Por Romina Pezzelato y Débora Cerutti

El viento ronda la casa donde habitan Modesta y Mario. El polvo que levanta nuestro andar tiene el color del calor. Los hornos de ladrillo funcionan a pleno sol, en esa zona árida del sur del valle de Traslasierra. En uno de los parajes del pueblo de La Paz, habita una familia que no se silencia, que marcha, que exige justicia. Llegamos junto a Roxana Bonafont. Ella, con mirada clara, sus palabras precisas y sus gestos de amor, acompaña a la familia Gerónimo Polijo desde hace dos años. En medio de un dolor que nos entraba por la piel, procuramos sombra y silencio. Dispusimos las sillas. Rondamos el inicio con cautela. Mantuvimos la conversación con cuidado. Con delicadeza.

Saber. Tan simple como eso. Saber dónde está Delia: “Durante dos años estamos llevando este dolor. No podemos olvidar, siempre queremos saber, ver qué pasó con ella. Está muerta, está viva, pero saber”, nos dice Mario, papá de Delia.  

La búsqueda de Delia Gerónimo Polijo toma las calles aún en pandemia. En esta pequeña localidad de poco más de mil habitantes,  Mario comienza diciéndonos que hasta hoy, no saben nada. No duda de que no van a olvidar, ni quedarse atrás. Que van a seguir reclamando por esta lucha hasta el último, hasta saber qué pasó con su hija.  La pregunta que moviliza a todo el valle del oeste cordobés sigue sin respuesta: ¿Dónde está Delia?

Delia, ¿dónde está?

Llegamos en los días previos al segundo 18 de septiembre en el que Delia no está. Dos años de su desaparición y un mundo de interrogantes plagados de rumores, de incertezas. La pregunta permanente pulsa la angustia y el caminar exigiendo respuestas.

Ir a la casa de Delia, era de por sí desafiante. Reconocer los caminos por donde ella transitaba. El ingreso al predio de los hornos en los que trabajan Mario y Modesta. La casa, su casa que se presenta ante nuestros ojos por primera vez. Pasar por la cancha de fútbol en la que jugaba con sus amigos y amigas. Avanzar ahí, en su ausencia misma. En donde Delia no está.

“Delia es hermosa, ¿saben?. Delia es hermosa, por fuera y por dentro. Sus compañeros y compañeras de la escuela la amaban. La habían elegido como reina de la primavera. Pero esa primavera no hubo festejo, hubo marcha…”. La voz de Camila, una adolescente de la misma edad de Delia, suena en el spot que se grabó para acompañar y difundir las acciones de esta semana en la región. 

Delia del amor

Nacida en La Paz, a lo largo de los años fue tomando un carácter cariñoso y parlanchín. Mario esperó su nacimiento afuera de la sala donde estaba Modesta, temblando de ansiedad. Delia nació de un parto doloroso y fue recibida con mucha alegría. Su mamá la parió hace 16 años. Ella nos cuenta que a sus hijas, las quiere a toditas por igual. Y que su dolor, que es mucho más grande que el de cualquier parto, no va a cesar hasta saber qué pasó con su hija, dónde está. 

Delia era muy inteligente nos dice Modesta. Recuerda que la ayudaba a cocinar, a cuidar sus hermanas y hermanos. No quería faltar ni un día a la escuela ni dejar de cumplir con su tarea: “Era muy alegre ella. Partidos de fútbol hacía ella. A María Elena [una de sus hermanas] le gustaba mucho jugar. Se juntaban en la canchita”.

Delia tenía una compañera no vidente que vive en Loma Bola. Eran muy amigas, dice Roxana. Y recuerda su testimonio cuando contó que a Delia le decían la topadora: “cuando corría jugando a la pelota no la podía parar nadie. Tenía mucha fuerza, era muy solidaria”.

