Las denuncias de violaciones de derechos humanos durante estas protestas fueron registradas por 22 mujeres de Argentina, Suiza, Ecuador, Colombia y Bolivia, parte de la Delegación Feminista Plurinacional del Abya Yala, quienes recorrieron distintos territorios de Perú, en marzo de 2023.

Por Gabriela Peralta @gaperalta07 | Fotos: Lizbeth Hernández @abismada_ *

La Delegación Feminista Plurinacional del Abya Yala, en consonancia con sus ideales, pensares y corazonares, llegó a Perú, en el contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para acuerpar a las mujeres y comunidades que enfrentan la “brutal represión desatada desde el golpe de Estado, por la oligarquía peruana y los poderes transnacionales”. La Delegación es una agrupación de mujeres feministas de Argentina, Suiza, Ecuador, Colombia y Bolivia que acompañan las luchas y resistencia de pueblos originarios, maestrxs, comunerxs, niñeces, feministas, activistas, comunidad trans, lesbianas, etc., del Abya Yala.

La Delegación, en su recorrido por Lima, Ayacucho, Cusco y Apurímac, dialogó con activistas, comunicadoras, colectivas trans y de las disidencias sexuales, feministas, mujeres que sostienen las ollas populares en las periferias de Lima y familiares de heridos, de presos y de desaparecidos. A cuatro meses de su visita, presentó un informe que revela graves vulneraciones de derechos humanos durante las protestas que iniciaron el 7 de diciembre de 2022, luego de la salida del expresidente Pedro Castillo que, para la Delegación, fue un golpe de Estado.

Mujeres de la Delegación Feminista con activistas y colectivas en Lima, Perú, marzo de 2023. Fotografía: Lizbeth Hernández.

En el escenario de las protestas, desde el 15 de diciembre de 2022, Amnistía Internacional recibió numerosas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y policiales, que iban “desde el uso excesivo de la fuerza y ​​privaciones de la libertad sin respetar el debido proceso, hasta la tortura”. La Delegación Feminista surgió alrededor de 95 personas asesinadas:

En Cusco, el dirigente Remo Candia y Rosalino Flores fueron asesinados. Rosalino Flores, durante la represión, recibió al menos 36 perdigones el 11 de enero de 2023, por parte de la Policía Nacional y murió el 22 de marzo. Rosalino ayudó a las y los manifestantes. A pesar de la gravedad de las lesiones que lo llevaron a la muerte, el caso se encuentra en investigación por “lesiones leves”. En Apurímac se produjo la muerte de siete personas, dos menores de edad. En Ayacucho se registraron diez fallecidos. En Andahuaylas fueron asesinadas tres personas de entre 18 y 21 años. En Arequipase produjo la muerte de tres personas por heridas de bala. En Lima, una persona murió por impacto de gas lacrimógeno en la cabeza y en Juliaca, Puno se registraron 18 personas asesinadas y 204 heridas, solo el 09 de enero de 2023.

A estas muertes se suman cuerpos heridos de luchadores y luchadoras que, según la Delegación, “dan cuenta de la intención genocida” y constatan la utilización de armas de fuego, prohibidas en su uso contra manifestantes. Las heridas fueron en zonas corporales vitales: espalda, tórax, abdomen y cabeza, pero también en brazos, piernas y otras partes del cuerpo.

Familiar de un herido muestra registro fotográfico en reunión con la Delegación, marzo de 2023, Ayacucho, Perú. Fotografía: Lizbeth Hernández.

Ayacucho

La Delegación Feminista, el 10 de marzo de 2023, realizó un recorrido por Ayacucho, pueblo donde más del 80% de la población es quechua hablante. En la sede de la Asociación Kallpa recibió denuncias de familiares de heridos y asesinados por militares; familiares de dirigentes populares, universitarios y profesores perseguidos y detenidos.

Familiares de heridos, desaparecidos y detenidos en Asociación Kallpa, marzo de 2023. Fotografía: Lizbeth Hernández.

El pueblo ayacuchano se levantó en contra del régimen de Dina Boluarte, para exigir la libertad y restitución de poder a Pedro Castillo, el cierre del Congreso y una nueva Constitución, desde el 15 de diciembre de 2022. En Ayacucho, según información recogida por la Delegación, solo el 15 de diciembre se registraron 10 fallecidos y más de 60 heridos. Los fallecidos eran estudiantes, obreros y trabajadores. Varios de ellos no fueron a protestar, pero lograron disparos propinados por militares. Ese fue el caso de Jhon Jenry Mendoza, un joven agricultor de 34 años asesinado en el contexto de las protestas.

Yovana Mendoza Huarancca es la hermana mayor de Jhon. De pie y enfurecida, con una pancarta entre sus manos, donde se divisa el rostro de su hermano y madre, dijo que en Ayacucho vivieron “una masacre” y pidió justicia, “que caigan todos, desde el que le disparó a mi hermano hasta quien dio la orden. Nuestros seres queridos ya no van a regresar”.

Acto simbólico: Ataúdes de cartón y funda plástica con los nombres de los asesinados durante las protestas en Ayacucho, marzo de 2023. Fotografía: Gabriela Peralta.

Yovana, cuatro meses después de dialogar con la Delegación, durante la presentación virtual del informe de la Delegación , contó que tiene videos que muestran el asesinato de su hermano: “cuando mi hermano ya está disparado hay una señora que le está protegiendo; van los militares, hacen una fila (trinchera de militares) para que nadie le ayude, para que mi hermano muera ahí desangrado. Se ve que un militar le dispara nuevamente y le patea a la señora. Se agacha el militar, recoge el casquillo, lo pone en su bolsillo y se retira. Han esperado que mi hermano se muera”, Ellos aseguraron.

“Ellos son los terroristas, que nos están aterrorizando, pero el pueblo no le va a tener miedo. Ya nuestros familiares fallecieron, ¿a qué le vamos a tener miedo?, ¿acaso la vida para nosotros es igual? En mi caso murió mi hermano, lo mataron, lo masacraron, pero también le quitaron la vida a mi madre”. Apolonia Huarancca, su madre, todos los días salía a la puerta a esperar a su hermano Jhon. Apolonia murió a los dos meses; según Yovana, murió de tanta pena, de tanto esperar a su hijo y al darse cuenta de que ya no regresaría.

Al relato de Yovana se une el de Vitka Padilla Guamán, una mujer indígena quechua y activista por los derechos humanos, quien, a simple vista, parece no querer hablar, pero tiene muchas palabras guardadas. Ella relató que siete dirigentes del Frente para la Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA) fueron apresados ​​y acusados ​​de terrorismo el 12 de enero de 2023.

A decir de Vitka, el alzar su voz y el salir a las calles a protestar ha hecho que la prensa nacional los denomine “vándalos” y “terroristas”.

“Nos han acusado de matarnos entre nosotros mismos, aun cuando las movilizaciones han sido pacíficas y nuestra única arma ha sido nuestra voz. Nos vulneran por nuestro color de piel, por nuestro idioma, por ser del sur o de provincia”, dice Vitka mientras se acomoda su sombrero tradicional ayacuchano.

Ella terminó nuestra conversación con una frase potente: “resistimos para poder existir”.

¿Cómo opera la criminalización de la protesta en Perú?

Yesenia Alanya, hermana de Estéfany Alanya, una de las dirigentas detenidas del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA), en el encuentro con la Delegación y en la presentación del informe, relató que, desde el primer día de la detención de los siete dirigentes, denuncian el abuso y violación de sus derechos constitucionales como la libertad de expresión y la organización social. Yesenia asegura que los siete dirigentes fueron secuestrados por más de seis horas y llevados a Lima a las instalaciones de la Dirección Contra el Terrorismo, Dircote, lugar donde “se les aplicó tortura psicológica desde el primer momento”.

Fotografías de lxs dirigentes detenidxs de FREDEPA, marzo de 2023. Fotografía: Gabriela Peralta.

De los siete dirigentes ayacuchanos detenidos, tres han sido liberados y cuatro continuaron detenidos por 18 meses. Entre ellas la hermana de Yesenia, psicóloga y vicepresidenta de FREDEPA, quien se encuentra recluida junto a la activista Rocío Leandro, presidenta del mismo Frente, en el Penal Anexo de Chorrillos, en Lima. “Sabemos que los penales en Lima están hacinados; sin embargo, siguen llegando más presos, sus necesidades básicas no son atendidas. Mi hermana se encuentra hace más de 15 días con hemorragias del vientre, producto de la violencia que recibió durante su detención, y no ha sido atendida. Con excusas están atendiendo hoy su salud y su vida. Ella necesita una evaluación urgente”.

A decir de Yesenia, el Gobierno de Dina Boluarte utiliza la prisión preventiva para torturar a los líderes por haber obtenido en eventos artísticos, culturales, coloquios y conversatorios en el escenario de las protestas sociales.

Batallar contra el hambre (Lima)

La Delegación visitó el asentamiento de la Olla Común Misky Mikuy . Allí, 16 mujeres madres batallan contra el hambre. La Olla Común Misky Mikuy se ubica en el Distrito de Villa María del Triunfo, uno de los cuarenta y tres distritos que conforman la provincia de Lima. Misky Mikuy es una palabra quechua que significa comida rica o almuerzo rico y que hace alusión al sabor exquisito de los alimentos que preparan las mujeres en la olla que, en su mayoría, son hablantes de quechua.

