El Comité Nacional de Participación (CNP) es producto del Acuerdo N° 9 denominado El Proceso de Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz pactado el 14 de julio de 2023 por la Mesa de Diálogos entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el objetivo de “construir una agenda de transformaciones para la paz, impulsada a partir de una alianza social y política que conlleve a un Gran Acuerdo Nacional para la superación del conflicto político, social, económico y armado”.

Como instancia transitoria y especial está coordinada por la Mesa de Diálogos entre el gobierno colombiano y el ELN, cada delegación designó a cuatro personas para un total de ocho que conforman esta coordinación. El CNP está constituido por 81 delegadas y delegados de 30 movimientos, entre ellos campesinos, indígenas, estudiantiles, de paz, víctimas en el exterior, comunidades basadas en la fe, mujeres y LGBTIQ+, excombatientes, infancias, ambientalistas, empresariado, academia, cultura y artistas, comunidades afro, raizales y palenqueros, madres comunitarias, derechos humanos, personas privadas de la libertad, trabajadoras y trabajadores, instituciones, entre otros.

El CNP fue instalado el 3 de agosto de 2023 en el espacio de Corferias en la ciudad de Bogotá, Colombia, y sesionará durante seis meses para diseñar una metodología conjunta de participación de la sociedad con énfasis en los sectores históricamente marginados que dirán a la Mesa de Diálogos cuáles son las transformaciones que necesita la sociedad colombiana para erradicar las causas que originaron el conflicto social y armado en Colombia.

En la fase de diseño el CNP realizará nueve encuentros regionales del primero al quince de noviembre de 2023 en las siguientes regiones: el Litoral Pacífico, Suroccidente, Nororiente, Orinoquía, Amazonía, Caribe, Centro, Eje Cafetero y Antioquia; así como quince encuentros nacionales durante dos meses en septiembre y octubre con los siguientes sectores, población y temáticas: trabajadoras/os, campesinas/os, mujeres, pueblos indígenas, ambientalistas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, pueblo rrom, procesos urbanos, estudiantes, jóvenes, gremios, población carcelaria, viviendistas, trabajadoras/es informales, niñas, niños y adolescentes y población en condición de discapacidad serán preferentes para el diálogo con enfoque diferencial donde los procesos populares y sectores elevarán sus propuestas para el diseño de participación.

Las mujeres y diversidades en la instalación del CNP

Solo 29 de las 81 vocerías fueron de mujeres y en la tarima principal las partes de la Mesa de Diálogos estuvo representada por mayoría masculina a pesar de que las mujeres afrocolombianas Nigeria Rentería (por el gobierno colombiano) y María Consuelo Tapias (por el ELN) resaltaron los impactos del conflicto en las comunidades rurales, las mujeres y la necesidad de un enfoque de género en el proceso de paz.

Las organizaciones LGBTIQ+ y de mujeres que conforman el CNP son Plataforma LGBTI por la Paz con Mariana Avendaño; Colombia Diversa con Marcela Sánchez; la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz con Ángela Yasmith Cerón; la Red Nacional de Mujeres con Beatriz Quintero; la Juntanza de Mujeres y Paz con Karina Santos; Madres Comunitarias con Olinda García; Colempresarias con Nidia Rojas y la Red de Mujeres del Caribe Colombiano con Ofelia Fernández. 

Las otras vocerías de mujeres representaron a organizaciones ambientalistas, indígenas, campesinas, de derechos humanos, víctimas en el exilio, infancias, gremios económicos, sector minero-energético, personas con discapacidad, trabajadoras sexuales, comunidades negras, raizales y palenqueras, plataformas como Defendamos la Paz con Gloria Arias y Ciudadanías por la Paz con Juliana Ramírez.

Marcha Noticias le preguntó a Gloria Inés Ramírez, del Partido Comunista Colombiano y actual ministra del Trabajo, sobre cómo analiza la participación de las mujeres en todo este proceso del CNP y la Mesa de Diálogos de Paz, a lo que respondió: “Bueno, nosotros sentimos que es muy importante. Mira, sin las mujeres ningún proceso de paz es factible. Eso ya lo han demostrado los diferentes procesos en el mundo y aquí en Colombia en particular nosotras estamos trabajando por la presencia y visibilizar la presencia de las mujeres, sus aportes, porque las mujeres no solamente son víctimas sino que son constructoras de estos procesos”. 

Además, Ramírez fue enfática con que “aquí hemos planteado la importancia de las personas que están, sin embargo, sentimos que todavía falta la presencia de más mujeres allí y esperamos que en todo este proceso, que es largo, las mujeres puedan fortalecerse”.

Mujeres afrocolombianas en la instalación del CNP

Nigeria Rentería es exdefensora delegada para los derechos de los indígenas y las minorías étnicas, fue negociadora del Gobierno de Juan Manuel Santos en el proceso de paz de La Habana (2012-2016) con las FARC-EP, su discurso en la instalación del CNP se mantuvo en los límites institucionales de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogos señalando la relevancia de la participación de las mujeres en el proceso.

María Consuelo Tapias es una de las primeras tres plenipotenciarias de paz en la delegación de diálogos del ELN, fue la mujer designada para dar el discurso por su organización junto con Pablo Beltrán. Ella viene del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro y fue jefa nacional de formación de la organización guerrillera. Saludó a la población privada de la libertad, a las prisioneras y prisioneros políticos del ELN y señaló que en el CNP inicia un “diálogo estratégico para la paz de Colombia” donde todos los sectores se escuchan en la diferencia. Tapias denunció que siguen las amenazas y asesinatos de lideresas y líderes sociales en las zonas del Cauca, sur de Bolívar, nordeste antioqueño, Bajo Cauca antioqueño, Nariño, Putumayo, Chocó y Magdalena. Indicó que sin acuerdos humanitarios no será posible la participación de la sociedad en estas regiones para propiciar que “cada actor armado asuma su responsabilidad”. 

En las regiones mencionadas por Tapias han asesinado a comandantes del ELN en combates con las Fuerzas Militares y policiales aliadas de los paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia durante el último año. En el sur de Bolívar asesinaron al comandante Gustavo o Pirry, miembro de la dirección nacional del ELN, donde también fue capturada la socióloga Violeta Arango, quien hoy es gestora de paz de la Mesa de Diálogos.

Yolanda Perea es delegada al CNP por el Consejo Nacional de Paz, Convivencia y Reconciliación. Habló de los “territorios heridos” por la guerra, mismas regiones mencionadas por Tapias, y afirmó que “cuando se habla de paz no es solo la ausencia de la guerra (…) es necesario silenciar los fusiles, pero es también necesario silenciar los egos”. Fue contundente al decir que los pueblos necesitan aires de paz, “yo necesito volver a mi tierra”. 

Perea mencionó que hay más de 9 millones de víctimas registradas en el marco del conflicto armado, pero que también hay otras víctimas que no son de la guerra sino del diario vivir de la sociedad colombiana producto de la desigualdad. “Como mujeres nos han dejado de lado a las mujeres negras, mujeres indígenas y mujeres mestizas (…) esos egos nos deben llamar hoy a decir, como víctimas directas de todas estas violencias, ‘sí podemos construir el tejido social igualitario’”.

Relatos de Pablo Beltrán y Gustavo Petro en el CNP

La primera intervención fue de Pablo Beltrán, jefe de la delegación de diálogos del ELN, quien resaltó la presencia del presidente Petro como una muestra de su compromiso con el proceso de paz, agradeció el esfuerzo de las delegaciones nacionales e internacionalistas que duraron más de un día de viaje por tierra para llegar a la instalación del CNP con mucho esfuerzo. Beltrán saludó a la comunidad internacional destacando que nunca los esfuerzos internacionales pueden reemplazar los esfuerzos de las colombianas y colombianos.

El líder guerrillero se refirió al estallido social del 28 de abril de 2021 en Colombia como un “mandato de cambios” que recogió el gobierno de Gustavo Petro y que compromete también al ELN, por lo cual la Mesa de Diálogos se considera un instrumento al servicio de este mandato. Para Beltrán el CNP es el corazón del proceso de paz y son los encargados de encariñar a la sociedad colombiana con la paz para llegar al punto de la “visión común de paz”, el cual tiene un instrumento que es la participación de la sociedad y a su vez esta tiene un motor que es el CNP con la idea de que sea incluyente y masivo.

“Que no solamente se diga que la élite se opone al cambio, sino que la élite se mete al cambio”, añadió sobre el CNP dijo que tiene la tarea de diseñar la metodología de la participación de la sociedad. Pablo Beltrán se refirió sobre la entrada en vigencia del cese al fuego bilateral por seis meses, el cual tiene la característica principal y poderosa de que existe la voluntad de las dos partes de cumplirlo. Se refirió sobre las otras fuerzas que no entraron en el cese como bandas y grupos paramilitares como los que más daño le hacen a las comunidades rurales y al liderazgo social.

El jefe de la delegación de diálogos del ELN dijo que el principal cambio que hay que hacer de inmediato es que este gobierno de Petro no persiga ni extermine, ya que “hay un nuevo gobierno, pero el viejo régimen está vivo y la esencia del viejo régimen es perseguir y exterminar, eso se tiene que acabar”. Sobre el Gran Acuerdo Nacional refirió que no serviría sin una alianza política, económica y social que se comprometa con los acuerdos alcanzados. Beltrán criticó los Tratados de Libre Comercio y argumentó que “hay que pagar primero la deuda social que la deuda externa (…) si esa deuda social no se paga otro estallido social va a venir”.

La intervención del presidente Gustavo Petro inició con un cumplido: “Primero hay que dar una felicitación. Nunca jamás en la historia contemporánea el ELN había llegado a esta posición a hablar de frente en el corazón de Colombia, sin dejar de ser el ELN, sin armas, ante la diversidad de Colombia, ancha y profunda; ante el Estado de Colombia, con el cual ha librado una guerra que se remonta desde el año 1964” refiriéndose al avance de la Mesa de Diálogos que los llevó al acto multitudinario de la instalación del CNP con miles de personas en Bogotá.

Afirmó: “Este acto (…) empieza a generar esperanza (…). Cuando una sociedad tiene esperanza, cambia. (…) El antídoto contra el miedo es la esperanza”. Petro también habló de la extinción de la especie humana por cuenta de las economías carbonizadas y petroleras. Sobre el conflicto dijo “Acuerdo o guerra. Más o menos la historia de Colombia se ha movido en esta dinámica durante dos siglos”.

Acerca del genocidio continuado o lo que el presidente llama “la guerra perpetua” dijo: “Es revolucionario el que se escapa del manto de la muerte. Y más revolucionario es el que lleva a toda la sociedad a escaparse de ese manto autoritario y omnímodo de la muerte” e hizo énfasis en la política de la vida y la nueva sensibilidad revolucionaria sin las armas y sin violencia.

Entrevistas a Dayana Domicó y María Consuelo González

Dayana Domicó es una mujer lideresa indígena del pueblo embera katío, antropóloga, excoordinadora nacional de Juventud de la Organización Nacional Indígena de Colombia, pertenece a la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caribe y actualmente es delegada de paz del gobierno colombiano en la Mesa de Diálogos con la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En la instalación del CNP Dayana Domicó le dio una entrevista a Marcha Noticias, con la realización de mi persona y Lita Rubiano, donde nos habló de su percepción del conflicto y el cese al fuego bilateral en las comunidades rurales; del proceso que viene para las mujeres, cómo lo vive ella en su cuerpo; cuáles los sueños que tiene para su comunidad como mujer para que ese cese al fuego sea más sólido y se consolide más rápido; sus consideraciones sobre los avances y retos del enfoque de género en la Mesa de Diálogos y las lecciones podemos aprender del proceso de reincorporación de las mujeres de las antiguas FARC-EP.

También entrevistamos a María Consuelo Tapias, delegada de paz del ELN, sobre los siguientes puntos: cómo va el trabajo de la Mesa Nacional de Mujeres; cómo van las discusiones internas sobre el tema de género en la delegación; cuál es el planteamiento de las mujeres de la delegación de diálogos en materia de enfoque de género para los acuerdos de paz; cuáles son los aprendizajes y lecciones que recoge de la reincorporación de las mujeres de FARC-EP y cuál es su mayor sueño.

El proceso de participación de la sociedad iniciado el 3 de agosto de 2023 culminará el mes de mayo de 2025, fecha en la que se presentarán los resultados de los puntos “1. Participación de la sociedad en la construcción de la paz; 2. Democracia para la paz; 3. Transformaciones para la paz” de la agenda de diálogos pactada entre el gobierno colombiano y el ELN.

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Por Danna Urdaneta | Foto: Domingo Hernández Lárez

El 2 de enero de 2022 estalló el conflicto en Arauca con 27 asesinatos sin signos de combates en distintos puntos del departamento. Los muertos aparecieron desarmados y vestidos de civil en las vías de municipios fronterizos. Al respecto, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmó que el conflicto incluye a milicianos de las estructuras del Décimo Frente y sus aliados en la confrontación: el Frente 28 y 45 y el Tren de Aragua, este último una mega anda venezolana.

2021 fue el año del conflicto en el estado venezolano de Apure con la profundización de la crisis económica, los efectos de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela, la crisis migratoria y el conflicto transfronterizo. 2022 fue el año del conflicto en el departamento colombiano de Arauca, una región que ya venía con una larga y profunda crisis humanitaria. Alirio Uribe Muñoz, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, denunció el 30 de enero de 2022 con una fotografía de un combatiente muerto que estos paramilitares usan uniformes del Ejército colombiano y brazaletes de las FARC-EP. 

¿Quiénes son los jefes del Décimo Frente, Frente 28 y Frente 45?

Aunque la intensidad de la violencia en el departamento recuerda a la guerra de 2005-2010 entre las antiguas FARC-EP y el ELN, los jefes guerrilleros de la época no corresponden a los jefes paramilitares que hoy lideran las estructuras homónimas mencionadas. 

Jorge Eliecer Jiménez Martínez es el nombre legal de Jerónimo, Arturo Paz o Arturo Ruiz, estos últimos son los seudónimos por los cuales se conoció al jefe del Décimo Frente. Omar Pardo Galeano es el nombre legal de Antonio 28 o Antonio Medina, igualmente, estos últimos son los nombres de guerra del jefe del Frente 28. Ambos salieron de la cárcel por el Tribunal de Justicia y Paz creado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez para juzgar a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según la Fiscalía General de la Nación en Colombia, Héctor Aguilar o Pescado,  jefe del Frente 45, fue el responsable por las Autodefensas Unidas de Casanare del secuestro y asesinato en 2014 de Samuel Bohórquez Vásquez, alcalde de Cubará en Norte de Santander. 

