Por Redacción Marcha / Foto: Archivo

La familia de Alfredo Cuellar enfrenta una nueva amenaza de desalojo forzoso en la Ciudad de Buenos Aires. Con una orden judicial ya dictada y habiendo recibido dos notificaciones, se encuentran bajo el riesgo inminente de ser expulsados de su vivienda en Raulet 62 en el barrio de Parque Patricios, donde la familia reside hace más 50 años.

La medida fue firmada por el Juez Ramiro Güiraldes, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 35, en el marco de la causa “Basset Úrsula Cristina contra Alfredo Severo Cuellar y otros s/Desalojo (Expte N° 53.952/2022).

La oficial de Justicia se niega a recibir a Cuellar y a informarle la fecha concreta del lanzamiento, lo que mantiene a la familia en una situación de incertidumbre absoluta: “Tengo el desalojo en puerta,“No tengo el día exacto, pero que en cualquier momento pueden caer” asegura el padre de la China. En la casa vive Alfredo con sus hijas y sus nietos, niñas y niños que asisten a la escuela pública y para quienes el desalojo no sólo signifciaría la pérdida del techo familiar, sino también la interrupción de su vida escolar y su entorno comunitario.

La situación judicial de Alfredo está profundamente atravesada por el hostigamiento y la persecución política que sufre desde hace más de una década, cuando comenzó a denunciar el asesinato de su hija Florencia “La China” Cuellar, a manos del Servicio Penitenciario Federal.

“¿Cuál es el motivo por el que tengo que seguir resistiendo?”, se pregunta Alfredo, al tiempo que denuncia que quienes buscan desalojarlo no pueden acreditar la propiedad del inmueble.También pone en duda la autenticidad de la documentación presentada en la causa: “En realidad no es así”, afirma. El reclamo es tan básico como ser escuchado por quienes toman las decisiones y que se respeten los derechos de las infancias que viven en la casa: “Si al menos me pueden aguantar hasta que terminen el colegio mis nietos”.

Una asamblea contra el desalojo

El miércoles 15 por la tarde noche en las calles de Parque Patricios se realizó una asamblea contra el desalojo de Alfredo y su familia por parte del poder judicial y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Bajo la consigna “La calle no es un lugar para vivir”, vecinos y personas solidarias con su lucha analizaron diferentes estrategias para resistir y enfrentar esta nueva situación de persecución y despojo que ya tuvo episodios previos.

“La policía entró a mi domicilio y rompió recuerdos que tenía de mi hija”. Con este relato Alfredo contó que, a pesar de no haber sido escuchado para argumentar sobre su situación de vivienda ni haber visto los documentos que acrediten el motivo por el que pretenden expulsarlo a él y a su familia de la casa que habita hace décadas, la Policía de la Ciudad irrumpió en la morada, los amenazó aun en la presencia de niñeces y destruyó bienes y mobiliario. Pero sobre todo “rompieron fotos de mi hija que eran de una muestra”, aseguró.

“No estamos todas, faltan las presas”

Alfredo Cuellar es un padre que reclama por el esclarecimiento de la muerte de su hija, “la China”, asesinada el 23 de diciembre de 2012 en la Unidad Penitenciaria IV de Ezeiza. En estos años, y a pesar de haberse entrevistado con altos funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, nunca recibió la confirmación de parte de la fuerza de custodia de las causas de la muerte de su hija; incluso pretendieron obligarlo a firmar que fue un suicidio.

Alfredo se convirtió, a regañadientes, en un luchador contra la violencia institucional y por los Derechos Humanos. Fue secuestrado, sus hijos perseguidos por la justicia y la policía, y ahora enfrenta una nueva amenaza por desalojo contra su lucha en la búsqueda de memoria y verdad. Fue en mayo de 2013 cuando fue secuestrado, en Parque Patricios, por cuatro sujetos que lo introdujeron a un auto y le proporcionaron golpes a la altura de los riñones -lo cual le ocasionó escoriaciones en los vasos- y lo amenazaron con tirarlo al Riachuelo y hacerlo desaparecer si no se dejaba de joder con el asunto de la China.

Sus denuncias además causaron que, en septiembre de 2013, el jefe de la Unidad IV, prefecto Juan Montenegro, fuera desplazado de su cargo y pasado a disponibilidad por maltratos a partir de un informe de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias. El alejamiento de Montenegro fue dispuesto por el entonces director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Alejandro Marambio, tras indicarse que, durante la visita de un grupo de jueces encabezados por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, “se constataron rastros de maltrato en al menos dos internas materializados en golpes, suministro excesivo de fármacos psiquiátricos y aislamientos en celdas individuales”. Fue una evidencia de las torturas.

Desde entonces, siempre estuvo acompañado de la solidaridad de muchas personas, familiares y amistades de víctimas de la violencia institucional y los abusos de poder. “Las pibas que mueren en las cárceles son las que luchan, las que protestan, las que constantemente están reclamando por sus derechos. Las eliminan porque es una forma de reafirmar quiénes son los que mandan. Y esto también es represión en democracia”, dice.

Entre 2009 y 2012 fueron halladas sin vida nueve mujeres en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza. Entonces, era la cantidad total de las muertes de mujeres en prisiones federales. Seis de ellas fueron “colgadas”, dos asfixiadas y de una no se conocen detalles de su muerte. Ninguno de los fallecimientos fue esclarecido. Alfredo Cuellar puso cuerpo y voz a la búsqueda por verdad y sobre todo memoria de todas ellas y generó dos hitos de proclama en el ala más combativa del movimiento de mujeres y feminista del país: “Ni una menos también en las cárceles” y el “No estamos todas, faltan las presas”. Así es.

Archivo: https://marcha.org.ar/tag/china-cuellar/

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Por Redacción de RSM

San Pedro Sula, Honduras. Cuatro hombres armados con fusiles de asalto entraron hoy en la casa de la lideresa de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda.

Ofraneh denunció en sus redes sociales el atentado contra la privacidad de la defensora del territorio que tuvo lugar la madrugada de hoy en la comunidad de Vallecito, Colón, en el Atlántico de Honduras. 

Al menos cuatro sujetos fuertemente armados ingresaron en la casa de la coordinadora general de Ofraneh, publicaron representantes de la organización.

Los cuatro individuos que asediaron la casa de Miriam Miranda no pertenecen al pueblo garífuna, denunció el equipo de seguridad de Miranda.

El grupo de seguridad les exigió que se identificaran. Debido a que no respondieron, el equipo los detuvo.

La acción puso en peligro la integridad de Miranda, quien ha liderado frecuentes protestas contra las injusticias que siguen afectando al pueblo garífuna.

Además, en entrevistas para los medios y a través de sus redes sociales, Miranda ha mantenido alzada una voz crítica que molesta a los grupos de poder.

Miranda ha denunciado el plan genocida orquestado desde distintos frentes contra las y los garífunas. También ha señalado que el propio Estado encabeza las acciones de exterminio de los pueblos originarios.

Asimismo, el atentado de hoy “es parte de un plan de genocidio contra el pueblo garífuna”, denunció hoy Ofraneh en un comunicado.

El plan denunciado por la organización se ejecuta “a través de amenazas, asesinatos… desapariciones forzadas que siguen incrementando los altos niveles de impunidad y racismo”.

Por otra parte, Miranda, en entrevistas para Reportar Sin Miedo, ha denunciado que el propio gobierno de Xiomara Castro está bajo el control de “mafias”.

Aunque Honduras tiene nuevos líderes políticos, Miranda aseguró que nada ha cambiado en la protección de derechos de las comunidades ancestrales.

”Nadie puede decir nada porque hoy día los criminales, las mafias que controlan este país, están en el territorio garífuna. El hecho de que haya un gobierno nuevo no significa que hayan detenido esta mafia que tiene controlado a este país”, dijo en esa ocasión.

Ofraneh exigió en su comunidad que el Estado hondureño garantice el derecho a la vida y la seguridad de Miriam Miranda y le dé todas las condiciones para continuar defendiendo el territorio y la vida del pueblo garífuna.

Entre ataques y protestas

El atentado contra la lideresa se produce mientras el Comité Técnico del Mecanismo de Protección se halla de visita en esta zona del país.

Mientras el atentado tenía lugar en Colón, un grupo de pescadores de varias comunidades garífunas llegaron al Ministerio Público de La Ceiba para denunciar que desde hace días han recibido amenazas de muerte y abusos de autoridad de integrantes de la Fuerza Naval de Honduras.

“Estábamos durmiendo tranquilamente cuando llegaron a la casa encapuchados”, relató un habitante de las comunidades garífunas a los medios de comunicación.

“Abrí la puerta y ya tenía dentro de la casa a dos navales apuntándome directamente. Dijeron que tenían orden de desalojar todas mis pescas, pese a que tenemos el derecho a la pesca para sobrevivir”, agregó.

Asimismo, los “navales” indicaron que las órdenes de despojar al testigo del fruto de su trabajo venían de “arriba”.

En medio de la disputa, uno de los navales lo amenazó diciendo que podía pegarle un tiro en la cabeza. Entretanto, el otro naval lo golpeó con un arma.

Según los pobladores, la mayoría de sus compañeros pescadores han tenido que huir de sus comunidades, ya que en varias ocasiones los integrantes de la Fuerza Naval han dejado a los pescadores nadando en mar abierto.

