI para después de las elecciones porque sin duda también se transformaría en una plataforma política.

Con el triunfo de Lula tendremos un contexto un poco más favorable, claro. Pero seguimos siendo un país absolutamente conservador. La legislatura Federal y también las legislaturas estatales son extremadamente conservadoras entonces, la izquierda, a pesar de haber logrado obtener muchos escaños en el Parlamento Federal sigue siendo un lugar muy conservador. Así que no tengo muchas expectativas de cambio o avance en este momento. Por supuesto, tendremos que ver cómo después de que Lula asuma cómo será, pero en este momento, creo que todavía es muy desfavorable para cualquier tipo de avance en ese sentido, incluso en la campaña cada vez que se hablaba de aborto o de derechos sexuales y reproductivos, rápidamente Lula, que es nuestro candidato de izquierda más progresista, decía “estoy totalmente en contra del aborto”. Entonces, es algo que aún no se puede discutir públicamente, es muy complicado. Pero, de todos modos, no sabemos cómo será el próximo año. Si bien seguiremos acompañando, estamos a la sombra de este conservadurismo que asoló a Brasil, así que hay que esperar. No creo que podamos avanzar en esta discusión en el corto plazo.

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En la década de los feminismos, no hay agresión sin respuesta.

En la jornada de ayer, la Cámara de Diputados de Chile rechazó por dos votos, el proyecto elaborado por Corporación Humanas y la Mesa por el Aborto para modificar el Código Penal y despenalizar el aborto voluntario y consentido hasta la semana 14 de gestación.

“Mientras el Congreso rechaza despenalizar el aborto, organizaciones alistan presentación de Iniciativa Popular Constituyente que consagre nuestros derechos sexuales y reproductivos”, tuiteaba “al tiro” de conocerse la noticia Alonda Carrillo, constituyente independiente y feminista, quien integra la Comisión de Participación Popular.

Por eso, este miércoles, 1 de diciembre, desde las 12, la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto convoca a una concentración frente al ex Congreso Nacional y lo hace como parte de las conquistas sin fronteras y por supuesto, con digna rabia.

“Durante las últimas décadas el movimiento a favor del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, y en específico, la legalización del aborto, libre, público, gratuito y seguro ha tenido importantes avances”, afirman en su llamada, “tenemos convicción sobre la importancia de que nuevos principios constitucionales sean consignados y respetados por el Estado, logrando así una sociedad más equitativa”, agregan, conforme al tiempo histórico.

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Hace no tanto, Chile ocupaba el grupo de los países más injustos del mundo con las mujeres y personas gestantes, penalizando el aborto en todas sus formas, negando incluso las interrupciones de embarazos producto de la violencia sexual. Fue en 2017, a instancias del Tribunal Constitucional, una norma promulgada por el gobierno de Michelle Bachelet; y rechazada por el entonces candidato presidencial, Sebastián Piñera.

Sin embargo, al igual que en otros territorios donde el neoliberalismo y el control de las autonomías se impuso a fuerza de terrorismo de Estado y genocidios, no siempre hubo prohibición sobre el derecho a decidir en Chile. La penalización total del aborto entró en vigor en 1989, bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Un motivo innegable para que la Convención Constitucional abrace con fuerza la posibilidad de una ley feminista y popular de reconocimiento del derecho universal a la interrupción voluntaria de los embarazos.

“Los desafíos son enormes, puesto que para la escritura de una nueva Constitución paritaria y con carácter feminista, es fundamental que sigamos articuladas, movilizadas y logremos por un lado las firmas y por el otro, lograr que las y los convencionales aprueben esta iniciativa, para que quede en el texto de la nueva Constitución”, afirmaron desde la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto en diálogo con Marcha Noticias.

“Decidimos declararnos en un estado de asamblea permanente e invitar a todas las compañeras que quisieran a unirse hasta que el aborto se legalice”, agregaron, “se hizo una convocatoria, que fue respondida por más de 30 organizaciones”. La conformación de la Asamblea se dio en el marco, precisamente, de la discusión del aborto en el Congreso y dada la incertidumbre de lo que ocurría con un proyecto de acceso a la salud integral.

“Nos pareció indignante, más en el contexto constituyente y paritario que se produce luego de una revuelta”, declararon, “la rabia nos movilizó a organizarnos”. En la lógica constituyente, la Asamblea Permanente por el Derecho al Aborto, se organiza en distintas comisiones y la encargada de la redacción de la iniciativa es la comisión “Será Ley”, que está conformada por feministas y activistas de distintas organizaciones. 

“Ha sido un largo trabajo, muchos días y noches de redacción, discusión, tomar acuerdos y llegar hoy a tener un texto definitivo que ya estamos en condiciones de subir a la plataforma de la Convención Constitucional para que inicie su tramitación”, informaron. Cómo sigue la historia es quizá algo conocido: “debemos conseguir las 15.000 firmas que se requieren para que esta iniciativa sea discutida en la Convención Constitucional”, respondieron. 

La cita es hoy, la lucha es histórica y “Hasta que sea Ley”.

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Se presentó el informe “Maternidad o castigo” realizado por el Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE). En diez años fueron 228 las mujeres sentenciadas por aborto en ese país.

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Según el informe hay en ese país 136 personas condenadas a prisión por haber abortado. El informe “Maternidad o castigo” fue presentado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en la Universidad Nacional Autónoma de México y registró que en los últimos diez años hubo 4.246 denuncias por aborto, lo que indica que, en promedio, una mujer es denunciada cada día.

El mayor número de denuncias se registró en Ciudad de México, con 894, seguido de Baja California, con 466, Veracruz, con 416, y Nuevo León, con 339. En total, durante la década pasada, 228 personas fueron sentenciadas, 83 en prisión preventiva y 53 en prisión definitiva.

Es que el acceso igualitario al derecho a la salud no está garantizado para todas las personas en el país del norte. Excepto en su capital -el Distrito Federal- donde se encuentra despenalizado, en México el acceso de las mujeres, bisexuales, lesbianas y varones trans al aborto seguro es restrictivo y se regula a niveles locales considerándolo un delito como regla general pero con excluyentes de responsabilidad penal o causales de no punibilidad.

Por ejemplo en los estados de Colima, Baja California Sur, Tlaxcala, Yucatán y Michoacán se contemplan al menos seis causales de aborto no penalizadas: por violación, peligro para la vida de la mujer, que el embarazo implique daños a la salud o alteraciones genéticas, que el aborto sea imprudencial, por inseminación no consentida o que se practique por razones económicas (en el último de los territorios mencionados).

De esta forma, una mujer cuyo embarazo pone en riesgo su salud y que vive en un lugar del país en donde no está prevista tal causal, en el mejor de los casos, se verá obligada a trasladarse -siempre que cuente con los recursos económicos para ello- donde se contemple o bien a la Ciudad de México. De lo contrario, deberá llevar el embarazo forzado a término o recurrirá a un aborto fuera de la ley, arriesgándose a ser víctima de la violencia que un proceso penal significa, además de poner en riesgo su salud y su vida.

