Por Nadia Fink

Daniel Solano era un pibe joven, un laburante, que había llegado desde su Tartagal natal a Río Negro para trabajar en la cosecha de manzanas. Allí padeció desde adentro la explotación extrema, la discriminación, las condiciones de hacinamiento, las políticas de las grandes empresas fruteras que no se cansan de estafar a los trabajadores golondrinas. Pero Daniel sí se cansó, protestó, habló con sus compañeros, intentó organizar el reclamo. Le tendieron una trampa, se lo llevaron una noche y nunca más apareció. Un complejo entramado compuesto por compañías sin escrúpulos, empresarios de la noche, fuerzas policiales de élite y jueces a sueldo, es la punta del ovillo de una desaparición más en democracia. En Choele Choel sigue el acampe (antes de familiares, ahora de personas que se solidarizaron con la causa), los policías siguen sueltos (y portando armas), los trabajadores siguen padeciendo las condiciones en cada cosecha, los empresarios siguen contanto billetes. Pero falta Daniel. Y, también, Gualberto, su papá.

“He recalcado en todo este tiempo el pedido de mi tío Gualberto. Cuando él decía: ‘Dónde está mi chango?’, ‘¿Dónde habrán dejado mi chango?’, ‘¿Dónde está Daniel?’, ‘¿Dónde está el Nene?’, como le sabíamos decir todos”. Quien habla es Romina, prima de Daniel y vocera de la familia desde Tartagal. Y su simple pedido apunta a la pregunta del título: la justicia que se demora diez años, ¿es justicia? Gualberto llegó a Choele unos días después del 5 y se quedó a vivir allí durante años. La última vez que lo vimos fue en mayo de 2016: en ese entonces el frío empezaba a sentirse y el calentaba la pava para unos mates en la piecita destinada a las donaciones de Cáritas donde estaba alojado en la parroquia a cargo del cura Cristian Bonin. Gualberto falleció el 3 de abril de 2018 esperando llevarse el cuerpo de su hijo. Cristian dejó los hábitos y se fue a vivir a Viedma. Al padre de Daniel, la justicia no le llegó.

Hecha la ley, hecha la trampa

Si bien la causa tuvo sus idas y vueltas de la justicia Federal a la provincial, es importante destacar que los siete policías estuvieron detenidos y que posteriormente fueron excarcelados, pero aún siguen procesados: Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera por considerarlos autores de los delitos de vejaciones, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de personas. Pablo Andrés Albarrán Arcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuell, como partícipes necesarios de los delitos de vejaciones, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de personas. Héctor César Martínez como partícipe secundario en los mismo delitos pero se le suma el de “abuso de autoridad”, por haber sido Jefe de la Comisión Investigadora al inicio de la causa y que desvirtuó elementos de prueba ocultando, informando falsas hipótesis (por ejemplo, un viaje de Solano a otra provincia porque era “un picaflor”) y obstaculizando la investigación.

El querellante de la causa era Gualberto, por lo tanto, con su muerte empezaron a jugarse las trampas que el poder judicial podía utilizar. Así nos cuenta Cristian: “Las contrapartes, los abogados de los policías asesinos, trataron de disolver la presencia de la querella en el juicio. Porque la querella es la familia, es Gualberto Solano, con los abogados particulares. Al morir se logró hacer que se constituyera como querellante el abuelo de Daniel, Manuel Solano, como familiar en línea directa. Y, por supuesto, siguen acompañando Sergio y Leandro [Heredia y Aparicio, respectivamente, abogados de la familias desde fines de 2011 hasta la fecha]”.

Así el juicio siguió adelante y ell 1 de agosto de 2018, la Cámara Segunda de Roca condenó a los policías. El 23 de diciembre del 2018, el Superior Tribunal de Justicia –el máximo órgano judicial de la provincia de Río Negro– ratificó el fallo de la Cámara Segunda. Pero fue entonces que los abogados de la policía interpusieron un recurso de queja a ese fallo del Superior Tribunal de Justicia, que fue denegado por el Superior Tribunal de Justicia. Por eso sólo les quedó la instancia de la Corte Suprema. Una causa con tantas pruebas y tantas instancias condenatorias, ¿puede seguir siendo rechazada por los culpables? ¿Acaso es justicia?

