Nuria Barbosa León

En Cuba, la atención médica es justa, equitativa, con alcance para los territorios rurales y alejados, con capacidad para producir medicamentos a partir de la innovación y el talento nacional, y con posibilidades de una prevención efectiva para el cuidado de los grupos vulnerables como niños, embarazadas y ancianos/as.

Experiencias en otras pandemias recientes, causadas por vectores como el dengue, el Zika, el Chicunguña o inducidas por el imperialismo en una guerra bacteriológica, nos ha llevado a desarrollar respuestas rápidas y efectivas para su control y manejo, teniendo como premisa que el estado es el responsable de garantizar los servicios de salud.

Así lo aseguró, Iliana Morales Suárez, Directora Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública en una disertación magistral en la Universidad de la Habana y aseguró que el país construyó un sistema sanitario centrado en la Atención Primaria de Salud a nivel de comunidad, que conduce al paciente por la red integrada de servicios preventivos, curativos y de rehabilitación.

«La aparición de la Covid 19 no tomó a nuestro gobierno por sorpresa y para salvar vidas, en primer lugar, desde el propio mes de enero comenzaron a adoptarse medidas pertinentes», reconoció la experta y luego dijo que el Plan, aprobado por la máxima dirección del país se sustenta en los siguientes elementos: voluntad política y organización social; acción coordinada del estado para hacer frente a la pandemia; ajuste del sistema de salud pública con preponderancia del consultorio del médico de la familia; la creación de una red de laboratorios diagnósticos; preparación de recursos humanos especializados; capacitación en el manejo de emergencias; trabajo intersectorial con participación comunitaria; y el uso de la ciencia como herramienta para la toma de decisiones.

Ese plan se ha perfeccionado constantemente, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia y las mejores experiencias internacionales en el abordaje de la enfermedad, y a partir del 20 de marzo último, el gobierno decidió reforzar la aplicación de las medidas, entre ellas el cierre de fronteras; las escuelas y el transporte público. Además aplicó medidas para asegurar el distanciamiento físico y social.

 A ello se suma la búsqueda constante de casos y la manera de aplicar los protocolos médicos para impedir el colapso de los servicios bajo el principio de evitar que la población enferme, pero si ello ocurre, vigilar que no se agrave y si llegan a esta condición luchar porque no mueran.

«Esenciales en nuestro Plan sanitario han sido la vigilancia activa en todos los estadios epidemiológicos; la articulación de las acciones intersectoriales, transdisciplinarias y preventivas; la inmediatez en los análisis y la toma de decisiones; el tratamiento individualizado de los pacientes y el abordaje a sus comorbilidades; así como el seguimiento continuo a los convalecientes», enfatizó Morales Suárez.

Por último acentuó que con satisfacción divulgamos al mundo que el sistema de salud cubano no tuvo necesidad de desplegar todas sus capacidades diseñadas, utilizándose sólo una parte de las previstas, lo cual permitió garantizar el derecho a la atención médica a todos los enfermos de Covid 19 con sólo un 4% del total de los diagnosticados reportados de graves y críticos, mientras la letalidad alcanzó sólo un 1.5%.

Para ella el derecho a la salud está vinculado directamente con la dignidad y el desarrollo humano, la igualdad de oportunidades, así como el crecimiento económico y social, por tanto a pesar de una letal pandemia Cuba pudo cumplir con una meta de la humanidad basada en la garantía al derecho de la salud.

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Por Laura Salomé Canteros @laurasalome / Foto: Archivo 8M 2018

Además de las fake news, circula como mito cuarentenero que los feminismos se encuentran “dormidos”. Es que el aislamiento no va con éstos, menos en su versión nuestroamericana: una revolución de liberaciones que ansía volver a habitar las calles. Pero, ¿qué está haciendo tu feminista preferida en este encierro consensuado por la vida y la salud? Seguro combatiendo la gorra social en redes, activando en algún comedor u organizando redes solidarias en su barrio, haciendo compras para les mayores, activando abrazos virtuales o sanando en lecturas años de activismo sin respiro.