Recientemente la Revista Raya de Colombia publicó en “¿Están las disidencias infiltradas por el Ejército?” un documento del Tribunal de Justicia y Paz con el testimonio de Omar Pardo Galeano o Antonio Medina donde confirma que desde que desertó de las antiguas FARC-EP en 2009 trabaja con el Ejército y la Policía colombiana para capturar e identificar a miembros de la antigua guerrilla de las FARC-EP. 

Efectivamente, las estructuras mencionadas operaron de un lado a otro de la frontera estos años. Estos jefes paramilitares utilizaron ayer y utilizan hoy las siglas de las antiguas FARC-EP para desestabilizar a Venezuela en 2021 e iniciar 2022 el genocidio contra el liderazgo social araucano y liquidar al liderazgo comunitario venezolano de la frontera. 

Conflicto en Puerto Páez-Apure

Puerto Páez pertenece al municipio Pedro Camejo del estado Apure, frontera con Colombia. El panorama que denunció Juan Francisco García, exdiputado del PSUV y apureño, es desolador. En “SOS Puerto Páez-Apure: urge construir la paz” cuenta cómo desde hace décadas el abandono y la criminalización de la pobreza ha hecho a este pueblo dependiente de las políticas de Puerto Carreño en el departamento colombiano de Vichada y relata los desplazamientos al otro lado de la frontera producto de los combates en el despliegue de la Operación Escudo Bolivariano (OEB) del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) de Venezuela. 

El asesinato de José Urbina el 10 de enero de 2022 y la desaparición y asesinato de Juan de Dios Hernández el 25 de marzo en Puerto Páez, epicentro de la OEB contra los Tancol (Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia), reveló que el conflicto no es como lo refleja la mediática oficial venezolana. Hasta el día de hoy las “amenazas a la soberanía nacional” no han sido caracterizadas en términos políticos y militares por el Ceofanb. 

José Urbina era director de la emisora Frontera 92.5 FM y fue asesinado con 27 tiros en su hogar casi frente a su esposa y cuatro hijos. Juan de Dios Hernández era su colega y camarada de la misma célula del Partido Comunista de Venezuela, partido que se declaró en oposición al gobierno de Nicolás Maduro en septiembre de 2020. El 13 de noviembre de 2021 Urbina denunció en video las amenazas públicas de muerte del teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ramón Sánchez, luego de que el periodista liderara una protesta contra los falsos positivos de la OEB en el destacamento militar de la GNB de Puerto Páez. 

Sobre los pobladores injustamente presos Urbina denunció que eran inocentes y no terroristas. Hasta hoy ambos crímenes permanecen en completa impunidad y obligó a los familiares y camaradas de las víctimas a desplazarse para resguardar sus vidas. Meses después del hecho una fuente de autoridad en el caso afirmó para esta investigación bajo estricta confidencialidad que estos crímenes contra la militancia comunista apuntan como responsable al Décimo Frente. De manera simultánea la violencia paramilitar se exacerbó del otro lado de la frontera contra el liderazgo social araucano. 

Carro-bomba en Saravena y desencadenantes

Una intento de masacre frustrado el 19 de enero de 2022 en la noche fue el atentado con carro-bomba de Antonio Medina contra el edificio de organizaciones sociales, indígenas y populares en el casco urbano de Saravena, Arauca, justo cuando se encontraban refugiados en el lugar 50 lideresas y líderes sociales de todo el departamento desplazados hasta el lugar por amenazas de Medina.

A partir del atentado y por lo que restaba de 2022 a través de denuncias públicas, entrevistas, informes, comunicados, testimonios de las partes, análisis y movilizaciones que hicieron, publicaron o acompañaron Indepaz, la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, el movimiento social Congreso de los Pueblos, los medios alternativos Colombia Informa y Trochando Sin Fronteras, el medio venezolano La Tabla, la Caravana Humanitaria por la Vida en Arauca, las FARC-EP Segunda Marquetalia, el Frente de Guerra Manuel Vázquez Castaño y Antonio García como primer comandante del ELN, quienes se sumaron a las denuncias contra estos grupos paramilitares por ejecutar operaciones encubiertas con las Brigadas de Asistencia a las Fuerzas de Seguridad (SFAB) y el Comando Sur de Estados Unidos; el Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat) de la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército y el Grupo Antiterrorista (Grate) de la Policía colombiana. Nunca actuaron solos. 

Sin dudarlo, las partes denunciantes desde diferentes orillas ideológicas caracterizaron la realidad araucana como un genocidio y el conflicto transfronterizo como una guerra fría auspiciada por intereses imperiales, sobre la cual agrego que está sostenida por realidades locales como la miseria y el abandono histórico del Estado colombiano y el Estado venezolano en 2.219 km de frontera binacional. Claramente, este conflicto buscó desestabilizar al gobierno venezolano para derrocar al presidente Nicolás Maduro y favorecer a los intereses de Estados Unidos con Juan Guaidó en su momento. 

El guerrillero Nelson Sánchez o Maxiliano García, quien desertó del Décimo Frente hacia el ELN, denunció en video difundido por esta insurgencia en su portal eln-voces-net que el objetivo paramilitar es asesinar a presidentes de Juntas de Acción Comunal en Colombia, líderes guerrilleros en frontera y voceras/os de consejos comunales y comunas en Venezuela. 

El joven campesino contó cómo militares gringos participaron en la operación contra el jefe guerrillero Édinson Romaña de la Segunda Marquetalia e invitó a sus antiguos compañeros de esa estructura a desertar, llamado que también fue enviado posteriormente por esta insurgencia en el comunicado “A los araucanos” donde denunciaron esta muerte en combate con paramilitares y mercenarios gringos. Mientras tanto en la frontera venezolana afloró otro eje del conflicto. 

Vaivenes y denuncias de la CRBZ contra los Tancol

Durante los primeros meses de 2022 la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ) del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) inició una campaña de propaganda y denuncias contra el ELN como grupo Tancol por incursiones en La Gabarra, municipio José Antonio Páez, estado Apure, y amenazas contra Amparo Leal, una de sus lideresas comunales y varios de sus dirigentes. La CRBZ activó las Brigadas de Defensa Popular Hugo Chávez (parte de las Milicias Bolivarianas, cuerpo especial de la FANB subordinado al Ejército venezolano) y se sumaron a la campaña del Ceofanb contra los Tancol con consignas y propaganda similares a las del uribismo en 2008 en su gran marcha contra el secuestro: “No más FARC / No más ELN”. 

La propaganda contra los denominados Tancol fue similar a la creada por la extrema derecha venezolana, liderada por Juan Guaidó los últimos años, para solicitar a Estados Unidos que “los colectivos” chavistas sean incluidos en la lista de organizaciones terroristas por Estados Unidos. La diferencia radica en que esta propaganda de la CRBZ estaría amparada en el discurso del presidente Nicolás Maduro y sería el punto de partida para señalar la presencia en Venezuela del ELN y las FARC-EP (estos últimos los paramilitares mencionados) como grupos Tancol en Apure y parte de Barinas.

Sin embargo, Nicolás Maduro nunca señaló al ELN ni a algún grupo denominado FARC-EP directamente como Tancol. Cuando lanzó este acrónimo el 30 de septiembre de 2021 dijo que los Tancol “ni son guerrillas ni son paramilitares” y el 2 de junio de 2022 durante el Balance de la Operación Escudo Bolivariano 2022 enfatizó que los Tancol son paramilitares. 

Sin una caracterización del conflicto, su dimensión histórica, política, económica, social y armada en Apure y Barinas las infografías creadas por la CRBZ tendieron a simplificar y estigmatizar a la población fronteriza colombiana como terrorista. Paralelamente, con un discurso de reconocimiento del conflicto y de solución política el alcalde del PSUV del municipio José Antonio Páez de Guasdualito, José ‘Chema’ Romero, también de la CRBZ en el estado Apure, abogó por la paz de Colombia y la solución política al conflicto transfronterizo casi despojado de matices xenófobos. 

Algo similar ocurrió durante el balance operacional mencionado con Nicolás Maduro; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el comandante del Ceofanb, Domingo Hernández Lárez, y el alto mando militar de la FANB antes de la primera vuelta presidencial en Colombia en 2022 donde participaron Gustavo Petro y Francia Márquez. La dialéctica de la paz estuvo presente en las intervenciones de ambos militares, quienes ya cumplían algo más de un año en frontera ejecutando la OEB. 

Cambio discursivo y captura del liderazgo comunero chavista

Luego de acercamientos de la CRBZ con el ministro del Poder Popular para las Comunas, Jorge Arreaza, el 17 de mayo y en víspera de la primera vuelta presidencial mencionada, la CRBZ eliminó las siglas del ELN y las FARC-EP que utilizó junto al acrónimo Tancol, editándolas incluso de los videos previamente difundidos. Finalmente, el 24 de mayo la vocería del Autogobierno de la Ciudad Comunal Simón Bolívar, luego de meses de denuncias, dijo en entrevista a Diario Vea no estar segura de que las incursiones militares realizadas fueran del ELN.

El 18 de junio de 2022 Braulio Márquez, Ariana Alcalá, Antonio Márquez, Yorliz Fernández, Jesús Pérez, Grismaldo Díaz y Luis Rodríguez fueron capturados en Apure sin orden judicial por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) al finalizar una actividad con Eduardo Piñate, gobernador del Apure por el PSUV. Braulio, Ariana, Antonio, Jesús y Luis son miembros del Autogobierno de la Ciudad Comunal Simón Bolívar de la CRBZ, principal foco de conflicto y denuncias contra la presencia del ELN en su territorio. Además de esto, Ariana Alcalá fue la única mujer capturada, quien tiene dos hijas menores de edad y es concejala por el partido de gobierno en el municipio José Antonio Páez del estado Apure. 

Los primeros 13 días de la captura de este sector del liderazgo comunero estuvieron totalmente incomunicados y sin ubicación conocida. Posteriormente, fueron localizados en la cárcel de Ramo Verde y solo transcurrido un mes les permitieron acceso a abogados de su confianza, pero sin acceso a los expedientes. Esta mujer y seis hombres de la CRBZ permanecen sin garantías, están con el juicio paralizado y pasaron año nuevo en la cárcel. Vale destacar la estigmatización, violencia política, de género e institucional en contra de las mujeres comunera venezolanas en medio de “la lucha contra los Tancol”. 

Operación Escudo Bolivariano del Ceofanb contra los Tancol

En 2021 el presidente Nicolás Maduro asignó el acrónimo Tancol a los grupos que amenazaron la soberanía venezolana bajo las órdenes de Estados Unidos durante el conflicto en Apure el mismo año. Con esta denominación del enemigo vergonzosamente xenófoba el Ceofanb con la Operación Escudo Bolivariano 2021 en Apure y otras 9 operaciones iniciadas en 2022 en el resto de fronteras, norte y oriente del país, combatiría a una amalgama de expresiones armadas y de economías ilegales.

La propaganda de guerra difundida en 2022 por la cuenta Twitter @libertad003 y @dhernandezlarez del Ceofanb y su comandante Domingo Hernández Lárez reveló la incautación de indumentarias y propaganda de estas estructuras paramilitares donde se mezclaban en varios campamentos revistas del “Estado Mayor Central de las FARC-EP” junto con dotación del Ejército colombiano, la bandera colombiana y demás. En la destrucción de otros campamentos fueron difundidos videos y fotografías con propaganda de las FARC-EP Segunda Marquetalia. Igualmente también revelaron la incautación de propaganda y material bélico de otros grupos sin carácter político asociados a la minería y el narcotráfico. 

Desde el 21 de marzo de 2021 hasta hoy el Ceofanb ni Domingo Hernández Lárez publicaron en su propaganda de guerra la incautación o destrucción de campamentos o infraestructura del ELN o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Sin embargo, durante los momentos de tensión por denuncias de la CRBZ ante la presunta incursión de 50 y 200 combatientes del ELN en su territorio, la periodista Sebastiana Barráez denunciaba la ubicación de unidades del ELN en otras zonas Apure donde no llegó la OEB. 

El balance operacional en 2022 arrojó el saldo de 99 despliegues operacionales, 441 campamentos, 61 laboratorios de drogas, 47 toneladas de drogas, 124 instalaciones logísticas, 3.9 toneladas de explosivos, 64.428 municiones de guerra, 2 submarinos, 23 mil miembros de los Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO), 45 aeronaves inutilizadas, 118 pistas clandestinas. La novedad fue que Nicolás Maduro matizó el carácter xenófobo de la política de seguridad y defensa de la nación diciendo: “Tancolven, Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia y Venezuela”. 

Esta Operación tuvo denuncias por ejecuciones extrajudiciales, violaciones de derechos humanos, confinamiento y otros desde diversos sectores políticos, étnicos y sociales, incluyendo chavistas y comunistas. La CRBZ denunció ataques contra la Comuna Agroturística Socialista Guerreros del Caparo en el estado Barinas donde la Dgcim mantuvo a la comunidad confinada durante días luego de que torturaran a un adolescente de 15 años acusado de ser Tancol. En “Respuesta a Misión Verdad: coordenadas sobre los Tancol en la frontera de Venezuela” está la exposición completa del caso. 

La frontera y el diálogo de paz entre el gobierno colombiano y el ELN 

Si bien ninguno de los comunicados de las partes o comunicados conjuntos en la Mesa de Diálogos entre el gobierno colombiano y el ELN hicieron referencia directa a la solución política en la frontera, como sí lo hizo cinco veces la Declaración conjunta del primero de noviembre entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, hubo otras voces que se refirieron a las nuevas guerras en la franja binacional.

La frase marketinera “el ELN es una guerrilla binacional” fue desmontada en 2022 con “Respuesta a Misión Verdad” y “Mitos sobre la relación de Nicolás Maduro con el ELN“. Las publicaciones mencionadas partieron de la afirmación de que las principales guerrillas y grupos paramilitares de Colombia, mercenarios, narcos y mafias, todos con participación latinoamericana y europea, tienen presencia en Venezuela porque el conflicto y la lucha de clases no tiene fronteras ni gentilicios. Si la injerencia de Estados Unidos es en América Latina y su expresión más violenta está en Colombia con las bases militares el conflicto se va a expresar de la misma manera en cada país de acuerdo a sus realidades “nacionales”. 

El 23 de noviembre de 2022 durante el primer ciclo de diálogos de paz le pregunté a Pablo Beltrán cuál era el estado actual de la confrontación en la frontera, a lo que respondió “se mantiene, aunque va disminuyendo” y añadió “que no se entienda a estos factores como una amenaza a la soberanía”, refiriéndose indirectamente al ELN en la frontera venezolana. En años anteriores se refirió varias veces y con claridad en entrevistas a medios internacionales a la presencia de militancia del ELN en Venezuela como parte de la comunidad colombiana migrante.

