Por Maru Waldhüter y Mauri Polchi

Foto: Rocío Prim

“Llora el mercado inmobiliario”, escribió en sus redes sociales la organización Inquilinos Agrupados, con un mensaje publicado a las 5.16AM del miércoles 11 de octubre del 2023. Así comunicaron, luego de una maratónica sesión en la Cámara de Diputados, que aunque con modificaciones la Ley de Alquileres sigue vigente. Contrato a 3 años, aumentos semestrales bajo el índice “casa propia” y la prohibición de publicar precios en dólares. 

Recordemos que la normativa sufrió el embate de Juntos por el Cambio, sus aliados en la cámara, el lobby inmobiliario y los 13 diputados peronistas que se ausentaron de la sesión cuando la oposición logró la media sanción que buscaba terminar con los derechos de lxs inquilinxs y respaldar a rentistas e inmobiliarias. 

Con 128 votos a favor y 114 en contra se impuso la iniciativa que la Cámara Baja elevó con media sanción al Senado donde se le hicieron modificaciones y finalmente, se ratificó en las primeras horas del día miércoles. En esta oportunidad, votaron a favor de preservar los derechos de lxs inquilinxs el Frente de Todos, el Movimiento Popular Neuquino, dos legisladores de Identidad Bonaerense, dos socialistas, una de Córdoba Federal, uno de Juntos por Rio Negro, dos del Frente de la Concordia y lxs cuatro del Frente de Izquierda.  

El camino por delante será duro, y más aún, en este año electoral en el que la ultraderecha amenaza con arremeter contra derechos de inquilinxs y derechos humanos elementales. Si los comicios dejan fuera de la presidencia a este sector el camino a recorrer deberá buscar el compromiso del Estado en velar por el cumplimiento de la ley y poner en marcha políticas públicas que le den solución, no solo a la población inquilina sino, a la crisis habitacional general que atraviesa nuestro país. Tal como lo informó el INDEC a partir de los resultados del Censo de Población, Hogares y Vivienda de 2022,  sólo el 65.5% de las viviendas particulares ocupadas son propias. El informe también advirtió que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la jurisdicción con menor cantidad de viviendas propias con un 52,9%, seguida por Tierra del Fuego y Santa Cruz. Además, la situación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es particularmente compleja ya que, en 2022 al menos el 32% de las familias tuvieron que destinar la mitad de sus ingresos para pagar el alquiler;  el 63% de los hogares se endeudaron para pagar la vivienda; y el 35% de las personas no lograron alquilar una vivienda completa, sino habitaciones en casas comunes, pensiones o inquilinatos. Esta información se puede consultar en “La situación de los hogares inquilinos en AMBA”, la investigación realizada por ACIJ, CELS y  el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, entre otros organismos. 

Esta situación se explica por varios factores que se fueron agravando con el paso de los años. En términos generales, la vivienda destinada al alquiler permanente se volvió un instrumento financiero sujeto al dólar y, a menor escala, la forma de dolarizar ingresos para los rentistas al colocar las propiedades en el mercado de alquileres temporarios para turistas. Vale señalar que, aunque no estén destinados al turismo muchos alquileres comenzaron a publicarse en dólares o se incrementaron al ritmo del dólar informal volviendo inaccesible la posibilidad de acceder a una vivienda. 

“La organización inquilina llegó para quedarse. Falta mucha lucha aún y más derecho”, remarcó Inquilinxs Agrupadxs en sus redes sociales y también lo destacó su titular, Gervasio Muñoz, en las puertas del Congreso previo a la sesión.

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Por Rocío Prim, Estefanía Santono y Laura Salomé Canteros | Fotos: Jose Nicolini 

Este domingo se realizó la cuarta Asamblea Feminista de mujeres, lesbianas, travestis y trans de la recuperación de tierras de Guernica que reúne a 2500 familias. Luego de que fuera pospuesta por las intensas lluvias del sábado, la Asamblea de vecinas que desde el 20 de julio resisten en los terrenos del partido de Presidente Perón se reunió para discutir y organizarse de cara al desalojo previsto para el 1, 2 y 5 de octubre.