Los pescadores agregaron que les toca estar pendientes de sus compañeros para evitar que mueran por estos abusos.

Reacciones

Desde la cuenta de Guapinol Resiste pidieron que paren el hostigamiento y amenaza contra los pueblos en Honduras por defender sus territorios.

“Desde Guapinol denunciamos el atentado criminal contra Miriam Miranda, coordinadora general de Ofraneh, y exigimos justicia para ella y el pueblo garífuna. Solidaridad”.

Por su parte, el Bufete Justicia para los Pueblos repudió el intento de atentado criminal contra Mirian Miranda. “Exigimos una investigación inmediata y su protección integral”.

Entretanto, el Centro de Defensa de la Mujer (CDM) se solidarizó con Miranda. “Desde el CDM nos solidarizamos con la compañera Miriam Miranda. Exigimos al Estado de Honduras una investigación inmediata que de, con los responsables de este hecho”.

Para la abogada y defensora de los derechos humanos, Claudia Herrmannsdörfer,  todas las semanas hay ataques contra algún defensor o defensora de derechos humanos. “Hoy le tocó a Miriam Miranda, ¡exigimos garantizar su seguridad y su vida!”.

Todas semanas hay ataques contra algún defensor o defensora de ddhh; hoy le tocó a Miriam Miranda ¡exigimos garantizar su seguridad y su vida! pic.twitter.com/A0vmIPEEgT

— Claudia Herrmannsdörfer (@claudia_herr_ac) September 19, 2023

Mientras tanto, la hija de Berta Cáceres, Bertha Zúniga Cáceres, manifestó: “Repudiable la violencia y persecución contra el pueblo garífuna. ¡Urgen medidas estructurales para la protección de la integridad de este pueblo que lucha por su territorio! ¡Basta ya!”.

¡#Atentado criminal contra la compañera Miriam Miranda! Repudiable la violencia y persecución contra el pueblo garífuna. ¡Urgen medidas estructurales para la protección de la integridad de este pueblo que lucha por su territorio! ¡Basta ya! https://t.co/tSmHdgra8O

— Bertha ZuCa (@BerthaZuniga1) September 19, 2023

Por su parte, Amnistía Internacional condenó rotundamente el ataque contra le lideresa garífuna.

“Es muy grave la situación que viven las defensoras y los defensores en Honduras. El gobierno de Xiomara Castro debe tomar todas las medidas necesarias para protegerles y el Ministerio Público investigar los ataques sin demora”.

Recibimos con consternación los reportes de ataques contra personas defensoras del medio ambiente en #Honduras Jose Ramiro Lara Zavala de @AsonogOficial, y Miriam Miranda de @ofraneh en los últimos días. @XiomaraCastroZ @sedhHonduras @MP_Honduras pic.twitter.com/RJLEvEXSit

— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) September 19, 2023

También el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, habló del suceso. “Condenamos la violencia perpetrada contra la compañera Míriam Miranda y la comunidad que dignamente representa. Se ha activado el mecanismo de protección para garantizar su integridad, sus derechos”, publicó.

Condenamos la violencia perpetrada contra la compañera Míriam Miranda y la comunidad que dignamente representa. Se ha activado el mecanismo de protección para garantizar su integridad, sus derechos y su libertad con el apoyo de la @sedhHonduras , la @PoliciaHonduras y la… https://t.co/Li76yq1e9n

— Rodolfo Pastor de Maria y Campos (@rudopastor) September 19, 2023

Por otra parte, el compañero de lucha de Miranda, Rony Castillo, expresó en sus redes: “Basta al genocidio garífuna”.

ATENTADO CONTRA MIRIAN MIRANDA#AltoAlGenocidioContraElPuebloGarifuna pic.twitter.com/SM4E3GcCYD

— Rony Castillo (@castilloronyl) September 19, 2023

En 2022, Honduras registró Global Witness 14 personas defensoras de territorio asesinadas. A la fecha, sólo en 2023, Honduras suma al menos nueve asesinatos de defensores de la tierra, el ambiente y el territorio.

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Por Redacción Revista Maya | Foto: ALP

Desde noviembre del año pasado Bolivia sufre una de sus más profundas crisis política, económica, social, cultural, a la que se sumó otra de tipo sanitaria a raíz de la pandemia del Covid-19. El tablero político está marcado por una polarización extrema, donde los sectores de derecha y empresariales, apoyados de las Fuerzas Armadas y la Policía, no han escatimado en recurrir a todo tipo de artilugios para aferrarse al poder, pasando por la ejecución de dos sendas masacres, hasta la persecución política, inhabilitación de candidatxs opositores, aliento a pandillas paramilitares, entre otras.

Sonia Brito Sandoval es diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Plurinacional y se refirió a la situación por la que atraviesa el país en materia de Derechos Humanos.

– ¿Cómo evalúa la actual situación de DD.HH. en Bolivia?

Bolivia está viviendo flagrantes violaciones de Derechos Humanos, se han vulnerado casi todos los derechos individuales y también colectivos. A partir del golpe de Estado iniciado en octubre del año pasado, se han sucedido una serie de vulneraciones de Derechos Humanos, por lo que la situación es muy alarmante. Vamos a mencionar solo algunas de estas:

1. Al momento del golpe, en octubre y noviembre de 2019, como parte de una estrategia, la derecha realizó la quema de domicilios particulares de autoridades del MAS: de senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, ministros y otros, presionándoles para renunciar, incluso familiares del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera vivieron momentos muy difíciles. Luego de este escenario, donde se obligó a la renuncia de los primeros mandatarios de Estado, Jeanine Áñez asumió de manera inconstitucional la presidencia, ordenado la acción de tropas militares contra sectores sociales movilizados con el trágico resultado de las masacres de Sacaba y Senkata.

2. También se iniciaron detenciones arbitrarias contra los vocales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y sus representaciones departamentales, acusados de delitos electorales sin ninguna prueba ni sustento jurídico; luego continuaron las detenciones de dirigentes y líderes sociales acusados falsamente con cargos de sedición y terrorismo. En el mes de diciembre se reportaron aproximadamente mil detenciones.

3. Varios gobernadores, alcaldes y concejales del MAS fueron forzados a renunciar para ilegalmente suplirles por autoridades del hoy oficialismo, utilizando grupos paramilitares de choque que atentaban contra estas autoridades y sus familias.

4. Los medios de comunicación alternativos fueron silenciados, muchos periodistas despedidos y perseguidos, quitaron la licencia de las radios comunitarias para reabrirlas después bajo el control de los golpistas. Un periodista argentino fue muerto y hasta hoy no se investigó lo sucedido.

5. El órgano judicial trabaja como un brazo operativo de la represión, prestándose para iniciar procesos y detenciones ilegales, por lo que varios jueces y fiscales se resistieron, prefirieron renunciar y/o fueron despedidos.

6. El gobierno de facto ha fomentado y promovido la existencia de grupos irregulares paramilitares en Cochabamba, la denominada “Resistencia Juvenil Kochala”, y otros grupos en el Oriente, que con consignas racistas y recibiendo la protección del Gobierno y la asignación de recursos económicos, han realizado muchas arbitrariedades y abusos contra los sectores populares.

– ¿Puede referirse en detalle a la historia de Patricia Hermosa y los atropellos padecidos por ella?

Patricia Hermosa fue denunciada, sin mayor prueba, por sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo en el mes de diciembre 2019, por lo que ella se presentó voluntariamente a declarar y se le permitió defenderse en libertad; sin embargo, en su calidad de abogada y representante legal de Evo Morales, cuando se encontraba realizando trámites para inscribirlo como candidato a senador por Cochabamba, fue detenida el 30 de enero, sin contar con mandamiento de detención, siendo retenida en una movilidad por más de una hora, secuestrados los documentos y la computadora que portaba, e incluso, como se demostró posteriormente, los personeros del régimen desaparecieron la libreta de servicio militar de Morales.

Desde su detención han transcurrido casi seis meses, todas las acciones de libertad o de medidas sustitutivas han sido negadas. Se ha declarado en los medios que la detuvieron embarazada y que tuvo un sangrado de 10 días, lo que habría generado la pérdida de su embarazo. En los últimos meses se ha deteriorado su salud y se ha desmayado en el penal de Obrajes, sin permitírsele que pueda ser atendida en un centro hospitalario. Han transcurrido más de 10 días aislada en cuarentena por un posible contagio de Covid, restringiéndole hasta el uso de la ducha y la comunicación con sus familiares.

– ¿Se puede afirmar que en Bolivia se coarta la libertad de expresión y acción de los opositores al gobierno de Áñez? 

Fueron cerradas las radios comunitarias, tomaron el control de medios estatales, dejaron de dar publicidad a medios imparciales como el caso de Abya Yala, PAT y Gigavisión, entre otros.

Existe una denuncia internacional por la muerte del periodista argentino Tomás Moro y la detención de Facundo Molares. Hay un silenciamiento de periodistas imparciales. Se cortó la señal de medios televisivos como Telesur.

¿Hay una política de persecución contra el MAS y por qué?