En nuestro país, el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por la pandemia de COVID 19, dejó en suspenso en el pasado cercano la potencia de la demanda de mayor consenso del movimiento, que espera volver al futuro. El debate para la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), quedó en el capítulo “todas esperábamos leer el proyecto” redactado por el Poder Ejecutivo Nacional, a cargo de Aníbal Fernández, quién anunció el gesto político en favor del derecho a decidir en la apertura de las sesiones legislativas el pasado 1 de marzo.

Desde entonces, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el 14 de marzo pasado emitieron una declaración afirmando que “respetamos esa prioridad en la atención y prevención en la salud de toda la población”, comunicando que la tarea será difundir. Hasta esta semana, que en el día mundial de la salud, una nueva perspectiva salió a escena: ¿se está cumpliendo el acceso a los servicios sexuales y reproductivos y los abortos legales en el sistema de salud público? Es claro, los derechos de las personas con capacidad de gestar y la lucha feminista por exigir su cumplimiento y garantía, no están en cuarentena.

DDSSyRR y aborto legal: servicios esenciales

La Organización Mundial de la Salud (si, la misma que recomienda a los Estados guías técnicas para el acceso seguro al aborto), estableció que el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos y el aborto legal -en las causales de salud integral permitidas-, son servicios de salud esenciales durante una emergencia sanitaria o pandemia. Así lo afirmó también el Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe, que emitió un pronunciamiento en la misma línea, llamando a los gobiernos de la región a que tomen medidas específicas al respecto.

Los Derechos Sexuales y Reproductovos (DDSSyRR) son Derechos Humanos. Es por eso que la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, comenzó la difusión. Estableció que se deben facilitar las estrategias de atención en centros de salud a consejerías, estudios de diagnóstico y el acceso a métodos anticonceptivos y la anticoncepción de emergencia, al igual que la interrupción legal del embarazo; haciendo especial hincapié en el tiempo, ya que deben garantizarse con celeridad, calidad y oportunidad dentro de la normativa vigente.

Lo hizo a través de estos videos:

Línea de atención: 0800-222- 3444

Son al menos cuatro las medidas que los Estados argentino y de la región debieran garantizar durante la pandemia:

1. la garantía del aborto como un servicio de salud esencial;
2. la eliminación de las barreras legales y administrativas a los servicios de aborto, incluido el aborto farmacológico;
3. la difusión de que el aborto farmacológico es un medio seguro y eficiente para interrumpir un embarazo no deseado;
4. el cumplimiento del “paquete mínimo de servicios iniciales para la salud reproductiva”.

Asímismo, se llama la atención sobre la garantía del acceso a la salud materna digna y de calidad, libre de discriminación, violencia y coerción. Advirtiendo que las limitaciones de recursos y las situaciones de emergencia no pueden causar violaciones de los derechos humanos en entornos de salud materna, tales como maltrato, abuso de mujeres durante el parto y violaciones del derecho al consentimiento informado.

Por su parte, Socorristas en Red, difundieron el mensaje de que “con o sin cuarentena”, siguen estando cerca:

Volver al futuro

El 10 de abril -viernes pasado- se cumplieron dos años desde la primera vez en la historia de nuestro país en que una conformación legislativa nacional debatió en comisiones un proyecto de Ley de aborto seguro para el reconocimiento del derecho y las libres decisiones de mujeres y personas gestantes. Fue el incio de una etapa histórica en que el movimiento feminista se recibió de un actor político con inéditas características de organización, unidad, propuesta, petición a las instituciones, interpelación, argumentación, convocatoria a la sociedad y también presión a los poderes tradicionales.

Tras el rechazo del Senado al proyecto de Ley el 8 de agosto de 2018, los feminismos comenzaron a advertir sobre las vulneraciones de derechos -y las violencias institucionales- por acción u omisión. ¿Cuántas mujeres murieron en abortos inseguros tras el rechazo a la Ley de IVE? El aborto legal, sigue siendo una deuda de la democracia y más que nunca el Estado es responsable. Hasta que volvamos a las calles, a tomar nuestro futuro, seguiremos en las redes. Es por eso que decimos, ¡nuestra lucha no está en cuarentena!

