¿Es el default el peor escenario posible? Una radiografía sobre la deuda externa, sus prestamistas y las posibles salidas a una deuda odiosa que ahoga al pueblo.

Por Julio C. Gambina | Foto de Juan Noy

Resulta de interés desmitificar algunas cuestiones que se instalan como sentido común generalizado, como en el caso del temor al “default”. Podemos escuchar a muchos analistas sobre la gravedad de que la Argentina caiga en “default”, ya que ello supondría un conjunto de males, como quedar aislado del mercado de capitales. No hubiese estado mal haber quedado afuera de ese mercado antes del ingreso de los 44.100 millones de dólares desembolsados por el FMI, ya que los destinos de esos recursos fueron en su mayoría a la fuga de capitales: cancelación de deudas previas, remesas de utilidades al exterior o directamente la constitución de activos en el exterior.

El préstamo del FMI no sirvió a ninguna causa o reivindicación social, sea activación de la economía, del mercado interno, la promoción del empleo o garantizar derechos: salud, educación, energía, etc. Solo sirvió para satisfacer la demanda de ganancias de los sectores hegemónicos de la economía en el país. Por esto es que sostenemos que la deuda con el FMI es una deuda odiosa, aun cuando en su último informe, luego de la auditoria entre el 15 y 19 de febrero pasado, se afirme que se trata de una deuda “no sostenible, ni económica, ni políticamente”.

Existe temor al incremento de la protesta social, no solo por el repudio al FMI y a la deuda, sino al ajuste necesario para pagar la deuda pública, sea ahora o luego de una postergación, por muy larga que esta sea, que en la lógica del gobierno supone patear los vencimientos para el próximo gobierno. No solo se trata de las jubilaciones, sino de los salarios y la eliminación de la “cláusula gatillo”, más aún cuando vuelve a hablarse de actualizaciones de tarifas de servicios públicos antes de mediados de año.

Para no entrar en “default” en 2018 se solicitó ls asistencia financiera del FMI. ¿Con qué beneficio para la sociedad?. En definitiva, se trató y se trata de profundizar la hipoteca sobre el conjunto de la sociedad, profundizando una inserción subordinada de la Argentina en el sistema mundial. Al auditar el préstamo a mediados del 2019 sostuvieron desde el Fondo que todo estaba bien. Ahora dicen lo contrario.

¿Es creíble el FMI? En realidad, lo que pretende es cobrar sus acreencias y por eso pretende descargar cualquier costo sobre sobre otros acreedores. A su vez, estos acreedores y sus voceros sugieren que el FMI desembolse el remanente del préstamo de 57.000 millones de dólares, casi 13.000 millones de dólares, y de ese modo atender los vencimientos, o parte de ellos, durante el presente año. Entonces sí, luego, negociar plazos, intereses o quizás una quita del valor nominal de los títulos de la deuda pública. Razonan que sería un buen mensaje hacia los “mercados”, o sea, hacia los especuladores.

Resulta de interés desenmascarar esta situación y, al mismo tiempo, señalar que otras dificultades o situaciones se crean a partir de confrontar con especuladores y tenedores de la deuda pública.

¿A quién se le debe?

Según la información oficial, al tercer trimestre de 2019 la deuda bruta del país ascendía a 311.251 millones de dólares, el 91,7% del PBI[2]:

116. a) 116.592 millones a Agencias del Sector Público (37,5% del total).
117. b) 121.979 millones de dólares al Sector Privado (39,2% del total).
118. c) 72.679 millones de dólares a organismos multilaterales y bilaterales (23,4% del total).
119. d) Se completa el 100% con 2.406 millones de dólares de deuda elegible pendiente de reestructuración (0,8% del total).

El FMI viene sustentando la posición de que el costo de cualquier renegociación debe recaer sobre el resto de los acreedores, menos los organismos internacionales. Por eso, la deuda con el FMI y otros organismos no está sujeta a default o quitas de capital o intereses, por lo que el costo deberá recaer, sostienen, sobre privados, incluso válido también para el sector público local que actúa como acreedor: ANSES, Banco Central, etc.

Es interesante por lo tanto diferenciar la deuda a acreedores y discutir el carácter odioso de la deuda con el FMI. Una deuda que, como sostuvimos, no sirvió para satisfacer necesidades sociales. Si es odiosa podría sustentarse la anulación de la misma, algo que el FMI no aceptaría y, con él, los sectores que dominan el Directorio: en primer lugar, EEUU, sumado a los principales países del capitalismo desarrollado, en tanto principales accionistas del organismo mundial.

Por lo tanto, cuando se alude al default es bueno discriminar quiénes son los tenedores de los títulos, siendo necesario identificar adecuadamente quienes son los titulares que remiten a “agencias del Sector Público”. Anticipo que no se debería “defaultear” deudas con el ANSES, afectando las disponibilidades para la seguridad social.