El 12 de diciembre en el Hotel Humboldt de Caracas el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, dijo en rueda de prensa que el ELN estaba en Venezuela, operaba en Colombia y se devolvía. Le pregunté por el balance anual del gobierno colombiano sobre la presencia y operaciones encubiertas de las AGC y grupos paramilitares en la frontera colombo-venezolana, sobre lo cual respondió no saber nada al respecto y que no conocía los informes públicos de la Jurisdicción Especial para la Paz, Indepaz, ni de la Fundación Progresar en Norte de Santander sobre estos casos. 

Sin embargo, Iván Cepeda Castro, miembro de la delegación de paz del gobierno, días después afirmó en una entrevista con Confidencial Noticias que la delegación de paz del gobierno colombiano no partía de la caracterización del ELN como una guerrilla binacional ni de que Venezuela es parte y no garante del conflicto. Fue enfático al afirmar que no admiten a terceros en el diálogo, ya que esta guerrilla es de origen colombiano con unas luchas y reivindicaciones colombianas. Mientras, otra insurgencia se refirió al conflicto social y armado en la frontera, así como a su solución política. 

Fronteras, Territorios de Paz y las FARC-EP Segunda Marquetalia 

A pesar de que las medidas humanitarias acordadas en la Mesa de Diálogos no se refieren a la frontera con Venezuela, la gran pregunta es por qué Arauca y Catatumbo, zonas fronterizas en crisis humanitaria por cuenta del genocidio continuado, no fueron incluidas en los primeros alivios humanitarios. Sin embargo, está claro que el cese al fuego bilateral que acordarán el gobierno colombiano y el ELN en los próximos ciclos impactará positivamente a la franja binacional, ya que en buena parte de ella hay presencia de bases militares colombianas con presencia gringa que han realizado operaciones encubiertas con las fuerzas mixtas ya mencionadas en “Paramilitarismo y nuevas guerras en la frontera colombo-venezolana en 2022”, la primera parte de este informe.

Un cese al fuego bilateral implicaría también cesar estas operaciones contrainsurgentes del Estado colombiano y sus paramilitares contra el territorio venezolano, lo cual evitaría desplazamientos y contribuiría a que estas regiones se convirtieran en Territorios de Paz como propuso la Segunda Marquetalia el 15 de diciembre de 2022 en el comunicado “Al pueblo colombiano. Saludo de navidad y año nuevo”. 

La primera vez que está guerrilla se refirió a la frontera llanera fue en el comunicado “A los araucanos” y luego en “Saravena somos todos” de enero de 2022. Solo hasta diciembre de 2022 dijeron: “Queremos manifestar nuestra decisión de contribuir a la construcción social de Territorios de Paz donde hacemos presencia. Aspiramos aportar al objetivo de que la frontera con Venezuela se convierta en una franja binacional de paz” y llamaron a acuerdos humanitarios urgentes por el respeto a la vida, el cese de todas las violencias y la inversión social en acuerdo con las comunidades. 

2022 terminó, por parte de esta organización insurgente, con la aceptación del cese al fuego bilateral decretado por Gustavo Petro el 31 de diciembre y un relevo político donde la joven comandante Jhurleny Guerrero y el joven comandante Iván Alí fueron nombrados como plenipotenciarios junto con el antiguo líder guerrillero Walter Mendoza para los próximos diálogos de paz con el gobierno colombiano. 
Lo expuesto en este informe confirma lo dicho por Antonio García, primer comandante del ELN, durante enero de 2022 en entrevista publicada por Kaos en la Red: la frontera se ha convertido en un escenario de lucha contra el paramilitarismo.

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Por Danna Urdaneta 

Del 17 al 21 de enero la Mesa de Diálogos del gobierno colombiano y el ELN tuvo una reunión de urgencia en el Hotel Eurobuilding de la Gran Caracas en Venezuela para resolver la crisis generada a partir del anuncio y decreto del cese al fuego bilateral por seis meses realizado por el presidente Gustavo Petro el 31 de diciembre de 2022, el cual no fue acordado durante el primer ciclo del proceso de paz. El éxito de esta reunión estuvo acompañado de la consolidación de las relaciones económicas, comerciales y de inversión entre Colombia y Venezuela, así como la negociación de un acuerdo de protección de inversiones, según comunicado oficial del 20 de enero del gobierno venezolano. 

¿Cómo fue el anuncio del cese al fuego bilateral? 

En este anuncio firmado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, fueron incluidas las guerrillas del ELN y la Segunda Marquetalia, los grupos paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Estado Mayor Central de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz. Este último grupo, al menos en el departamento de Arauca, frontera con Venezuela, está comprobado que no son “disidencias”, sino paramilitares aliados con sectores del Estado colombiano y las Brigadas de Asistencia a las Fuerzas de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. 

Un cese al fuego bilateral se hace mediante un acuerdo de dos partes en conflicto para la suspensión de hostilidades por un periodo de tiempo sin que esto signifique que sea un cese definitivo. El cese al fuego bilateral no contempla una entrega de armas o una desmovilización, es decir, los combatientes las mantienen en su poder. El cese al fuego bilateral no fue pactado por las partes en este proceso de paz y por esto la guerrilla enfatizó que no la compromete algo que no fue discutido con ella, sin embargo, recibía el anuncio como una propuesta a debatir en el segundo ciclo a realizar en México el 13 de febrero. 

Debate entre el gobierno colombiano y el ELN

Durante las primeras dos semanas de enero Otty Patiño, jefe de la delegación de paz del gobierno colombiano; el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, asesor de la presidencia de la República de Colombia en asuntos de paz; Iván Cepeda Castro, presidente de la Comisión de Paz del Congreso colombiano, y otros insistieron mediante entrevistas y comunicados que el anuncio y el decreto de Gustavo Petro para un cese al fuego bilateral era una propuesta en respuesta al clamor de las comunidades. Igualmente el Comando Central del ELN respondió a todo esto con un comunicado donde declararon una crisis en la Mesa de Diálogos porque no se respetó el principio de bilateralidad. 

Así inició 2023 en Colombia, con muchas noticias y debate nacional alrededor de este hecho donde, en últimas, Patiño le dio la razón al ELN al aceptar en varias entrevistas que el cese al fuego bilateral no fue acordado. Sin embargo, en la rueda de prensa del 12 de diciembre por el fin del primer ciclo tanto Pablo Beltrán, jefe de la delegación de diálogos del ELN, como Otty Patiño, dijeron que tenían ideas comunes sobre el cese al fuego bilateral, que no estuvo en la agenda del primer ciclo, pero que sí hay intenciones de desescalar el conflicto en las zonas de alivios humanitarios pactadas (Bajo Calima en el departamento de Valle del Cauca y Medio San Juan en el departamento de Chocó).

En medio de este debate el 7 de enero Gustavo Petro visitó de manera fugaz por tres horas al presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores de Caracas junto con el canciller Álvaro Leyva, el embajador en Bélgica, Jorge Rojas, y el embajador en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo. En la reunión estuvo presente el garante por Venezuela para este proceso de paz, el general (r) Carlos Eduardo Martínez Mendoza. El primer punto de la declaración conjunta de los presidentes fue el compromiso de Venezuela con el cese al fuego bilateral, es decir, quedó más que claro que la Mesa de Diálogos con el ELN está en medio de la negociación Estados Unidos-Colombia para el programa de Petro y la negociación Estados Unidos-Venezuela para aliviar las medidas coercitivas unilaterales. 

Posteriormente, el 12 de enero Gustavo Petro escribió en Twitter que al ELN le quedaba: “O el camino del padre Camilo Torres Restrepo o el camino de Pablo Escobar”, cuando ambos tuvieron muertes tempranas a manos del Estado colombiano y desaparecieron el cadáver del cura guerrillero. A lo que el primer comandante del ELN, Antonio García, respondió el 14 de enero: “somos de liberación o muerte”, aludiendo al lema insurgente. 

Asimismo, el 17 de enero la delegación de diálogos del ELN le respondió a Roy Barreras, presidente del Congreso de la República de Colombia, recordando que en 2020 le entregaron una carta pública dirigida al Departamento de Estado, a la Fiscalía Federal de Estados Unidos y al gobierno colombiano. Con idéntico contenido en 2021 el ELN dirigió otra carta a la Presidenta de la Comisión Global de Política de Drogas proponiendo “conformar una Comisión Internacional para que verifique sobre el terreno, si el ELN tiene cultivos, laboratorios, infraestructuras o rutas para el narcotráfico, o si tiene negocios con precursores químicos usados en la producción de cocaína”. 

Deudas de género y lecciones aprendidas de la crisis 

A pesar de que el 25 de noviembre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz anunció la incorporación de cuatro mujeres a la delegación de paz del gobierno colombiano, queda pendiente una deuda en materia de género en esta Mesa de Diálogos. No sería suficiente con que la delegación de diálogos del ELN para el segundo ciclo sea paritaria si, de todas formas, en las vocerías mediáticas de las ruedas de prensa de inicio y fin de ciclo, así como la rueda de prensa por la reunión de urgencia, las vocerías siguen siendo las de Otty Patiño y Pablo Beltrán. Al respecto el copresidencialismo en Kobane del Kurdistán deja importantes lecciones de cómo las direcciones de espacios políticos también pueden ser paritarias. 

Por otro lado, sin necesidad de profundizar más en el debate nacional desatado a partir de los hechos mencionados alrededor del cese al fuego bilateral, la reunión de urgencia puso en discusión varios principios y lecciones de cara a la historia de los procesos de paz en América Latina y el mundo:

1. Los acuerdos son para cumplirlos. 
2. La confidencialidad y bilateralidad. 
3. Carácter político del proceso (no de reconocimiento penal o sometimiento) y reconocimiento mutuo. 
4. Confianza y buena fe de las partes. 
5. La urgencia de activar la Subcomisión de Comunicación para la Paz anunciada en el Primer Acuerdo de Waraira Repano y que ya el 23 de noviembre existía. 
6. Hay un escenario nacional e internacional favorable para el cese al fuego bilateral, pese al obstáculo del paramilitarismo. 
7. La urgencia de apagar la política de micrófono. 
8. El diálogo no es imposición y lo que no se discute y acuerda en la Mesa no compromete a las partes. 
9. La importancia de los países garantes como testigos y depositarios de los acuerdos y su deber de exigir a las partes su cumplimiento, aclarar las crisis y encontrarle solución. 
10. La necesidad de que la delegación del gobierno colombiano unifique criterios, jerarquías y discurso a la hora de tramitar crisis en la Mesa (si Otty Patiño, quien es el jefe, no da declaraciones a la prensa durante la reunión de urgencia, tampoco debe hacerlo José Félix Lafaurie del Centro Democrático. 

Llama la atención que en la rueda de prensa dada Otty Patiño se refirió a la “crisis” generada luego de que estas semanas desestimaron e incluso negaron este término usado por el Comando Central del ELN y su primer comandante, Antonio García, para minimizar los reclamos del ELN frente a lo que fue un claro error de Gustavo Petro y su delegación de paz. Al mismo tiempo Pablo Beltrán se refirió a la denominada “crisis” como un “incidente”. Estos ejemplos hablan de la sincronía, empatía, respeto, compromiso y voluntad que lograron las partes en los cuatro días de reunión de emergencia donde se restableció la confianza. 

Agenda del segundo ciclo 

Para el segundo ciclo del proceso de paz el primer punto que se discutirá será la participación de la sociedad en la Mesa de Diálogos para que sea ella misma aporte el diagnóstico, demandas y soluciones a la problemática social y política de las zonas en conflicto donde está presente el ELN. En este punto, desde luego, entrará el problema del paramilitarismo como una política de Estado y la urgencia de su desmonte como una demanda de las comunidades. El segundo punto de la agenda será el cese al fuego bilateral donde las partes acordarán los protocolos junto a países garantes e instancias acompañantes como la ONU, la Conferencia Episcopal y el Consejo Mundial de Iglesias. Sin embargo, hay que ser prudentes y realistas y no esperar que en un solo ciclo se pueda lograr un acuerdo con respecto a estos protocolos. 

Primera Caravana Humanitaria de la Mesa de Diálogos 

En el segundo ciclo también se hará una evaluación de los acuerdos y la implementación alcanzada hasta la fecha. En este punto se tramitarán los informes de ambas delegaciones en la Caravana Humanitaria que partió de la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca, para por el Bajo Calima y Medio San Juan en el departamento de Chocó al encuentro con las comunidades en zonas de conflicto y pueblos fantasmas completamente desplazados por la guerra. 

Carlos Rosero, Horacio Guerrero, la periodista Mabel Lara y la lideresa indígena Dayana Domicó representan a la delegación de paz del gobierno colombiano y Juan Carlos Cuellar y Jairo Arrigis Guenis, recientemente excarcelados, son los gestores de paz de la delegación de diálogos del ELN designados por ley para llevar a los territorios los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogos junto con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de La Presidencia de la República de Colombia. 

Uno de los acuerdos sobre la Caravana era que iría sin escolta armada de la Policía o del Ejército de Colombia. Sin embargo, en al menos dos puntos del trayecto se encontraron con una violación de este protocolo cuando el Ejército se encontraba en el perímetro de su trayecto y les tomó fotografías a las más de 80 personas que integraban esta primera acción humanitaria. A pesar del reclamo de la delegación del gobierno su respuesta fue el desconocimiento de los protocolos pactados. 

La Caravana Humanitaria es la primera acción fruto de la Mesa de Diálogos, la cual solo llevará las demandas de las comunidades. Los territorios recorridos están azotados hasta la muerte por los combates entre el Estado colombiano en alianza con los paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia para desterrar al tejido social que se opone al despojo y con ello aniquilar al ELN. 

Retardos en excarcelaciones para prisioneros políticos

Siguen ocho prisioneros políticos del ELN con enfermedades crónicas y terminales sin atención médica, cuando esta fue una liberación acordada con el gobierno colombiano. Tampoco han sido liberados dos gestores de paz adicionales designados de común acuerdo por las partes para participar en este proceso de paz. De cumplirse con el acuerdo de las liberaciones serían cuatro gestores de paz hombres y una gestora de paz mujer (Violeta Arango Ramírez), quedando pendiente aplicar la paridad de género para que excarcelen a otras prisioneras políticas antiguas del ELN y cumplan la función de gestoras de paz del proceso en curso. 

Del estallido social más prolongado en la historia colombiana, el cual inició el 28 de abril de 2021 y se prolongó por varios meses contra el gobierno de Iván Duque, no ha sido liberada la totalidad de las siete personas designadas como voceras de paz, sobre quienes el presidente Gustavo Petro prometió que las siete personas pasarían año nuevo en sus hogares. 