Migrar para buscar laburo

“No solo son estos siete policías los responsables del asesinato y la desaparición de Daniel, sino que hay más actores, cómplices. Como, también, la misma empresa, los dueños de la empresa, que son responsables de lo que le pasó”, denuncia Romina.

Y es que el entramado es mucho mayor si entran en juego las empresas que intervinieron en el traslado de Daniel y sus 69 compañeros que subieron al micro para trabajar en la cosecha de manzanas. El reclutamiento se hizo desde Agrocosecha SRL (una empresa que falsamente se hace llamar “cooperativa”), que a su vez terceriza el servicio para la multinacional Univeg Expofrut SA, ubicada en Lamarque. La estadía de los trabajadores sucedería en las “gamelas”, una especie de carpas donde dormían apiñados. Allí llegan cada año 400 trabajadores golondrina de comunidades indígenas de Salta y de barrios humildes de Tucumán y de Santiago del Estero. Allí, muy cerca de la casa natal del periodista Rodolfo Walsh.

El cobro del primer sueldo resulta el momento más crítico: los descuentos son excesivos y muchos no pueden girar el dinero a sus casas; el ciclo es inevitable: trabajan, no les pagan, son discriminados, son maltratados, muchos optan por el alcohol ante una situación sin salida. El grupo BORA (Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto), entonces, tiene su accionar justificado. La tropa de élite es tristemente conocida en Río Negro por su intervención en las matanzas durante las represiones de Bariloche, que derivaron del asesinato de Diego Bonefoi en 2010. El grupo que, como detentan sus siglas, es entrenado para estar en eventos multitudinarios y en manifestaciones, se encarga de custodiar a los trabajadores de las gamelas.

De esas complicidades habla Romina, de esa connivencia entre el poder económico, político y judicial. También, de la estafa que cada mes y cada año aplicaban a esos mismos trabajadores cuando cobraban su primer sueldo: descuentos por montones hacían que cobraran un cuarto del sueldo acordado. Esa fue la osadía que cometió Daniel: no callarse, amenazar con una huelga el lunes siguiente aquel viernes 4 de noviembre. Y los capos de la empresa Agrocosecha ya lo conocían: a Solano lo querían todos. Por eso, veinte minutos después de que entrara al boliche “Macuba” lo nombraron y lo señalaron desde la cabina. Así, las fuerzas policiales (sí, que también eran custodia en el boliche Macuba) lo empujaron hasta la vereda y lo llevaron hacia la esquina. En el fondo de la calle lateral lo subieron a un patrullero. Desde ese momento está desaparecido.

“Mi abuelo sigue esperando que entreguen el cuerpo de su nieto”

Esta historia que aún espera un fallo favorable de la Corte Suprema, cuenta desde el principio con una red enorme de solidaridades para romper la complicidad y el silencio de un lugar pequeño y tan lleno de poderes; en principio de quienes dieron sus testimonios para reconstruir los detalles luego de la desaparición de Daniel. Así lo cuenta Bonin: “ Cada pedacito de verdad observada es sustancial, porque eso arma el cuadro del evento. Hay personas que vieron momentitos, instantes y hay otras que pudieron ver el caudal de violencia de los siete esbirros de Daniel y que tuvieron el valor, el coraje, la audacia de no secuestrar –y menos desaparecer– ese pedacito de verdad que les tocó ver. Sino que, por el contrario, lo comprometieron con la causa, asumiendo los riesgos que se inauguran cuando uno tiene para compartir verdades que chocan de frente con los intereses corruptos de la Policía, del Poder Judicial y de otros sectores que suelen ser favorecedores de la impunidad”.

