Por Mariángeles Guerrero y Camila Parodi*

Desde Belém, Brasil

Foto portada: Lourdes Albornoz / Colectivo Mujeres diaguitas, ancestras del futuro

En este 25 de noviembre, Día de la No Violencia Contra las Mujeres y Disidencias Sexuales, el mundo vuelve a denunciar las violencias patriarcales. Mientras en la COP30 empresas y gobiernos discutieron medidas para enfrentar la crisis climática, las mujeres que defienden sus territorios viven cada día una doble violencia —de género y extractiva— que busca silenciar sus voces, fracturar sus comunidades y disciplinar sus decisiones políticas. María Ivete Bastos, campesina de Santarém (Pará) fue amenazada y sufrió una serie de atentados contra su vida por oponerse al monocultivo de soja. Sin embargo, convoca a no rendirse: “Luchamos por la vida. Y es la vida del río, la vida del bosque, la vida de nuestra gente”.

Cada 25 de noviembre se conmemora y repudia el asesinato de las hermanas Mirabal —Patria, Minerva y María Teresa— en 1960 a manos de la dictadura de Leónidas Trujillo en República Dominicana. Seis décadas después, la criminalización, amenazas, hostigamiento y desgaste emocional forman parte de un entramado que sigue fuera de las negociaciones oficiales de la diplomacia de la COP30.

Los contextos cambian, los nombres de las empresas varían, los gobiernos se renuevan, pero las formas de control y fragmentación son las mismas. La historia de María Ivete muestra una realidad que viven quienes se enfrentan a grandes proyectos mineros o del agronegocio. Recientemente, casi fue atropellada por un auto en plena calle. Su compañera, Maria do Espírito Santo da Silva, también defensora contra el extractivismo, fue asesinada a balazos junto con su esposo José Cláudio Ribeiro da Silva en 2011.

América Latina y el Caribe es el continente más peligroso para quienes defienden la tierra, el agua y los bosques. Desde la Puna hasta la Amazonía, pasando por los Andes, el Cerrado brasileño y las costas del Pacífico, la escena se repite con una precisión que desgarra: criminalización, causas judiciales inventadas, campañas de difamación, quiebre de vínculos comunitarios, estrés y depresión, aislamiento y amenazas que avanzan al ritmo de los proyectos extractivos. 

El último informe de Global Witness, publicado en septiembre de 2025, reporta que al menos 146 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas o desaparecidas en el mundo en 2024. La cifra global acumulada desde 2012 asciende a 2.253 casos. América Latina vuelve a ocupar el epicentro: 117 de las víctimas del último año —el 82 por ciento— vivían en la región. Un tercio de las víctimas eran indígenas. El informe denuncia que en 2024 aumentaron otras formas de ataque como detenciones ilegales, criminalización judicial, acusaciones falsas de terrorismo y persecución por vías administrativas. 

La mayoría de quienes resisten en primera línea son indígenas, campesinas y campesinos, personas profundamente arraigadas a sus territorios. Aunque los pueblos originarios representan sólo el seis por ciento de la población mundial, protegen el ochenta por ciento de los bosques del planeta. Allí, en los márgenes donde la acción climática no es una promesa sino una práctica cotidiana, sostienen la vida frente al colapso ambiental. 

Elizabeth Mamani, defensora de los humedales andinos

La historia de Elizabeth Mamani muestra, sin eufemismos, lo que significa enfrentar el avance minero en el norte argentino. Defensora de los humedales andinos, integrante de la comunidad de Atacameños del Altiplano y parte de la Red Trasandina de Mujeres y Disidencias Diaguitas Ancestras del Futuro, vive en un territorio donde las autorizaciones extractivas se otorgan sin consulta previa (como establece la ley) y a una velocidad que supera cualquier posibilidad de control comunitario.

“La situación de mi territorio es cada vez más preocupante”, dice. Frenar estos proyectos se volvió prácticamente imposible. Si bien en la actualidad un fallo de la Corte provincial de Catamarca de 2024 frena nuevos proyectos hasta que se realice la evaluación de impacto integral y acumulativo, los doce proyectos que están en proceso de explotación y exploración ya generaron un impacto irreversible. Un ejemplo es la desecación de la Vega Trapiche, por la explotación en la zona del Salar del Hombre Muerto (en Catamarca) y el desplazamiento de las economías rurales.

Su testimonio es claro: la defensa territorial no solo implica confrontar a empresas y gobiernos, sino asumir un desgaste social profundo. “La vida de los defensores es muy complicada”, explica. La sociedad muchas veces se da vuelta, los gobiernos persiguen, las mineras intentan comprar silencios “con migajas”. Y las familias sienten el peso de un conflicto que cae siempre sobre las mismas personas. A eso se suma la criminalización y la sensación constante de estar peleando en desventaja. “No tenemos el apoyo suficiente de la población”, resume.

Elizabeth no habla desde la excepcionalidad, sino desde una experiencia común a muchas comunidades: poner el cuerpo, la voz y el tiempo de vida en un conflicto en el que todo parece jugar en contra. Cuando intenta explicar de dónde sale la fuerza para sostener esa lucha, no lo hace desde una épica militante sino desde la necesidad y el deseo de preservar la vida. Defender el territorio —dice— es pensar en quienes vienen después, en no dejar un ambiente destruido y sin agua para las generaciones futuras. Su impulso está ahí: en evitar que el daño de hoy se convierta en una condena para quienes incluso todavía no nacieron.

Bertha Cáceres Zúñiga, defensora de los ríos

Hablar con Bertha Cáceres Zúñiga es escuchar una memoria viva que continúa enfrentando las mismas violencias que acabaron con la vida de su madre, la líder indígena Berta Cáceres, en 2016. “Bertita”, como la nombran sus colegas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), sabe que su país, Honduras, funciona como un enclave extractivista histórico atravesado por una tensión permanente. “Estamos en un momento de mucha tensión política”, dice, marcada por unas elecciones inminentes y un clima de violencia que “se conserva de manera general”. 

Ese contexto no puede entenderse sin nombrar lo que ella identifica como el corazón del conflicto: “el tema de tierras, de pueblos indígenas, bienes comunes de la naturaleza, proyectos de privatización, temas de financiamiento, esa es la razón central del problema en nuestro país”.

Bertita subraya que esos problemas se expresan en un punto clave: la disputa territorial. Explica que las agresiones contra las defensoras y defensores están directamente vinculadas a los intereses económicos que operan sobre los ríos, los bosques y los territorios indígenas. “Estas situaciones son reflejo de las tensiones entre intereses políticos y económicos que siguen existiendo en Honduras”, afirma. Y advierte que, aunque en el caso del femicidio político de su madre hubo avances judiciales, el problema de fondo no cambió. “Las estructuras criminales no se han desestructurado, continúan activas y pretenden los territorios”, denuncia.

Su presencia en la COP30 no buscó maquillajes diplomáticos, sino colocar en el centro de la discusión climática lo que ocurre en los territorios. Lo dice sin vueltas: mientras defender un río o una montaña implique enfrentar violencia política, económica y criminal, cualquier debate sobre transición energética o protección ambiental carece de sentido. Plantea: no se puede hablar de futuro climático sin garantizar las condiciones mínimas de seguridad para quienes, todos los días, defienden la vida de sus territorios y comunidades.

María do Bosque, defensora de la tierra

Maria do Bosque vive en Alagoas, nordeste de Brasil, zona de playas paradisíacas y de explotación de caña de azúcar. La historia colonial allí tiene sus orígenes en esa región (más precisamente en Bahía, un poco más al sur), donde la caña de azúcar fue el monocultivo que trajo aparejado el tráfico de esclavos desde África. Las huellas de esa historia permanecen: si bien el país abolió la esclavitud en 1988, esa práctica permanece en las zafras.

María pertenece al Movimiento de Mujeres Campesinas (MMC), que se movilizó a Belém con sus banderas y gorras violetas para participar de la Cumbre de los Pueblos. Explica con una sonrisa que su nombre responde a su territorio: “Somos muchas María, entonces nos identificamos según de dónde venimos”. Sobre las discusiones oficiales que se producen en la COP, cuestiona: “Vemos que todo es solamente para el lucro”.

En Alagoas hay más gente sin tierra que con tierra. Grandes extensiones están en pocas manos y el 90 por ciento está dedicado al monocultivo de caña, que a su vez se destina a la exportación. La explotación genera degradación del suelo y contaminación de las aguas. María avizora otro monocultivo en ciernes: el de eucaliptus.

Como ex cortadora de caña conoce de cerca esa realidad: “Si un cortador de caña no junta seis toneladas por día, no es considerado bueno. Eso implica un costo para la vida del trabajador, la perspectiva de vida es muy pequeña ya que se trabaja con altas temperaturas, sin sombra siquiera para el momento de comer”. 

Asegura que la principal problemática para ellas son las múltiples formas de violencia, muchas veces invisibilizadas por ocurrir lejos de las ciudades. Agrega que la falta de tierras es una forma de violencia: “No es posible tener una vida digna si la mujer del campo no tiene agua, ni tierra ni su territorio libre. Eso es muy fuerte para nosotras”. Explica que su lucha es por una vida donde las mujeres puedan tener la libertad de plantar su alimento, de comer saludablemente, de cuidar de las semillas y de sus comunidades.

El MMC trabaja con una perspectiva campesina y agroecológica, que busca introducir cultivos de verduras o trigo. Sin embargo, esa práctica artesanal que subvierte la lógica corporativa tiene su costo: la Policía y grupos cercanos a los latifundistas destruyen sus instalaciones colectivas y envenenan el agua de sus pozos como forma de amedrentamiento. Pero María no duda: “Apostamos a esa salida para la agricultura, una salida donde haya vida y dignidad”.

Margarita Aramayo, defensora de los cerros

Margarita Aquino Aramayo coordina la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre de Tierra en Oruro, Bolivia. Desde la Cumbre de los Pueblos, afirma: “Somos indígenas que estamos defendiendo a la Madre Tierra y los derechos de las mujeres que están siendo violados por la contaminación minera. Denunciamos la violencia medioambiental contra las mujeres”. Y explica que los grandes emprendimientos son de extracción de estaño, plata, plomo, litio y oro.

Asegura que el extractivismo afecta el derecho a la salud, al trabajo, a la consulta libre, previa e informada, a vivir en un ambiente sano, al agua. “Sin agua no hay vida”, enfatiza, con la bandera de Bolivia entre sus manos. Y agrega: “A nosotros nos expulsaron de nuestro territorio, contaminaron nuestra agua y nuestras tierras”.

“Nuestras autoridades nacionales están poniendo la mira en los pueblos indígenas. Pero estamos preparados para resistir a la minería”, expresa. Alza la voz frente a otras mujeres, en el gimnasio de la Universidad Federal de Pará, donde se lleva a cabo la cumbre. Afirma que la COP no las representa. Los aplausos hacen eco en el sopor del mediodía. Y precisa: “No nos representa porque allí no están las voces de las mujeres indígenas ni de los pueblos indígenas. Allí van los estados y las transnacionales a decidir cómo va a ser nuestro futuro”.

Un clamor cada vez más potente

En la Conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático (COP), las defensoras no fueron protagonistas. La toma de decisiones continúa secuestrada por Estados y las corporaciones y negociadores, que suelen estar muy lejos de los territorios donde se juega el presente y el futuro del clima.

El contraste entre lo que sucede dentro y fuera de la COP30 en Belém lo dejó claro. Mientras en los pabellones oficiales se repetían discursos cuidadosamente medidos, en las calles, en los ríos y en las aldeas se escucharon las denuncias que la diplomacia evita nombrar. La Marcha Global por el Clima del 15 de noviembre, encabezada por comunidades amazónicas y delegaciones de distintas regiones del mundo puso en el centro la defensa territorial como la acción climática más efectiva.

En la Cumbre de los Pueblos el movimiento indígena brasileño fue categórico: las demarcaciones territoriales son urgentes. En Brasil existen 107 tierras indígenas listas para demarcar pero llevan años de espera. La demarcación implica preservar los territorios indígenas de proyectos extractivistas. El anuncio realizado por el ministro Jefe de la Secretaría General de la Presidencia brasileña, Guilherme Boulos —20 demarcaciones nuevas— fue celebrado, pero las organizaciones dejaron claro que es apenas un inicio frente a la escala del reclamo. Otra exigencia fue el financiamiento directo para las comunidades que protegen la biodiversidad. 

Esta COP no dejó grandes expectativas en términos de acuerdos, pero sí mostró que las defensoras y guardianas de la vida ya no están hablando en los márgenes. Partícipes de la Cumbre de los Pueblos y de espacios de incidencia colectiva, organizan estrategias, planifican límites a la impunidad y marcan el tono de una transición que no puede repetir los caminos que condujeron al colapso.

Ivete Bastos dice que no abandonará la lucha por su territorio, pese a los peligros. “Lo que me da coraje es ver tanta injusticia, tanta desigualdad. Por eso cuando pienso en quedarme en mi rincón, en mi lugar, cuidando mi vida privada, me siento muy incómoda. Si mi voz se escucha y capta la atención de alguien, me alegra mucho porque es como si alguien me mirara y dijera: ‘mira, tiene esta edad, el pelo blanco, y sigue viva entre otros, alzando la voz, buscando, denunciando, así que vale la pena’. Eso me anima a vivir y a seguir luchando”.

*Cobertura Colaborativa de Marcha Noticias, LatFem, Kaja Negra, Muy Waso y Agencia Tierra Viva.

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Por eso, las Defensoras que leemos en estas páginas reivindican los feminismos porque aprendieron de la mano de la tierra que los cuerpos feminizados son, también, históricamente territorios de saqueo donde se ejerce la violencia. Por eso hablan de cuerpos-territorios y sitúan un feminismo comunitario, campesino, rural, donde defender la vida es ser guardianas de sus propios cuerpos y de todo cuanto lo rodea.

Las voces de las Defensoras son claves para comprender la situación de los pueblos. Recuperar y visibilizar sus relatos de esperanza es construir un mapeo crítico –y de resistencias– de nuestra historia reciente. Para nosotras, visibilizarlas a ellas y a sus experiencias es imprescindible porque es poner en el centro a la vida. Hasta que el Buen Vivir se haga costumbre.

– Descargá el libro en el siguiente link:

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No país da Amazônia, pulmão da humanidade, lutar contra as violências do modelo estabelecido pelo agronegócio em detrimento dos saberes das comunidades e do bem-estar do meio ambiente é uma tarefa urgente. E também histórica. O MST surgiu no período entre 1970 e 1985; justamente durante o processo de concentração de grandes extensões de terra nas mãos de pequenos grupos da sociedade, gerando o empobrecimento das e dos pequenos agricultores e proprietários. Uma resposta de articulação territorial do movimento pela reforma agrária que se consolidou em um congresso realizado em janeiro de 1985, com a participação de 1.500 delegados de todo o país.

“Enquanto o povo vai acordando, já estamos ao pé do fogo, que lentamente transforma água em café, a massa em cuscuz, o arroz em baião, o pensamento em palavras e gritos e lutas. Estamos despertas!”. Com essas palavras, em março de 2022, foi divulgada a “ Carta aberta de amor e luta das Mulheres Sem Terra”, um registro audiovisual da resistência dos últimos anos. “Estamos despertas”, dizem as mulheres do MST na atuação contra o extrativismo, traduzido em transgênicos e agrotóxicos na comida. “Nos fortalecemos pra defender nossos corpos e nossa terra”, afirmam na Carta, um grito coletivo de fúria, mas também de alegria, convocado pelos tambores ancestrais pela sobrevivência dos povos indígenas, quilombolas e pela agricultura familiar.

No Brasil, há mulheres organizadas para defender nossas vidas: são Defensoras negras, indígenas, migrantes, LGBTQI+, que levantam suas vozes por aquelas que carregam as marcas das violência e da pobreza causada pela desigualdade. Há décadas, o MST promove a organização como uma forma de contornar as condições de propriedade: “não pertencemos aos homens, nem nossa terra pertence aos grandes negócios em mãos de minorias brancas e ricas”. Nas atividades do movimento, há amor, felicidade e potência para transformar o mundo. Nos campos e nas cidades, a luta é por territórios livres, onde seja possível aproveitar a vida, a música e a poesia. Por terra, por trabalho, pelo direito de existir. Nós conversamos sobre tudo isso com a Lucineia Miranda de Freitas.

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– Para começar, você pode nos situar sobre o território em que você está, quais são as principais tarefas que o MST realiza no local e qual é a sua experiência na organização?

