Para ello se conformó la Mesa de Accesibilidad Electoral integrada por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, el INADI, la Cámara Electoral, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Órgano de Revisión de Salud Mental, la Agencia Nacional de Discapacidad y diversas organizaciones de la sociedad civil.

Por Dario Cavacini / Foto Martin Matilla

Históricamente, las personas en tales condiciones se han encontrado con una serie de obstáculos para el ejercicio de este derecho, tales como las sentencias que restringen, total o parcialmente, la capacidad jurídica y, en consecuencia, se las excluye de los padrones electorales. También, se constituyen como dificultades la falta de información disponible sobre los procesos electorales y las propuestas partidarias, la modalidad de voto, el lugar de votación, etc.  Asimismo, muchas personas permanecen internadas en instituciones alejadas de sus entornos o lugares de origen, lo que genera una enorme dificultad respecto a las lejanías de los lugares de votación donde están empadronados/as. 

La mirada tutelar que todavía se tiene en este campo, impide el reconocimiento de tales personas como sujetos de derechos y genera resistencias por parte de las familias, los equipos de salud, las instituciones y la comunidad en general, que evalúan como innecesaria su participación o bien, la consideran como “voto no calificado”.

La limitación de la capacidad jurídica ha sido utilizada para negar la participación política, especialmente el derecho al voto. La capacidad que tenga una persona de adoptar decisiones, no puede justificar que se les impida ejercer sus derechos. La exclusión del derecho al voto sobre la base de una discapacidad psicosocial o intelectual percibida o real, incluida la restricción derivada de una evaluación individualizada, constituye una discriminación por motivos de discapacidad.

Las personas institucionalizadas por motivos de salud mental y discapacidad tienen la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida y tienen derecho a contar con acceso a los apoyos necesarios para el ejercicio de sus derechos. La existencia de un diagnóstico y/o de una internación no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño e incapacidad. Las declaraciones judiciales de incapacidad deberán especificar sus funciones y actos que se limitan, nunca pueden ser un todo indisoluble. 

El estado tiene la obligación de garantizar los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con los demás, asegurando la participación plena y efectiva en la vida política y pública, directamente o a través de representantes libremente elegidos/as, incluidos el derecho y la posibilidad de votar y ser elegidas/os. Por ello, es imprescindible generar entornos de participación plena y efectiva en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones.

Los objetivos de esta campaña federal intentan revertir la histórica situación de vulnerabilidad que sufren estas personas, generando procesos electorales inclusivos y accesibles. Para ello se proponen crear espacios de sensibilización en la comunidad respecto al derecho al voto de diferentes grupos marginados, así como también generar acciones que promuevan el acompañamiento de usuarios y usuarias de cara a las próximas jornadas electorales que tengan lugar en el país. 

En esa línea, se prevén una serie de acciones territoriales que favorezcan el acceso a las personas a ejercer su derecho al voto, tales como la promoción de documentación, la revisión de los padrones e inclusión en los mismos de las personas institucionalizadas y el acompañamiento y apoyo el día mismo de las elecciones.

La verdadera democracia sólo será posible con la inclusión de todas las personas como sujetos políticos en pleno ejercicio de sus derechos, y para ello, las personas institucionalizadas por motivos de salud mental y discapacidad deben contar con las condiciones necesarias para ejercer su derecho a votar libremente.

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Por Darío Cavacini. Collage Iván Barrera

¿Cómo fue el proceso que dio origen a esta película?

JM: La película nace de una investigación que realizamos en la Revista THC, sobre el origen de la prohibición en Argentina. Por supuesto, esto fue hace varios años, unos seis o cinco años atrás. Esa investigación fue saliendo por entregas y ahora está recopilada en un libro que se llama La Prohibición, que se publicó hace dos años. La verdad es que cuando empezamos a hacer esa investigación yo en particular ya estaba pensando en que llegase a la forma de un documental. Había también una decisión ahí, primigenia, digamos, que fue que ese proceso de indagación que bien se podría haber encuadrado de forma más institucional, saliese en cambio en una revista hecha por usuarios y usuarias de una droga ilegalizada para lectores usuarios y usuarias de esa misma droga. Era una declaración porque nunca se había hecho, de hecho, fue un problema conseguir fuentes secundarias porque casi no había en ese momento, y lo íbamos a hacer desde ese lugar marginalizado y callado y estigmatizado. Ese es el origen de la peli que supo conservar ese espíritu incorporando a la narración de la historia con mayúsculas, la historia macro, la historia de Eric Sepúlveda, un pibe de Florencio Varela que se mudó a las sierras de Córdoba en plan de no joderle la vida a nadie, y la policía cordobesa lo apresó por tenencia de aceite de cannabis y hasta el día de hoy está acosado por la llamada Justicia. En ambas líneas narrativas que se van cruzando, subyace la intención de que se visibilice lo que hasta ahora se mantuvo oculto, sin relieve ni profundidad, echado al tacho de basura de la historia.

MR: En mi caso me sumé con la investigación ya hecha y el libro publicado y la verdad es que me había gustado mucho. Juan Manuel por su parte había visto mi primera película “Selva”, a ambos nos gustaba lo que el otro hacía y siempre tuvimos ideas muy parecidas en relación con el tema de las drogas y fue tan natural que la verdad no recuerdo quién de los dos le propuso al otro hacer la película. Siempre sentí que tenía que hacer esta película, que era una gran oportunidad para aportar desde nuestras especialidades a un debate que considero necesario porque la política de drogas actual es un desastre absoluto y afecta millones de vidas en el mundo entero, el caso de Eric, nuestro protagonista, es uno de ellos.

¿Qué fue lo que más les atrajo contar de este tema?

MR: Desde adolescente, cuando descubrí que “las drogas” no eran lo que me decía el Dr. Miroli en la televisión, que muchas de las personas que yo admiraba se drogaban y que ser adolescente era en gran parte evitar que te agarre la policía y te meta preso por tener dos porros, supe que la prohibición alrededor de las drogas no estaba relacionada con cuestiones de salud sino con cuestiones de poder, de control, de regimentación de la juventud y los sectores populares que son los que más sufren la prohibición. A diferencia de otros temas relacionados con la represión de las libertades individuales y democráticas, como son el matrimonio igualitario o el derecho al aborto, donde el progresismo y la izquierda tienen posturas claramente definidas, en la cuestión de drogas aún hay mucho tabú y conservadurismo y se sigue avalando desde todos los sectores el avasallamiento, la represión y la estigmatización de los usuarios de drogas. He visto a legisladores de izquierda votar en contra de leyes de reducción de daños porque es hacerle el juego al narcoflagelo. Evidentemente, necesitamos concientizar un montón aún y ojalá la película sea un aporte en ese sentido.

JM: A mí lo que más me atrajo sobre el tema fue en principio el desafío formal, artístico, que significa abordarlo y el valor que tiene en sí mismo para el debate público. Lo formal en tanto teníamos que ir entrecruzando las dos líneas narrativas, y, además, una de las dos demandó de un trabajo de síntesis casi imposible. La genealogía de la prohibición no es tan fácil de identificar porque son muy numerosos los intereses, los discursos, las instituciones; son muchas fuerzas influyéndose recíprocamente. Lo bueno de ese proceso es que quedó un, digamos, destilado, en el que la fuerza de nuestro propio discurso al respecto quedó muy diluida y el espectador tiene que hacer su trabajo de seguir los hechos y después seguir pensando por las suyas. A pesar de que está claro que hay una posición de los directores y del equipo, la propia imposibilidad de cargar demasiado de argumentos la peli hizo que quedase más liberada y eso me parece que la beneficia.

El guión está basado en tu libro “La Prohibición: Un Siglo de Guerra a las Drogas”. ¿De qué manera desarrollaron el proceso de adaptación hacia el formato documental?

JM: Bueno, ahí, como en todo el resto de la realización, fue muy importante el rol de Martín, y también de Martín Armada, que es el jefe de redacción de THC y es el que lleva la voz en off. Un poco está en la respuesta anterior: hubo que armar un esqueleto con los hechos más importantes y luego confiar en el trabajo de archivo, de la imagen, porque nada sustituye a la imagen en el cine y más bien todo lo que no es imagen un poco hasta que perturba. En un plano de lo ideal casi que todo debería poder reducirse a la pura imagen, y creo que en ese sentido la adaptación está lograda, si ves la peli en mute la idea sigue estando ahí. No lo hagan, véanla con sonido, pero para que se entienda la idea de lo que, para mí, al menos, es en esencia una buena adaptación.

MR: Fue la parte más difícil para mí y la más atractiva desde el punto de vista del desafío que representaba. Creo que hicimos una buena tríada con Martín Armada y Juan Manuel en la síntesis de la historia y hay un enorme trabajo de archivo que coordinó Juan Manuel con Ana Bovino y Gabriela Haberle. Y a esa historia de la prohibición luego le sumamos la historia de Eric, que creo que además de cumplir una función dramática cinematográfica, en el sentido de contar una historia, es también una demostración de que la historia que estamos contando no es algo del pasado, sino que es algo que afecta a miles de personas día a día en la actualidad.

¿Cuánto tiempo les llevó la realización del documental?

MR: Si contamos desde la escritura del guión al estreno son cuatro años, claro que no fueron cuatro años de trabajo de ocho horas por día porque todos tenemos otros trabajos, así que fueron cuatro años con momentos de más trabajo que otros.

El rodaje de la película comenzó en 2016, justo al inicio del gobierno macrista, con todo el recrudecimiento del accionar represivo de las fuerzas de seguridad en relación con este tema, ¿qué fue lo que más les impactó durante estos años de rodaje?

MR: Macri hizo todo mal en este tema como en casi todos, así que eso no me sorprendió. Lo que sí creo que me impactó e hizo reflexionar fueron los contrastes que recorrimos con la película. El primero, sin dudas, entre Eric y sus verdugos, los policías que lo apresaron y con quienes nos reunimos. Dos universos tan distintos y cercanos físicamente, pero regidos por valores tan diferentes. Lo mismo de los contrastes lo sentí cuando cruzamos a Uruguay y vimos al estado apoyando a los cultivadores de allá, acá los persiguen y los encarcelan, allá son trabajadores en blanco con aportes, y todo. Allá es una industria legal más y es mucho más sana que muchas industrias legales de acá, como la del tabaco, el alcohol o las golosinas.

JM: En términos muy concretos hay secuencias con la policía antinarcóticos de Córdoba que fueron arduas para filmar y como no es el ámbito natural de uno, fue impactante ver cómo se entrenan locamente cada día, armas, patadas, toda clase de prácticas de irrupción, y claro, cuando les sueltan la correa tienen unas ganas de poner en acción toda esa violencia contenida… También fue impactante conversar con mucha gente sobre el tema y poder ver cómo funciona el tabú. Personas que consumen y uno sabe que consumen y pueden reproducir la lógica prohibicionista de una forma tan interiorizada, que niega su propia experiencia. Y en oposición un impacto positivo fue ver la experiencia uruguaya, que tiene todo un apartado en la peli, y el impacto fue ver que en realidad Montevideo sigue siendo la misma ciudad de siempre, que no hay ninguna alteración notable post legalización.