Entre los objetivos más importante del golpe fue acabar con la estructura del MAS, con sus líderes principales, sus candidatos, los dirigentes de las organizaciones sociales, porque buscaban revertir las conquistas sociales y populares alcanzadas durante el Proceso de Cambio. El gobierno de Áñez actúa bajo el mandato y órdenes de Estados Unidos, tiene intereses económicos y políticos; procura volver al modelo neoliberal y privatizar la economía, permitiendo que el capital transnacional retome el control de las empresas estratégicas hoy a cargo del Estado. Uno de sus intereses mayores es el litio.

¿Cuáles son las posiciones y declaraciones de organismos internacionales respecto a Bolivia en cuanto a vulneraciones a los DD.HH.?

Tanto el sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se han pronunciado en diversas oportunidades. En el mes de diciembre llegaron las misiones de la Comisión Interamericana a de Derechos Humanos (CIDH), como del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Después de procesos investigativos han emitido un informe sobre las graves vulneraciones de Derechos Humanos vividas en el país. Igualmente se han pronunciado los Relatores Especiales Sobre Libertad de Expresión, Sobre Independencia de Poderes, Sobre Racismo, ONU Mujeres, en relación a distintos atropellos.

En los últimos días, en la ciudad de Cochabamba fueron detenidos jóvenes opositores al régimen, entre ellos dos menores de edad, ¿cuál es el estatus de la causa?

Hay sectores sociales que tienen demandas propias y uno de esos son los pobladores de la zona de K’ara K’ara, en Cochabamba, donde se encuentra el botadero municipal, saturado desde hace varios años atrás y expuestos sus pobladores a la contaminación, ya que la Alcaldía no ha tenido una propuesta seria de un tratamiento sanitario de la basura ni de su industrialización. Esta preocupación, sumada a la falta de agua, ha movilizado a la gente, lo que ha generado una represión con la acción conjunta de la policía, los militares y grupos de paramilitares.

La detención ilegal primero de tres jóvenes y posteriormente de otros cinco (entre ellos menores de edad), ha generado indignación de los jóvenes de K’ara K’ara. Los primeros detenidos se encuentran con detención preventiva, siendo llevados al penal de Chanchocoro a dos varones y a Obrajes a la compañera Lucy Escobar; claramente se ve que son detenidos políticos.

¿Hay alguna investigación en curso respecto a las masacres de Sacaba y Senkata?

La Asamblea Legislativa ha conformado una Comisión de Investigación sobre la vulneración de Derechos Humanos desde octubre 2019, que incluye las masacres de Sacaba y Senkata. Esta concluirá su trabajo en breve. Por tratarse de delitos de lesa humanidad tendría en sus conclusiones que determinar procesos penales por los asesinados en las masacres y otros probables procesos por violaciones de derechos.

Asimismo, el Ministerio Público se encuentra investigando lo sucedido, pero después de meses no se conoce ningún resultado a la fecha, suponemos que por la falta de imparcialidad.

¿Qué otros derechos han sido vulnerados?

Además de todos los explicados, está la violación de los derechos colectivos como el derecho humano a la salud en medio de la pandemia, ya que no obstante ingentes cantidades de créditos y recursos aprobados desde la Asamblea, estos no se reflejan en la salud del pueblo, los hospitales públicos han colapsado y se está dejando morir a las personas en las calles, sin estrategias en salud que articulen el sistema público, privado y de pensiones de salud que puedan atender a toda la población boliviana.

Otros derechos colectivos vulnerados son los económicos, ya que por falta de estrategias y políticas estatales los sectores populares están sufriendo la grave crisis económica generada por la pandemia.

– ¿A dónde deben dirigirse los familiares de una víctima de violación de DD.HH.? ¿Dónde se presentan las denuncias y qué instituciones la amparan?

Los denunciantes deben acudir al Defensor del Pueblo. Igual pueden hacer denuncias internacionales ante la CIDH, las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados realiza la fiscalización a los otros órganos del Estado, los cuales se han negando a responder, ya que se vive en un Estado de no derecho. Por eso, es necesario restaurar el Estado de derecho, el respeto de la Constitución Política del Estado (CPE) y a los Derechos Humanos.

*original en Revista Maya

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Por Luz Ailín Báez

Iniciado el 26 de marzo de 2019,  tuvo su primera audiencia vía streaming el 11 de junio pasado. En la misma se siguió con la nueva modalidad iniciada por el TOF 1 de Mar del Plata durante la sentencia de la Megacausa Subzona 15 -de transmisión en vivo a través de los canales formales del juzgado y del Centro de Información Judicial-  luego implementada por los tribunales orales federales de Rosario y de Paraná, en la provincia de Santa Fé.

Sin embargo, este juicio resulta único por ser el primero en la Argentina cuyo Tribunal de justicia- el TOF 4 de San Martín que presiden los jueces Esteban Rodríguez Eggers, Matías Mancini y María Claudia Morgese Martín-  avaló la transmisión online íntegra en vivo a un medio de comunicación popular alternativo: La Retaguardia.

Marcha Noticias dialogó acerca del tema con Daniel Cabezas, querellante en la causa y sobreviviente de la cacería digitada por los miembros del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) de la dictadura argentina en connivencia con gobiernos y servicios de inteligencia de otros países, que tuvo alcance mundial y que dejó un nuevo saldo de secuestrades, torturades, desaparecides y asesinades argentines en  Brasil, Perú y España.          

-¿Cuál es su balance personal sobre cómo viene desarrollándose el juicio?

-“Este juicio llevó mucho tiempo hasta que empezó. Los  sobrevivientes, familiares de desaparecidos y asesinados y militantes de los derechos humanos impulsamos mucho para que  llegara  a juicio oral. Tuvimos bastantes problemas durante la etapa de instrucción, distintos frenos. No lo agilizaron hasta que finalmente llegamos al inicio del juicio oral con mucha expectativa. Sabíamos que era un tema difícil porque en el juicio de Contraofensiva los imputados son la conducción de los organismos de Inteligencia de la dictadura.

A diferencia de otros juicios donde hay una víctima que puede indicar que tal militar lo torturó en determinado lugar, acá es más complejo. Y por otro lado la Contraofensiva en sí es una acción de resistencia controversial que ha provocado muchas críticas dentro y fuera de la militancia, entonces es como un ejemplo de la Teoría de los dos demonios. Entonces también estábamos preocupados por la reacción que podría haber en distintos medios, en distintos sectores de la sociedad y nos preparamos mucho para los testimonios. Estábamos convencidos de que nosotros teníamos que defender nuestro derecho a la resistencia a una dictadura genocida. Y cuando comenzó el juicio inmediatamente vimos que ese objetivo se estaba cumpliendo: los testimonios de los familiares y  de los sobrevivientes, demostraron quiénes éramos en realidad”.               

CONSTRUIR AL ENEMIGO

Los discursos construyen subjetividades, y el aparato mediático de la Dictadura se encargó de cimentar en el imaginario social a los Montoneros como sujetos tan deleznables e inhumanos como para que su eliminación fuera no sólo comprendida sino aclamada y pedida por  una parte importante de la sociedad.

Daniel se presenta como productor audiovisual. Nos cuenta que desde muy joven estuvo interesado en difundir ideas a través de los medios y a través de distintos formatos.

 “En un momento abandoné el Grupo Cine donde estaba porque había una dictadura tan salvaje que necesitábamos todos participar para poder echarla, desterrarla”.

Las palabras de Daniel son taxativas: para él, no quedaba otra opción que asumir la resistencia a esa Dictadura.

“Pertenezco a una familia muy golpeada: mi hermano está desaparecido, mi madre estuvo en la [ex] ESMA igual que mi prima y su marido y mis amigos también están desaparecidos. Estuve en la cárcel cuatro años. Estuve en Campo de Mayo secuestrado una semana. Formé parte de la Contraofensiva. Formo parte de la historia de los últimos años de nuestro país. Elegí un lugar. Elegí ponerme en una vereda hasta el día de hoy. Hoy estamos buscando memoria verdad y justicia y participar activamente en este juicio me lo permite”, sostiene. Daniel es querellante por sí mismo en el juicio. Colabora con el grupo de sobrevivientes y familiares para llevar adelante las audiencias. Trata de estar presente en casi todas las audiencias e informa a las y los compañeros que participan en el juicio mediante un grupo de Whatsapp, ya que muchos de ellos están en el exterior, para hacerlos participes de algunos aspectos de la audiencia que son más informales.

Desde el inicio del Juicio Contraofensiva, Cabezas y otros compañeros y compañeras sobrevivientes y  familiares de desaparecidos trabajan en equipo para desarmar el discurso social instalado de la teoría de los dos demonios. En formato de blog (https://juiciocontraofensiva.blogspot.com/) han ido registrando  mediante escritos, dibujos, fotografías y documentos cada una de las audiencias. “No formamos una comisión- como hay en Vesubio, en Puente 12- pero sí trabajamos en equipo. Todos aportan para que la causa se desarrolle en búsqueda de justicia con efectividad. Gracias al aporte de los jóvenes, los hijos e hijas de los desaparecidos, la causa tomó un impulso mayor, muy intenso”, comenta Daniel.