Sopita, arroz y papa son las comidas que Delia cocinaba, recuerda su mamá: “Ya estaba aprendiendo a cocinar bien. Preguntaba en qué te ayudo mami, hago esto, voy a cuidar bebé. Me hacía jugar, bromear, sabíamos cantar, me decía ´te lo canto mami´. Cuando recuerdo, gran pena me da”.

Cronología de la desaparición

18 de septiembre de 2018. El horario de salida de la escuela de Delia era a las seis de la tarde. Ese día les estudiantes se retiraron a las 16 horas, pero sin darle aviso a las familias. Mario nos cuenta que el día en que desapareció su hija, no habían recibido ninguna notificación: “Siempre mi hija Delia nos mostraba la notita y a ´esa hora voy a salir´ nos decía. La estábamos esperando a la hora que tenía que salir, pero no estaba más”.

A partir de ahí, comenzó la búsqueda. Fueron hasta la plaza principal del pueblo. La buscaron de nuevo por el barrio. Caminaron los 300 metros que Delia recorrió sola antes de llegar a su hogar. La distancia que siembra las preguntas. ¿Qué pasó en ese trayecto? ¿Quién se le acercó y se la llevó a plena luz del día?

Rondando la tardecita Mario y Modesta realizaron la denuncia y toda la comunidad de La Paz comenzó a recorrer campos, a hurgar en rincones, a rastrear pasos, a gritar su nombre esperando un eco que permitiera al menos advertir su presencia. 

Para Mario, la policía actuó muy mal desde el principio. “En esos tres días tenían que trabajar bien para saber todo. Ahora ya es medio complicado. Por eso ahora nos está llevando tan largo tiempo”, dice.

Roxana se suma a la reconstrucción de esta cronología: “El 19 empieza a venir la policía, un helicóptero. Al principio se organizaron por familias para recorrer el campo cercano a donde había sido vista por las compañeritas por última vez. La primera marcha fue el 20”. Sostiene las palabras conteniendo el llanto y recuerda también que ella junto a otras personas estaban en un paraje contiguo a La Paz que se llama La Guarida, lugar donde se la vio a Delia por última vez y donde se encontraron algunas de sus pertenencias. 

Recuerda que había algunos carros de bomberos estacionados con personal arriba de los mismos. Esperando no sé qué, dice Roxana: “Nos dejaron entrar sin tocar nada, pero a eso de las 17 nos hicieron salir porque venía una perra (una división de canes para buscar indicios de Delia). Esa noche cortamos la ruta porque la perra no llegaba. A mí me hicieron responsable del corte. Como para asustar a toda la comunidad, tratándome de rebelde”.

Un suicidio que suma silencio al silencio

El 23 de diciembre de 2018 Anabel Pereyra, vecina de La Guarida, se dirigió a la comisaría con un amigo de la familia a radicar la denuncia en contra de Mauro Martínez (27) por violencia de género. Él había estado presente en esas primeras horas desestimando los recorridos que se proponían para los rastrillajes.  

Anabel declaró que Martínez, en medio de una discusión que sostuvieron, le confesó alcoholizado y afectado por el consumo de drogas, la amenazó con tirarla “al pozo de Pinocho” como había hecho “con la boliviana” en referencia a un pozo de agua en la que habría arrojado el cuerpo de Delia.

En la jornada siguiente, día de inicio de la apertura de temporada en la localidad de La Paz, Mauro Martínez apareció ahorcado. En su casa encontraron su ropa quemada, la que habría utilizado en el día que Delia desapareció. Pertenencias de Delia. Los peritajes oficiales informaron que él se suicidó. De esa línea de investigación, se desprenden muchas dudas:  “Él no aclaró nada. De la noche a la mañana apareció ahorcado, no sabemos muy bien. La señora fue a declarar todo, y parece que el jefe de personal de la Municipalidad llevó a declarar. No sé si es verdad o es mentira. Todo eso a veces me llega al corazón”, afirma Mario. 