En relación al macrismo que preguntas, sin dudas fue un retroceso y se disparó la represión. La Guerra a las Drogas no es una ideología, es un entramado de intereses que tiene por centro, que pivotea sobre el aparato militar y securitario de los Estados Unidos. Entonces en un gobierno tan alineado con los Estados Unidos tiene entre sus tareas reforzar ese vínculo, y comprometer aún más a las fuerzas de seguridad, y ahí el decreto de Macri comprometiendo a las fuerzas armadas en la supuesta lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, el prohibicionismo de baja intensidad, como el que puede tener un gobierno progresista, mantiene el orden que hace posible los posteriores picos y a mi juicio condiciona la soberanía.

¿Qué les gustaría generar en el público con esta película?

JM: Siempre que uno hace algo para los demás creo que busca alguna emoción, así que eso vale para Una Historia de la Prohibición. Que genere alguna emoción, dentro de eso se cuenta la reflexión, el rechazo, el placer. Y en un nivel más político que sirva para generar espacios de debate colectivo, esperemos que dentro de no demasiado tiempo podamos tener la experiencia de compartirla en espacios físicos también.

MR: Para mí el sólo hecho de haber hecho esta película con fondos del Estado es un éxito, porque abordamos el tema de las drogas de una forma honesta, seria y comprometida y la filmamos en plena era Macri que fue a contramano de todo lo que está bien sobre este tema, en mi modesta opinión, claro. Generar una reflexión basada en los hechos y en el respeto a las libertades individuales para mí ya sería un montón. Uno de mis sueños es que el Estado y la policía dejen de perseguir a los consumidores más vulnerables, la prohibición es clasista y todos lo sabemos. Si logramos ser un aporte en esa dirección voy a sentirme completamente realizado respecto a esta película.

¿Cómo ven la situación actual en Argentina en particular y en Latinoamérica en general, en relación a la llamada Guerra contra las Drogas?

MR: Bueno, tenemos realidades muy diferentes, desde la de Uruguay, el primer país del mundo en legalizar la marihuana para todos sus fines y hasta las de México y Colombia, los dos países del mundo donde la guerra a las drogas encuentra su peor versión. No me animo a predecir el futuro, pero pareciera que la tendencia general va hacia la regulación, sobre todo del Cannabis que ya cuenta con muchos experimentos positivos en ese sentido. Será un camino largo y que dependerá de muchos factores, en Uruguay por ejemplo la ley se logró por la movilización de las organizaciones civiles y los movimientos sociales. Luego en el nivel de la política internacional está la cuestión militar y económica, a nadie puede escapar que EEUU viene utilizando hace cien años la prohibición de drogas como excusa para tejer alianzas militares con los estados de todo el mundo, así que lamentablemente el futuro de la prohibición no se decidirá en torno a “qué es lo más sano para los pueblos”, como debería ser, sino que dependerá de la correlación de fuerzas entre EEUU y el resto del mundo y de la persistencia en la lucha de las organizaciones civiles y movimientos populares en la defensa de las libertades democráticas y los derechos humanos.

JM: Acuerdo con lo que dijo Martín y agregaría que en el peor de los escenarios dependerá más de la interna dentro de los Estados Unidos que de lo que pueda suceder en el orden de los países latinoamericanos. Hay que animarse, hay que ver qué sociedad queda pospandemia también. La política, entendida como la administración pública y sus funcionarios, tiende a ser conservadora, por eso como dice Martín tiene que haber algo por afuera que garantice y desborde, al menos en este tema.

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Por Franco Basaglia | Fotos de Darío Cavacini

Cuando, en 1971, empezamos a trabajar en Trieste, continuamos la experiencia de Gorizia, pero con el proyecto de eliminar el manicomio y sustituirlo por una organización mucho más ágil, para poder afrontar la enfermedad allí donde tenía origen. Empezamos con un manicomio que tenía 1200 personas y hoy, luego de ocho años de trabajo, no quedó casi nadie en esa estructura. Esas personas procuraron reinsertarse socialmente, con nosotros, con la sociedad, con la comunidad.

En los edificios donde estaba el hospital viven hoy doscientas personas, que no son necesariamente los enfermos más retrasados y crónicos. Son personas que no han encontrado mejor colocación en la ciudad. Les hemos dado a las personas todas las dependencias que se encontraban en el interior del hospital: los departamentos del director, del administrador, del cura, están todos habitados por ex internos. Son cuatro áreas prácticamente autogestionadas. Luego hay personas que se han organizado en pequeños grupos de cinco o seis personas para alquilar un departamento y vivir juntos.

El problema principal es el enfermo agudo, porque el enfermo crónico termina siempre encontrando un lugar donde vivir. Queda siempre el problema de cómo afrontar una crisis aguda sin internación. Sabemos que las personas que están en el manicomio cinco, diez, quince años, nos son más enfermos de la enfermedad, son enfermos de institución. Entonces si logramos crear una situación de reciprocidad en el trabajo de cambio de la institución, cambia la lógica del internado.

El enfermo agudo representa un problema mayor. En la crisis aguda ¿Qué se debe hacer? Hasta ahora se han desarrollado técnicas de intervención que son sustancialmente técnicas represivas. Pero si queremos afrontar el problema del enfermo agudo sin internación, debemos destruir el lugar de internación, porque si tenemos la posibilidad de internar a un paciente, terminaremos por internar a muchos. Nosotros debemos encontrar el sistema para que esto no suceda y este sistema se obtiene involucrando en el problema al mayor número de personas posible.

Lee el capítulo anterior:
La revolución Basagliana. Capítulo I: Gorizia

Antiguo pabellón del manicomio, hoy transformado en un centro de experimentación artística

La figura de Basaglia presente en el centro de experimentación artística

Ex manicomio de San Giovanni (Trieste), hoy transformado en un parque abierto a la comunidad

En Trieste tenemos seis centros de salud mental. Cada uno cubre un área de aproximadamente cincuenta mil habitantes, y cada uno tiene un equipo de emergencia. Una organización como ésta puede o no ser policiaca: depende del contacto que establece con la comunidad, depende del control, de la verificación que la comunidad ejercita sobre esta estructura.

Existe en cada barrio un comité elegido por la población, y nosotros queremos que este comité se lo involucre en la gestión del centro de salud. Este es el tipo de control y verificación que nosotros queremos. La policía no tiene este tipo de control popular, y también para nosotros sería muy fácil evitarlo y transformarnos en policías.

En esta fase, junto al problema de la gestión práctica de la institución, teníamos la preocupación teórica (no éramos para nada pragmáticos empiristas, cosa de la cual muchos nos acusaban). El problema era que en la medida que rechazábamos la ciencia, debíamos proponer otra cosa.  Estábamos convencidos de que la ciencia para cual habíamos sido formados, no era capaz de producir nada de lo nuevo, era simplemente un perro que se muerde la cola.

La ciencia es un problema de la clase dominante y cuando la ciencia produce un cambio, esto sucede en el interior de la clase dominante. Por eso pensamos que no era posible encontrar una nueva ciencia con los viejos códigos. Para nosotros, el problema era transformar la ciencia en una nueva ciencia, era encontrar un nuevo código que sólo se podía encontrar a través de nuevas respuestas a la otra clase, la clase oprimida, el proletariado y el subproletariado, que eran los que estaban en el manicomio.

Ex manicomio de San Giovanni (Trieste) hoy transformado en un parque abierto a la comunidad

La influencia del Mayo Francés, todavía vigente en las paredes del San Giovanni

Acta constitutiva de la CLU, pimera cooperativa social del mundo

Antiguo banco devorado por el manicomio, renacido por la Revolución Basagliana

La cosa no era nada fácil porque el oprimido no tiene voz, y encontrar el código de la no-voz es muy difícil. Pero el pueblo tiene sus organizaciones y el problema era saber con quién podíamos aliarnos para encontrar esta nueva voz. Seguramente no con la ciencia tradicional. Con seguridad con las organizaciones sociales en cuanto referentes prácticos.

Descubrimos que nuestro trabajo no se podía limitar a la relación con los enfermos y con la locura, sino que debíamos trabajar, sobre todo, con la población. El pueblo en general, y en particular sus organizaciones, debían tomar las riendas de nuestra lucha, porque de otra manera sería cientificada y volvería el nivel precedente, es decir se transformaría en una nueva ideología científica, nuevamente una ideología burguesa.

La historia de la psiquiatría sigue siendo la historia de los psiquiatras y no del pueblo que sufre, permanece como la historia de diversas visiones científicas que de todas maneras han producido sólo nuevas formas de control social. Nuestra tendencia fue poner la asistencia psiquiátrica en relación con las organizaciones políticas que requieren la emancipación del pueblo.

De esta manera hemos obtenido éxitos porque, luego de haber desmantelado el manicomio en algunos lugares, en colaboración con la población, los sindicatos y los partidos políticos, fue llevado al parlamento una propuesta de ley que modificaba la vieja ley represiva y violenta sobre la enfermedad mental. Hoy, en Italia hay una ley [1] realmente de avanzada que abolió el concepto de peligrosidad y lo ha sustituido por otro concepto: las organizaciones médicas y sociales tienen el deber de responder a las necesidades reales de la gente. Es obvio que un esquizofrénico es un esquizofrénico, pero sobre todo es un hombre que necesita afecto, dinero, trabajo; es un ser humano total, y nosotros debemos dar una respuesta no a su esquizofrenia, sino a su ser social y político.

[1] La ley N°180 (también conocida como Ley Basaglia) fue sancionada en Italia en 1979 y permitió el cierre del manicomio de Trieste y su posterior sustitución por los dispositivos territoriales mencionados.

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Por Franco Basaglia | Fotos de Dario Cavacini

Después de la Segunda Guerra Mundial, Italia era todavía, en lo económico y cultural, un país campesino. En la década de 1950 comenzó un proceso de cambio determinado por el desarrollo de la sociedad industrial y, consecuentemente, de una clase obrera cada vez más fuerte. En aquellos años iniciamos el trabajo en Gorizia, una pequeña ciudad en la frontera con Yugoslavia.

Allí había un hospital con 500 camas dirigido de manera totalmente tradicional; era usual la práctica del electroshock y el shock insulínico; antes que nada, era un hospital dominado por la miseria, la misma que encontramos en todos los manicomios. En cuanto entramos, dijimos: NO. Un NO a la psiquiatría, pero sobre todo un NO a la miseria.

Vimos que, desde el momento en que dábamos respuesta a la pobreza del internado, su posición cambiaba totalmente: dejaba de ser un loco para transformarse en un ser humano con el cual podíamos entrar en relación. Habíamos comprendido que un individuo enfermo no sólo necesita la cura de la enfermedad: necesita una relación humana con quien lo atiende, necesita respuestas reales para su ser, necesita dinero, una familia; necesita todo aquello que también nosotros, los que lo atendemos, necesitamos.

