Por Matías Calvo Crende^[1] y Fernando Gasalla^[2] Foto Nuria Bodda

El pasado 21 de Febrero de 2024, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)^[3], publicó a través de sus redes sociales un comunicado que pone de manifiesto la “situación crítica en las universidades públicas”.

Allí se advierte la difícil situación que atraviesa el sistema universitario público nacional debido, entre otros puntos, al sostenimiento del presupuesto del 2023 en contraste con la necesidad de incrementar los gastos de funcionamiento acordes a la inflación, la necesidad de actualizar salarios de docentes y no docentes; dar continuidad a programas de infraestructura, al sostenimiento de los programas de becas y al desarrollo de las actividades de ciencia y tecnología.

Para ponerlo en un ejemplo, y funcionando con un presupuesto de prórroga, la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) publicó en sus redes un comunicado donde expresa que en enero y febrero de 2024 recibió la misma partida presupuestaria que en enero de 2023 con precios casi un 300% superiores^[4].

En este sentido queda de manifiesto que, de no mediar acciones que rectifiquen el rumbo, se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento de las universidades públicas.

Ahora bien, vale la pena hacerse algunas preguntas para “leer entre líneas” cuando se aborda este tema en la agenda pública. ¿A qué universo de estudiantes afectan directamente estas decisiones políticas y qué características tienen? ¿Cuántos estudiantes extranjeros tienen las universidades públicas? ¿Qué impactos sociales implican estas medidas? ¿Con qué herramientas económicas cuenta la población afectada?

En primer lugar, implica afectar a la mayoría de la población estudiantil universitaria en la Argentina:  8 de cada 10 estudiantes universitarixs realizan sus estudios en instituciones estatales. Según datos de la Secretaría de Políticas Universitarias, al año 2021 de un total de 2.730.754 estudiantes universitarios eran 2.200.362 quienes se formaban en instituciones públicas.^[5]

Tabla 1. Estudiantes, nuevas/os inscriptas/os y egresadas/os por nivel y sector de gestión. Año 2021.

Por otro lado, en la voz de Patricia Bullrich, los sectores más conservadores de nuestro país han sabido señalar (sin evidencia empírica que la respalde) que la Argentina tenía casi la mitad de la matrícula de sus universidades ocupada por alumnos extranjeros^[6]. Sin embargo, sólo el 4,1% de lxs estudiantes de las instituciones estatales lo son. De esta manera, es posible interpretar que lo que sobra no son estudiantes extranjeros en las universidades públicas argentinas, sino desprecio hacia los migrantes en la manera de pensar de algunxs decisores de políticas públicas de nuestro país.

Tabla 2. Participación de estudiantes extranjeras/os según nivel de la oferta y sector de gestión. Año 2021.

En el marco de estas consideraciones, la avanzada ultraderechista sobre las universidades públicas también implica poner en jaque el derecho a la educación superior en las clases más bajas. En la Argentina, gran parte de la población estudiantil universitaria representa una primera generación de quienes pudieron acceder a una carrera de grado. Este fenómeno se percibe con mayor claridad en las universidades nacionales del conurbano bonaerense y del interior del país. Por ejemplo, en la UNGS 8 de cada 10 estudiantes son primera generación de universitarios (2023)^[7] mientras que en la Universidad Nacional de José C. Paz 9 de cada 10 estudiantes lo son.^[8]

En un contexto donde el aumento de la pobreza es una realidad efectiva cada vez más alarmante, resulta improbable la posibilidad de qué estos actores puedan encontrar en el mercado recursos “extra” para financiar sus estudios.  Por otro lado, es esperable un empeoramiento del desarrollo de los indicadores de trayectorias educativas de estos sectores (sea en su abandono, avance o graduación o en su logro académico) visto que el contexto socio económico del estudiantado es una variable determinante: no solo se trata de condiciones personales como el esfuerzo o la “inteligencia” para poder llevar adelante una carrera universitaria, sino en gran medida poder sobrellevar condicionantes (como situaciones de pobreza, desempleo, entre otros factores) que pueden permitir o no esas trayectorias.

Para recapitular: la asfixia presupuestaria a las universidades implica afectar la calidad educativa de la mayoría de la población estudiantil universitaria y poner en peligro el derecho a la educación superior de los sectores populares de la nación.