Los rumores hablan de “desprolijidades” en la investigación del suicidio. Entre La moto de Martínez apareció en un basural, lo que impidió el correcto peritaje de evidencias, por ejemplo.

En la zona en la que se encuentra el campo de “Pinocho” (Paraje La Guarida)  hay alrededor de 60 pozos. Se realizó un rastrillaje en el que no se obtuvieron resultados relevantes, pero Mario y Modesta desconocen si fueron rastrillados todos. “Son pozos perforaciones, chicos de tamaño, pero profundos. De los que se hacen para buscar agua”, afirma Mario. ¿Qué sabía Mauro Martínez?, ¿quiénes más lo sabían? ¿había intenciones de hacerlo callar?

La casa de la “Niña Nieves”

“Hasta ahora dos años pasó y no hay ningún detenido en La Paz. Eso me duele, me enoja, no hay ni una desde aquel día que desapareció mi hija, no hay ningún sospechoso ni detenido”, dice Mario. Y continúa: “Está por acá nomás mi hija. Alguien sabe de acá del pueblo y no quiere hablar” (Mario Gerónimo Polijo) 

A mediados del año pasado, cobró fuerza la hipótesis de que Delia había permanecido en una casa “abandonada” en el bajo de Corralito (paraje cercano a La Guarida) conocida como la casa de “Niña Nieves”, mujer fallecida, casa contigua a la casa de los hermanos de Anabel.

En La Paz es un secreto a voces que en esa casa había trabajadoras sexuales y se hacían fiestas clandestinas. Sin embargo, no fue hasta meses después que se allanó el lugar y se obtuvieron evidencias de la presencia de Delia allí, pero a la fecha se desconocen los resultados.

¿Qué pasaba en la casa de “Niña Nieves”?, ¿Quiénes la administraban?, ¿Quiénes la frecuentaban?, ¿Quiénes estaban ahí en los días cercanos a su desaparición?, ¿Por qué nadie habla?, ¿Qué dicen las autoridades locales respecto al funcionamiento de este espacio en una localidad de mil doscientos habitantes?

Ni Mario ni Modesta saben con certeza qué pruebas se obtuvieron en el lugar:  “No sabemos quién nos hace daño. Nuestro sueño, hasta las últimas, es saber quién nos hizo daño, a dónde fue, dónde está”. La familia de Delia está convencida de que hay muchos silencios en el pueblo. Que alguien sabe y no quiere hablar:  “está por acá nomás mi hija. Alguien sabe acá en el pueblo”. 

Desde el primer día de la desaparición hasta la actualidad hay gente del pueblo que acompaña a el reclamo por verdad, memoria y justicia. Que ayudan y acompañan la búsqueda. Pero “hay algunos vecinos que capaz se molestan cuando salimos a marchar, yo así lo siento. Varios vecinos que saben muy bien todo. Acá en La Paz mismo, capaz hasta no nos quieren ver”, afirma Mario y piensa que en el caso de su hija hay “gente de poder” involucrada. 

La causa hoy

La causa que investiga la desaparición de Delia se encuentra desde mediados del año pasado a cargo de la Fiscal Lucrecia Zambrana responsable de la Fiscalía de Primera Nominación de Villa Dolores.  

Hasta la fecha han pasado por la causa 4 abogades y 2 fiscales. Han intervenido la Policía de la Provincia, la Policía Federal y Gendarmería. La división de Bomberos D.U.A.R. (Departamento Bomberos de Alto Riesgo). La División Canes de la Policía de la Provincia de Córdoba. La Dirección de Investigación Operativa (DIO), dependiente de la Policía Judicial de la Provincia. El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), dependiente del Ministerio de Seguridad. La Asociación “Missing children” Argentina publicó su búsqueda en facturas de impuestos de la provincia de Buenos Aires. Hay una recompensa provincial y una nacional para quien aporte datos relevantes a la causa

El pueblo organizado y autoconvocado ha marchado semanalmente a lo largo del primer año y luego una vez por mes hasta el inicio de la pandemia, lo que ha significado más de 120 marchas en la localidad de La Paz, bajo la consigna “No hay Paz sin Delia”.