Entrada principal del ex manicomio de Gorizia

Antiguo manicomio de Gorizia, hoy transformado en el Parque Basaglia (2)

Este fue nuestro descubrimiento. El enfermo no es solamente un enfermo, sino un hombre con todas sus necesidades. Por ejemplo, yo recuerdo que después de que abrimos los pabellones en Gorizia, en 1963-1964, todos esperábamos ver cosas terribles. No sucedió nada. Vimos que las personas se comportaban correctamente, pedían cosas muy justas: querían comida mejor, posibilidad de relaciones hombre-mujer, tiempo libre, libertad para salir. Son cosas que un psiquiatra ni siquiera imagina que el enfermo pueda pedir. El psiquiatra siempre confundió la internación del enfermo con la propia libertad: Cuando el enfermo está internado, el médico está en libertad; cuando el interno está en libertad, el internado es el médico.

Entonces, cuando empezamos a organizar algo tendencialmente igualitario, vimos, por ejemplo, que un hombre se encontraba con una mujer y no sucedía nada violento. Se enamoraban. Naturalmente, luego podían tener una relación sexual, como sucede en las mejores familias y ¿por qué no habría de suceder en el manicomio liberado? Empezamos a divulgar la experiencia para demostrar que era posible dirigir el manicomio de otra manera. Y todo esto nos llevó también a una reflexión política: los internados pertenecían a las clases oprimidas y el hospital era un medio de control social.

En Gorizia organizamos una comunidad con el objetivo de curar y de mostrar que era posible una vida distinta. Lo sorprendente fue que mucha gente que venía a vernos percibía que la vida dentro de la comunidad era mejor que la vida afuera. La cuestión era que, dentro de esa comunidad, el egoísmo que domina nuestras vidas era afrontado de otra manera: mi sufrimiento era el sufrimiento del otro. Con este tipo de lógica empezamos.

Después, muchos de los que habían trabajado en Gorizia fueron a dirigir otras instituciones psiquiátricas y así se generaron cuatro, cinco, seis experiencias diferentes. De todos modos, nosotros sabíamos que el manicomio, aun el dirigido de modo alternativo, era siempre una forma de control social, porque la gestión no podía sino estar en manos del médico, y la mano del médico es la mano del poder.

Podríamos decir que somos personas que transforman en oro lo que tocan, aunque en realidad nuestro trabajo fue muy simple. En Gorizia descubrimos que la clase trabajadora, en caso de enfermedad, era destinada al manicomio. Entonces, pensamos que esta clase debía tener responsabilidades y poder en la gestión del problema de la salud y que esto podría cambiar las cosas. Por ejemplo, la discusión sobre cuándo se podía dar de alta a un paciente no era sólo entre nosotros, los médicos, sino también con las personas del barrio donde el enfermo iba a ir a vivir. De esta forma, el vecino del barrio se daba cuenta de que las necesidades del paciente no eran distintas a las suyas. Ante el problema de dar de alta a una persona pobre, que no tenía dinero ni casa, ni familia, muchos percibían que estaban o que podían llegar a estar en las mismas condiciones. Comenzaba así la identificación entre el sano y el enfermo, y el inicio de la integración del enfermo.

La cercanía de Gorizia con Esvolenia hace que toda la señalética del parque esté en ambos idiomas

Torre de agua del ex hospital psiquiátrico

Las rejas, símbolo del antiguo manicomio de Gorizia

Entonces, día a día, año a año, paso a paso, desesperadamente, encontrábamos la manera de llevar al que estaba adentro, afuera, y al que estaba afuera, adentro. En la medida en que el número de los internados disminuía, íbamos creando en la ciudad los centros de salud mental. Teníamos una estructura externa muy ágil, en la cual la enfermedad se enfrentaba fuera del manicomio. Y veíamos que los problemas referidos a la peligrosidad de los enfermos comenzaban a disminuir: empezábamos a afrontar, no ya una “enfermedad”, sino una “crisis”.

Hoy nos es evidente que cada situación que nos llega es una crisis vital y no “una esquizofrenia”. En aquel momento, ya veíamos que aquella “esquizofrenia” era la expresión de una crisis, existencial, social, familiar, no importa cuál. Una cosa es considerar el problema como una crisis y otra cosa es considerarlo como un diagnóstico: el diagnóstico apunta a un objeto, y la crisis a una subjetividad; subjetividad que a su vez pone en crisis al médico.

He hablado de manera muy general del camino que hicimos para tratar de eliminar el hospital psiquiátrico y crear una situación tendencialmente terapéutica. No puedo decir más que “tendencialmente”, porque no puede ser plenamente terapéutica: yo trato de curar a una persona, pero no puedo tener la certeza de si la curo o no.

Creo que, en el fondo, la terapia más importante es que estos pacientes, reprimidos desde el manicomio, puedan tomar conciencia de su represión. Pero es también muy importante la situación en la cual las familias, cuando entran al manicomio, empiezan a tomar contacto con los familiares internados.

Cuando un interno sale y vuelve a la vida social se crea una nueva contradicción que tiende a mandarlo nuevamente al manicomio: en ese momento es importante que pueda nacer en la comunidad una toma de conciencia y también es fundamental que yo como técnico nuevo no esté del lado de la clase dirigente sino que esté directamente ligado a la clase que sufre esas contradicciones, Es importante que yo penetre directamente en el tejido social para crear los presupuestos de un consenso que lleve, no tanto a una mayor tolerancia, sino a una toma de responsabilidades, a un hacerse cargo por parte de la comunidad de los problemas y contradicciones que le pertenecen. Ciertamente, una persona que toma conciencia de la causa de su internación tendrá la posibilidad de una nueva integración social, aunque no pienso que el internado en un manicomio deba ser un revolucionario: es simplemente una persona que trata de expresar su propia subjetividad en una sociedad.

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Por Iván Barrera y Ana Marangoni | Fotos de Darío Cavacini

En notas anteriores, a partir de diversos testimonios estuvimos reconstruyendo el panorama que se atraviesa en el hospital de salud mental José Tiburcio Borda. Pero, ¿qué pasa con la Ley Nacional de Salud Mental y el Proyecto inconcluso de Desmanicomialización? ¿Cuál es el estado de los manicomios en las distintas provincias y qué urgencias de siempre permanecen invisibilizadas?

Para responder, entrevistamos a Celeste Romero, terapista ocupacional, trabajadora del Estado, y que ha sido integrante del Consejo Consultivo honorario de la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental; y a Javier Frías, secretario de la Defensoría Civil de Moreno, dentro del Ministerio Público de la Defensa, y ex trabajador de la DNSM, habiendo formando parte del equipo de fiscalización.

– ¿Cuál es la situación de los manicomios a nivel nacional?

Celeste Romero: a nivel nacional hay 42 hospitales psiquiátricos públicos en nuestro país y tantos otros privados. Me atrevería a decir, como una simple trabajadora del sistema de salud, que la situación de todos los manicomios es la misma. Con matices, pero la misma. En hospitales psiquiátricos del interior de las distintas provincias la cantidad de personas es mucho menor que en aquellos de las grandes urbes, llegando incluso a menos de 100. Sin embargo, el manicomio con mucha o poca gente sigue siendo manicomio. Algunos con paredes más pintadas o jardines más bonitos, algunos con actividades culturales y artísticas, otros con pocas iniciativas. Creo que en todos hay trabajadores/as muy valiosos, pero hay un sistema que opera un modo de opresión social, cultural y económica, que todavía atraviesa fuertemente las maneras de atención. Por eso, el manicomio aún sigue vigente en sus prácticas, en el presupuesto que tiene destinado, en la cantidad de trabajadores versus los trabajadores que están en el territorio. En fin, sigue vigente y continúa matando.

Al leer las notas del Borda recordaba otros casos trágicos en manicomios de todo el país, que en su momento han tenido mucha prensa. Hace 4 años se cayó una señora y murió ahogada en un pozo en la Colonia de Salud Mental de Federal, Entre Ríos. Me tocó visitar ese hospital tiempo después: los pozos estaban tapados con restos de muebles viejos, un trabajo hecho por los mismos trabajadores ante la falta de respuesta a una problemática que ponía de manifiesto, una vez más, las condiciones de vida dentro del manicomio. En agosto de 2018, nos enterábamos de un señor que había sido olvidado 47 años dentro de la Colonia Vidal Abal, olvidado por quienes tenían que ocuparse de su tratamiento y su externación. En abril del mismo año, una mujer mató a otra dentro de una institución psiquiátrica privada en donde los primeros en socorrer fueron otros usuarios allí internados. En mayo de 2018 muere un paciente electrocutado cuando intentaba fugarse en el Hospital Alejandro Korn. En 2008, un señor de 51 años perdió la vida por una jauría de perros en el Hospital de Open Doors. En 2005, una red de prostitución en un neuropisquiátrico de CABA. Una y otra vez lo que mata es el manicomio. En la actualidad, tenemos numerosos colectivos donde valiosísimos compañeros y compañeras trabajan y reflexionan en pos de su superación.

Hay una situación de vulneración extrema de derechos que genera la vida en las situaciones totales, sabemos que ninguna institución está pensada para cubrir la totalidad de la vida de la persona, entonces es necesario, a diez años de la sanción de Ley Nacional de Salud Mental, animarnos a innovar, a pensar nuevos modos de acompañar y sostener la vida de las personas.

– El año pasado se realizó un censo a nivel nacional en instituciones de salud mental, ¿qué información se pudo obtener?

C. R.: la realización del Censo fue muy importante, una medida prevista por la Ley Nacional en su Artículo 35 que determina que debe hacerse con regularidad, como máximo cada dos años. Se recabó que 12.600 personas están internadas en instituciones totales. Un aporte valioso para el trabajo cotidiano de las y los trabajadores de los servicios de salud mental, fueron algunas preguntas que hicieron a los derechos de ciudadanía y los principios de libertad. Tomando el último mes como referencia, la primera pregunta tenía que ver con el manejo del dinero y sólo un 69% manifestó percibir algún ingreso y de ese total, sólo un 27,5 % podría administrarlo.

Otro dato, que ahora en tiempos de cuarentena cobra más impacto, es la posibilidad de sostener los vínculos sociales y afectivos durante la internación; sólo un 66% refirió contar con la posibilidad de visitas. Pienso, por ejemplo, en cuántas familias viven lejos del lugar donde su ser querido es internado, pienso también en el principio de territorialidad, en contar con tratamiento cercano a la casa allí donde están los afectos. También de la totalidad de las personas internadas, solo el 41% refirió poder realizar llamadas telefónicas. El 59,9% refirió poder realizar salidas, de los cuales solo el 11% lo hace solo. O sea, tenemos 5040 personas que no salen del psiquiátrico y con un promedio de 12 años de encierro. No salían antes del aislamiento social, preventivo y obligatorio y no tenemos garantías ciertas si será distinto luego de la pandemia. Esto se da en todo el país, no solo en CABA o en el Borda.