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Texto y fotos de Darío Cavacini

Con esta decisión, tomada por decreto un domingo por la tarde y comunicada formalmente al día siguiente, Mauricio Macri se transformó en el primer presidente elegido democráticamente en eliminar este Ministerio. Los anteriores habían sido los dictadores Pedro Aramburu en 1955 y Juan Carlos Onganía en 1966.

Este retroceso institucional histórico, que redujo considerablemente los presupuestos de áreas sensibles para el acceso a la salud de miles de personas en todo el país, no sólo afectó al área sanitaria, sino que también fueron degradados a Secretaría (con la consecuente reducción y subejecución presupuestaria) los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Cultura, Energía, Agroindustria, Turismo, Ambiente, Trabajo y Modernización.

El presupuesto sanitario, desde la asunción de esta gestión saliente, se ha visto reducido año tras año, quedando siempre varios puntos por debajo del índice de inflación. Este ajuste se puede pensar desde dos perspectivas. Por un lado, en el mecanismo de la elaboración de los presupuestos; en este aspecto, la gestión macrista no ejecutó los mecanismos administrativos necesarios para actualizarlos en función de la inflación anual y de las necesidades de la población, sino que se fue replicando el del año anterior sin tener en cuenta estos factores. El otro punto se centra en la ejecución de los mismos, donde en general se han autorizado partidas presupuestarias que no llegaron a cubrir las necesidades básicas de la población, quedando incluso varios millones a pagar por la gestión de Alberto Fernández.

La reducción presupuestaria tiene, en términos concretos, efectos nocivos para la salud de la población en general, y estas decisiones en particular han afectado a los sectores más vulnerables, quienes vieron disminuidas sus posibilidades de acceder a un sistema de salud público, gratuito y de calidad.

Es necesario repasar algunos de estos efectos, pensados desde el nivel central de la cartera sanitaria, sin desconocer las particularidades con las que estos procesos se han llevado adelante en cada una de las provincias y municipios, para tener en claro los alcances de una gestión que se ha preocupado más por el marketing que por proponer y sustentar planes, proyectos y programas reales que mejoren la calidad de vida y la accesibilidad a los sistemas de salud de la población.

En relación a la compra de medicamentos, se han producido dos hechos significativos. Por un lado, la dolarización de su precio, que hizo que año tras año sea más dificultoso la compra de los mismos, ya que los presupuestos no se han actualizado en función de esta realidad (aun cuando administrativamente se podría haber realizado). Por otro lado, la no-exención de impuestos aduaneros a los insumos que salud importa, lo que genera que un porcentaje grande del presupuesto vuelva circularmente a ser parte de la recaudación fiscal,  dificultando aún más la compra de los mismos por su alto valor agregado.

Estas dificultades creadas por el desinterés de la propia gestión han generado la falta de accesibilidad a medicamentos para el tratamiento continuado y sostenido de tuberculosis, HIV y otras enfermedades de trasmisión sexual y la imposibilidad de compra de los insumos necesarios para llevar adelante estrategias de APS para la prevención de las mismas y para ser distribuidos gratuitamente en los centros de salud (preservativos, tests de embarazo, métodos anticonceptivos varios, misoprostol, hormonas, DIUs, etc).

Tampoco se han podido realizar en su totalidad las compras necesarias de medicamentos para virus respiratorios (especialmente los dirigidos a los sectores de la población más vulnerables en relación a este problemática: niños/as y adultos/as mayores), medicamentos oncológicos y medicamentos esenciales (aquellos que cubren las necesidades de atención de salud prioritarias).

Estos recortes han impedido las compras de las vacunas que completan el calendario nacional (uno de los más completos de América Latina según la OMS). En 2018 se dio el ejemplo más claro de esta política de ajuste, al quitarse el refuerzo contra el meningococo para niñas y niños de 11 años, en medio de la aparición de nuevos casos que pusieron en riesgo la salud de miles de personas en todo el país. Además, durante estos cuatro años, casi no se entregaron descartables ni otros insumos, no se pagaron programas de capacitación profesional y se redujo a más de la mitad la cantidad de vacunadores/as, médicos/as, psicólogos/as y personal administrativo del Programa Médicos Comunitarios.