Delia, Silvia, Yamila, Marisol, Luz

“Hoy nos tocó. Algún día le puede tocar a otros”, afirman Modesta y Mario. Y es que esta certeza, ha hecho también que se junten con otras personas familiares de desaparecidas. Recuerdan el encuentro con la familia de Silvia Gloria Gallardo, de Marisol Reartes y Luz Oliva:  “Ellas también están llevando un dolor. Nosotros estamos llevando dos años, otras capaz son cinco, seis años. Igual que nosotros, no saben. Pero siguen en la lucha”.

Mario y Modesta agradecen el acompañamiento mutuo entre familiares y organizaciones en este camino de dolor y reclamo de justicia. Remarcan el encuentro con Soledad Cuello, hermana de Yamila Cuello desaparecida en la ciudad de Córdoba desde el año 2009: “con ellas siempre estamos, cuando nos toca salir de reclamo estamos juntos, vamos a seguir junto con ellas”, dice Mario. Y Modesta agrega: “Nos dan fuerza para seguir adelante. Están sufriendo como yo. Ojalá que haya justicia para todos, que esclarezca todito para ellas y para nosotros”

Marchar por Delia

A lo largo de la semana Mario y Modesta han brindado notas a gran cantidad de medios. En la región se multiplican los carteles en autos y comercios con la foto de Delia que interpela: Delia, ¿dónde está?

Por impulso de un grupo de vecinas y activistas de la región, la Municipalidad de La Paz declarará este 18 de septiembre “Día del compromiso con la búsqueda de las personas desaparecidas de Traslasierra”

El mismo viernes se planificaba la inauguración de una muestra de fotos en la Oficina de Turismo que retrata las acciones realizadas a lo largo de estos dos años, y una marcha en La Paz, eventos postergados hasta nuevo aviso dado el escenario de nuevos casos de covid 19 en la zona. 

Seguiremos exigiendo justicia y preguntando por Delia

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Segunda parte de las conclusiones de las jornadas que apuntan a la Megaminería y el rol de la Universidad Pública, realizadas en La Rioja. En estas líneas, una mirada sobre por qué las asambleas socioambientales chocan contra las políticas de Estado tradicionales.

En la primera parte de esta nota, mencionábamos que uno de los grandes logros de la lucha de las asambleas socioambientales y otros colectivos organizados fue el de mostrarnos formas otras de hacer política. También que los conflictos y tensiones que mantienen con el Estado –incluyendo los estamentos universitarios de gobierno– y con los sectores empresariales pueden ser entendidos como instancias en donde esta condición de lo político es negada, recortada, invisibilizada o reprimida.

En este marco, podemos enumerar distintos momentos o hechos en donde se ha visto afectado este “derecho” o este “poder” de decidir y crear una forma de vida-en-común:

* En el reforzamiento de los mecanismos de disciplinamiento social en clave represiva: con el fin de apaciguar y controlar la conflictividad social, los cuerpos son violentados por medio de golpes, represiones, amenazas, judicializaciones, logrando establecer en muchos casos sistemas de vigilancia sobre las acciones de los sujetos que se oponen a la extracción megaminera. También por medio de intervenciones telefónicas o allanamientos domiciliarios de activistas/luchadores sociales. Por poner solo un ejemplo, en Catamarca en el transcurso de dos años (2010–2012) tenemos un registro de 70 intimidaciones  por medio de imputaciones, detenciones y citaciones a declarar registradas que fueron denunciadas a través de comunicados públicos de parte de los pobladores cercanos a los proyectos extractivos. Por si fuera poco, es necesario nombrar la creación de grupos especiales de tareas que actúan en los territorios donde hay conflicto –y por tanto, política–, como el Kuntur en Catamarca, que tiene dependencia directa del Comando Superior de la Policía de Catamarca; o la Brigada de Acción Operativa (BAO), en la provincia de La Rioja, que ha actuado como fuerza de choque. Registramos en este plano la militarización de los territorios o el uso tercearizado de fuerzas para reprimir las protestas. Esta consecuencia política, ha producido en muchos casos la generación de miedos sociales.