Estos datos nos sirven para reflexionar sobre el trabajo que falta. Pasaron 10 años de la Ley de Salud Mental Nº 26.657 y todos los manicomios siguen en pie, con avances y retrocesos, pero en pie. También, paralelamente han surgido muchas hermosas experiencias en todo el país que dan mucha esperanza. La Ley también ha podido garantizar ciertos espacios de institucionalidad que son una potencia para la implementación de las políticas en Salud Mental. El trabajo del Órgano de revisión Nacional, el Consejo Consultivo Honorario, la CoNISMA, los espacios cada vez más necesarios de usuarixs y familiares. En fin, hay mucho transcurrido y se requiere mucho más para que Argentina sea un país sin manicomios.

Javier Frías: el censo pone en números lo que quienes trabajamos y militamos la salud mental conocemos. Y para quien no conocía esa información, pues ahora la tiene a mano. Actualiza la información de ese gran trabajo que fue “Vidas arrasadas”. Lo que ocurre en salud mental es que aún falta una dirección unívoca sobre cómo superar el manicomio. Unívoca y ágil, porque es lenta. Pensar que la ley se sancionó en el 2010. Recién a los 3 años se reglamentó. Y recién 9 años después se hizo el censo. Así, la meta del 2020 es relativizada. El 2020 no fue un capricho, fue un año que la Organización Panamericana de la Salud fijó como para evidenciar la necesidad que se requiere de un cambio rápido porque la vulneración de derechos en un manicomio es diaria.

Pero por falta de una voluntad unívoca, aún siguen en pie los manicomios, generándose a lo largo de estos años discusiones estériles, como si el cambio debe venir desde adentro de los manicomios o desde afuera, o si primero hay que crear los dispositivos sustitutivos para luego sustituir o viceversa o si primero hay que concientizar a todas las y los trabajadores, vecinxs y comunidad, y luego avanzar, o si un monovalente es igual a manicomio o a neuropsiquiátrico. Los Ministros de Salud y directores afirman y reafirman su compromiso con la Ley, pero luego su aplicación se queda trabada en la coyuntura económica provincial o municipal y las discusiones que mencioné que lo que logran es que la salud mental no traccione y no se genere un espacio verdadero en la agenda política.

Lo peor de todo es que, a falta de la nueva institucionalidad, es decir, falta de la transformación y superación de los manicomios en un nuevo sistema comunitario, ese vacío es llenado por más discursos, esta vez de los gobernantes, que nos dicen que están transformando y convirtiendo los monovalentes en hospitales generales, cuando no es así en absoluto o quienes nos dicen que están vaciando camas o externando masivamente, cuando derivan a los geriátricos o egresan con planes de externación hechos de la medianoche a la mañana. Es tan falso como cierto que ninguno de los 42 hospitales psiquiátricos presentó a la autoridad nacional de aplicación, o sea, a la Dirección Nacional de Salud Mental, el proyecto de externación definitivo que prevé el Decreto reglamentario. Ese artículo tan poco conocido y tan poco utilizado en nuestras discusiones estériles.

Ahora el discurso está refinado, observo a la Directora de Salud Mental Lic. Calmels con un discurso impecable, sin fisuras, pero hay que ver en qué dirección avanzará. Al parecer, va a armar un Plan Provincial de Salud Mental. Esperemos que sea bienaventurado, pero hemos tenido la experiencia a nivel nacional de un Plan Nacional que no tuvo ninguna aplicación concreta.

– En el Borda hay una vulneración permanente de la libertad y lxs internxs no tienen los cuidados necesarios, lo que se agrava en contexto de COVID-19, ¿qué ocurre en los demás hospicios?

C. R.: Esta es una situación que se repite en todo el país. En la mayoría de los manicomios, las personas comparten la ropa, utilizan los mismos elementos de higiene, se comparten toallas. La misma ropa interior que hoy utiliza Juan, mañana la tiene puesta Pedro. Colchones en el piso, camas sin sabanas. Situaciones de contención física y de privación del libre movimiento son moneda corriente, mucho más en personas ancianas. La primera acción en todo hospital psiquiátrico suele ser atar a la persona, antes de cualquier acción terapéutica, lo que constituye un acto gravísimo de violencia y todavía está avalado incluso por la OMS. La presencia de personal policial es cada vez más frecuente dentro de las instituciones: personas esposadas por temor a fugas, pacientes que no salen de las habitaciones o de su sala. Todo esto en el contexto del COVID-19, genera mayores situaciones de vulnerabilidad y también mayor predisposición a contagios.

A pesar de los protocolos y los esfuerzos de la gestión actual para generar resguardos a las personas creo que falta mucho trabajo. Luego de tres meses de cuarentena, estamos viendo los efectos de la falta de acompañamiento de las personas que ya están en su casa. Hay muchos que requieren apoyo para la toma de medicación, y esto se venía dado quizás por dispositivos diurnos. Los que requerían mayores apoyos para la vida autónoma, hoy tienen dificultades serias. Lo mismo quienes se proveían de alimento diario a través de algún dispositivo de salud. Los paradores para personas en situación de calle contienen a muchísimas personas con problemáticas de salud mental que han tenido muchas reinternaciones en hospitales psiquiátricos. Esto se repite en CABA principalmente, pero también en las grandes ciudades de nuestro país. Una vez, un compañero del Consejo Consultivo Honorario decía que el manicomio es como el capitalismo, y como decía el Che: al capitalismo, al igual que al manicomio, “no hay que creerle ni un tantito así”.

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El Borda desbordado (I): entre el morbo y la indiferenciaEl Borda desbordado (II): la emergencia histórica que nadie quiere ver

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Por Analia Casares, Ornella Tabella, Celeste Romero y Darío Cavacini | Opinión Gráfica por Lucas Milton

Franco Rotelli, Stefano Cecconi y Arthur Chioro mantuvieron un espacio de intercambio y debate con diferentes trabajadores/as sanitarios/as de Latinoamérica. Este encuentro fue el segundo del Ciclo de Conversaciones organizado en conjunto por la radio Fragola de Gorizia y la cooperativa social La Collina de Trieste (ambas de Italia), ACIJ (Asociación por la igualdad y la justicia) y contó además con el apoyo del Departamento de Salud Mental de Trieste y la Universidad de los Estudios de Trieste.   

Los tres disertantes se centraron en el rol fundamental de los/as trabajadores de la salud como agentes de transformación de las políticas sanitarias y de los destinos de los recursos propuestos por cada país. El dinero que está puesto en función de ideas innovadoras, territoriales y con acceso a las mayorías o el dinero público en función de intereses económicos alejados de las necesidades de la gente. 

¿Podemos pensar en modelos económicos de desarrollo que inviertan en salud y bienestar social? ¿Qué características deberían tener para que sean eficientes? Estas y otras preguntas son parte la discusión que han sostenido los oradores que vienen de diversos recorridos institucionales, desde la administración  pública, la ejecución de políticas de Salud y el aporte sindical y la perspectiva de los/as trabajadores. 

Franco Rotelli: Psiquiatra italiano que trabajó con Franco Basaglia en la transformación y cierre del manicomio en Trieste entre 1971 y 1979. Desde 1980 dirigió el Departamento de Salud Mental de Trieste y fue director de La Azienda Sanitaria,  continuó con el trabajo de desinstitucionalización luego del fallecimiento del propio Basaglia. Ha realizado diversas contribuciones a varios países de América Latina, el Caribe y el mundo, posibilitando así el cierre de diversas estructuras psiquiátricas a nivel mundial, en la actualidad es uno de los referentes mundiales del campo de la salud mental.

Stefano Cecconi: Es responsable del área de Salud y Bienestar social de la Confederación General Italiana del trabajo. (CGIL) Activo luchador de la reforma Basagliana en Italia. 

Arthur Chioro: Es Médico sanitarista,  brasileño y Profesor de salud pública en la Universidad Federal de San Pablo. Fue Ministro de Salud, durante el gobierno de Dilma Russef, entre 2014 y 2015. Activo actor de la desinstitucionalización y la lucha antimanicomial. 

Franco Rotelli: La cuestión de la que hablaremos hoy es el distanciamiento que tienen muchas veces los trabajadores de la sanidad y de las políticas sociales, con el tema del dinero. Este tema es fundamental para pensar las políticas y sin embargo los operadores ignoran y/o desconocen completamente lo que realmente sucede. Hay que generar una campaña cultural de cómo se utiliza el dinero en materia de salud, para construir otra conciencia entre los trabajadores. 

Si vemos la experiencia del hospital psiquiátrico, vemos cómo el gasto del dinero muestra su organización. Hay una respuesta económica para sostener la vida de las personas que están ahí adentro. Hace más de 100 años se construyeron un montón de hospitales psiquiátricos enormes, que gastan muchísimo dinero. Hoy en día, tenemos la obligación de preguntarle a quien gobierna porque se gastó tanto dinero hace más de 100 años y ahora se gasta tan poco en salud mental. Sabemos que la diferencia es profunda, ese dinero se puede utilizar para mantener a una persona dentro de una institución o en la comunidad. Con la misma cantidad de dinero podés destruir una persona o apoyar su transformación social, su emancipación, su derecho a la vida.  

Nosotros, en Italia, tenemos centenares de ancianos en residencias, que han muerto a causa el COVID 19. El dinero que se gasta para tener a las personas en estos lugares se podría utilizar para que la persona acceda a otro tipo de vida, con atención en su casa, no alejándola de ella.  Entonces nos damos cuenta que es fundamental la manera en que direccionamos esos mismos recursos. 

Algunos creen que la salud y el bienestar inhiben la economía y hay otros que creen que puede favorecer al desarrollo económico; son dos modelos pensamientos diferentes. Algunos creen que la asistencia sanitaria gratuita a todos reduce las ganas de las personas de ser independientes, aquí es donde nos damos cuenta que es una situación importante el saber que se hace con el dinero. Sabemos si las ideas son las que direccionan al dinero, o si es el dinero es quien direcciona la manera en que se puedan articular las ideas? Esto me pregunto. Por ejemplo, uno de los más importantes empresarios italianos como Olivetti, decidió vender IBM, y ahora hizo una franquicia de residencia para ancianos. 

En Italia tenemos un sistema sanitario nacional, universal, gratuito, de prevención de cuidados, de cura y rehabilitación que es fruto de las luchas obreras sobre el dinero entre los 70 y 80, que garantizan la salud pública y gratuita de todos y todas. En Trieste construimos una red de servicios de salud mental en la ciudad, como alternativa del cierre del hospital psiquiátrico porque le dijimos a la administración pública que no solo bastaba con sacar del manicomio a las personas sino también el dinero, que es lo que permitió construir la red en el territorio. No basta con una buena ley y con una buena ideología para  cerrar el manicomio, se necesitaba también del dinero. 