Pero el recorte educativo llevado adelante por el gobierno nacional a las universidades públicas presenta varios impactos sociales negativos adicionales.

Para mencionar algunos de ellos podemos listar: la caída del salario real de los trabajadores y las trabajadoras, no docentes y docentes y la respectiva pérdida de calidad de vida; el recorte de los platos de comida y refuerzos alimentarios que las escuelas infantiles y secundarias de las universidades nacionales garantizan para distintas infancias y adolescencias en situación de vulnerabilidad social; la caída del desarrollo de las economías locales que se propulsaron por la creación de universidades (como en gran parte de las del conurbano bonaerense);  el fin del acceso a servicios de salud (en los casos de universidades que tienen a cargo hospitales, consultorios odontológicos o psicológicos); el ajuste en las políticas de becas que,  muchas de ellas otorgadas con criterios de necesidad económica y mérito académico, permiten no sólo garantizar el acceso y la continuidad de estudiantes en la vida académica, sino además la potenciación del talento humano y profesional que de otra manera no podría verse desarrollado en nuestra economía.

Es cierto que no todos los problemas de las instituciones universitarias nacionales nacieron con el actual gobierno pero la situación empeora, por un giro ideológico de la administración nacional, su “plan motosierra”, que atenta contra el derecho a la educación superior y omite intencionalmente la responsabilidad del estado nacional en su financiamiento.

En un contexto de ajuste estructural, donde el “financiamiento” que hoy se plantea desfinancia paradojalmente, al punto de que, de sostenerse en el tiempo, dejará de ser un ajuste presupuestario para dar paso al fin de la actividad, debe recordarse que las sociedades más desarrolladas y menos desiguales son aquellas que también más invierten en educación.

Para construir y alcanzar ese puerto deseado, la educación debe ser prioridad.

Y para ello hay que entender que el desarrollo de un país se construye con las universidades nacionales, nunca sin las mismas y mucho menos contra ellas.

^[1] Investigador docente del área Estado, Gobierno y Administración Pública- Instituto del Conurbano- UNGS.

^[2] Director General de Gestión Académica UNGS. Consejero Superior Nodocente UNGS.

^[3] Organismo público que nuclea a los rectores y las rectoras de las universidades públicas nacionales.

^[4] Fuente: https://www.ungs.edu.ar/new/emergencia-presupuestaria-en-la-ungs

^[5] Fuente: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/04/sintesis_2021-2022_sistema_universitario_argentino_0.pdf y https://drive.google.com/file/d/1xAJme5qRX0BRwmOLWZmojIHxZBZHRDQt/view

^[6] A propósito ver sus dichos en el XVI Foro Atlántico “Iberoamérica: Democracia y Libertad”.

^[7] Rector de la UNPAZ, Darío Kusinsky, en “Desde el conocimiento” (2021). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=C-SqWBhHVQ0

^[8] Fuente: https://www.ungs.edu.ar/new/se-publicaron-los-datos-preliminares-del-censo-de-estudiantes-2023

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Por Pablo Nolasco Flores

“De los pobres sabemos todo: en qué no trabajan, qué no
comen, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no
piensan, qué no votan, qué no creen… solo nos falta saber por qué
los pobres son pobres… ¿Será porque su desnudez nos viste y su
hambre nos da de comer?”
Eduardo Galeano, Los hijos de los días.

Es una realidad aceptada dentro del campo educativo que la escuela ha transitado una serie
de transformaciones producto de las grandes desigualdades socioeconómicas a partir de las
transformaciones del capitalismo. De hecho, es en ese marco en el cual se masifica la escuela,
ejemplo de ello es la instalación de la obligatoriedad del nivel secundario en el 2006. Esto
implica que el sistema educativo estatal realice numerosos esfuerzos para garantizar ese
derecho a millones de niños y adolescentes sin tener en cuenta a la clase social a la que
pertenecen. Y está bien que así sea, por eso lo defendemos. Pero, ¿qué sucede cuando, por un
lado el Estado destina dinero e impulsa reformas para garantizar ese derecho, a la vez que las
familias de los estudiantes caen con mayor violencia en los umbrales de la pobreza?

¿Cuándo somos conscientes de que tenemos un derecho?