Vinculado con el desfinanciamiento del calendario vacunatorio, la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación mostró su preocupación por registrarse, en noviembre de 2019, más de 60 casos de sarampión, el mayor número desde el año 2000. Los afectados fueron principalmente niñas y niños menores de un año. A pesar de que no existe un tratamiento específico para esta enfermedad, la vacuna Triple Viral (Sarampión-Rubéola-Paperas) es la que se utiliza para su prevención y una de las que más se han registrado faltantes a nivel nacional.

No han habido políticas públicas suficientes en relación a la prevención de enfermedades como Chagas, zika, chikunguya, fiebre amarilla, hanta virus (en enero de 2019 se registró un brote en Chubut que se cobró la vida de más de una docena de personas) y dengue (registrándose en 2016 la peor epidemia de la historia de nuestro país, con más 40.000 casos).

En relación a las políticas de género implementadas, se han visto fuertemente afectadas, a pesar de la constante tarea y compromiso sostenido por las trabajadoras de esa área. Entre las más relevantes se puede mencionar, como ejemplificadora de la gestión, la escasa articulación entre los diferentes programas y direcciones vinculadas con esta temática, tanto a nivel central como en las diferentes instancias regionales. Se ha producido, de manera consciente y deliberada, la reducción de las compras de métodos anticonceptivos y de medicamentos necesarios para llevar adelante los procesos de hormonización para las personas trans y se ha cerrado el programa Qunita que brindaba asistencia a la madre del/la recién nacida/o.

Sobre el debate acerca de la interrupción legal del embarazo, más allá de que el por entonces Ministro de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein se había pronunciado a favor de su aprobación en el debate de 2018, no hubo a nivel institucional expediciones para pensar cómo abordarla en términos de problemática de salud pública. Como punto final de esta falta de políticas públicas, se produjo la derogación del protocolo de interrupción legal del embarazo, a pesar de que la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva había realizado un trabajo de meses con una fuerte articulación inter y multisectorial para actualizarla en concordancia con el fallo FAL, actualizando el protocolo vigente desde 1921.

El área de discapacidad ha sido una de las más afectadas en este último tiempo. Hacia finales de 2018 se produjo su descentralización, es decir, dejó de depender del ex Ministerio de Salud para quedar baja la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad a cargo de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Durante su gestión se produjeron la baja de miles de pensiones no contributivas (sin evaluación mediante de las situaciones particulares, aumentando la vulnerabilidad de las personas que las percibían), la discontinuidad de los tratamientos terapéuticos por falta y/o atraso en los pagos a las instituciones de salud y significativos faltantes en psicofármacos y medicamentos varios.

El deterioro de las instituciones públicas de salud fue otro de los puntos sobresalientes de la gestión, con infraestructuras abandonadas por obras paralizadas o suspendidas, falta de insumos básicos, precarización laboral de sus trabajadores/as y despidos masivos. Quizás los ejemplos más significativos hayan sido los de los hospitales dependientes del área central de la cartera sanitaria como el Garrahan y el Posadas. Este último establecimiento de alta complejidad, reconocido a nivel regional por la calidad de sus prestaciones, ha sufrido más de 800 despidos que afectaron directamente a las áreas de enfermería, anatomía patológica, farmacia, neumología, cardiología infantil, neurocirugía y otras.

Como corolario de gestión, durante estos cuatro años se produjeron miles de despidos, tanto en el área central como en los diferentes ministerios provinciales, encubiertos en su gran mayoría como no renovación de contratos y jubilaciones anticipadas. Se han precarizado las condiciones laborales, con contratos monotributistas y tercerizados de corta duración, atraso en el cobro de los sueldos y viáticos (llegando en algunos casos a estar más de un año sin cobrar) suspensiones de tareas y el vaciamiento de direcciones y secretarías nacionales, provinciales y municipales. El punto de cierre de estas políticas ha sido la reciente represión sufrida por concurrentes y residentes a manos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Nunca se contó con un plan de acción ni evaluación detallada de la situación socio-sanitaria a nivel nacional ni regional que permita dirigir las políticas públicas hacia alguna dirección, estableciendo prioridades de acuerdo a las necesidades de la población y en base a eso pensar la prescindencia, continuidad o transformación de algunas funciones y programas.