Cuando el aborto es considerado un delito y no un servicio de salud

Según el informe, la criminalización por aborto en México -y en toda la región- presenta patrones comunes: niñas y mujeres llegan a un servicio de salud con un aborto incompleto o en desarrollo y son cuestionadas y denunciadas por el mismo personal de salud o incluso por sus familiares. “El ministerio público responde de inmediato acudiendo a interrogar a las mujeres en las mismas camillas de hospital”, afirman, “en muchas ocasiones los casos se basan exclusivamente en confesiones autoincriminatorias realizadas bajo presión y en contextos de emergencias médicas”. En ese país, algunos de los procesos penales culminan en sentencias condenatorias, ya sea de privación de la libertad, multa, trabajo comunitario o lo que llaman “tratamiento médico integral”, una forma de sanción que, a pesar de no representar una pena de prisión, perpetúa la idea de que quienes abortan necesitan ser “curadas”.

“El solo hecho de ser denunciadas y enfrentar un proceso penal por aborto, sin importar el sentido de la sentencia, puede tener consecuencias permanentes en sus vida, las de su familia y la relación con su comunidad”, agregan. Además hay historias en que las mujeres son acusadas de delitos con penas severas, como infanticidio u homicidio agravado ante abortos espontáneos o partos fortuitos.

Como conclusión de su trabajo, GIRE ha determinado que el acceso al aborto en México es “precario o nulo”, considerando entre las causas que “existe un gran desconocimiento por parte de las autoridades y, en particular, del personal de salud acerca de sus obligaciones”; que “se imponen requisitos no solicitados por la legislación que obstaculizan y en ocasiones hacen imposible el acceso a servicios legales de aborto”; que “se permite la desinformación por parte de grupos antiderechos mediante la promoción de legislaciones que buscan restringir los derechos humanos”; y que “se viola el secreto profesional y se criminaliza a mujeres con emergencias obstétricas”.

Esto tiene un efecto disciplinador: “la criminalización del aborto impacta no solo a quienes son procesadas penalmente por este delito, sino también a quienes cursan embarazos no deseados y deben elegir entre poner en riesgo su salud y su libertad mediante abortos fuera de la ley”. Esto pasa “cuando el aborto es considerado un delito y no un servicio de salud” y concluyen que se debe avanzar en “garantizar que las mujeres puedan decidir libremente ejercer o no la maternidad. Esta garantía es una parte de la deuda histórica que el Estado tiene con ellas”.

Descargá el informe completo

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Luego de años en las calles, el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) llega nuevamente al Congreso de la Nación para quedarse. En diálogo con Marcha, integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito dan su opinión.

Hoy martes 6 de marzo, se presenta por séptima vez el proyecto de Ley de IVE en el Congreso de la Nación. Se trata de un proyecto histórico que cuenta con el aval de diputadas y diputados de todo el arco político. “Este año el proyecto tendrá cuatro primeras firmas, representando la diversidad política y llevando la horizontalidad a un lugar que no tiene esa práctica” explican en su comunicado las integrantes de la Campaña.

Si bien se celebra y espera con entusiasmo su tratamiento, el contexto político es complejo y rápidamente se propiciaron las “grietas” y dudas a costa de los derechos -siempre postergados- de las mujeres. En las últimas semanas, tras la irrupción de feministas en medios de comunicación, la temática volvió a instalarse. Con ella “se ha demostrado que no solamente está preparada para discutir sobre el aborto, sino que toma posición a favor de la despenalización y legalización de esta práctica histórica”, afirman desde la Campaña que hace más de 10 años lucha por el derecho al aborto.

En ese marco, gran parte de los representantes políticos han generado y comunicado su opinión. Hasta el presidente Macri dio “vía libre” al tratamiento de la ley, luego de su discurso de apertura de sesiones ordinarias. De ahí la incertidumbre generada.

En un contexto de retroceso de los derechos laborales se propone el avance de una ley progresiva. En un ambiente de despidos masivos y vaciamiento en el sector de la salud, se instala la necesidad de hablar de la salud de las mujeres. ¿Es sólo una ventaja política? ¿Se enmarca en un proyecto de imitación de las políticas del llamado primer mundo? ¿Esconderá un negociado? ¿Es una respuesta a los discursos de Bergoglio? ¿Intentan calmar la actividad y masividad del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans?

Posiblemente la mayoría de estas preguntas que circulan en los distintos ámbitos políticos sean ciertas. Sin embargo, una certeza tranquiliza a quienes hace años motorizan con el cuerpo presente esta lucha: la legitimación y legalización de la práctica comienza en las calles y eso ya es un hecho. La temática del aborto ha corrido su propio umbral de sentido común y ya no puede esconderse bajo la alfombra con prácticas clandestinas. Al hablarlo, nombrarlo o inclusive “googlearlo”, el aborto es ya una demanda y por lo tanto una responsabilidad política.

Dos miradas desde el activismo político por el derecho al aborto

Viviana Norman es integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En diálogo con Marcha habló sobre la presentación del proyecto.

¿Cómo creen que será la presentación del debate por el aborto en el Congreso?

La apertura a debatir y tratar de una vez por todas el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es un avance. El proyecto fue elaborado por la Campaña con diversos aportes que lo hacen inclusivo, además de contar con el aval de más de 500 organizaciones sociales que integran la Campaña. Se viene presentando desde el año 2007 y el seis de marzo será la séptima vez que se presente. También se han dado avances en Uruguay, Chile y Bolivia en estos últimos años que han sido muy importantes. Sin embargo, consideramos que no es tarea de un presidente la de habilitar o no el debate en el Congreso, sino que es responsabilidad de las y los diputados. Con respecto al debate, sabemos que se atrasó la sesión especial pedida para el ocho de marzo, por lo que suponemos que a lo largo del año estaremos por fin en condiciones de asistir a un debate histórico, ya que el aborto es una deuda de la democracia en tanto problema de salud pública y, por ello, de derechos humanos.

¿Llevan un relevamiento de los posicionamientos de los distintos bloques del Congreso?

En la Campaña seguimos siempre con atención la posición no sólo de legisladores y legisladoras, sino también de funcionarios con responsabilidades en el Ejecutivo. Inclusive, últimamente hemos estado atentas a propósito de las declaraciones de público conocimiento del Ministro de Salud con respecto a la interrupción legal del embarazo. Seguimos de cerca todos los puntos de vista de los diferentes actores y las distintas voces dentro del escenario político que se está configurando. Creemos que cualquier posición y eventual decisión de legisladores debe ajustarse a lo que es su responsabilidad y, en ningún caso, a creencias personales. No queremos que esto se constituya en una polarización, ya que se trata de adquirir y lograr derechos; y esta obtención de derechos no merece ninguna discusión. Seguiremos en la calle haciendo circular información y evacuando dudas.