– Meu nome é Lucineia Freitas, eu moro no estado do Rio de Janeiro já há 4 anos. Eu sou do estado do Mato Grosso, são duas situações bastante distintas, porque o Mato Grosso é um estado do interior, mais agrícola, e o Rio de Janeiro está no litoral mais urbanizado, e ainda assim, com uma agricultura bem importante. No MST, eu atuo no setor de gênero e no período atual estamos nos debruçando na construção da “Jornada das mulheres”, que vai de 7 a 11 de março. Neste ano, eu estou na direção nacional do setor.

– Optamos pelo conceito de “defensoras” e “guardiãs” de territórios e direitos para falar do lugar central das mulheres camponesas, indígenas e rurais na defesa dos bens comuns. O que significa ser uma defensora no Brasil hoje e qual é o cenário que vocês enfrentam?

– Nós temos feito um debate entre a população do campo, considerando os povos originários, quilombolas, camponeses e ribeirinhos. No Brasil, nós temos a designação de “povos do campo, das florestas e das águas” como guardiões. E dentro desses povos, as mulheres têm um papel central na organização das comunidades para as resistências necessárias. E para nós, na conjuntura que o Brasil vive hoje, ser defensora é enfrentar um projeto de avanço constante do capital sobre esses territórios, seja nos territórios já demarcados ou nos territórios ainda em luta para conquistar mais áreas de assentamento e acampamento.

Ser Defensora é repensar o próprio processo da produção agrícola, da produção na agricultura, em uma perspectiva da agroecologia, entendendo que a agroecologia rompe com o modelo de agricultura que veio da revolução verde e nos permite repensar a relação com a natureza e o meio ambiente. E a agroecologia, ao permitir repensar as relações com a natureza, também nos coloca [a tarefa] de repensar as relações humanas que estruturam desde o nosso círculo familiar até as nossas relações sociais da comunidade, como a cooperativa, os sindicatos, as escolas.

E ser Defensora no atual cenário do Brasil é um processo bastante arriscado, com um aumento constante no número de casos de violência no campo, atingindo principalmente os povos indígenas, mas também os camponeses de forma geral, incluindo as mulheres. E esse é um momento de ofensiva, em que a violência vem tanto de processos privados de invasão por grileiros e garimpeiros quanto do Estado, com os despejos que foram autorizados em plena pandemia, por exemplo.

– O que é o setor de gênero do MST? Qual é a situação dos movimentos camponeses em relação ao acesso à terra, à reforma agrária e ao reconhecimento dos direitos sob o governo de extrema direita de Jair Bolsonaro?

– O setor de gênero do MST foi formado em 2000, a partir dessa ideia de que era preciso repensar as relações de gênero no interior do movimento, e que essa não era uma tarefa apenas das mulheres, mas que deveria envolver a organização como um todo. As mulheres sempre estiveram presentes no MST, desde as primeiras ações na década de 1980. No entanto, tinha uma distância entre estar na vida cotidiana e no enfrentamento e estar nos espaços de decisão. E foi justamente para romper com essa divisão que as mulheres começam a se organizar até a constituição do setor de gênero e da paridade nas instâncias deliberativas do movimento.

MST: Ocupar, resistir e produzir!

O MST se organiza através de núcleos: de base, nas comunidades rurais, municipais e estaduais, e com uma Direção Nacional. Os núcleos são também uma forma de organização dentro dos assentamentos e acampamentos. No MST, não existem cargos de presidência, secretaria e tesouraria. O órgão máximo é o Congresso Nacional, realizado a cada cinco anos. Encontros nacionais e estaduais são realizadas todos os anos. Há também comissões executivas nacionais e estaduais. Na gestão, existe uma secretaria nacional, secretarias estaduais e governamentais.

Através desses núcleos e dos coletivos de mulheres do MST, as lideranças femininas começaram a estudar e debater o conceito de gênero a partir de meados da década de 1990. A necessidade de envolver toda a organização nesse debate culminou na criação do Setor de Gênero durante o Encontro Nacional do MST em 2000. Esse setor foi formado com a tarefa de promover o debate nas instâncias e espaços de formação, produzir materiais, propor atividades, ações e lutas que contribuíssem para a construção de condições concretas para a participação igualitária de homens e mulheres, fortalecendo o próprio MST.

Diversas diretrizes políticas foram elaboradas a partir dessa definição, como, por exemplo, a participação de 50% de mulheres em todos os espaços do Movimento, nas instâncias, nos processos de produção, formação e educação, nas mobilizações, etc.; o debate sobre o cuidado infantil, o debate sobre a inclusão do nome da mulher nos títulos de terra e o uso coletivo da terra.

A partir da construção da “Jornada de Luta das Mulheres”, a gente também foi aprofundando o estudo da perspectiva do feminismo, e não de um feminismo único, mas suas possibilidades. E enquanto mulheres da Via Campesina, a gente tem construído o conceito de feminismo camponês e popular. Hoje, enquanto mulheres sem-terra, nós nos reconhecemos como mulheres feministas, construímos o debate prático e teórico do feminismo camponês popular nessa articulação da Via Campesina, tanto a nível nacional, no Brasil, quanto na Via Campesina internacional, e construímos com as organizações de mulheres urbanas da classe trabalhadora outras perspectivas de lutas que envolvam o tema dos direitos das mulheres como um todo.

Aqui no Brasil temos duas consignas: “sem feminismo não há agroecologia” e “sem feminismo não há socialismo”, entendendo que ou o feminismo é uma bandeira assumida pelas organizações que se propõem a mudar as relações produtivas, e daí têm que pensar também as reprodutivas, ou não vai haver transformação.

A mineração, o desmonte e o agronegócio têm avançado significativamente sobre territórios e bens comuns. Da mesma forma, a resistência dos povos indígenas e camponeses têm alertado e desafiado o governo sobre essa espoliação. Que experiências e respostas organizadas você pode compartilhar com a gente neste contexto?

– No último período, desde 2015 particularmente, com as ações que antecederam o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, a luta pela terra no Brasil foi muito dificultada. Foi dificultada no geral e especialmente para as mulheres. Algumas políticas para as agricultoras, que eram muito importantes para o processo de organização interna, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que potencializava a produção diversificada dos quintais, foram extintas a partir do governo Temer e isso impactou fortemente a autonomia financeira das mulheres. Nesse programa, o Estado adquiria a produção diretamente das e dos agricultores familiares, com entrega direta em escolas, asilos, hospitais ou para famílias em situação de vulnerabilidade. Dessa forma, era comprada uma produção diversificada e do período e não precisava ser a mesma produção o ano todo, algo que foge da prática das mulheres.

Legalmente, temos conquistas para pensar o acesso à terra no Brasil, como a titulação no nome do casal, da mulher e do homem, e também temos prerrogativa de titulação em nome de casais homoafetivos, duas mulheres, dois homens. Não há uma portaria, mas já está consolidado. No entanto, nos últimos 4 anos, na realidade, não houve assentamento de famílias e nem demarcação de territórios quilombolas e indígenas.

Não há uma determinação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para os casos de casais homoafetivos. Então cada casal tem que fazer um processo individual, mas nós já temos consolidação de casos assim.

Nos últimos dois anos, apesar dos ataques, nós conseguimos resistir a alguns despejos que teriam impactos para um grande número de pessoas, como um acampamento do MST em Minas Gerais, chamado Quilombo Campo Grande, com 450 famílias, e que, com a solidariedade da população urbana e também internacional, nós conseguimos evitar quando o batalhão da polícia já estava no portão. Nesse tempo, também estamos aprofundando a construção de unidade com algumas pautas importantes, da resistência ao avanço do fascismo à denúncia do racismo, pensando também nos processos de formação e estudo que nos prepara para o momento subsequente. De forma orgânica e pensando num tempo histórico maior, avançamos bastante na constituição de um coletivo LGBT, para pensar em um público que historicamente foi invisibilizado no campo, e mais recentemente, na constituição de um coletivo para pensar as relações raciais vinculadas à questão agrária.

– No que diz respeito ao setor de gênero, conhecemos a experiência do MST de ocupação de empresas do agronegócio a cada 8 de março. Como surgiu essa ação e qual o impacto dela?

– Nós organizamos o 8 de março no MST desde a década de 1990, mas inicialmente eram atividades, encontros de formação e estudo, não tinham esse caráter de enfrentamento e de luta direta contra o capital. A partir dos anos 2000, passamos a construir, junto com as formações, com esses encontros de estudo, atividades públicas de denúncia que vinculavam o avanço do capital no campo e a violência contra as mulheres. O ano de 2006 foi um marco no processo de luta do 8 de março porque se deu a partir do avanço do plantio de eucalipto sobre diversos territórios, principalmente territórios indígenas no Espírito Santo, mas também sobre terras de interesse da reforma agrária, por serem terras públicas, a gente construiu a primeira ação de enfrentamento direto ao capital com a ocupação da fábrica da Aracruz Celulose, onde, na época, estava sendo desenvolvida uma experiência de eucalipto transgênico.

Essa ação de 2006 teve muito impacto e repercussão, tanto de fora, por parte das pessoas que criminalizaram as ações das mulheres, quanto internamente, porque foi uma construção feita pelas mulheres mesmo, e daí houve críticas de que era necessário envolver o conjunto da organização para depois conseguir, coletivamente, responder às críticas que vinham de fora e no próprio enfrentamento, porque houve muita criminalização. Várias companheiras foram processadas nesse momento; esse foi um marco bem importante porque, desde então, a gente percebe que não tem como pautar a participação política, enfrentar a violência contra as mulheres, sem enfrentar e denunciar o capital nesse processo. Então desde lá a gente tem construído o debate do feminismo camponês e popular, porque é nesse momento de enfrentamento ao capital que a gente também se articula a partir do feminismo.

– Em 2022 terá eleição no Brasil e os dois projetos que estarão em disputa são bem claros. Qual leitura vocês fazem desse processo eleitoral e quais são os possíveis cenários para o movimento?

– A gente espera muito que os bons ventos da América Latina soprem no Brasil neste ano. Mas temos clareza de que a campanha eleitoral será um processo bem difícil; por mais que as pesquisas apontem a vitória do Lula, não achamos que esse processo está dado e conquistado. Enquanto MST, temos a definição política de que a eleição e a derrota de Bolsonaro são pautas centrais para esse ano de 2022, entendendo que o processo de resistência subsequente só vai ter possibilidade de ganhos se conseguimos derrotar o Bolsonaro nas urnas.

Então tomamos duas definições que são muito importantes; uma é a [disputa pelo] Parlamento, a nível estadual e nacional, com alguns militantes do MST que serão candidatos. E a outra decisão é a de participar, junto com os movimentos que compõem um coletivo unitário chamado Fora Bolsonaro, de construir comitês populares para trabalhar o processo da campanha eleitoral. E acreditamos que no segundo turno, no segundo semestre, nossa força da militância base deverá se envolver, em alguma medida, no processo eleitoral, nas ações da campanha.

Mas também temos um debate de que os estragos construídos pelo Bolsonaro ainda levarão alguns anos, desde o espraiamento da violência social, como os crimes de racismo, os feminicídios, os crimes LGTBfóbicos, até as ações de desmonte da legislação ambiental e da legislação social que aconteceram nesse período. Serão alguns anos até conseguir pegar o caminho de volta. Mas o caminho é derrotá-lo!

– Vocês encontram experiências similares na América Latina em relação às lutas que estão sendo travadas pelos povos da região?

– O MST tem duas experiências de vivência da solidariedade que são fundamentais para pensar a unidade. Uma delas são as nossas brigadas de solidariedade, com militantes do MST ou da Via Campesina nesse processo de articulação, que atuam em outros territórios. Hoje, na América Latina, temos uma brigada no Haiti, que atua no processo de organização da produção, a partir das experiências das nossas cooperativas e da agroecologia, e temos brigadas na Venezuela, na mesma perspectiva de organização da produção. Nós temos uma brigada menor em Cuba, nessa perspectiva das articulações, de pensar estrategicamente também a leitura da América Latina a partir desse território.

O outro campo de solidariedade é a solidariedade que o MST recebe a partir de vários territórios, da construção a partir dos comitês de amigos e amigas do MST, que existe em diversos países, a partir da construção de processos de formação de escolas, principalmente a partir da nossa Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), inclusive enquanto América Latina, antes da pandemia, a gente tinha dois processos, o Curso de Formação de Teoria Política Latino-Americana, uma versão menor e outra versão maior, de 30 a 40 dias e 60 a 70 dias, respectivamente.

Para além dessas experiências, o MST constrói muitos processos de intercâmbio, tanto recebendo organizações que vêm para vivenciar experiências do movimento nos assentamentos e acampamentos, nas cooperativas e nas escolas, como também de militantes do MST que vão vivenciar e conhecer experiências de outros territórios.

Para nós, a luta no campo, a luta pela reforma agrária, não é só uma luta camponesa, é uma luta que interessa à sociedade. E a luta no Brasil não tem impacto só no Brasil, assim como as outras lutas na América Latina têm impacto no Brasil, nossa luta tem impacto em outros países. E por isso é importante que estejamos atentas e atentos, que estejamos prontas e prontos para ser solidário em qualquer situação.

Breve glossário

O baião é um gênero musical e uma dança popular do Nordeste do Brasil, derivado de um tipo de lundu chamado “baiano”. O baião surgiu entre os anos 1940 e 1960 e utiliza os seguintes instrumentos musicais: viola caipira, triângulo, flauta doce e acordeão.

Quilombola é o termo usado para designar a população negra que vive nos quilombos. Seu significado faz referência histórica aos movimentos de emancipação e libertação durante vários séculos e em diferentes países após a escravidão em Abya Yala, enquanto no Brasil se refere à autoidentificação das pessoas que descendem desses povos, que vivem comunidades rurais, periféricas e urbanas caracterizadas pela agricultura, por movimentos políticos e locais pela defesa e integração de seus territórios, e com manifestações culturais que mantêm um forte vínculo com o passado africano. O termo deriva do cañybó tupi-guarani, que significa “aquele que foge muito”.

Esta entrevista faz parte da série “Defensoras. La vida en el centro” [Defensoras. A vida no centro], um trabalho conjunto do Marcha Noticias e da Acción por la Biodiversidad com o apoio da Fundação Siemenpuu.

*A entrevista foi realizada por Laura Salomé Canteros, Camila Parodi e Maru Waldhüter em 2022.

Edição: Laura Salomé Canteros, Camila Parodi e Nadia Fink

Ilustração: Ximena Astudillo

Tradução: Luiza Mançano

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Por Redacción Marcha y BiodiversidadLa (*) | Ilustración: Ximena Astudillo

El 4 de julio de 2021 se realizó la sesión inaugural de la Convención Constituyente, paritaria y plurinacional. Un hito que se dio a un año y nueve meses de la rebelión popular que inició en octubre de 2019 y que evidenció la agresión contra la vida y la pérdida de legitimidad del sistema político que sostiene en ese país el capitalismo neoliberal extractivista. Desde entonces, la renovación adquirió el rostro de nuevos liderazgos populares, quienes asumieron la responsabilidad de redactar la Constitución del nuevo Chile: estudiantes secundarias, feministas y movimiento LGBTIQ+, referentes de organizaciones críticas de los partidos que gobernaron los últimos 30 años y Defensoras socioambientales y de DDHH.

Ese día asumieron 155 representantes, 17 integrantes de pueblos naciones originarias. Los y las constituyentes fueron electas mediante el voto popular conformando el órgano que definirá las bases de una nueva convivencia. Una Asamblea que eligió como primera presidenta a la autoridad y constituyente mapuche, Elisa Loncon Antileo, y que propone reformas integrales para la instalación de un Estado que reconozca y garantice derechos.

Manuela Royo Letelier es historiadora, abogada y docente, política feminista y militante socioambiental, es defensora de los derechos de quienes habitan el territorio del Wallmapu, en la Araucanía, y trabajó fuertemente en esa región por la vida del río Cautín. Dentro de la Convención Constitucional, el órgano encargado de redactar la nueva Constitución de los pueblos de Chile, es coordinadora de la Comisión de derechos humanos, verdad histórica y bases para la justicia, reparación y garantías de no repetición. Desde allí, propone construir un nuevo acuerdo social que supere el modelo neoliberal. Una Constitución que, como dice en sus discursos, “esté llena de cultura, vida, colores, música afro y saberes ancestrales”.

Carolina Vilches Fuenzalida es geógrafa, también es convencional constituyente y vocera del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (MODATIMA). Fundadora de la primera Oficina Municipal de Asuntos Hídricos de Chile, se define como hidrofeminista, que define a las mujeres privadas de agua y cómo responden a mayores autonomías hídricas para recuperar el agua y los saberes ancestrales. Cree que la nueva Constitución debe hacer que el Estado se comprometa a proteger el agua, los bienes naturales, y los declare bienes naturales comunes y colectivos. Además, piensa que poner a la naturaleza en el centro es profundizar la democracia.