Pero también está la red que conformaron personas de la zona y que se comprometieron con Gualberto, con su familia, con la memoria de Daniel, con la justicia que nace del barro y no de los pedestales. De esa red es parte Cristian, y quiere nombrarles: “Algo interesante es el equipito que se fue conformando de personas muy distintas. Está Euge Rosi que, actualmente, está viviendo en Río Colorado. Jessica Visoqui, en Bahía Blanca; Nadia París, desde la zona de Neuquén; Marce Torres y Pablo desde Choele, con otros compañeros y compañeras; Olga Uso, también, desde acá, desde Viedma”.  Y menciona el término “nueva forma de ser querella” cuando las distancias son tantas y cuando las personas van quedando en el camino: “Son las personas que, desde distintos puntos, nos mantuvimos muy unidos para fortalecer denuncias, para amplificar la voz de la familia Solano, para pensar juntos estrategias y recursos orientados por los abogados, en conversación con ellos y con la familia”.

¿Y qué pasa con los tiempos de la justicia? Insistimos porque, claro, ya hemos hablado tanto durante estos diez años que lo repetimos porque no sabemos si nos escuchan, si nos entienden, si cada palabra rebota contra un muro imposible de traspasar. Romina habla de esos tiempos: “Lamentablemente, como digo y como decimos todos, la Justicia es muy tardía. Muchas veces se llevan por delante a otras personas también, porque las fuerzas se agotan. Las fuerzas se ve muy débil, la salud ya no es la misma cuando sos joven. Por ejemplo, lo que pasó con mi tío Gualberto, que esa fortaleza se fue debilitando por el dolor que sentía, por ese dolor que él tenía. Aunque muchas veces nos demostró, a cada uno de nosotros como familia, sentirse fuerte. Pero en la soledad, en el silencio, en la habitación, cuando se encontraba él solo, no se daba cuenta de cuánto dolor tenía él”. Ahora el que espera es Manuel. Que la justicia actúe (por fin), que los policías sean condenados, que se responsabilice a los cómplices (porque siguen viajando, cada años, trabajadores temporarios), que los asesinos hablen, que la familia pueda llevarse el cuerpo de Daniel a Tartagal para “tener un lugar donde ponerle una flor”.

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Finalizaron las audiencias testimoniales en el Juicio oral y público por la responsabilidad de los siete policías implicados en la desaparición y homicidio de Daniel Solano. Conversamos con Leandro Aparicio, uno de los abogados querellantes.

Las audiencias contra los siete policías comenzaron el 22 de febrero en los Tribunales de General Roca, provincia de Río Negro, ayer hubo indagatorias y la semana que viene serán los alegatos.

Daniel Solano era el trabajador que había llegado desde su Salta natal por tercer año consecutivo a trabajar en la cosecha de manzanas para Agrocosecha, una falsa cooperativa que tercerizaba su trabajo para la multinacional Univeg Expofrut en Lamarque, Río Negro. Daniel había reclamado por el mísero pago del viernes y el sábado siguiente, 5 de noviembre de 2011, al menos siete policías lo sacaron del boliche Macuba, lo golpearon, y lo llevaron inconsciente en dos autos.

El 19 de octubre de 2012, la Cámara Criminal Tercera de General Roca los había procesado con prisiones preventivas: a Sandro Berthe, Pablo Bender y Juan Francisco Barrera por “vejaciones, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado”; a Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Alberto Quidel y Diego Vicente, como partícipes primarios de “privación ilegal de la libertad y homicidio agravado” y al oficial inspector Héctor César Martínez en carácter de partícipe secundario de los delitos de “vejaciones, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado”. Sin embargo, estuvieron detenidos menos de cuatro años y hoy continúan en actividad y portando armas.

En el camino, su padre, Gualberto Solano, llegó a los pocos días y se quedó soportando el frío y esperando por una justicia que le fue esquiva: murió el 3 de abril pasado.

En la localidad de General Roca (Fiske Menuco, como la llaman sus habitantes), conversamos con Leandro Aparicio, uno de los abogados que lleva adelante la causa, sobre las novedades de las audiencias y las expectativas en que el poder judicial esté a la altura de las circunstancias.

–¿Qué balance hacen después de todos estos meses de audiencias?

Entiendo que ya hemos puesto toda la carne al asador;  habló el 95% de los testigos que han visto específicamente la sacada de Daniel del boliche hasta la camioneta, que eso es invariablemente lo que nos han dicho que tenemos que hacer referencia al objeto del juicio. Al revés que la Cenicienta, que termina a las 12 de la noche, nosotros empezamos después de las 12 de la noche para la Fiscalía y para el Juzgado; o sea que nosotros no podemos mirar para atrás: no podemos mirar para AgroCosecha, para las gamelas ni para ExpoFrut, tampoco el encubrimiento policial: en este juicio únicamente se ventila que en el homicidio están imputados esos siete policías, las otras causas están todas paralizadas.