¿Creen que es posible, en un contexto de políticas regresivas de los derechos, la presentación de un proyecto progresivo en relación a los derechos de las mujeres?

La Campaña lleva alrededor de quince años de lucha en el activismo feminista. Nos ha tocado enfrentar épocas y escenarios muy duros, no sólo en Capital Federal, sino también a nivel federal y plural. Sin ir más lejos, compañeras han enfrentado adversidades en Salta, Tucumán, Chubut y Jujuy, por mencionar algunos ejemplos. Este es un nuevo desafío y creemos que hay que seguir en las calles, organizándonos para lograr un reclamo común y unificado con respecto a la legalización del aborto en nuestro país.

¿Qué les pueden responder desde la Campaña a los varones que opinan sobre esta temática?

Esta es una pregunta complicada, ya que tiene varias aristas. En primera instancia, podríamos decir que pueden opinar pero no en nuestro nombre. No lo hemos discutido demasiado en la Campaña pero en principio, y a tono personal, creo que hay que correrse de los protagonismos en los que se sienten legitimados, en el caso de los varones: entender que el espacio de esta lucha es de las mujeres. Esto no implica obturar ninguna voz, ya que ello sería reproducir lógicas autoritarias del patriarcado. Es decir que si un varón quiere opinar, primero que se haga cargo de reconocer desde qué lugar de privilegio y de opresión está emitiendo su opinión. No obstante, creo que es un momento de protagonismo de las mujeres y que esta es una lucha básicamente de las mujeres. Esto es insoslayable. Quienes ponemos el cuerpo, y los cuerpos que abortan, son de las mujeres, y lo que estamos reclamando y exigiendo son derechos para decidir sobre nuestros cuerpos, lo cual no debería ser o no habilitado por ningún varón.

Por su parte Ana Paula Fagioli, médica feminista de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que también integra a la Campaña, contestó las preguntas de Marcha.

¿Cuál es el accionar de la Red de Profesionales de la Salud?

Esta red está constituida por más de 800 profesionales de todo el país que garantizamos el derecho al aborto no punible, un derecho que en nuestro país ya tenemos consumado y consustanciado en el artículo 86 del Código Penal desde 1921, tras las reformas a la interpretación que se le ha dado a ese artículo. Nosotras trabajamos en el marco de garantizar derechos. Luego del fallo, la Suprema Corte vuelve a retomar este articulo y hace énfasis en las causales de despenalización que tenemos vigentes en nuestro país. Nosotras trabajamos en el marco de ese artículo, potenciadas también por el protocolo para la atención integral de las personas que optan por la interrupción voluntaria del embarazo, realizado por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2010. Si bien no tiene resolución ministerial y no está aprobado en varias provincias, trabajamos en ese marco. A su vez, nosotras en la provincia de Buenos Aires tenemos la resolución ministerial 3146-12 de aborto no punible, que refuerza cuáles son las situaciones en las que las profesionales tenemos que atender a las mujeres en situación de aborto. Hoy en la provincia de Buenos Aires tenemos misoprostol en el municipio de Morón, así como en C.A.B.A., Chubut, Rosario, Rio Negro.

¿Y en qué consiste?

Trabajamos en equipos de ILE intertransdisciplinarios de la Red, con quienes enmarcamos a las situaciones de las personas gestantes para que puedan acceder al uso del pleno derecho.

Ante el actual contexto de debate sobre el aborto, y comprendiendo que en ciertas intervenciones que realizan el aborto legal es un hecho, ¿cuál es su posicionamiento?

Pedimos desde ahí el aborto voluntario y libre para que ninguna mujer quede por fuera del acceso a su derecho. No vamos a discutir más atrás de lo que ya tenemos conquistado como derecho, a partir de fallo y del artículo 86 del Código Penal.

Desde su conocimiento de la temática ¿qué podrían decir sobre el actual accionar del Estado en relación a los abortos que ya son legales?

Esta Red de profesionales lo que pide es poder trabajar dignamente y hacer uso pleno de nuestro derecho de acompañar a personas que deciden abortar y no continuar con una maternidad forzada. Exigimos que el Estado apruebe el uso del misoprostol más allá del uso obstétrico. Sabemos que el oxaprost, el medicamento que se vende en nuestro país, no es de la misma calidad de los que se consiguen en otros países, impulsando así un negociado entre el Estado y el monopolio de esta medicación por parte de los laboratorios Beta. Hace mucho tiempo le pedimos al Estado la Producción Pública de misoprostol, regulando y controlando la calidad del producto, para evitar así muertes evitables y garantizar abortos seguros. También pedimos que se instruya a las y los profesionales de la salud en la utilización del Ameu, que garantiza el tratamiento del aborto de forma ambulatoria, sin dejar ninguna secuela posterior. Por último, pedimos que se reconozca al medicamento mifepristona, ya que asegura la realización de cualquier aborto de máxima seguridad en un 99% respecto del cuidado de la salud de las personas con capacidad de gestar.

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Lo peor ya pasó. La frase remix de Macri en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso para sostener que la economía ahora sí está en recuperación, las viene reproduciendo en cada entrevista brindada en lo que va en de su gestión. Esa, junto a otras frases del manual oficial, no faltó.

Es su tercera visita al Congreso desde que asumió en 2015. Esta vez no llovió. Pero la ausencia de apoyo también se hizo agua. Tanto que nos regaló un meme que recorrerá las redes por varios meses con un saludo a la nada, o quizá era a la cientos de efectivos policiales presentes, a quienes dijo que teníamos que cuidar entre todos porque dan la vida por nosotrxs, aunque la tasa de gatillo fácil se haya duplicado en estos dos años.

La economía ocupó un lugar preponderante en los 43 minutos que duró su discurso. No es una novedad, fue el caso de casi todos los presidentes desde Menem, que destinaron la mayor parte de su discurso a la situación económica (la única excepción fue Néstor Kirchner, quien destinó más tiempo a la situación social). La obra pública fue otro de sus grandes hitos, aunque es obvio que es mantenida con endeudamiento internacional.

Macri también se refirió a las medidas para transparentar al Estado, como las declaraciones patrimoniales y el límite para nombrar familiares, aunque no mencionó ningún caso en particular. Gilligan llegó para taparle los problemas a Caputo. En un gobierno plagado de conflictos de intereses, el Ministro de Finanzas y amigo de Mauricio, Luis, está en la mira de la Justicia por ocultar que tenía sociedades offshore.

El manual indica que hay crecimiento sostenible por primera vez. Los usuarios de redes oficialistas no pararon de empoderar la frase junto a gráficos del INDEC. Que la inflación bajó y seguirá bajando, que el empleo registrado no para de crecer, que los salarios le ganaron a la inflación y que la pobreza bajó. El Ministerio de Trabajo informó, en base a los registros en el Sistema Integrado Previsional Argentino, que dos tercios del empleo total creado el año pasado (268 mil) fueron monotributistas, autónomos, empleo público, trabajadores en casas particulares y monotributistas sociales. Son empleo inestables y de bajos ingresos. El empleo de calidad y bien remunerado de la industria acumula una caída de 66.310 puestos en dos años. ¿La desocupación está bajando? ¿El salario le ganó a la inflación?