Entre les hijes de desaparecidos se encuentra Gustavo Molfino, fotógrafo presente y activo en lo que refiere al registro de este y otros juicios por delitos de lesa humanidad. Su madre formó parte de la Contraofensiva y fue secuestrada en la localidad de Miraflores, Perú,  en una acción mancomunada entre la SIDE argentina y la SIE peruana. Gustavo- hoy jefe del departamento de fotografía de la Cámara de Diputados de la Nación- estaba presente en el momento en que se llevaron a su madre. “Salvate vos que tenés toda la vida por delante”, fueron las últimas palabras de Noemí Esther Gianotti de Molfino, según el testimonio que prestó él mismo y que consta en la crónica del Diario del Juicio.

En otra de las audiencias, Ana María Montoto Raverta- médica pediatra- leyó en voz alta y entrecortada una carta enviada por su madre a sus compañeros de “La Guardería”, una casa en La Habana donde ella y su hermana- la actual titular de la ANSES Fernanda Raverta- quedaron junto con otres niñes  al cuidado de miembros de Montoneros mientras sus padres y madres llevaban a cabo la Contraofensiva. En la misma, María Inés les pedía: “No dejen que mis hijas se olviden de mí. Léanle mis cartas y muéstrenle mis fotos”.

Daniel Cabezas detalla:

“Hay familiares que hicieron una descripción de la personalidad de los desaparecidos, y de cómo había sido su vida. Desde muy chicos, el interés por lo social, su participación en distintas organizaciones y acciones. Cómo eran en lo cotidiano. Durante el juicio se pudo obtener historias de vida de militantes que siempre trabajaron y lucharon por una sociedad más justa y que lamentablemente fue truncada su vida pero también hay sobrevivientes que continuaron sus militancias, sus participaciones en la sociedad haciendo aportes desde el lugar que les toca: maestros maestras, sindicalistas, trabajadores rurales, médicos, entonces los testimonios en las audiencias le permiten a la sociedad tener un  pantallazo sobre los militantes que resistieron. Sus historias de vida, su calidad de vida y su entrega. La teoría de los dos demonios instaló que los Montoneros eran unos delincuentes subversivos terroristas”.

Y agrega: “Acá en el juicio estamos viendo que había  maestros, médicos, sindicalistas, gente de las Ligas Agrarias,  que había estudiantes y que la opción político militar fue en una época. De hecho, hoy en día hay muchísimos militantes que sobrevivieron y que están en distintos organismos de gobierno  o están trabajando en un sindicato, ocupando distintos lugares en la sociedad de acuerdo a la época. Eso es también lo que el juicio permite ver”.

En estas cartas, conversaciones o citas falsas para salvar a compañeros (hoy sobrevivientes), se va tejiendo, audiencia en audiencia, otro relato que humaniza y contextualiza los caminos tomados por muchos militantes en ese momento.

DESMENUZAR EL CEREBRO DE LA DICTADURA

Para Daniel, “El objetivo principal buscado es que se haga justicia por nuestros compañeros y compañeros que fueron desaparecidos o asesinados. Y luego, poder  esclarecer y desarmar algunas de las acciones psicológicas que se hicieron durante la contraofensiva y que repercuten en todo el accionar de la dictadura”.

“Todo el aparato de inteligencia siempre estuvo oculto. En este juicio nos estamos metiendo en las estructuras de inteligencia”, destaca. “Poder descifrarlas es poder cumplir con las tres banderas de los derechos humanos de los últimos años que son Memoria, Verdad y Justicia. La importancia puntual radica en que visibiliza a la inteligencia del Ejército, quien estuvo detrás del armado del Plan Sistemático. Eso es lo importante. De hecho, los testimonios de Stella Segado- Coordinadora del Área “Memoria y archivos” de Territorios Clínicos de la Memoria (TeCMe) y ex directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa- y de Verónica Almada- antropóloga que trabajó en el equipo de Segado y se especializó en el ordenamiento y la clasificación de los archivos del Ejército- aportan datos duros, sustento, además de para que haya verdad, para poder llegar a un resultado que haga Justicia a la memoria de los y las desaparecidas/os. Así como rescatamos la historia de vida de cada uno de los compañeros, a través de los testimonios de familiares y estamos conociendo al verdad de cómo cayeron y dónde cayeron, también estamos conociendo la verdad del enemigo. Cómo operaba esta estructura de inteligencia. La Justicia la obtendremos en la sentencia”, apunta.

Para Daniel, los  testimonios de Stella Segado en la audiencia  del 11 y de Verónica Almada el 18 de junio superan el ámbito del Juicio Contraofensiva ya que aportan información que puede ser provechosamente utilizada en otros juicios. “Stella Segado mostró organigramas que estaban en las órdenes de inteligencia, se pudo ver  la organización que había, cómo era la estructura. Entonces todo eso trasciende nuestro juicio. Porque esa estructura de inteligencia se aplicó en todo el país. Entonces hay otros juicios a los que les puede servir también”.

TRANSMITIR EN VIVO, DEMOCRATIZAR LA EXPERIENCIA DE LOS JUICIOS.

El primer gran acercamiento de la televisión y juicios por Derechos Humanos se dio en Argentina durante el denominado “juicio a las juntas”, que se inició el 22 de abril de 1985, marcó un punto de inflexión en las sociedades latinoamericanas frente a la posibilidad de que los tribunales de sus propios países enjuiciaran a los dictadores. Si bien hubo un acceso a imágenes,  “no podemos establecer que fue una audiencia televisada”, sostiene Julio Mundaca Quintana, subdirector de Comunicaciones del Poder Judicial de Chile, en su artículo La televisación de juicios como herramienta de construcción de una justicia social.

“Fueron 530 horas de audiencias, 709 casos presentados, 833 testimonios, 38 mil fojas y una Argentina –y por qué no decirlo, el mundo– expectante de conocer el veredicto. Como una forma de transparentar lo que estaba sucediendo, los jueces determinaron que los periodistas podían ingresar sin problemas, pero las imágenes eran tomadas por un pool de fotógrafos y si bien el juicio fue íntegramente grabado, los canales de televisión solo podían acceder a tres minutos diarios sin audio para utilizar en sus notas”, escribe Mundaca Quintana.

Más allá de su relevancia histórica, hay que resaltar que esta primera televisación se realizó a través de un medio de comunicación hegemónico. Dicha transmisión fue fragmentada y por lo tanto, el acceso que la sociedad civil pudo tener a la información de lo que sucedió dentro del Tribunal fue, inevitablemente, sesgado y parcial.

El contexto actual resulta completamente diferente: se trata de un medio alternativo de comunicación con amplia trayectoria en lo que refiere a derechos humanos y que ha empezado a transmitir las audiencias en vivo para todo el mundo sin cortes. Desarmando, así, la puesta en escena editada que pudiere interferir o modificar los sentidos de lo que juzgades y víctimas relatan, proporcionando a la ciudadanía entera la posibilidad de acceder a la palabra de los actores de este pasado reciente, para debatir, preguntarse y poder sacar conclusiones propias y colectivas.

-Ha estado presente desde las primeras audiencias de este juicio. ¿Cómo se siente ahora acudiendo a las audiencias en este contexto de aislamiento social obligatorio?

-“Es contradictorio porque nosotros quisiéramos que esté la sala llena. Es fundamental que estemos presentes frente al Tribunal y acompañando al testimoniante. Pero como no se puede apareció esto de la difusión a través de las redes. Este tribunal es muy especial: nos dejaba sacar fotos y nos dejaba grabar y filmar durante las audiencias y ahora permitió- es el único hasta ahora- que se difundía a través de La Retaguardia. Mientras se transmitió la primera audiencia, cuando estaba Stella Segado testimoniando tuvo más de mil vistas. Entonces es contradictorio: no estamos presentes físicamente pero llegamos a muchísima más gente. A partir de habernos visto hay periodistas que llamaron para interiorizarse, académicos que están estudiando el tema, fiscales que pidieron el testimonio de Stella. Es contradictorio pero nosotros queremos avanzar porque necesitamos llegar a una sentencia antes de que se terminen de morir los imputados. Si la ciudadanía conoce más sobre lo que provoca un juicio, lo que se hace en un juicio y lo que se logra en un juicio de Lesa Humanidad, también va a dar elementos para los juicios que van a venir, que son los responsables económicos. La dictadura no fue un grupo de militares locos que mataban gente sino un plan económico, un proceso de reorganización nacional que intentaba organizar la sociedad de otra manera en beneficio de un grupo muy chico de  grupos económicos. Que es lo mismo  que está pasando ahora y que pasó en los noventa y los últimos cuatro años. Que los juicios sean incorporados a la sociedad también va a permitir para llevar a juicio a los responsables del genocidio económico. Hay una cuestión del legado, que ustedes los más jóvenes partan de una visión más amplia para que luego no les vendan pescado podrido”, concluye Cabezas.