Si bien han habido diferencias en las dos gestiones en salud que llevó adelante el gobierno macrista en estos cuatro años (Jorge Lemus fue Ministro de Salud entre 2015 y 2017 y Adolfo Rubinstein -primero Ministro, luego Secretario de Salud- entre 2018 y 2019) la lógica imperante no ha cambiado su tónica: siempre estuvo dispuesta a cumplir a rajatabla los imperativos del FMI que proponía reducir paulatinamente el gasto en materia de salud en concordancia con las políticas neoliberales de vaciamiento. Basta ver lo números oficiales de los presupuestos sanitarios de estos últimos cuatro años y compararlos con los números oficiales del INDEC en relación al índice inflacionario en ese mismo período.

El desinterés por mejorar el sistema público de salud para que sea accesible a la mayoría de la población fue quizás el aspecto más significativo de una gestión de CEOs preocupada siempre por sus propios intereses en desmedro de las necesidades y derechos de las grandes mayorías populares.

Para pensar en una salud pública con la calidad y la amplitud necesaria para dar respuesta a las necesidades más apremiantes de la población, hay que volver al pensamiento siempre vigente de Ramón Carrillo, quien enunciaba: “El derecho a la salud es uno de los más olvidados, y sin embargo, el más trascendente, porque se vincula con la dignidad de la persona humana, con la vida colectiva, con la economía nacional e internacional. No es aventurado afirmar que la salud de los pueblos es una condición fundamental para lograr su seguridad social y su paz”.

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Jano cumpliría 4 años. Una sonrisa que ilumina. Iluminaba. El niño de la Villa 21/24 fue la primera víctima de la bacteria estreptococos pyogenes. Sus padres denuncian la mala praxis y la desidia con la que fue tratado. Jano pasó por 4 hospitales y nunca lo trataron a tiempo. Su muerte era evitable y la responsabilidad es del Estado.

Valeria no tiene tiempo para llorar. Nos recibe en su casa, junto a Daniel. Esta con Román, de 10 meses en brazos, y sabe que tiene que sacar fuerzas para cuidar a sus tres hijos y luchar por justicia. Nos cuenta la pesadilla que vivió las últimas dos semanas y que terminó de la peor manera. Escuchando los gritos de su hijo de 3 años que la llamaba mientras lo entubaban en el hospital.

“Mi nene empezó con fiebre el jueves de la semana pasada. El viernes lo llevé a la salita del barrio, al Cesac 35, y me mandaron a hacer una placa al hospital Penna. Ese mismo día me voy al Penna, le hacen la placa y me dicen que debe ser gripe, me mandan con ibuprofeno a casa.

Durante todo el fin de semana estuvo con la medicación y la fiebre le bajaba y le volvía a subir. El lunes, preocupada porque seguía igual, me fui al Hospital Garrahan con la placa. Había tanta gente que salí a la medianoche del hospital.  Ahí le miran la placa, le hacen otra y me dicen que neumonía no es. Yo respondí que a él le dolía la parte del pulmón y la cabeza. Me contestaron que a veces cuando los chicos tienen fiebre les duele todo.

Esa noche me mandaron con Ibuprofeno a mi casa. El martes baño a mi hijo porque había empezado con diarrea y le veo las manchas en el cuerpo: en la mano, en la panza, lo llevo corriendo a la salita, pensando que era sarampión. Ahí le vieron manchas en la lengua me mandaron a hacer un hisopado. En el Penna lo revisan en la guardia del hospital, le doy la orden del hisopado y me responden que ese estudio no necesita hacerlo. Me mandan a hacer placas de nuevo y ahí dicen que tiene neumonía y lo dejan internado.

A la noche le hacen le hacen una eco y me explican que tiene líquido en el pulmón diciéndome que se lo tienen que drenar, que me iban a derivar al hospital Gutiérrez, al Casa Cuna o al Garrahan porque ellos no tenían los métodos ni las herramientas para hacer un drenaje. Al día siguiente me dicen que Jano no necesita drenaje.