Con ellas dialogamos para acercarnos al Chile que camina con la dignidad como destino.

¿Se considera una Defensora de los derechos de la naturaleza, la tierra, las aguas? ¿De dónde es y cuál es el territorio por el que lucha?

Carolina Vilches Fuenzalida (C.V.F.): Claro que sí, me considero Defensora de la vida digna a partir de defender las aguas en el valle de la provincia de Petorca, que habito y he defendido por más de una década.

Manuela Royo Letelier (M.R.L.): Más que una Defensora, me considero una integrante más dentro de un movimiento por la defensa del agua, la tierra, el medioambiente que es el MODATIMA. Soy una más de muchas mujeres que históricamente han luchado por la protección de la naturaleza, los bosques, los ríos y soy también una más dentro de todas las mujeres que consideramos que la lucha por el agua, la recuperación de los ecosistemas y los espacios de reproducción de la vida como son los bosques, los ríos y la tierra es también una lucha feminista.

¿Qué rol juegan los feminismos y la lucha socioambiental en el proceso de esta nueva Constitución? 

C.V.F.: Creo que el ecofeminismo nos permite concientizar la función vital de las aguas relacionando el cuidado de la vida, las personas, la naturaleza a partir del uso de las aguas a las que asociamos nuestra defensa de la vida las mujeres en el movimiento socioambiental por el acceso al agua, la tierra y la protección de los ecosistemas.

Somos mujeres organizadas protegiendo el hábitat, protegiendo la comunidad de agua potable rural, esas mujeres somos las que hoy nos volcamos a las vocerías indignadas y propositivas. Tenemos la convicción de superar la realidad que hoy nos toca enfrentar, vivir en esquemas de dominación, sometimiento y maltrato con la naturaleza, mujeres, disidencias, y que bien sabemos se aborda desde el ecofeminismo, conjuntamente con la ecología política, debemos sacar la voz por la vida, todas las formas de vida, incluyendo la naturaleza, lo que permitirá lograr entornos seguros y libres de violencia.

¿Por qué es necesario descentralizar el poder político y económico? ¿Qué beneficios trae esta iniciativa y cuáles son los principales obstáculos que podrían poner en riesgo su tratamiento y aprobación?

M.R.L.: Es importante descentralizar el poder político y económico porque las decisiones, cuando se toman desde la centralidad, habitualmente son desde sectores urbanos, alejados de las comunidades rurales y de la naturaleza. Muchas veces, el centralismo perpetúa las decisiones y las visiones de los sectores de la élite de la sociedad, de quienes históricamente han reproducido estos patrones de dominación; por lo tanto, el centralismo es la concentración del poder.

Creemos en la redistribución del poder, en la democratización de los espacios y por lo tanto también, en la territorialización de las decisiones. La descentralización trae como beneficios el rescate de conocimientos que son situados en la toma de decisiones políticas en base de las comunidades, en base a una perspectiva y enfoque ecosistémico. Los principales obstáculos obviamente son el centralismo, la concentración del poder y la inercia de un modelo que está diseñado para la acumulación del poder en pocas personas.

¿Encuentra experiencias de lucha afines en América Latina con relación a las luchas que están dando los pueblos de la región? ¿Se identifica en la lucha de otras Defensoras de las tierras, las aguas y los territorios comunitarios? 

C.V.F.: Claro que sí, compartimos con la región de América Latina la necesidad de descolonizar y terminar con el patriarcado feudal que arrastramos desde tiempos de invasión y colonia. Compartimos también la problemática hídrica y la necesidad de proteger las aguas para el ejercicio de los derechos humanos ante el brutal extractivismo neoliberal que nos ha secado y saqueado las aguas. Me identifico con las luchas de los pueblos andinos por el reconocimiento del Buen Vivir, bien común y respeto de los ciclos de la madre tierra naturaleza. Domitila Barrios, Berta Cáceres, etc.

M.R.: Si, por supuesto, tenemos grandes ejemplos de mujeres como Berta Cáceres que luchó por los ríos de su pueblo. Hay mujeres que se encuentran luchando en todo el mundo, por la recuperación y la protección de las aguas, los ríos, la vida porque históricamente hemos sido nosotras las que asumimos los roles de cuidado para los que se necesita agua para criar, cocinar, sembrar; y entonces, nos identificamos unas con otras. Sabemos que estamos en las mismas luchas, cada una con sus especificidades; y aunque las luchas de las mujeres indígenas, negras, rurales no son las mismas que las de las mujeres de la ciudades, sí la lucha por la tierra y el agua es una lucha que nos une a todas y es característica de los nuevos tiempos la protección de la semilla, del agua, de los bosques y también nos une en un trabajo comunitario, de nuevas formas de relacionarnos con la tierra y entre nosotras; por eso nos identificamos en esta defensa.

Esta entrevista hace parte de la serie  “Defensoras. La vida en el centro”, un trabajo conjunto de  Marcha Noticias y  Acción por la Biodiversidad, editado por Chirimbote, con apoyo de la Fundación Siemenpuu.

*La entrevista fue realizada por Laura Salomé Canteros en el año 2022.

Edición: Laura Salomé Canteros y Nadia Fink.

Ilustración: Ximena Astudillo

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Cruzar as experiências das Defensoras dos territórios de Abya Yala com a Mãe África é um desafio e não é nossa intenção forçar relações entre os processos históricos e as resistências dos povos. No entanto, ao ressaltar a continuidade dos modelos coloniais nos territórios de defesa, estamos afirmando uma realidade e a possibilidade de globalizar as lutas. Como disse nossa entrevistada de Moçambique, Teresa Boa: “Com esse diálogo, eu gostaria de conhecer mulheres camponesas de outros países e continentes para trocar experiências e aprender sobre como trabalham na defesa de seus territórios”.

Por Redação Marcha y BiodiversidadLa (*)

Consideramos esta entrevista um ponto de partida e um desafio para a continuidade de nosso trabalho jornalístico; trata-se de uma primeira aproximação a partir da perspectiva da entrevistada. Não queremos olhar ou ler o contexto africano de uma perspectiva latino-americana, nem ignorar o trabalho de vários grupos e coletivos que vêm acompanhando e investigando a questão há anos. Mas queremos ampliar nosso olhar, saindo da zona de conforto de conceitos e perspectivas estabelecidas, para pensar sobre o que acontece em outros territórios.

Chegamos a Teresa através das companheiras da Marcha Mundial das Mulheres, um movimento transnacional que inclui diferentes coletivos e organizações feministas. As companheiras tinham comentado, antes da entrevista, sobre a falta de acesso a direitos básicos, o que dificulta às mulheres rurais comunicar suas realidades. Mas não é só isso, em Moçambique, como em outros países do sudeste da África, a situação humanitária, isso é, as ameaças em termos de conflito social, ambiental e armado, são latentes. Só nos últimos 18 meses, aconteceram seis golpes de Estado no continente.

De acordo com o relatório 2021/2022 da Anistia Internacional sobre a situação dos direitos humanos no mundo, o número de vítimas de violações dos direitos humanos e de crimes de guerra está aumentando, particularmente em Moçambique. Por outro lado, o aumento do deslocamento forçado está impedindo que mais de 3 mil pessoas permaneçam em seus territórios. Desde 2017, a província de Cabo Delgado, no norte do país, se encontra em uma crise humanitária como resultado do conflito armado que deixou a população em meio à violência entre a organização armada Al Shabaab, que está destruindo casas e famílias, matando pessoas e sequestrando mulheres e crianças, que também são vítimas de violência sexual. As forças moçambicanas destacadas pelo governo de Filipe Jacinto Nyusi atacaram as pessoas que deveriam proteger e os agentes militares privados contratados para intervir no conflito como forças especiais, de reação rápida, atiraram indiscriminadamente e fizeram mais vítimas. Esse cenário é agravado pela repressão das manifestações públicas em protesto, pelo assédio contra ativistas da sociedade civil e pela perseguição aos jornalistas. 

Moçambique conta com uma população majoritariamente rural que se sustenta com a organização comunitária e a produção de seus próprios alimentos. Lá, as defensoras, como conta Teresa, são conhecidas como “Paralegais comunitárias”. São elas que acompanham as comunidades na assessoria jurídica de forma voluntária. Teresa desempenha essa tarefa em seu vilarejo, uma comunidade localizada a uns 100 quilômetros da capital, Maputo. Ela acompanha e orienta sobre o cumprimento da Lei de Terras, em particular. Acompanhar e exigir o cumprimento de uma lei de terras em um país onde o modelo de produção avança de forma desproporcional na extração de gás e rubis não é uma tarefa fácil. No entanto, Teresa assume essa tarefa com grande empenho e, além disso, ela encontrou tempo para se comunicar e compartilhar sua experiência conosco.

Qual é sua experiência de luta, quais são suas principais tarefas e como elas estão organizadas em sua comunidade ou território?

Eu sou paralegal de Lei da Terras aqui no meu país. Paralegal é a pessoa que mobiliza as comunidades para mostrar os seus direitos, por exemplo, quando tiram as terras das mulheres rurais, quando ocorre a usurpação da terra das mulheres, eu tenho que fazê-las entender, mostrar o que está acontecendo.

E esse é meu trabalho, eu tenho que mostrar às mulheres a lei que as defende, que é a lei 19/1997, a lei de terras, e tenho que dizer a elas onde devem encaminhar os problemas para poderem recuperar suas terras. Agora faço isso e trabalho com outras associações, articulando o Fórum das Mulheres Rurais a nível de todo o país. 

Agora temos problemas de erosão; com as mudanças climáticas, temos que mobilizar nossas comunidades para que possam estar por dentro dos assuntos, daquilo que fazem com nossa terra e nossos bens naturais, com esse problema das mudanças climáticas, a situação é muito hostil, nossa vida cotidiana foi afetada, temos que seguir as épocas das chuvas para poder fazer as sementeiras.

Estamos organizadas a nível nacional através das associações, fóruns das mulheres, e também da educação das meninas sobre a violência de gênero nas escolas. E todas essas lutas culminam com os trabalhos que as mulheres têm feito em todo o país. Fazemos conferências a nível nacional para concertar estratégias e ações comuns sobre o que o governo aprova e as mulheres moçambicanas não aceitam. Então, quando nós não aceitamos, nos reunimos, discutimos, e realizamos algumas conferências para poder chamar alguns membros do governo e apresentar as nossas preocupações.

 Nos últimos anos, a situação em Moçambique se tornou muito complicada devido ao avanço do conflito armado entre o governo e grupos extremistas e ao avanço do modelo extrativista sobre os territórios. O que significa ser uma trabalhadora rural ou camponesa em um contexto tão hostil?

A situação de conflito no meu país é uma realidade e começou quando o governo aprovou a exploração das minas no rio Rovuma, para extrair gás, pedras preciosas, petróleo, entre outros recursos naturais. Essa situação tem criado conflitos porque há outras pessoas, de outros países, que vem e querem levar nossos minérios sem autorização, e são conflitos sérios. 

Aqui os que sofrem são nós, mulheres e crianças. Mulheres perdem as terras, são deslocadas, vivem em lugares incertos, estão passando mal, sem comida, sem nada, e a guerra não terminou, a guerra continua.

Sobretudo para as comunidades que estão lá em Cabo Delgado, no centro do conflito, realmente elas estão passando mal; também aqui no centro, em Beira, em Manica e em Beira, há problemas de conflitos armados, mas aqui está mais ou menos apaziguado até agora, porque conseguiram raptar um dos líderes.

Essa situação tão complexa e violenta, sobre a qual o governo tenta tapar a nossa vista, têm grupos que vêm da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC na sigla em inglês), da Australia, que mandaram contingentes militares para apoiar e, a partir dali, de quando vieram esses estrangeiros, as coisas estão minimamente resolvidas, mas sabemos que eles têm interesses no território e também nos recursos. Mas isso também foi resolvido, porque alguns desses líderes fugiram e outros morreram por causa da violência armada e terrorista ou porque avançaram para outras províncias. 

Então, apesar da situação atual, a guerra não está terminada, mas estamos a tentar e as mulheres estão a sobreviver. Não sei como, porque há muita gente que está a sofrer por causa dessas guerras e esses conflitos que temos, e isso se deve claramente ao governo que, quando explora esses minérios, não dá às populações uma vida estável. Nós somos extremamente pobres no nosso país, mas ele está cheio de minérios.

 Após a pandemia de COVID-19, a situação da África foi totalmente invisibilizada em outros continentes. Atualmente, a distribuição das vacinas criadas para a erradicação do vírus é muito desigual no mundo e, particularmente na África, apenas 11% da população foi vacinada. Qual é a situação em Moçambique com relação ao acesso à saúde e, em particular, como vocês estão lidando com o vírus da COVID-19 em seu vilarejo?

Sobre a COVID-19, realmente tivemos e temos essa epidemia, sem que ninguém se importe. Mas ela não chegou com tanta agressividade como em outros continentes, como a Europa, e outros tantos. Chegou, mas não tínhamos números muito alarmantes, mesmo assim, para prevenir, o governo teve apoio de outros governos para mandar vacinas, aqui em Moçambique já nos vacinamos, já estamos com a primeira e segunda dose, agora querem fazer a terceira, mas podemos dizer que a situação da covid está controlada.

Houve um tempo, inicialmente, quando chegou a covid, havia um alarme vermelho, mas depois as coisas foram normalizadas. Inclusive o presidente da República anunciou a abertura de todas as atividades, porque a situação está controlada e temos consciência sobre a doença, que ninguém deve viver sem máscaras, que não devemos ficar em espaços aglomerados sem máscara. Estamos nos cuidando, sim, também nos espaços onde damos as nossas palestras, nas nossas comunidades, nas nossas associações, mobilizamos as nossas comunidades sobre isso.

Esta entrevista faz parte da série “Defensoras. La vida en el centro” [Defensoras. A vida no centro], um trabalho conjunto do Marcha Noticias e da Acción por la Biodiversidad com o apoio da Fundação Siemenpuu.

*A entrevista foi realizada por Camila Parodi e Maru Waldhüter em 2022

Edição: Laura Salomé Canteros, Camila Parodi e Nadia Fink

Ilustração: Ximena Astudillo

Tradução: Luiza Mançano

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Por Redacción Marcha * | Ilustración: Ximena Astudillo 

Berta, junto com a comunidade do Rio Gualcarque, se opôs à construção do projeto hidrelétrico “Agua Zarca”, da empresa DESA, em seu território, e por esse motivo foi assassinada por um grupo de pistoleiros contratados pela empresa, com a cumplicidade do Estado hondurenho.

– Foto retirada de Colombia informa

Desde o assassinato em 2016 até os dias de hoje, os povos de Abya Yala têm evidenciado diferentes formas de ameaças e ataques vinculados ao avanço de projetos extrativistas em seus territórios, com consequências que se somam à crise sistêmica exposta pela pandemia de covid-19 e pela crise climática.

Em 2015, Berta recebeu o Prêmio Ambiental Goldman, o maior reconhecimento mundial para ativistas ambientais. Na cerimônia de premiação, a defensora dos rios já previa o contexto atual de crise social e ambiental: “Desperta, humanidade, já não há tempo!”

Durante a última viagem de Berta à Argentina, em 2014, conversamos com ela. Ela explicou, a partir de uma perspectiva de gênero, a situação do povo hondurenho diante do avanço da privatização e da espoliação de seus territórios e bens comuns com a cumplicidade do Estado hondurenho e seu braço paramilitar. Também falamos sobre o lugar das feministas na luta dos movimentos populares, indígenas e camponeses.

Conversamos com Berta em uma pizzaria, em um desses restaurantes emblemáticos localizados na Rua Corrientes, na cidade de Buenos Aires, frequentados na saída dos principais teatros. Mas não tínhamos ido ao teatro, nem saído para passear sem rumo pelas livrarias e lojas de discos da avenida. Não me lembro exatamente, mas provavelmente estávamos saindo de alguma marcha ou talvez da entrega de alguma declaração coletiva à Embaixada de Honduras ou ao Ministério das Relações Exteriores argentino, onde denunciávamos a situação pela qual o país de Berta estava passando.

Quando ela viajava para a Argentina, a Equipe de Educação Popular Pañuelos en Rebeldía coordenava cada momento de visita, cada conversa necessária. Quem frequentava o espaço queria ouvi-la, saber mais sobre aquele país tão distante do qual tínhamos ouvido falar tão pouco na escola. As místicas do espaço Pompeya, a ronda com as Mães da Praça de Maio, as mesas das Feministas em Resistência nos Encontros Plurinacionais, o Tribunal dos Povos contra as Transnacionais, com a presença de defensoras de diferentes territórios, sempre faziam parte da agenda. 