La Olla Misky Mikuy fue fundada en 2020, durante la pandemia de la Covid-19, en el sector de Valle Alto. Allí las mujeres preparan 65 platos de comida, entre desayunos y almuerzos, de acuerdo a los alimentos y recursos que tendrán. Villa María tiene 307 ollas comunitarias y es el segundo lugar con más ollas; le antecede el Distrito San Juan de Lurigancho. A nivel de Lima Metropolitana hay más de 2.500 ollas comunes que alimentan a las familias empobrecidas, migrantes, y que, por lo general, son quienes ocupan las calles para reclamar por una mejor calidad de vida.

Doris Loaiza, voluntaria y coordinadora en la olla común, conoce de cerca los asentamientos de ollas comunitarias:

– Lima es de la gente de provincia, Lima no es el Perú. Por eso en los asentamientos muchas mujeres que son de las ollas participaron en las protestas entregando alimentos. Muchas mamitas apoyan a su comunidad. Otros han tenido temor porque si sale el nombre de su olla, el gobierno podría recortar el presupuesto que da a las ollas. seguramente nos etiquetarán si décimos algo o estamos en contra del gobierno. Yo, como lideresa, a veces me he visto en la situación de no pronunciarme por no perjudicar a la olla, cuenta Doris mientras prepara tallarín con atún junto a Margarita, voluntaria de la olla y originaria de Huánuco.

Hallazgos y presentación del informe de la Delegación Feminista

Integrantes de la Delegación Feminista del Abya Yala en la presentación preliminar del informe de vulneración de derechos humanos, marzo de 2023. Fotografía: Lizbeth Hernández.

La Delegación, en su informe, afirma que las denuncias recogidas son prueba de delitos de lesa humanidad, masacres, violencia sexual, criminalización de la protesta, detenciones y encarcelamientos arbitrarios, represión racista y misógina. A través de las denuncias recogidas identifican como autores de las masacres y violaciones de derechos a Dina Boluarte, al Congreso de Perú, a la Fiscalía de la Nación ya la Fuerza Pública que ha ejecutado y ha encubierto los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo desarmado .

La Delegación también identifica la presencia del fujimorismo en los modos de persecución a las comunidades y en algunos modos de intervención política, ideológica y cultural. “El golpe de Estado buscó evitar que el pueblo pudiera creer en la posibilidad de ser gobierno”, puntualiza en su informe.

“Lo que está sucediendo en Perú no es algo aislado, es parte de una política que se viene replicando en otros países”, dijo Claudia Korol, periodista argentina, educadora popular, feminista e integrante de la Delegación, durante la presentación del informe , el 08 de julio de 2023 . Claudia hace memoria del primer golpe de Estado en Honduras (2009) y del golpe en Bolivia (2019), donde hubo militarización de los territorios y persecución a las comunidades y pueblos que fueron en la primera línea de la defensa del buen vivir, del agua , de las tierras, de las fuentes de vida de las comunidades. Para Claudia, bajo la idea de “terroristas” y utilizando el término del “terruqueo” han estigmatizado a las y los luchadores que defienden los derechos de la naturaleza y de los pueblos.

Para Claudia y la Delegación, el golpe de Estado en Perú tuvo un carácter racista, patriarcal, colonial, en defensa de las perspectivas de un capitalismo colonial en Abya Yala. Sobre todo, lo que más resalta la educadora popular es la carga racista que hubo en las argumentaciones políticas y comunicacionales “para tratar de presentar como responsables a las personas que defienden, en primera línea, las políticas del cuidado de la vida”.

Adriana Guzmán, feminista comunitaria que también integra la Delegación y que viajó a Perú, cree que seguir construyendo justicia desde los pueblos, desde los feminismos es necesario para escuchar y acompañar a quienes han luchado “en contra de la represión genocida del golpe, llevado adelante por Dina Boluarte; en contra de la violencia racista que se construye sobre parámetros colonialistas que alimentan discursos de odio contra los pueblos indígenas”.

De los discursos de odio contra los pueblos da cuenta Lisbeth Quispe, coordinadora de la brigada de primeros auxilios de Cusco, quien, en la presentación del informe, ratificó que cuando inició las protestas en Perú, el 7 de diciembre de 2022, la represión por parte de la Policía y de las Fuerzas Armadas se disparó bajo la idea de racismo: “cholos, campesinos, regresen a su tierra, vayan a su chacra”, era lo que escuchaban. Lo mismo escuchaban de los citadinos de Lima, pero, sobre todo, del mismo gobierno de Boluarte que, en notas y conferencia de prensa a los medios de la capital, emitieron comentarios racistas. “Quizá hasta eso se pudo soportar, pero lo que ya no fue tolerante fueron los asesinatos de los casi 50 hermanos con balas directo al cuerpo, 20 muertos indirectamente y cientos de heridos”, dijo Lisbeth.

Las masacres en Ayacucho, Puno, Huancavelica, Apurímac y Cusco suman más de 90 luchadores y luchadoras asesinadas, cientos de personas heridas, prisión de líderes de organizaciones populares. Las masacres, a decir de la Delegación, son parte de “un plan de exterminio sistemático dirigido especialmente hacia los pueblos indígenas y campesinos que defienden sus territorios” del extractivismo, mineras y otras industrias.

Además, según la Delegación, las mujeres peruanas son quienes, en especial, sufren las consecuencias del golpe porque sobreviven a la represión de ellas y sus familias, viven la sobrecarga del sostenimiento de la vida, ya sea en las casas o en asentamientos de ollas comunitarias; el cuidado de la vida de sus hijes; búsqueda de justicia por sus familiares heridos o asesinados y violencia sexual durante las movilizaciones y detenciones arbitrarias. Por ello, la Delegación plantea en firme “Ni golpes de Estado ni golpes a las mujeres”.

Asimismo, en el informe se puntualiza que, a partir del golpe, la violencia hacia travestis, trans, maricas, lesbianas, no binaries y otras disidencias sexuales se ha recrudecido: “los travesticidios aumentanon exponencialmente, contabilizando ocho muertes” desde enero hasta marzo de 2023.

La intención de la Delegación Feminista Plurinacional, al recorrer los distintos departamentos de Perú, fue recuperar denuncias para romper el cerco mediático, “para interpelar a la justicia patriarcal y colonial, pero también para ir construyendo la justicia feminista y llevarla a tribunales éticos feministas” . La Delegación hace un llamado a las redes de medios comunitarios y alternativos, así como a las y los comunicadores con sensibilidad popular y feminista para replicar las denuncias identificadas. También interpela a los gobiernos del mundo que no han condenado con energía a las violaciones de derechos humanos registrados en Perú.

La tercera toma de Lima

Mujer aymara en la protesta del 11 de marzo de 2023, en Lima, Perú. Fotografía: Lizbeth Hernández.

El gobierno de Dina Boluarte inició el 7 de diciembre de 2022, luego de un golpe de Estado a Pedro Castillo. El 75% de los peruanos desaprueba el gobierno de Boluarte, tanto en la capital como en las otras provincias y solo un 13,8% aprueba su gestión, según lo indica la plataforma de estadística Statista Research Department , con corte del 10 de junio de 2023. Pese a eso, la mandataria ha decidido no adelantar las elecciones, sino hasta el 2026, año en el que debía concluir el gobierno de Pedro Castillo.

Las comunidades originarias del Perú fueron nuevamente en la primera línea de la lucha por la vida, cuando se realizaron lo que denominaron “la tercera toma de Lima”, el 19 de julio de 2023. La Policía de Perú, en vista de la Gran Marcha , intervino buses que se dirigían a Lima, solicitaron el documento de identidad, DNI, y cuestionaron a todos los pasajeros. Algunos no se dirigieron a Lima para “la tercera toma de Lima”, pero fueron hostigados con preguntas. Pese a eso, el pueblo aymara, por ejemplo, sobre todas las mujeres dijeron no temer a la intimidación por parte de la Fuerza Pública. Ellas, antes de tomar el bus rumbo a la Gran Marcha Nacional, calentaron motores entonando una canción ideada por ellas mismas:

                    Dina y Congreso se preguntaban quiénes son,

                    Dina y Congreso se preguntaban quiénes son,

                    Somos aymaras rumbo a Lima a luchar,

                    Somos aymaras rumbo a Lima a luchar,

                    Somos aymaras rumbo a Lima a luchar.

Mujer aymara en la primera línea de las protestas, durante la segunda toma de Lima, marzo de 2023. Fotografía: Lizbeth Hernández.

En 53 provincias del país, las y los peruanos se manifestaron y exigieron el cierre del Congreso y la renuncia de Dina Boluarte. A nivel nacional se registraron seis personas detenidas y ocho heridas, según declaraciones del ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, en el programa televisivo 24 Horas.

Las voces que sobresalen en este texto piden a la comunidad internacional estar al pendiente de lo que sucede en Perú. El pueblo peruano coincide en cuatro peticiones: la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del actual Congreso, una Asamblea Constituyente y la libertad de todos los presos políticos o presos dirigentes. Mientras, la Delegación Feminista le apuesta a seguir tejiendo solidaridad internacional y redes que acompañan a quienes resisten y siguen de pie en búsqueda de una mejor calidad de vida, a lo largo y ancho del Abya Yala porque, en palabras de la feminista comunitaria Adriana Guzmán , “solo los pueblos hacen las transformaciones, solo los pueblos sacan a las dictaduras, sacan al fascismo, enfrentan a la oligarquía, defienden el territorio”.

*Publicada originalmente en Wambra.Ec

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Por Camila Parodi * | Foto: Lizbeth Hernández

El pedido de juicio político a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue presentado meses después del peor momento de la represión de su Gobierno a las protestas masivas que reclamaban su renuncia. Los Bloques de Perú Libre, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Cambio Democrático – Juntos por el Perú, Somos Perú y congresistas independientes presentaron el proyecto de ley para que el Congreso declare “la incapacidad moral permanente” de la mandataria tal como lo establece el artículo 113 de su Constitución y denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas por su Gobierno. Necesitaban 52 votos, sin embargo, solo consiguieron 37, incluso menos de los esperados. Algunos de los bloques que habían impulsado el pedido dos semanas atrás votaron en contra o se abstuvieron, como consecuencia de lo que algunos creen fueron acuerdos con el Ejecutivo. 