Una cosa son los acreedores privados reunidos en fondos de inversión transnacionales que operan en todo el mundo, y muy distinto es un tenedor particular con relativa escasa capacidad de inversión en títulos de la deuda,. Ni hablar del ANSES u otros organismos estatales.

En términos muy generales, la cesación de pagos (default) involucraría a un 62,7% de la Deuda Bruta Nacional, que expresa algo así como el 42,6% del PBI de la Argentina. Recordemos que el sector privado acumula un 39,2% y los organismos internacionales, entre los que está el FMI, alcanzan al 23,4%. Es deuda de la Administración Nacional, lo que no incluye a la deuda provincial. Quedarían afuera del default algunos pocos inversores minoristas y las agencias del sector público asociadas a la seguridad social y al desarrollo de una política soberana.

La lógica imperante en el gobierno apunta a resolver rápidamente un aval del FMI con postergación de vencimientos para el próximo gobierno y un rápido acuerdo con los acreedores privados, que según el cronograma difundido operaría hacia fines de marzo. Más allá de lo perentorio, el gobierno pretende no verse obligado a un default ante la imposibilidad de cancelar los vencimientos desde abril próximo.

En definitiva, la gran duda es si el default es impuesto por el atraso en los acuerdos con los acreedores o si se deriva de una decisión política para sumir otro rumbo que trasciende el fenómeno del endeudamiento y se proyecta al conjunto de las relaciones económicas.

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¿Qué podría ocurrir ante un default?

El antecedente es el 2001. Por un lado, el país dejó de pagar desde el 2002, hasta los canjes de deuda, unos 8.500 millones de dólares anuales de intereses de la deuda. Mientras, se sostuvieron los pagos a los organismos internacionales. Además al FMI se le cancelaron 9.500 millones de dólares en 2006.

Si el país venía pagando 12.000 millones de dólares anuales en 2001, al año siguiente y en default, todo se redujo al pago de 3.500 millones de dólares por año, liberando recursos para otros destinos. El canje 2005 otorgó tres años de gracia, con lo que volver a pagar fue un problema desde 2008. El segundo canje ocurrió en 2010 y, por ende, la regularización de pagos llevó aproximadamente una década. Constituyó un gran alivio para las cuentas fiscales y para implementar políticas activas de promoción del mercado interno. Solo el 2009 fue un año recesivo, asociado a la crisis mundial.

La primera década del Siglo XXI estuvo asociada al default. Sin embargo, puede contabilizarse como dato esencial la recuperación de la actividad económica, el empleo y la mejora relativa de los ingresos populares, complementada con la generalización de una política social masiva. Es cierto que además del cierre financiero existieron dificultades en el área comercial y en el abastecimiento de algunos insumos externos, pero el cierre del mundo exacerbó la potencialidad de la actividad local y desafío a una estrategia de nuevos vínculos internacionales, en un tiempo de mejoras relativos de los precios internacionales de exportación y de procesos de cambios políticos en la región.

Pagar la deuda en nuestros días demanda, en promedio, unos 50.000 millones de dólares anuales. El superávit comercial del 2019 alcanzó casi 16.000 millones, según informa el Ministerio de Economía[3]. Claro que es un año excepcional, producto de la recesión y, por ende, se explica más por la baja de importaciones que por un boom exportador. En este siglo, solo en 2002, 2003 y 2009, el saldo fue levemente superior. Argentina no acumula grandes saldos en su comercio exterior. Para pagar deuda no alcanza con los superávits comerciales de la Argentina, por lo que se necesita el ingreso de divisas, sea por inversiones, préstamos o la venta de capital público.

El momento no es el ideal para el ingreso de inversiones, salvo que el país asegure profundas y reaccionarias reformas laborales, junto a diversos atractivos fiscales, comerciales, etc., a los inversores internacionales. Es un diagnóstico valido para la región y el mundo, en un momento de desaceleración de la economía mundial, incluso de China y de India, que ralentiza aún más el crecimiento económico. Ni hablar de nuevo endeudamiento, desaconsejable aun si eventualmente la tasa de interés bajara a los niveles actuales en el mundo desarrollado. ¿Venta de capital público? Esto sería preocupante, sobre todo cuando el país está en la mira por sus reservas en hidrocarburos no convencionales o en las de litio.

Argentina no puede y no debe pagar, por eso debe encarar el proceso de investigación a fondo de la deuda, suspender los pagos y discriminar a la deuda según sus tenedores y diferenciar el rumbo a seguir.

¿A qué atenerse?