Con lo que pudimos filmar en las audiencias, podemos tener una instancia internacional en la comisión para probar lo que está pasando acá, una cosa que no sólo diga y que quede muerta en un expediente. Así que por un lado estamos satisfechos de que se haya probado y ratificado lo que se dijo en primera instancia, por lo que se permitió detener en 2012 a estas siete personas, que sólo estuvieron detenidas tres años y medio, y que, no olvidemos, son policías, tienen armas y cobran sueldo.

–¿Cuáles consideran que fueron los testimonios más relevantes?

–El de Susana Solano, hermana de Daniel, fue muy importante, porque ella relata el rol de la empresa, de los patrones de Daniel, que la trajeron a ella desde Córdoba, que le dieron la plata, que le pusieron los abogados, hasta que llegó Sergio Heredia (el otro abogado, oriundo de Salta) y se pudrió todo: los echaron de la casa y no les dieron más apoyo.

Pudimos ver el rol de Martínez, que comandaba la brigada que investigó al principio, que estuvo detenido y está imputado y que sacó a Daniel del boliche, que le decía a Susana: “Todas las pruebas que te lleguen a dar me las tenés que dar a mí”.

El día que vinieron a declarar desde Salta Maira y Romina, primas de Daniel, fue también muy fuerte porque Barrera, otro de los imputados, las miró, se les burló, y al fotógrafo y periodista Gustavo Figueroa lo amenazó de muerte.

La satisfacción que tenemos es que probamos todo. Llegamos hasta donde pudimos con el cuerpo, el Jagüel (donde según testigos habían arrojado el cuerpo de Daniel) fue adulterado: tenemos los dos videos de agosto de 2015 y luego de 2018 y un pozo que estaba tapado, atado con alambre, pero no podía entrar nadie, estaba totalmente alterado… así que nos queda seguir insistiendo con eso. En la última conversación que tuvimos, el padre de Cristian (Bonin), Gualberto, Sergio y yo, nos dividimos en comisiones. Gualberto dijo que no quería venir acá, le dolía mucho venir al juicio, tener a estos tipos en frente, ver sus caras. Entonces él y Cristian se iban a hacer cargo del Jagüel y nosotros íbamos a estar acá en el juicio. No se pudo dar, fue muy duro que se muera Gualberto en el camino.

–¿Cómo sigue el Juicio y qué planes tienen a futuro como querella?

–Quedan los alegatos, que van a ser largos, pueden durar 3 o 5 días. Tampoco sabemos cuánto tiempo nos darán para hablar por día. Y después de esta sentencia, quedan las otras causas que ya veremos la estrategia. Por lo pronto lo que vamos a hacer después va a ser el tema del Jagüel, vaciarlo. Y después tenemos ya los resortes para denunciar a la provincia de Río Negro, aunque hagan cosas para desgastarnos.

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Entrevista al poeta Vicente Zito Lema

“Hasta que no me den el cuerpo de mi hijo no me volveré a mi casa”

Gualberto Solano, papá de Daniel

Primero tengo que preguntarte si la injusticia mata.

Vicente Zito Lema (V.Z.L.): Realmente desde hace mucho tiempo vivimos en un mundo injusto. Si se pudiera ver el mundo desde una distancia, digamos que nos fuéramos por un momento a la Luna y viéramos desde allí lo que es el mundo, creo que el viajero se espantaría y tendría que tener un gran amor, lo que le permitiría seguir mirando y en lo posible volver a esta Tierra.

Creo que lo que se ha perdido es el sentido común, ese elemento mínimo que permite tener un contacto, un cable a tierra con la realidad profunda. Ver lo que sucede hoy por hoy, en todos los aspectos, la exclusión, el hambre, la mentira, va llevando a tu pregunta, cómo vivir con la injusticia de todos los días.