* En el fortalecimiento de instancias y dispositivos institucionales/jurídicos que refuerzan lo que Sacher ha llamado el “mineraloestado”: se trata de  transformaciones en torno a instancias institucionales o legales que fortalecen las áreas/cargos relacionados con el modelo minero extractivo. Algunos ejemplos son la elevación de rango de secretarías a ministerios o la reconfiguración de organigramas estatales en clave minera. En este sentido, llamamos la atención sobre la creación de la OFEMI (Organización Federal de Estados Mineros), en el año 2012  tras la firma del Acuerdo Federal para el Desarrollo Minero fue realizada en un contexto de fuertes y sucesivas represiones a las luchas socioambientales. De la mano de creación de este tipo de estructuras institucionales se han llevado adelante políticas públicas estratégicas que fomentan ejes en nombre de una “participación ciudadana”, que no hace más que hablar de falsos e incompletas formas de lograr que la comunidad se involucre en la toma de decisiones referidas a los proyectos mineros

* En la deslegitimación de voces críticas a la megaminería que,al pretender inhibir el conflicto, despolitizan a los sujetos que se oponen a los proyectos extractivos, esto es, buscan quitar les su condición política por medio de construcciones discursivas alrededor de la violencia, el desprecio, la mentira, el desconocimiento, el ridículo, la subestimación de saberes locales; o el insulto a miembros de las asambleas y colectivos organizados.  Aquí, la no mención o el silencio respecto de sus acciones son también una forma de despojo político (ningunear el tema, omitir el debate, etc). El despojo de la no respuesta, por ejemplo, que significa no responder a las notas y presentaciones formales realizadas por vecinas y vecinos solicitando información acerca de los proyectos, de los estudios de impacto ambiental, de la cantidad de tierra que ha sido concesionada a proyectos mineros, etc.

* El control de los espacios  sociocomunicativos: y aquí incluimos la circunstancia en la que medios locales son amenazado con la quita de pauta publicitaria local si pronuncian discursos en contra de la minería,  o las interferencias y censura explícita a medios comunitarios radiales; hasta los “incentivos” económicos a periodistas (o directamente a medios de comunicación enteros) a cambio de difundir los supuestos beneficios de la actividad minera para las poblaciones, o bien, a cambio de no difundir las voces críticas al extractivismo. También se han realizado denuncias por parte de estas voces, que forman parte del abanico de violencias lanzadas sobre los territorios y sus poblaciones

* La colonización de espacios de carácter público/común: las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) reforzaron las prácticas asistencialistas en los territorios, en una connivencia entre empresas y gobiernos. Así, de los recursos disuasivos de propaganda minera, dádivas en las localidades cercanas a proyectos, planteamos que la regulación de la seguridad y el bienestar de las vidas humanas se ha visto atravesado por la Nueva Minería, donde ésta se ha hecho presente en todos los aspectos de la vida de los pobladores cercanas a los proyectos, destruyendo los tejidos sociales comunitarios y la confianza entre vecinos.  Estas intervenciones de RSE, se han dado de las más diversas maneras (desde auspicios, donaciones, cartelería) y en los más diversos ámbitos, desde la salud pública, pasando por las escuelas, las fiestas y festivales populares, instituciones deportivas como clubes de fútbol,  y que de una manera u otra, terminan afectando qué y cómo se hace la vida–en–común en ese espacio.