***

En un mundo capitalista que nos convida y vende “momentos” para atender a todos nuestros  sentidos para consumir de modo constante, la experiencia resulta irremplazable. Tan irremplazable como lo es para hacer carne, para comprender. Para hacer memoria con todo el cuerpo y, si es necesario en estos tiempos, poniendo los sentidos en juego a través de la pantalla. Es de suma importancia y debe constituirse como un derecho más dentro de nuestra democracia, la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda presenciar, ya sea físicamente como desde la virtualidad, el devenir de los distintos juicios de lesa humanidad. Debería ser un pedido de todos, para que realmente se pueda educar y formar ciudadanía consciente de las aberraciones planificadas sucedidas. Resulta indispensable subirse a este tren que ha empezado a andar gracias a la acción de los organismos de derechos humanos, de los medios alternativos, abrazar a estas primeras transmisiones en vivo de los juicios de la mano de los medios alternativos e independientes y mantenerlas vivas. Que no queden como excepción pandémica. Que se constituyan como un elemento más de democratización de la información. Para poder ser partícipes reales de un proceso de recuperación de memoria histórica y de justicia en donde cada ser humano, en contacto directo con la historia expuesta ante un tribunal, pueda construir su realidad, su proceso histórico personal y, también, colectivo.Para llevar a la práctica entre todos el deseado y defendido “Nunca Más”.

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Por Vivian Palmbaum

Fueron 72 años lo que tardó en llegar la justicia para el Pueblo Pilagá, con una sentencia que recae en el Estado argentino como responsable de la Masacre de Rincón Bomba ocurrida en 1947. Por primera vez se reconoce el delito de crimen de Lesa Humanidad contra una comunidad originaria y establece un resarcimiento que va más allá de lo económico. Entrevistamos a la abogada Paula Mercedes Alvarado que se hizo cargo de llevar adelante la demanda, casi en soledad, en representación de la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá.

El fallo dictado por el Dr. Fernando Carabajal, Juez Federal Subrogante, sienta un precedente, tal como lo expresó Paula Alvarado: “Este fallo es inédito, porque es el reconocimiento de un hecho específico como Lesa Humanidad y esto implica la imprescriptibilidad del crimen y la imprescriptibilidad en una causa civil. Esto es único, con el tinte adicional que es el reconocimiento a un pueblo indígena. Una sentencia única de este tipo en Argentina, por el reconocimiento a un pueblo indígena y es un hecho inédito a nivel latinoamericano también. La sentencia y las reparaciones integrales que marca también son inéditas en su tipo”.

Salir del silencio

La historia de la Masacre de Rincón Bomba, en la provincia de Formosa, fue reconstruida y quedó probada por la justicia. Un hecho de dolor que también salió del silencio para las y los Pilagá.

Paula Alvarado es la abogada que se hizo cargo de la causa en 2013. Entrevistada por Marcha, contó cómo el inicio de este proceso impactó en la propia comunidad Pilagá. “Tuve la suerte de quedarme en las comunidades y conocer a muchos sobrevivientes de la Masacre, que hoy  ya no están vivos. Ellos me contaron que hay un antes y un después. Antes no se podía hablar de la Masacre, los hechos estaban medio ocultos, nadie sabía nada, solo que algo pasó ahí, pero no se hablaba del tema. Después de la presentación de la demanda se empieza a hablar del tema pero no de los responsables”.

Casi en soledad, se atrevió a tomar una causa que ni siquiera los organismos de Derechos Humanos habían tomado. Alvarado cuenta que el tema le llega casi de casualidad. Un jueves en una ronda de las Madres conoció a Valeria Mapelman, que había hecho el documental Octubre Pilagá.  “Me cuenta la situación de desconcierto que tenía la Federación, no conocían la demanda judicial, ellos habían firmado un poder y nunca más supieron nada, no sabían dónde estaba la causa, ni que pasaba, ni sobre que era”.

Demanda y justicia

La Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá, inició en el año 2005 una acción penal y una demanda civil contra el Estado Nacional.

La causa civil se inició por indemnización de daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente, daño moral y determinación de verdad histórica, a favor del pueblo de la etnia Pilagá por la “Matanza de Rincón Bomba, acaecida entre el 10 y 30 de octubre de 1947, en territorio nacional de Formosa, por la cantidad de pesos que el señor juez se sirva a presupuestar de acuerdo a los antecedentes existentes, más los intereses de tasa activa que cobre el Banco Nación”, se expresa en la demanda inicial de 2005.

Apenas 14 años después llega una sentencia que hace un poco de justicia frente a lo irreparable: “Las víctimas se han encontrado solas frente a un Estado que se ha mostrado impávido frente al reclamo de justicia de los pueblos originarios, que no solo debieron esperar décadas para que los hechos pudieran ser investigados y exhibidos, sino que aún ahora siguen siendo ignorados en su reclamo de ser visualizados y reconocidos”, se expresa en este fallo histórico.

Además, expresa que “No hay dudas que la situación de los pueblos originarios se halla entre aquellas áreas de mayor vulnerabilidad que, en consecuencia, mayor exigencia plantean a los Estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se agigantan en el caso del Estado Argentino atento que los derechos de las comunidades originarias se hallan también contenidas en el propio texto constitucional nacional”.

No solamente se reconoce un delito de genocidio que es imprescriptible, sino que además de la reparación patrimonial a favor de la Federación, el Estado debe ejecutar un plan de inversiones públicas a fin de promover el desarrollo de la etnia Pilagá.

Contexto político

Un poco más de un año había transcurrido de la asunción de lo que fuera el primer gobierno de Juan Domingo Perón cuando ocurrió esta Masacre. Mientras el general adulaba a los conquistadores, tal como muestra el documental, también recurrió a sus metodologías y les ofrecía mano de obra barata a los terratenientes, como Patrón Costas que reclamaban por mayores beneficios. Una fórmula que ya conocemos.

La Masacre de Rincón Bomba ocurrió en octubre de 1947 en la provincia de Formosa, que dejó a la comunidad Pilagá diezmada y reducida. Cientos de indígenas pertenecientes al Pueblo Pilagá fueron asesinados en Ayo La Bomba, un paraje ubicado en Las Lomitas, provincia de Formosa, bajo las órdenes de Gendarmería Nacional. Quienes lograron escapar fueron perseguidos y perseguidas, sus niñas, niños y ancianos torturados y las mujeres abusadas. Después del ataque ni siquiera pudieron volver a enterrar a sus muertos, muchos de los cuales están en fosas comunes y otros ni siquiera saben donde se encuentran.

Las y los sobrevivientes fueron reducidos y obligados a permanecer en colonias como Colonia Aborigen Bartolomé de Las Casas o Comunidad Indígena Muñiz, forzados a realizar trabajo casi esclavo para los grandes terratenientes de la zona en ingenios, algodonales y obrajes. Sus niñas y niños les fueron arrebatados e internados en un orfanato, el Internado Infantil José de San Martín, donde recibieron educación religiosa.

Conquista y dominación

La conquista y dominación de América organizó las Reducciones que funcionaron como campos de concentración para las comunidades originarias. Un espacio donde se organizó la recaudación de los tributos, la mano de obra indígena y su evangelización, cuya creación cambió el patrón de asentamiento de las poblaciones nativas y forzó la reorganización de su estructura política, tal como puede leerse en distintos textos que abordan la temática. Un modo también de expropiarles la tierra que ellas y ellos habitaban. La Masacre de Rincón Bomba no escapa a esta lógica en pleno siglo XX. El Bartolomé de las Casas y Muñiz funcionaban como reservorio de mano de obra. Una Reducción desde donde el Ministerio de Trabajo mandaba trabajadores y trabajadoras.

La noticia del fallo  recorrió casi todos los medios: el Estado fue encontrado responsable del genocidio del Pueblo Pilagá. Una sentencia que constituye una novedad en el campo del derecho sobre nuestra historia manchada con la sangre de los pueblos originarios. Por primera vez se reconoce al Estado responsable del genocidio de una comunidad originaria. La conquista con el sometimiento, el dominio y el asesinato son parte de nuestra triste historia. Desde Cristóbal Colón en adelante, exterminio, usurpación, depredación y apropiación de recursos son los instrumentos que llegan hasta nuestros días.

Leer más: 

Un genocidio silenciado: 71 años de la Masacre de Rincón Bomba en Formosa

Octubre Pilagá 

Sentencia judicial

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El 15, 16 y 17 de septiembre se realizó en Catamarca la I Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos bajo la premisa “defender el agua como bien común y vital”. Contó con la asistencia de delegados nacionales, internacionales, de los pueblos originarios y la participación de Adolfo Perez Ezquivel y Nora Cortiñas. Entrevistamos a integrantes del Movimiento Patagonia Libre que participaron en el encuentro.

En Catamarca se realizó la I Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos bajo la premisa “defender el agua como bien común y vital”. Allí se planteó exigir a los Estados el reconocimiento y respeto del agua como derecho humano, impulsar la soberanía alimentaria y crear una red latinoamericana en defensa del agua para los pueblos.

El propósito de la cumbre fue afianzar la solidaridad entre aquellos pueblos afectados por las actividades extractivas y aunar criterios para la lucha y la resistencia. El encuentro fue  organizado por PU.CA.R.A. (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) y el grupo ecologista tucumano ProEco de la Red Nacional de Acción ecologista (RENACE). En la Universidad Nacional de Catamarca se llevaron a cabo las actividades que incluyeron charlas, talleres, exposiciones y stands de las organizaciones.

Desde Catamarca entrevistamos a Soledad Verón y Rita López de la ciudad de Río Gallegos y Ainelén Rosales de El Calafate, integrantes del Movimiento Patagonia Libre. Ellas viajaron a la Cumbre para visibilizar el impacto ambiental y social que tiene la construcción de dos mega-represas sobre el río Santa Cruz. Se trata de un complejo hidroeléctrico que amenaza al último río glaciar que recorre libre desde los Andes hasta el Mar Argentino, y  que afecta también al Glaciar Perito Moreno, que es su afluente.