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El segundo ciclo de diálogos será durante el primer trimestre de 2023 en México, país que fue sede de los diálogos de paz con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en 1992.

Por Danna Urdaneta

1- Antecedentes del diálogo de paz

Los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque decidieron mantener el proceso de paz con el ELN en medio de los combates. Sin embargo, cuando el grupo guerrillero tomó responsabilidad por el atentado con carro bomba contra la Escuela General de Policías Francisco de Paula Santander, en el sur de Bogotá, el expresidente Duque decidió romper con los diálogos argumentando que la guerrilla no tenía voluntad de paz.

Inmediatamente, el gobierno de Duque, activó las órdenes de captura de Interpol contra la delegación de diálogos del ELN en Cuba, país garante; desconoció los protocolos internacionales de ruptura del proceso firmados por el Estado colombiano y, como consecuencia, Cuba fue incluida en la Lista de Países Patrocinadores del Terrorismo del Departamento de Estado de los Estados Unidos al decidir no entregar a la delegación a Iván Duque. Gustavo Petro y Francia Márquez llegaron al poder y en la primera semana el nuevo canciller, Álvaro Leyva Durán, viajó a la isla con una delegación de alto nivel para retomar las relaciones y reconocer su invaluable labor por la paz de Colombia.

2- Relaciones diplomáticas Colombia-Venezuela

Gustavo Petro como presidente electo retomó la comunicación con el gobierno venezolano desde el 22 de junio de 2022. El 29 de agosto el embajador Armando Benedetti fue recibido por el alto gobierno venezolano en Caracas. De este modo el 12 de septiembre el presidente colombiano solicitó a Venezuela ser garante en el proceso de paz con el ELN y el presidente Nicolás Maduro aceptó al día siguiente. El ELN emite comunicado “Retorno de la delegación, victoria ante la perfidia” el 2 de octubre cuando llegan a Caracas. En dos días emiten un comunicado conjunto con el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, donde anuncian que retomarán los diálogos en noviembre. El primero de ese mes Petro visitó por primera vez Caracas y firmó una declaración conjunta con Maduro en el Palacio de Miraflores. Estos pasos hechos por las partes en conflicto junto a países garantes hicieron posible el actual proceso de paz.

3- Reinicio de los diálogos de paz

El 21 de noviembre con la Declaración de Waraira Repano la delegación del gobierno colombiano encabezada por Otty Patiño, excombatiente de la guerrilla del M-19, y el ELN con la jefatura de Pablo Beltrán, segundo al mando de esta guerrilla, inician el primer ciclo de diálogos de paz en el Hotel Humboldt del Parque Nacional Waraira Repano del estado La Guaira en la República Bolivariana de Venezuela. Estos diálogos de paz se retomaron con la presencia de Cuba, Noruega y Venezuela como países garantes y los gestores de paz del ELN Violeta Arango Ramírez, Jairo Arrigis Guenis y Juan Carlos Cuellar.

4 – Expansión del ELN y combate contra el paramilitarismo

Este 9 de diciembre la Defensoría del Pueblo de Colombia emitió un mapa de riesgos sobre la presencia del ELN en Colombia a partir del proceso de paz. Detalló que tiene presencia, tránsito e intermitencia en 212 municipios y 22 departamentos del país. Este panorama sirve como uno de los puntos de partida para alimentar un balance sobre el estado actual del conflicto.

Al menos en el departamento de Chocó el ELN está en combate frontal contra las AGC y en Arauca contra los ya demostrados paramilitares del Décimo Frente, Frente 28 y Frente 45 que realizan operaciones encubiertas bajo las insignias de las antiguas FARC-EP en la frontera colombo-venezolana. En otros 20 departamentos el ELN se encuentra en fase de expansión y consolidación, según la institución.

5 – Ataques al proceso de paz.

Violeta Arango Ramírez es una socióloga colombiana de la Universidad Nacional de Colombia víctima del montaje judicial conocido como caso Andino por un atentado con explosivos que dejó a 3 mujeres masacradas y otras 9 heridas. De este falso positivo judicial hubo 4 mujeres y 6 hombres capturados, hoy todos libres por absolución, vencimiento de términos y una por cooperación con la Fiscalía.

La familia Arango Ramírez fue hostigada, amenazada por la Policía y sufrió un intento de secuestro por paramilitares. Violeta resguardó su vida en las filas del ELN y fue capturada el 3 de junio durante la Operación Medusa en el sur del departamento de Bolívar. En Violeta Arango Ramírez y el odio contrainsurgente en Colombia está el relato de su trabajo académico, comunitario, las torturas del Ejército colombiano durante su captura y la violencia de género y epistémica de los medios de comunicación y la invasión paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en la región desde el 4 de febrero de 2021.

Reiniciados los diálogos fue nombrada gestora de paz del ELN en común acuerdo con el gobierno de Colombia. Hasta la fecha los medios de comunicación colombianos e internacionales han atacado su presencia como gestora de paz ante una realidad inminente: el ELN está creciendo, avanzando y consolidándose al mismo tiempo que este proceso de paz tiene las mejores condiciones políticas dadas en la historia de Colombia con el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez.

6 – Composición de las delegaciones y enfoque de género

Delegación del gobierno colombiano: por primera vez en la historia una delegación de paz es paritaria. Esto se dio gracias a la designación de Mabel Lara, María Jimena Duzán, Nigeria Rentería y Adelaida Jiménez el 25 de noviembre en la delegación del gobierno colombiano. También componen esta delegación María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico; Rosmary Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi); Dayana Paola Urzola Domico, mujer del pueblo embera-katío, quien fue coordinadora de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y hoy pertenece a la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caribe; Olga Lilia Silva de la Corporación Humanidad Vigente y Isabel Cristina Ozuna Stockl, mayor del Ejército colombiano, quien no es delegada pero es del Equipo de Apoyo y Observadores del Proceso de Paz.

Aparte de Otty Patiño como jefe de la delegación también participa Iván Cepeda Castro, presidente de la Comisión de Paz del Senado de la República de Colombia; Rodrigo Botero de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible; Carlos Rosero del Proceso de Comunidades Negras, Horacio Guerrero, el coronel (r) Álvaro Matallana, el almirante (r) Orlando Romero y recientemente José Félix Lafaurie, presidente de la Federación de Ganaderos de Colombia (Fedegán) y del partido Centro Democrático.

Delegación de diálogos del ELN: participan Silvana Guerrero, maestra de profesión, Isabel Torres, María Consuelo Tapias, quienes retornaron de Cuba el 4 de octubre. La primera semana del proceso de paz se incorporaron Viviana Henao, Cataleya Jiménez y Manuela Márquez. Además, Violeta Arango Ramírez, aunque no es parte de la delegación, fue nombrada gestora de paz. En la jefatura está Pablo Beltrán y, de segundo, Aureliano Carbonell. Luego Bernardo Téllez, Gustavo Martínez, Ricardo Pérez, Eduin Restrepo, Américo Trespalacios, Mauricio Iguarán y Simón Pabón. Nicolás Rodríguez Bautista o Gabino funge como consejero de paz.

7 – Garantes, acompañantes, observadores y apoyo

La visita del canciller Álvaro Leyva Durán a Cuba ratificó su rol de garantes en el proceso de paz. A Noruega y Venezuela se sumaron México el 25 de noviembre y Chile el primero de diciembre. El 9 de noviembre Antonio Guterres, secretario general de la ONU, acepta ser acompañante permanente y designa a Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. El 2 de diciembre la Conferencia Episcopal de Colombia aceptó ser acompañante permanente a través del monseñor Héctor Fabio Henao y a dos más de apoyo: a monseñor a Omar Alberto Sánchez Cubilllos, arzobispo de Popayán y vicepresidente de la Conferencia Episcopal; y al monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, arzobispo de Cali.

El equipo de apoyo y observadores del proceso de paz está encabezado por el general del Ejército Hugo Alejandro López Barreto, quien además será el jefe de la subcomisión técnica para el fin del conflicto. Los otros integrantes son la mayor del Ejército Isabel Cristina Ozuna Stockl, el capitán de navío Roberto Bonilla Arias y el teniente coronel de la Fuerza Aérea, Rodrigo Mezu Mina.

8 – Acuerdos del primer ciclo del proceso de paz.

Agenda: se retoma como guía el acuerdo de agenda y ejes firmado en marzo de 2016 y se actualiza de acuerdo al nuevo contexto nacional e internacional. Agenda de 2016: 1. Participación de la sociedad en la construcción de la paz, 2. Democracia para la paz, 3. Transformaciones para la paz, 4. Víctimas, 5. Fin del conflicto armado, 6. Implementación.

Institucionalización: elaboraron una normativa para potenciar el trabajo de la mesa y se adoptan los principios, procedimientos y protocolos básicos para su funcionamiento con reglas para las delegaciones y comunidad internacional.

Acciones y dinámicas humanitarias: acordaron ejecutar un acuerdo parcial de atención de emergencias como un proyecto piloto en enero de 2023 sobre el Bajo Calima (Valle del Cauca) y el Medio San Juan (Chocó). Se informó que desde el pasado 7 de agosto el ELN ha dejado en libertad a 20 personas entre civiles e integrantes de la fuerza pública.

Prisioneras políticas y prisioneros políticos: reconocen la grave situación humanitaria que se vive en las cárceles y acordaron la atención de emergencia humanitaria a un grupo de presos políticos y de guerra del ELN.

Pedagogía y comunicaciones: se acordó un plan de comunicaciones y pedagogía con el propósito de fortalecer y ampliar el apoyo y participación de la sociedad colombiana y la comunidad internacional en el proceso de diálogos.

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víctima de violaciones a sus derechos humanos 

e infracciones al DIH

Una nueva etapa de la guerra que tiene origen en Colombia se reactivó en la frontera de los llanos entre Arauca y Apure. Al mismo tiempo el presidente de los Estados Unidos nombró a Colombia como un aliado importante fuera de la OTAN. Esto implica para la región que el conflicto transfronterizo mediatizado el 21 de marzo de 2021 no va a desescalar. 

Solo el ascenso de Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia y vicepresidencia de la República de Colombia podría abrir los caminos de la paz para las fronteras azotadas por la guerra. Para hablar del conflicto en nuestras fronteras es indispensable hablar de los últimos años que la antecedieron.

Por Danna Urdaneta

“Quieren engañar al pueblo de tu tierra y mi país

Quieren esconder el hambre con la guerra

Ese pedazo de tierra no alcanzará 

para enterrar nuestros muertos” 

La guerra del petróleo, Alí Primera

¿Cómo ha sido la guerra en Arauca?

En la lectura que hay sobre el conflicto en Arauca el consenso es el siguiente: no es una guerra entre grupos armados sino continuos crímenes de lesa humanidad contra el tejido social que ha estado en defensa de los recursos naturales. Carlos Villarreal, jefe del Frente de Guerra Oriental Manuel Vázquez Castaño lo calificó como una guerra de tierra arrasada. 

En 2021 esta guerra se intensificó contra el liderazgo social con amenazas, persecuciones, asesinatos, masacres, atentados y desplazamientos. Ante la inoperancia del Estado las comunidades se organizan en caravanas de paz para exigir el acatamiento inmediato del Derecho Internacional Humanitario. No es la primera vez que Arauca vive el desangre de su población. 

El proyecto paramilitar en el departamento de Arauca no triunfó a pesar del probado apoyo de las multinacionales. El Bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se “desmovilizó” en 2005 luego de trabajar en el aniquilamiento del liderazgo social araucano desde el año 2000. 

Pese a esto, no logró dominar las zonas de exploración y explotación de hidrocarburos, donde históricamente la legitimidad política y militar estuvo en las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). 

El objetivo central de las AUC fue desterrar a los actores en defensa de los recursos naturales para que las multinacionales pudieran explotar el petróleo tranquilamente. En 2004 se desata la guerra entre guerrillas hasta 2010. En este ciclo del conflicto hubo más de mil falsos positivos judiciales o detenciones arbitrarias contra líderes que se opusieron abiertamente a la actividad petrolera. La guerra duró 6 años, desplazó a 50.000 personas y cobró la vida de 500 civiles según cifras oficiales. 

En 2008 el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos denunció en el municipio fronterizo de Arauquita la captura ilegal del Ejército contra 10 campesinos y 13 líderes sociales afiliados a la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA). Todos fueron acusados de rebelión, es decir, de guerrilleros. El patrón se repitió en mayo de 2021 con la detención de 11 personas por supuestamente haber promovido el bloqueos de las vías durante el Paro Nacional del 28 de abril, es decir, por haber frenado los suministros de alimentos a los campos petroleros. 

El conflicto entre las guerrillas se desarrolló en la zona donde se llevaría a cabo el Oleoducto Bicentenario y el descubrimiento del tercer campo petrolero más grande del país que luego sería denominado Caricare. El proceso de negociación para la explotación petrolera duró menos de un año porque el liderazgo social fue asesinado y los habitantes desplazados. Caricare fue anunciado a Colombia en julio de 2010 y la paz entre las guerrillas de las FARC y el ELN se dio el 14 de septiembre del mismo año con una decaración conjunta que puso fin a la guerra.

En pleno desangre la compañía petrolera tuvo las condiciones para hacer estudios sísmicos, de factibilidad ambiental y demográfica y obtener los permisos de explotación. Es claro que luego del fracaso del proyecto paramilitar el auspicio de la división y guerra entre el ELN y las FARC-EP le dejó grandes ganancias a las petroleras. Hoy Arauca es el departamento más militarizado del país como resultado de la política de seguridad democrática, hay 1 militar por cada 30 habitantes. Esta guerra financiada por Estados Unidos tiene un claro interés en Venezuela.

¿Qué llevó al estallido del conflicto transfronterizo en Apure? 

Estados Unidos comprobó que la táctica Guaidó y el “cerco diplomático” promovido por el presidente colombiano Iván Duque no logró el objetivo de derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro. No obstante, la intensificación del estigma terrorista contra Venezuela sí triunfó con la llegada de Juan Guaidó a la escena nacional en 2019. 

Este falso positivo internacional de Iván Duque con sus aliados en la opisición venezolana consiste en denunciar al país petrolero como un Estado protector del terrorismo, así como ya hicieron con Cuba. Al respecto, Antonio García, primer comandante del ELN, afirmó a la revista colombiana Cambio y publicada por Kaos en la Red (2022) que: “los colombianos no podemos desconocer lo que Venezuela ha representado, ha sido el país del mundo que más le ha apostado a la paz de Colombia”. Lo mismo se pudiera decir de Cuba.