Es un deber de los trabajadores de la salud saber cuánto cuestan y cuánto producen. 

Es fundamental que los agentes de salud sepan el valor el dinero. 

Stefano Cecconi: Estoy de acuerdo con la intervención de Rotelli y creo que tenemos que preguntarnos qué hemos aprendido y con que nos hemos enfrentado en esta emergencia. 

En primer lugar, la necesidad de políticas públicas fuertes, de un estado fuerte frente los fracasos dramáticos que el mercado ha tenido frente a la situación de pandemia. La mano invisible del mercado no funciona en esta emergencia, como tampoco ha funcionado en el momento en que las personas necesitan mayor atención.

En segundo lugar, es necesaria una asistencia  sanitaria universal, no se puede pensar el cuidado a través de la tarjeta de crédito de cada uno. En Italia el sistema universal y público ha sufrido y se ha enfrentado a grandes dificultades debido a los recortes y reducciones de financiación. Cuando la sanidad se ha ubicado en un sector marginal, de poca importancia, las políticas de austeridad se han dibujado en Europa e Italia. 

Naturalmente no basta con tener el dinero, sino utilizarlo donde se lo necesita. Por ejemplo, lo que dijo Rotelli con respecto al gasto del dinero dentro del manicomio, sabemos que este modo de gastar dinero público no le hace bien a las personas. 

En tercer lugar, necesitamos que las políticas públicas sean fuertes, y estén presentes en el territorio para poder responder  los problemas económicos y sociales de las personas que el mercado no puede resolver. Esto es posible hoy, porque Italia tiene la autorización de aumentar el débito por parte de la Europa, por lo tanto, es un gran problema de la finanza europea y global frente a la crisis del COVID19. Esta crisis develó que lo central son las personas, la regulación de la vida económica y social,  no el mercado en sí mismo. Una comunidad enferma no ayuda a que el mercado funcione. 

Otra reflexión es que esta epidemia no es la única, hay otras epidemias que están siendo menospreciadas, y son epidemias que la OMS ha señalado, la epidemia de la enfermedad crónica, tumoral, enfermedad mental. La enseñanza que nos deja esta emergencia es que el bienestar de la persona su a salud y sus  cuidados no se puede garantizar solamente dentro del hospital, se trata en cambio de construir un sistema territorial y de comunidad como ha sido el objetivo de la revolución basagliana. Se trata de potenciar los servicios territoriales, de construir mecanismos de intervención social, y fortalecer los sistemas sanitarios.

Pensar una nueva manera de organizar los sistemas de salud; diversos  y  eficaces. Viendo la emergencia no se puede limitar todo a la atención clínica como modo de intervención, se debe tomar en cuenta la complejidad de la persona. La verdadera respuesta está ahí, en el territorio, en la comunidad, se debe poder mirar a las personas de un modo nuevo. 

Arthur Chioro: A pesar de lo rápido que la ciencia ha estado produciendo conocimiento sobre el nuevo coronavirus, se están poniendo a prueba nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica, las unidades de atención primaria de salud, de diagnóstico, de emergencia y los servicios hospitalarios (en particular los de atención crítica).  

Nunca nuestros sistemas de salud y sus trabajadores, habían sido tan visibles. Ahora en medio de la crisis, parece que la sociedad reconoce que somos esenciales, que debemos ser valorados y respetados. También se visibiliza, en una emergencia de salud como ésta, que los esfuerzos para conseguir respuestas adecuadas, deben desarrollarse de manera intersectorial, articulando diferentes políticas públicas, sectores gubernamentales, la propia sociedad. 

Las medidas no farmacológicas, como la cuarentena, el aislamiento social, han demostrado tener la mayor capacidad para producir impactos significativos en el Covid-19. Esto nos permitiría reflexionar sobre el alcance real de las tecnologías y servicios de salud para enfrentar la enfermedad y cuánto hemos despreciado en nuestros análisis, algunas intervenciones porque somos rehenes de este modelo biomédico, centrado en el hospital. 

Hemos despreciado las condiciones de vida, las condiciones de vida laboral, las formas de vida, el disfrutar de la naturaleza de manera no depredadora, sin compromiso con la sustentabilidad, y en particular la forma de producir las relaciones sociales. Por supuesto el impacto del COVID -19, así como de otras enfermedades, como nos enseñó Giovanni Berlinguer, no es democrático. 

Estamos obligados, en países de bajos y medianos ingresos como Brasil, a enfrentar su impacto en las poblaciones vulneradas. Este es el caso de miles y millones de personas que viven miserablemente en las calles, o en condiciones de vivienda extremadamente precarias como las favelas, presentes en la mayoría de las grandes ciudades en donde viven más de 80 millones de brasileños/as sin condiciones mínimas para protegerse de la transmisión de la enfermedad y cumplir el aislamiento social. O las más de 700 mil personas que viven en las cárceles, o los casi 3 millones de brasileños que viven en  sus  pueblos indígenas, o asentamientos rurales absolutamente precarios y sin ninguna ayuda del gobierno.

La pandemia que penetró en nuestro país por la clase media, ahora está experimentando un proceso que yo lo llamo de periferización. Brasil se ha convertido en el nuevo centro de la Pandemia, pero fundamentalmente los que están muriendo son los pobres. Y esto se debe en gran parte a la crisis política producida por el presidente Bolsonaro un “terraplanista epidemiológico”, fanático, fascista, negacionista de derecha, que ha estado produciendo un genocidio en nuestro país. Si alguien aún no ha entendido que es la necropolítica lo invito a tomar mi país y la conducta del presidente de la república como caso de estudio. La pandemia nos está atormentando cuando los líderes políticos del mundo hicieron esfuerzos para desmantelar los sistemas de salud pública e implementar procesos de privatización cada vez más orientados, guiados por la lógica de las políticas de austeridad fiscal. La regla se convirtió, incluso con apoyo explícito de las organizaciones internacionales de salud y no solo del FMI y del Banco Mundial, en la disminución progresiva del gasto en salud, en el desmantelamiento de los sistemas de salud pública. 

La implementación de sistemas de salud basados en “cobertura universal”, es un nombre pomposo para la producción de prestaciones básicas de atención en salud basado en políticas mínimas y focales para las poblaciones pobres, con la transferencia de servicios de salud al mercado, como en Chile y Colombia por ejemplo. La idea de construir sistemas universales basadas en la salud como un derecho de ciudadanía, como un deber del Estado, puede garantizar el acceso para todos, integral, equitativo, capaz de satisfacer las necesidades de las personas, que no se limitan a tratar sus enfermedades, fue abandonado. Y esto sucede en un contexto cada vez más perverso, marcados por la reforma de la seguridad social, la retirada de los derechos laborales, la destrucción de otras políticas sociales, la implantación de políticas agrícolas e industriales depredadoras para los pueblos, las culturas y el medio ambiente, que operan en medio de una política neoliberal que afecta al mundo. 

Existe una disputa sobre una cosmovisión liberal y depredadora donde predomina el individualismo, el egoísmo, lo que hace que la agenda libertaria y humanista producida en la lucha de los movimientos sociales en busca de un mundo más civilizado, permanezca en un segundo plano. Como nos dice Bourdieu en su libro “Contrafuegos”, vivimos la restauración del orden conservador, y es en ese contexto que se han producido más enfermedades, muertes, desigualdades sociales, incapacidad para responder a los deseos y necesidades de las personas de las comunidades. Por lo que estamos llamados a reflexionar sobre la dimensión real del proceso salud enfermedad en un mundo post pandémico de Covid-19.  

Desde mediados de la década del 80 ha habido un debilitamiento progresivos de los sistemas de salud universales, basados en políticas de bienestar social, y la introducción de dispositivos de gestión de mercado basados en lo que se ha llamado “nueva gestión pública”, acompañado por un discurso de racionalización de gastos, se desarrollaron un conjunto de estrategias dirigidas a reducir el gasto en salud, al mismo tiempo que los fenómenos fundamentales que cambiaban la vida operaban a una velocidad vertiginosa. Me refiero al proceso de envejecimiento, al resultado de los beneficios producidos directamente a garantizar el acceso a la salud y nuevas tecnologías.

Esto produjo una transición epidemiológica marcada por el predominio de condiciones crónicas, que se hicieron aún más exigentes, porque exigen atención longitudinal, tecnología cada vez más costosas, a menudo para toda la vida, que comenzaron a desafiar nuestros sistemas de salud y exigir que la sociedad responda ¿En qué medida tenemos derecho a la vida? ¿Cuánto queremos como sociedad invertir para garantizar el derecho a vivir y morir con dignidad? Estas son dimensiones ético-políticas que no han sido exploradas y debatidas democráticamente hasta ahora. Estamos atrapados en una racionalidad insoportable y alienante que trata de hacernos creer que no es posible garantizar para todos y todas el derecho a la salud, a la jubilación, a una vida digna. 

Ahora si la lógica predominante es la del Darwinismo social, eso tiene mucho sentido. Pero si queremos construir una sociedad basada en valores solidarios, civilizados y humanistas, es necesario reestablecer este debate y redefinir las direcciones. El discurso de que la prevención de la salud resultaría en ahorro de recursos gastados en hospitalizaciones innecesarias, si de hecho era una realidad, pero ocultó otra, la necesidad de cuidar a las personas durante su proceso de envejecimiento. En el caso de países pobres o muy desiguales como Brasil, y que tiene políticas públicas frágiles e insuficientes, el fenómeno de envejecimiento, la transición epidemiológica, se ve agravado por el mantenimiento de enfermedades infecciosas y contagiosas, como la tuberculosis, la malaria, el sida, dengue, entre otras. El fuerte impacto en nuestro sistema de salud, como el resultado de la violencia, accidentes de tránsito y del trabajo, violencia de género, homicidios y suicidios. Así también, el fenómeno creciente de la obesidad y el sobrepeso resultado del acceso desigual a alimentos saludables, para completar el cuadro desafiante que se requiere. 

¿Cómo garantizar la salud como un derecho? El caso de Brasil es ejemplar. Nuestra constitución del 88 garantiza la salud como un derecho de todos y todas, en base a esto se construyó el sistema de salud único, con gran dificultad y contra la oposición de políticas neoliberales. Durante casi 30 años, aunque casi la mitad de los gobiernos fueron de izquierda, nuestro sistema de atención a la salud, no ha tenido suficientes fondos. El gobierno nacional aprobó una enmienda gubernamental, constitucional, que instituyó un nuevo régimen fiscal, durante 20 años el gasto en políticas sociales incluyendo las de salud, se ha congelado. Ahora estamos experimentando a la falta de financiamiento de políticas de salud. 