Muchas de las mujeres que pese al frío y el temporal se mantienen firmes en su lucha por la recuperación de las tierras de Guernica junto a sus hijes, son o fueron también víctimas de violencia machista. La solidaridad y las redes de contención que fueron tejiendo desde el 20 de julio son las únicas herramientas que hoy en día tienen para garantizar la autoprotección.

También se organizan para sostener las tareas de cuidado, los merenderos, las ollas populares y garantizar el acceso a elementos de primera necesidad como pañales para sus hijes. Algunas de las referentes de la Asamblea son además delegadas de su manzana en cada uno de los cuatro barrios que componen la toma: La Lucha, La Unión, 20 de Julio y San Martín. Estas son algunas de sus voces.

Ante la desidia, respuestas feministas

Ximena es vecina del Barrio 20 de Julio e integrante de la Asamblea Feminista. Relató cómo surgió la necesidad de organizarse para abordar las problemáticas de mujeres, lesbianas, travestis y trans en la toma. “Como principal objetivo, buscamos soluciones ante la ausencia del Estado”, afirmó, “esta es la cuarta Asamblea y contamos con la participación de vecinas y organizaciones que se solidarizan para desde una mirada feminista, construir los barrios que queremos, sin violencia machista y para que podamos independizarnos”.

“En este contexto, la violencia machista se ve mucho más”, sostuvo Ximena, “mujeres solas con sus niñes, que están con parejas violentos, trabajadoras desocupadas; ante esto, planteamos una perspectiva feminista para alcanzar la independiencia económica y brindar acompañamiento ante situaciones de violencias y abusos hacia niñes. Ximena relató además que quienes se organizan alrededor de la Asamblea hicieron justicia feminista y expulsaron a dos agresores sexuales de la toma, una forma de consolidar la autoconvocatoria y las estrategias que se fueron dando entre las y les vecines.

La Asamblea feminista también plantea respuestas ante un eventual desolojo: “vamos a intervenir con organización para resguardar a les niñes, a las mujeres y a las personas ancianas en sus decisiones, porque no quieren dejar sus tierras o porque no tienen dónde ir. Habrá una resistencia organizada, la gente no se quiere mover y lo demuestran aguantando la lluvia y si hay o no un plato de comida. Eso es histórico, estamos levantando el legado de muchas personas. Por eso, no vamos a negociar con nuestros derechos”.

Soledad es docente y acompaña violencias sobre mujeres, lesbianas, travestis, trans y niñeces en la toma desde la Consejería territorial feminista Panambí de Guernica. Contó que comenzaron a participar “porque a quienes estábamos acompañando son compañeras que venían atravesando situaciones de violencia y que a la vez vinieron a tomar tierras”. Relató que las y les acompañan “para que puedan defender sus derechos y reclamar todo lo que les corresponde, como en este caso, el acceso a la tierra y a la vivienda”.

La situación de deuda y falta de respuesta institucional es clara. Soledad relató que “recién tras el último femicidio en la zona, hace un mes, se formó la Dirección de Género” en el municipio de Presidente Perón, que además no tiene presupuesto propio ni desarrollo de políticas integrales ya que además informó que “no se puede acceder al derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)”. “Hay compañeras que están atravesando la situación de violencia y que también padecen el no tener a dónde recurrir”. En Guernica no hay casas refugio ni contención para las que ven sus vidas amenazadas por los violentos.

A Orlanda le dicen “Mili”, es jefa de la familia que conforma junto a su hija, Zoe, de 1 año y 8 meses y sobreviviente de violencias. Nos contó que estaba en situación de calle hasta que se enteró de la acción colectiva en Guernica, que le brindó la esperanza de acceder al derecho a la tierra y vivienda propias. Ahora vive en una de las casillas del barrio 20 de Julio.