Para ser consciente de que tenemos un derecho hay que atravesar la experiencia de poseerlo.
Es decir, nuestra existencia de vida tiene que sentir en su cotidianeidad que goza de algo que
le permite vivir mejor. Y luego, ser consciente de que ese derecho fue posible por una serie
de acciones direccionadas para lograr esto: ahí aparece la política. No obstante, cuando lo que
se observa es que más de un tercio de la sociedad transita una experiencia de vida
pauperizada y precarizada y un sector de la política le pide que no voten contra sus derechos,
se está cometiendo un error en el análisis de la situación, hasta incluso puede ser peligroso.

¿Hace cuantos años que nuestros estudiantes y sus familias viven mal?

Hace unas semanas se presentaron estadísticas que nos dan escalofríos: más de la mitad de
las infancias son pobres. Detrás de esos números lo que se encuentra es el fracaso del
capitalismo argentino y las variantes políticas que lo gestionaron: salarios cada vez más
bajos, una inflación incontrolable y la profundización del empleo informal. Esto significa que
hay millones de niños y niñas que habitan la escuela y que no pueden satisfacer de buena
manera sus necesidades básicas: alimento, vestimenta, vivienda, acceso a otros tipos de
bienes culturales y sociales.

¿Qué pasa con la pobreza en las escuelas?

En este marco, no dudamos de la enorme red de contención social que el Estado construyó
durante estos años para paliar los efectos de la pobreza. De hecho, la consideramos necesaria.
Sin embargo, tenemos que tratar de ir un poco más allá de la intervención estatal en la
carencia y poder pensar en cómo construyen su subjetividad quienes, viviendo en condiciones
de pobreza, asisten a la escuela. ¿Cómo construimos nuestros proyectos de vida las personas?
¿Cómo nos posicionamos frente a la vida y elegimos querer ser? Para poder decidir qué
querer ser hay un elemento muy importante, pero no el único, y esa es la existencia material
de vida, es decir, tener las necesidades materiales y simbólicas cubiertas.

Dentro del campo de las pedagogías progresistas (e inclusive de izquierda) hay un amplio
acuerdo en el rechazo a la idea de la ineducabilidad de los sectores de la población que más
sufren la pobreza, es decir, todos los niños y adolescentes tienen el derecho de acceder a la
educación. Sin embargo, pareciera que durante muchos años se dejó de discutir el problema
de que miles de familias vivan en esas condiciones. Nos habita una sensación de que se
naturalizó la pobreza, que se impuso como norma y por lo tanto, la escuela tiene que
enfrentar el desafío de educar a los pobres.

¿Siempre fue así?

En los años 70’, previo a la última dictadura militar, el salario real de los trabajadores estaba
en su nivel más alto y, además, el conjunto de la clase obrera obtenía cerca de la mitad del
producto bruto interno, es decir, la mitad del valor de todos los bienes y servicios producidos
en la economía nacional se iba a los hogares de familias trabajadoras en forma de salario.
Entonces, no es casualidad que ese mejoramiento en la vida material de los trabajadores
traería consecuencias positivas en el acceso y distribución de los bienes culturales, sociales y
educativos: mejor acceso a la escuela pública y mayores niveles de ingreso a niveles
superiores y universitarios. Es a partir de esta situación concreta que se construye el
imaginario de la movilidad social ascendente por medio de la escuela pública.

Debemos retomar esa historia y ese imaginario social para poner sobre la mesa la discusión
del por qué nuestros estudiantes y sus familias son cada vez más pobres. Pensar un proyecto
educativo sin ubicarlo en el marco de un proyecto político de país que incorpore reformas
estructurales en materia económica que le cambie la vida a las personas es en vano.

Ni la escuela ni la educación van a resolver las causas estructurales que generan pobreza y
exclusión social. No ignoramos que también existe mala praxis intencional, con las reformas
permanentes que las vacían de contenidos. Ni esto implica que no valoremos los avances que
el sistema ha realizado para que los estudiantes asistan a la escuela. Queremos que los
estudiantes vayan a la escuela, pero también queremos que dejen de vivir situaciones de
pauperización social como la que padecen. En todo caso, la escuela debe desnudar aquello
que está detrás de la situación precaria de millones de niños y niñas. Desnudar implica poner
sobre la mesa la pregunta que una vez se realizó don Eduardo Galeano: “¿Por qué los pobres
son pobres?”

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