Horas después viene una doctora que le midió el pulso y me dice “Mami, tu hijo se está quedando sin pulso”. Me llevan a otra sala, me dicen que salga. Ahí lo entubaron. Tuvimos que esperar al terapista, lo hicieron todo de urgencia y Jano gritaba que quería venir conmigo, que no quería que le hagan eso. Ya no respiraba bien. Esos gritos son lo último que escuche de él.

Después me dijeron cosas de todo tipo. Primero que le había agarrado un paro. Después que lo había superado. Después que estaba estable y si lo quería ver. Cuando lo veo me largo a llorar porque ya no era mi nene. Estaba en coma, me dijeron que ellos son los que lo pusieron en coma para que no sienta el dolor, estaba todo hinchado. Me habían dicho lo estamos ayudando a respirar, está estable.

Ahí en el Penna paso otra noche y me dijeron que cuando se estabilizara lo iban a trasladar al Elizalde. Cuando me dicen que lo trasladan, hacen todo rápido, bajan el ascensor, todo rápido. Pero claro, en la ambulancia una máquina no andaba, faltaban mangueritas. Ellos mismos decían “como no anda esto, que pasa acá”. La máquina iba conectada a mi hijo y yo rogando que no se me muera. Por suerte arreglaron la maquinita, trajeron la manguerita y arrancamos.

En el Casa Cuna me dicen que era mucho el riesgo de vida que tenía mi hijo. Duró todo el miércoles. En el medio nos dicen que tiene una enfermedad nueva. Recién supieron de la bacteria al final. Jano murió el jueves a las 10.05. Podrían haber hecho algo antes pero no pasó. Y a Jano no me lo devuelve nadie”.

La solidaridad de unos, el abandono de otros

Nadie del gobierno se comunicó con la familia. Pero Daniel habla de sus vecinos y la ayuda para garantizar el velorio, el entierro. Porque mientras despedían los restos de Jano empezó el recorrido para que les dieran las historias clínicas en cada hospital en donde estuvieron y reclamar justicia.

“Nos mintieron en todo. Nos dijeron que no nos podían dar la historia clínica, después que estaba en un lado, en otro. Hasta que no hicimos la denuncia no nos dieron nada. En el Penna “perdieron” la orden de hisopado que llevamos de la salita y que nunca le hicieron. Recién cuando hicimos la denuncia empezaron a dar respuestas.

Ahí en el hospital hablé con una de las médicas cuando fui a buscar la historia clínica y le dije “con el corazón en la mano dígame la verdad, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Se podría haber salvado? Me dijo que sí, que  se podría haber salvado.

Desde la muerte de Jano no paramos de movernos, con Aarón de 7 años, con Román de 10 meses. A todos lados fuimos para que se sepa lo que realmente pasó y haya justicia”.

Para que no haya más muertes evitables

Los hijos de Valeria y Daniel están junto a ellos. Cada tanto los abrazan. Y Valeria cuenta que Aarón sigue preguntando por su hermano. “Yo también me quiero morir”. Con 7 años, sufrió con sus padres la impotencia en el hospital, en la comisaria y hoy no va a la escuela por miedo al contagio.

Valeria dice con voz cansada pero firme: “yo no quiero que le pase a otros chicos lo que le paso a Jano. Por eso hablo con las mamás del barrio, que no se queden con lo que les diga el médico, que se muevan, que cuiden a los chicos. Las guardias están colapsadas y nadie te explica nada. Los chicos están contagiando entre ellos y se siguen sumando las víctimas. El hombre de seguridad del Penna dice que ahí nomás en la guardia murió una nena por esperar el numerito. Y no sale en ningún medio. Se está pudriendo todo y nadie dice nada”.

Daniel agrega: “la gente come lo que ve en la tele y lastimosamente van a perder lo que más aman y no se van a poder recuperar nunca porque yo con mi señora nunca nos vamos a recuperar de este dolor. A nosotros nadie nos llamó para saber lo que había pasado. ¿Qué hago si me cambiaron la historia clínica del Penna? ¿Qué hago?