Una línea política de confrontación con el FMI y los acreedores privados asociados a la especulación transnacional augura las complejidades que se les presentan a todos los procesos que intentan rumbos de autonomía y manejo soberano de su política. Entre otros, hay que preguntarle a Cuba lo que supuso su proyecto revolucionario. La respuesta la tenemos en el bloqueo genocida. Pero también ocurre con Venezuela y las sanciones agravadas recurrentemente por parte de EE.UU. y su impunidad global. Es la historia de todos los procesos que en la región y en el mundo intentaron caminos de autonomía e independencia. Por eso no alcanza con una política firme sobre la deuda. Se requiere ir más allá y proponer cambios estructurales en el modelo productivo y de desarrollo.

Si la auditoria y la suspensión de los pagos es lo primero, luego corresponde reestructurar el orden económico y social en su conjunto, lo que supone discutir la producción y circulación de bienes y servicios. En ese marco debe definirse la política económica: fiscal, monetaria, crediticia, cambiaria, de ingresos, de inserción internacional. No es sencillo transitar un rumbo de autonomía, más aún con la hegemonía política existente en los países limítrofes. Pero no existe otro camino, ya que la subordinación a la lógica de dominación derivada de cumplir con la deuda condena al país a la profundización de la dependencia y al empobrecimiento de la mayoría de la población.

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Por Iván Barrea y Francisco Cantamutto

Enseñanzas del estallido

La noche del 23 de diciembre de 2001, en sus primeras horas como presidente interino de la Nación, Adolfo Rodríguez Saá anunciaba el cese del pago de la deuda frente a un Congreso que estallaba en aplausos. El mandato del Adolfo solo duraría 6 días más, la presión popular pudo más que el interinato otorgado por el Congreso y el Adolfo dejó el bastón presidencial, que terminaría en manos de Eduardo Duhalde. Sin embargo, el cese de pagos de la deuda externa se mantuvo hasta 2005, cuando se completó un masivo canje (el más grande hasta entonces en el mundo).

Ante una cesación de pagos, hay varios efectos que se desatan con inmediatez. El más destacable es el cierre del financiamiento externo, previa disparada de la tasa de interés y el riesgo país, indicador fetiche de expertos y no tanto. Pero, ¿para qué necesitamos financiarnos externamente? El factor principal en un momento como el fin de la Convertibilidad o los últimos años del macrismo es que se toma deuda para pagar deuda. La bicicleta gira y mientras nos preguntamos si fue primero el huevo o la gallina estamos tomando deuda para pagar la deuda que tomamos para pagar la otra deuda que no fue la primera ni la última. Según un artículo de la BBC allá por el 2015, la deuda defaulteada por Argentina en 2001 era la más grande de la historia. Es decir, el primer efecto de no pagar la deuda es dejar de tomar deuda para pagar la deuda que ya tenemos. O peor aún: no es necesario ajustar al pueblo para ahorrar el dinero que debemos pagar externamente.

Sin embargo, hay otros usos para el financiamiento externo. Por un lado, evitar la fuga de divisas que efectivamente fue el motor de endeudamiento de Macri: tomar deuda a mansalva para sostener un dólar estable, mientras inversionistas se benefician de las altas tasas de interés, superior al 70% durante los años cambiemitas. Claro que esto es solucionable con políticas restrictivas a la entrada y salida de capitales, contrarias a las que implementó el gobierno saliente. Por otro lado, el financiamiento es necesario cuando hay un desequilibrio en la balanza comercial, es decir, cuando se importa más de los que se exporta.

Sin entrar en detalles engorrosos, el default del 2001 decretado por Adolfo Rodríguez Saá correspondió con una de las épocas de mayor bonanza de la economía argentina. Entre 2003 y 2007, el PBI creció entre 8% y 9%, índices inéditos para la historia económica argentina. A su vez, este crecimiento fue acompañado de políticas redistributivas y de expansión del consumo interno mediante mayores ingresos y planes sociales ante un pueblo que juntaba sus propias cenizas. Si bien el boom sojero puede explicar gran parte de la expansión del PBI, fue la libre disponibilidad de reservas la que permitió establecer una política expansiva en lo social.

La expansión de la economía argentina entre 2003 y 2007 está indisociablemente vinculada a esta cesación de pagos, que involucró a la mitad de la deuda pública. La otra mitad había sido parcialmente regularizada a través de reestructuraciones en 2001, además de contar con la continuidad en los pagos a los organismos internacionales, algo que no se interrumpió en ningún momento. Además de la brutal pulverización de los salarios y la suba de los precios internacionales de los productos que exporta el país, la cesación parcial de pagos permitió liberar recursos externos y fiscales para impulsar la economía. De hecho, una vez reestructurada la deuda, el peso de los pagos de intereses comenzaría a presionar las cuentas externas y las finanzas públicas de modo incremental. Es decir, fue la cesación de pagos lo que ayudó al crecimiento, y no su reestructuración.