Em cada um desses lugares, quando ela falava, o silêncio imperava. Poucas pessoas como Berta conseguiam expressar a brutalidade sem perder a ternura.

– Foto retirada de Nodal

“Honduras funciona como um encrave, como um laboratório”, concluía Berta ao longo de suas reflexões; um país laboratório no qual são feitos experimentos com a vida dos povos para traçar as melhores políticas de invasão ianque. Ela sabia que poucas de nós poderiam apontar com exatidão num mapa as linhas que delimitam Honduras na América Central. Certamente, as fronteiras e os limites não estavam entre as suas preocupações, mas ela sabia que existiam e que era preciso rompê-los.

Esta entrevista, como estava dizendo, foi realizada em uma pizzaria, com sons e cheiros cotidianos. Era o último dia da visita de Berta e ela tinha falado em diferentes espaços ao longo do dia. Daria apenas para jantar e relaxar, tomar uma cerveja e jogar conversa fora; no dia seguinte, sairia muito cedo para ir ao aeroporto. O descanso era tão necessário quanto as suas denúncias, que se multiplicavam a cada ano, e para nós era urgente comunicar tanta hostilidade. 

Nos aproximamos dela junto com uma companheira, para perguntar se poderíamos realizar a entrevista, tão esperada. Imediatamente, ela nos disse que sim. Pensamos que ficaríamos paradas ali no meio do corredor da pizzaria e que só poderíamos fazer uma ou duas perguntas. Mas não, ela propôs que todas nos sentássemos em outra mesa para poder ouvir com atenção e responder cada pergunta com calma e de forma aprofundada.  

Nós sabíamos, por conversas e trocas em confiança que tivemos, que a situação de Berta em seu território era mais complexa a cada dia. As violências tinham se tornado cotidianas e a comunidade exercia seu direito à autonomia através do controle territorial. O que não sabíamos é que essa seria nossa última noite com ela.

Um ano e alguns meses depois, mataram nossa companheira, nossa irmã. Berta, de palavras serenas e sorrisos de cumplicidade. Berta, a defensora dos povos e dos rios. Hoje somos todas Berta, e isso não é apenas uma palavra de ordem: suas reflexões e lutas percorrem todos os territórios e fomentam a luta por sua defesa. A esperança de Berta nos faz despertar todos os dias, porque, mais cedo ou mais tarde, “vamos consegui-lo”, como o rio lhe disse certa vez.

Camila Parodi, 2022

– Apesar da “mudança de governo”, vemos uma continuidade do golpe de Estado contra Manuel Zelaya em 2009, uma espécie de golpe disfarçado. Qual é o contexto atual no qual o povo de Honduras se encontra diante desse cenário?

– Infelizmente, já tínhamos dito isso, e hoje estamos caminhando para a internalização de um projeto de dominação em Honduras após o golpe de Estado, que não só se expandiu como também se consolidou. E essa consolidação se deu através da implementação de um grau de entrega da soberania, do território e dos recursos naturais a empresas transnacionais, mineradoras, ao setor energético, a muitas empresas turísticas, à exploração das florestas, à exploração de mão de obra barata.

Estamos em um país onde a injustiça social é terrível e as desigualdades são abissais. É um dos países mais violentos do mundo, com a maior taxa de homicídios da região e uma intensa militarização que acompanha todo esse projeto de dominação, que afeta particularmente as mulheres, pois o fortalecimento da militarização significa um maior ataque contra as mulheres em todos os níveis e aspectos que podemos imaginar.

– Foto retirada de Radio Kermese

– Quais são esses aspectos e mecanismos de controle?

– Vivemos num país de enclaves coloniais, onde fomos divididos numa aberração nunca vista em quinhentos anos: a entrega brutal de Honduras naquilo que o Estado chama de zona de empregos e desenvolvimento econômico, popularmente conhecida como “cidades-modelo”. Isso implica a criação de enclaves coloniais, que contarão com seus próprios governos, legislação, medidas de imigração, exército e tribunais, bem como com mecanismos próprios para criar acordos de livre comércio sem passar pelo Congresso Nacional. É uma terceirização da justiça. Os governantes podem ser estrangeiros; e, de fato, alguns já foram escolhidos, o que vai significar a chamada rachadura do Estado hondurenho, pois o transforma em “republiquetas”.

Desde o golpe de Estado vem sendo preparado todo um aparato legislativo para garantir uma “segurança jurídica” a todos esses investimentos através da privatização e da militarização. Assim foram aprovadas medidas e incentivos para investimentos em mineração, extrativismo, turismo, energia, e soma-se a isso a criminalização dos movimentos sociais através de leis como a de inteligência e a de intervenção na comunicação, tanto na pública quanto na privada, todas copiadas da Colômbia. Além disso, as figuras jurídicas utilizadas para nos acusar têm mudado de tal forma que os lutadores e as lutadoras sociais têm que enfrentar situações perante a qual o Estado não é uma instituição que funciona para o povo, com seus graus de impunidade, total falta de amparo e violação dos Direitos Humanos.

Neste contexto, foram aprovadas leis, como a lei de pesca, por exemplo, que oferece concessões para plataformas marítimas, algo impressionante, que nunca tinha acontecido antes, e que entrega as plataformas às empresas petroleiras, como já ocorre. E, no caso dessa lei, ela também vai servir para entregar [as concessões] à grande indústria de camarões, atacando o trabalho dos pescadores artesanais.  

As cidades-modelo são projetadas da mesma forma que há quinhentos anos: da mesma forma como alguns de nossos territórios foram divididos para extrair ouro, enquanto outros para prata, índigo, e fomos sendo divididos em enclaves de frutas, de banana. A mesma coisa está acontecendo agora, especialmente no caso dos povos indígenas Lenca, que são alvos do maior ataque, porque estão exatamente onde existe a maior riqueza.

  ¿O que são as “cidades-modelo”? 

 Em pelo menos três territórios de Honduras, foi implementado o projeto de “Zonas de Emprego e Desenvolvimento Econômico” (ZEDE). São cidades que funcionam com leis, instituições e forças armadas próprias, com o objetivo de atrair investimentos estrangeiros. Para as organizações sociais e indígenas, essa delimitação tem como objetivo construir locais para a instalação de economias ilegais, para o narcotráfico e para a privatização/expropriação de territórios tradicionais.

 

Tudo isso em uma situação econômica dramática, em que mais de oitenta por cento da população vive na pobreza e na miséria, segundo dados do Banco Mundial e da ONU, com uma violência brutal sem precedentes: 89 mortes a cada 100 mil. E em cidades como San Pedro Sula, com menos de um milhão de habitantes, a taxa de mortalidade por assassinato é superior a 180. Em Honduras estamos vivendo uma carnificina humana e isso não é algo isolado, é planejado, é o resultado de uma enorme injustiça social, política e econômica.

 

–Como isso afeta os lutadores e as lutadoras e, em particular, a juventude?

– Os mais atingidos e impactados por essa carnificina são os jovens. Um relatório de organizações de defesa da infância mostrou que quase 400 crianças menores de 18 anos foram assassinadas em Honduras até agora, só em 2014. As taxas de feminicídio, de assassinatos políticos e e assassinatos da população LGBT são brutais. Então vivemos em um país onde ser uma lutadora é muito difícil, onde apenas sobreviver já é um milagre por si só.

    Caravanas migrantes

Desde 2018, milhares de pessoas têm migrado à força pelo recrudescimento das violências em Honduras. As caravanas de migrantes no norte da América Central se deram ao longo dos anos; no entanto, elas ganharam mais relevância em número e frequência nos últimos tempos. Através das caravanas, grupos de migrantes decidiram se deslocar, principalmente a pé, para chegar aos Estados Unidos, atravessando o México. Em resposta a essa ação, o ex-presidente Donald Trump construiu um muro fronteiriço de 3.000 km.

 

–-Nesse quadro, no qual os movimentos visualizam uma tripla dominação capitalista, patriarcal e racista, quais estratégias e alternativas estão sendo construídas a partir do campo popular?

– Neste momento, o desafio enfrentado pelo movimento popular é enorme, porque estamos vindo de um grau de desmoralização bem forte, de um golpe de Estado que não pôde ser revertido e da perda de um partido no qual o povo tinha, de alguma forma, colocado suas esperanças de ter algo diferente. Mas com a fraude, as pressões e a manipulação dos Estados Unidos e da direita, assim como os erros da própria esquerda, ela perdeu as eleições. E o Partido Nacional foi o vencedor, com Juan Orlando Hernández (JOH), que está entregando o país inteiro. Acho que ele é ainda pior do que o Porfirio López, porque era praticamente quem estava no comando e tinha o poder nas administrações passadas, então agora ele só tem que executar, porque já tinha aprovado tudo no Congresso. É por isso que é um grande desafio, porque viemos dessa combinação de desmoralização dramática do povo.

– Foto retirada de Sierra Club

Neste período, estamos na luta pela sobrevivência, na luta para nos manter como organizações perante os ataques produzidos a partir do poder, que é pura contrainsurgência, como nos anos anteriores. Não é verdade que na América Central essas estratégias de contrainsurgência contra os movimentos sociais tenham sido desmontadas. Elas continuam vivas, são sustentadas e financiadas – embora tenham mudado de modalidade para uma ainda mais perigosa. Temos resistências comunitárias a partir das bases, resistências e revoltas nos territórios, de exercício direto da autonomia e do controle territorial. E isso quer dizer que as comunidades fazem um esforço imenso para refirmar, reconhecer e recuperar seus territórios.

–Como no caso do Río Blanco, certo?

–Isso, no setor norte de Intibucá.  Na área da fronteira, os povos indígenas estão numa luta obstinada e direta contra as transnacionais e as empresas da oligarquia hondurenha. Então isso também quer dizer que há um aumento dos riscos e do nível de desproteção diante dos ataques às comunidades, contra os povos indígenas e aos próprios movimentos como o COPINH devido à criminalização instaurada.

-E o COPINH, particularmente, em qual situação está? 

Estamos em um processo de autorreflexão crítica sobre os nossos erros, de ter canalisado o movimento social, em sua maioria, em um processo eleitoral. E isso precisa ser aprofundado, ainda precisa ser amadurecido, mas estamos agora em um contexto de diversas lutas territoriais, com muitas lutas comunitárias e, como consequência, com muita repressão e assassinatos.

E então o grande desafio que temos pela frente é o de voltar a se articular, não apenas através da Frente Nacional de Resistência Popular, mas também através de outro espaço igualmente legítimo que estamos construindo. Acho que reavivar e canalizar a esperança, a convicção de que temos razões para continuar lutando por uma Honduras diferente e refundada continuará fomentando a mobilização popular e a resistência de forma articulada.

-E abandonando a aposta eleitoral?

No COPINH, assumimos uma posição crítica sobre isso, enquanto organização não nos associamos a nenhum partido político, nem queremos aderir a nenhum partido político. Nem mesmo no LIBRES (“Liberdade e Refundação”, um partido político de esquerdas em Honduras), que é fruto da resistência ao golpe, nós poderíamos; escolhemos permanecer como um movimento autônomo e independente, que aposta na luta anticapitalista, antirracista e antipatriarcal. Mas isso não significa que consideramos um erro ter criado um partido, é necessário travar essa batalha. Significa somente que é importante não submeter ou não transformar o movimento social em um apêndice dos partidos políticos. Assim como não abandonar a luta social, que tem propostas políticas emancipatórias.

Assim, seria importante conseguir vincular os objetivos de uma aposta partidária eleitoral definida claramente pela refundação, e não por reformas, com posições como os mandatos das assembleias populares da Frente de Resistências Populares. Se pudermos concretizar e criar realmente uma vontade política de avançar nessa proposta de vida, então, sim, teremos uma possibilidade de convergência. Mas isso não significa que temos que nos casar, mas que devemos manter nossa autonomia, com uma coordenação estratégica, compreendendo que somos diferentes e que podemos convergir se tivermos um projeto de emancipação.

No LIBRES há um debate em curso, um grupo de companheiros e companheiras que estão repensando essas questões, mas claramente há muitos desafios. Separar a liderança das práticas políticas partidárias que questionamos é sempre muito difícil, implica uma revolução em todo esse processo e a formação de uma nova força social, revitalizada, com uma verdadeira proposta para o povo hondurenho, que consiga alcançar toda a injustiça mencionada e com novas práticas políticas éticas que assumam a complexidade e a diversidade que somos, aí está a fórmula para avançar. Que a diversidade seja a riqueza, mas com um horizonte de convergência política claro para desmantelar a tripla dominação que vivemos hoje.

    Xiomara presidenta

    Em Honduras, em 28 de novembro de 2021, foram realizadas eleições presidenciais e Xiomara Castro foi eleita a primeira presidenta na história do país. Sua vitória marca o fim do período político fraudulento e conservador que começou com o golpe de Estado contra José Manuel Zelaya em 2009. Em seu programa, Xiomara Castro prometeu a “refundação de Honduras” e o fim do narcoestado.

    Durante a posse de Xiomara, Berthita Cáceres Zúniga, atual coordenadora do COPINH e filha de Berta, entregou à presidenta a “Vara Alta Lenca”, símbolo de reconhecimento, respeito e autoridade, mas também para reafirmar o compromisso com a organização e o pedido de justiça por Berta Cáceres.

– Foto retirada del Diario La Tribuna

– No momento do golpe de Estado, o lugar das feministas nas ruas foi muito importante e contribuiu muito para o debate interno dentro dos movimentos populares para que assumissem a luta contra o golpe e contra a violência patriarcal. Ao mesmo tempo, nesse processo de transformação se intensificou o questionamento interno sobre a violência machista nos próprios movimentos. Como esse processo está sendo sustentado e qual é o papel das feministas, que foram tão importantes na resistência hondurenha?

– Diante das múltiplas formas de dominação, as lutas das organizações e das mulheres feministas passaram a um outro momento, mas que ainda tem como fio condutor o que construímos após a resistência ao golpe. Nesse contexto, tanto as organizações de mulheres quanto as mistas, as rurais e as urbanas, estão fazendo um esforço para continuar lutando contra o patriarcado, primeiro dentro das organizações do próprio movimento popular, o que, de alguma forma, implementamos. Mas é claro, tem sido muito difícil, e acho que ainda temos um longo caminho a percorrer.

Como mulheres, estamos agora na luta pelos Direitos Humanos, porque a violência contra as mulheres aumentou e agora há mais assassinatos escancarados de mulheres por serem lutadoras sociais. É por isso que agora estamos unindo forças para defender nossas vidas, porque estamos acompanhando todo o processo de criminalização, de cerco e assédio, e de ameaças constantes. Esses são pontos comuns que unem os movimentos indígenas, negros, feministas e camponeses; é por isso que no próximo ano vamos retomar a proposta de refundação do Estado a partir da perspectiva antipatriarcal que nos une.

A partir desse encontro e desse intercâmbio, estamos avançando, criando algo que pode não ser necessário nos contextos de outros países, mas que é necessário no nosso, que é nutrir-se de esperança mais uma vez para contrapor um pouco da desmoralização ocorrida, revitalizar nossa luta e a convicção do que fazemos para tentar retomar uma visão mais atualizada, de acordo com a leitura sobre o que passamos e dos nossos desacertos, para uma nova proposta, retomando o projeto de vida.

A resistência não começou com o golpe de Estado; nós mulheres, mulheres indígenas e negras, temos um século de resistência. Seguimos nos encontrando; como feministas e povos indígenas, temos concordâncias políticas no debate dentro da Frente de Resistência e, como também temos concordâncias na luta antipatriarcal, essa articulação continua sendo sustentada.

– Dada a forte presença feminista na resistência e a tensão com outros setores do campo popular desde o golpe, depois de todos esses anos, o avanço do feminismo dentro do campo popular foi mantido ou houve um retrocesso?

– Houve um pouco de desânimo nos movimentos feministas. Do nosso ponto de vista, também estava presente o medo. Essa desesperança também atingiu o movimento feminista, que também teve diferenças nos posicionamentos sobre a questão eleitoral. Ao mesmo tempo, acho que existem alguns setores que estão voltando agora à via institucional. Embora algumas propostas possam ser interessantes, há também o risco de serem absorvidas pelo governo, pelas instituições oficiais, como no caso da lei sobre os defensores, que decide quem é defensor e quem não é. É muito perigoso. Portanto, existe um debate, algumas discussões e diferenças porque mesmo antes do golpe de Estado já existia essa abordagem, e eu não estou dizendo que ela é ruim em todos os contextos, mas no contexto hondurenho é muito difícil.