Antes de irnos, proponer hacer una colecta y ponernos a disposición, le preguntamos a ambos que le dirían al Jefe de Gobierno de la Ciudad, si pudieran hablarle: “que se deje de preocupar tanto por lo político, si estás de un lado o del otro. Que ponga la plata donde la tiene que poner que es en la salud. Eso es lo principal: la salud. La plata va y viene pero la salud es lo que más importa. Porque Jano no está más, lo perdimos para siempre y fue culpa del sistema de salud”.

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Como preámbulo de la eliminación de la cartera de Salud como Ministerio, hace pocos días se conoció la noticia de la suspensión de la aplicación gratuita de la vacuna obligatoria contra el meningococo. La salud pública, en retroceso.

La discontinuidad de la aplicación de una vacuna que está incluida en el calendario oficial de vacunación y que recae directamente sobre las y los niños de nuestro país y en especial sobre los sectores más vulnerables es una medida de ajuste sin precedentes. La creciente reducción de recursos en el sistema público y la negación de derechos que implica, pone en riesgo la salud de la población y es una decisión que se enmarca en la reducción de las políticas públicas de salud, tal como lo pone en evidencia la inédita noticia de la desaparición del Ministerial a la Salud.

El calendario de vacunación indica qué vacunas son obligatorias en un país para el tratamiento preventivo de enfermedades que son prevenibles. Muchas de las que lo integran –16 en total– serían, por sus costos, inaccesibles para gran parte de la población. Y el formar parte del calendario las vuelve tanto gratuitas como obligatorias.

Para que nos profundice en la problemática entrevistamos a María Fernanda Boriotti, Secretaria General de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FesProSa).

– ¿Cómo evalúa la medida de suspensión de una vacuna del calendario oficial de vacunación?

Es un retroceso en lo que debe garantizar el Estado para el derecho de la salud de la población. Enmarcamos la suspensión de esta vacuna dentro del calendario oficial como parte de las políticas de ajuste y restricción en un sector tan sensible como es la salud. Más allá de la necesidad, retirar una vacuna dentro de un programa habla a las claras de recortes y lo vemos no solo en el sistema de vacunación sino con la medicación de alto costo, con los medicamentos oncológicos, con la discontinuidad y el atraso en los tratamientos, que es algo gravísimo. Lo vemos también con los programas de tuberculosis y de salud sexual y reproductiva y muchas otras entregas que debería hacer Nación, en tiempo y forma, y no las hace.

– ¿Desde la Federación relacionan esta medida con las políticas de salud?

Esto para nosotros habla a las claras de la aplicación de las políticas CUS (Cobertura Universal de Salud), que bajan desde el Banco Mundial. Es decir, un paquete mínimo de prestaciones garantizadas por el Estado y el resto habrá que pagarlas. De esta manera se va a debilitar el sistema público de salud con mayor derivación al sector privado. Implica una derivación de fondos públicos al sector privado, para que se haga en forma privada o en vías de aseguramiento, que es lo que planteaban en los ´90 el Banco Mundial. Después le cambió la forma y pasó de aseguramiento a cobertura universal de salud, pero siempre hablando de una cuestión mínima focal, orientada a determinado sector y no pensando en una salud integral accesible y gratuita para toda la población.

El debilitamiento del sistema público es grave y sería un retroceso, más allá de la diferencia que hay entre provincia y provincia, al tener federalizada la salud cada provincia es rectora per se del sistema que aplica. Nación lo que hace es tener programas pero no es rector ni garantiza los derechos en las distintas provincias, así que tenemos distinta salud según la provincia en la que estemos o según la provincia que pisemos.

El sistema que pretende el gobierno de la Cobertura Universal de Salud es una política del Banco Mundial que ya había sido avalada por el gobierno de Néstor Kirchner, por el gobierno de Cristina Fernández en 2012, y en el intento de implementarlo por parte del gobierno de Mauricio Macri es parte de los objetivos del desarrollo sustentable para 2030, llevando ese verso lindo para los oídos que es la Cobertura Universal de Salud, que no es otra cosa que el ingreso de los seguros al sistema público.