Para la socióloga y ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, Anahí Durand, “la situación era predecible ya que las bancadas de derecha habían adelantado su voto en contra de la vacancia”, como se conoce al juicio político en ese país andino. En ese contexto, Durand dijo que la votación realizada en el Congreso “reconfirma la existencia de un acuerdo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo para blindarse y continuar en el actual gobierno”.

De esta manera, el mismo Congreso que destituyó al presidente electo democráticamente, Pedro Castillo, resolvió legitimar al Gobierno de Boluarte, uno de los Ejecutivos con más muertes en protestas a manos del Estado desde el año 2000. En tan sólo cuatro meses, al menos 68 personas que reclamaban su renuncia y una nueva Constitución murieron en la represión ordenada por la presidenta, que además dejó más de mil heridos. Hoy, mientras los aliados institucionales de Boluarte siguen firme, su desaprobación y la del Congreso es mayoritaria y ronda entre el 71% y el 90%, según el último estudio publicado por la compañía peruana de estudios de mercados y opinión pública CPI. 

“Sueldos millonarios para los corruptos. Balas y misiles para nuestro pueblo”, rezaba una de las canciones más entonadas durante las manifestaciones. Desde el mes de diciembre, el pueblo peruano está en las calles en estado de permanente movilización y su grito unificado contra la corrupción y la violencia política no se calla. Tiene algunos puntos en común con lo que ocurrió con los estallidos sociales de Ecuador, Colombia y Chile en los últimos años. Sin embargo, el caso de Perú es excepcional en la región: en los últimos cuatro años pasaron diez presidentes y ninguno de ellos logró garantizar estabilidad o establecer consensos sociales mínimos con el electorado.

Una destitución racista y patriarcal

Amnistía Internacional Perú está realizando un registro de las denuncias de familiares de víctimas en las diferentes regiones del país y su presidenta, Ana María González, explicó a El Destape que están preocupados porque existen “ataques generalizados y masacres contra la población indefensa”. Además, denunció que la mayoría de los disparos realizados por la Policía Nacional fueron con perdigones. “Es simple, si se dispara a corta distancia con perdigones puede ser mortal. Hemos visto casos, por ejemplo en Juliaca, Ayacucho y Apurímac en los que efectivamente por el uso de perdigón la represión ha sido más mortal”, destacó.

La violencia contra las poblaciones indígenas y campesinas de las regiones andinas es explícita y se relaciona, de manera directa, contra quienes eligieron de manera mayoritaria al presidente Pedro Castillo. Mientras que en Lima se han visto represiones brutales, en los departamentos del Sur se han cometido verdaderas masacres: “Hemos visto claramente que ha habido un sesgo racista hacia las comunidades campesinas y pueblos indígenas” opinó González. Para la presidenta de Amnistía la intención política es muy clara ya que “el 80% de las personas fallecidas son campesinos o pertenecientes a pueblos indígenas”. Para ella, si bien el racismo en Perú es histórico, “se ha hecho más latente y se ha exacerbado desde las protestas” e, incluso, desde las últimas elecciones que ganó Castillo.

Amnistía también documentó cómo la Policía Nacional reprimió a los estudiantes y docentes que se habían alojado en la Universidad de San Marcos durante las protestas. Registraron cómo abusaron sexualmente de las mujeres, que fueron insultadas, manoseadas y obligadas a desnudarse. Y no fue una excepción. En las diferentes manifestaciones que se realizan desde diciembre, la violencia sexual y el maltrato a las mujeres como hacia las disidencias ha sido otra de las características de la crisis desatada tras la destitución de Castillo. 

“Para este gobierno todos somos terroristas”

Yesenia Chumbes es la hermana de Estefany Chumbes, una de los seis dirigentes sociales de Ayacucho detenidos el pasado 12 de enero de manera arbitraria y violenta. Estefany tiene 31 años, es psicóloga social y, junto a los demás dirigentes, integra el Frente de Defensa del pueblo de Ayacucho, una organización social que nació en 1966, nuclea diversas organizaciones barriales, campesinas y sindicales del distrito; y es una de las tantas expresiones sociales o de izquierda que el establishment político califica de terrorista desde el Gobierno fujimorista.

“Ese día estaban participando de una actividad en solidaridad con los asesinados del 15 de diciembre de Ayacucho”, recordó Chumbes en diálogo con El Destape y agregó: “Hermanos nuestros que fueron masacrados y asesinados por la Policía y pretenden responsabilizar a nuestros familiares de esas muertes o sea ellos que son los representantes del pueblo, son los que están siendo procesados”. Los acusan de haber participado en coloquios académicos en los que hablaron del conflicto armado interno durante el fujimorismo y ser parte del frente. “La tesis de la Fiscalía es que el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho es una organización terrorista, cuando sabemos que en el país no existen organizaciones terroristas porque para eso tienen que existir acciones terroristas” explicó Chumbes. 

El pedido de una nueva constitución que sostienen los seis dirigentes de Ayacucho es una bandera que levantan los manifestantes desde la destitución de Castillo: “El 70 por ciento de la población es terrorista” ironizó Yesenia haciendo referencia al número de personas que, según las estadísticas, hoy pide una nueva constitución. “Entonces para este Gobierno todos somos terroristas, esa es la campaña, cualquier persona que tenga un discurso opositor es acusado y señalado como terrorista”, alertó Chumbes, ahora en representación de la Asociación de Familiares de los dirigentes detenidos de Ayacucho.

Pero, además de la motivación política, Chumbes denunció la falta de un estado de derecho. Las y los dirigentes fueron detenidos sin orden judicial por policías de civil. Sus familiares denunciaron que los golpearon y que abusaron sexualmente de las mujeres. También contaron que no tuvieron derecho a hablar con sus abogados y fueron expuestos en una conferencia de prensa como terroristas en la ciudad de Lima sin saber de qué se les acusaba. 

Ser lideresa social no es delito

Otra de las historias que evidencian esta falta de estado de derecho es la de Janet Navarro. Una docente y lideresa del pueblo Chanka de Andahuaylas, madre de tres menores y actualmente embarazada, estuvo detenida desde el 14 de febrero hasta el 31 de marzo por, supuestamente, pertenecer a una organización criminal asociada al terrorismo. En realidad, según su abogada, fue detenida por realizar una colecta para alimentar a las delegaciones que viajaban a manifestarse.

La arrestaron en las afueras del aeropuerto de esa región del Sur, mientras se encontraba en una concentración pacífica y luego de recaudar 2.000 soles (unos 112.000 pesos argentinos) para las ollas comunes. Le dictaron una detención preventiva por 30 meses. Su abogada, Janet Marín, explicó que decidió representarla tras visitar a otro defendido y ver cómo estaba siendo interrogada y forzada a hablar sin que se le hayan garantizado un abogado defensor de oficio, como le corresponde por ley.

“A través de la acusación de estos delitos se logra ordenar una detención preventiva hasta 36 meses a diferencia de los delitos comunes por los cuáles se ordena una detención preventiva hasta los 9 meses”, contó Marín. El pasado viernes 31 de marzo, la abogada apeló esta decisión ante la sala penal y, luego de 74 días de detención, consiguió que se le otorgara el arraigo familiar y laboral que había exigido desde el principio. Eso sí, Navarro sigue siendo investigada por la Justicia penal.  

* Publicado originalmente en El Destape

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Por Redacción Marcha desde Lima, Perú / Foto: Aldari Mejia

“Este 8 de marzo, llegamos a Perú compañeras de Colombia, Ecuador, México, Argentina, Bolivia y Suiza, como parte de una Delegación Feminista Plurinacional del Abya Yala que vino a acuerpar a quienes están enfrentando la brutal represión al pueblo, desatada desde el Golpe de Estado por la oligarquía peruana y los poderes transnacionales que lo inspiraron y organizaron”. 

Así comienza el pre informe de la Delegación, leída desde diferentes territorios donde se realizaron en los últimos días relevamientos de denuncias por delitos de Lesa Humanidad en el marco de la dictadura racista de Dina Boluarte. Una lectura de época y un registro de las agresiones que deben ser investigadas urgente por Cortes Internacionales. La anterior intervención de la Delegación fue durante la dictadura de Jeanine Áñez en el Estado Plurinacional de Bolivia en marzo del 2020.

La lectura fue transmitida en simultáneo por las redes sociales de Feministas del Abya Yala, Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia y el Frente Popular Darío Santillán; y de los medios populares Wayka de Perú, Wambra de Ecuador y Marcha. Fue un llamado a las feministas del mundo a acuerpar a mujeres y disidencias originarias y campesinas en las luchas antipatriarcales, antirracistas, anticoloniales, anticapitalistas que se dan estos momentos en las calles y los territorios del Perú.

La tarea de la Delegación Feminista

En Perú, durante una semana, la Delegación se entrevistó y dialogó con familiares de las víctimas de la violencia represiva; compañeras campesinas, feministas, activistas de los movimientos y la comunicación popular, organizaciones de Derechos Humanos, colectivos de la disidencia sexual, organizaciones de mujeres que sostienen las ollas comunitarias, médicxs, abogadxs, maestrxs y estudiantes.

A partir de esto, realizó un informe preliminar que reúne algunas de las denuncias y relatos obtenidos durante los últimos días en Cuzco, Puno, Ayacucho, Apurimac y Lima. Este material será el insumo para el informe definitivo que será presentado a instancias internacionales de Derechos Humanos.