El 24 de agosto de 2020 el famoso “cerco diplomático” promovido por Iván Duque desarrolló su componente militar con la creación del Comando contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales (Conat) con el ministro de Defensa colombiano Carlos Holmes Trujillo desde la Escuela Superior de Guerra del Ministerio de Defensa. 

El 8 de febrero de 2021 Duque adelantó que el 26 de febrero sería la fecha lanzamiento del Conat mediante resolución 0095 para entrar en operación el mismo día como parte de la política de seguridad. Este comando es orgánica de la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército Nacional de Colombia y en su comandancia está el mayor general Juan Carlos Correa.

El Conat tiene como objetivo central liquidar a las fuerzas beligerantes colombianas que por razones de la guerra y la búsqueda de la paz con justicia social tengan presencia en la franja binacional colombo-venezolana. Según el anuncio el Conat empezaría a operar en mayo de 2021 y así lo hizo. En otra investigación exclusiva sobre el Conat revelaré los detalles de su forma de su estructura de mando, forma de operar y algunas operaciones nacionales y transnacionales.

El 18 de abril publiqué en Últimas Noticias “11 claves sobre el reposicionamiento de Estados Unidos en la frontera contra Venezuela” producto de un trabajo de seguimiento al conflicto entre Arauca y Apure. En esta publicación revelo la naturaleza de la guerra fría que se vive hace años en la frontera con Colombia y cómo el Estado colombiano incentiva el conflicto para luego justificar que el Conat protagonice, simultáneamente, la militarización. 

El pasado 28 de marzo de 2022 el mayor general Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante del Comando Conjunto Suroriente 3, anunció que mediante el Conat logró la neutralización de 15 “disidentes” en Putumayo. Tan escandalosas son las evidencias de la masacre de civiles que la Defensoría del Pueblo de Colombia, que no es crítica del gobierno de Iván Duque, denunció el hecho como una masacre de civiles. 

También la Procuraduría General de la República el 31 de marzo exigió rendición del cuentas a las Fuerzas Militares donde fue asesinada una mujer embarazada con su esposo, presidente de la Junta de Acción Comunal; el gobernador del resguardo indígena kiwcha, un adolescente de 16 años y otras personas, además de varias desapariciones. En medio del escándalo el 20 de abril la procuradora Margarita Cabello asumió la investigación.

¿Cómo escaló el conflicto transfronterizo que abarca Arauca y Apure?

El 21 de marzo de 2021 inició la nueva etapa del conflicto transfronterizo producto de la mediatización del enfrentamiento militar entre el Décimo Frente y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el sector La Coromoto, parroquia Rafael Urdaneta, municipio José Antonio Páez del estado Apure. Esto no significa que antes de esta fecha no hubiera conflicto, significa que este ciclo representa el reconocimiento de la FANB ante una escalada en la injerencia de Estados Unidos. 

Para la FANB esta nueva experiencia militar ha sido aprovechada para formar a nuevas corresponsales de guerra y para la ejecución de la doctrina militar bolivariana luego de 200 años sin confrontación militar. Esto se traduce en el ajuste de la propaganda y en la conducción operacional y de tropas para desempolvar los fusiles.

El conflicto transfronterizo fue monitoreado directamente por la presidencia y cancillería colombiana. Las respuestas del presidente venezolano Nicolás Maduro y su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, son constantes hasta ante cada señalamiento del presidente colombiano, su canciller y ministro de Defensa.

El conflicto en la frontera tuvo sus meses más mediatizados entre marzo y junio de 2021. Paralelo a la confrontación durante este último año se conocieron múltiples denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario y denuncias de crímenes de guerra, judicializaciones y falsos positivos de toda clase. 

Todas las denuncias relativas a la guerra en Apure se dieron sin que el Estado venezolano hasta hoy declare conflicto interno. Esto significa que el Estado no reconoce la figura de víctimas por desplazamiento ni de víctimas por las denuncias de desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales y otros. Por ahora no hay una política del Estado venezolano para la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas. 

Pronunciamientos y escalamiento simultáneo en las fronteras

Sobre la confrontación reinaron más las preguntas que las respuestas. Los datos y partes de guerra que circularon del Décimo Frente y el Comando Coordinador de Occidente fueron imposibles de verificar, pero sí aportaron orientaciones del curso de los combates. De este modo el Ministerio de Defensa venezolano se convirtió en la única fuente oficial del conflicto sin que algún medio de comunicación pudieran verificar la información en el terreno. Un año después esta realidad no ha variado y las redes sociales como Facebook y Twitter y medios locales del lado colombiano de la frontera son nuestras principales fuentes de información. 

El 29 de marzo de 2021 el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denuncia la protección del Estado colombiano hacia los “grupos irregulares” que cruzan la frontera hacia Colombia sin que sean perseguidos. Al mismo tiempo Iván Duque y Diego Molano no dejan de denunciar a Nicolás Maduro por la presencia de guerrillas en territorio venezolano. 

El 7 de abril de 2021 por primera vez las FARC-EP Segunda Marquetalia se pronuncian con el comunicado “Colombia y Venezuela: dos naciones hermanas” leído por Iván Márquez y un grueso de jefes guerrilleros de amplia trayectoria militar. En el video del comunicado reapareció junto a Jhon 40, un líder guerrillero que nunca hizo parte del proceso de paz de La Habana (2016) y que se presumía estaba aliado con Gentil Duarte anteriormente. En el comunicado reafirmaron su política de frontera: “nuestra lucha armada es en territorio colombiano” y reafirmaron Venezuela ni la FANB son objetivo militar de esta guerrilla:

Frente a la Revolución Bolivariana de Venezuela, amenazada y agredida con bloqueos económicos y comerciales, con la incursión de mercenarios desde Colombia, con el despojo de empresas y reservas de oro por parte del gobierno de los Estados Unidos y otros estados europeos, es evidente que somos una insurgencia solidaria con un pueblo al que no se le puede vulnerar su derecho legítimo a la libre autodeterminación.

Esta aclaración es importante porque en esta fecha se creía que las FANB estaba atacando a la guerrilla de las FARC-EP. Por la labor de política de propaganda de esta insurgencia y del ELN es que los comunicados oficiales se pueden cotejar a través de diversas fuentes abiertas.

El 18 de abril de 2021 el ministro de Defensa, Diego Molano, el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, y el comandante del Ejército Nacional de Colombia, general Eduardo Zapateiro, supervisan los ejercicios militares a 30 kilómetros de la frontera con Venezuela desde el Cantón Militar Buenavista en el departamento de La Guajira. Un mes después el Conat asesinaría a Jesús Santrich, el principal ideólogo de las FARC-EP Segunda Marquetalia, a 50 km de estos ejercicios militares en Colombia.

El 10 de mayo de 2021 el director de Fundaredes, Javier Tarazona, denunció que 8 militares venezolanos fueron capturados como prisioneros de guerra por parte del Décimo Frente. Como es lógico en cualquier conflicto armado, el Décimo Frente solicitó la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja. 

Sin embargo, frente al bloqueo de Estados Unidos impuesto a Venezuela y las permanentes agresiones contra el país petrolero, cualquier solicitud a instancias internacionales para la mediación de cualquier conflicto dentro de Venezuela es catalogada como injerencia en la subjetividad antiimperialista y chavista, así no sea injerencia. 

El 15 de mayo de 2021 Vladimir Padrino López admite que hay 8 prisioneros de guerra en Apure sin dar mayor información. El 17 de mayo es asesinado el líder insurgente Jesús Santrich en la primera operación eficiente del Conat en Venezuela, específicamente en la vereda Los Laureles de la Serranía del Perijá venezolano en el estado Zulia. Por primera vez las FARC-EP Segunda Marquetalia admitió mediante comunicado oficial el asesinato de un líder guerrillero en el lado venezolano de la franja binacional. Sobre el Conat escribiré un trabajo especial pronto.

El 31 de mayo de 2021 el director de Fundaredes, Javier Tarazona, afirmó que los soldados venezolanos fueron liberados. Horas después Vladimir Padrino López anunció el rescate de los 8 soldados mediante la Operación Águila Centenaria. Durante junio hasta el 30 de septiembre de 2021 hubo silencio mediático en la frontera, este día el presidente venezolano Nicolás Maduro declaró que son los Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol por sus siglas) quienes atentan contra la soberanía nacional. La Operación Escudo Bolivariano que estuvo operando en Apure antes y durante el conflicto se reactiva apuntando con un discurso xenófobo que legitima los atropellos contra la población fronteriza colombo-venezolana. 

Simultáneo a la militarización de la frontera el 5 de diciembre fue noticia internacional el asesinato de Édison Romaña y el paisa Óscar Montero en la población de Elorza del estado Apure. El 9 de diciembre el medio colombiano El Tiempo revela una fotografía de Romaña muerto. En el comunicado “A los araucanos” del 22 de enero de 2022 las FARC-EP Segunda Marquetalia admiten la caída en combate de Édison Romaña bajo la misma modalidad operativa que fue asesinado Jesús Santrich en la Serranía del Perijá. Queda sobreentendido que Édison Romaña fue asesinado 50 kilómetros adentro de la frontera venezolana. Sobre Óscar Montero no han hecho referencia hasta hoy. 

¿Quién dio la orden de asesinar a José Urbina y a Juan de Dios Hernández?

En octubre de 2019 el colectivo de intervención callejera Puro Veneno inició la campaña muralista “¿Quién dio la orden?” en la zona rosa de Bogotá y Popayán. El 18 de octubre miembros del Ejército y la Policía censuraron los murales con pintura blanca. Puro Veneno inició una campaña para contrarrestar una tutela interpuesta por los generales Mario Montoya y Marcos Evangelista debido a que sobre los falsos positivos aún no se había comprobado su culpabilidad. Salvando las distancias se puede plantear la misma pregunta al Estado venezolano frente al asesinato de personas inocentes en medio del conflicto en Apure. 

El 21 de noviembre de 2021 el periodista José Urbina, director de la emisora comunitaria Frontera 92.5 FM, se encontraba en una manifestación pacífica de la comunidad de Puerto Páez, estado Apure, reclamando lo que denominó “más de 20 falsos positivos” de Tancol. Es decir, pobladores civiles a quienes se les acusó de terrorismo. 

En medio de la protesta el teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ramón Sánchez, lo amenazó públicamente de muerte. José Urbina denunció la amenaza mediante un video y el 10 de enero la amenaza de muerte fue ejecutada con 27 tiros en su hogar casi delante de su familia. Dejó a su esposa con 4 hijos huérfanos de padre. 

El viernes 25 de marzo de 2022 Juan de Dios Hernández fue desaparecido por grupos armados en la misma localidad. Radio Fe y Alegría denunció que el cuerpo de Juan de Dios apareció en Ciudad Bolívar el domingo 27 de marzo. José Urbina y Juan de Dios Hernández eran militantes de la misma célula del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en el epicentro del conflicto, ambos acompañaron y lideraron protestas sobre violaciones de derechos humanos en la frontera sin importar ideologías. 

En las nuevas guerras cobra mayor importancia militar la neutralización de un político, un reportero de guerra, un experto en operaciones psicológicas o un hacker que sea incómodo a los intereses de algún actor en disputa que la propia neutralización de un combatiente armado fácilmente reemplazable. 

Estos asesinatos y otros en las zonas fronterizas se dieron durante y después de que el PCV se declarase en oposición al gobierno de Nicolás Maduro en septiembre de 2020 y que agrupase en su tarjeta electoral a las distintas expresiones de la Alternativa Popular Revolucionaria, único frente de masas de izquierda en oposición al gobierno venezolano. 

Hasta hoy no hay respuesta del fiscal general de la República, Tarek William Saab, sobre los autores materiales ni intelectuales de ambos asesinatos. Salvando las distancias y los tintes xenófobos, se puede decir que la colombianización de los actores y patrones del conflicto transfronterizo que abarca Arauca y Apure revelan que estas muertes no son ni serán coincidencia. 

Con José Urbina asesinaron una parte de la verdad del conflicto en el epicentro del conflicto y con Juan de Dios Hernández infunden doblemente terror y aleccionan a quienes se atrevan a denunciar los falsos positivos en frontera desde una posición soberana, antiimperialista, comunista y apegada a la defensa de los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

¡Para la guerra nada!

 Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. (4 de noviembre de 2008). Detenido Martín Sandoval y un grupo de 13 dirigentes en Arauca. Colombia: Prensa Rural. https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article1610 

 Fundación Paz & Reconciliación. (27 de mayo de 2021). Video. Colombia: Twitter. https://twitter.com/parescolombia/status/1397959657373810688 

 Verdad Abierta. (28 de septiembre de 2011). Un singular pacto de paz Eln-Farc. Colombia: Verdad Abierta. https://verdadabierta.com/un-singular-pacto-de-paz-eln-farc/

 Congreso de los Pueblos. (7 de enero de 2022). Hilo. Colombia: Twitter. Recuperado de https://twitter.com/C_Pueblos/status/1479558851686973440 

MinDefensa. (24 de agosto de 2020). Creación del Conat. Twitter: Colombia. https://twitter.com/mindefensa/status/1297956681561903104 

 Radio Nacional de Colombia. (8 de febrero de 2021). Tuit. Twitter: Radio Nacional de Colombia. https://twitter.com/RadNalCo/status/1358744711184457730 

Mindefensa. (26 de febrero de 2021). Resolución 0095. Twitter: Colombia. https://twitter.com/infopresidencia/status/1365335528321789954

 Alcaldía de Ocaña. (8 de marzo de 2021). 600 hombres Conat. Twitter: Colombia

 Defensoría del Pueblo. (30 de marzo de 2022). Defensoría solicita pronto esclarecimiento de la muerte de 11 personas en la vereda El Remanso, Puerto Leguízamo (Putumayo). Colombia: Defensoría del Pueblo. https://www.lasillavacia.com/la-silla-vacia/envivo/defensoria-confirma-muerte-de-civiles-en-operativo-en-putumayo

 Procuraduría General de la Nación. (31 de marzo de 2022). Solicitud de informe. Colombia: Twitter. https://twitter.com/PGN_COL/status/1509543911613681670

 La Tabla. (4 de abril de 2022). #Masacre. Venezuela: Twitter. https://twitter.com/latablablog/status/1511447856309321732

 Óscar Pérez. (20 de abril de 2020). Procuraduría asumió investigación por cuestionada operación en Putumayo. Colombiano: El Espectador https://www.elespectador.com/judicial/procuraduria-asumio-investigacion-por-cuestionada-operacion-en-putumayo/

G/J Domingo Hernández Lárez. (2 de abril de 2022). Curso de corresponsales de guerra. Venezuela: Twitter. https://twitter.com/dhernandezlarez/status/1510246337748652038