En todos estos momentos o instancias, se produce un verdadero avasallamiento sobre los cuerpos, los territorios y las poblaciones. A lo largo de una historia de más de 20 años del funcionamiento de proyectos megamineros en el país, en estas instancias –y en muchos otras más– se produjeron importantes y gravísimos despojos sobre ese ámbito de lo político no menos devastadoras que las consecuencias ambientales, económicas o culturales ya conocidas – y ampliamente documentadas durante tres días en la ciudad capital de la Provincia en estas Jornadas, en la que poco presencia tuvieron los convencidos de las promesas de la megaminería a pesar de no censurarse su entrada ni su palabra[1].

La universidad pública, y sus ideales de autonomía y servicio a los procesos de emancipación de un pueblo, no está exenta de los impactos de estos despojos políticos. En pos de la aceptación de los fondos, al argumento de la legalidad de los fondos se acoplan los diezmados presupuestos que aquejan por estos tiempos a todo el sistema universitario nacionales, hecho que refuerza la decisión de aceptar el dinero megaminero de La Alumbrera. Aquí, entonces, vale preguntarse: ¿pueden pensarse como dimensiones separadas el problema de la minería a cielo abierto que viene siendo cuestionada por sus consecuencias económicas, sociales, ambientales  y políticas y la aceptación de fondos que provienen de dicha actividad? ¿La universidad –atravesada siempre por problemas sociales y políticas– puede en pos de sus objetivos de generación de conocimiento aceptar fondos de cualquier origen? ¿Qué sucede con los fondos que ingresan a las universidades y que provienen de otras actividades extractivas también fuertemente cuestionadas como el agronegocio de la soja? ¿La aceptación, rechazo o distribución de fondos de este tipo de actividades extractivas conduce a formas autónomas o a formas heterónomas del poder?

Generar diálogos verdaderamente abiertos en este tipo de asuntos públicos es parte de la necesidad de profundizar nuestros parámetros acerca de qué tipo de universidades queremos, hasta dónde son los límites éticos, políticos y sociales a la hora de recibir financiamiento proveniente de regalías del ámbito empresarial y qué implicancias tiene este financiamiento en la generación de conocimientos dentro del ámbito universitario. Las resoluciones de las universidades que ya han rechazado los fondos mineros no son solo antecedentes importantes para las universidades que no lo hicieron aun, sino que permiten reactualizar los argumentos para la aceptación de fondos de otras actividades extractivas ampliamente cuestionadas.

Este debate también convoca a repensar el modelo de universidad pública vigente conjuntamente con la validez del carácter de bien público de los saberes producidos en la universidad y el derecho que tiene la sociedad sobre éstos.

[1] Las distintas intervenciones de las Jornadas están disponibles en https://www.youtube.com/playlist?list=PLvp_gtUqAVKzIZHsRoD-Rne9xTvK2HbRh

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Primera parte de las conclusiones de las jornadas que apuntan a la Megaminería y el rol de la Universidad Pública, realizadas en La Rioja. En estas líneas, las decisiones de las universidades respecto de los fondos y la composición de las luchas socioambientales.

El pasado 1, 2 y 3 de junio se realizaron en la ciudad de La Rioja las “Primeras Jornadas sobre Megaminería, Bienes Comunes y el Rol de la Universidad Pública”, convocadas por la Asamblea Riojana Capital y el Foro Ambiental Universitario (FAU), con el objetivo de abrir un debate abierto, interdisciplinario y plural que instale en la agenda pública, en general, y la agenda universitaria, en particular, la discusión sobre los fondos que provienen de la explotación de los Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), en la Provincia de Catamarca.

Por la ley nacional 14.771, sancionada en 1958, YMAD debe distribuir parte de sus utilidades entre las universidades nacionales. Si bien la fase de explotación de La Alumbrera comenzó en 1997, la distribución anual de utilidades de YMAD al sistema universitario nacional empezó recién en 2008 y, desde entonces, al menos siete universidades nacionales y más de veinte Facultades han rechazado los fondos.  En la provincia de La Rioja, fue en 2013, durante el contexto de toma de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR) que realizaron sus estudiantes cuando este tema apareció fuertemente visibilizado, acompañando a las demandas de autonomía, democracia y calidad académica que se levantaron en ocasión de la toma. En tal contexto, la UNLAR rechazó los fondos de los años 2013, 2014 y 2015.