El gasto público diario es de alrededor de 70 centavos de dólar per cápita. Es decir, nuestro sistema público está obligado a garantizar desde vacunas hasta trasplantes, pasando por todas las prestaciones de salud pública, por un valor insignificante. Contradictoriamente el gasto total de salud del país, corresponde al 9,7% del PBI, lo que nos compara con gastos de países europeos con sistemas universales y Canadá. Sin embargo, el 57% de este monto, corresponde a gastos privados, realizados por apenas 23% de la población, que aún disfrutan de servicios ofrecidos por nuestro sistema público, en particular los de alto costo y de beneficios fiscales. Solo queda el 43% del gasto para garantizar a 170 millones de brasileños que dependen exclusivamente del sistema nacional de salud, el derecho a la salud, que a pesar de los esfuerzos de gerentes de los trabajadores locales nunca se realizará plenamente. Al mismo tiempo, las políticas inducen a la población a consumir las ofertas de servicios privados que son cada vez más ineficientes e incapaces de satisfacer las necesidades de la población. Debido a la incoherencia e insuficiencia de este modelo. 

Por lo tanto, no creo que esto sea una insuficiencia, sino una opción para el modelo económico adoptado hasta entonces, que suponía que más allá de lo que está escrito en nuestras instituciones, la salud no es un derecho de todos. Según esta lógica algunas vidas valen más que otras. Mientas esta lógica gobierne al mundo, no cambiaremos esta realidad.

 ¿Es posible que el mundo se dé cuenta de cuán necesarios son los sistemas de salud universales después de la pandemia de COVID-19? ¿Se abren nuevas posibilidades? No creo que esto se dé por sentado. Una nueva normalidad pasará por la disputa sobre qué lugar ocupará el derecho a la salud en nuestras vidas y que valor tendrá para nuestra sociedad. Durante el siglo XX tuvimos dos pandemias, en menos de dos décadas, enfrentamos las sexta pandemia del siglo XXI. Es necesario reflexionar sobre nuevas formas de vida, sobre la necesidad de un nuevo orden económico, una nueva forma de disfrutar de la naturaleza, y construir relaciones sociales donde todos tengan un lugar.

¿Quién apoyará un sistema universal para todos? Creo que ha llegado el momento de discutir, a nivel planetario, la distribución de las grandes fortunas, del capital que viaja en búsqueda de los paraísos fiscales, que se forman a expensas del sufrimiento y de la vida de miles de millones de pobres en todo el mundo. La salud debe ser un derecho de todos, no solo de aquellos que viven en países ricos o de aquellos que piensan que pueden resolver sus problemas a través del mercado, lo que claramente no está en línea con la realidad. La salud no puede ser tratada como una mercancía, es necesario enfrentar sus determinantes sociales, trabajo, condiciones de vivienda, alimentación, cultura, democracia, seguridad, participación social. 

Nuestros problemas no se resolverán simplemente ofreciendo más consultas o más medicamentos, ese sistema está condenado al fracaso. No es suficiente expandir la oferta de atención primaria, ni los servicios comunitarios, hay que atreverse a ir más lejos. Yo voy a concluir con una alianza profunda con los sectores que hoy están marginalizados del acceso a la salud, y un compromiso profundo de la clase trabajadora, que tiene mayor poder para enfrentar y exigir.

El desafío también es generar procesos que permitan colocar el desafío de producir felicidad en la agenda de las comunidades como un derecho para todos, que se confunde con el derecho a la vida misma. El desafío está establecido, no tengo respuesta lista para todos, de hecho, creo que tengo muchas más preguntas. Pero tengo una inmensa curiosidad por ser actor, protagonista en esta historia, que se dibujará a sí misma, mientras disputamos nuestra visión del mundo que es profundamente antagónica con la lógica neoliberal y lo que ésta representa.  

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Por Darío Cavaccini

Durante el pasado 2 de mayo los psiquiatras Franco Rotelli y Benedetto Saraceno (*) participaron del primer del Ciclo de Conversaciones organizado en conjunto por la Conferencia Franco Basaglia Argentina, la radio Fragola Gorizia y la cooperativa social La Collina de Trieste (ambas de Italia) con el apoyo del Departamento de Salud Mental de Trieste y la Universidad de los Estudios de Trieste.   

La actualidad de los sistemas de salud está configurada por un estado de emergencia, en términos formales y materiales. Sin embargo, estas situaciones de emergencia ponen de relieve las dificultades de los sistemas sanitarios en general y de los servicios de salud mental en particular ¿Cómo el amplio campo de la salud mental y no la psiquiatría reacciona frente a este estado de emergencia? ¿Las respuestas tienen que ser homogéneas, globales o bien a nivel regional?

F.R.- No hay políticas nacionales amplias de salud mental en ningún lugar del mundo. Puede haber políticas específicas, de organización y gestión de servicios, pero no hay una política que se ponga al servicio de salvaguardar la salud mental de la población. Tenemos enfrente una situación de coyuntura que afecta y abarca sobre todo a las fragilidades. El Covid-19 no afecta a todo el mundo de la misma manera, entonces tenemos que preguntarnos cómo el virus afecta a cada fragilidad y cómo defendemos o las dejamos atacar aún más. Sabemos que la situación es diferente según grupos diferentes. Los recursos se deben focalizar en los lugares de mayor vulnerabilidad, en términos de prevención, pensando en la complejidad de la situación actual. Nada de eso fue hecho y la consecuencia es que la mitad de los muertos son personas que están en las residencias de ancianos. Estas fragilidades no han sido protegidas. Se ha corrido con respuestas y creación de cuidados intensivos en hospitales que ahora están vacíos, pero esa no puede ser la respuesta prevalente y prioritaria. Es necesario pensar en los determinantes sociales que ayudan a que ese virus haga más o menos daño en las personas. Vemos que ciertos grupos, lugares y condiciones particulares son las más afectadas. Esas complejidades son negadas, lo que hay son respuestas del tipo causa-afecto, simplificadoras de las condiciones materiales que responden a una situación aguda en el hospital a través de los cuidados intensivos.

B.S.- Una emergencia es algo imprevisto, que tiene una duración corta. Mientras que otras situaciones ponen de relieve a los problemas sistémicos, como el de la inmigración, por ejemplo. El virus no debe considerarse una emergencia. Los sistemas deberían estar preparados para la emergencia del virus, no solo en tener camas en hospitales, eso es la respuesta frente al aspecto agudo. El aspecto no agudo, es que este virus viene a interpelar los aspectos sistémicos que deben ser manejados a largo plazo. Todo lo que se refiere al énfasis en el hospital, es el aspecto agudo y se transforma en una tiranía de la emergencia que lleva a pensar que algunos elementos son sistémicos, cuando en realidad se trata de elementos agudos. Hay que pensar en elementos que sean respuesta más allá de la situación aguda. Eso no ha sido hecho en ninguna de las fases que llevamos con este virus. ¿Que se hará después? Se comprarán máscaras, respiradores, etc. Como forma de dar respuesta a una situación aguda, pero ha faltado una respuesta que ponga de relieve el carácter sistémico que deja en evidencia este fenómeno. Con esto me refiero a un sistema de salud cuya organización no fuera basada en el hospital.

Los gobiernos de derecha han parado la inversión en la salud pública, y se ha puesto énfasis en los hospitales privados, lo cual muestra la fragilidad del sistema. La atención primaria incluye respuestas que van más allá de la salud, ahí entran en juego los determinantes sociales, la identificación de los sectores más vulnerables. Todo esto es un sistema que tiene que existir antes de la emergencia. Tenemos que salir de la cultura de la emergencia y entrar en la cultura del sistema. Para ello, son necesarias grandes intervenciones a nivel de los sistemas de salud porque son los fracasos los sistemas los que han generado esta situación. Los 600.000 ancianos en los geriátricos italianos son los nuevos habitantes de los antiguos manicomios. Tenemos que revisar todas las políticas de los ancianos. Las residencias son altamente institucionales. La falta de atención hacia los vulnerables de la psiquiatría, se ha hecho extensivo a la vulnerabilidad de los ancianos cuando están en residencias. Tenemos que tomar el aspecto de las residencias de ancianos con la misma radicalidad con la que se ha tomado el tema de los manicomios en Trieste.

El virus es global, de lo global puede venir algo malo, lo único bueno es a nivel local, como la gente y los servicios se organizan. No es incompatible decir que hay determinados lineamientos para dar respuesta a esta situación que tienen que ser globalizados, es decir reunidos por el gobierno central y su implementación debe ser local. La respuesta debe ser local.

– ¿Se puede pensar en una dimensión amplia de salud centrada en el territorio como respuesta ante la situación actual? 

F.R.- Nosotros hemos imaginado hace 40 años servicios de salud mental descentralizados, es decir en el territorio, que también pueden pensarse para esta situación de pandemia. Eso significa poder penetrar en los barrios teniendo herramientas de control social y no de control policial o de seguridad. Tener mecanismos de protección y seguridad social que sean capaces de entrar en la complejidad socio sanitaria de nuestras comunidades, identificar los mecanismos de contagio, los focos, y todas estas cuestiones para ser capaces de enfrentar esta situación.

Estos dispositivos territoriales sirven para garantizar los trayectos integrales que dan respuesta a la salud y a la salud mental, para sacar a las personas de las residencias e integrarlas comunitariamente. Se trata de un control social democrático que debe ser llevado a cabo por instituciones democráticas para hacer frente al daño que esta epidemia ha generado y a todo el resto de cuestiones que siguen abiertas, para las cuales se siguen dando respuestas reducidas. Si la respuesta, por ejemplo en salud mental, son psicólogos que atienden teléfonos, entonces estamos jodidos.

B.S.- Es como una línea donde, en un extremo hay un hospital con camas, y en el otro hay una persona cuidándose en su casa tratando de ser responsable, y en el medio no hay ningún dispositivo. El individuo tiene que enfrentar el miedo a la muerte o a la policía: es una lógica del miedo. Falta lo que el antropólogo hindú Arjun Appadurai menciona como democracia profunda: aquella que se construye dentro de la comunidad, que viene desde abajo. Eso ha faltado antes de la pandemia. Soy muy crítico que después de la pandemia todo vaya a cambiar, todo eso es basura, lo que va a pasar es la regresión hacia la media, a como estaba antes. Después vamos a tener los mismos enemigos, las mismas batallas y el problema seguirá siendo cómo crear una democracia profunda.

–La microárea es un modelo de lo que es democracia desde abajo, una comunidad que se utiliza a sí misma como recurso, como elemento activo de constructor de salud y no pasivo esperando intervenciones. ¿Cómo pueden pensarse esas estrategias ante la situación actual?

F.R.- Tenemos los recursos lejos de la gente, cuando en realidad, se tienen que articular servicios y mecanismos donde viven las personas, en los municipios, en las organizaciones sociales. Ahí deben intervenir los recursos públicos para que las comunidades puedan producir sus propias riquezas, no hay que quitarles recursos a las comunidades. Cuando hablamos de control social, es relacionado a que la recuperación debe ser en el marco del territorio, como una estrategia para estar cerca de la gente, potenciando sus propios recursos y creando posibilidades de tolerancia. Las microáreas son la capacidad de estar en las pequeñas comunidades y llevar los recursos ahí, para fortalecerlas.