Vladirmir Padrino L. (29 de marzo de 2021). Los grupos irregulares colombianos nos atacan con explosivos y armas largas. Venezuela: Twitter: https://twitter.com/vladimirpadrino/status/1376660552160776194

 FARC-EP Segunda Marquetalia. Colombia y Venezuela: dos naciones hermanas. Euskal Herría: Boltxe. https://www.boltxe.eus/2021/04/12/colombia-y-venezuela-dos-naciones-hermanas/ 

 Justicia. (18 de abril de 2021). Mindefensa supervisó ejercicios de soberanía en La Guajira. El Tiempo: Colombia. https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/mindefensa-superviso-ejercicios-de-soberania-en-la-guajira-581728

 Javier Tarazona. (10 de mayo de 2021). Denuncia. Venezuela: Twitter. https://twitter.com/javiertarazona/status/1391794186559664130

VTV canal 8. (15 de mayo de 2021). Comunicado. Venezuela: Twitter. https://twitter.com/VTVcanal8/status/1393620441722408962

FARC-EP Segunda Marquetalia. (18 de mayo de 2021). Camarada Jesús Santrich… ¡Presente, presente, presente! Montañas de Colombia: Boltxe. https://www.boltxe.eus/2021/06/03/camarada-jesus-santrich-presente-presente-presente/

 Javier Tarazoa. (31 de mayo de 2021). Video. Venezuela: Twitter. https://twitter.com/javiertarazona/status/1399526261060481026 

Vladimir Padrino López. (31 de mayo de 2022). Rescate de 8 soldados. Venezuela: Twitter. https://twitter.com/vladimirpadrino/status/1399565644182573058 

teleSURtv. (30 de septiembre de 2021). Nicolás Maduro celebra el 16 Aniversario de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Venezuela: YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=oXxNG-hz4CU 

Redacción Justicia. (9 de diciembre de 2022). Exclusivo: estas son las primeras fotos de la muerte de alias Romaña. Colombia: El Tiempo. https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/muerte-de-romana-las-primeras-fotos-de-caida-del-disidente-de-farc-637770

 FARC-EP Segunda Marquetalia. (23 de enero de 2022). A los araucanos. Montañas de Colombia: Noticias SM. https://t.me/NoticiasSM/44

anna Urdaneta. (27 de julio de 2021). Keys to Jesús Santrich’s Assassination in Venezuela. Venezuela: Venezuela Analysis. https://venezuelanalysis.com/analysis/15270 

Partido Comunista de Venezuela. (11 de enero de 2022). Video. Venezuela: Twitter. https://twitter.com/PCV_Venezuela/status/1481026130945662976 

 Partido Comunista de Venezuela. (14 de enero de 2022). Solicitud ante el Ministerio Público. Venezuela: Twitter. https://twitter.com/PCV_Venezuela/status/1482133948989911041

Alexander Medina. (28 de marzo de 2022). Encontraron muerto a otro militante del PCV de Apure. Venezuela: Radio Fe y Alegría. https://www.radiofeyalegrianoticias.com/encontraron-muerto-a-otro-militante-del-pcv-de-apure/

Tribuna Popular. (7 de septiembre de 2020). [Carta a los Partidos Comunistas y Obreros del mundo] El PCV y la Alternativa Popular Revolucionaria. Venezuela: Prensa PCV. https://prensapcv.wordpress.com/2020/09/07/carta-a-los-partidos-comunistas-y-obreros-del-mundo-el-pcv-y-la-alternativa-popular-revolucionaria/ 

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Por Danna Urdaneta desde Venezuela

Versiones sobre los hechos han salido a la luz pública y se enfrentan de manera desigual. Como es costumbre, los medios de comunicación uribistas posicionaron la matriz de opinión de que la muerte fue producto de un enfrentamiento entre bandas ilegales y/o con la guerrilla de Gentil Duarte; en cambio, en un parte de guerra las FARC-EP Segunda Marquetalia denunciaron una “emboscada ejecutada por comandos del ejército de Colombia (…) por orden directa del presidente Iván Duque” para asesinar a un ciego que no fueron capaces de capturar.

La fundación de las FARC-EP Segunda Marquetalia el 29 de agosto de 2019 fue respondida por Iván Duque el mismo día ofreciendo 3.000 millones de pesos colombianos (casi US $800.000) en recompensa por la captura de Jesús Santrich, Iván Márquez y demás líderes guerrilleros. El 18 de junio de 2020 Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, ofreció 10 millones de dólares por información que diera con la captura del líder guerrillero. De este modo, con un discurso de lucha contra el terrorismo trasnacional se disfraza el verdadero objetivo de disputa: la penetracion imperialista hacia Venezuela.

Las excusas son las “amenazas transnacionales”, el objetivo es el petróleo

El 8 de febrero de 2021 Iván Duque anunció desde Tolemaida (la base militar norteamericana más grande en territorio colombiano) la creación del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT) conformado por 7.000 hombres y mujeres del Ejército Nacional, un cuerpo especializado y destinado para liquidar “a cualquier forma transnacional de terrorismo”, es decir, a los máximos líderes de las guerrillas comunistas en Colombia. Este comando élite entraría en operaciones el mes de mayo.

El presidente Iván Duque aprovechó el día del anuncio para amenazar a Venezuela por supuestamente proteger “terroristas” en su territorio. Nicolás Maduro respondió en rueda de prensa ante medios internacionales denunciando que en territorio colombiano hay cinco campamentos paramilitares que pretenden derrocar el gobierno bolivariano. Añadió:

Ojalá algún día hubiera una investigación independiente, porque hemos dado las coordenadas, hemos mostrado los nombres. Y tenemos mucho más, que en cualquier momento lo vamos a sacar (…). Ojalá Iván Duque tomara en serio su papel de presidente y protegiera la frontera de Colombia. Él anuncia un comando especial, ¿y cuántos comandos han creado en setenta años? Y todos han fracasado.

La muerte de Jesús Santrich en la franja binacional en la Sierra de Perija del estado Zulia de Venezuela, se constituye como una grave violación a la soberanía venezolana por parte de Estados Unidos y el Estado colombiano al infiltrar un comando élite del Ejército Nacional de Colombia dirigido por el general Eduardo Zapateiro e Iván Duque. Los comandos fueron extraídos en un helicóptero de color amarillo rumbo a Colombia. Al parecer, entraron y salieron del territorio venezolano sin ser detectados.

El parte de guerra presentado por las FARC-EP Segunda Marquetalia sobre la muerte de Jesús Santrich confirma que el CONAT más que combatir el narcotráfico y perseguir a las insurgencias se constituye como la vanguardia de un ejército invasor dirigido por el Pentágono para intervenir en la República Bolivariana de Venezuela y apoderarse de su petróleo.

Esta acción militar es una escalada más de los Estados Unidos para probar la capacidad operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante cualquier intervención que apunte, por ejemplo, a tomar el control de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, donde se ubica la cuenca petrolífera que durante el siglo XX fue la de mayor producción petrolera en el país y el mundo. Este lago queda a escasos kilómetros del lugar donde fue asesinado Jesús Santrich. Es imposible hablar del conflicto social y armado desde una perspectiva binacional sin mencionar las dinámicas de desplazamiento y abandono estatal en la frontera colombo-venezolana.

Dinámica de la franja binacional de la Sierra de Perijá

El asesinato de Santrich sucedió en el occidente venezolano del estado Zulia, uno de los más golpeados del país en cuanto a la decadencia de los servicios públicos, pero también uno de los más afectados por la crisis migratoria al ser un estado fronterizo.

La dinámica de la franja binacional del Catatumbo, al sur de la Sierra, es descrita por la Defensoría del Pueblo (2021) de Colombia de la siguiente manera:

El tránsito en la frontera para las comunidades campesinas e indígenas ha significado parte de la dinámica económica, social y cultural desde antes de la creación de las repúblicas, además de una estrategia de supervivencia de la población desde la incursión del paramilitarismo en la región a finales de los años 90, pues, para cuando se intensificaba la violencia, un mecanismo de autoprotección ha sido trasladar sus caseríos a territorio venezolano para luego retornar.

El círculo blanco es donde se encuentra ubicado el Parque Nacional Sierra de Perijá.

La presencia del líder guerrillero se dio en una región donde la población es binacional: desplazados del conflicto y la pobreza en Colombia encuentran del lado venezolano un lugar donde vivir, igual que los últimos años los desplazados del capitalismo en Venezuela han construido su hogar en Colombia. En esta región apartada de la Venezuela profunda las escuelas son improvisadas y es normal que la maestra de la escuela rural sea una colombiana desplazada y sin documentos. No hay Centros de Diagnóstico Integral de la Misión Médica cubana, las niñas y los niños nacen con parteras y es común que no tengan acta de nacimiento ni cédula de identidad. Este año escuché a un funcionario de la región decir: “aquí no ha llegado la Revolución Bolivariana”. Persiste el silencio gubernamental y se imponen las razones de Estado en Venezuela para ni siquiera mencionar la muerte del camarada Jesús Santrich.

El silencio del gobierno venezolano y la diplomacia de los pueblos de Nuestra América

Si el gobierno venezolano confirma la muerte de Jesús Santrich en Venezuela quedaría entrampado en estos señalamientos: a) “se comprueba que en Venezuela se refugian narcocriminales” tal y como afirmó el ministro de defensa colombiano Diego Molano el 18 de mayo de 2021, b) el gobierno fue permisivo o cómplice de su muerte, c) el Estado venezolano no está en capacidad de defender su soberanía.

Álvaro Uribe Vélez, Rafael Correa y Hugo Chávez dejaron un precedente en el manejo de estos escenarios de guerra: el primero de marzo de 2008 en Sucumbíos, Ecuador, fue asesinado en estado de indefensión el canciller de las FARC-EP Raúl Reyes luego de un bombardeo (también en una zona binacional colombo-ecuatoriana). El hecho generó una crisis diplomática que provocó la ruptura de relaciones entre estos países y la movilización de tropas ecuatorianas y venezolanas hacia sus respectivas fronteras con Colombia.

El 7 de marzo de 2008 en la XX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río el presidente Hugo Chávez aprovechó la ocasión para promover la salida dialogada al conflicto y narró su experiencia militar de cómo en la Cuarta República se asumía el conflicto colombiano como un conflicto común, de ambos países. A esto vale acotar que el Censo socioeconómico realizado por la Universidad Nacional de Colombia a excombatientes de las FARC-EP en 2017 arrojó que Venezuela es el país que más ha aportado combatientes internacionalistas a la lucha guerrillera colombiana con un total de 54 censadas y censados, esto sin contar quienes murieron dignamente en combate o no fueron censados.

En la encrucijada que ha generado el asesinato de Jesús Santrich la derecha internacional “olvida” intencionalmente en sus análisis que, si algún funcionario del alto gobierno venezolano admite este asesinato, también sería la confirmación de que Colombia violó la soberanía venezolana y por ello debe responder.

Frente al conflicto en Apure la posición asumida por el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López partió de que la presencia de grupos irregulares colombianos en Venezuela significaba la violación de la soberanía. Ese planteamiento niega por completo que desde la Cuarta República la política exterior hacia Colombia ha sido siempre la de la salida dialogada al conflicto.

Por ejemplo, durante los Diálogos de Caracas (1991), la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y el presidente colombiano César Gaviria se reunieron de manera oficial dos veces en la capital venezolana. Es decir, el expresidente Carlos Andrés Pérez convirtió a Venezuela en un territorio neutral para buscar una salida a la guerra colombiana. Al expresidente Rafael Caldera lo señalaron en más de una oportunidad de tener una oficina de las FARC-EP en Caracas.

Esta política exterior también ha tenido su correlato en el movimiento popular y partidos políticos chavistas y de la izquierda venezolana: la diplomacia de los pueblos de Nuestra América rindió homenaje al líder revolucionario Jesús Santrich en un tuitazo el 18 de mayo de 2021 con las etiquetas #JesúsSantrich y #ColombiaResiste que en Venezuela fueron tendencia nacional gracias al impulso del Partido Comunista de Venezuela y de todas las expresiones políticas que se agrupan en la Alternativa Popular Revolucionaria (APR).

El 27 de mayo organizaciones venezolanas celebraron el Día Internacional del Derecho de los Pueblos a la Rebelión Armada en la plaza Manuel Marulanda de la parroquia de 23 de Enero de Caracas. Esta vez la actividad fue otro homenaje al líder guerrillero asesinado. Nuevamente, ante el silencio gubernamental de Venezuela por el asesinato del líder de las FARC-EP Segunda Marquetalia se impuso la diplomacia de los pueblos. Expresiones de las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido Comunista de Venezuela en su conjunto y la Alternativa Popular Revolucionaria que hacen vida en el Movimiento Continental Bolivariano se unieron para expresar su solidaridad y camaradería con la organización guerrillera. Aparte del asesinato de Jesús Santrich hubo otros casos de revolucionarios colombianos y guerrilleros de las antiguas FARC-EP que fueron capturados en el territorio venezolano.

Caso Rodrigo Granda, Joaquín Pérez Becerra y Julián Conrado

Esta no sería la primera vez que el Estado colombiano realiza operaciones militares que violan la soberanía venezolana. El caso del canciller de las antiguas FARC-EP Rodrigo Granda es el más ejemplar. Fue capturado por la Interpol el 13 de diciembre de 2004 en Caracas, luego fue trasladado ilegalmente a Cúcuta donde el Estado colombiano legalizó su captura. El montaje del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue descubierto luego de que se hubiera adjudicado el trofeo de guerra. Con intermediación de Francia y Venezuela Rodrigo Granda fue liberado por Uribe el 4 de junio de 2007. La captura de Granda generó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Otro caso emblemático involucrando a Venezuela, Colombia y las antiguas FARC-EP fue la captura de Julián Conrado el 1° de junio de 2011. Conrado estuvo recluido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional hasta el 10 de enero de 2014, contó con una campaña de solidaridad de la izquierda venezolana y el movimiento social chavista que logró su trasladado como miembro de la delegación de paz de las FARC-EP en La Habana. El 27 de octubre de 2019 fue elegido alcalde en Turbaco, al sur de Bolívar, erigiéndose como el primer excombatiente en un cargo de elección popular.

También el periodista sueco de origen colombiano Joaquín Pérez Becerra, editor de la Agencia de Noticias Nueva Colombia, fue capturado el 22 de abril de 2011 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y deportado a los tres días a Colombia. Su deportación significa hasta hoy la revictimización de un refugiado político¹. La captura de Pérez Becerra logró una de las grandes movilizaciones autoconvocadas por el movimiento popular chavista en la historia de la Revolución Bolivariana. La movilización no contó con apoyo del PSUV y marchó bajo la consigna “¡revolución no entrega revolucionarios!” hasta la Asamblea Nacional en rechazo al secuestro y deportación de Pérez Becerra². La respuesta del Estado fue la dispersión de la movilización con gases lacrimógenos.