En una provincia con casi 10 años de lucha y problematización por asamblea y otros colectivos organizados de la actividad extractiva minera a gran escala, la centralidad de estas “Primeras Jornadas sobre Megaminería, Bienes Comunes y el Rol de la Universidad Pública” radicó en la renovada apuesta por denunciar en el espacio público las condiciones complejas de las diversas consecuencias e impactos del avance de proyectos extractivos en la región, en ocasión del debate abierto para la aceptación o rechazo de los fondos de 2016 hacia esta universidad. En un escenario donde las y los representantes de los gobiernos nacionales y provinciales han reforzado su postura de favorecer la explotación minera, el aporte de nuestra intervención en estas Jornadas se orientó a reconocer lo que creemos son consecuencias propiamente políticas de la instalación –posible o de hecho– de proyectos megamineros y de su articulación en el sistema universitario.

Ello supone delimitar, en primer lugar, qué entendemos exactamente cuando decimos “lo político”: es ese ámbito en el que una comunidad decide cómo vivir con otros y otras, y realiza aquello que decidió. Entonces, lo político remite a todas las actividades, espacios, actores, tiempos y mecanismos a través de los cuales decidimos cómo queremos vivir  –o cómo no queremos vivir– con otros y otras. Esta noción de lo político está asociada a una idea positiva del poder en tanto esa posibilidad efectiva de poder tomar esa decisión y de poder contar con los recursos para crear aquello que decidimos. Aquí también aparece una vieja idea de autonomía, de autogobierno, de autodeterminación, de poder sobre nuestras vidas-en-común que amplía ciertamente el difundido reclamo del “derecho a la vida”.

Por supuesto, la definición de cómo, con quién o dónde queremos vivir, no está exenta de conflictos. En una época donde el “diálogo” y el “consenso” se presentan eclipsando los horizontes y las promesas de la vida política en nuestras comunidades, esta posición pretende resaltar que el conflicto y el disenso no son sólo parte integrante del mundo de lo político, sino que son justamente lo propio de este ámbito. Por ello, resulta inadmisible que quienes manifiestan el disenso y el conflicto sean acusados de “violentos”, “incivilizados”, o “fundamentalistas”, cuando no hacen más que expresar y actualizar esa condición inocultable de lo político.

El Estado y el sistema representativo-democrático forman parte de este mundo, pero no lo acaban ni lo representan en su totalidad. Más aun, algunos apuntamos que estas formas de organización del poder, antes que traducir formas de autonomía y autogobierno, llevan consigo instancias heterónomas en donde otros deciden sobre los destinos de nuestras vidas o nos expropian los medios y recursos para crear y materializar lo que queremos. Aquí el diagnóstico no es muy alentador: vivimos en sociedades donde los requisitos mínimos para la vida están apresados dentro de los mecanismos dispuestos por la lógica mercantilizadora del mercado.

Por eso uno de los grandes logros de la lucha de las asambleas socioambientales y otros colectivos organizados fue justamente mostrarnos formas otras de hacer política. La lucha que sostienen estas organizaciones en defensa de los bienes naturales han actualizado la condición política de la vida en sociedad y por ello, los conflictos y tensiones que mantienen con el Estado –incluyendo los estamentos universitarios de gobierno– y con los sectores empresariales pueden ser entendidos como instancias en donde esta condición de lo político es negada, recortada, invisibilizada o reprimida.

*Integrante del Colectivo de Investigación “El llano en llamas”. Militante del Encuentro de Organizaciones (Córdoba).

**Militante del Colectivo de Trabajo Organizado (CTO) y Radio El Grito. Fotógrafa de Colectivo Manifiesto (Córdoba).

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