Se les pagó una fortuna a los fondos buitre con la excusa de que habría una lluvia de inversiones. Pero la inversión externa directa fue menor en estos dos primeros años de Macri que en los dos primeros años de la segunda presidencia de Cristina Kirchner. Pero se subió en los puestos internacionales de transparencia.

Los cantitos en la cancha no tienen correlación con el voto. La mayoría que canta MMLPQTP posiblemente no hayan ido a protestar al Congreso por la reforma previsional, quizá nunca se acercaron por ninguna causa, e incluso lo hayan votado. Hoy lo putean por un malestar económico individual, por conspiraciones arbitrales contra sus equipos e incluso por moda. Y Macri, aunque no parezca cierto, atiende esa llamada. Él proviene de ahí, del fútbol. Le da impronta y lo escucha más que la gente que va a marchar.

“El fútbol expresa la realidad social de un país. El caos de populismo y corrupción tuvo su contraparte en el fútbol” #MacriConFantino

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) 22 de julio de 2016

El fútbol muestra mucho lo que pasa con la sociedad pic.twitter.com/83vS0qvh

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) 10 de mayo de 2012

‘El fútbol expresa mucho de lo que le pasa al país’ ^A

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) 27 de junio de 2011

El problema, quizá, sea que simplemente pueda solucionarlo con resultados deportivos.

Tampoco esquivó el conflicto educativo. Como el año pasado, se lamentó de los resultados. Cada vez chicos más burros. Y de ¿quién es la culpa? De los maestros, que solo se ocupan de la educación en épocas de paritarias. La demonización de los maestros otra vez se hizo presente a la par que en las redes otra vez, quizás, aparecieron voluntarios para llenar las escuelas. Más tarde Vidal, en su discurso, apañaría las palabras del primer mandatario.

Pero las palabras de Macri estuvieron más cuidadas que nunca. Es que tuvo, para ejercer su cargo, que aprender a dominar sus formas y abstenerse de decir lo que piensa realmente, como cuando se lamentó de que la droga matara tanto a pobres como a gente muy valiosa, cuando habló de la educación pública como “caída” o derrapó en frases como “el mar es muy grande y el submarino muy chico” o que “el problema en el indoamericano era por la inmigración descontrolada”, cuando aún era jefe de gobierno de la Ciudad. O cuando dijo que la homosexualidad era una enfermedad. Que a qué mujer no le gusta que le digan qué lindo culo, o que el salario era un costo más.

El manual de Durán Barba, esta vez, estuvo en todo su esplendor. Lectura para apegarse a las antiguas leyes, dicción correcta y elevada voz sólo en pequeñas ocasiones de nombrar triunfos, o ideas de cansancio. Contacto visual con amigos y enemigos, dulzura y preocupación para hablar de salud y educación y  temblequeo de autosatisfacción para anunciar un parque nacional en Campo de Mayo, disfrazado de futuro hito y no como un borrador de símbolos históricos.

Otro acierto, quizá festejado por los propios, fue que tratara temas de género. Salario desigual, embarazo adolescente y apertura al debate por la legalización del aborto.  Pero ¿qué dijo realmente? O, mejor dicho, ¿qué no dijo? Primero, que está a favor de la vida, como si quienes apoyan la despenalización y legalización del aborto no lo estuvieran. Luego que espera que se escuchen todas las voces, jerarquizando la católica. No habló de cambiar el marco que criminaliza a las mujeres que interrumpen voluntariamente un embarazo por fuera de los permisos previstos ya en el Código Penal. Tampoco habló del desfinanciamiento del programa nacional de Educación Sexual Integral (Según datos oficiales en 2015, la inversión era de 55.755.738 pesos; en 2016 pasó a $27.662.623 y en 2017 subió a $43.211.136), aunque aclaró que era la base fundamental para  prevenir los embarazos no deseados en adolescentes.  Pero entonces, si no va a cambiar nada, ¿para qué anunciarlo? A días de un nuevo paro internacional de mujeres. Bueno, quizá, esa es la pregunta que, aunque obvia, debamos hacernos de todo su discurso en la 136 apertura de sesiones legislativas.

Sería loco, y a la vez lamentablemente probable, que muchos con un pensamiento retrógrado caigan en la advertencia  que cuenta Alejandro Bercovich en su editorial para BAE: en el Rotary Club de San Isidro el cirujano Juan Carlos Parodi, ante un  público VIP, estimó que “en tres generaciones, las familias pobres generan 80 nuevos habitantes y las no-pobres sólo 16”. Dado que a su juicio “la sustancia gris y la superficie cerebral es menor” en los hijos de las familias de bajos ingresos, el médico concluyó que con la actual dinámica demográfica “nos estamos llenando de habitantes con escasa capacidad mental, con pobre educación y tendencia al delito”, por lo cual “en pocos años volverá el populismo, los cubanos volverán a dar las órdenes como hicieron con los montoneros y seremos otra Venezuela”.

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Hace días circula insistentemente en espacios de izquierda y progresistas la idea de la “distracción de agenda” operada por el gobierno a propósito del debate sobre la ley de despenalización del aborto. Me parece una visión equivocada. El debate llega al Congreso a fuerza de años de masivas movilizaciones e intervenciones del movimiento de mujeres que lograron instalar el tema, coronando como lo más adelantado del impulso del Ni Una Menos.

Pretender que el debate se da por la inteligencia maquiavélica del gobierno para ¿dividir? a las bases y dejar de discutir temas de agenda como la reforma previsional o laboral y no por la militancia y presión constantes en torno a esta reivindicación fundamental, equivale a pensar la acción de las personas/sujetos como pasiva frente a las estrategias (siempre omnipotentes) de quienes están en el poder. Sin menospreciar que el macrismo ve la oportunidad y hace política, entiendo que la clave está en sostener la movilización, la vitalidad y la radicalidad que arrancaron este principio de conquista, para garantizarla y convertirla en ley, porque en la calle es donde tenemos la fuerza para hacerla efectiva.

Peleamos para avanzar, para ganar, no solamente para denunciar y dar testimonio.

Tampoco me parece que se trate de un tema secundario ni de una reivindicación cultural. Es, más bien, un grave problema de salud pública sobre la base de una fuerte desigualdad, que se cobra la vida de muchas mujeres cada año, que son las que tienen menos recursos para pagarse abortos clandestinos pero un poco más seguros en clínicas que funcionan a la luz del día, arregladas con la cana y los funcionarios que se hacen los que no las ven. Todas abortamos, pero los riesgos son mayores si proyectamos variables de clase. Lo sufren más las mujeres trabajadoras, las mujeres pobres, las que no pueden pagar un aborto en condiciones mínimas de seguridad. Por eso todas debemos tener derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

Pelear por este derecho tan postergado no alternativiza otras peleas contra el ajuste o contra el techo a las paritarias, ni le “lava la cara” al gobierno para habilitarle más tropelías. Cansan bastante esas posiciones, a decir verdad, como los palcos tan llenos de machos.