Foto retirada de DW

Mas também entendemos que existe uma situação de desespero devido à violência. Mesmo assim, essa dinâmica institucionalizada só aprofunda o buraco da criminalização e da estigmatização, pois aqueles e aquelas de nós que assumimos ser lutadores e lutadoras sociais e indígenas, ao invés de defensores, acabamos sendo tachados de terroristas. Há muitas coisas nas quais é preciso trabalhar e pelas quais temos que continuar lutando. Mesmo assim, no final das contas, com a experiência da luta contra o golpe e a resistência, tendo posições políticas claras sobre a dominação múltipla, acredito que vamos conseguir criar convergências, já que temos mais elementos para concordar do que divergências.

    Justiça Para Berta

 

    Em 5 de junho de 2021, o Tribunal de Justiça de Honduras condenou por unanimidade o ex-diretor da empresa hidrelétrica Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), Roberto David Castillo, como o autor intelectual do femicídio político de Berta Cáceres, ocorrido em 2 de março de 2016.

 

Castillo foi presidente-executivo da DESA e é o primeiro autor intelectual do crime a ser condenado. Através do julgamento, foi possível demonstrar a participação da empresa, em cumplicidade com o Estado hondurenho, no assassinato da defensora dos rios.

 

Em 2019, outras sete pessoas foram condenadas, incluindo Douglas Bustillo, antigo chefe de segurança da DESA, que – de acordo com o Tribunal de Justiça – se comunicava com Castillo.

Foto retirada de Vida Nueva

Esta entrevista faz parte da série “Defensoras. La vida en el centro” [Defensoras. A vida no centro], um trabalho conjunto do Marcha Noticias e da Acción por la Biodiversidad com o apoio da Fundação Siemenpuu.

Escolhemos Berta para dar início à série porque sua luta marcou uma reviravolta na resistência e na defesa dos territórios que têm prosseguido ao longo dos últimos anos.

*A entrevista foi realizada por Camila Parodi e Ana Castillo na cidade de Buenos Aires em novembro de 2014.

Edição: Laura Salomé Canteros, Camila Parodi e Nadia Fink

Ilustração: Ximena Astudillo

Tradução: Luiza Mançano

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Por Redacción Marcha y BiodiversidadLa (*)

Las feministas comunitarias comenzaron a reconocerse como compañeras de lucha en el estallido social recordado como “La Guerra del Gas” que se dio en La Paz en 2003. Una experiencia que nació en las calles y continúa, desde entonces, defendiendo los derechos de los pueblos contra todo tipo de violencia, por la autonomía y soberanía sobre los cuerpos pero también de los territorios. En 2019, tras el golpe cívico, militar, eclesiástico y empresarial contra el gobierno electo de Evo Morales, las feministas comunitarias tuvieron un papel central: se quedaron en las calles y las disputaron, tejieron alianzas sin fronteras para denunciar las masacres y acompañaron a lxs presxs políticxs y a lxs familiares de las víctimas.

Y es que el Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia “no es una teoría, es una acción colectiva”, como sostienen sus integrantes. Es un feminismo que disputa la institucionalidad, siempre atento a despatriarcalizar las relaciones de los espacios políticos pero sin desatender el proceso de descolonización como parte del mismo entramado, implicando entonces la descolonización del propio feminismo hegemónico. Incluso, en el proceso de esta entrevista, nos invitan a reflexionar en torno a las propias categorías y a descolonizar la mirada:

“Las mujeres indígenas, las aymaras en este caso, nos vemos bien defendiendo la montaña, pero cuando queremos pelear dentro del feminismo, cuando queremos discutir dentro de la izquierda denunciándola por colonial, ahí ya no nos vemos bien. Ahí estamos estamos fuera del lugar. Entonces hay una mirada también de nosotras como objeto al definirnos como defensoras”.

Para el Feminismo Comunitario, descolonizar el feminismo es mirar los procesos desde el territorio que se pisa, desde las experiencias de luchas propias. Es dejar de mirar a la historia a través de las categorías e hitos del feminismo eurocéntrico y recuperar la memoria ancestral de los pueblos. Como sostienen nuestras entrevistadas, descolonizar el feminismo “es dejar de pensar desde la dicotomía del colonizador y el colonizado, es dejar de asumir el tiempo como lineal y el pensamiento como superador de las luchas, la clase como explicación suficiente y la posmodernidad como proyecto político. Es volver a mirar al patriarcado en su complejidad”. 

–¿En qué territorio se encuentran? ¿Cómo comenzó el Feminismo Comunitario Antipatriarcal y cuál es su experiencia?

–Nosotras, como organización, estamos en distintos departamentos en Bolivia, tanto en el área urbana como en el área rural, y esto nos ha permitido dialogar y visibilizar las opresiones de una forma más estructural. No hubiera sido posible construir un feminismo comunitario y antipatriarcal si no hubiera sido en un contexto político de cambios en el que ha derivado el Estado Plurinacional. Esta lucha ha sido, sobre todo para nosotras, de recuperación de la dignidad. Allí había que identificar y reconocer al sistema, cómo funciona y es ahí que no se quiere visibilizar al patriarcado. Desde entonces, nuestra tarea ha sido denunciar esta lógica patriarcal en las políticas económicas en el extractivismo. Y por eso también nos hemos planteado, como feministas, siendo parte de otras organizaciones territoriales y sindicales, que no quieren visibilizar esto porque también el mismo sistema hace que tengan que resolver necesidades básicas: casa, comida, justicia pero sin  transformar la estructura. Entonces, en ese contexto de debate político comenzamos a hablar de la descolonización y la despatriarcalización, y hemos podido construir y parir este feminismo. 

En cada territorio en el que estamos hay distintas luchas, pero nos encontramos en esta comprensión del sistema, que no son cuestiones de mala suerte, que no son cuestiones de desinformación, sino que es cómo el sistema opera, cómo el extractivismo destruye los territorios, destruye el cuerpo de las mujeres. Entonces, una de las tareas principales que tenemos es la lucha contra la violencia. Otra dimensión fundamental para nosotras es el feminismo para guaguas (niñeces). En estos 20 años de proceso de cambio en Bolivia, nos hemos dado cuenta también de las lógicas adultocéntricas en nuestra propia organización. Hace algunos años, hemos abierto este espacio del feminismo para guaguas o, más bien, lo han abierto las propias guaguas para discutir ellas también sobre el patriarcado, sobre el racismo y el colonialismo que se reproduce y sigue operando en sus en sus cuerpitos, aunque sean más pequeños, pero viven el mismo patriarcado que vivimos las adultas. Otra cosa fundamental para nosotras es la lucha por la justicia y la memoria. Ahí está la justicia para la masacre del gas en la cual estuvimos y la justicia frente al al golpe al pueblo, que termina en un golpe de Estado y que tiene a todos sus autores intelectuales impunes, libres e incluso siendo autoridades. También, una parte fundamental de la organización es el retorno a la tierra y la recuperación del territorio.

Por ejemplo, yo vivo en en la ciudad de La Paz y la mitad del tiempo en la comunidad de Chaupi Suyo, donde vive mi mamá, ubicada en el Valle Bajo de Cochabamba.Y para ser parte de la comunidad territorial hay que asumir responsabilidades y trabajo comunitario. Y ahí está la discusión sobre si queremos acabar con el patriarcado, quién va a producir lo que comemos mientras tanto; la discusión sobre ser capaces de producir lo que comemos, que es lo principal para ser autónomas de un sistema patriarcal capitalista, colonialista y racista. Entonces, en ese territorio en tránsito, vivimos en la resistencia a vivir en un territorio llamado urbano que no ha dejado de ser un territorio ancestral y también en la necesidad de recuperar este territorio, de producir lo que comemos, de relacionarnos con la naturaleza en una complementariedad, que es lo que se plantea desde la memoria ancestral. La comunidad es nuestra forma de organización, nuestra forma de vida. Nosotras, algunas, somos creadoras de vida y ahí nos asumimos en la construcción de comunidad y no de familia en la reproducción de relaciones que sean comunitarias, que sean de responsabilidad con la vida de las otras. 

Estamos en un momento muy difícil en Bolivia, saliendo de un golpe al pueblo. Es muy difícil la reorganización y la recuperación de las luchas. Recuperarse de ese golpe y de las contradicciones internas en las cuales se ha dado. Dentro de las organizaciones, el cuestionamiento sobre cuáles son los proyectos políticos que tenemos. Y, desde nuestra experiencia como mujeres sobrevivientes de violencia, es más difícil recuperarse de los golpes cuando no hay justicia, cuando hay impunidad.

“El vivir bien no es una utopía: no solo es cuestionar los privilegios, sino destruirlos” 

–Elegimos el concepto de “defensoras” y “guardianas” de los territorios y derechos para hablar del lugar central que tienen las mujeres campesinas, indígenas y originarias en la defensa de los bienes comunes. ¿Qué significa hoy ser defensora en Bolivia y cuál es el escenario al que se enfrentan tras el Golpe de Estado?

–El concepto de “defensora” no es algo que haya estado en nuestras luchas, no es un concepto muy cercano a nosotras. Creemos que mirarnos como defensoras tiene el riesgo de individualizar las luchas. En la masacre del gas, por ejemplo, la resistencia ha sido de todo el pueblo alteño: mujeres, hombres y guaguas. La resistencia al golpe ha sido una resistencia del pueblo. Las mujeres indígenas, aymaras en este caso, nos vemos bien defendiendo la montaña pero cuando queremos pelear dentro del feminismo, cuando queremos discutir dentro de la izquierda denunciándola por colonial, ahí ya no nos vemos bien. Ahí estamos estamos fuera del lugar. Entonces, hay una mirada también de nosotras como objeto al definirnos como defensoras. Pero asumiendo la categoría que ustedes han planteado, que también viene de la memoria ancestral, la palabra guardianas del agua, de los ríos. Pero hay una discusión ahí porque la traducción en realidad no es la traducción de todos los idiomas; en el aymara, por ejemplo, se traduce como la guardiana de los alimentos pero en realidad es la autoridad de la comida, de la producción, la que se responsabiliza en que no llegue la helada, que no entren las plagas, y para eso organiza toda la comunidad. Pero no es eso, no es un trabajo que lo hace solita.

Pero bueno, más allá de esa crítica, qué significa hoy para nosotras ser defensoras después del golpe creo que hay varios escenarios y dimensiones. Primero, en el que nosotros hemos coincidido, como organización, en la defensa de un proyecto político: el proceso de cambio, el vivir bien, se ha puesto en cuestión desde la derecha y desde el fascismo. Los discursos de odio racistas desde esta lógica de que los indios y las indias son ladronas, corruptas. Se ha puesto en cuestión, también, desde dentro de las organizaciones sociales, si es posible vivir bien o si nos toca vivir como se puede nomás, y no hay otra forma. Si realmente se puede vivir fuera del capitalismo o si tratamos de sobrevivir lo mejor posible con las contradicciones internas que se han planteado en el proceso boliviano. Entonces, hemos acordado que el primer territorio de defensa hoy, para nosotras, es el proyecto político del Vivir Bien que se ha construido en estos 20 años, que se ha discutido desde la memoria ancestral. El vivir bien es posible, no es una utopía: significa renunciar a la acumulación de riqueza; no solo es cuestionar los privilegios, sino destruirlos. El proyecto es político y comunitario. Y se quieren la descolonización y la despatriarcalización como prácticas políticas frente al sistema; que no se hacen única y necesariamente desde el Estado, sino que se hacen en cada territorio, desde lo cotidiano. Y eso es lo que creemos que hay que defender, incluso en este momento de muchas contradicciones, frustraciones y de ataques a los cuerpos y a nuestros sueños. Cuando decidimos como pueblos plantear lo que queremos, pues resulta que no solo nos atacan y persiguen sino que nos estrellan en la cara que eso no es posible. Ese es el primer espacio de defensa después del golpe. Las lógicas pueden ser ineficientes dentro del Estado y la corrupción, eso no es responsabilidad de los pueblos. Nos hemos ocupado de cuestionar el nacionalismo y plantear un Estado Plurinacional, de identificar, denunciar, comprender e inventar frente a las lógicas coloniales para hacer procesos de descolonización, personales, territoriales pedagógicos y no nos pueden decir que eso es lo que está mal.

Otro punto fundamental es la lucha contra la impunidad, tenemos una memoria de impunidad como pueblos después de 500 años de colonialismo, después de la Constitución de Repúblicas que también han sido colonialistas, que también han sido racistas, que tampoco nos han visto a los pueblos y nos han robado nuestros territorios en impunidad porque nadie ha sido juzgado. Para nosotras, la lucha contra la impunidad y por la justicia es importante y por eso estamos en ese debate del golpe al pueblo ahora, de que fue genocida y tiene que ser juzgado por un juicio de responsabilidades. Nosotras queremos un juicio para Añez y sus cómplices, para Camacho y Pomar, para todos los que han sido responsables. Eso para nosotras es la defensa de un territorio, la defensa de la memoria, la defensa de un territorio político de luchas y la defensa de una responsabilidad con la vida de los hermanos que han sido asesinados, de las guaguas que han quedado huérfanas.

La otra dimensión es la profundización de este sistema y ahí está la violencia hacia las mujeres. Esa es la lucha territorial que hay que hacer en cada comunidad, en cada barrio, para enfrentar la trata y tráfico de personas, los feminicidios, porque el Estado está desbordado y no es solo en Bolivia. La institucionalidad no puede responder de ninguna forma y no es su prioridad. Y si no estamos vivas, no podemos vivir bien; si no tenemos vida, no podemos luchar, no podemos hacer ninguna revolución frente a la violencia. La defensa de un territorio político común: nuestros cuerpos, que es la vida misma, que es el territorio que habitamos como una comunidad territorial o un barrio.

–¿Encuentran experiencias de lucha afines en América Latina con relación a las luchas que están dando los pueblos de la región? ¿Se identifican en la lucha de otras experiencias de defensa de los territorios comunitarios?

–Nosotras siempre hemos planteado que somos un solo pueblo, entendiéndolo como esa categoría política donde estamos los pueblos indígenas, originarios y campesinos que tenemos una memoria ancestral de vida digna, que tenemos una forma de relacionamiento con la naturaleza. Y nos encontramos en esos procesos políticos que están más allá de las fronteras, así que hay luchas similares por esas memorias que tenemos y porque el sistema tiene formas idénticas de operar, tiene recetas que aplican a los distintos territorios. El extractivismo está en todos los territorios, la forma de ingreso de las mineras destruyendo las comunidades, generando trata, tráfico y prostitución de personas, violencia, consumos de alcohol, eso pasa en todos los territorios; así que nos identificamos en la lucha contra la minería. Aquí contra San Cristóbal, por ejemplo, que es una transnacional minera, que está hace muchísimas décadas y que por lo visto se va a quedar otras tantas en Bolivia, que es muy similar a otros territorios en Argentina y en el Wallmapu, que también tienen que enfrentar a las mineras. Entonces, un primer elemento de coincidencia es esta necesidad urgente de enfrentarnos al extractivismo en sus distintas formas. Aquí acaban una montaña y a los dos meses es un edificio ¿Quiénes son dueños de esas montañas? ¿Por qué tienen que destruirlas en nombre del desarrollo, de la urbanidad, de la arquitectura del progreso y de todas esas lógicas coloniales? Ahí también nos encontramos, y eso está pasando en distintos territorios también: son las formas de operar del sistema patriarcal, colonialista y racista en los territorios de Abya Yala.

En los territorios rurales, pero también en los urbanos, cada vez se intenta profundizar más en el minifundio, en la tierra como propiedad privada y lo mismo en los barrios con la privatización de las calles, de los parques. Entonces, hay más coincidencias de las que pensamos no solo en la región, sino entre lo urbano y lo rural, que siempre intentan dividirnos. Y es sencillo porque hay una lógica colonialista racista y nadie quiere ser una campesina finalmente, nadie quiere ser una india, eso se reproduce ahora en Bolivia también: se habla de lo lindo que es la comunidad, pero nadie quiere hacerla; todo el mundo quiere productos agroecológicos sin pesticidas, pero no los quiere producir ni trabajar la tierra; es más lindo la ciudad y sus edificios con sus títulos y sus universidades. Es necesario construir también un proyecto político en el cual nos podamos encontrar y preguntarnos si ese proyecto político pasa por los Estados, si ese proyecto político pasa solamente por defender unas el agua otras la tierra. Entonces, tenemos o vivimos opresiones comunes en la región frente a este extractivismo, en las ciudades, entre las lógicas transnacionales. Y tenemos una memoria común, por eso tenemos una resistencia también común. Nos falta la construcción de un proyecto político común que vaya más allá de las fronteras, que no solamente se haga toma del poder del gobierno que resulta insuficiente.

“La oposición entre lo rural y lo urbano siempre nos ha parecido un discurso colonial y funcional al sistema” 

–Retomando tu planteo, muchas veces cuando pensamos en la defensa de los territorios nos remitimos a la ruralidad y poco pensamos en los territorios urbanos. ¿Encuentran continuidades de defensa territorial en el mundo más urbano?

