Al intento de criminalización del derecho al aborto en el municipio de Morón le siguieron las críticas y un análisis sobre los retrocesos en la gestión de Ramiro Tagliaferro. Como consecuencia, separaron de sus cargos a los coordinadores administrativo y médico, del Centro de Salud “Dr. Springolo”.

El sábado 20 de agosto por la mañana, los/as profesionales de la salud del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Dr. Springolo”, ubicado en la ciudad de El Palomar, partido de Morón, se encontraron con un cartel en el que se les exigía realizar “la denuncia policial obligatoria” en los casos: de sospecha de aborto, sospecha de violación, sospecha de abuso sexual, herida de bala/arma blanca/elementos varios, golpiza, y sospecha de maltrato.

Esta orden, comunicada con membrete oficial del CAPS y del municipio, seguida de la dirección y teléfono de la comisaría, fue repudiada enérgicamente por organizaciones sociales y visibilizó la cantidad de políticas públicas en lo que tiene que ver a salud sexual que no se implementan en el municipio bajo la gestión de Ramiro Tagliaferro.

Y es por esto que, ante las críticas por la decisión de intentar criminalizar el derecho al aborto, Alberto Daniel Araujo y Marco Marine, coordinador administrativo y médico, del CAPS “Dr. Springolo”, respectivamente, fueron separados de sus cargos.

“Las leyes vigentes”, ¿cuáles leyes?

La nota colgada en las paredes del CAPS “Dr. Springolo”, único centro de atención primaria de este distrito que cuenta con guardia, sostenía que de acuerdo a las “leyes vigentes” el personal médico debía hacer la “denuncia policial obligatoria”, y luego llevar copia de la denuncia al CAPS para su archivo y seguimiento.

Esto carece de fundamentos por todos lados. En primer lugar, no existen leyes que obliguen a hacer tales denuncias. Pero lo más grave es obligar a las y los efectores de salud a hacer estas denuncias que instigan a romper con el secreto profesional, en contra de su ética y deber, y que vulnera el derecho de lxs pacientes, garantizado por ley, a la confidencialidad y privacidad.

Segundo punto: las y los profesionales de la salud NO son fiscales del sistema judicial. Su deber es garantizar la salud y la calidad de la atención, y no estar vigilando a las personas que se van a atender al CAPS, mucho menos juzgar la “sospecha de”.

En tercer lugar, hay ciertos delitos que no son posibles de denunciar por las y los profesionales de la salud, porque según el sistema judicial (nos guste o no nos guste, este es otro debate en el que no entraremos) los delitos de violación y abuso sexual son de instancia privada. ¿Qué quiere decir? Que la denuncia solamente la puede hacer la víctima. Otro punto que muestra la ignorancia de quien escribió tal comunicado.

Las sospechosas de siempre

Somos las mujeres. Ni las organizaciones, ni profesionales del municipio, y casi cualquiera que lee este cartel ha dudado de que “la primera intención de los funcionarios/as públicos/as de este distrito es criminalizar a las mujeres, puesto que la mera sospecha de un aborto es puesta como primera causa de denuncia”, como manifestaron organizaciones feministas del oeste en una gacetilla que circularon el sábado, la cual tiene múltiples adhesiones. Una búsqueda de criminalización evidente, a pocos días de que “Belén”, la joven tucumana presa por un aborto espontáneo, fuera puesta en libertad.

Morón se ha caracterizado, hasta diciembre, en ser un municipio con políticas en favor de los derechos de las mujeres, políticas nacidas en manos de las y los trabajadores y las organizaciones, y luego institucionalizadas. Como las consejerías pre y post aborto, que surgieron de la iniciativa de las trabajadoras de la salud de algunos CAPS, sensibilizadas y conscientes con este tema. Con el tiempo, el municipio le dio su apoyo, luego en el 2014 se sancionó una ordenanza municipal que avala su funcionamiento, y más tarde, durante la gestión de Lucas Ghi (Nuevo Encuentro) el municipio empezó a comprar misoprostol (medicamento recomendado por la OMS y el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación) para garantizar las interrupciones legales del embarazo tanto en el hospital, como en los CAPS que tenían consejería, lo que aseguraba abortos seguros y sin demoras.

Esta política llevó a que Morón bajara la tasa de mortalidad de mujeres gestantes (conocida como tasa de mortalidad materna) a cero en los casos de abortos, que es la principal causa muerte de mujeres gestantes en el país.

Evidentemente, Tagliaferro y compañía no querían dejar de ser punta en el retroceso de las políticas públicas municipales. En materia de salud sexual, por nombrar sólo un ejemplo, el municipio dejó de pagar al médico/a para atender el consultorio diverso, cargo que se sostiene ahora por el aporte de Conurbanos por la Diversidad, organización que sostiene con su trabajo voluntario este espacio. Además, hay escasez de métodos anticonceptivos en los CAPS, y se interrumpió la compra de misoprostol, aunque no por eso la atención de las consejerías, que se mantienen por convicción de sus trabajadoras.