“No es fácil pero estoy haciendo esto (resistir en la toma) por mi hija; el frío, la helada, la tormenta, todo estoy soportando por ella, porque quiero darle un techo”. En el barrio habitan quienes ni siquiera acceden a los ingresos de emergencia, como Orlanda, quien contó la solidaridad entre vecines: “me dieron leche y pañales, ven mi situación crítica y me ayudaron”. Dijo que le interesa participar de la Asamblea para escuchar a otras compañeras, “no estoy sola”. Y se refirió al eventual despojo de sus derechos, “espero que no nos desalojen porque somos muchos los que necesitamos y no tenemos dónde ir”.

Yamila tiene 25 años y vive en Guernica desde que nació. Es una de las tantas mujeres que se quedó sin empleo a raíz de la pandemia. Trabajaba en gastronomía y se recibió de Trabajadora Social el mes pasado. “No pude seguir pagando mi alquiler. Los primeros dos meses me gasté todos mis ahorros y después de eso, tuve que volver a la casa de mi mamá, donde somos ocho hermanos”, contó. Cinco de los hermanos de Yamila quedaron en su misma situación: sin trabajo o con el sueldo reducido, tampoco pueden seguir pagando su alquiler, pero su situación es más preocupante porque tienen hijes.

Empezó la pandemia, se quedaron sin trabajo, ese es el común denominador de las mujeres de la toma. “El 90% de las personas que estamos acá pagábamos alquiler. Muchxs quedaron en situación de calle”, aseguró Yamila y agregó, “hay un montón de mujeres que son madres solteras, jefas de familia, el único sostén. Hay trabajadoras de casas particulares que fueron echadas de sus trabajos y otras hacían changas, viviendo el día a día pero sus ingresos se vieron perjudicados desde que inició la pandemia.”

Organizadas, tejiendo estrategias de cuidados, atravesadas por la emergencia social en un contexto donde la pobreza no da tregua, buscan alternativas para fortalecerse, luchan por un derecho básico y fundamental, el derecho a la tierra y a una vivienda digna para continuar con sus proyectos de vida, criar a sus hijxs. El operativo de desalojo tendría fecha. A la par, crece la solidaridad con quienes resisten y tienen derecho a una vida digna.

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Por Sofía Spinelli / Foto de María Belén Amitrano

El COVID-19 constituye una venganza de la naturaleza por más de cuarenta años de grosero y abusivo maltrato a manos de un violento y desregulado extractivismo neoliberal.

David Harvey

Históricamente, las epidemias cuestionaron los modos de vida y configuraron la forma de las ciudades. Hoy, el COVID-19 se traduce en urbes vacías a causa de las cuarentenas impuestas por los gobiernos, aislamiento para el cual es necesario no sólo una vivienda, sino la infraestructura básica que debe acompañarla.

Cuarentena en la calle y viviendas vacías

La cuarentena que vivimos requiere de condiciones de hábitat que no existen para toda la población. Esta realidad puede ser un puntapié para la reflexión sobre las muchas falencias que presentan las políticas públicas habitacionales. Se está atacando una de las fases del COVID-19, el contagio, que, de no controlarse, desbordaría todo el sistema de salud.

Si trasladamos esta idea al campo habitacional, nos encontramos con infinitos parches que no logran evitar el desborde. Según el informe realizado por la comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus COVID-19, la principal dificultad para el acatamiento de la medida de aislamiento es la falta de espacio en las viviendas y las condiciones de hacinamiento en villas de emergencia, hoteles y casas ocupadas.

Mario Testa, salubrista argentino contemporáneo, afirmó que nuestro país es un cementerio legislativo. Esta idea se refuerza cuando nos encontramos con que el derecho a la vivienda no solo es parte de la Constitución Nacional (artículo 14 bis), sino también del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (párrafo 1 del artículo 11), que tiene rango constitucional. Otros documentos internacionales a los que adhirió la Argentina, como La Nueva Agenda Urbana de Hábitat III-ONU, son simplemente una demostración de que la legalidad de un papel, o la lista de deseos que aparentan estos documentos, no dan cuenta del problema al momento de la proyección de políticas públicas.