El 8M nosotras paramos.

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Desde el 31 de julio se realiza en la Ciudad de Esquel, Chubut, el juicio oral y público a la médica residente de El Maitén que garantizó el derecho de interrupción legal del embarazo a una joven de 17 años en el año 2015, con el objetivo principal de proteger su vida y salud conforme a actual legislación.

El juicio duró dos semanas, a lo largo de sus distintas instancias se demostró en él -según como lo explica la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito– que la médica actuó “conforme a derecho” en el marco de lo establecido el Código Penal en su Art. 86, inciso 1, el Fallo F,A.L. de la Corte Suprema de Justicia de marzo 2012, la Ley XV-14 de Aborto no punible de la provincia de Chubut, vigente desde 2010 y el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2015.

A lo largo del juicio, se pudo dar cuenta no sólo la “no relación” entre la muerte de la joven con la práctica de aborto realizada, sino también las múltiples irregularidades que se llevaron a cabo durante la investigación. Entre ellas, se demuestra que se investigó y procesó sólo a la médica que garantizó la práctica previa que casualmente se trata de un aborto legal con todo lo que esta práctica trae aparejada. Y no así a las y los médicos de los  hospitales de El Maitén y Esquel donde se atendió posteriormente.

Esta historia no hace más que volver a poner en evidencia la persecución y criminalización por parte de las instituciones estatales a aquellas médicas que, en el marco de la ley, otorgan derechos a las mujeres que eligen sobre sus cuerpos. A su vez, este accionar podría consolidar un marco restrictivo para quienes deciden continuar eligiendo libremente sobre sus cuerpos.

Sin embargo, dispuestas a continuar disputando los sentidos que se construyen alrededor de la práctica del aborto, las organizaciones, redes, radios y espacios feministas de la Comarca Andina acompañan -en esta ocasión- a la médica haciendo de su accionar cotidiano una pedagogía feminista, de cuerpo presente y con el compromiso cotidiano. Marcha dialogó con Andrea González de Socorro Rosa – Comarca Andina e integrante del programa Conjuros a Viva Voz de la Radio Fm Alas de El Bolsón.

Pedagogía del acompañamiento

¿Cuál es la práctica de las Socorristas en Red?

Las socorristas acompañamos a las mujeres porque la urgencia del aborto así lo indica, sabemos de la seguridad del medicamento esencial como es el Misoprostol. Acompañamos porque creemos que es nuestro derecho decidir sobre nuestras vidas y cuerpos. Y también acompañamos a las médicas y a todos y a todas que garanticen este derecho y nos acompañen a cuidar la salud.

¿Qué lectura hacen del desarrollo del juicio?

Desde Socorristas en Red venimos acompañando todo el proceso, desde las audiencias preliminares hasta las realizadas en lo concreto del juicio desde el 31 de julio, a nuestro entender el inicio de este juicio es político ya que es perseguir penalmente a una médica por haber garantizado un derecho. Decimos que es una acusación política porque solamente se seleccionó a esta médica, entre todos más de veinte profesionales de la salud del Hospital Subzonal del Maitén como del Hospital Subzonal de Esquel que durante una semana atendieron a la adolescente fallecida allá por el mes de diciembre del año 2015, de todos estos profesionales que intervinieron en prácticas médicas se seleccionó y responsabilizó solamente a esta médica de la muerte de la adolescente.

Una muerte que, como pudimos escuchar durante todos los testimonios, cuyas causas no se han podido probar aun y posiblemente no se van a poder probar nunca por una decisión de la fiscalía que, representando al Ministerio Publico Fiscal no admitió la producción de pruebas en el momento oportuno, es decir el momento en el que ni los peritos de parte ni los puestos por el Ministerio pidieron esos peritajes por lo cual ya no van a ser posibles por el paso del tiempo pero esos peritajes hubieran dado pistas o razones para poder saber cuál fue la causa de la adolescente, nosotras tanto como la defensa escuchamos y sostenemos que no hay nexo causal entre la práctica realizada por la médica y la posterior muerte.

En este contexto, para ustedes ¿cual es el objetivo de este juicio?

El objetivo de este juicio desde un inicio es amedrentar, intimidar, disciplinar a médicos y médicas que garantizan derechos pero también entonces a las mujeres que los solicitamos. Detrás de este juicio creemos que se esconde también el mensaje de que las interrupciones legales del embarazo realizados con medicamento en hospitales públicos son riesgosos.

Este es un nudo muy importante porque sabemos que el Misoprostol como medicamento esencial, afirmado esto por la OMS (Organización Mundial de la Salud), ha disminuido el riesgo de muerte de mujeres gestantes o personas con capacidad de gestar, esto también se puede encontrar en las estadísticas realizadas a partir de los primeros registros sobre interrupciones legales del embarazo que comienzan en este país a partir de la aplicación del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo entonces creemos la construcción del discurso durante este juicio se va dando dia a dia y anudando como objetivos políticos de disciplinar a medicas, medicos y mujeres.

¿Cómo fue el accionar del juez ante esta causa? ¿Qué interpretación hacen al respecto?

A pesar de que dos hospitales y más de veinte profesionales estuvieron involucrados en esa asistencia médica hay una sola imputada y procesada quien recibirá hoy martes 22 de agosto la sentencia por parte del Juez Oscar Colabelli. Sabemos también que este juez, en el año 2012 negó un aborto no punible a una niña de 12 años víctima de violación, esta causa fue judicializada por los profesionales de la salud logrando que ese aborto sea resuelto por la Corte Suprema de Justicia de Chubut. Creemos que, si bien se recusó al inicio del juicio, como el juez no lo aceptó es el responsable de esta sentencia ya que es quien escuchó los testimonios durante dos largas semanas de juicio.

Sin embargo, también tenemos que reconocer que el mismo juez le dio la oportunidad a la médica de hacer las preguntas por cuestiones técnicas, durante el juicio a gran parte de testigos durante el juicio, fueron preguntas que, se sostuvieron con mucha firmeza, compromiso, responsabilidades y entereza por parte de la médica y que nos fueron enseñando y dando a conocer cuáles fueron los vericuetos por los cuales en principio creemos que ella fue llevada a juicio y por lo cual no va a ser demostrada la causa real de la muerte de la adolescente.

¿Qué repercusiones creen que puede tener este juicio en el territorio de Chubut que, en términos de políticas públicas de salud ha sido siempre progresista?