¿Por qué el Movimiento Patagonia Libre decidió participar de esta Cumbre?

Nos parece importante hacer visible lo que está pasando en el sur de nuestro país. No se llega a conocer la gravedad de lo que está pasando en Santa Cruz con las represas (Cóndor Cliff y La Barrancosa). Quizás por la distancia, por  el hecho de estar tan lejos de los grandes centros urbanos y de los medios nacionales de comunicación,  hace que nuestra causa no se conozca demasiado.

Una obra como las represas pone en riesgo al tercer reservorio mundial de agua dulce, mientras en la zona norte de la provincia de Santa Cruz se vive un contexto de problemáticas de acceso al agua.

¿Cómo fue la experiencia de participación en el encuentro?

Puntualmente estuvimos en la mesa “Agua, Territorio y Represas”,  como comentaristas junto a Rulo Bregagnolo,  de Misiones,  y a Diego Jaramillo,  de Aysén (Chile). Ellos compartieron la experiencia de haber luchado contra las represas y en ambos casos, tanto en Aysén como en Misiones, el resultado fue exitoso. También habló gente de la Asamblea Ciudadana de Concordia.

Nosotras contamos sobre este proyecto, sus consecuencias y los impactos ambientales y sociales que tendrían las represas (Cóndor Cliff y La Barrancosa). También nos referimos a la causa que está en la justicia y cuál es su estadio actualmente. Además expusimos fotos de la muestra “Historias del Río”,  que se hizo en diferentes localidades de la Provincia de Santa Cruz.  Una muestra itinerante de fotos que mandaron muchas personas con sus fotos en el río Santa Cruz. Seleccionamos algunas fotos para traer y estuvieron expuestas acá los tres días que duró la cumbre.

¿Se encontraron con personas que tuvieran la misma experiencia? ¿Qué pudieron compartir?  

La problemática es la misma, la gente pide que no se construyan represas en ríos tan importantes para el medio ambiente y también para el turismo,  como por ejemplo el caso del Río Baker en Chile. Ellos compartieron sus experiencias en estas causas y como lograron que las represas finalmente no se construyan.

-¿Cuál es la importancia de este encuentro?

El agua es el bien común que se está afectando en todas las actividades, tanto en la minería, en el fracking, en las represas, en los agronegocios, entre otros. El agua es lo común que tiene este régimen extractivista.

Otra cuestión significativa del encuentro es que fue latinoamericano. Vinieron representantes de otros países de América Latina que están pasando o ya pasaron por los mismos problemas. Además estuvieron representantes las naciones Diaguita, Mapuche, Aymara, Quechua y otros pueblos originarios,  que tuvieron su lugar en la Cumbre,  para exponer su cosmovisión sobre el agua y la tierra. Es importante porque el agua nos atraviesa a todos, somos agua y el régimen extractivista está afectando este bien común a todos los pueblos.

Además el agua estuvo tomada como derecho humano, como un bien común, lo que permitió ampliar el espectro. Por eso contamos con la presencia de Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, quienes acompañaron todo el encuentro.

¿Se llevan experiencias y aprendizajes de las otras actividades de la Cumbre?

Participamos del taller “Derecho Humano al Agua y Protección Internacional” donde aprendimos las diferentes vías legales con las que contamos para defender nuestras causas. Nos explicaron el funcionamiento tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sus diferencias, ventajas y desventajas. Son innumerables las personas que se acercaron a nosotras, que se interesaron por lo que está pasando en el sur del país y nosotras pudimos interiorizarnos sobre las demás luchas que se están dando hoy en América Latina.

Pudimos contactarnos con numerosos compañeros y compañeras de distintas localidades y países, como el fiscal Gustavo Gómez quien se ofreció a asesorarnos en lo que necesitemos y viajar a los proximos eventos que realicemos desde el Movimiento Patagonia Libre. También la abogada Vivian Lagrava de Potosí (Bolivia) se ofreció a interiorizarse del proyecto y asesorarnos legalmente.

El último día de la Cumbre se decidió crear un “Movimiento Latinoamericano Plurinacional de los Pueblos por el Agua”. Marchamos a la plaza y se leyó una declaración a la que adherimos. Se consensuó que la próxima Cumbre se realizará en Jáchal  (San Juan) por la lucha que vienen llevando en Veladero.

Notas relacionadas:

Río Santa Cruz libre: causa común entre ambientalistas y pueblos originarios

“Los ríos son las grandes arterias del planeta y cortar su curso es romper un equilibrio del que poco sabemos”

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2.50 p.m marcaba la hora oficial de Colombia. 92 minutos señalaba el reloj oficial del partido. Yerri Mina, hijo pródigo de la zona del Cauca, le daba el gol más soñado a la selección nacional. Un grito de gol que ahogó los gritos de dolor de 6 líderes y liderasas sociales ejecutados en la misma zona. La arremetida paramilitar suma una centena de ejecuciones en este año.

Solo restaba un minuto oficial para que la selección Colombia cayera ante su par inglés por la copa mundial de fútbol masculino. 92 minutos marcó el reloj del juez Mark Geiger cuando Yerri Mina se elevó por los aires como alzado por pueblo entero, para dar el testazo más importante de las últimas décadas. El pueblo colombiano se unió en gritos y alabanzas ante el gol más importante de los últimos tiempos. Se hizo gigante la figura de Yerri Mina y se enaltecieron monumentos a la región del cauca por haber parido al hijo le estaba dando gloria y un nuevo respiro a la selección.

92 minutos. En ese mismo instante y en esa misma región, 6 líderes y lideresas estaban siendo ejecutados por las fuerzas paraestatales denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) -o Clan Del Golfo (CDG)-. El grito de gol ahogó el grito de auxilio de estos defensores y defensoras de los Derechos Humanos y de la vida. La razón por cual fueron asesinados es la misma por la que le fue arrebatada la vida en menos de dos años a 311 líderes y lideresas sociales: defender los Derechos Humanos, defender el territorio y  defender de la vida.

En estos últimos 6 años el escenario político en Colombia giró alrededor de las negociaciones de paz y la firma de los acuerdos por parte de la FARC con el gobierno nacional. De este escenario se esperaba abrir nuevos horizontes para Colombia en relación a la paz, la búsqueda de justicia y de verdad para las víctimas que por más de 50 años han sufrido los estragos del conflicto social y armado. Sin embargo, ese esfuerzo se vio empañado, en primer lugar porque los sectores de la oligarquía más conservadora encabezada por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez se opusieron al acuerdo desde el inicio de los diálogos de  Habana. En segundo lugar porque se avizoraba nuevos rumbos para concebir una nueva forma de oposición alejada de las armas por parte de las FARC, los líderes/as sociales y diversos sectores de los movimientos sociales.

Todas estas propuestas hoy penden de una delgada línea, ya que el gobierno nacional no tuvo la suficiente fuerza para garantizar que la aprobación de cada una de las propuestas firmadas en el acuerdo final, fueran aprobadas por el senado de la República. Las consecuencias han sido letales. El acuerdo final firmado entre insurgencia y gobierno fue modificado en profundidad botando a la basura más de seis años de discusiones y rondas entre insurgencia, sociedad civil y gobierno.

Todo lo anterior fue una muestra de la poca voluntad política por una parte de la sociedad al a que no le interesa la paz, simplemente porque ellos han sido los artífices de la violencia social y económica del país. Después del proceso de dejación de las armas por parte de una de las insurgencias más grandes de Colombia, distintos ejércitos paraestatales han surgido para tratar de ocupar y controlar de forma violenta aquellas zonas que eran de ocupación de las FARC, regiones como la del Nariño, Cauca, Norte de Santander, el pacífico colombiano, el nororiente antioqueño, entre otros. Territorios que se caracterizan principalmente por ser ricos en bienes de la naturaleza tales como el oro, carbón, agua, petróleo y por poseer enormes cultivos de planta de coca y todas las rutas de salida del narcotráfico.

El papel de los líderes y lideresas sociales ha sido crucial para tratar generar procesos de defensa del territorio ante la arremetida de la transnacionales, el desmantelamiento de las redes narcotráfico y microtráfico, la puesta en evidencia de la estructuras paramilitares, la denuncia permanente de la corrupción estatal y, sobre todo, la defensa de cualquier salida negociada y consensuada con la sociedad civil de los acuerdos de paz.

Sin embargo, a raíz de la ausencia de las insurgencias, el foco de la violencia ha cambiado y apunta a quienes ejercen el derecho a la protesta, los derechos humanos, la defensa del territorio y de la vida. Las cifras son escandalosas, entendiendo que desde hace dos años  se firmó un acuerdo que trataría de garantizar la búsqueda de una paz estable y duradera.