¿Qué hacía Jesús Santrich en Venezuela?

Con la captura de Rodrigo Granda en Caracas, el encarcelamiento de Julián Conrado y la entrega de Joaquín Pérez Becerra al Estado colombiano resulta risible que en distintas etapas del proceso bolivariano el imperialismo y sus aliados en la región señalen a Venezuela como promotor del “terrorismo trasnacional”.

Parafraseando al profesor de la Universidad Nacional de Colombia Jairo Estrada en una entrevista a RevistaSemana: hablar de Jesús Santrich en Venezuela es hablar del arquitecto de los Acuerdos de Paz de La Habana en un país que hace años es acompañante y promotor de los procesos de paz en Colombia. Hablar de Jesús Santrich en territorio venezolano es hablar de quien retornó a la lucha armada para salvar su vida ante la ausencia de garantías políticas. Siempre dejó claro que un nuevo proceso de paz sería posible con un gobierno distinto al de Iván Duque. Es prácticamente imposible saber qué hacía un perseguido político en tierras bolivarianas, su asesinato introduce la pregunta: ¿el conflicto social y armado es exclusivamente colombiano o ya podemos hablar de un conflicto transfronterizo del cual hacemos parte?

Reflexiones sobre esta etapa del conflicto binacional

La guerra híbrida que vivimos en Venezuela como un conflicto armado donde se utilizan todos los medios a disposición, incluso el terror y la insurgencia, tiene una expresión militar imperialista en todas las fronteras con las permanentes agresiones de los últimos años. Frente a esto y un conflicto armado no resuelto en Apure resulta indispensable estudiar la guerra que inició en Colombia pero que gobiernos de la Cuarta República y combatientes del pueblo venezolano asumieron como un conflicto común.

En esta perspectiva, donde el mismo presidente Hugo Chávez confesó haber patrullado territorio colombiano con tropas venezolanas y colombianas cuando era capitán del Ejército, es indispensable quitar la frontera política y mental para asumir la resolución de la guerra también de forma común, sin doble moral ni hipocresías: la oligarquía colombiana debe asumir su responsabilidad en la guerra híbrida venezolana y en su solución definitiva hacia la paz con justicia social.

Hugo Chávez conoció la frontera como contrainsurgente que patrullaba buscando a los guerrilleros para asesinarlos. De esta experiencia concluyó que la única solución a la guerra es la paz. Jesús Santrich fue un líder guerrillero y arquitecto del Acuerdo de Paz de La Habana. De esta experiencia concluyó que no puede haber paz con perfidia y sin justicia social. En el escenario venezolano es indispensable mantener esta perspectiva bolivariana.

¹         https://albaciudad.org/2011/04/joaquin-perez-becerra-habia-venido-en-numerosas-ocasiones-a- venezuela/

²        https://www.youtube.com/watch?v=LAb0PAjGTOY

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Por Danna Urdaneta (*)

“Si hubiese un Gobierno en Colombia en 2022
de un signo más de centro-izquierda,
quiere decir que habría un mejor interlocutor
para una mesa de conversaciones de paz”

Pablo Beltrán en entrevista con Sputnik (18/12/2020)

1. Inversión en Seguridad y Defensa & inversión en Paz con Legalidad

Colombia estipula 10.400 millones de dólares de inversión para Defensa en 2021, representando un incremento de 14 % con respecto a 2020. En 2021 se espera un presupuesto para la Política de Paz con Legalidad de 10,7 billones de pesos (poco más de 3 mil millones de dólares) según el Anexo de Gasto Construcción de Paz 2021 del proyecto de Ley de Presupuesto, un aumento del 9,18%. Esta pírrica cifra se refleja en el desfinanciamiento de las instituciones integrantes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, así como el desfinanciamiento de la reincorporación de excombatientes [1].

Para desgracia del uribismo venezolano, Colombia quedó ubicada en el puesto 140 del Índice de Paz Global. Simultáneamente, el país vecino se acerca al umbral de violencia de los años 1998 a 2002 [2]. Urge un movimiento de solidaridad internacional que denuncie el terrorismo de Estado y el desmonte fraudulento de los Acuerdos de Paz. La política de Paz con Legalidad no ha cumplido sus objetivos [3].

2. Índices de homicidios, femicidios y paramilitarismo. Caso Medellín y La Oficina de Envigado

Las cifras de homicidios en Medellín descendieron en 2020 a 13,7 por 100.000 habitantes, lo que representa 37% menos que en 2019. Para la Secretaría de Seguridad de la ciudad este sería el año menos violento en las últimas cuatro décadas. Sin embargo, hasta noviembre el Observatorio Femicidios Colombia registró 31 femicidios en la capital paisa. Al mismo tiempo Indepaz sostiene que La Oficina de Envigado sigue abierta y bajo el mando de Félix Isaza (alias Beto), muy cercano al jefe paramilitar Don Berna de  las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La Oficina se mantiene con el negocio de servicios de seguridad en la ciudad al mismo tiempo que Antioquia desciende en 13,6% la tasa de homicidios respecto a 2019 [4].

De este modo las muertes violentas se desplazan al interior del departamento que encabeza el segundo lugar en la lista del genocidio contra líderes y lideresas sociales desde la firma del Acuerdo de Paz [5]. ¿Son las políticas de seguridad ciudadana de la alcaldía las que han controlado los índices de homicidio o estamos frente a una nueva donbernabilidad al mando de Isaza y compañía? Esta aparente reducción de la violencia refleja la transformación de la guerra en la medida de que se transforman los actores políticos y militares en el conflicto.

3. Femicidios & clases sociales e institución militar

El caso del secuestro, violación y femicidio de la niña Yuliana Samboní en diciembre de 2016 siguió sin reparación en 2020. Rafael Uribe Noguera es un arquitecto bogotano de la Universidad Javeriana y trabajaba para la empresa familiar Lascaux construcciones SAS. La familia de Yuliana Samboní es de la etnia yanacona en el Cauca. Este año trajo consigo el crimen de la niña embera secuestrada y violada en Santa Cecilia, Risaralda, por 7 soldados del Ejército; este crimen generó múltiples protestas feministas frente a los batallones del Ejército Nacional de Colombia bajo consignas y el performance “Un violador en tu camino”. Este caso fue el detonante para la denuncia pública de cinco víctimas de violencia sexual por parte del Ejército. El Observatorio Femicidios Colombia contabilizó hasta noviembre 568 femicidios a nivel nacional.

4. Montajes contra la paz

El 8 de noviembre Edinson Bolaños, a través de El Espectador, develó las pruebas que empezaron a desmontar el falso positivo del exfiscal general Néstor Humberto Martínez que pretendió fracasadamente extraditar a Jesús Santrich. La primera respuesta vino de parte de Iván Márquez de las FARC-EP Segunda Marquetalia mediante la columna “El entrampamiento de la paz”, luego hubo una declaración oficial de la insurgencia.

El debate de control político en el Senado contra la Fiscalía del 26 de noviembre realizado por Gustavo Petro, Iván Cepeda, Roy Barreras, Alirio Uribe Muñoz y otros senadores [6] reposicionaron al líder de la Segunda Marquetalia de manera definitiva al dimensionar el montaje en su contra como un montaje contra la paz de Colombia. El 26, 27 y 28 del mismo mes Jesús Santrich de las FARC-EP Segunda Marquetalia fue tendencia nacional en Twitter en medio de un debate nacional a favor de su inocencia.

5. Horizontes de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)

El ELN sigue apostándole a la posibilidad real de retomar la agenda de diálogos con el Estado colombiano y un gobierno de centro-izquierda que abra los caminos para la reconciliación en 2022. Mientras tanto el subpresidente Iván Duque insiste en encarcelar y masacrar a sus adversarios políticos en una guerra desigual. Las FARC-EP Segunda Marquetalia de Márquez y Santrich y las FARC-EP de Gentil Duarte han sido contundentes frente a la ausencia de posibilidad de un nuevo proceso de paz con el actual gobierno. Las pruebas del montaje contra la paz mostradas en el Senado hablan por sí solas ante la sociedad colombiana y la comunidad internacional.

6. Genocidio contra el liderazgo social y excombatientes

A la crisis humanitaria en Colombia se le añade la crisis sanitaria por la pandemia: potenciales víctimas del genocidio tienen que escoger entre morirse de hambre en cuarentena, donde el sicario sabe que encontrará a su víctima en casa, o salir a la calle a buscar el pan a sabiendas que puede contagiarse y morir de Covid-19. El año cierra con 309 líderes y lideresas sociales asesinados y 64 excombatientes asesinados al 10 de diciembre producto de la ausencia de garantías políticas para quienes no tienen privilegios de clase. En octubre se realizó la Peregrinación por la Vida y por la Paz donde excombatientes de todas las regiones atravesaron el país hasta Bogotá para exigir derecho a la vida. ¿De cuál democracia habla el establecimiento colombiano?

7. Masacres

Según registro de Indepaz en el año 2020 se ejecutaron 90 masacres en Colombia para un total de 375 víctimas directas, encabezando el primer lugar el departamento de Antioquia. El mes de septiembre fue el más sangriento con 16 masacres. Bogotá reeditó una masacre que recordó al Bogotazo [7]. Desde el pasado Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019 las ciudades pasan a una nueva etapa de conflictividad social con la abierta paramilitarización de la seguridad ciudadana cuando vimos al ejército y a la policía encubriendo a encapuchados que disparaban contra protestantes pacíficos.

8. Judicialización de la protesta, exilios y falsos positivos

El año cierra con la judicialización de tres dirigentes campesinos: Teófilo Acuña, Robert Daza y Adelso Gallo, quienes luego de las denuncias públicas respectivas podrán afrontar el proceso de investigación en libertad. El exilio de la cultora y abogada Cristina Bustillo, antigua presidenta del Sindicato Nacional Memoria Viva de los Trabajadores de la Seguridad y la Protección del Pueblo en la Unidad Nacional de Protección, puso en el debate público internacional la evidencia de que inteligencia militar ha dispuesto de listados en conjunto con la Fiscalía para realizar capturas selectivas bajo falsos positivos que vinculen a líderes y lideresas sociales con grupos armados. El exilio colombiano es una pandemia silenciosa que hasta el mes de noviembre llevó en España 26 mil 568 solicitudes de asilo.

9. Conclusiones

Con el gobierno del subpresidente Iván Duque no existen condiciones objetivas para iniciar un nuevo proceso de paz con los actores políticos y militares del conflicto social y armado en Colombia. La solidaridad internacional es el contrapeso decisivo en la visibilización pedagógica del conflicto y el genocidio en curso. En este sentido, el papel de Cuba, Venezuela y demás países garantes y acompañantes de los procesos iniciados en La Habana serán fundamentales frente a la esperanza de paz con un nuevo gobierno. El acompañamiento de las denuncias de la realidad colombiana y las acciones antiparamilitares son indispensables para forjar las bases que sirvan para resistir al proyecto de despojo de los recursos naturales en América Latina y preservar la esperanza de que un mundo más justo es posible.

¡Para la guerra nada!

Notas

[1] Laura Soto. (7 de septiembre de 2020). La implementación de la paz, cada vez más desfinanciada.

[2] JEP. (9 de septiembre de 2020). Comunicado 063. Colombia: JEP.

[3] Natalia Torres. (28 de septiembre de 2020). Dos años de la política de paz con legalidad, sin “paz”. Colombia: Dejusticia.

[4] Antioquia Silenciada. (Diciembre de 2020). Antioquia silenciada. Colombia: El Espectador.

[5] Observatorio de Conflictividades y Derechos Humanos de Indepaz. Informe Especial sobre Agresiones a Líderes/as Sociales y Personas Defensoras de los Derechos Humanos y de los Acuerdos de Paz. Colombia: Indepaz.

[6] Comisión Primera Senado de la República de Colombia (26 de noviembre de 2020). (Acta 29) Sesión del 26 de Noviembre de 2020 (parte 1). Colombia: Comisión Primera del Senado de la República de Colombia. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=37a548_q4hw yhttps://www.youtube.com/watch?v=Pi5zA7FU0-s

[7] Danna Urdaneta. (11 de septiembre de 2020). Masacre en Bogotá: ¿Quién dio la orden? Colombia: Vida Digna.

(*) Danna Urdaneta poeta, escritora y periodista venezolana, integrante del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz (COSI-Venezuela).

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Por Danna Urdaneta (**)

El Sindicato Nacional Memoria Viva de Trabajadores de la Seguridad y la Protección del Pueblo es un sindicato de escoltas de la Unidad Nacional de Protección de Colombia. Fue fundado en diciembre de 2017 con 345 integrantes y es producto de los Acuerdos de Paz de La Habana entre la antigua insurgencia de las FARC-EP y el gobierno colombiano como parte de la implementación de los Acuerdos y la reincorporación de las y los excombatientes.

La historia de vida a continuación es una entre miles que, durante el gobierno del subpresidente Iván Duque, han terminado fuera de su país producto de la guerra. Estas historias no aparecen en los medios corporativos porque evidencian la conflictividad social y la negación del derecho a la participación política de la oposición en Colombia. El desplazamiento colombiano es también una pandemia silenciosa que se pretende negar para vender falsamente una democracia fundamentada en la muerte del opositor político, en el despojo y en la condena del más humilde. 

Exilio de Cristina Bustillo, una entre miles

Cristina Bustillo Paredes es una costeña de 32 años, profesora de danzas tradicionales, madre, abogada y sindicalista colombiana. En diferentes espacios ha trabajado por la universidad pública y por la salida política al conflicto social y armado: en la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES), en la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), en el Movimiento Caribe de Artistas por la Paz.

Este 11 de diciembre de 2020 Bustillo anunció su exilio en la videoconferencia “Políticas Carcelarias, DD. HH. y Pandemia: Caso Simón Trinidad” organizada por el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz (COSI) – Venezuela con participación de Carmelo Suárez del Partido Comunista de los Pueblos de España, Héctor González Baldizón del Partido de los Comunistas de México, Mark Burton del Consejo de Paz de los Estados Unidos y abogado de Simón Trinidad. Esta actividad que contó con la moderación de Gabriel Aguirre, secretario general del COSI.

Posteriormente el 13 de diciembre Bustillo mediante video hizo una exposición más detallada de las amenazas de muerte, hostigamientos y persecución que la condujeron al exilio. Relató que la historia del Sindicato Nacional Memoria Viva ha estado transversalizada por la estigmatización de parte del gobierno, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y algunos miembros del partido FARC rosa. Los señalamientos públicos y abiertos en su contra han llegado al extremo de adjudicarle falsamente la vocería de las FARC-EP Segunda Marquetalia, poniendo así en riesgo su vida y la de sus familiares.