Podemos también aclarar que de parte del fiscal hubo una clara intención de prestar a confusión, ya que sostenía que no era ese el objetivo que se perseguía ya que la práctica del aborto estaba garantizada en esta provincia tal como lo decís. Se trata de una provincia precursora porque Chubut tiene su Protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo bastante antes del Fallo Fal por lo tanto es precursora en este sentido. Sin embargo el fiscal debía estar aclarando permanentemente que no era el aborto en sí lo que se estaba juzgando cuando la carátula de su acusación justamente es “aborto seguido de muerte con consentimiento”. El único cambio bastante radical que hubo durante el juicio por parte del fiscal fue la condena pedida de 4 años de prisión efectiva y 8 de inhabilitación, y al finalizar las audiencias en los alegatos pide un año de prisión en suspenso y dos de inhabilitación pero sostiene que la médica incurrió en mala praxis.

¿Cual es la relación entre el movimiento de mujeres y las profesionales de la salud que acompañan la decisión de las mujeres?

Desde el nacimiento de Socorristas en Red uno de los objetivos políticos ha sido la articulación con el trabajo de la salud, de la salud pública en especial. A partir de la conformación de Socorristas al poco tiempo se crea también la Red de Profesionales por el derecho a decidir y con ellos y ellas venimos codo a codo trabajando en la articulación para garantizar derechos pero también en un trabajo de despenalización social es decir imprimir otros sentidos a la práctica de aborto y este juicio va directamente a ese punto, a revertir esos nuevos sentidos y aa desarticular este compromiso y de médicas que garantizan derechos como así también del conjunto de mujeres que venimos hace muchos años luchando para que el aborto sea legal para que tengamos el derecho a decidir sobre nuestras vidas y cuerpos.

¿Qué estrategias se van a dar desde el feminismo organizado de la provincia?

Nosotras vamos a acompañar la lectura de la sentencia de parte del Juez Oscar Colabelli. Podemos dimensionar la importancia que ha tenido este juicio y lo que suceda con esta sentencia ya que creemos que la puesta en marcha de este juicio su desarrollo en si, más allá del resultado, evidencia la amenaza que representa este antecedente para las prácticas médicas como así también para cualquier persona que a través de su práctica garantice nuestro derecho por eso creemos que es indispensable el acompañamiento a la médica y puesta en escena acompañando en el juicio y la posibilidad de la comunicación de lo que nos permita hacer de nuestras prácticas cotidianas prácticas pedagógicas en la accesibilidad al ejercicio de nuestros derechos.

La lectura de la Sentencia será trasmitida por la Radio Kalewche de Esquel y retrasmitida por la Red Nacional de Medios Alternativos, Fm Alas, Conjuros a Viva Voz, Radio Presente y Radio Zona Libre desde las 15.45hs.

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Comenzó el juicio oral contra la médica procesada por haber sido quien garantizó el derecho al aborto de una joven que falleció en Chubut. Desde una declaración conjunta espacios de la medicina general, de mujeres y feministas exigen el desprocesamiento de “Abril” y la investigación para el esclarecimiento de las causas de la muerte de “Maira”.

“Maira” vivía en El Maitén, tenía 17 años y en diciembre de 2015 decidió, en ejercicio de su soberanía, interrumpir su embarazo. Se encontró en el centro de salud con “Abril”, médica residente que la recibió, informó y garantizó el acceso a su derecho según el protocolo de atención vigente en la provincia del Chubut. Una práctica que es no punible desde 1921 en el país, que está avalada por convenciones y tratados internacionales de jerarquía constitucional, aclarada por la Corte Suprema en el “Fallo F.A.L.” y defendida de forma cotidiana por espacios de mujeres, feministas, de derechos humanos y la medicina general que acompañan este injusto proceso que arrancó en Esquel.

“Exigimos al Tribunal el desprocesamiento y absolución de Abril, la médica procesada por garantizar un derecho, e instamos al poder judicial de Chubut a investigar las causas de la muerte de Maira, la joven de 17 años que ejerció la soberanía sobre su cuerpo- territorio”, dicen desde una declaración conjunta la Comisión Nacional de Residentes de Medicina General, la Federación Argentina de Medicina General, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Una vez más historias de mujeres que se vuelven “casos judiciales”, ambas atravezadas por la criminalización del aborto y la capacidad de integrantes del poder judicial de poner sus interpretaciones por sobre las garantías y las decisiones de las mujeres. Muertas y (queriendo volverlas) presas de un Estado presente solo para penalizar y criminalizar las decisiones sobre la salud y la libertad.

Una acusación “totalmente injusta”

“Esperábamos esta respuesta de los Tribunales”, afirmó “Abril”, la médica criminalizada al comenzar hoy la jornada del juicio en diálogo con Radio Nacional, “lamentablemente fue todo como pensábamos y transcurrió este año y medio de lucha, tenerme que defender por una acusación totalmente injusta. Seguiremos dándole batalla y defendiéndonos y saldrá la verdad cuando deba ser”, afirmó.

Cuando se le preguntó si tras el juicio hay un mensaje político para obstaculizar el acceso a derechos para las mujeres, “Abril” respondió: “si, por supuesto, hay una discusión politica porque sino no tendría sentido esta causa”. Reafirmó lo que sus colegas en lucha dicen, que el procedimiento se realizó en conformidad con los protocolos, “tenemos todas las prubas y la convicción, y a su vez, no hay ninguna prueba en contra de lo que pensamos y vivimos” y finalizó, “no hay ningún fundamento para no continuar garantizando derechos, sigamos adelante”.

El cronograma fue y es cargado en Esquel y se prevén cinco jornadas de testimoniales más los días de alegatos y sentencia. En relación a lo que ya aconteció, el primer día del juicio, lunes 31 de julio, el abogado defensor de “Abril”, Edgardo Manosalva, realizó el pedido de recusación por parcialidad al juez José Colabelli, quien en 2012 había sido sancionado por el poder judicial de la provincia del Chubut por negar a una niña el derecho a un aborto no punible, priorizando “sus convicciones personales por sobre el derecho provincial, nacional e internacional”. El pedido fue rechazado y ese día brindaron su palabra la madre y el padre de “Maira”.

El martes, miércoles y hoy brindaron testimonio médicas/os de El Maitén y Esquel respectivamente quienes dijeron estar al tanto de los protocolos, mientras que para mañana se prevén las declaraciones de la médica que realizó la necropsia y los médicos forenses. Para la semana que viene, lunes 7 y martes 8, serán los testimonios de testigos de parte de la defensa, de “Abril”, que incluye a la perito en la causa y médica tocoginecóloga Stella Maris Manzano.

Más que un juicio. Más que un intento de condena

Como en cada historia que los feminismos eligen, la de “Maira” y “Abril” es paradigma. La criminalización de una médica que actuó bajo la ley y la de una joven que decidió sobre su cuerpo. A “Abril” la acusan de ser la responsable de la muerte de “Maira” pero la carátula -y por lo tanto la investigación- no es por “mala praxis” sino por “aborto punible”. Una decisión que lleva a juicio al eslabón más débil de la cadena de la institución médica en una práctica que fue supervisada. Y en esa operación, el intento de disciplinar a todas las mujeres y las y los médicos.