–La oposición entre lo rural y lo urbano siempre nos ha parecido un discurso colonial y, además, funcional al sistema. Porque finalmente, qué son las ciudades sino territorios ancestrales ocupados en la colonización y donde se ha obligado a nuestras abuelas y abuelos a migrar para ser explotados en esas denominadas ciudades. Entonces, por supuesto que hay continuidades. En Bolivia todavía es mucho más visible eso porque las denominadas ciudades en su pequeña extensión ya hace un área rural, porque la comunidad habita dentro de la ciudad en su cosmovisión, en sus prácticas culturales, en sus prácticas políticas. Existe una continuidad no solo de lucha; es una continuidad material real de cosmovisiones de memorias, de cuerpos que habitan lo denominado urbano y lo denominado rural, y que ahí nos podemos encontrar y enfrentar esas opresiones coloniales que dividen nuestras luchas.

La ciudad es un territorio ancestral: las luchas que se hacen en la ciudad también son defensas del territorio ancestral, defensas frente a las inmobiliarias, frente a las empresas constructoras que acaban con los cerros, que tapan las lagunas para construir ahí sus condominios. Lo que falta es la articulación territorial para que no sean solamente luchas de pequeños colectivos medioambientales de clase media, sino que se pueda articular con la defensa que está haciendo también el barrio, la comunidad para que no se destruya esa pequeña laguna, ese humedal o cerro. También es extractivismo la imposición de un mundo de consumo sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras cosmovisiones. Hay que repensar un poco las luchas para evitar estas fragmentaciones funcionales al sistema y esa experiencia ha sido posible en Bolivia.

–¿Y cuál es el rol de los feminismos, incluso del activismo LGTBIQ, en la defensa de los territorios? 

–Para nosotras hubiera sido imposible mirar esta complejidad de las opresiones y cómo se juntan el racismo y cómo tiene que ver la trata y tráfico y la violencia hacia las mujeres con el extractivismo, si no hubiéramos construido nuestro propio feminismo. No sé si los feminismos tienen una responsabilidad, pero sí hay una responsabilidad en construir feminismos territoriales, comunitarios, populares, villeros y campesinos; feminismos que respondan a las características del patriarcado en cada territorio. Reivindicamos la palabra con todas las contradicciones y debates que eso nos lleva porque a nosotras nos ha servido para identificar y transformar, en nuestra vida, en el territorio y en la comunidad para vivir de otra forma, para hacer el camino al vivir bien. 

En este feminismo comunitario antipatriarcal, entonces, construimos esa comprensión para defender el territorio porque si no, ¿cómo defiendes si no terminas de identificar cómo opera con los discursos coloniales? Ahí está nuestra discusión frente a este discurso LGBT colonial, que lo plantea también casi como una anécdota casi como una estampita o una fiesta, cuando en la comunidad y en nuestros propios espacios de lucha hemos convivido con otras mujeres lesbianas, trans, de cuerpos plurales, como dicen las hermanas feministas comunitarias en Guatemala, sin que la discusión sea sobre si se incluye o se excluye a las personas trans, a las lesbianas, si son más o menos mujeres, cuando la discusión era qué hacemos frente a la minera que no se va, qué hacemos frente a esta democracia que no nos sirve, qué hacemos frente a la educación que no llega, qué hacemos frente a la lógica racista que se reproduce en la escuela y en la universidad, qué hacemos para conseguir el pan y la comida hoy. Entonces, hay otras problemáticas estructurales que nos encuentran, ahí se construyen feminismos y luchas desde los cuerpos plurales que realmente atentan contra el sistema. La lucha solamente por los derechos o por la denominada inclusión o por la solo visibilidad o reconocimiento no alcanza para acabar con el sistema, porque nosotras realmente queremos acabar con el sistema de muerte. El rol de los feminismos y de las luchas desde los cuerpos plurales tiene que ser alimentar esa lucha antisistémica, antiestructural, de denuncia de los discursos que nos han paralizado, que nos han hecho creer que basta con derechos, que basta con inclusión, que basta con que haya una diputada que sea lesbiana o un diputado que sea gay y eso no significa ni siquiera una transformación institucional del discurso. Entonces, hay una lógica bien colonial en este discurso LGBT que elimina nuestra memoria más ancestral como cuerpos plurales que han estado siempre en la comunidad. 

–Este proyecto, además de indagar sobre la defensa de los territorios en nuestra región, intenta trazar diálogos con África, especialmente con Mozambique, y acercar problemáticas, luchas comunes y re-existencias. El racismo es uno de esos grandes temas comunes, no iguales pero sí comunes. Durante el golpe vimos una explosión de racismo, pero ¿Qué pasó después?

–Al ver cómo operan los grupos armados, el saqueo de las riquezas que hay, de los recursos, es lo mismo que vivimos en el área de Abya Yala. Entonces, un primer diálogo entre los pueblos que han sido sometidos al colonialismo, que han sido saqueados, cuerpos atentados permanentemente por el racismo, es posible y necesario porque somos iguales, porque vivimos opresiones muy parecidas en contextos distintos. Opresiones que pasan por nuestro cuerpo, por nuestro color de piel, por el territorio que habitamos. Además, por la forma en la cual hemos decidido habitar estos territorios: una forma no funcional al sistema capitalista y patriarcal. Entonces cómo operan los grupos armados y cómo es esta una señal de profundización del sistema de ocupación del territorio para todo este saqueo extractivismo, como construir corredores del narcotráfico, es una lógica similar que está pasando tanto en el África, en Mozambique como en el Abya Yala. 

Y nos encontramos con este dolor de que somos las mujeres y niñas, los cuerpos plurales, los más afectados por esa lógica de explotación, esa lógica extractivista, de destrucción del territorio. Aquí en los sectores mineros y en los sectores petroleros, donde antes de que vaya la maquinaria de explotación está el campamento donde hay alcohol, drogas y prostitución de nuestras hijas, guaguas y hermanas, es lo mismo que sucede en otros territorios. Y el racismo ahí es una herramienta, pues, de dominación de los cuerpos y de los territorios, porque cuando vos atentas contra los cuerpos estás atentando contra el propio territorio donde están lo que ha pasado en Bolivia en el golpe. 

Como plantean ustedes, ha sido un golpe racista. Ha sido un golpe de escarmiento. Y eso, por ejemplo, lo vamos a ver en los resultados del próximo censo a ver si aún más del 60 por ciento de la población se continúa reconociendo como aymara o si realmente han logrado golpearnos para restaurar este pacto colonial de negar a nuestros abuelas y abuelos, nuestra cosmovisión, nuestra decisión de vivir sin acumular. Porque ese sentido ha tenido el golpe: escarmentar a las indias e indios que hemos levantado la cabeza para la recuperación de la dignidad,a quienes hemos decidido construir un proceso político para autogobernarnos y autodeterminarnos. 

El golpe no se ha acabado, hay una continuidad de una derecha fascista presente no sólo en la política económica territorial, sino también en los comités cívicos y con autoridades dentro de los espacios institucionales. Como Camacho, que sigue alimentando esa lógica racista legitimando que las indias y los indios después del 19 de 2019 somos unos ladrones, corruptos, donde estemos. Ese es el discurso que han instaurado, incluso se ha profundizado el racismo también dentro de las organizaciones sociales, en la izquierda y el feminismo, que no confían en las indias o los indios porque defienden al gobierno, porque quieren defender al Evo. Esta es la lógica fascista que continúa y entonces hay un atentado contra los cuerpos, la violencia hacia las mujeres es también racista, porque la mayor parte de los feminicidios son de mujeres indígenas que estaban habitando la ciudad, su propia comunidad, o que estaban intentando ser alcaldesas y concejalas. Mujeres indígenas con un lugar en la política. Entonces, en Bolivia se ha consolidado un discurso político racista, donde se les ha invalidado en la política por ser india o indio. 

Sigue habiendo racismo y más bien estamos vetados como indios, como aymaras, porque quienes ahora dicen que son del pueblo, se han desplazado, han perdido la memoria, no hay una memoria de dónde venimos y de donde es nuestra lucha.  Entonces, el racismo claramente se ha profundizado al igual que el ejercicio de poder sobre cuerpos y nuestros espacios territoriales. Se ha profundizado la persecución a las compañeras y compañeros indígenas hoy. Creo que el ataque racista nunca va a acabar, es imposible que pueda acabar porque es una de las armas más importantes para lo que es hoy el ataque a todas las propuestas desde las defensoras y los defensores de la tierra que lo hacen para un bien vivir, para que aún podamos vivir en el territorio, para que no nos conviertan en ciudades solamente entonces creo que el racismo es algo que tendremos que ver cómo desarmarlo como desarmarlo y cómo proponer algo más que no sea subsumido por el sistema.

–Pensando en Francia Márquez en Colombia Marielle Franco en Brasil, Thelma Cabrera en Guatemala, las representantes de las naciones indígenas en la Convención Constitucional de Chile, y relacionándolas con esa reflexión que hacías: ¿Les parece que en Bolivia se puede disputar la institucionalidad estatal, “llenar de otro sentido la democracia”, como dice Francia? 

–Para nosotras, como feministas comunitarias antipatriarcales, el que Francia Márquez esté en ese camino electoral es un acto de dignidad para todas. Creemos que todos los espacios son un espacio de lucha y que, finalmente, cada cual lucha por las condiciones que toca. No están las condiciones perfectas, eso solo pasa en la cabeza de la Academia y de los libros; supongo aquí toca luchar en lo que se pueda en el Estado y fuera del Estado, en la alcaldía o desde las organizaciones, y yo creo que en nombre de la autonomía hay que respetarlas también. Hay que respetar la autodeterminación y el autogobierno de los pueblos y los caminos que deciden tomar. Es muy importante lo que está haciendo Francia, cuando ella le dice al presidente –pero en realidad le dice a la clase política de Colombia y la región– que lo que les molesta es que la señora que les trabaja en la casa pueda ser la vicepresidenta. Es un mensaje para toda la región, como en el momento en el que Evo Morales fue presidente, es muy importante porque ha sido también parte de esa recuperación de la dignidad poder mirarnos en el que resultó ser el presidente después de dos siglos de presidentes empresarios y de oligarcas. 

Lo mismo ocurre con Marielle Franco, que ha disputado también ese espacio territorial. Ahora en cada contexto existen realidades específicas y, en el caso de Bolivia, tenemos aprendizajes específicos sobre esa disputa del Estado. En la Convención en Chile, por ejemplo, sabemos nosotras por experiencia que es importante el proceso constituyente como proceso, como debate e instancia de politización de la sociedad. Aquí en Bolivia, para la Asamblea Constituyente se hacían asambleas en las calles, en los parques, colegios, sindicatos, puestos de venta; todo era una Asamblea Constituyente. En todos los espacios que estaba discutiendo sobre algún artículo, sobre la forma de Estado, sobre los derechos fundamentales. Hay que exigirle a esa institucionalidad que se transforme, que sea distinta, hasta que logremos disminuirla, de tal forma que podamos recuperar nuestra autonomía, autodeterminación y autogobierno. Se puede, desde movimientos sociales, desde la memoria ancestral y un proyecto político sólido con fuerza social con decisión. En el caso de Bolivia, hemos estado por 10 años en las calles, en el proceso constituyente, en las luchas pensando e inventando. Hemos hecho de eso nuestra vida, pero cuando no hay esa fuerza política, son solamente intenciones. Una no hace la revolución sola, eso de que hay un caudillo que puede hacer la revolución no es cierto, se necesitan los pueblos. Para hacer eso que llaman revoluciones se necesitan los pueblos para construir el vivir bien. Desde ahí se puede disputar la institucionalidad, con esa fuerza en Bolivia lo hemos hecho. Lastimosamente, esa institucionalidad también ha podido un poco más que los propios proyectos políticos y ha fragmentado también a las organizaciones,

Pero, en todo caso, lo que yo quisiera decir es que este “llenar de otro sentido la democracia”, como dice Francia Márquez, es posible en determinados territorios según las experiencias de lucha que han vivido y es posible porque la democracia sigue siendo una palabra, una categoría. No es posible hablar de una democracia comunitaria; en Bolivia lo hemos hecho, pero no ha sido suficiente. Está esa democracia liberal. Ya no sólo como categoría, sino como realidad, donde también podría ser el candidato Duque en el caso de Colombia o Camacho acá. Entonces, es posible darle un nuevo sentido a la democracia si realmente hay un proyecto por detrás que se proponga acabar con el patriarcado, construir comunidad y realmente recuperar la vida digna.

Esta entrevista hace parte de la serie  “Defensoras. La vida en el centro”, un trabajo conjunto de  Marcha Noticias y  Acción por la Biodiversidad, editado por Chirimbote, con apoyo de la Fundación Siemenpuu.

*La entrevista fue realizada por Camila Parodi en el año 2022.

Edición: Camila Parodi y Nadia Fink.

Ilustración: Ximena Astudillo

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Por Redacción Marcha y BiodiversidadLa | Ilustración Ximena Astudillo (*)

En enero de 2022 más de tres mil personas se unieron en una asamblea popular para debatir sobre las estrategias para resguardar la zona de la explotación de una empresa minera que aprovechó las restricciones de movilidad por el COVID 19 para ingresar sin obtener la licencia social. La asamblea fue un mensaje hacia las multinacionales, el gobierno y la sociedad, para que empuje las transformaciones profundas a través de la redacción de una Constitución que proteja y garantice los derechos de los pueblos, las mujeres y las personas LGBTIQ+ y que respete los bienes comunes y la naturaleza.

“La única manera de garantizar que nuestros pueblos indígenas y campesinos tengan derechos es con una nueva Constitución”, afirman las Defensoras del Perú. Según reportes de la Defensoría del Pueblo, el país terminó 2021 con 199 conflictos sociales y políticos que agudizan las deudas y las desigualdades históricas, y perpetúan las consecuencias negativas de la separación de los pueblos de los territorios que le proporcionan alimentación, trabajo, identidad y poder comunitario.

Perú se encuentra, al igual que muchos territorios de América Latina y el Caribe, ante desafíos fuera de lo común y en un momento en el que poner la vida en el centro fortalecerá la democracia y la participación. El cambio en el signo del gobierno en 2021, que significó la derrota en las urnas de la sucesora del ex dictador Alberto Fujimori –condenado por delitos de lesa humanidad–, abrió una tímida esperanza. Por eso, en resistencia, pero también en memoria de las que no están –como Cleofé Neyra Neyra, quien en 2005 encabezó una protesta en defensa de los páramos y la actividad campesina–, así emergen las palabras de las mujeres de la zona Macronorte del Perú.

–¿Nos podrían situar en el territorio donde se encuentran, cuáles son las principales tareas que realizan para la comunidad y cuál es su experiencia de organización?

–Nuestras organizaciones, en su mayoría, están ubicadas en territorios de conflictos extractivos. Somos mujeres indígenas, campesinas, ronderas, jóvenes, lesbianas, feministas comunitarias populares que hacemos parte de las organizaciones de los pueblos. Nos articulamos a la Marcha Mundial de las Mujeres Macronorte Perú, y llevamos más de 20 años cuidando y defendiendo el cuerpo-territorio-tierra. Vamos tejiendo la red de la vida, apostando por “Allin Kawsay” o “Buen Vivir” de las mujeres, nuestras comunidades en armonía con la naturaleza. Asimismo, nos articulamos a la coordinadora de organizaciones defensoras de la zona Macronorte del Perú.

Nuestras principales actividades y acciones se orientan al fortalecimiento de las organizaciones sociales autónomas, la articulación de redes desde los territorios, la educación popular feminista y la comunicación popular a través de nuestras escuelas “Lola Burgos” y “Gloria Mosqueira”, que son asumidas por nuestras organizaciones de base, y desde su cotidianidad, su territorio, su contexto, aspiraciones, memorias, luchas y resistencias las llevan adelante.

También realizamos acciones de incidencia ante el Estado y las instituciones competentes para que respeten los derechos ancestrales de nuestras comunidades sobre sus territorios: la exigencia de la anulación de las concesiones mineras en dichos territorios; denunciamos los atropellos, la criminalización y militarización y buscamos la solidaridad internacional. Además, las organizaciones de rondas campesinas que formamos parte de la articulación, administramos justicia en nuestras comunidades, velamos por el Buen Vivir, educamos y garantizamos la paz, el cuidado del territorio en nuestras comunidades. Como acciones, también está la incidencia contra la violencia y pobreza hacia las mujeres, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas. También impulsamos la soberanía alimentaria en nuestros territorios.