La deuda externa no es solo una promesa de pago. La deuda externa compromete la soberanía económica y política de un país, implica priorizar el uso de reservas y de ingresos impositivos para hacer frente a los acreedores y, sobre todo, implica postergar cualquier necesidad y urgencia ante la prioridad de hacer frente a las obligaciones internacionales.

¿Dónde estamos parados?

La economía post Cambiemos presenta un panorama alarmante. El irresponsable endeudamiento durante los cuatro años de Mauricio Macri, sumado a la complicidad del Fondo Monetario Internacional otorgando el monto más grande de deuda de la historia del organismo en un préstamo fraudulento, elevaron el peso de la deuda en el presupuesto a niveles insostenibles. Al asumir la gestión cambiemita, el peso de la deuda en el presupuesto nacional era de 8%. En 2020, el presupuesto estima que este número alcanzará el 20%. ¿Qué significa esto? Que cada $100 que gasta el Estado, $20 serán destinados para pagar solamente intereses de la deuda. Esta partida presupuestaria es mayor a las de salud, promoción y asistencia social, educación y cultura, ciencia y tecnología, trabajo, transporte, vivienda y agua potable juntas. A esto, hay que sumar que el cronograma de pagos es tan ajustado que se estima que con los compromisos de deuda establecidos a este momento, sería imposible que durante el segundo semestre se pueda hacer frente a esos pagos.

Otro aspecto a destacar es la imposibilidad de realizar roll-over, es decir, seguir tomando deuda para pagar deuda. Los niveles de riesgo país y de tasa de interés que maneja la economía argentina son muy similares a los de un posible default: no hay credibilidad de que, en caso de tomar deuda, la economía argentina haga frente a esos pagos, sumado al hecho de que el FMI ya hizo las veces de prestamista de última instancia y todo lo que venga después será catalogado de riesgo muy alto.

En este contexto quedan solo dos salidas. Una es reestructurar la deuda -bajo el control del FMI-, priorizando el extenuante calendario de pagos a costa de dilatar cualquier recomposición en los ingresos a partir de salarios, jubilaciones y planes, así como también cualquier reactivación económica del mercado interno y la industria. La otra opción que cada vez suena más fuerte en Balcarce 50 es anticipar que no se va a hacer frente a las obligaciones con los acreedores externos, activar medidas redistributivas y de recomposición del ingreso, aceitar la maquinaria productiva y prepararse para generar los ingresos necesarios para hacer frente a los acreedores.

Sin embargo, merced de una gigantesca maquinaria comunicacional, la declaración de la cesación de pagos aparece como un tema tabú. Su sola mención desata los pavores más atroces, incluso entre sectores populares o progresistas, que no tienen ningún vínculo directo con el negocio de la deuda externa. ¿Por qué este vínculo no podría discutirse, apareciendo como el único contrato que no puede vulnerarse? Existe una sensación de salto al vacío, innecesariamente riesgoso, que atrapa a grandes contingentes de organizaciones y referentes en un debate que ya tiene la cancha marcada: discutir la forma de pago, jamás la relación de deudor-acreedor. Llamativamente, como muestran estudios de miradas políticas opuestas (ver acá o acá), el default está lejos de ser una excepción en las finanzas mundiales y lejos, también, de ser un problema irresoluble o una traba para los países.

Hoy mismo Argentina enfrenta un alto nivel de intereses y costos financieros asociados, con lo cual el default no generaría un impacto superlativo en este punto, aun pudiendo encarecerse más. Si esto introduce dificultades en las grandes empresas internacionalizadas deberán ser motivo de un debate respecto de la orientación y propiedad de esas grandes empresas, que hoy están mayormente destinadas a la extracción de rentas ligadas a recursos naturales o favores estatales. Las posibles dificultades con el financiamiento para el desarrollo de ciertos organismos multilaterales debe poder discutirse recurriendo a otras fuentes en conflicto con la arquitectura financiera hegemónica: ¿o acaso no es pensable financiarse con otras bancas para el desarrollo? Finalmente, temerle a la agresiva agenda de los países centrales es una amenaza real, pero queda atrapada en la lógica del posibilismo en márgenes cada vez menores.

Un default eleva los problemas de los acreedores (incluyendo el FMI), que ven desvalorizado su activo y lo obliga a aceptar mayores concesiones. Esto puede llegar a ocasionarles problemas de flujos de fondos que aceleren sus decisiones. Además, les vuelve co-responsables en la atrocidad cometida con las políticas financiadas, con plena información de lo que hacían. La categoría de deuda odiosa aplica al caso: el default permitiría detener la fuga de recursos y proceder a una auditoría que determine los desfalcos cometidos.

Es necesario encarar un debate real sobre este yugo que se yergue ante nuestras espaldas.

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