Quienes acompañan a “Abril” reconstruyen la historia tras escucharla una y otra vez contarla. “Maira” le dijo en su consulta que estaba dispuesta a interrumpir la gestación “de cualquier forma”. Y como tenía más de 14 años le explicó que sólo era necesario su consentimiento, sin necesidad de hablar con su padre, madre ni con ninguna otra persona. Tras informarle cómo es el procedimimiento y que la interrupción legal del embarazo (ILE) se enmarcaría en la “causal salud ampliada”. “Maira” le dijo que quería que fuera dentro del hospital por lo que “Abril” avisó a su encargado y tras recibir el consentimiento informado firmado por la joven se realizó la práctica con medicamentos.

Según quienes acompañan a “Abril”, integrantes de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir el procedimiento “fue exitoso”. Relatan que se le otorgaron a “Maira” pautas de alarma y control clínicoy la orden para realizar una ecografía de control post aborto de acuerdo al protocolo para 15 días después. Cuentan que cuatro días después la joven consultó para realizar un control, ocasión en la que no se evidenciaron signos de infección ni de sangrado excesivo. Al otro día consultó por un dolor abdominal. Se la examinó, y como presentaba buen estado general, se le administró medicación para el tratamiento sintomático y se le dio el alta con pautas de alarma.

Unas horas después, ese mismo día, 5 de diciembre, “Maira” estuvo con dolor abdominal generalizado. Se le estudiaron posibles causas, relatan, no encontrándose diagnóstico etiológico de la condición. Como continuaba deteriorando su estado general se la derivó al Hospital de Esquel donde fue intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones, no pudiéndose encontrar la causa de su deterioro clínico. “Maira” continuó con importante deterioro a pesar de las intervenciones realizadas y falleció al día siguiente.

“Según las pruebas que existen en la causa no es posible afirmar que haya una línea que conecte la interrupción del embarazo con la muerte de Maira, y por lo tanto, con la práctica médica de Abril”, dicen desde la declación conjunta, “la causa presenta irregularidades en la investigación, tales como pericias mal hechas y otras desestimadas porque no concuerdan con lo que el fiscal sostiene, como toxicológicas no realizadas, tendientes a culpar en lugar de intentar esclarecer la muerte de Maira”.

“La mayoría de las jurisdicciones del país aún no cuentan con una normativa que asegure, de modo efectivo, el ejercicio del derecho al aborto que las mujeres tienen desde 1921. Chubut es una de las que sí y en defensa de políticas públicas que favorecen el acceso a las mujeres a sus derechos es que se vuelve importante repudiar desde todos los sectores la judicialización y el intento de condena de Abril”, dicen desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.

De la lucha contra la desinformación

El Estado que omite sus responsabilidades institucionales e históricas, las influencias en los poderes de los sectores conservadores y el desparpajo de los grupos antiderechos han salido a la ofensiva. Y en la historia de “Abril” y “Maira” no es excepción. Están organizados, pero para negar derechos. Nuestros derechos. Sus herramientas no son nuevas y están prestas para operar: el aparato represivo y punitivo en manos de las fuerzas y el poder judicial para golpearnos, encarcelarnos y hacernos callar. El heteropatriarcado institucionalizado y con poder para disciplinar el poder de los feminismos.

En la lucha por la despenalización y legalización del aborto por libre decisión de las personas gestantes, la batalla cultural, o la llamada “despenalización social”, es clave. Y la ganan ampliamente con sus argumentos los feminismos en lucha. Sin embargo, por estos días del juicio Esquel está empapelada con la imagen de “Maira” y la frase “murió a causa de un aborto legal”. Una contra- campaña que solo trae a la sociedad desinformación y caos para el terror. Una combinación más que conocida de la ultra derecha.

Por eso desde las organizaciones que reclaman el desprocesamiento de Abril y la investigación de las causas de la muerte de Maira, se organizan para relatar las historias desde sus propias palabras poniendo como siempre, el cuerpo al acompañamiento en la presencia en el juicio que se realiza en esa ciudad convulsionada además por las represiones a los pueblos mapuches, diciendo claramente: “garantizar derechos no es delito”.

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La mirada de una salvadoreña en la Argentina rumbo al 3 de junio, día en que volveremos a tomar las calles por nuestros derechos. La penalización del derecho al aborto en el país centroamericano en un “si nos tocan a una respondemos todas” sin fronteras.

El 3 de junio de 2015, tenía poco más de un año de haber migrado a la Argentina. Con un grupo de amigxs salvadoreñxs y argentinxs, decidimos salir a la calle, junto a las cientos de personas que bajo la consigna “ni una menos”, agrupaban su dolor, su rabia, su cansancio de vivir en una sociedad desigual, plagada del machismo que va desde las casas hasta cada una de las instituciones públicas.

Desde nuestra realidad centroamericana, ese espacio donde miles de personas nos unimos para marchar, debatir, aprender, unir fuerzas y resistir al patriarcado, es algo impresionante e insólito. Era un miércoles, un día de semana y por tanto había que salir del trabajo corriendo para poder incorporarse a la marcha y no perdernos nada de aquel evento que marcaría la historia en la agenda de las feministas. En esos días, trabajaba para un amigo que me dejó salir antes del horario laboral, pese a ello tuve que correr porque el resto de “Compas” ya estaban en el punto de encuentro: Avenida de Mayo y 9 de Julio. Pero entre la falta de señal, los masivos grupos de personas, los cantos, los gritos, las consignas, pudimos encontrarnos. No había dado tiempo de hacer los carteles y junto a Andrea Castillo nos tiramos en un pedacito de acera para poder elaborarlos.

El lente de la periodista salvadoreña Leslie Ortiz, grababa todo. Empezamos a marchar, a caminar y a mezclar nuestro reclamo con el resto de las voces que pedían nada menos que justicia. Al llegar a la plaza del Congreso, Leslie me realizó una pequeña entrevista que posteriormente sería transmitida por Canal 10 de televisión nacional salvadoreña.

A estas alturas el recuerdo de lo que preguntó es un poco borroso, la denuncia no tanto. Recuerdo haber dicho algo como que en El Salvador las mujeres éramos asesinadas todos los días, y que habiéndome mudado a la Argentina, -un país porcentualmente mucho más seguro-, la cosa no había cambiado: allá y acá nos matan y por esa realidad que afectaba tanto a salvadoreñas, como a argentinas y latinoamericanas en general, habíamos decidido salir y tomar las calles, para visibilizar lo invisible, porque lo que no se ve no existe  y nosotras, pese a toda una historia de vejámenes, existimos y gritamos por nosotras, por las que vienen y por las que ya no están: ¡ni una menos, vivas nos queremos!