Por estos motivos, desde marzo las organizaciones feministas del distrito vienen solicitando reuniones con la secretaria de salud, pero no han tenido respuesta alguna.

Sos botón, ¡sos botón!

Lo mejor que sabe hacer el PRO es vigilar y controlar. Ahora también pretenden que lxs profesionales de la salud se transformen “en los agentes persecutorios de un Estado policial (…) haciendo de la violencia institucional el leit motiv de la gestión” y hace que “se rompa la confianza entre profesionales y usuarixs, en detrimento de la calidad de la atención y de los niveles de salud de la población, en particular de las mujeres”, sostuvieron las organizaciones feministas del oeste.

Existe una persecución concreta en los servicios de salud, nada escapa de la vista del “gran hermano” en términos orwellianos, con una clara estructura jerárquica municipal. No hay cartel invitando a reunión del gremio que pueda permanecer en la sala por horas, porque en poco tiempo llega la orden desde la secretaría de salud para que se retire, algo que demuestra también el poco respeto por los derechos laborales.

Los coordinadores de sala, designados por la secretaría de salud, a cargo de Mario Russo, y la Dirección de Atención Primaria de la salud, en manos de Viviana Bertolini, son los “botones”. Y también los chivos expiatorios. Sorprende que en la estructura vertical que sostiene la gestión, se les haya “escapado” este cartel, y que, ante la llamada del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable de la provincia de Buenos Aires, que pidió explicaciones ante la orden que dan de romper el secreto profesional, Russo haya desconocido su origen y pasado la pelota a Alberto Daniel Araujo y el Dr. Marco Marine, coordinador administrativo y coordinador médico, del CAPS “Dr. Springolo”, respectivamente, a quienes al parecer, se les habría iniciado un sumario administrativo y fueron separados de sus cargos.

El actual secretario de salud de Morón viene de ejercer el mismo puesto en el municipio de San Miguel, tierra milica y del opus dei, donde desde hace años se incentiva a las y los profesionales de la salud, en particular del Hospital Arcade, a denunciar a las mujeres que llegan con procesos de aborto.

Las organizaciones han exigido la renuncia de todos ellos, desde los coordinadores del CAPS hasta Bertolini y Russo, a quienes consideran “como los funcionarios públicos responsables administrativa, legal y políticamente de violar los derechos humanos de los/as usuarios/as del sistema de salud de Morón”.

Mientras esperan la respuesta, siguen preparando el Encuentro Regional de Mujeres, que se hará el 10 de septiembre, instancia en la que se hará aún más visible la lucha y la organización de las mujeres.

Source

Un equipo de 43 mujeres de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Formosa se puso a observar cómo es la aplicación de políticas públicas de salud sexual y reproductiva. Un proyecto que colabora en la mejora de la atención a las mujeres, favorece el acceso a los derechos y promueve otras formas de investigación y de participación política y social.

El año pasado, grupos de mujeres de tres provincias diferentes se sumaron a un desafío: observar cómo es  la aplicación de políticas públicas de salud sexual y reproductiva. ¿Cómo es la calidad de la atención y la infraestructura de los servicios? ¿Se accede a métodos anticonceptivos? ¿Y a los abortos no punibles? ¿Las mujeres que consultan en estos lugares conocen sus derechos? ¿Y lxs profesionales que las atienden? ¿Y quiénes diseñan e implementan las políticas públicas?

Estas preguntas y otras buscaron responder un equipo de 43 mujeres, de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Formosa, quienes, convocadas por las organizaciones FUSA y Católicas por el Derecho a Decidir, llevaron adelante el monitoreo social, en el marco del proyecto “Ampliando el ejercicio de Derechos: acceso a la interrupción legal del embarazo en Argentina”.  Este proyecto, que retoma la tradición de monitoreos del antiguo CONDERS, es parte de una iniciativa regional latinoamericana, que tiene entre sus objetivos promover la evaluación activa por parte de grupos de mujeres, sobre el acceso a los abortos no punibles y las políticas de salud sexual y reproductiva.

Para llevarlo a cabo, en primer lugar, los equipos de FUSA y CDD elaboraron una línea de base para construir el estado de situación del aborto no punible en las tres provincias. Luego, invitaron a mujeres de diferentes organizaciones y grupos de cada provincia a participar, y las capacitaron para que puedan realizar las 98 entrevistas a mujeres usuarias de servicios de salud, y 45 observaciones no participantes, en 31 servicios de salud. Además, se hicieron 12 entrevistas a tomadores de decisiones de niveles ministeriales, municipales y de servicios de salud y 4 grupos focales con las monitoras; esto último se utilizó para evaluar las herramientas utilizadas y mejorarlas, en un proceso de investigación-acción participativo. El proceso finalizó con un encuentro entre todas las participantes del proyecto en diciembre pasado.