“Constatamos que el golpe de Estado en Perú, que colocó a Dina Boluarte como presidenta de facto, es la violenta reacción del poder para defender sus intereses políticos, económicos, culturales, que sintieron amenazados por la llegada al gobierno de “un indio”, como caracterizaron a Pedro Castillo”. El racismo estructural, y el clasismo son opresiones mencionadas de forma constante por la Delegación, que denunció: “El Golpe se produjo cuando Castillo se comprometió a revisar los decretos de ley que entregan los territorios peruanos a las transnacionales extractivas y a las concesiones mineras”.

“Las masacres de Puno, Ayacucho, Huancavelica, Apurimac, más de 90 luchadores/as asesinadxs, cientos de heridxs, la prisión de lxs líderes de las organizaciones populares, son parte de un plan de exterminio sistemático, dirigido especialmente hacia los pueblos indígenas y campesinos, que defienden los territorios”, afirmaron en conferencia de prensa, “constituyen crímenes de Lesa Humanidad. Todos los autores del golpe de estado, tendrán que ser juzgados”.

Y agregaron: “La violencia que se desató desde el 7 de diciembre, con la destitución del presidente constitucional, tiene claras connotaciones racistas y patriarcales. Es evidente la persistencia del fujimorismo, que ha dejado traumas profundos en la población, que en muchos casos ´revivió´ los dolores provocados por el terrorismo de estado, que se encuentran en la memoria colectiva”.

Testimoniar contra una dictadura racista y patriarcal

En estos tres meses la dictadura se valió de diferentes formas represivas que se evidenciaron a través de los testimonios. “Represión con armas de guerras, gases lacrimógenos con sustancias desconocidas que producen efectos inmediatos en el cuerpo, uso de gas pimienta, perdigones”, denunció la Delegación. “En las represiones y masacres existieron francotiradores, tanquetas, drones, se disparó desde helicópteros con intención de eliminación de la vida y no de dispersión”.

También se denunció la infiltración de las organizaciones populares y estrategias de encapsulamiento por parte de las fuerzas y de grupos irregulares como los “polos blancos”, un grupo entrenado para provocar, amedrentar, deslegitimar la protesta, instalar un discurso discriminatorio y generar detenciones. También se denunció represión a niñas y niños, mujeres embarazadas y personas con discapacidades. 

Y además, el ataque violento a los centros de acogida humanitaria, lo que viola la Constitución Política del Estado peruano y Acuerdos y Tratados Internacionales. Al respecto, es de recordar la intervención ilegal sobre la universidad San Marcos de Lima, que servía de refugio a las comunidades ancestrales de Puno, Juliaca y otras poblaciones; un hecho que terminó con la detención de más de 250 personas.

También denunciaron la complicidad de la Fiscalía Federal: “el desarrollo del sistema de justicia evidencia una complicidad con la dictadura”, afirmaron. “Es la fiscal del crimen organizado”. Y expusieron la detención y hostigamiento del poder judicial contra cuatro jóvenes de la nación Písac en Cusco, protegidos por la figura de arraigo cultural porque pertenecen a una comunidad originaria y a quienes les inventaron la figura de “ocultamiento”. “Esta persecución es hacia los pueblos ancestrales, guardianes de la vida y las montañas”, afirmaron, “Estamos viviendo un dolor tremendo. Nuestros territorios están gritando que hay que hacernos responsables porque la lucha nos pertenece. Nuestro delito es defender el territorio. Ésta es una dictadura”. 

La complicidad de las empresas de comunicación con el régimen de Boluarte y la ultraderecha desplegaron todo tipo de estrategias para desinformar y deslegitimar las movilizaciones. Esa maniobra busca también minimizar el accionar represivo y criminalizar la protesta con acusaciones de terrorismo. La Asociación Nacional de Periodistas denunció que quienes intentan visibilizar los hechos también sufren la violencia del régimen, “hasta la fecha, al menos 90 periodistas y comunicadores sufrieron violencias, persecución e inhabilitación de su práctica”.

La característica patriarcal de las violencias se entrelaza con el racismo. “Las mujeres peruanas están sufriendo de manera especial las consecuencias del golpe de Estado”, expresaron feministas sin fronteras. “Además de la represión, viven la sobrecarga de sostener la reproducción de la vida cotidiana; esto significa alimentar a las familias fuertemente empobrecidas y precarizadas. Las ollas comunitarias siguen siendo modos de organización colectiva de la alimentación. Pero son tareas y roles que caen fundamentalmente sobre los cuerpos de las mujeres”, agregaron.

“El cuidado de la vida de hijxs, ahora frente a las amenazas represivas, la búsqueda de justicia por sus familiares represaliados, genera angustias y miedos que resienten la vida cotidiana”, afirmaron, “en las movilizaciones y detenciones han habido experiencias de violencia sexual. La represión estigmatiza a las mujeres con insultos y agresiones misóginas”. Y finalizaron: “Seguimos gritando, como lo hicieron las feministas hondureñas en 2009: ¡Ni golpes de Estado, ni golpes a las mujeres!”.

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Por Carla Perelló

Una foto dio vuelta al mundo durante el golpe de Estado en Bolivia: una mujer de pollera y trenzas largas en medio de los gases de la represión flamea en un mismo mástil las banderas de Bolivia y una Whipala. Durante esos días de 2019, el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera estaba en jaque. La puesta en duda de los resultados electorales por parte de las fuerzas opositoras y un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), acabaron por enterrar la gestión que llevaban adelante hacía 13 años. Tres años después, con un Movimiento al Socialismo (MAS) que regresó al poder, la lectura sobre el lugar de las mujeres y la población indígena mientras perduran los intentos de desestabilización. “No les basta con tener el capital, necesitan el poder sobre nuestros cuerpos”, apuntó ante El Destape la referenta feminista comunitaria Adriana Guzmán y advirtió que “en este momento la derecha nuevamente está intentando hacer un golpe”.

El 10 de noviembre de 2019, Morales y Linera dieron una conferencia de prensa desde el Chapare, municipio boliviano que lo vio nacer a Evo como dirigente. Desde allí, respondieron al pedido de las Fuerzas Armadas de dejar sus cargos y denunciaron “un golpe cívico, político y policial”. Para ese entonces, la represión en las calles había dejado cientos de heridos. Todavía faltaban las masacres de Senkata y Sacaba, en las que fueron asesinadas 36 personas; y entre otros gestos de poder cargados de racismo se vio la imagen de una bandera de los pueblos indígenas prendida fuego y la puesta en alza de la biblia por parte de Jeanine Añez, presidenta de facto autoproclamada.

El hostigamiento hacia las mujeres e indígenas

Tras el golpe, “uno de los principales centros de hostigamiento fueron las mujeres por ser mujeres, por ser indígenas y por ser campesinas”, señaló en diálogo con El Destape la analista internacional de FLACSO, Agustina Garino. Las primeras semanas del golpe estuvieron marcadas por la represión, la criminalización y la persecución hacia los y las dirigentas del MAS, como hacia el pueblo en general.

“Las mujeres fueron tratadas con una crueldad particular”, determinó un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicado en 2021. Allí, se retrató la violencia con casos emblemáticos que fueron visibles: el ataque hacia la defensora del pueblo Nadia Cruz, “ofendida y vigilada”; hacia la entonces alcaldesa del municipio de Vinto en Cochabamba, Patricia Arce, humillada, torturada y amenazada durante once meses; y el procesamiento y detención de Patricia Hermosa, la apoderada y ex jefa de gabinete de Morales, que no recibió atención médica, sufrió sangrados durante diez días y perdió el embarazo que cursaba.

Esa violencia tuvo su correlato en las calles, con represión y ataques a las mujeres indígenas. Cuando a Guzmán se le consulta su lectura sobre lo que pasó en 2019, su línea es clara: “Fue un golpe al pueblo que terminó en un golpe de Estado, y al ser un golpe al pueblo fue un golpe fascista, racista, religioso y empresarial”, definió. Su mirada parte desde los feminismos comunitarios, una lectura que se aleja de los feminismos urbanos y de occidente. Más bien, se define como anticolonial, antipatriarcal y anticapitalista, que apuesta por el “vivir bien” de los pueblos.

La llegada de Morales al poder, en 2006, constituyó un hecho histórico para el país como para la región. Por primera vez, un dirigente cocacolero, sindicalista e indígena, se colgó la banda presidencial de Bolivia. Durante su mandato, los cambios para esa población fueron ampliamente significativos desde lo cultural como desde lo económico: una nueva Constitución que reconoció al Estado Plurinacional, el descenso de la pobreza en casi un 30 por ciento y la nacionalización de recursos como el gas, con un fuerte impacto en el crecimiento del país en general. El acceso a la salud y a la educación, también constituyeron políticas clave de sus gobiernos, por mencionar sólo unos ejemplos.

Pero, para Guzmán eso no lo hizo la gestión solamente. “Todas las transformaciones se hicieron desde el pueblo, más allá desde que el Gobierno se habían planteado la descolonización, la despatriarcalización y una recuperación de la dignidad como pueblos indígenas originarios, campesinos, sometidos, oprimidos por más de 500 años”, por ello, dijo, se convirtieron en el centro del escarmiento durante el golpe de Estado.https://d-30081210791276152074.ampproject.net/2210272257000/frame.html

“El ataque a las mujeres de pollera era un ataque de escarmiento, de recordar el lugar (que para los sectores de poder tienen) de las indias y de los indios, quienes debían estar cuidando sus casas o a sus hijos”, explicó. De ese lugar de servidumbre, decidieron salir.