La imagen de la Ciudad de Buenos Aires hoy es antagónica. Solo en ella hay 7.251 personas en situación de calle, unas 66 mil personas viven en piezas de hotel, pensiones, inquilinatos, conventillos o construcciones no destinadas a la vivienda, con malas condiciones edilicias y muchas de ellas en riesgo de desalojo por el Gobierno de la Ciudad, en un estado de incertidumbre que debería considerarse un problema político. Según la Encuesta Nacional de Hogares del 2018, existen 365.000 hogares con déficit habitacional -construcción incompleta-, con materiales precarios o con hacinamiento. En el otro extremo nos encontramos con 138.328 viviendas ociosas, es decir, vacías. Entre 2005 y 2018 se construyeron más de 195 mil viviendas, de las cuales más del 50% son suntuosas y lujosas. Estos indicadores demuestran las fuertes desigualdades sociales que atraviesan a nuestro país.

Para hacer frente a la pandemia primó la construcción de espacios destinados al uso médico, como unidades sanitarias móviles y hospitales modulares, para lo cual otros espacios como parques ecológicos, polideportivos, centros recreativos, clubes y complejos gremiales están siendo reconvertidos en centros que puedan dar soporte al sistema de salud. No negamos la necesidad de tener la infraestructura sanitaria para enfrentar el peor de los escenarios, pero ¿qué estamos atacando con las políticas públicas? Si la cuarentena es un pilar fundamental, también lo son las condiciones en las que vive la población.

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El desborde

La crisis sanitaria que enfrenta el país generó las condiciones de oportunidad para visibilizar problemas crónicos de nuestras ciudades, problemas que hace más de un siglo están pendientes de resolución. Desde el gobierno nacional se anunciaron medidas de congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos por 180 días hasta el 30 de septiembre. Quién no pueda pagar no podrá ser expulsado del inmueble durante ese lapso, aunque acumulará una deuda que después le podrá ser exigida (Decreto 320). Las medidas de emergencia, más allá de ser necesarias, no resuelven la causa del problema.

Si la norma indica que debemos quedarnos en casa, ¿qué pasa con todas aquellas personas que se ven confinadas a espacios inadecuados?

En los últimos días vimos una explosión de información sobre aquellas personas que se consideraban “lo otro” dentro de la ciudad. Existen límites que configuran espacios ajenos para la propia ciudad, podríamos llamarlos espacios subalternos. Son esos sectores dentro de la misma ciudad que no se reconocen, que históricamente fueron parte de lo que había que erradicar. Las villas fueron noticia una vez que el virus había logrado traspasar aquel límite invisible – para algunos-.

El acceso a una vivienda adecuada es un problema que no está siendo atacado en ninguna de sus causas y desbordó cualquier tipo de sistema de contención. Los subsidios habitacionales, los programas de “Prevención del Frío” y los paradores son insuficientes. Los desalojos dejan familias enteras en la calle que pasan a ser usuarios de los programas recién nombrados. Son expuestos a una situación de vulnerabilidad sin una solución definitiva para su problemática habitacional. El parche que representan estas políticas públicas se retroalimenta con las mismas acciones del gobierno. En muchos casos, la cuarentena implica que cohabiten cinco personas en una única pieza o a estar encerrado con una persona violenta, a vivir sin agua ni cloacas o a vivir con la incertidumbre de un desalojo inminente. Y, en el peor de los casos, no poder realizarla por estar en situación de calle. ¿Qué pasa con todas estas personas en la cuarentena?

La Defensoría del Pueblo, en el transcurso del 2019, intervino en un total de 43 desalojos, 22 de los cuales ya se llevaron a cabo afectando a 131 grupos familiares. Durante los últimos 18 meses, en el barrio de la Boca se llevaron a cabo 117 desalojos, mientras que están en curso otros 132. Con relación a los paradores, Horacio Ávila, integrante de la Asociación Civil Proyecto 7, en una entrevista con La Izquierda Diario afirma que de las 7.251 personas en situación de calle, 871 son niños, niñas y adolescentes, y que del total, 4.300 están en situación de calle efectiva, es decir, sin acceso a ninguna política estatal. En los paradores, cumplir con los requisitos sanitarios es casi imposible: los baños son colectivos, los dormitorios y los comedores también. Evitar así el contacto o que haya una persona por metro cuadrado es irreal.