– ¿Cómo evalúan la continuidad de las políticas de salud?

Vamos a empezar a ver un retroceso en los programas, vamos a ver un retroceso en los fondos que manda Nación y esto se ha explicitado en las reuniones del Consejo Federal de Salud, COFESA. En las dos últimas hubo una embestida muy fuerte del gobierno nacional contra las provincias que aún no habían adherido a la CUS amenazándolas, chantajeándolas, que si no adherían formalmente a la CUS no solo no iban a recibir el fideicomiso destinado para la CUS, ni el dinero que mandaba el Banco Mundial, e iban a dejar de mandar todo lo que demandan hasta hoy: insumos, vacunas, la medicación de alto costo, todos los programas y eso implica mucho dinero para las provincias que sumado al recorte del Fondo Sojero es un deterioro en las arcas destinadas a salud en todas las provincias. Obviamente según las políticas de salud que tenga cada uno de los gobiernos provinciales el impacto en la población va a ser de distinta magnitud.

– ¿En qué situación se encuentran las y los trabajadores?

En las distintas provincias están en conflicto, no solo por salarios sino que se suma a eso la grave falta de insumos en los hospitales de referencia. El conflicto por salarios además implica que es fundamental tener a las y los trabajadores de la salud pública para garantizar la atención frente al aumento en la demanda que estamos viendo y que además son quienes garantizan el sostén del sistema público.

Tenemos provincias como Chaco que han ofrecido una mejora salarial del 10% , provincias como Santa Cruz donde no hay paritarias desde el 2016, provincias como La Rioja que han ofrecido un 15% y en Buenos Aires con una paritaria que está inconclusa. La situación es de precarización de los y las trabajadoras con bajos salarios, sin pases a planta permanente, como está pasando en la provincia de Santa Fé, que se ha retrocedido en esa desprecarización continua en la que estaban,  y eso muestra que si no hacemos algo se va a ir deteriorando el sistema público de salud, si no salimos a defenderlo como derecho de la población.

Hoy estamos con 300 nuevos despidos en el Hospital Posadas, que es el hospital nacional más grande del país, con un deterioro en la atención de la población, con servicios que van quedando despoblados de profesionales y trabajadores, una situación en donde avanzan más allá de lo que es legal, despidiendo trabajadores y trabajadoras que inclusive son miembros de la comisión directiva de gremios como la seccional CICOP del Posadas. Lo que hemos visto en ese hospital es para salir a denunciar fuertemente desde todo el sector salud y toda la población que entiende lo que implica el desguace de un hospital. Desde que comenzó esta gestión hay 1.000 despidos en el Hospital Nacional Posadas. Estamos con planes de lucha en distintas provincias, vamos a un paro nacional de salud en septiembre e intentaremos confluir con otros sectores que salgan a las calles: docentes, estatales, que nos plantemos para decirle al gobierno nacional que este no es el camino, que las y los trabajadores no estamos dispuestos a ver el colapso y la caída de sectores emblemáticos en Argentina como son salud y educación.

Una grave situación de crisis provocada por las políticas del gobierno nacional que siguiendo con los lineamientos del FMI y el Banco Mundial llevan al achique del Estado y están avanzando sobre derechos elementales como salud y educación. En este contexto de achique sin duda está favoreciendo al sector privado que hace negocios con la salud y la educación.

Sin derechos para las y los más débiles

Hay una política deliberada que asocia la salud al consumo y que se transforma en políticas de exclusión y muerte para las grandes mayorías que no tienen posibilidades de acceso. Mientras desde el ex Ministerio de Salud de la Nación, hoy degradado a Secretaría, intentaban desligarse de la responsabilidad de la falta de vacunas, los laboratorios proveedores pusieron en evidencia la mentira: “hay disponibilidad de vacunas en el mercado”. Un riesgo grave, promovido desde las políticas de Estado, para las y los pibes más vulnerables que debieran recibir la vacuna a los 11 años. La salud y las políticas de Estado que intentan transformar derechos en pura asistencia social.

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