Justicia a medias por las masacres de Senkata y Sacaba

En la actualidad, según informó el diario El Deber, de Bolivia, hay 19 personas detenidas, entre jefes policiales y militares, por las masacres de Senkata y Sacaba. En ninguno de ellos figura como acusada la presidenta de facto, Añez. Ella, al momento, sólo fue condenada a diez años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes al asumir como presidenta en el juicio conocido como golpe de Estado II. En síntesis, sólo fue juzgada por sus actos entre el 10 y el 12 de noviembre, en un proceso que no plantea las responsabilidades sobre su gestión presidencial.

“Es importante la memoria, tenemos memoria, queremos justicia”, reclamó Guzmán. Ante la falta de respuesta del Gobierno, ella entiende que es necesario reconocer “que la forma de hacer política de los Estados dista mucho” de lo que quieren los pueblos que, en este caso, decidió “vivir sin fascismo y sin un gobierno dictatorial”.

“En estos tres años hemos aprendido que como pueblo tenemos la capacidad de sacar un golpe, de enfrentar, de resistir, y de comprender que la dignidad recuperada no residía en el Palacio de Gobierno o en la Constitución, sino en nuestros cuerpos”, reflexionó Guzmán. Por eso, exigió procesos de reparación: “La falta de justicia. Eso no ha habido. Y eso es, creo, lo más doloroso en este momento”. En la misma línea, se expresó en esta semana la Delegación Internacionalista Feminista que viajó desde Argentina a Bolivia en marzo del 2020: “Todos estos crímenes, todavía permanecen en la impunidad. El regreso del MAS al Gobierno de Bolivia, si bien representó una esperanza para quienes habían sido proscriptos, no asumió la tarea profunda de realizar el conjunto de procesos políticos y judiciales necesarios para que los y las criminales reciban juicio y castigo”, reclamaron.

Los intentos de desestabilización desde Santa Cruz

A mediados de octubre sectores de la oposición al Gobierno central de Bolivia, liderados por el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, iniciaron un paro por tiempo indeterminado. El sector más rico del país, una vez más, se declaró en rebeldía esta vez por la disputa sobre la fecha del censo nacional que debía haberse realizado en noviembre de este año, pero se retrasó debido al golpe -en el que Camacho fue uno de sus protagonistas- y a la pandemia. Para ellos, la falta de la encuesta nacional los afecta económicamente porque en el país los impuestos se centralizan y luego se distribuyen según la población que tiene cada departamento o región. También, señalan que podría afectarlos cara a las elecciones legislativas de 2025, porque podrían tener tres legisladores más en la Cámara de Diputados.

Pese a los llamados al diálogo por parte del Ejecutivo, las medidas de fuerza continúan en distintos puntos de la medialuna oriental, mientras la encuesta nacional ya tiene fecha coordinada con los dirigentes del resto de las jurisdicciones del país para realizarse entre marzo y abril de 2024. “Las tensiones entre ambos polos de poder no son nuevas”, coincidieron la analista en relaciones internacionales de FLACSO, Agustina Garino; y el analista boliviano, Fernando Molina.

Para Garino, los reclamos de Santa Cruz “se vinculan esencialmente con cuestiones económicas”; sin embargo, aclaró que “ese enfrentamiento también tiene tintes raciales”. La región, tradicionalmente, fue “controlada por una elite criolla no indígena, por tanto, ha habido ideas de derecha, una visión conservadora de los destinos del país”, amplió Molina para explicar las visiones antagónicas y de pedidos de descentralización que se sostienen desde la medialuna oriental que lleva a conflictos constantes.

Bajo esas ideas que pregonan, insisten. “En este momento la derecha nuevamente está intentando hacer un golpe, hacer una desestabilización política”, denunció Guzmán ante este medio, aunque aclaró que los reclamos que ciernen sólo a esa región del país sin tener mayores ramificaciones en otros sectores.

A esta situación, se suman, las disputas internas dentro del MAS en las que dirigentes cercanos al ex presidente Morales denuncian al gobierno de Luis Arce de no estar llevando adelante el proyecto político del partido. La falta de autocrítica, las lógicas machistas y los caminos personales por sobre el proyecto político son los factores que inciden en la disputa interna del Gobierno, según la lectura de las organizaciones feministas comunitarias, con la que también coinciden fuentes cercanas a Morales.

Lo grave, apuntó Guzmán, es el escenario en las que se dan estos debates, en los que las organizaciones sociales “están fragmentadas” ante una “derecha fascista que siempre está articulada”.

“Ellos tienen un interés político. No les basta con tener el capital, con tener el monopolio de los negocios, del empresariado, del monocultivo, de acciones en las transnacionales mineras y petroleras. No les basta. Necesitan el poder sobre nuestros cuerpos. Este es un pueblo mayoritariamente indio, mayoritariamente aimara, quechua, guaraní. Entonces, si no tienen el poder sobre nuestros cuerpos con el racismo, con la dominación, con el colonialismo, no tienen el poder, aunque tengan el poder económico”.

El desafío del MAS

El desafío que se presenta, entonces, consiste en varios aspectos, según señaló Garino: mantener unidas a las bases sociales, responder a los reclamos y pedidos de los movimientos que lo conforman y prestar atención al pedido de la ciudadanía en general –el electorado que lo votó, pero no forma parte del núcleo central de apoyo. “Generar acuerdos y alianzas internas para tomar las principales decisiones de Gobierno y de la presidencia ante un recambio generacional en el partido, que conlleva el ascenso de líderes y lideresas que puedan acceder a candidaturas municipales como presidenciales sin la centralización en un solo líder”, sostuvo.

*Publicado originalmente en El Destape

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En pocos días se cumplen 3 años del golpe, y creemos que los aprendizajes de esos días duros, tienen que ser parte de las reflexiones que hacemos como feministas, tanto como ejercicio de memoria como en el camino de seguir pensando nuestros modos de buen vivir, nuestras revoluciones.

En el tiempo que compartimos, pudimos ver la persecución a los sectores populares, la represión, las masacres, la pérdida de derechos. Todos estos crímenes, todavía permanecen en la impunidad. El regreso del MAS al Gobierno de Bolivia, si bien representó una esperanza para quienes habían sido proscriptos, no asumió la tarea profunda de realizar el conjunto de procesos políticos y judiciales necesarios para que los y las criminales reciban juicio y castigo.

En la realización del golpe ha habido complicidades en el Parlamento, en los gobiernos estatales, en los medios de comunicación, en la Academia. No nos olvidamos que hubo intelectuales –incluso algunos / as que se presentan como progresistas, de izquierda, o feministas- que avalaron el fascismo, negando incluso el carácter reaccionario del golpe de estado, justificando su realización por los errores del gobierno de Evo Morales. Como dijimos entonces, aun cuando los hemos criticado en su momento, no fue por los errores de Evo que se dio el golpe, sino por los intereses transnacionales, nacionales, y de los gobiernos de EE.UU. y Europa, que se veían afectados con su gobierno.

Fue un gran aprendizaje para nosotras, el haber realizado la visita a los heridos, heridas, producto de las masacres, a las mujeres presas, a las organizaciones de derechos humanos, de mujeres, acompañadas por las compañeras del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia, que nos recibieron, nos abrieron las puertas de los espacios de víctimas de la represión, crearon momentos de diálogos en las Universidades, marchamos juntas el 8 de marzo por las calles de La Paz, nos acompañaron a la prisión a visitar a Facundo Molares, realizaron con nosotras la denuncia del crimen de Sebastián Moro, periodista argentino que fue la primera víctima del golpe de estado boliviano.

Reconocemos el coraje de las compañeras del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia, que pusieron sus cuerpos y sus vidas en esos días de tanto riesgo, para que pudiéramos construir una denuncia potente, desde los territorios, sobre lo que se vivía en ese país.

Nos indigna por ello cuando algunos sectores ligados al gobierno, o a feminismos institucionalizados a su sombra, pretenden atacarlas, negando su rol en la lucha contra el golpe de estado, y en el campo de los feminismos y las izquierdas. Nos indigna también que en distintos ámbitos feministas se reciba a personas como Julieta Paredes, quien además de haber violentado física, síquica, económica y socialmente a varias compañeras del Feminismo Comunitario Antipatriarcal, en particular a Adriana Guzmán, quien es una referencia en la lucha feminista del continente, continúa intentando deslegitimarlas y desprestigiarlas con argumentos falaces, que desconocen el lugar de las compañeras, en la lucha antigolpista, antipatriarcal, anticolonial, antirracista. Julieta Paredes está siendo juzgada todavía hoy en Bolivia por sus múltiples violencias, pero éstas continúan con el acoso político, judicial y mediático contra las compañeras.

Nuestros feminismos rompen fronteras, y responden con firmeza los ataques de quienes se creen dueñas de nombres tan preciados como “feminismos comunitarios de abya yala”. Nadie puede privatizarlos, y nadie puede creer que se construye desde la desmemoria, y desde los discursos estigmatizantes. Para seguir creando poder popular, feminista, antimperialista, necesitamos actuar desde la memoria y el reconocimiento de nuestras luchas.

¡Ni golpe de Estado ni golpe a las mujeres!

No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos.

Declaración de la Delegación Feminista Plurinacional

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La defensora del pueblo, Nadia Cruz, se dirigió a las autoridades judiciales para pedir la liberación de la abogada ante la evidencia de una detención preventiva excesiva, una aprehensión ilegal y persecución política. Mientras, en redes sociales se sostiene la campaña #LibertadParaPatricia.