• A la fecha (5 de julio de 2018) 123 líderes y/o defensores de DDHH han sido asesinados durante el año 2018.
• En el 80,48 % de las víctimas de homicidios hacían parte de organizaciones campesinas, Juntas de Acción Comunal y/o étnicas.
• Si se considera el tipo de conflictos se constata que los relacionados con cultivos de coca (pactos de sustitución o erradicación forzada) son el 13 % del total.
• Los conflictos por tierra, territorio y recursos naturales representan el 83,19% de los homicidios en el 2018.
• El 14,63% de los homicidios fueron mujeres.
• Desde la elección presidencial el 17 de junio de 2018 se han asesinado a 22 líderes/as y defensores/as de DDHH (uno diario)
• En 2016 asesinaron a 57 líderes/as y/o defensores/as de DDHH, en el 2017 asesinaron a 93 líderes/as y/o defensores/as de DDHH y en lo corrido del 2018 han asesinado a 123 líderes/as y/o defensores/as de DDHH.
• El 34,14 % de los homicidios fueron cometidos en contra de integrantes de las organizaciones nacionales que conforman la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (ONIC 18, Marcha Patriótica 16, PCN 3, Congreso de los Pueblos 2 y Ríos Vivos 2) y de Confederación Comunal de Colombia 16.
• En él años 2018, frente a homicidas de ex combatientes de las FARC – EP en proceso de reincorporación se registraron 33 homicidios, igualmente 5 familiares de ex combatientes fueron asesinados.
• Cabe destacar que en los departamentos donde más se presentaron homicidios fueron en Cauca (19), Antioquia (18) y Norte de Santander (11), Valle del Cauca (11), Córdoba (9) y Nariño (8). Manteniendo la tendencia de los años 2016 y 2017 de ser los Departamentos más afectados por este tipo de violencia.
• Los homicidios se presentaron en 73 municipios ubicados en 24 departamentos del país. El 67,47 % de los homicidios se concentra en 7 Departamentos.^[1]

El día 6 de julio fue convocada una serie de acciones a nivel mundial para exigirle al Estado colombiano que ponga fin a esta masacre y que generen mecanismos de protección a los líderes y las lideresas sociales para garantizar sus vidas y obligar al gobierno nacional a que avance con los procesos de investigación y desmantelamiento a las estructura paramilitares.

^[1] Cifras tomadas del INFORME ESPECIAL. Todos los nombres, todos los rostros: Informe de Derechos Humanos sobre la situación de lideresas y líderes sociales, de defensoras y defensores de Derechos Humanos y de ex combatientes de las FARC – EP y sus familiares en los territorios.

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A dos meses del asesinato de Marielle Franco entrevistamos al periodista Silvio Schachter, padre de una amiga y compañera de ella.

– Marielle Franco era amiga de tu hija, ¿qué nos podes contar de esa relación?

– La verdad es que todavía estamos en un nivel de incredulidad ante la magnitud de la pérdida. La noticia llegó de manera violenta, un golpe frío, algo inesperado. Sabíamos que ella corría riesgos, sabíamos que su militancia significaba la posibilidad de que sufriera algún tipo de agresión, pero la manera brutal en la que fue asesinada, en un ajusticiamiento mafioso, terrorista, de parte de sectores vinculados a los instrumentos represivos del Estado, era impensada.

Recibimos la noticia a poco tiempo de su asesinato, cuando ella salía de una actividad de mujeres en defensa de los derechos de género, en el popular barrio de Lapa. Cuando se estaba subiendo al auto fue acribillada. Poco tiempo después se descubrió que las balas que la mataron pertenecían a una partida que había comprado la policía municipal y militar.

Ella venía trabajando desde su lugar de militancia actual, básicamente la Legislatura de la ciudad de Río en defensa de los más humildes, favelados, de las mujeres negras, de las víctimas del gatillo fácil y la represión creciente que se está viviendo en Brasil y particularmente en Río de Janeiro que ya ha sido militarizada. Es un problema de muchos años, porque arrancó con las Olimpíadas y esa idea de una limpieza étnica de la ciudad nunca retrocedió, por el contrario, se fue agudizando. Sumado a la crisis económica social que ha hecho también que las formas delictivas, de narcotráfico tomen a la ciudad.

Marielle estaba en medio de esa lucha hace muchos años. Ella fue criada en la favela Maré, muy famosa por la canción de Los Paralamas, “Inundados”, ahí se conocieron con mi hija, militando juntas a favor de los chicos más pobres de la favela en tareas educativas, formándolos, preparándolos para el ingreso a la universidad y a partir de ahí, hace 13 años, nació una amistad que se mantuvo durante todo este tiempo y que tenía que ver con empatías en relación a la forma de mirar el mundo, a la forma de vivir, a la alegría de vivir y de luchar pero al mismo tiempo una empatía contra la injusticia, por los derechos de los más humildes. Por eso fue ella la que nos transmitió la noticia, ella estuvo en el lugar a pocos minutos de sucedido el hecho. Llegó a verla muerta antes de que se la llevaran.

El impacto en el núcleo más cercano ha sido tremendo, pero no solamente allí, también en miles y miles de personas que la conocieron en estos años de militancia. Militancia que nació en la base, en el llano, en los lugares más golpeados, enfrentando a la represión, las desapariciones, las torturas, los secuestros, y que llevó después a otro escenario como es la Legislatura de la ciudad de Río, con un perfil inédito porque ella construyó un colectivo horizontal de muchos militantes y de muchas mujeres que expresaban distintas reivindicaciones.

-Escribiste un texto sobre ella, ¿verdad?

-En la carta yo comentaba que una de las personas que trabaja con ella es la sobrina de Amarildo, que fue un caso paradigmático de la represión en Río hace 4 o 5 años atrás en el 2013, que fue secuestrado por un grupo de la Policía Militar y luego apareció asesinado. Toda la lucha por la aparición de Amarildo y el castigo a los responsables de su asesinato fue un proceso emblemático de la lucha por los Derechos Humanos y los habitantes de la favela.

-¿Qué implicancias tenía su figura?

-Ahí Marielle Franco tuvo un papel muy importante, ella siempre estuvo muy vinculada al tema de Derechos Humanos. Y la sobrina de Amarildo ahora se convirtió en un cuadro político que trabajaba al lado de Marielle en la Legislatura. Así como muchas otras en defensa de los derechos de los homosexuales, etc. Ella era madre soltera y había sido varias veces amenazada, colaboró en la campaña de Marcelo Freixo, dirigente del PSOL, que se tuvo que ir del país por las amenazas, otro luchador por los DD.HH. en Río.

No fue una masacre genérica contra una militante. Ella era una figura muy significativa. Cuando se presenta como candidata las expectativas eran que sacara 5 a 6.000 votos, era su primer experiencia como candidata, y sacó casi 60.000. Era la militante femenina con mayor proyección de Río de Janeiro e inclusive a nivel nacional.

Era negra, lesbiana, favelada, madre soltera, esa figura la derecha política de Brasil no la podía permitir, no quería que esa figura creciera. El atentado responde a eso. A una señal mafiosa. Que no van a permitir que figuras de esa calidad se proyecten en la política. En una sociedad que está harta de políticos corruptos, de la descomposición de las formas tradicionales de la política burguesa, de los negociados, de la impunidad, de la violación de los Derechos Humanos.

En Río el porcentaje de crímenes por parte de las fuerzas del Estado es enorme y de todo ese universo que son más de 4.000 por año que mueren a manos de la Policía Militar o el Ejército, solo el 5% se investigan y la mayoría de ese porcentaje no tiene causa.

Hace unos años atrás también en el Estado de Río, en Niteroi, mataron a una jueza que estaba investigando un caso policial, de la misma manera que mataron a Marielle. Son señales para el conjunto de la sociedad, para generar miedo. La respuesta ha sido muy importante. En la zona del barrio donde está ubicada la Legislatura se realizaron inmediatamente enormes actos que recorrieron todo el país y lo interesante es que ha llegado a todo el mundo. Ha habido eventos en estos días en México donde un conjunto de intelectuales ha reclamado al gobierno repudiando el hecho, ha habido actos en España, Francia y en muchísimas ciudades de Brasil, tratando que esto no pase como un hecho más y que no quede en el olvido. Por supuesto la gente que más la lloró es la que la conoció de chica, la gente a la que defendía, la gente de todas las favelas, la más pobre de Río.

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Entrevista con Liliana Furió, integrante de Historias Desobedientes, hijas e hijos de represores. Marcharán desde su grupo por primera vez el próximo 3 de junio, día del #NiUnaMenos.

Son hijas de genocidas, son mujeres y, además, se animaron a dar un testimonio contundente para romper el mandato de silencio de sus padres. Primero fue Rita Vagliati, quien se cambió el apellido en 2005; después Analía Kalinec, que fue entrevistada por Miradas al Sur en 2009; más cerca fue Mariana D., la hija de Etchecolatz, quien marchó contra el 2×1; y hace unos días Erika Lederer, quien convocó a las hijas e hijos de represores para que se juntaran. El resultado fue la conformación de un colectivo llamado “Historias Desobedientes”, que está recibiendo una catarata de mensajes de apoyo. Si bien el grupo aclaró que esta etapa inicial se trata del encuentro y el conocimiento de las historias particulares, también remarcó la necesidad de ubicarse “en la otra vereda” con respecto a las voces de familiares y amigos de genocidas que se vienen pronunciando hasta el momento.

En este sentido, Liliana Furió, integrante del colectivo, dialogó con Marcha sobre la postura del grupo con respecto a las políticas negacionistas del gobierno, y la voluntad de sentirse parte de la lucha histórica de los organismos de Derechos Humanos.