“Hemos tomado el acuerdo de defender el territorio hasta con nuestra propia vida”

–Elegimos los conceptos de “defensoras” y “guardianas” de los territorios y derechos para hablar del lugar central que tienen las mujeres campesinas, indígenas y originarias en la defensa de los bienes comunes. ¿Qué significa hoy ser Defensora en Perú y cuál es el escenario al que se enfrentan?

–Las mujeres nos encontramos en primera línea en la defensa de los territorios, enraizadas en nuestras organizaciones: comunidades y rondas campesinas y frentes de defensa. Nuestra acción es colectiva, recíproca y solidaria, bajo la concepción de Pachamama que heredamos de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Somos Defensoras como lo es nuestra organización y quienes la integramos hemos tomado el acuerdo en asambleas de defender el territorio hasta con nuestra propia vida. Existimos por el territorio hace más de cinco siglos.

Actualmente enfrentamos un escenario de disputa permanente por el territorio, dado el modelo económico neoliberal y extractivista que impulsa el gobierno peruano desde hace más de 30 años, impuesto por el ex dictador Alberto Fujimori con la Constitución Política de 1993. En los años siguientes, se flexibilizaron un conjunto de normas que han afectado nuestros territorios colectivos y han favorecido el ingreso violento de las empresas mineras, militarizando territorios, criminalizando la protesta social e inmiscuyéndose en la dinámica interna de nuestra vida en comunidad y en las organizaciones para dividirnos y así debilitar la lucha y la resistencia en un contexto de incremento de las violencias contra las mujeres. Las transnacionales extractivas en alianza con el Estado desarrollan estrategias patriarcales de agudización de las violencias sobre los cuerpos-territorios de las mujeres. La presencia de mineras, petroleras y agroexportadoras trae consigo el trabajo precario de semi esclavitud, el despojo, la trata de mujeres e incremento de la prostitución.

En el Perú existe el Decreto Supremo N°004-2021-JUS, que se supone, busca garantizar la prevención, protección y acceso a justicia de las personas defensoras de Derechos Humanos en el Perú; sin embargo, sentimos que son letras muertas, porque tenemos hermanas que llevan procesos de más de 15 años y aún no adquieren justicia, incluso compañeras que han sido criminalizadas y han muerto sin adquirir justicia y reparación como nuestra Cleofe Neyra Neyra de la Asociación de Mujeres Protectoras de los Páramos (AMUPPA), quien nos dejó su siembra.

A pesar de ello, seguimos firmes en nuestra posición de poner nuestro cuerpo y organización para defender el tejido de la red de la vida, cuidar y proteger la sostenibilidad: el cuidado y la protección de la integralidad de nuestros territorios y comunidades, lo que nos convierte en guardianas de los ríos, bosques, páramos, lagunas, semillas, vida de las mujeres y de nuestros pueblos.

–En enero de 2022 realizaron un paro en demanda de la retirada del proyecto minero AntaKori y lograron la conformación de una comisión que evaluaría los impactos de la empresa en el territorio de Sinchao. ¿Cómo se encuentra la situación en la actualidad y cómo se organizan para frenar el avance de los proyectos mineros en sus territorios?

–Tras reportarse más de 300 niños y niñas con arsénico y otros metales en el cuerpo, animales enfermos –más de 17 mil truchas muertas– producto de la contaminación minera de la cabecera de cuenca en Chugur, las más de 40 organizaciones ronderas, de mujeres, campesinas, de jóvenes de Chota, Bambamarca, Hualgayoc articuladas en el Frente de Defensa de Chugur acuerpadas por la coordinadora de organizaciones defensoras de la Macronorte y la Marcha Mundial de las Mujeres Macronorte Perú, decidimos convocar a un paro indefinido y ocupar la entrada al proyecto minero Antakori para exigir el retiro inmediato de la empresa Anta Norte, en tanto su presencia es ilegítima en territorio. Antes de la pandemia ya había sido desalojada de Sinchao en dos oportunidades. Pero ésta, valiéndose de las medidas de emergencia e inmovilidad social por la COVID-19, ingresó con el aval y corrupción del Estado a pesar de que no tenían licencia social y nuestras comunidades habían rechazado a la minería.

Días después, se tuvo la presencia de una comisión del gobierno en Sinchao (donde se estaba dando el paro). Se comprometieron a investigar la presencia de la minera Anta Norte en el territorio y a buscar todas las herramientas para que legalmente se laexpulse; aunque contradictoriamente el mismo día, una representante del gobierno dijo que no le exigen a su hermano Pedro Castillo –presidente de la República– un “No a la minería” porque si no, lo van a destituir de sus funciones.

Luego, se formó una mesa de diálogo que consideramos es un engaño, ya que en la primera reunión no asistieron, a la segunda llegaron y en la última se acordó darles un ultimátum; en tanto, si siguen “paseando” al pueblo, se retomarán las medidas de lucha hasta las últimas consecuencias y no se parará hasta botar a la minera del territorio. Cada vez más organizaciones de la zona Macronorte nos estamos articulando frente a este proyecto minero, en tanto, no solo afecta a Chugur o Cajamarca, las aguas de esa cuenca van hacia el río chotano y parte desemboca en la represa de Tinajones en Lambayeque, que abastece de agua para consumo humano y agrícola de esa región. Además, que sería la última cuenca de Chugur que se podría salvar aún de la contaminación y destrucción, las demás están siendo destruidas y contaminadas por las empresas mineras Gold Field, Buenaventura entre otras.

Es por ello que, desde nuestros territorios, estamos impulsando procesos hacia una Asamblea Constituyente, en tanto la actual Constitución del 93 entrega nuestros territorios a las trasnacionales. Por ello, la única manera de garantizar que la naturaleza y nuestros pueblos indígenas, campesinos tengan derechos es con una nueva Constitución.

“Es de los momentos de crisis que surgen las revoluciones y es desde los pueblos que se gestan”

–¿Qué significó para las y los trabajadores rurales la candidatura del maestro rural Pedro Castillo y su asunción en 2021 como presidente del Perú? ¿Hubo algún cambio favorable para las poblaciones rurales?

–El Perú se encuentra en una crisis de existencia como país, una crisis de modelo socio-económico; donde el fenómeno de la pandemia y el contexto internacional de guerra agudiza la situación compleja que venimos atravesando históricamente las mujeres y los pueblos del Perú, y mucho más después de la Constitución fujimorista de dictadura de 1993. En ese sentido, poner a Pedro Castillo en el gobierno significó la esperanza de un pueblo, aquel que viene siendo condenado al olvido y a la resistencia por más de cinco siglos de saqueo, violencia, expropiación y criminalización.

Sin embargo, vemos la traición hecha carne. A la fecha no se han revisado los contratos ley que entrega nuestros territorios a las transnacionales extractivas; no hay reforma de los impuestos, los monopolios siguen decidiendo la vida de la gente; no hay reforma agraria, de salud, de educación; no hay nacionalización de los combustibles; y sobre todo, no se ha impulsado una Asamblea Constituyente popular, plurinacional, paritaria, diversa y soberana. Por el contrario, en el Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025 se han priorizado actividades que impulsan el extractivismo como pilar del desarrollo, entre ellos, proyectos mineros que ya fueron rechazados por nuestras comunidades, donde no hay, ni habrá licencia social porque son territorios de comunidades indígenas y campesinas.

La respuesta de las mujeres y del pueblo no se ha hecho esperar, las calles están siendo las interlocutoras con el gobierno. Venimos exigiendo al gobierno de Pedro Castillo que cumpla sus promesas ya que el hambre y la destrucción de nuestros territorios nos está matando. De estos contextos de inestabilidad social, quienes se aprovechan del hambre y la inestabilidad social son la derecha y los grandes intereses. Sin embargo, estamos en un momento histórico para recuperar nuestra identidad, para mantener la memoria histórica, para recoger los aportes de nuestras ancestras y para gestar los cambios que tanto anhelamos, porque es de los momentos de crisis que surgen las revoluciones y es desde los pueblos que se gestan.

–¿Encuentra experiencias de lucha afines en América Latina con relación a las luchas que están dando los pueblos de la región? ¿Se identifica en la lucha de otras Defensoras de las tierras, las aguas y los territorios comunitarios?

–La lucha de las mujeres y la de nuestros pueblos del Abya Yala es la misma, luchamos en defensa del cuerpo-territorio-tierra, por recuperar nuestros derechos ancestrales. Luchamos porque seguimos tejiendo la red de la vida y apostamos por la sostenibilidad de la vida y el buen vivir. Nos sentimos muy hermanadas con la lucha de los pueblos indígenas de COPINH Y OFRANEH en Honduras. Cultivamos las semillas que nos dejó nuestra hermana Bertha Cáceres y recogemos las semillas de nuestra hermana Miriam Miranda, quien pone en el centro el territorio y la organización.

Esta entrevista hace parte de la serie  “Defensoras. La vida en el centro”, un trabajo conjunto de  Marcha Noticias y  Acción por la Biodiversidad, editado por Chirimbote, con apoyo de la Fundación Siemenpuu.

*La entrevista fue realizada por Camila Parodi en el año 2022.

Edición: Laura Salomé Canteros y Nadia Fink.

Ilustración: Ximena Astudillo

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Por Redacción Marcha y BiodiversidadLa (*)

En el país del Amazonas, el pulmón de la humanidad, luchar contra las violencias del modelo establecido por la agroindustria en detrimento de los saberes de las comunidades y el bienestar del ambiente es urgente. Pero también histórico. El MST surgió en el período 1970- 1985; precisamente, tras el proceso de concentración de grandes extensiones de la tierra en manos de pequeños grupos de la sociedad, situación que provocó el empobrecimiento de las y los pequeños campesinos y propietarios. Una respuesta de articulación territorial del movimiento de reforma agraria que se consolidó en un congreso celebrado en enero de 1985 con la participación de 1500 delegados de todo el país.

“Cuando la gente se despierta, ya estamos al pie del fuego, que lentamente convierte el agua en café, la masa en cuscús, el arroz en baião, el pensamiento en palabras y gritos y peleas. ¡Estamos despiertas!”. Con estas palabras se difundió en marzo de 2022, la “Carta abierta de amor y de lucha de las mujeres sin tierra”, un registro audiovisual de la resistencia de los últimos años. “¡Estamos despiertas”, dicen las mujeres del MST, en acción contra los extractivismos que se traducen en transgénicos y en venenos sobre la comida. “Nos fortalecemos para luchar por nuestros cuerpos y nuestra tierra”, afirman en la Carta, un grito colectivo de furia pero también de alegría convocado al calor de los tambores ancestrales para la supervivencia de los pueblos indígenas, las quilombolas y la agricultura familiar.

En Brasil hay quienes se organizan por nuestras vidas: son Defensoras afrodescendientes, indígenas, migrantes, negras, LGBTIQ+ y alzan la voz por las que cargan las marcas de las violencias y la pobreza producto de la desigualdad. El MST realiza hace décadas un llamado a la organización para dar vuelta las condiciones de propiedad: “ni somos de los varones ni nuestra tierra es de las grandes empresas en manos de las minorías blancas y ricas”. En sus actividades hay amor, felicidad y potencia para transformar el mundo. En los campos y las ciudades se lucha por territorios libres para disfrutar de la vida, la música y la poesía. Por tierra, trabajo y el derecho a existir. Sobre esto dialogamos con Lucineia Miranda De Freitas.

Para comenzar, ¿nos podrías situar en el territorio que te encuentras, cuáles son las principales tareas que realizan allí desde el MST y cuál es tu experiencia en la organización?

Me llamo Lucineia Freitas, vivo en el estado de Río de Janeiro hace cuatro años. Soy del estado de Mato Grosso, son dos situaciones muy diferentes, porque Mato Grosso es un estado al interior del país, más agrícola, y Río de Janeiro está en el litoral, más urbanizado, pero con una agricultura muy importante. En el MST, colaboró en el sector de género y ahora estamos enfocadas en la construcción de la “jornada de las mujeres”, que va del 7 al 11 de marzo. Este año formó parte de la dirección nacional del sector.

Elegimos tomar el concepto de “defensoras” y “guardianas” de los territorios y derechos para hablar del lugar central que tienen las mujeres  campesinas, indígenas y rurales en la defensa de los bienes comunes. ¿Qué significa hoy ser defensora en Brasil y cuál es el escenario al que se enfrentan?

Aquí estamos dando un debate entre los pueblos del campo, pueblos originarios, quilombolas [comunidades rurales ancestrales afrodescendientes], campesinos, ribereños. En Brasil existe la designación de “pueblos del campo, de las aguas y los bosques” como guardianes. Entre estos pueblos, las mujeres tienen un papel central en el proceso de organización de las comunidades para las resistencias necesarias. Y para nosotras, en la coyuntura de Brasil, ser defensora es hacer frente a un proyecto de avance permanente del capital sobre los territorios, ya sea los demarcados o en los territorios donde se lucha por lograr que haya más zonas de asentamientos o campamentos.

Ser Defensora es repensar el propio proceso de la producción agrícola, la producción en la agricultura, desde una perspectiva de la agroecología, comprendiendo que supone una ruptura con un modo de hacer agricultura que viene de la revolución verde y nos permite repensar la relación con la naturaleza y el medio ambiente. Y la agroecología, al permitir que repensemos las relaciones con la naturaleza, también nos pone [la tarea] de repensar las relaciones humanas que se organizan desde nuestro círculo familiar hasta nuestras relaciones sociales en la comunidad, como las cooperativas, los sindicatos, las escuelas.

Ser Defensora en el actual escenario brasileño es un proceso muy peligroso, hay un incremento constante en el número de casos de violencia en el campo, lo que afecta sobre todo a los pueblos indígenas, pero también a los campesinos de modo general, incluso las mujeres. Y en este momento de ofensiva, la violencia viene tanto de procesos de empresas privadas, como la invasión de grileiros [acaparadores de tierras] y mineros ilegales como del Estado con los desalojos autorizados durante la pandemia.

¿Qué es el sector de géneros del MST? ¿Cómo es la situación de los movimientos campesinos con respecto al acceso a la tierra, la reforma agraria y el reconocimiento de los derechos en el marco del gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro?

El sector de género del MST se conformó en el año 2000 a partir del planteamiento de que era necesario repensar las relaciones de género dentro del movimiento, y que no era una tarea de las mujeres, sino que debía involucrar a toda la organización. La presencia de las mujeres en el MST es un hecho, siempre estuvieron presentes, desde las primeras acciones en la década de 1980. Sin embargo, había una distancia entre estar en la vida cotidiana del movimiento y en los momentos de enfrentamiento y estar en los espacios de toma de decisiones. Fue precisamente para romper con esta división que las mujeres comenzaron a organizarse, hasta que se constituyó el sector de género y la paridad en los espacios de decisión del movimiento.

Desde la construcción de la “Jornada de Lucha de las Mujeres”, también profundizamos en el estudio de la perspectiva del feminismo, no de un feminismo único, sino de sus múltiples posibilidades. Y como mujeres de la vía campesina, construimos el concepto de feminismo campesino y popular. Hoy nosotras, como mujeres sin tierra, nos reconocemos como mujeres feministas, construimos el debate práctico y teórico del feminismo campesino popular en esta articulación de La Vía Campesina, tanto a nivel nacional como en La Vía Campesina a nivel internacional, y construimos con las mujeres urbanas y las organizaciones de mujeres de la clase trabajadora urbana otras perspectivas de lucha que implican la cuestión de los derechos de las mujeres en su conjunto.

Aquí en Brasil tenemos dos consignas: “sin feminismo no hay agroecología”; y “sin feminismo no hay socialismo”, desde el entendimiento de que o el feminismo es una bandera asumida por las organizaciones que se proponen cambiar las relaciones productivas y a partir de ahí tienen que pensar también en las relaciones reproductivas, o no habrá transformaciones.

La explotación minera, el desmonte y el agronegocio avanzaron notablemente sobre los territorios y bienes comunes. Asimismo, las resistencias de los pueblos indígenas y campesinos han advertido y desafiado al gobierno por este saqueo.  ¿Qué experiencias y respuestas organizadas podrías compartirnos ante este contexto?

En el último período, desde 2015 particularmente, con las acciones que antecedieron el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff, la lucha por la tierra en Brasil se volvió muy difícil. Y se ha vuelto más difícil en general y especialmente para las mujeres. Algunas políticas para las agricultoras, que fueron muy importantes para su proceso de organización interna, como el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), que impulsaba la producción diversificada en sus patios, fueron suprimidas bajo el gobierno de Michel Temer (2016- 2018) y esto tuvo un fuerte impacto en la autonomía financiera de las mujeres.