Ayer por la tarde, Nadia Cruz, titular de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, emitió declaraciones en las que pidió a las autoridades judiciales “proceder a la liberación de Patricia Hermosa” y a la revisión de su causa y al gobierno de facto a que “se asuman acciones” contra aquellas autoridades que emitieron declaraciones que promovieron su estigmatización, en claro ejercicio de violencia simbólica.

Abogada y ex funcionaria del Estado Plurinacional de Bolivia, Patricia Hermosa Gutiérrez, padece el encierro sin condena y las violencias que causa desde el 31 de enero en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, al sur de La Paz. Se encuentra privada de su libertad y del acceso a la defensa y la salud, acusada de “terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo”. Apoderada de Evo Morales, padece la persecución político- judicial por parte del Estado y la discriminación étnica e ideológica.

“Los cuestionamientos a la independencia judicial en nuestro país todavía siguen latentes”, afirmó Nadia Cruz, invocando no obstante, al órgano judicial, a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de la Magistratura a proceder a la revisión de la causa de Patricia Hermosa y que, en el respeto de sus garantías del debido proceso, “se genere la liberación” y “se proceda a una auditoría jurídica para evaluar si se ha aplicado un juzgamiento con perspectiva de género y respetado la presunción de inocencia”.

En relación al gobierno de facto, la defensora afirmó que las declaraciones emitidas por integrantes del gabinete de Añez “encubre el machismo y la misoginia en nuestro país”. Se refirió a la manifestación del viceministro, Israel Alanoca, quien dijo que se instruyó realizar una investigación rigurosa sobre los viajes presidenciales que Evo Morales realizó y en los que partició Patricia Hermosa mientras cumplía sus deberes de funcionaria pública. “Es evidente que se ejerce violencia psicológica contra esta mujer desde el momento de su detención, generando procesos de difamación, humillación que han dañado su honra, su nombre y su dignidad”, agregó.

En su mensaje, difundido a través de un video publicado en los perfiles de la Defensoría, Nadia Cruz le habló a la presidenta autoproclamada, Jeanine Añez, y (le) dijo: “usted ha dictado el 2020 como de lucha contra el feminicidio y el infanticidio, que usted encabeza el gabinete de lucha y no resulta coherente que sea permisible con ese tipo de tratamiento hacia la mujer, con ese tipo de violencia contra las mujeres desde su gabinete”.

Por la tarde, cuatro diputadas integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Movimiento al Socialismo (MAS) de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Sonia Brito, Andrea Bonilla, Muruel Cruz y Nely Lenz, intentaron visitar a Patricia Hermosa en la cárcel, acción que fue denegada. “¿Qué esconde el gobierno que no dejó que verifiquemos el estado en le que se encuentra Patricia?”, afirmó Brito en sus redes sociales.

“Queremos denunciar que no nos han permitido ver a Patricia Hermosa”, declaró Brito, “hemos venido a ver su estado de salud pero vemos una intención del gobierno de no permitirlo”. La asambleísta aseguró que realizarán una petición de informe y una queja “porque somos autoridades elegidas”. Para Brito, la negación de la fiscalización de las condiciones de detención de Patricia Hermosa “es una barbaridad” ya que el órgano legislativo es el de mayor autoridad del Estado. Desde el centro penal, la primera excusa fue no dejarlas pasar para evitar el contagio de COVID-19. La Comisión anunció, mediante una nota de prensa, que volverá al recinto penitenciario y si le vuelven a negar el ingreso, pedirá la destitución de la gobernadora de la cárcel de Obrajes.

Durante el día, diferentes espacios cercanos al Movimiento al Socialismo (MAS) iniciaron una campaña en redes sociales con la etiqueta #LibertadParaPatricia exigiendo su liberación: “Patricia está privada de libertad hace cuatro meses. Está acusada sin pruebas de uno de los delitos más graves contra el Estado. Le niegan su derecho a la salud y a la justa defensa. Es presa política de un régimen que castiga a las mujeres del pueblo”, afirmaron desde Warmis del MAS. “La persecución judicial y política contra Patricia Hermosa no cesa. La sexta acción legal por su libertad ha sido denegada pese a las recomendaciones de @ONU y Relatoría Especial para Independencia de Magistrados y Abogados”, agregaron.

La campaña fue sostenida diputadas, alcaldesas, candidatas y ex funcionarias de Estado, integrantes del MAS, y algunas ciudadanas que se expresaron por la libertad de la abogada en redes sociales. Patricia Arce, alcaldesa de Vinto, fue clara y afirmó desde su Twitter: “invito al país a unirnos en una sola voz, #LibertadParaPatricia”. La demanda seguramente llegará a los organismos internacionales encargados.

Leé su historia en la entrevista exclusiva que realizamos con Patricia Hermosa en marzo:

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Por Redacción Marcha |

Un nuevo estudio realizado por investigadores independientes de los EEUU, que utilizó datos obtenidos por The New York Times del Órgano Electoral Plurinacional, descubrió que el análisis estadístico sobre las elecciones presidenciales de octubre de 2019 en Bolivia, de la Organización de los Estados Americanos (OEA) era defectuoso. El estudio resalta que no hay evidencia estadística de fraude, que se utilizó un conjunto de datos incorrectos y un método estadístico inapropiado.

“Una mirada cercana a los datos electorales bolivianos sugiere que un análisis inicial de la OEA que planteó cuestiones de manipulación de votos, y ayudó a expulsar a un presidente, fue defectuoso”, inicia el informe que realizaron desde el periódico estadounidense. Según el NY Times, la conclusión de que el voto en favor de Evo Morales saltó inexplicablemente al final de la elección, se basó en datos incorrectos y técnicas estadísticas inapropiadas.

El 23 de octubre de 2019, la Misión Electoral de la OEA emitió un informe preliminar en el que “recomendó”, sin fundamento técnico, la realización de una segunda vuelta electoral como la “mejor opción”. Este acto fue tomado por la derecha política, la élite empresarial boliviana y los grupos fundamentalistas para apresurar el Golpe de Estado, que ya estaba encaminado. El objetivo era claro: en lugar de atenerse a realizar una auditoría electoral técnicamente fundamentada, la OEA elaboró un informe cuestionable para inducir en la opinión pública una deducción falsa.

El secretario general del organismo, Luis Almagro, en la sesión del Consejo Permanente celebrada el 12 de noviembre, se refirió al respecto. Sin embargo, el incremento de la brecha de votos en favor de Evo Morales en el tramo final del conteo, se debió a las características sociopolíticas, geográficas y a las dinámicas de comportamiento del electorado boliviano.

“Examinamos detenidamente la evidencia estadística de la OEA y encontramos problemas con sus métodos”, dijo Francisco Rodríguez, un economista que enseña estudios latinoamericanos en la Universidad de Tulane. “Una vez que corregimos esos problemas, los resultados de la OEA desaparecen, sin dejar evidencia estadística de fraude”. Los autores de esta nueva investigación -que se suma a varias-, señalaron que no pudieron replicar los hallazgos utilizando las mismas técnicas. Esto sugiere que la organización de Estados americanos utilizó un conjunto de datos incorrectos para llegar a su conclusión, dijeron los investigadores. Por su parte quienes participaron del análisis de la OEA, defendieron su trabajo, pero no lo apoyaron con datos.

De esta forma, la OEA, convalidó, en el siglo XXI, la instalación de una dictadura, siendo reponsable de las masacres contra quienes la resisten, la persecución político- ideológica, el encarcelamiento, el exilio y las proscripciones de hecho de las herramientas políticas que benefician a los pueblos. La OEA es el fraude. Y el delito, quitarle la soberanía y la libre determinación al pueblo boliviano.

Leé todas las notas sobre Bolivia en:

https://www.marcha.org.ar/tag/golpedeestadoenbolivia/

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Por Redacción Marcha / Foto: Camila Parodi (cobertura 8M – La Paz)

El pasado 8 de marzo, una comisión feminista plurinacional llegó al Estado Plurinacional de Bolivia para denunciar, junto a feministas comunitarias y populares de ese territorio las violencias que se desataron tras el Golpe de Estado ocurrido en noviembre de 2019. Ante la reacción de los fascismos en la región y en ese país en particular, fue un abrazo feminista para resistir.

A más de un mes de ese hecho, la comsión volvió a expresarse, sobre todo en relación a los hechos de persecución política de las últimas semanas en el marco de la cuarentena por el COVID19. Emitieron un documento en el que comparten algunas de las denuncias que dan cuenta de la vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades, las mujeres empobrecidas, discriminadas, las que han quedado sin trabajo, las y los presos políticos, las personas que quedaron varadas en diferentes lugares, y que todavía no pueden regresar a las comunidades.

Leé el comunicado completo:

COMISIÓN FEMINISTA PLURINACIONAL
Segundo Informe de vulneración de derechos en Bolivia

Entre el 6 y el 10 de marzo de 2020, una Comisión Plurinacional integrada por 40 feministas de Bolivia y Argentina, se encontró en Bolivia para recibir las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos que viene realizando de modo sistemático el gobierno golpista y su ministro Arturo Murillo. Los objetivos fueron: por un lado, acuerpar y acompañar a las compañeras feministas de Bolivia que sostienen la resistencia al golpe de estado y, por el otro, conocer y dar a conocer la realidad de violencia y sojuzgamiento que está viviendo el pueblo boliviano, contribuyendo a la ruptura del cerco mediático que oculta esa realidad.

En esa oportunidad nos hemos encontrado en Cochabamba, Provincia Cercado, Sacaba, Huayllani, La Paz, Ovejuyo y El Alto, con compañeras y compañeros de organizaciones sociales, coordinadoras barriales, periodistas, medios de comunicación, personal de salud, heridos, dirigentes sociales y políticos, presos y presas políticas, familiares de heridos/as, presos/as y asesinados, organizaciones de jóvenes autoconvocados, y otras víctimas de la represión y masacres sucedidas en los últimos meses. Hemos visitado cárceles, hospitales, barrios.