Su padre cumple cadena perpetua domiciliaria por vejez y enfermedad. “Yo alguna vez lo interpelé pidiéndole que por favor rompiera el silencio, porque hay gente que necesita encontrar a sus muertos para enterrarlos y algunas abuelas necesitan encontrar a sus nietos y nietas, pero fue muy frustrante porque la respuesta fue absolutamente negativa, sin arrepentimiento, reivindicando el terrorismo de Estado”, cuenta Liliana.

-¿Cómo surgió en vos y en el resto del grupo la necesidad de juntarse?

-Creo que yo, y estoy casi segura de que también el resto de los que estamos formando el grupo fundacional de Historias Desobedientes, tuvimos una necesidad casi visceral de conformarlo. Se dio de una manera tan urgente, tan necesaria… Pero, bueno, hubo disparadores: el 2×1; Mariana la hija de Etchecolatz, que cambió su apellido y haciendo una confesión tan magnífica y valiente; Analía Kalinec y yo, que veníamos haciendo otro camino como hijas de genocidas; más la suma de Érika Lederer y su salida en los medios. Todo esto nos catapultó, nos obligó, con una contundencia y una motivación y una unidad de ideales y de criterios entre todas y todos que es emocionante, y además siguen apareciendo y apareciendo hijas e hijos… Más hijas que hijos, hay que decirlo.

-¿Se sienten parte del conjunto de organismos que luchan por la memoria y la verdad, como las Madres, las Abuelas y los Hijos de desaparecidos?

-Hoy, más que nunca, de una manera mucho más orgánica. Ya desde hace unos años pude liberarme de esa vergüenza y esa culpa, en gran medida, de no poder encajar, del miedo a ser rechazada. Creo que a todos nos pasó igual, a los hijos de genocidas que nos paramos en otra vereda, por decirlo de alguna manera, nos pasó esto en algún momento.

Con el transcurso del tiempo, militando con otras agrupaciones y otros militantes de las distintas izquierdas –porque todos tenemos más o menos ese camino–, pude ir limpiando esto; pero siempre sentía que me faltaba un espacio bien identitario donde pararme.

Esto que estamos conformando, que estamos pariendo entre este grupo de gente tan maravillosa, todos estos hermanos y hermanas que estamos encontrándonos, de la vida y en la vida, nos dan un marco y una fuerza y una motivación magníficas. Y eso también hace que –por lo menos yo y creo que a todos nos pasa– nos sintamos más fuertes para ser parte de toda esa lucha, de todos esos organismos que vienen desde hace años luchando por estas causas de Memoria, Verdad y Justicia.

-¿Cómo es en este caso la relación entre lo personal y lo político?

-Como bien decimos las feministas desde los años 60, “lo personal es político”; es un concepto irrefutable. Y este caso no escapa a este concepto. Claramente, viene a reafirmar una vez más que lo personal es totalmente político y que esto se deja ver en todos estos actos, estos episodios, militancias y reacciones que genera un Estado represor, un Estado que quiere volver al pasado y hacer de cuenta que nada pasó, o que podemos perdonarlos alegremente cuando hay un montón de genocidas que no han hecho ninguna confesión con respecto al dolor que causaron, ni para hacerse cargo, no están arrepentidos, tienen un pacto de silencio. Así que más que nunca hoy lo personal es político.

Pero además, todo esto está completamente enraizado con otra lucha, justamente, que es la feminista, ya que la mayor violencia, de las más tremendas que sucedieron y que siguen sucediendo lamentablemente en esta cultura, está dada sobre el cuerpo de las mujeres. Y este gobierno que quiere volver al pasado nos representa un temor, un terror tan grande, que no podemos dejar pasar esta coyuntura sin embanderarnos y caer sobre este monstruo, para que no nos vuelva a pasar, que no se nos venga ese pasado horroroso encima, por favor, nunca más…

Y juntando las dos cosas, feminismos y nuestra verdad, la primera propuesta para salir con nuestros trapos, nuestra primera marcha, va a ser este sábado 3 de junio, con la consigna “Vivas nos queremos”. La vamos a sumar a la consigna de nuestro grupo “Historias desobedientes, hijas e hijos de represores, 30 mil motivos”.

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Víctima de un accidente automovilístico, falleció ayer el ex fiscal federal Hugo Cañón, reconocido por su incansable labor en defensa de los derechos humanos.

Un choque frontal entre un auto y una camioneta en la ruta 51, en el partido de Olavarría, produjo la muerte de 4 personas, entre las que se encontraba Hugo Cañón. Una pena inmensa nos invade con la noticia. Perdimos a una gran persona, un incansable defensor de los derechos humanos.

Abogado de profesión, recibido en la Universidad Nacional de La Plata, transitó diversos cargos en las dependencias del Poder Judicial, para lograr ser nombrado fiscal general federal de su natal Bahía Blanca al regreso de la democracia en los ’80. Fue allí donde dio inicio a la investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura en las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, territorio operativo del V Cuerpo del Ejército (causa 11/86). Por su minuciosa tarea, se empezó a dar a conocer las torturas, vejaciones y asesinatos cometidos en el centro de detención clandestina “La Escuelita”.

Los avances en ésta y otras causas similares se vieron severamente comprometidos con la ley de Punto Final (N° 23.492), que limitaba a un plazo de 30 días a partir de su promulgación para presentar denuncias por delitos de violaciones de derechos humanos. La aprobación fue el 5 de diciembre de 1986 y su promulgación fue el 24 de ese mes, por lo que la fecha perentoria para reclamar Justicia coincidía con la feria judicial, lo que funcionaba como una traba extra para lograr ingresar nuevas denuncias. Cañón tomó la osada responsabilidad de recibir nuevas denuncias durante ese período. Él mismo relató el febril trabajo que esto implicó, la premura por lograr presentaciones fundamentadas. Al opinar sobre la inconstitucionalidad de esta ley, fue apercibido por el Procurador Juan Gauna.

Esta labor se vería reconocida por el público general al año siguiente. En 1987 fue el único fiscal federal en impugnar por inconstitucional la Ley de Obediencia Debida (N° 23.521), impugnación que más tarde la Corte Suprema rechazaría. Mientras tanto, su necesario trabajo continuó su curso, hasta una nueva y más atroz interrupción: los indultos que Menem comenzó a decretar en octubre de 1989. Cañón volvió a impugnar por inconstitucionalidad a estos decretos. Según él dijo, fue entonces cuando pasó “el momento más duro de mi vida”. Primero, a la usanza de ese gobierno, se lo tentó con cargos, y cuando esto no funcionó, llegaron las presiones. El entonces secretario de Justicia César Arias ordenó sumariarlo y el Procurador Oscar Roger lo citó para cuestionarlo. La Corte menemista también terminaría contrariándolo. Venían los años donde la política oficial era tratar de borrar del mapa político el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia.

El clima político de la ciudad de Bahía Blanca tampoco ayudaba. Estaba severamente condicionado por la presencia permanente de las tres Fuerzas Armadas y el apoyo irrestricto (apologético) del poder mediático local comandado por el diario La Nueva Provincia y la radio de frecuencia AM LU2. Pero, contra la política oficial y con el apoyo de las organizaciones sociales, Cañón continuó buscando grietas para que la Justicia funcione. En 1999 protagonizó como fiscal acusador los Juicios de Verdad en Bahía Blanca, procedimiento de investigación sin efectos penales que servía para abonar al reclamo de Verdad, aunque no pudiera resolver el de Justicia. Ese año fue también el impulsor –junto al premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel- de la creación de la Comisión Provincial por la Memoria, para salvaguardar la reciente desclasificación de documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense. La comisión luego amplió sus alcances para impulsar programas como el de Jóvenes y Memoria, o el monitoreo del sistema penitenciario en la actualidad. De esos años data también la colaboración con el juez español Baltazar Garzón en los procedimientos llevados a cabo en aquella jurisdicción.

Cuando en 2003 se declaró la nulidad de las leyes de Impunidad, nuevos bríos cobró la situación. Los juicios por delitos de lesa humanidad ahora tendrían efecto legal. Cañón continuó su trabajo en la fiscalía hasta 2007, y su esfuerzo permanente fue una luminaria para muchos otros. La minuciosa tarea que llevó a cabo por más de dos décadas fue la base argumental con la cual los nuevos y jóvenes fiscales pudieron llevar a juicio a los represores en Bahía Blanca. Esta mega-causa, cuyo desarrollo se pudo atestiguar en las instalaciones de la Universidad Nacional del Sur, llegó a incluir la acusación al empresario periodístico Vicente Massot por instigación y complicidad, en un osado giro hacia la inclusión de la responsabilidad ideológica del genocidio (para leer en detalle sobre estos juicios, ver aquí).

Hugo Cañón fue una pieza clave en los avances para tener Memoria, Verdad y Justicia. Su militancia social y su actuación jurídica permitieron que generaciones enteras no quedásemos como huérfanas políticas. De férreas convicciones, cordial y franco, Hugo fue un baluarte de la democracia. Lo recordaremos siempre con respeto y afecto. Como escribió el periodista y amigo Diego Kenis ante la noticia, “sólo el ejemplo inmenso que nos queda supera el tamaño infinito de esta tristeza”.

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