Tras este arduo trabajo en 2015, los resultados del monitoreo se empezaron a divulgar, con diferentes repercusiones. El 26 de mayo, en la Universidad Nacional del Sur, en la ciudad de Bahía Blanca (uno de los puntos elegidos para la realización del proyecto), se compartieron con efectoras y coordinadoras de servicios de atención primaria de la salud, y luego con representantes de organizaciones sociales, estudiantiles, feministas y personas interesadas en la temática. En ambas instancias, se produjeron interesantes y valiosos intercambios que generaron nuevas propuestas. Además, los materiales del monitoreo se entregaron a las autoridades de la Secretaría de Salud del Municipio y a concejales de la Comisión de Salud, quienes se comprometieron a leer e informarse sobre este trabajo con el que se busca no sólo dar a conocer cómo se atienden a las mujeres en los servicios de salud, sino también tener una incidencia en las políticas públicas.

Ese mismo día, en Córdoba, se presentaron los resultados a organizaciones sociales, lo que tuvo un fuerte impacto debido al contexto restrictivo legalmente desde que una organización antiderechos, el Portal de Belén, presentó un amparo en la justicia para suspender la aplicación del protocolo de ANP. Dos días después, estos mismos informes fueron escuchados por concejales y diputados/as provinciales para que también los representantes del pueblo cordobés estén al tanto de lo que sucede cotidianamente en los servicios de salud y generen nuevas políticas públicas de acceso a los derechos sexuales y reproductivos. En Córdoba, el mayor obstáculo para la aplicación de los ANP son los llamados “objetores de conciencia”, quienes niegan la atención a las mujeres sin derivar a otros efectores e imponiendo su propia “moral”.

Gran Buenos Aires y Formosa  

El próximo jueves 9 de junio, a las 17, en El Transformador (Caseros 200, Haedo, provincia de Buenos Aires), se hará la presentación de los resultados del monitoreo del partido de Morón. Hasta el año pasado, este municipio se caracterizó por ser uno de los pocos en el país con una clara política para garantizar el acceso a las interrupciones legales del embarazo. Iniciada como una práctica de las trabajadoras de la salud que comenzaron haciendo consejerías pre y post aborto, esta política fue afianzándose poco a poco y logró llevar a este municipio a reducir a cero la morbimortalidad por causas de aborto. La calidad y calidez de la atención de las/os profesionales, la decisión política municipal (hasta 2015) de comprar la medicación para los abortos legales y la difusión y folletería sobre salud sexual y reproductiva, se vieron reflejados entre los resultados del monitoreo, así como también la necesidad de contar con más profesionales en los CAPS, mayor capacitación a personal del hospital y sanciones a quienes obstaculizan los ANP y maltratan a las mujeres.

Sin embargo, de estos resultados no quiere darse por enterada la nueva gestión municipal del PRO-Cambiemos, que aún no ha dado respuesta al pedido de reunión de FUSA y el equipo de monitoreantes de la zona, así como tampoco a los pedidos de otras organizaciones feministas, que están preocupadas por el desmantelamiento de las políticas de salud sexual y reproductiva por parte del intendente Ramiro Tagliaferro y su gabinete.

Diferente es el panorama en la provincia de Formosa. Habitualmente olvidada por el centralismo porteño, las mujeres formoseñas encuentran en la atención de la salud tan poco presupuesto y políticas públicas como en muchas otras áreas estatales. Sin embargo, su entusiasmo se multiplica a montones en cuanto al interés y la participación en el proyecto. Esta ha sido la provincia con más monitoreantes, porque la posibilidad de realizar esta tarea convocó a más mujeres de las que se esperaban.

Aquí el monitoreo se realizó tanto en Formosa capital, como en pequeños pueblos alejados, con poco acceso debido a los caminos de tierra y barro por los que se debía atravesar. Se halló que hay poquísimo conocimiento y acceso a métodos anticonceptivos y que la mayoría de los profesionales y decisores tienen poca capacitación, así como tampoco existe un protocolo provincial de atención de abortos no punibles. Además, la discriminación a las mujeres wichis y de otras comunidades originarias es, lamentablemente, muy común. A fin de mes, se hará la presentación de estos resultados a las organizaciones sociales, efectorxs de salud y autoridades provinciales que se han mostrado abiertas al diálogo para poder mejorar la situación actual en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.

En la segunda parte del año, se realizarán capacitaciones a profesionales de la salud y  nuevas monitoreantes en las tres provincias, con el fin de que efectivamente este proyecto colabore en la mejora de la atención en servicios de salud sexual y reproductiva para favorecer el acceso a los derechos de las mujeres y promover otras formas de investigación colectiva y de participación política y social.

Source