Estuvimos en las calles el 9 de marzo, en el marco del Paro Internacional Feminista, marchando junto a familiares de las víctimas de Senkata y colectivas feministas diversas. En esas jornadas intensas, recibimos alrededor de 250 denuncias, en reuniones con más de 500 personas. Generamos vínculos con esas personas y con los colectivos y movimientos populares que al día de hoy siguen comunicando, denunciando e informando los crímenes del gobierno golpista, que el mundo parece no querer mirar.

En el primer informe sintetizamos algunas conclusiones de lo que vimos y oímos. En este segundo informe queremos compartir las novedades que estamos recibiendo desde la instalación de la pandemia, acerca de las medidas de “inseguridad” tomadas por la dictadura, porque queremos entender y que se entienda el modo en que esta situación excepcional impacta especialmente sobre la vida de las mujeres bolivianas en general, y en la vida de las mujeres de pollera en particular. Podemos ver en estas denuncias de qué modo el golpe de estado, y el gobierno de facto, tienen un carácter profundamente racista y patriarcal.

A continuación compartimos algunas de las denuncias que dan cuenta de la vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades, las mujeres empobrecidas, discriminadas, las que han quedado sin trabajo, las y los presos políticos, las personas que quedaron varadas en diferentes lugares, y que todavía no pueden regresar a las comunidades.

*#CuarentenaSinHambre. Sólo el pueblo apoya al pueblo. Distintas comunidades nos informan acerca del abandono de las comunidades a su suerte por parte del gobierno golpista, que exige #Quedateencasa!, pero no asegura la alimentación ni la salud. En Bolivia, la mayoría de las mujeres vive del mercado informal, del trabajo en las calles. En ese sentido, la cuarentena sin respuestas desde el Estado –que garanticen la subsistencia-, resulta un tremendo golpe a las mujeres que viven día a día. Ante esta situación, las organizaciones sociales y movimientos populares, han comenzado a realizar acciones para abastecer al pueblo, recibiendo como respuesta la represión.

*Se busca romper las comunidades y sus lazos solidarios. Desde siempre –especialmente desde la conquista y la colonización europea- los pueblos sufrieron diferentes epidemias, a las que han respondido desde la resistencia de las comunidades. En este caso, el #Quedateencasa! busca romper las lógicas comunitarias y de buen vivir que están en la memoria ancestral de las comunidades.

*Continúa la persecución a líderes sindicales, ex autoridades y políticxs ligados al MAS. Principalmente, están siendo amenazadas y perseguidas las mujeres líderes, dirigentas, asambleístas, activistas sociales y de derechos humanos. El día 21/4 fue detenida la ex alcaldesa de Vinto Patricia Arce. Es la hermana que en las jornadas previas al golpe sufrió la violencia perpetrada por las bandas paramilitares, que la ataron, le cortaron el pelo, la pintaron con tintura roja y la llevaron arrastrada por el pueblo, para generar temor en las comunidades a las que representa, e intentar humillarla. Patricia Arce es una de las hermanas que forma parte de estas redes solidarias, y por eso la siguen persiguiendo y hostigando.

*La situación en las cárceles es desesperante. Cuando fuimos a visitar a las presas y presos políticos, constatamos las violaciones a los derechos, la falta de garantías para la defensa, las duras condiciones carcelarias en que se encuentran quienes son víctimas directas del golpe de estado. En algunos casos, son lideresas reconocidas o mujeres originarias que han sido parte de instancias del gobierno constitucional. Las presas y presos conviven en espacios hacinados, donde no existe buena alimentación, cuidados de la salud, y donde sufren torturas psicológicas sistemáticas. En esta situación, al no poder llegar hasta ellxs desde las familias y organizaciones de derechos humanos, todo se agrava. Queremos expresar en particular la preocupación por la vida del fotorreportero argentino Facundo Molares, preso en la cárcel de Chonchocoro, que tiene graves problemas de salud, y que es un rehén del régimen golpista. Exigimos su urgente libertad y retorno a la Argentina.

*La dictadura implementó la militarización de las ciudades, especialmente de aquellas que han resistido el golpe de estado, como escarmiento y para vulnerabilizar por medio del hambre y la represión a la población. Ahora no se acusa solamente de “sedición” o de “terrorismo”, sino también de “violar la cuarentena”. Se busca así legitimar esa represión. Miles de personas han sido detenidas durante la cuarentena, más de 70 han sido procesadas, condenadas y encarceladas por marchar por hambre, por denunciar, por expresar sus ideas. El espacio público y el virtual están ocupados por despliegues militares y ciberpatrullaje, que dan cuenta de la realidad del golpe de estado. Las y los periodistas de radios comunitarias siguen siendo amenazados, y sufrieron prisión por informar sobre la situación que se está viviendo de desamparo frente a la pandemia.

*Crece la violencia patriarcal en las casas y no hay ninguna protección desde el Estado. Nos dicen #Quedateencasa! cuando para las mujeres, las niñas y niños, las casas son lugares donde muchas veces sufren las mayores violencias. Así las mujeres quedan atrapadas con sus agresores, poniéndose en riesgo su salud, su vida, así como también las de las wawas.

*Desatención a la salud. Ya cuando visitamos a los heridos, sobrevivientes de las masacres de Senkata, Sacaba y Ovejuyo, constatamos que no estaban recibiendo la atención de salud necesaria, e incluso que en algunos casos los hospitales fueron los lugares desde los cuales se los denunció, o en los cuales se hizo abandono de persona. Constatamos también el endeudamiento en el que tuvieron que caer quienes intentaron pagar algún servicio privado de salud. Todo esto se agrava ahora, cuando los hospitales y centros de salud están en emergencia y dan la espalda a cualquier situación de gravedad de las y los heridos, como consecuencia de la represión.

*Abandono de personas migrantes en la frontera chilena. Cientos de personas, entre ellas mujeres embarazadas, con hijos e hijas, quedaron durante días abandonadas en la frontera con Chile. Durmiendo en el piso, sin alimentación, sin cuidados, los gobiernos de Chile y de Bolivia dieron cuenta de la hipocresía que tienen cuando se presentan como gendarmes de la salud de la población. Para la población empobrecida, pareciera que se espera que desaparezca por el impacto de las enfermedades, del hambre o de la represión.

*Limitación a las instancias de Derechos Humanos. El gobierno de facto ha desatado persecución y armados de casos contra defensoras del pueblo y activistas de derechos humanos, para impedir que viabilice denuncias de los múltiples derechos vulnerados actualmente. También están frenadas las investigaciones sobre estos crímenes, como modos de consagrar la impunidad. Queremos insistir en la exigencia de que se esclarezca cada uno de los crímenes de lesa humanidad, y en particular exigimos ¡Justicia para Sebastián Moro! periodista argentino que estuvo en la primera línea de anuncio de las maniobras que conducían al golpe de estado, y que fue muerto en ese contexto.

*Perpetuación del Golpe de Estado. El coronavirus ha sido la excusa perfecta para dilatar sin tiempo las elecciones que estaban previstas primero para marzo y luego para mayo, perpetuando así al gobierno golpista. Si bien no había ninguna confianza en la posibilidad de realizar elecciones democráticas, sin fraude, sin proscripciones, esta postergación resulta muy funcional a la decisión de la élite de la dictadura de gobernar sin presión popular.

Llamamiento:

Como feministas plurinacionales, convocamos a todas las colectivas feministas del mundo a denunciar estas situaciones, y todas las que podemos estar omitiendo, de los modos violentos en los que actúa el gobierno golpista.
Lo que se vive en Bolivia es un golpe de estado racista, patriarcal y oligárquico. No se puede mirar para otro lado. La pandemia no autoriza a perder la memoria, ni la solidaridad.

Somos feministas, somos plurinacionales
Nuestra solidaridad no tiene fronteras
El feminismo no será racista
Basta de genocidio
Ni golpe de estado ni golpe a las mujeres
La pollera se respeta, la wipala se respeta

Comisión Feminista Plurinacional integrada por:

Asamblea de Mujeres MTD Lucha y Libertad y Asamblea Feminista de la Federación de Organizaciones de Base – FOB AUTÓNOMA
Asociación de ex Detenidos y Desaparecidos
Campaña Nacional contra las violencias hacia las Mujeres
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
Colectividad boliviana autoconvocada Córdoba
Colectivo de Abogadxs Populares – La Ciega en Marabunta
Colectivo Ni Una Menos
Colectivo Plurinacional Comunitario
Comunidad indígena de Amaicha del Valle- Nación Diaguita
Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas originarias de Bolivia Bartolina Sisa de Argentina
Coordinadora de apoyo a los movimientos sociales
Coordinadoras Barriales
Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía
Feministas del Abya Yala
Feminismo Comunitario Antipatriarcal
FOL- Frente de Organizaciones en Lucha
Frente Popular Darío Santillán
Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional en Movimiento de los pueblos por un socialismo feminista desde abajo
Frente Popular Darío Santillán y Espacio Feminista de Mujeres y Disidencias dentro del fpds.
FUEGAS (Feministas Unidas en gastronomía afines y sororidad) Córdoba
Fuerza Warmis de Córdoba
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Por Redacción Marcha 

El asambleísta departamental del MAS, Gustavo Torrico se encuentra privado de su libertad con prisión domiciliaria hace más de un mes bajo la carátula de “terrorismo”, “sedición” y “financiamiento al terrorismo”. Como gran parte de sus colegas exiliados/ as o presos/ as, la causa es la misma: ser integrante del Instrumento de Cambio garantizado por Evo Morales. Gustavo lo toma con gracia. Se encuentra cumpliendo el encierro sin condena en un hospital, a pesar de que sus fueros lo avalan. Lo entrevistamos como parte de la Delegación Feminista Plurinacional para que su historia haga parte Informe Sin Fronteras, y fue el encuentro con una personalidad rebelde y pícara que nos permitió ahondar en el mecanismo de las empresas de comunicación y la justicia para la instalación de un Golpe que pretende avanzar en la proscripción y la suspensión de derechos fundamentales para las y los bolivianos. 