B.S.-  Salud mental en tiempos de pandemia no es un problema clínico si no de organización de servicios, es un problema de salud pública. La respuesta de salud mental no puede ser clínica, ni individual. El problema es cómo retomar la idea de dispositivos democráticos dentro de los cuales el sufrimiento individual pueda tener voz, pero enmarcado en un dispositivo de construcción democrática que incluya una reorganización de servicios fuera del hospital. Eso se aplica para problemáticas de salud en general, no solo de salud mental.

-¿Cuál es la posición que se asume para no renunciar a la desinstitucionalización en los sistemas de salud mental en vista a la crisis que se generará después de la pandemia?

F.R.- Una renta de ciudadanía sin vinculación con el trabajo, que sea universal, que elimine       la pobreza absoluta en nuestras sociedades. Si pudiésemos conseguirla, podríamos decir que el virus no solo ha producido daños en este contexto.

B.S.- Estoy seguro que en los estudios epidemiológicos que se harán en los próximos tres o cuatro años, darán como resultado que el Covid-19 ha afectado más a los pobres que a los ricos. Un determinante social es ser viejo en casa de ancianos, y los viejos que están ahí son pobres, no ricos. Las clases más vulnerables, están más expuestas, mayor conglomeración de gente, transporte público, etc. La pandemia ha sido, en su contagio y difusión, más dura entre los más vulnerables. Los obesos norteamericanos son los que van a morir más y sabemos que esos, son los pobres en EEUU. Hay muchos determinantes sociales que son relacionados con enfermedades preexistentes asociados con la vulnerabilidad. Estoy convencido que hay que hacer epidemiología social que ponga de relieve estos determinantes.

–La reflexión sobre los sistemas, tiene que ser en relación a las instituciones totales, de totalización de los servicios de cuidado, porque si no el riesgo es que la defensa del sistema sanitario se vuelva únicamente en defensa de las urgencias de los hospitales en esta situación ¿Cómo se podrían preservar los sistemas sanitarios territoriales construidos en relación al derecho a la vivienda y la solidaridad social de proximidad?

F.R.- Pensando a la salud más allá de la sanidad, salud en el sentido complejo del término. No creo que el después del virus nos encontrará más fuertes, tenemos que tener mucha fuerza para defender las reformas que se han hecho y tener profundos debates donde las sociedades sean recurso de salud y no solo recipiente de salud.

B.S.- Dos cuestiones me gustaría resaltar. La primera, es que espero que se llegue a un momento en que podremos saber más de este virus, no solamente para pensar a quién hará más daño si no ¿porque el virus ha tenido tanta fuerza y que lo hace tan peligroso en algunos lugares específicos? Por otro lado, qué pasará después con las políticas de psiquiatría. El distanciamiento social es un problema para los servicios de salud mental que han encontrado en la cercanía social la manera de funcionar. El riesgo es que al estar afectada ese punto, se pueda volver a una situación de hospitalocentrismo. El distanciamiento es algo momentáneo, pero hay que pelear contra eso desde hoy mismo. Porque eso conlleva poner en valor el funcionamiento de los servicios sanitarios de cercanía social y afirmando esa importancia, es que se podrá reconstruir los sistemas, teniendo como eje a la cercanía social. 

– ¿Qué peligros pueden observar en relación a la posibilidad de que esta centralidad del sistema sanitario en relación a los hospitales, se acentúe más luego de la pandemia?

F.R.- creo que el virus ha estresado los servicios psiquiátricos del mundo, como han estresado la vida cotidiana y a los servicios sanitarios en general. Sin embargo, donde se han encontrado buenos servicios, se han podido dar respuestas acordes, y cuando no, han dado respuestas absurdas como servicios Covid-19 especializados en salud mental. Hay que reinventar los mecanismos de intervención comunitaria, de atención territorial. Cuando entendamos de dónde viene y a quién afecta, tendremos un ADN reorganizado y sabremos responder de otra forma. Hay una dimensión comunitaria, y hay que afirmarla como respuesta central para este tipo de situaciones, de modo que la salud mental sea abordaba en términos comunitarios. Esta situación es importante para crecer. Después de esta crisis podremos hacernos nuevas preguntas. Ojalá tengamos mayor conciencia del peligro del distanciamiento físico y social y cuán preciosa es la cercanía interpersonal. Incluso puede hacer que los psiquiatras entiendan que esta cercanía es necesaria para la salud mental. Los virus pasan, pero las ideas pueden quedar y si son ideas buenas, importantes, pueden contagiarse.

B.S.- En Trieste, los servicios de salud mental se trasladaron desde el hospital a la comunidad. Quizás nos espere otra transición de la salud mental afuera del sector salud. El problema de la salud mental es un problema tan relevante que tenemos que pensarlo cada día inmerso dentro de un contexto más amplio, donde se ofrezca primero salud en general. La separación entre salud mental y salud general es artificial. Debemos pensar en una salida del sector salud mental hacia el sector del bienestar social, que incluya a la salud general como un hecho más y no dependiente de este sector específicamente. Un lugar donde la sociedad, al construir democracia, construya salud. Eso implica salir de los territorios conocidos por nosotros, basados en el hospital.

Las mismas prácticas que están sucediendo en al ámbito de la medicina, intervenciones especializadas que apuntan hacia el problema alejadas de la vida de las personas, usando tecnología para actuar sobre las fases agudas, puede acontecer también en el ámbito de la salud mental. Donde esas prácticas son especialistas, donde los protocolos entran y construyen instrucciones cotidianas que dejan de lado la complejidad de nuestro trabajo. Quiero compartir mi temor de que eso se quede y estos protocolos queden institucionalizadas como prácticas de salud mental habituales.Sin cercanía social, es muy difícil tener buenos servicios de salud mental en la comunidad, porque eso implica cercanía, afectividad, cuerpos, relaciones, construcciones de democracia y afectividad. Las buenas prácticas no dependen necesariamente de que estén insertas en países ricos, estamos viendo el fracaso en esa materia en países como Estados Unidos, Italia, Francia o Inglaterra y vemos como en países menos desarrollados, las respuestas están siendo las adecuadas. No es una garantía tener mucho dinero inyectado en el sistema de salud para que sean adecuados, no es cuánto se gasta sino cómo se gasta. Ser rico no es una garantía de ser buenos en salud pública. El gasto manicomial es prueba histórica que no es una cuestión de cantidad, porque nada de ese gasto se ha traducido en buena salud mental para los que viven dentro de los manicomios. Hemos aprendido que los sistemas que tienen excelencia clínica no necesariamente tienen excelencia de sistemas. Tendrán médicos clínicos de buena calidad, pero eso no significa buena calidad sistémica. Entre hospital e individuo se necesita una riqueza de dispositivos sociales que nos permitan retomar la propiedad de la salud en manos de los individuos y las comunidades.

Franco Rotelli: Es un psiquiatra italiano que trabajó con Basaglia en la transformación y cierre del manicomio en Trieste entre 1971 y 1979. Desde 1980 dirigió el Servicio de Psiquiatría en dicho lugar y continuó con el trabajo de desinstitucionalización luego del fallecimiento del propio Basaglia. Es uno de los referentes mundiales del campo de la salud mental.

Benedetto Saraceno: Es un neurólogo y psiquiatra italiano, también formado en la escuela de Basaglia. Entre 1996 y 2010 fue Director del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de OMS. Actualmente es secretario general y profesor en el Instituto Lisboa de salud mental.

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14.00hs. Después del mediodía, en el Borda no quedan ni las sombras en los espejos ni los recuerdos de una libertad que casi no se tuvo. Encadenamientos subjetivos que aún anhelan emanciparse. Desde el pasillo del hall central se acerca un usuario con una mirada ensimismada que promete encenderse en cada ventana que cruza. Me mira sin verme. ¿Sabrá qué pasa afuera? ¿Cómo será el aislamiento de los que ya están aislados hace años? Esos mismos muros que han protegido a los sanos del afuera de los enfermos del adentro, hoy han invertido su orden. Ahora también nosotros estamos encerrados a cielo abierto. Quizás sepamos cómo se siente.

14.15. Un guardia de seguridad deambula por los pasillos vacíos buscando algo para hacer. Nunca falta la seguridad en los manicomios aunque nadie esté seguro de porqué está ahí adentro. Imagino me pedirá una autorización que no tengo. Se acerca extrañado y confiado al mismo tiempo, asiente con la cabeza y sigue su camino hacia ningún lado. Parece que no estar internado ya de por si te da cierta credibilidad, diluye tu sombra. La contracara es que estar internado te saca todo tipo de legitimidad y anula hasta tus posibles verdades/mentiras. Humanos sin Derechos. Los locos son las víctimas individuales por excelencia de la dictadura social, decía Artaud. El alma del manicomio corporizada en una acción.

14.30. Cuando lo demás ralla, lea la biblia. En el Borda hay grafitis maravillosos, es como si toda la belleza maniatada supurase a través de un aerosol. También hay una biblioteca, dos galpones culturales, un almacén y, por supuesto, siempre una iglesia. Si Dios existe en algún lugar, acá seguro que no tanto. A veces, donde se esperan abrazos, se dan ostias y se reciben abandonos. Amar al prójimo como a uno mismo es una buena frase para un libro de autoayuda que nadie lee. La pandemia llegó al cielo: la puerta de la iglesia tiene tres candados y ningún monaguillo.

14.45. Los bancos del manicomio son una paradoja. Una contradicción que arremete a contramano de la lógica. Hechos para compartirse, casi nunca esquivan la soledad. En su desamparo se reflejan las penumbras que hemos intentado ocultar detrás de pulcros guardapolvos blancos. Maderas añejadas, violencias inadvertidas. Cuando alguien es ingresado en estos lugares, corre la misma suerte: Luego de ser vomitado por la sociedad, es tragado por el hospital con el fin de diluir su anormalidad y metabolizado hasta quebrantar su ser particular. Las ternuras son fagocitadas con voracidad y psicofármacos.

15.00. Un usuario lleva una bolsa con quiensabequé que sacó de un container y camina dificultosamente hacia su servicio. El trayecto es largo y no hay sendero. En el fondo del manicomio siempre están los olvidados de los olvidados, los que no caben debajo de la alfombra. Los peligrosos se les dice en la jerga psiquiátrica enamorada de los estigmas y las cosificaciones. Omnipoderes con garras. Nuestros sistemas de representaciones son arcaicos, ficticios y alienantes. Ningún interés debiera tejer clasificaciones que sólo sirven para reducir otras existencias. Ninguna existencia debiera quedar reducida a clasificaciones que sólo sirven a los intereses que las tejieron.