El aborto en El Salvador

Cuando tenía 9 años de edad, en 1997 en El Salvador se aprobó una reforma a la ley penal que, en resumen, constituye un retroceso de los derechos a la salud y a la vida de las niñas y mujeres. Desde hace más de 20 años, en un país que reporta a una niña agredida sexualmente cada 5 horas y miles de embarazos adolescentes, la política del Estado ha sido la obligar a las niñas víctimas de violaciones a parir y convertirse a su corta edad en madres. Por supuesto que este Estado que las obliga a ser madres, no les garantiza que su violador no estará libre e impunemente caminando en las calles de su colonia, o lo que es peor y más común, viviendo bajo el mismo techo que ellas.

En el caso de las mujeres que deban abortar porque su vida está en riesgo o porque no quieren ser féretros ambulantes (cuando se sabe que el feto no va a sobrevivir fuera de la vida uterina), ese Estado tan presente para castigar, seguirá estando ausente para brindar educación sexual integral en cada una de las escuelas de esa nación laica, ausente para brindar anticonceptivos a hombres y mujeres en cada establecimiento de salud de manera gratuita e informada, seguirá hasta estos días, estando ausente para garantizarnos a las mujeres el poder ejercer nosotras la plena autonomía de nuestros cuerpos.

En el 2013, la historia de Beatriz fue una llamada de atención que nos interpeló a todas. Puso en debate a la sociedad, que en su mayoría mal informada, despotricaba en contra de esta joven mujer, madre de un niño y cuya vida fue puesta en riesgo gracias a que debido al lupus eritematoso sistémico e insuficiencia renal, que padecía, requería de la interrupción de la gestación dada “la enfermedad grave con alta probabilidad de muerte materna”, con el agravante que el feto gestante era anencefálico y por tanto inviable a la vida extrauterina.

Dentro del paisito, para nadie fue sorpresa del lado de quién se pusieron los medios de desinformación. El Diario Hoy publicaba a editorialistas que llamaban a las feministas “mentirosas, traidoras y antipatriotas”, además de acusarnos de denigrar a la Virgen María. Con todo y mejor dicho, por todo eso, decidí que debía involucrarme y así empecé a colaborar con el ya consolidado equipo jurídico de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto en El Salvador -apoyado por diversas colectivas de Derechos Humanos-, que había tomado con valentía los retos de enfrentarse a un sistema machista y patriarcal, hecho por y a la medida de ellos.

Pero luego de intensos esfuerzos y con una campaña mediática amarillista en contra, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de la vida de Beatriz: el Estado debía cumplir con su obligación.

Un 3 de junio, pero del año 2013, otra lucha feminista estaba dando resultados: a Beatriz se le realizó una cesárea, finalizando así con el proceso de gestación. “El feto que estaba gestando presentaba graves anomalías incompatibles con la vida extrauterina, a causa de una anencefalia, tal como ya el equipo médico había diagnosticado desde que tenía 13 semanas de gestación, por lo que murió a las cinco horas de su nacimiento”.

En julio de 2016, el diputado Ricardo Velásquez Parker, demostrando su total ignorancia sobre las recomendaciones de los Organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales -recomendaciones basadas en hechos, datos, estadísticas e informes científicos-, decidió proponer formalmente ante la Asamblea Legislativa aumentar la pena por aborto a 50 años de cárcel, sea cual sea la circunstancia en que éste sea realizado. Para decirlo con claridad, no importa si de este aborto depende mí vida, no importa si después de ser víctima de una violación quiero, necesito practicarme un aborto, para el diputado ninguna de estas situaciones merecen una excepción a la norma, a su norma.

Sin embargo, para aliviarnos la desesperanza, 2 meses después de la vergonzosa propuesta, Lorena Peña presentó la propuesta de reforma a la ley penal 1134-10-2016-1  que busca despenalizar el aborto en 4 causales. Es decir el aborto en El Salvador continuará siendo delito excepto cuando se realice bajo las circunstancias siguientes:

1. Cuando está en riesgo la vida de la mujer gestante, previo aval médico.
2. Cuando el embarazo es producto de una violación o trata de personas.
3. Cuando exista una malformación en el feto que haga imposible la vida extrauterina.
4. Cuando, en caso de violación o estupro, la menor de edad de consentimiento de esta decisión y sus padres o tutores legales autoricen.

Ahora, en mis 20 y tantos, no puedo dejar pasar semejantes propuesta sin poner todo el cuerpo en defensa de mi cuerpo, del cuerpo como primer territorio de opresión y de liberación. En ese sentir, es claro que somos muchxs los que nos identificamos en esa lucha, por eso, desde Buenos Aires, con lxs compañerxs del Movimiento Centroamericano 2 de Marzo, participamos en todos los espacios de difusión, visibilización, denuncia, juntada de firmas etc., para apoyar a la compañeras que están en territorio defendiendo nuestros derechos, los derechos de las compañeras presas por abortar, de las niñas y mujeres cuyos derechos a la salud y vida están en riesgo.

Sí nos tocan a una respondemos todas…  desde cualquier frontera

En el XXXI Encuentro Nacional de Mujeres, celebrado en Rosario, Argentina, la Mesa latinoamericana y la mesa por la Marcha Mundial de Mujeres crearon un puente entre Argentina y El Salvador. Ahí, ante la mirada atónita de la audiencia, desde el movimiento, señalamos el retroceso en El Salvador en materia de derechos sexuales y reproductivos, señalando cómo pasamos de una ley que permitía excepciones a una que penaliza el aborto de forma absoluta.

Con la fuerza del encuentro, de la energía reunida en una juntada de más de cien mil mujeres intercambiando durante 3 días, dolores, saberes, experiencias y resistencias, en octubre mismo, #NosotrasParamos, bajo la lluvia, en Buenos Aires, volvimos a salir a la calle para gritar más fuerte que #VivasNosQueremos. El femicido de Lucía Pérez nos dolió a todas y el dolor traspasó la provincia de Mar del Plata, se irrigó por toda la Argentina y subió por toda Latinoamérica y el mundo. Y en el pequeño país centroamericano, también pararon. Las compañeras salieron a gritar, a llorar, a exigir juntas un alto a los feminicidios y ni una mujer muerta más por abortar.

El 8 de marzo, en la Plaza de Mayo, en el documento consensuado en las multitudinarias asambleas preparatorias para esa jornada, se denuncio A El Salvador como Estado femicida. Ante miles de mujeres, Liliana Daunes leyó: “En este paro internacional de mujeres que nos hermana, denunciamos pública e internacionalmente a los estados femicidas de El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam: ya que al ser los únicos 6 países en América Latina con prohibición absoluta del aborto, son responsables de las muertes y graves violaciones al derecho a la salud de cientos de niñas y mujeres en sus territorios”.

El mensaje es claro, a las mujeres salvadoreñas se nos dijo que en la lucha por la despenalización del aborto no estamos solas. Estamos juntas y somos miles.

*Movimiento Centroamericano 2 de Marzo

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