“El tema comienza el 24 de octubre, 4 días después de las elecciones”, anticipó Torrico al comenzar su relato. Explicó que ese día fue invitado a grabar un programa en la radio Patria Nuevo y el Canal 7, del panel participaron el ex Ministro de Trabajo y abogado constitucionalista, Gonzalo Trigoso; Dina Chuquimia, el ex vocal del Tribunal Supremo Electoral; los periodistas Iván Maldonado y Wayra Godoy. “Entonces empezamos a hablar de cómo había vivido las elecciones, lo interesante – aportó Torrico- era que meses atrás, cinco o seis meses, en el mismo programa yo había denunciado que había una confabulación que los miembros del Tribunal Supremo iban a renunciar. Incluso les dije, éste renuncia primero, éste es el segundo, éste es tercero, etc., etc. y el último, faltando 10 días para la elección; es Costa, y con eso querían tirar abajo las elecciones”. 

Para el asambleísta, ese era el primer plan que iban a emplear pero tenían un plan b: “una vez que ganemos la elección, porque la íbamos a ganar, la oposición saldría y diría ´Evo no es legalmente candidato´, y según alguna intervención del Tribunal Electoral se iba a reconocer al segundo, en un efecto Guaidó, digamos”. Las renuncias se dieron como Torrico dijo. Fue entonces cuando lo invitaron, una semana antes de las elecciones, a un programa en el mismo medio, donde le dijeron: “ha fallado en las predicciones, no ha renunciado Costa”. “Analicemos la política -recuerda haber intervenido- si él renuncia ahora ya no nos interesa, a nadie le interesa porque hay quórum, hay todo, y el Tribunal sigue funcionando, él se va a quedar y va a boicotear las elecciones. Y bueno, pasó”. 

Tras la renuncia de Costa desde Canal 7 se vuelven a comunicar con Torrico para analizar su predicción y tras su intervención en el nuevo escenario de violencia golpista, el asambleísta manifestó: “a las madres, no manden a sus hijos a pelear con la policía, qué sacan, puede haber muertos, la policía dispara”. “Esa fue mi frase -afirmó- y que luego agregó:: ´pero no piensen los que están haciendo la contra de que nos vamos a quedar callados ni quietos. Nosotros vamos a defender nuestra revolución´”. 

En los días que siguieron comenzó a circular una foto del zócalo de Canal 7 durante la entrevista a Torrico. Era una captura de pantalla realizada con un celular a la pantalla de un televisor, la misma decía: “Torrico amenaza con matar a sus hijos” y fue esa captura la que replicaron como noticia los periódicos sin constatar fuente. “A mi me preguntaron varios medios de acá y les dije que ´no había mencionado eso´ pero ni caso” expresa. 

Pasaron dos meses y recién el 20 de diciembre, Torrico recordó haber visto las noticias donde “sale el Fiscal (Marco Villa) y dice ´voy a ampliar la denuncia de terrorismo contra Juan Ramón y en contra de Gustavo Torrico y Zabaleta´ Yo lo que hago es hablar con mi abogado y le digo ´vamos a presentarnos´, fuimos, pero no estaba y no había ni quién nos atienda, entonces nos apersonamos. Nadie me dice nada”, explicó. El 26 volvió a salir el fiscal en la TV diciendo que Torrico no había ido a declarar, y que por ese motivo, pedía su prisión. “Y yo me vuelvo a presentar y le digo ´señor fiscal, acabo de ver los medios y usted nunca me ha citado´ ni me contesta”, explicó desde su prisión domiciliaria en el Hospital del Torax de La Paz. “Pasó todo enero y cuando, a principios de febrero, veo en las noticias lo más normal en mi casa haciendo mis cosas y aparece el Coronel Rojas diciendo ´hemos armado un equipo especial que lo está buscando´, porque según informes que no cita hace un mes no estaba ya aquí”. Torrico explicó que se comunicó con el canal y envió su ubicación GPS para desmentir esa información. Pero tampoco obtuvo respuesta.

El 8 de febrero, Gustavo estaba en su casa, como desde hace unos meses por cuestiones de salud, cuando el comandante Rojas se presentó en su puerta. Torrico relató que el diálogo fue más o menos así: 

• Soy el Coronel Rojas. 
• Soy Gustavo Torrico, ¿en qué le sirvo?
• Tengo una orden de prisión contra usted.
• Si ustedes nunca me han notificado.
• Yo no estoy para discutir, tiene una orden de notificación, o nos acompaña o allanamos su domicilio.
• No se haga problema. 
• O nos acompaña, o allanamos (insistió).
• ¿Sabe qué?, deme 10 minutos, me voy a bañar.

“Me bañé, me vestí, listo y le dije vamos”, relató Torrico. “En las casas al frente, llenas de francotiradores, por la terraza del vecino como si fuera Osama Bin Laden”, recordó.

Una vez en la Fuerza de Lucha contra el Crimen (FELCC), comenzó el show mediático, el juicio que confirma que no tiene ninguna legalidad: “avisan a la prensa que estamos por llegar, me esposan, me intentan cubrir la cabeza digo ´yo no soy ningún maleante´. Todo el circo se había armado, listas, sus camaritas. Bueno y me sentaron y me dijeron, ¿por qué lo han detenido? Por masista, pregúnteles sino”. Desde el 23 de febrero, Torrico y su abogado pidieron las copias del expediente, porque hasta el momento no sabía de qué lo acusaban, más allá de la carátula que le cabe a todos y todos los integrantes del MAS de “terrorismo, sedición, financiamiento al terrorismo” y que tiene al Estado como querellante. 

Torrico estuvo demorado más de ocho horas hasta que le tomaron la denuncia. “Les digo cuál es la prueba de terrorismo -nos dice con sonrisa cómplice- esa captura de la televisión con ese titular, esa frase de ´cuiden a sus hijos …´ fue invertida con la otra declaración que hice y pusieron ´vamos a defender la revolución. Cuiden a sus hijos´ sin siquiera haber pedido el archivo al canal” . A continuación, el fiscal vio la declaración y le consultó “¿conoce a Evo Morales o a Zabaleta?’, ‘y yo creo que los conozco porque son de mi gobierno’ respondí. Cómo no los voy a conocer” nos contó riendo Torrico. Y continuó, “entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre, tuvo contacto con Evo Morales o con Zabaleta.  Tuvo contacto telefónico? Nos comunicamos. Esa fue la pregunta, entonces me quedé aprendido y me metió en esas celdas que es puro cemento que no hay camas que no hay nada”. 

Durante cinco días, el asambleísta estuvo detenido en celdas judiciales paseando entre fiscales, declaraciones y notificaciones. Entró un jueves y recién el lunes le dijeron que se le otorgará una cautelar para eso, en Bolivia, cualquier persona tiene que tener familia, casa y trabajo. “Y entonces el fiscal interviene, él puede irse del país cuando quiera y la prueba es su flujo migratorio” recordó el asambleísta. “Y le digo, mi flujo migratorio son 6 viajes que he hecho cuando era de la Comisión de Derecho del Congreso y la última era de 2011, hasta el juez se le ha reído”. Volvieron a intentarlo, “aceptamos que tiene familia, que tiene una casa, pero si bien es asambleísta al haber presentado licencia a la asamblea no tiene trabajo” explicó Torrico, “pedí licencia indefinida si me quiero defender, esto no dura dos días. Al haber pedido licencia ya no tiene trabajo, entonces le pido a la asamblea que me incorpore mañana. Tengo trabajo”. “Ellos piden mi detención y luego pide, porque dice acá falta que declare Juan Ramón y que declare Zabaleta, y le digo, pero ese es su tema, o sea que yo soy ahora su rehén hasta que salga Juan Ramón” reflexionó. 

Finalmente, a Gustavo Torrico le dieron arresto domiciliario con dos custodios, tuvo que pagar 25 mil pesos bolivianos de fianza. “Todito lo hemos cumplido al día siguiente menos los custodios, mandamos a cuantificación al régimen penitenciario, pero dijeron que no tenían”, relató sin dejar de sorprenderse mientras recordaba que para mostrarlo delante de la prensa decenas de oficiales eran solicitados sin ningún sentido. “Entonces, no me dieron custodios y como verán, pese a que la ley dice que en cuanto se da la medida cautelar, es cumplida inmediatamente, me han tenido 15 días en celdas judiciales”. Sin lograr un avance, Torrico fue llevado al hospital por una complicación de salud donde aún se encuentra. Después de nuevas idas y vueltas, Torrico fue llamado el lunes para la apelación. El fiscal Villa pidió que se suspenda la audiencia porque los estudios de salud se tenían que certificar y valorar, explicó el asambleísta, “hasta el juez le dijo ´es el instituto de más prestigio que tiene el país, hay más de 15 médicos en una junta que han visto el caso de él”. Su historia transcurrió entre chistes e ironías pero fue contundente al hablar de la herramienta que fue clave para concretar el Golpe de Estado en Bolivia: “la justicia y los medios fueron claves para silenciar”.

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