Sindicato Nacional Memoria Viva y Campaña Santrich Libre

El 9 de abril de 2018 Jesús Santrich fue capturado bajo un falso positivo que lo acusaba de narcotráfico y buscaba su extradición. El Sindicato Memoria Viva se incorporó a la Campaña Santrich Libre el mismo año cuando este demostró su inocencia en las altas cortes colombianas más de una vez, pese a lo cual fue recapturado, drogado y torturado por la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). 

A mediados de 2019 el excombatiente Jesús Santrich decide salvar su vida escapando del oximorón llamado “justicia colombiana”. En agosto aparece en el video fundacional de la Segunda Marquetalia junto a Iván Márquez y otros mandos de las antiguas FARC-EP que decidieron retornar a la lucha armada ante la ausencia de garantías para el ejercicio de la política así como el riesgo de extradición.

Esta secuencia de hechos vinculados a los montajes contra la paz de Colombia intensificó la persecución contra Bustillo y el sindicato en asambleas públicas, llamadas telefónicas, medios, donde fue señalada de ser la vocera de Jesús Santrich en la UNP y dentro del sindicato. Sin embargo, recientemente los senadores Gustavo Petro, Iván Cepeda, Roy Barreras y otros realizaron un debate de control político a la Fiscalía y allí develaron las pruebas que demuestran por enésima vez que Jesús Santrich siempre fue inocente y que todo consistió en un entramado diabólico del exfiscal Néstor Humberto Martínez para liquidar por completo toda posibilidad de paz con justicia social en el vecino país.

Timochenko y el falso positivo contra afiliados del sindicato

En este contexto de satanización a inicio de 2020 se dio el falso positivo contra dos de los afiliados al sindicato: Gerson Morales y Carlos Ricaurte fueron señalados por la Policía Nacional y el Ejército Nacional de Colombia de haber sido autores de un atentado contra Rodrigo Londoño “Timochenko”. Este personaje vergonzosamente respaldó la versión de la policía y agradeció públicamente al Estado el haberle salvado la vida, convirtiéndose así en cómplice del falso positivo.

Con este montaje se intentó ocultar las torturas y muerte a las que fueron sometidos los afiliados ya que la versión oficial desde el inicio consistía en que ambos habían caído en un enfrentamiento donde las autoridades frustraron el atentado. Al conocer esta versión oficial respaldada desde el inicio por Timochenko, los familiares de las víctimas decidieron publicar las fotografías de los cuerpos que ya estaban en estado de descomposición avanzado, pero, uno más que otro. Este detalle advertía signos de inconsistencia en el relato oficial que afirmaba que ambos habían muerto en el mismo tiempo, modo y lugar. Vale destacar que, para vergüenza de muchos, la evidencia de las fotografías de los cuerpos con signos de torturas obligó a más de uno a retractarse de las revictimizaciones que ya habían cobrado la vida de estos dos afiliados al Sindicato Nacional Memoria Viva.

La abogada Cristina Bustillo fue portavoz de la denuncia de este falso positivo, lo cual le ganó más señalamientos. El pasado 16 de marzo de 2020 la Asamblea Nacional Ordinaria “Gerson Morales” del Sindicato Nacional Memoria Viva se hizo en homenaje al afiliado torturado y asesinado. En esta asamblea ganó la autonomía sindical y Bustillo fue nuevamente elegida en su junta directiva. Desde el primer día de la elección recibieron amenazas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia [1], por lo cual interpusieron tutelas y solicitaron medidas cautelares ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

En medio de este caudal de amenazas y hostigamiento por parte del Estado, los paramilitares y señalamientos por parte de integrantes de FARC rosa, Bustillo denuncia que ha sido amenazada de muerte, perseguida, hostigada, y que la junta recibió la información de la existencia de un listado de inteligencia con nombres de personas que son señaladas de ser infiltrados de las FARC-EP Segunda Marquetalia en el sindicato. No obstante, la sindicalista confirmó por distintas vías que su nombre aparecía en esta lista para ser capturada bajo cualquier montaje judicial y advirtió que el objetivo del Estado es destruir el sindicato.

Persecución a muerte contra el sindicalismo en el conflicto colombiano

En el video realizado por Cristina Bustillo explica que el seguimiento exhaustivo por parte de inteligencia persigue el objetivo de hacerle un montaje judicial que la vincule con Jesús Santrich. Sin embargo, ratifica que a pesar de la estigmatización nunca negará el aprecio y admiración para el intelectual colombiano ya que “dio en su momento todo por la paz y fue víctima de un montaje por parte del Estado colombiano y los gringos para acabar con el Acuerdo, tal como por estos días ha sido develado con argumentos y pruebas suficientes que colocan al exfiscal Néstor Humberto Martínez como uno de los principales artífices de este grave atentado contra la paz de Colombia”.

Cristina Bustillo enfatiza que no dará su brazo a torcer porque es una mujer con dignidad y principios, razones por las cuales luego de un mes de encierro total y de aislamiento producto de la persecución, decidió solicitar asilo político “porque negarse a sí mismo es morir en vida”. “Hace unos días empecé el éxodo y estoy viviendo el dolor del desprendimiento familiar”, afirmó la sindicalista. Manifestó de manera pública que en reunión de la junta en días pasados se tomó la decisión de que dejará de ser la presidenta del sindicato para pasar a ser la vicepresidenta por su actual situación jurídica y política.

Esta es una historia reciente de persecución que está en pleno desarrollo así como muchas otras historias silenciosas de desplazamiento en medio del conflicto social y armado en Colombia. Visibilizar una es visibilizar, en este caso, la lucha sindical, la lucha de los feminismos populares, la lucha de las y los artistas por la paz con justicia social.

[1]  Sindicato Memoria Viva. (2 de octubre de 2020). Denuncia.

(*) Fe de Erratas: Previamente replicamos que Cristina Bustillo hacia parte de la defensa de Jesús Santrich siendo una información falsa, pedimos disculpas por no haber verificado previamente la información.

(**) danna_ediciones: Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz (COSI) Venezuela @cosi_venezuela

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Por Danna Urdaneta* | Foto: Colombia Informa

Este 8 de septiembre, fue asesinado del abogado Javier Ordoñez en la localidad de Engativá en Bogotá, a manos de la policía colombiana, con 11 descargas eléctricas de pistolas de electrochoque. El hecho generó una oleada de protestas contra la brutalidad policial en la capital y las ciudades principales de Colombia, incluyendo la ciudad fronteriza de Cúcuta . El informe de la necropsia realizado al abogado defensor de derechos humanos arrojó nueve fracturas en el cráneo .

¿Quién dio la orden de masacrar en Bogotá y de intensificar las masacres en el país durante el mes de agosto después de que Álvaro Uribe Vélez fuera detenido? En la madrugada el ministro de Guerra Carlos Holmes Trujillo alienta a que la policía siga haciendo su trabajo mientras que Uribe continua su campaña terrorista y xenófoba pidiendo militarizar el país, judicializar al liderazgo social y expulsar a los extranjeros .

Carlos Holmes Trujillo, asumió el tratamiento de la protesta en la capital y aplicó una política de seguridad ciudadana amparada en la genocida doctrina de Seguridad Nacional: instruyó la incorporación de 750 efectivos de la Policía Metropolitana de Bogotá, más 850 que vendrían de otras partes del país y 350 soldados del Ejército Nacional. 

Así, el gobierno del subpresidente Duque le da un tratamiento de guerra al descontento social cuando incorpora soldados del ejército más grande y mejor entrenado de América Latina para combatir las protestas. Desde el Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019 todo apunta a la creación de las condiciones de un golpe de Estado en Colombia para imponer un estado de conmoción e instaurar una dictadura fundamentada en la doctrina de Seguridad Democrática 2.0.

Policía Metropolitana de Bogotá fuera de la ley

Las redes sociales fueron testigas del nuevo modus operandi de la policía estrenado en el Paro Nacional del pasado 21 de noviembre: la policía colombiana se encapucha, usa helicópteros y armas de fuego, entra sin orden de allanamiento a casas de trabajadores, destruye las viviendas , dispara a quemarropa contra personas que no están involucradas en las manifestaciones  y contra los propios manifestantes , lleva en sus vehículos a personas armadas vestidas de negro sin ningún tipo de identificación, disparan junto a civiles no identificados en las calles al mejor estilo paramilitar .

No podemos olvidar que el parapolítico Pacho Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos, está moviendo todas sus fichas para evitar que Mancuso cuente toda la verdad de su participación en el conflicto y de cómo Pacho Santos fue el ideólogo e impulsor del Bloque Capital de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, es decir, el bloque de las AUC en la capital del país .

Desde el Paro Nacional iniciado el 21 de noviembre de 2019 la represión en la capital colombiana ha recordado al estallido social del Bogotazo por el nivel de violencia estatal para combatir las grandes movilizaciones populares en medio de la sangre derramada. La masacre en Bogotá iniciada este 09 de septiembre de 2020 se suma a las 55 masacres en el territorio nacional registradas por Indepaz y la Defensoría del Pueblo, donde las últimas víctimas fueron jóvenes estudiantes y menores de edad que llegaron a ser torturados y degollados .

Redes sociales y terrorismo de Estado

Las redes sociales se convirtieron en el primer canal de comunicación y denuncia de manifestantes y víctimas del atropello policial. Desde la mañana de este 10 de septiembre organizaciones sociales, líderes políticos, periodistas y un sinfín de personas denunciaron en sus cuentas de Twitter que en el Día Nacional de los Derechos Humanos de Colombia hubo 248 heridos, incontables desapariciones y torturas de las cuales hasta hoy no hay cifras. Alirio Uribe Muñoz hizo un llamado para que a los jóvenes asesinados por la policía les fuera aplicado el protocolo de Minessota , así como anunció que va a representar a la familia de Juliete Ramírez, joven de 20 años asesinada con una bala en su corazón a 100 metros del Comando de Acción Inmediata (CAI) La Gaitana de la policía  y a Cristian Hurtado también asesinado por balas de policía en Soacha , ambos en Bogotá.

Martha Peralta Epieyú, presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) denunció que “un niño indígena de 15 años fue obligado por la Policía a desnudarse luego de ser detenido y esposado cuando iba a comprar unas cartulinas para hacer su tarea en Jambaló Cauca” .  El exrepresentante a la Cámara Benedicto González denunció 58 heridos de gravedad y la masacre de ocho personas en la capital colombiana: Julieth Ramírez, Camilo Hernández, Jaider Fonseca, Germán Smith, Julián González, Andrés Rodríguez, Angie Vaquero, Cristian Merece .

El usuario de Twitter @WhoAn78 fue portavoz de la denuncia de Erika Yesenia Tabares, madre víctima de la policía ya que un funcionario asesinó con un rolazo (bolillo) a su bebé de meses cuando esta trabajadora informal no quiso entregarle su carro de vender café. El policía le dice que le da seis millones de pesos y una moto para que ella lo saque de la cárcel por la denuncia que hubiera interpuesto .

Con la etiqueta #SOSMasacres y #SOSMasacreBogotá usuarios en la red social Twitter subieron las pruebas de asesinatos, brutales represiones y desapariciones forzosas. Incluso la alcaldesa de Bogotá calificó lo sucedido como una masacre, sin embargo, la policía está bajo las órdenes de las alcaldías según el artículo 315 de la constitución colombiana.

El escándalo hoy ha llegado a medios internacionales de todo color político con distintas cifras en materia de derechos humanos que buscan minimizar lo sucedido. Las etiquetas del 10 de septiembre fue #PolicíaNacionalParenDeMatar, #TodasLasVidasImportan, #ColombiaDespierta y #NosGobiernaUnPreso para denunciar las masacres en curso. Las denuncias que llevaron estas etiquetas demuestran que no existe ningún tipo de límite ni legalidad en la implementación de las políticas de seguridad ciudadana.

Derechos Humanos en cifras

Corpocic HR hasta las 12:20 am de este 10 de septiembre documentó el conteo de 8 ciudadanos asesinados por el uso excesivo de la fuerza policial, 2 defensores de derechos humanos retenidos y amedrentados con armas de fuego por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) para que guardaran silencio, 5 personas reportadas como desaparecidas, cortes de energía eléctrica en localidades donde las protestas fueron más fuertes. Esta Corporación denunció que no hay cifras de personas desaparecidas y alertó sobre incontables tiros de gracia con armas de fuego, la comunicación caída en Bogotá y la entrada de camionetas negras sin placas a localidades manifestantes .

El medio alternativo y popular Colombia Informa en vivo y en directo en Bogotá, Cúcuta, Medellín, Popayán y demás ciudades colombianas ha reportado estos días a través de sus redes sociales las violaciones a los derechos humanos, así como el atropello de la policía contra sus colaboradores que han sido víctimas de la represión por parte del Estado .

La Campaña Defender la Libertad publicó un tercer boletín donde informa de manera urgente que a las 10:30 pm hay confirmadas 138 personas detenidas solo en Bogotá, en las que se encuentran varios niños, niñas y adolescentes que señalan haber sido golpeados por la policía al mejor estilo sionista.

La Campaña que agrupa a diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos y que sirvió de base de datos madre en las denuncias del Paro Nacional del 21 de noviembre pasado afirma en su Boletín Informativo 3 #10S que la comandancia de las estaciones de policía ha impedido el ingreso de defensores de derechos humanos para verificar la situación de las personas detenidas .

Del mismo modo, la Campaña señala que mientras la alcaldesa de Bogotá Claudia López rechaza la violencia policial, bajo su administración se desconocen las normas que promueven la labor de los derechos humanos desconociendo el Decreto 563 de 2015. Igualmente, Indepaz, este 11 de septiembre ha emitido un comunicado alegando que son inconstitucionales las órdenes Carlos Holmes Trujillo e Iván Duque a los comandantes de la policía ya que estas funciones solo pueden operar por medio de la autoridad de alcaldes y alcaldesas.

Este 11 de septiembre son más claras las denuncias de golpe de Estado del gobierno nacional contra la alcaldía bogotana para cobrarle las críticas de su alcaldesa por la pésima gestión frente a la pandemia. Hoy parece que Claudia López no tiene autoridad y comienza a instaurarse un gobierno policial, mientras tanto su postura pretende estar más allá del bien y del mal estigmatizando la protesta social como vandalismo al tiempo que hace llamados a la policía para investigar las violaciones a los derechos humanos. ¡Paz para Colombia, para la guerra nada!

*Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz (COSI) Venezuela

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