Bajo este programa, el Estado adquiría la producción directamente de las y los agricultores familiares, con reparto directo en las escuelas, residencias de ancianos, hospitales o para familias en situación de vulnerabilidad. Así se compraba una producción diversificada y de temporada y no era necesario que fuera la misma producción todo el año, algo que no está presente en la práctica de las mujeres. A nivel legal, hay logros en cuanto al acceso a la tierra en Brasil, como la titulación a nombre de una pareja, una mujer y un hombre, y también está la prerrogativa de la titulación a nombre de parejas homosexuales, dos mujeres, dos hombres. No hay decreto ministerial, pero ya está consolidado. Sin embargo, en los últimos cuatro años, en realidad, no hubo asentamiento de familias ni demarcación de territorios quilombolas o indígenas. No existe un decreto del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) para los casos de parejas homosexuales. Así que cada pareja tiene que realizar un proceso individual, pero ya tenemos consolidados casos.

En los últimos dos años, pese a los ataques, logramos resistir a algunos desalojos que iban a afectar a una gran cantidad de personas, como un campamento del MST en Minas Gerais, el Quilombo Campo Grande, donde viven 450 familias y que, a través de la solidaridad de la población urbana e internacional, logramos impedir con la policía ya en la entrada. En este periodo también profundizamos la construcción de la unidad en algunas agendas importantes, de la resistencia al avance del fascismo a la denuncia del racismo y también en los procesos de formación y estudios que nos preparan para el momento subsecuente. Orgánicamente y considerando además un periodo histórico más largo, avanzamos en la constitución de un colectivo LGBT+ para pensar en una población que ha sido invisibilizada en el campo; y en el periodo más reciente, en los últimos 4 años, en la constitución de un colectivo para pensar las relaciones raciales vinculadas a la cuestión agraria.

En lo que respecta al sector de géneros del MST conocemos su experiencia de bloqueos a las empresas del agronegocio cada 8 de marzo. ¿Cómo surgió esa acción y qué impacto genera?

Nosotras organizamos los 8 de Marzo desde los años 90, pero inicialmente eran actividades, encuentros de formación y estudio; no tenían este carácter de enfrentamiento y lucha directa contra el capital. A partir de los años 2000, junto con los cursos de formación, con esos encuentros de estudio, empezamos a organizar acciones públicas para denunciar el avance del capital en el campo y la violencia contra las mujeres. El año 2006 marcó un hito en el proceso de lucha del 8 de Marzo porque se inició con el avance de las plantaciones de eucalipto en diversos territorios, sobre todo indígenas en Espírito Santo, pero también de interés para la reforma agraria por tratarse de tierras públicas en la región sur. Construimos la primera acción de confrontación directa con el capital al ocupar la planta de Aracruz Celulose, donde se desarrollaba un experimento con eucaliptos transgénicos.

Esta acción tuvo un gran impacto y repercusiones, tanto por parte de quienes criminalizaron las intervenciones de las mujeres, como internamente, porque fue algo que construyeron las propias mujeres, por lo que se criticó que era necesario involucrar a toda la organización para poder responder colectivamente a las críticas externas y enfrentarlas. Varias compañeras fueron enjuiciadas en ese momento; sin embargo, éste fue un hito muy importante porque, desde entonces, nos dimos cuenta de que no hay forma de poner en la agenda la participación política, el combate a la violencia contra las mujeres, sin enfrentar y denunciar al capital en este proceso. Así que desde entonces estamos armando el debate sobre el feminismo campesino y popular porque en esos momentos de confrontación al capital es cuando nos articulamos también a través del feminismo.

En 2022 hay elecciones en Brasil y son muy claras los dos proyectos que competirán en ellas. ¿Qué lectura hacen de este proceso electoral y cuáles son los posibles escenarios que se podrían abrir para ustedes?

Ojalá que los vientos favorables de América Latina soplen en Brasil este año. Pero sabemos que será un proceso muy difícil la campaña electoral; aunque las encuestas demuestren la victoria de Lula da Silva, no creemos que este proceso esté consolidado o decidido. Como MST tenemos una definición política de que las elecciones y la derrota de Bolsonaro son las agendas centrales para este 2022 desde la comprensión de que en el proceso de resistencia subsecuente solo habrá victorias si logramos derrotar a Bolsonaro en las urnas.

Entonces, tenemos dos definiciones que son muy importantes; la primera, la de [disputar] las elecciones parlamentarias en los estados y nacionalmente con la presentación de algunos militantes del MST como candidatos. Y la otra decisión que corresponde a la participación, junto con los demás movimientos que forman parte del comité “Fuera Bolsonaro”, de construir comités populares para la campaña electoral. Y creemos que en la segunda vuelta, el segundo semestre, la fuerza política de la militancia de base estará implicada de algún modo en el proceso electoral, en las acciones de la campaña política.

También planteamos que los daños que sufrimos con Bolsonaro aún estarán presentes por algunos años, como el incremento de la violencia social como los crímenes de racismo y feminicidios, contra la población LGBT+, y en las acciones de desmantelamiento de las leyes ambientales y sociales en este periodo. Tardará algunos años para que volvamos a encontrar el camino; pero en este momento el objetivo es derrotar a Bolsonaro en las urnas.

¿Encuentran experiencias afines en América Latina con relación a las luchas que están dando los pueblos de la región?

El MST tiene dos experiencias de solidaridad que son fundamentales para pensar la unidad. Una de las experiencias son nuestras brigadas de solidaridad, con militantes del MST o de la Vía Campesina en este proceso de articulación y que intervienen en otros territorios. Hoy, en América Latina, tenemos una brigada en Haití, que trabaja en el proceso de organización de la producción a partir de las experiencias de nuestras cooperativas y en la agroecología, y tenemos brigadas en Venezuela con la misma perspectiva de organización de la producción. Tenemos una brigada menor en Cuba, con esta perspectiva de articulación, de pensar estratégicamente también la lectura de América Latina desde este territorio.

El otro campo de la solidaridad es la que el MST recibe desde diversos territorios, desde la organización de comités de amigos y amigas del MST, que existen en varios países a partir de la construcción de procesos de formación en las escuelas, sobre todo desde nuestra “Escuela Nacional Florestán Fernandes”, incluso como América Latina, antes de la pandemia, teníamos anualmente dos procesos, el Curso de Formación en Teoría Política Latinoamericana, una versión menor y otra mayor, de 30 a 40 días y 60 a 70 días, respectivamente. Además de estas experiencias, el MST construye múltiples procesos de intercambio, ya sea acogiendo a organizaciones que vienen a vivenciar las experiencias del movimiento en los asentamientos y campamentos, en las cooperativas, en las escuelas, o con militantes del MST que van a vivenciar y conocer experiencias en otros territorios.

Para nosotras y nosotros la lucha en el campo, la lucha por la reforma agraria no es solo una lucha campesina, sino una lucha que interesa a la sociedad. Y la lucha en Brasil no tiene impactos sólo en Brasil, así como otras luchas en América Latina tienen impacto en Brasil, nuestra lucha tiene impacto en otros países. Por eso es importante que seamos conscientes y nos dispongamos a ser solidarios ante cualquier situación.

Esta entrevista hace parte de la serie  “Defensoras. La vida en el centro”, un trabajo conjunto de  Marcha Noticias y  Acción por la Biodiversidad, editado por Chirimbote, con apoyo de la Fundación Siemenpuu.

*La entrevista fue realizada por Laura Salomé Canteros, Camila Parodi y Maru Waldhüter en el año 2022.

Edición: Laura Salomé Canteros y Nadia Fink.

Ilustración: Ximena Astudillo

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Cruzar las experiencias de las Defensoras de los territorios del Abya Yala con Mamá Africa es todo un desafío y no es nuestra intención forzar relaciones entre los procesos históricos y las resistencias de los pueblos. Sin embargo, al evidenciar la continuidad de modelos coloniales en los territorios de defensa enunciamos una realidad y la posibilidad de globalizar las luchas. Como nos dijo nuestra entrevistada de Mozambique, Teresa Boa: “Con este diálogo, me gustaría conocer mujeres campesinas de otros países y continentes para intercambiar experiencias y saber cómo hacen su trabajo en la defensa de los territorios”.

Por Redacción Marcha y BiodiversidadLa (*)

Tomamos esta entrevista como un punto de partida y un desafío para la continuidad de nuestra labor periodística, se trata de un primer acercamiento desde la perspectiva de la entrevistada. No queremos mirar ni leer el contexto africano desde una perspectiva latinoamericana, tampoco desconocer el trabajo de diversos grupos y colectivos que acompañan e investigan hace años la temática. Pero sí nos animamos a ampliar la mirada, salir del confort que tiene sus conceptos y perspectivas establecidas, para pensar qué pasa en otros territorios.

Llegamos a Teresa a través de las compañeras de la Marcha Mundial de las Mujeres, un movimiento transnacional que incluye diferentes colectivos y organizaciones feministas. Las compañeras nos anticiparon la falta de acceso a derechos básicos que dificultan a las campesinas la posibilidad de comunicar su realidad. Pero no sólo eso, en Mozambique, al igual que en otros países ubicados al sureste de África la situación humanitaria, es decir, las amenazas en términos sociales, ambientales y de conflictos armados, están latentes. Tan sólo durante los últimos 18 meses acontecieron seis golpes de Estado en el continente.

Según el informe 2021/2022 de Amnistía Internacional sobre la situación de derechos humanos en el mundo, particularmente en Mozambique crece el número de víctimas por violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra. Por otra parte, el incremento de desplazamientos forzados que impide a más de 3 mil personas permanecer en sus territorios. Desde 2017 la provincia de Cabo Delgado, al norte del país, se encuentra en crisis humanitaria producto del conflicto armado que deja a la población en medio de la violencia entre la organización armada Al Shabaab que arrasa viviendas, familias, asesinando personas y secuestrando mujeres, niños y niñas, víctimas además, de la violencia sexual. Las fuerzas mozambiqueñas desplegadas por el gobierno de Filipe Jacinto Nyusi atentaron contra quienes debieron proteger y los agentes militares privados contratados para intervenir en el conflicto como fuerzas de reacción rápida dispararon indiscriminadamente y ocasionaron más víctimas. A este escenario se suma la represión a manifestaciones públicas de protesta social, el hostigamiento a activistas de la sociedad civil y la persecución a periodistas. 

Mozambique cuenta con una población mayoritariamente rural que subsiste por la organización en comunidad y la producción de sus propios alimentos. Allí las Defensoras, nos cuenta Teresa, son conocidas como “Paralegais comunitarias”. Son quienes acompañan a su comunidad en asesoramiento legal y jurídico de forma voluntaria. Teresa tiene esa tarea en su aldea, una comunidad ubicada a unos 100 kilómetros de la ciudad capital, Maputo. Particularmente acompaña y asesora en lo que respecta al cumplimiento de la Ley de Tierras. Acompañar y exigir el cumplimento de una ley de tierras en un país donde el modelo productivo avanza de manera desproporcionada en la extracción de gas y rubíes no es una tarea fácil. Sin embargo, Teresa la asume con mucho compromiso y no sólo eso, también se toma el tiempo necesario para comunicar y compartirnos su experiencia.

¿Cuál es su experiencia de lucha? ¿Cuáles son sus principales tareas y cómo se organizan en su comunidad o territorio?

Soy una paralegal de la ley de tierras en mi país. Una persona paralegal es aquella que moviliza a las comunidades para enseñarle sus derechos, por ejemplo, cuando se les quita la tierra a las mujeres rurales, cuando se les usurpa la tierra a las mujeres, tengo que hacerles entender, mostrarles lo que está pasando. Y este es mi trabajo, enseñarles a las mujeres la ley que las defiende, la 19/1997, la ley de tierras, y decirles donde deben presentar sus problemas para que puedan recuperar sus tierras. Ahora me dedico a eso y trabajo en cooperación con otras asociaciones, articulando en el Foro de Mujeres Rurales a nivel de todo el país. 

Ahora tenemos problemas con la erosión de la tierra; el cambio climático, y tenemos que movilizar a nuestras comunidades para que sean conscientes de estos problemas, de lo que están haciendo con nuestra tierra y bienes naturales, con este problema del cambio climático la situación es muy hostil y se ha afectado nuestra vida cotidiana, tenemos que atenernos a las épocas de lluvia para poder sembrar.

Nos organizamos a nivel nacional a través de asociaciones, foros de mujeres, y también a través de la educación de las niñas sobre la violencia por razones de género en las escuelas. Todas estas luchas culminan con el trabajo que las mujeres han realizado en todo el país. Celebramos conferencias a nivel nacional para acordar estrategias y acciones comunes sobre lo que el gobierno aprueba y las mujeres mozambiqueñas no aceptan. Así que cuando no aceptamos, nos reunimos, discutimos y celebramos algunas conferencias para poder convocar a algunos miembros del gobierno y presentar nuestras preocupaciones.

Durante los últimos años la situación de Mozambique se volvió muy complicada por el avance del conflicto armado entre grupos extremistas y el gobierno y el avance sobre el territorio del modelo extractivo. ¿Qué significa ser trabajadora rural o campesina en ese contexto tan hostil?

La situación de conflicto en mi país es una realidad y empezó cuando el gobierno aprobó la explotación de minas en el río Rovuma para extraer gas, piedras preciosas y minerales, petróleo, gas entre otros recursos naturales. Esta situación ha creado conflictos porque hay otras personas, de otros países, que vienen y quieren llevarse nuestros minerales sin autorización y son graves. 

Aquí quienes sufrimos somos las mujeres y los niños y las niñas. Las mujeres pierden sus tierras, son desplazadas, viven en algunos lugares inciertos, están sufriendo, sin comida, sin nada y la guerra no terminó, continúa. Sobre todo para las comunidades que están ahí, en Cabo Delgado el centro del conflicto, están sufriendo mucho; aquí en el centro también, en Beira, en Manika y Beira, hay conflicto armado, pero la situación aquí por ahora se encuentra más o menos pacificada, porque lograron secuestrar al líder de la misma.

Esta situación tan compleja y violenta que, desde el gobierno tratan de tapar nuestra vista, tienen grupos que vienen de la Comunidad de Desarrollo de África Austral  (SADC por sus siglas en inglés), Australia, que enviaron contingentes militares para apoyar, desde entonces, cuando vinieron estos extranjeros a las cosas están mínimamente dirimidas pero sabemos que tienen intereses sobre el territorio y los recursos igualmente. Pero también se ha resuelto, porque algunos de los líderes huyeron, otros murieron a causa de la violencia armada y terrorista o porque otros se trasladaron a otras provincias. 

Entonces si bien esta es la situación actual, la guerra no ha terminado, pero lo estamos intentando y las mujeres estamos sobreviviendo. No sé cómo, porque hay mucha gente que está sufriendo a causa de estas guerras y de que tengamos estos conflictos pero esto claramente se debe a que el gobierno, cuando explota los minerales, no les da a las poblaciones una vida estable. Nuestro país es extremadamente pobre, pero está lleno de minerales.

Tras la pandemia por COVID 19 la situación de África fue totalmente invisibilizada en los otros continentes. Al día de hoy la distribución de las vacunas creadas para su erradicación es muy desigual en el mundo y, particularmente en África tan sólo un 11% de su población fue vacunada. ¿Cómo es la situación de Mozambique con respecto al acceso a la salud y, en particular, cómo afrontan desde su aldea el virus del COVID 19?

Sobre la Covid-19, realmente tuvimos y tenemos esta epidemia sin que a nadie le importe. Pero, sin embargo, no llegó con tanta agresividad como en otros continentes, como Europa, y otros. Llegó, pero no hubo cifras muy alarmantes, pero para prevenirlo el gobierno tuvo el apoyo de otros gobiernos para enviar vacunas, aquí en Mozambique al menos ya nos hemos vacunado, ya estamos con la primera y segunda dosis, ahora quieren hacer la tercera, pero podríamos decir que hoy la situación de la covid está controlada.

Hubo un momento, inicialmente, cuando llegó la covid, hubo una alarma roja, pero luego las cosas se normalizaron. Incluso el Presidente de la República anunció la apertura de todas las actividades porque la situación está controlada y estamos conscientes de la enfermedad, de que nadie debe vivir sin mascarillas, de que no debemos estar en espacios con aglomeración sin mascarillas. Nos estamos cuidando, sí, y también en los espacios en que realizamos nuestras conferencias, en nuestras comunidades, en nuestras asociaciones, movilizamos a nuestras comunidades sobre ello.

Esta entrevista hace parte de la serie “Defensoras. La vida en el centro”, un trabajo conjunto de Marcha Noticias y Acción por la Biodiversidad, editado por Chirimbote, con apoyo de la Fundación Siemenpuu.

*La entrevista fue realizada por Camila Parodi y Maru Waldhüter, en 2022

Edición: Laura Salomé Canteros, Camila Parodi y Nadia Fink

Ilustración: Ximena Astudillo

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