15.15. Los pabellones del manicomio están inundados de vacío y el ruido en el silencio se me torna insoportable. Pichon Riviere lo llamaba abandonismo. Los días con lluvia parecen intensificar esas soledades desencontradas hasta de sí mismas. Como si el agua clarificara los años sin abrazos. No se puede mitigar el sufrimiento teniendo los pies desnudos. Nadie se levanta sin un otro. ¿Cómo alguien puede recuperarse en el desamparo? Es menester subvertir todo de una vez, romper las certidumbres y suturar las prácticas para que no surjan de los poderes hegemónicos. Tendremos que apelar a la rebelión de los desteñidos.

15.30. Otro grito pintado en una pared lo ahoga todo: ESTAMOS. Están (lo sabemos perfectamente y desde siempre) pero hemos hecho grandes esfuerzos para invisibilizarlos sin culpa. Los raros, los feos, los solos, los débiles, los tímidos, los locos. Los que no producen por que no pueden o simplemente por que no quieren comprar todo lo que nos venden. Habrá que reconocer, algún día, que aquellos que llamamos otros, no son más que el reflejo de lo que queremos ocultar de nosotros mismos. La otredad es nuestro espejo más nítido. Ojalá, después de esta pandemia, no deseemos ser más esta humanidad y los muros de nuestros manicomios internos también caigan, ladrillo por ladrillo.

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Texto y fotos de Darío Cavacini

Con esta decisión, tomada por decreto un domingo por la tarde y comunicada formalmente al día siguiente, Mauricio Macri se transformó en el primer presidente elegido democráticamente en eliminar este Ministerio. Los anteriores habían sido los dictadores Pedro Aramburu en 1955 y Juan Carlos Onganía en 1966.

Este retroceso institucional histórico, que redujo considerablemente los presupuestos de áreas sensibles para el acceso a la salud de miles de personas en todo el país, no sólo afectó al área sanitaria, sino que también fueron degradados a Secretaría (con la consecuente reducción y subejecución presupuestaria) los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Cultura, Energía, Agroindustria, Turismo, Ambiente, Trabajo y Modernización.

El presupuesto sanitario, desde la asunción de esta gestión saliente, se ha visto reducido año tras año, quedando siempre varios puntos por debajo del índice de inflación. Este ajuste se puede pensar desde dos perspectivas. Por un lado, en el mecanismo de la elaboración de los presupuestos; en este aspecto, la gestión macrista no ejecutó los mecanismos administrativos necesarios para actualizarlos en función de la inflación anual y de las necesidades de la población, sino que se fue replicando el del año anterior sin tener en cuenta estos factores. El otro punto se centra en la ejecución de los mismos, donde en general se han autorizado partidas presupuestarias que no llegaron a cubrir las necesidades básicas de la población, quedando incluso varios millones a pagar por la gestión de Alberto Fernández.

La reducción presupuestaria tiene, en términos concretos, efectos nocivos para la salud de la población en general, y estas decisiones en particular han afectado a los sectores más vulnerables, quienes vieron disminuidas sus posibilidades de acceder a un sistema de salud público, gratuito y de calidad.

Es necesario repasar algunos de estos efectos, pensados desde el nivel central de la cartera sanitaria, sin desconocer las particularidades con las que estos procesos se han llevado adelante en cada una de las provincias y municipios, para tener en claro los alcances de una gestión que se ha preocupado más por el marketing que por proponer y sustentar planes, proyectos y programas reales que mejoren la calidad de vida y la accesibilidad a los sistemas de salud de la población.

En relación a la compra de medicamentos, se han producido dos hechos significativos. Por un lado, la dolarización de su precio, que hizo que año tras año sea más dificultoso la compra de los mismos, ya que los presupuestos no se han actualizado en función de esta realidad (aun cuando administrativamente se podría haber realizado). Por otro lado, la no-exención de impuestos aduaneros a los insumos que salud importa, lo que genera que un porcentaje grande del presupuesto vuelva circularmente a ser parte de la recaudación fiscal,  dificultando aún más la compra de los mismos por su alto valor agregado.

Estas dificultades creadas por el desinterés de la propia gestión han generado la falta de accesibilidad a medicamentos para el tratamiento continuado y sostenido de tuberculosis, HIV y otras enfermedades de trasmisión sexual y la imposibilidad de compra de los insumos necesarios para llevar adelante estrategias de APS para la prevención de las mismas y para ser distribuidos gratuitamente en los centros de salud (preservativos, tests de embarazo, métodos anticonceptivos varios, misoprostol, hormonas, DIUs, etc).

Tampoco se han podido realizar en su totalidad las compras necesarias de medicamentos para virus respiratorios (especialmente los dirigidos a los sectores de la población más vulnerables en relación a este problemática: niños/as y adultos/as mayores), medicamentos oncológicos y medicamentos esenciales (aquellos que cubren las necesidades de atención de salud prioritarias).

Estos recortes han impedido las compras de las vacunas que completan el calendario nacional (uno de los más completos de América Latina según la OMS). En 2018 se dio el ejemplo más claro de esta política de ajuste, al quitarse el refuerzo contra el meningococo para niñas y niños de 11 años, en medio de la aparición de nuevos casos que pusieron en riesgo la salud de miles de personas en todo el país. Además, durante estos cuatro años, casi no se entregaron descartables ni otros insumos, no se pagaron programas de capacitación profesional y se redujo a más de la mitad la cantidad de vacunadores/as, médicos/as, psicólogos/as y personal administrativo del Programa Médicos Comunitarios.

Vinculado con el desfinanciamiento del calendario vacunatorio, la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación mostró su preocupación por registrarse, en noviembre de 2019, más de 60 casos de sarampión, el mayor número desde el año 2000. Los afectados fueron principalmente niñas y niños menores de un año. A pesar de que no existe un tratamiento específico para esta enfermedad, la vacuna Triple Viral (Sarampión-Rubéola-Paperas) es la que se utiliza para su prevención y una de las que más se han registrado faltantes a nivel nacional.

No han habido políticas públicas suficientes en relación a la prevención de enfermedades como Chagas, zika, chikunguya, fiebre amarilla, hanta virus (en enero de 2019 se registró un brote en Chubut que se cobró la vida de más de una docena de personas) y dengue (registrándose en 2016 la peor epidemia de la historia de nuestro país, con más 40.000 casos).

En relación a las políticas de género implementadas, se han visto fuertemente afectadas, a pesar de la constante tarea y compromiso sostenido por las trabajadoras de esa área. Entre las más relevantes se puede mencionar, como ejemplificadora de la gestión, la escasa articulación entre los diferentes programas y direcciones vinculadas con esta temática, tanto a nivel central como en las diferentes instancias regionales. Se ha producido, de manera consciente y deliberada, la reducción de las compras de métodos anticonceptivos y de medicamentos necesarios para llevar adelante los procesos de hormonización para las personas trans y se ha cerrado el programa Qunita que brindaba asistencia a la madre del/la recién nacida/o.

Sobre el debate acerca de la interrupción legal del embarazo, más allá de que el por entonces Ministro de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein se había pronunciado a favor de su aprobación en el debate de 2018, no hubo a nivel institucional expediciones para pensar cómo abordarla en términos de problemática de salud pública. Como punto final de esta falta de políticas públicas, se produjo la derogación del protocolo de interrupción legal del embarazo, a pesar de que la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva había realizado un trabajo de meses con una fuerte articulación inter y multisectorial para actualizarla en concordancia con el fallo FAL, actualizando el protocolo vigente desde 1921.

El área de discapacidad ha sido una de las más afectadas en este último tiempo. Hacia finales de 2018 se produjo su descentralización, es decir, dejó de depender del ex Ministerio de Salud para quedar baja la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad a cargo de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Durante su gestión se produjeron la baja de miles de pensiones no contributivas (sin evaluación mediante de las situaciones particulares, aumentando la vulnerabilidad de las personas que las percibían), la discontinuidad de los tratamientos terapéuticos por falta y/o atraso en los pagos a las instituciones de salud y significativos faltantes en psicofármacos y medicamentos varios.

El deterioro de las instituciones públicas de salud fue otro de los puntos sobresalientes de la gestión, con infraestructuras abandonadas por obras paralizadas o suspendidas, falta de insumos básicos, precarización laboral de sus trabajadores/as y despidos masivos. Quizás los ejemplos más significativos hayan sido los de los hospitales dependientes del área central de la cartera sanitaria como el Garrahan y el Posadas. Este último establecimiento de alta complejidad, reconocido a nivel regional por la calidad de sus prestaciones, ha sufrido más de 800 despidos que afectaron directamente a las áreas de enfermería, anatomía patológica, farmacia, neumología, cardiología infantil, neurocirugía y otras.

Como corolario de gestión, durante estos cuatro años se produjeron miles de despidos, tanto en el área central como en los diferentes ministerios provinciales, encubiertos en su gran mayoría como no renovación de contratos y jubilaciones anticipadas. Se han precarizado las condiciones laborales, con contratos monotributistas y tercerizados de corta duración, atraso en el cobro de los sueldos y viáticos (llegando en algunos casos a estar más de un año sin cobrar) suspensiones de tareas y el vaciamiento de direcciones y secretarías nacionales, provinciales y municipales. El punto de cierre de estas políticas ha sido la reciente represión sufrida por concurrentes y residentes a manos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Nunca se contó con un plan de acción ni evaluación detallada de la situación socio-sanitaria a nivel nacional ni regional que permita dirigir las políticas públicas hacia alguna dirección, estableciendo prioridades de acuerdo a las necesidades de la población y en base a eso pensar la prescindencia, continuidad o transformación de algunas funciones y programas.

Si bien han habido diferencias en las dos gestiones en salud que llevó adelante el gobierno macrista en estos cuatro años (Jorge Lemus fue Ministro de Salud entre 2015 y 2017 y Adolfo Rubinstein -primero Ministro, luego Secretario de Salud- entre 2018 y 2019) la lógica imperante no ha cambiado su tónica: siempre estuvo dispuesta a cumplir a rajatabla los imperativos del FMI que proponía reducir paulatinamente el gasto en materia de salud en concordancia con las políticas neoliberales de vaciamiento. Basta ver lo números oficiales de los presupuestos sanitarios de estos últimos cuatro años y compararlos con los números oficiales del INDEC en relación al índice inflacionario en ese mismo período.

El desinterés por mejorar el sistema público de salud para que sea accesible a la mayoría de la población fue quizás el aspecto más significativo de una gestión de CEOs preocupada siempre por sus propios intereses en desmedro de las necesidades y derechos de las grandes mayorías populares.

Para pensar en una salud pública con la calidad y la amplitud necesaria para dar respuesta a las necesidades más apremiantes de la población, hay que volver al pensamiento siempre vigente de Ramón Carrillo, quien enunciaba: “El derecho a la salud es uno de los más olvidados, y sin embargo, el más trascendente, porque se vincula con la dignidad de la persona humana, con la vida colectiva, con la economía nacional e internacional. No es aventurado afirmar que la salud de los pueblos es una condición fundamental para lograr su seguridad social y su paz”.

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