Convocar a voces del territorio que nos permitan tener una mirada real sobre lo que está ocurriendo fue una necesidad a la hora de analizar las problemáticas habitacionales en el contexto de la cuarentena.

La solución para los barrios populares es el aislamiento comunitario. Felipe Mesel, abogado especialista en temáticas urbanas, afirma que más allá de que “el Ministerio de Desarrollo Social concibe el aislamiento comunitario desde una lógica de evitar que la precariedad habitacional impacte negativamente en la salud de la población, las fuerzas de seguridad reversionaron ese aislamiento en un ‘no salgas de tu barrio’ y con un sesgo represivo. Ha habido denuncias en algunas villas, como el Playón de Chacarita, donde no los dejan salir, el aislamiento comunitario significa ‘anda a tu negocio de cercanía dentro de la villa’. La realidad es que no están todos los negocios dentro de la villa, hay que salir necesariamente para abastecerse”. La capacidad de acceso a los servicios necesarios para cumplir la cuarentena, ya sean alimentarios o bancarios, se encuentra directamente vinculada a la localización y el contexto habitacional. Los desafíos frente a la cuarentena no son siempre iguales: “hay un prejuicio de que los sectores populares que viven en villas no están bancarizados porque todo su circuito de economía sucede en la informalidad. Eso, en parte, es verdad, pero se toman de esa parte de la verdad para no encargarse de la otra parte que no tienen medios para llegar a los servicios bancarios.” continua Mesel.

“Las organizaciones estamos cumpliendo un rol de prevención de salud pero lo que más apremia es la comida. Las familias se acercan, las vecinas se ofrecen a cocinar porque saben que hay muchísima necesidad en el barrio, entonces rompen la cuarentena porque priorizan esa necesidad y, por otro lado, hay colas eternas en las escuelas para un bolsón de mercadería, o en los cajeros para cobrar el bono que les paga el gobierno o para venir a buscar un plato al comedor. El aislamiento también se rompe por eso”, afirman desde el FAR (Frente Arde Rojo) de la organización Marabunta.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se propuso “El Barrio Cuida al Barrio” que convocó a que las organizaciones sociales sean quienes otorguen los espacios para colaborar con el aislamiento preventivo. De esta forma, los centros comunitarios funcionarían como centros de aislamiento y centros de prevención que entreguen productos de limpieza y mercadería, y se los proveería de cierta infraestructura para alojar a la gente. Desde el FAR afirman que la realidad en el territorio es otra: “Para nosotras eso es un problema en varios sentidos. Nuestros centros comunitarios tienen una infraestructura más o menos similar o igual al resto del barrio, el servicio de agua no es bueno, no tenemos duchas ni la infraestructura básica que se necesita para estos casos. El Estado debería ser el responsable de garantizar espacios para la cuarentena. Nosotras podemos cumplir un rol de organización en el territorio, de organización de la demanda y de colaboración con los vecinos y, muchas veces, llegar a información que tenemos de las familias a las que el Estado no llega. Ese es nuestro rol, no cubrir los baches del Estado. Los espacios no están preparados para alojar personas en condiciones delicadas de salud, deberían abrir las escuelas o los polideportivos si quieren generar centros de aislamiento.” Por otro lado, afirman que “desde que empezó la cuarentena no nos dieron ni un centavo de más, no aumentaron la mercadería ni productos de limpieza. En algunos municipios hay comités de crisis que relevan todas las necesidades pero no nos dan recursos. Lo único que mantenemos en funcionamiento son los comedores, merenderos, la entrega de comidas. Se triplicó la demanda en los comedores pero no hubo aumento de mercadería por la situación de crisis”.

Los subsidios habitacionales hoy son sólo para gente en situación efectiva de calle, el riesgo de desalojo ya no es un factor de ingreso. Clara, del Ministerio Público de la Defensa, relata que “históricamente el subsidio se podía cobrar si estaban en calle o en riesgo de desalojo. Desde hace dos meses eso cambió”. Por otro lado, en relación a la documentación que tienen que presentar, la flexibilización es mínima: el caso de los informes que realizan las trabajadoras sociales es preocupante: “en un 99% de los casos, los informes sociales que presenta la gente son de los servicios de los hospitales o de los centros de salud. Hace unos años aceptaban informes de la parroquia, pero ahora principalmente tienen que ser de organismos del Estado y lo que la gente tiene más cerca son los centros de salud, no hay muchos más lugares donde haya trabajadoras sociales”. Exigirle a uno de los grupos más vulnerados socialmente que se acerque a un espacio sumamente riesgoso para la obtención de un informe social va en contra de las medidas generales de prevención contra la pandemia.

Hoy está más claro que nunca que el derecho a la vivienda y la salud son dos caras de la misma moneda. David Harvey afirma que el avance del COVID-19 exhibe todas las características de una pandemia de clase, género y raza, adoptando un abordaje interesante que visibiliza aquellas interseccionalidades que representan opresiones, violencias o privilegios que tenemos como sujetos dentro de un contexto social determinado. Más allá de la existencia de un discurso de “somos todos iguales frente al coronavirus” existen condiciones específicas, como son los casos relatados más arriba, que hacen que esta premisa sea no solo insuficiente, sino naif.

Vivimos en ciudades llenas de desigualdades, que han nacido a partir de la concentración geográfica y social del excedente de capital. “La urbanización ha sido siempre, por tanto, un fenómeno relacionado con la división de clases”, tal como afirma Harvey en Ciudades Rebeldes. La sociología, la geografía y el urbanismo logran explicar, a partir del extractivismo urbano, el sistema complejo en el que la consolidación de los centros urbanos como estructura fundamental dentro del capitalismo, ha transformado a nuestras ciudades en territorios puramente destinados a la producción mercantil. Las grandes infraestructuras de consumo como los grandes centros comerciales, los paseos de compra, las grandes obras de infraestructura en barrios de alto nivel adquisitivo, que tienen por objetivo la reproducción de este modo de vida capitalista, quedan hoy ante el aislamiento completamente obsoletas, demostrando su inutilidad en tiempos de emergencias y su falta de necesidad real a nivel social. El derecho a la ciudad, como derecho social, transforma a nuestras ciudades en territorios en disputa, contra aquellos que nos intentan desterrar de una necesidad tan básica como la vivienda.

Pero dentro de la ciudad “formal” existe un abanico de viviendas informales invisibilizadas, que son las casas tomadas, las pensiones, los hoteles, los inquilinatos, en condiciones de precariedad gravísimas y que no poseen una estructura de organización colectiva que brinde soporte. “Más allá del Decreto 320 siguen existiendo denuncias a la Defensoría del Pueblo por intentos de desalojo y la gran mayoría de las amenazas de desalojo son contra la población trans. Más allá de estar reflejados en el Decreto que sacó el Gobierno Nacional, el problema es el control en estas situaciones, muchos de ellos no tienen contrato escrito. Quienes no se ven afectados por la normativa son las viviendas tomadas, estos son casos más complejos de abordar”, relata el abogado Felipe Mesel. La población de esta ciudad paraestatal, que está en el límite entre lo informal y lo formal, queda por fuera de toda política.

Existe una idea hegemónica sobre la vivienda como un bien de mercado que ha logrado desterrar del imaginario colectivo el derecho social que en realidad representa. En este contexto, la importancia que tiene el aislamiento, su consecuencia en el hábitat y los desafíos para poder configurar políticas públicas para aquellas poblaciones en situaciones vulneradas, resaltan la idea de que sin vivienda adecuada no hay ciudad posible. Quedan por responder algunas preguntas: ¿existirá a partir del COVID-19 una nueva configuración urbana? ¿Conseguiremos a partir de esta epidemia construir ciudades más justas? Esperemos que este sea un punto de inflexión.

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