El valor justicia es uno de todos los valores fundamentales de la criatura humana. Ya no sé si es la palabra lo que distingue a la criatura humana, tal vez sea su aspiración a lo justo, y esto se quiebra tanto todos los días que pierde sentido el estar vivo en un mundo sin justicia. Y esa injusticia que nos aterra a los que podemos todavía tener el privilegio de reflexionar cae como un mazazo en la cabeza todos los días de gente que sufre la injusticia y ni siquiera tiene la posibilidad de reflexionar, porque el dolor es tan grande, el peso de esa injusticia sobre su vida cotidiana es tan abrumador que sufre la injusticia y muchas veces le priva de poder reflexionar sobre esa injusticia.

Porque no es sólo sufrirla, es también tener la posibilidad de entender las causas. Los efectos abruman pero hay que poder superarlos y poder entrar en las causas. Si no los efectos simplemente se reproducen y paradójicamente el que sufre la injusticia sólo sufre dolor, está privado de la construcción de su consciencia que le permita ver la causa real y a partir de esto levantarse contra esa injusticia que sufre.

¿La injusticia habrá matado a Gualberto Solano, el papá de Daniel, desaparecido hace más de 6 años?

V.Z.L.: Me enteré en días pasados y me vino un gigantesco dolor. Yo lo conocí estando en Choele Choel, dando una capacitación a maestros y profesores de la zona. Me entero caminando por la plaza de la ciudad de quién estaba ahí, en una carpa precaria hecha con bolsas de nylon negro y un cartel escrito a mano con letra despareja que decía “hasta que no me den el cuerpo de mi hijo no me volveré a mi casa”.

Me provocó tanto ese cartel que superando mi timidez me acerqué a hablar. Estaban el papá y una sobrina de Daniel Solano, ese obrero changarín desaparecido en la provincia de Río Negro. Me animé a hablar con él, un hombre que le costaba hablar, el sufrimiento y la injusticia lo excedían. Lo invité a que pudiera ir al curso de Derechos Humanos que estaba dando para los docentes de la localidad. No se animó, le daba vergüenza, le pidió a su sobrina que fuera. Ella fue y contó a los maestros y profesores del lugar lo que estaba pasando con Daniel Solano, desaparecido por haberse alzado contra las injusticias de este mundo. Sigue desaparecido y su padre muere sin poder haber llevado el cuerpo de su hijo a Salta, de donde estos hombres de la comunidad de los pueblos originarios procedían. Todo esto me lastima mucho.

Te quiero trasladar a un 28 de marzo de 1942. Fallecía en la cárcel de Alicante con 31 años Miguel Hernández.

V.Z.L.: Yo creo que a todos, amen o no la poesía, porque en realidad no creo que haya alguien que no ame la poesía, pero la gente a veces ama las cosas y no se preocupa mucho por ellas, pero se preocupe la gente o no, la vida de este poeta creo que sí nos toca, nos conmueve y afecta a todos. Pocas veces se da que un artista camina armoniosamente por el mundo que le tocó vivir uniendo la dignidad de la vida y la profunda sensibilidad del espíritu, la conciencia de los días que está viviendo y todo eso se transforme en un profundísimo canto de rebeldía, en un profundísimo canto de amor por la vida y los seres concretos. Especialmente, por los seres que cotidianamente sufren en carne y alma propia esa injusticia de la que hablábamos antes.

Eso es lo que está detrás de este gigantesco poeta, de cada uno de los poemas que escribió, algunos tan conocidos que la gente ya ni siquiera sabe quién los ha escrito pero los conoce. Tal  vez esa sea la mayor alegría que puede alcanzar un poeta, que la gente no sepa lo que él escribió, pero que conozca ese poema o esa canción con la que contribuyó a que el mundo sea mejor de lo que es.

Ese es el caso de Miguel Hernández. Nos toca a todos y se convierte en un ejemplo para los que amamos la poesía pero también para los que aman la vida y no se conforman con que sea esta caricatura que buena parte del mundo vive, algunos alienados en las prácticas terribles del consumismo y muchos por la acción concreta y cotidiana de este modo de repulsión material de existencia que se llama Capitalismo. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos, un mundo con poca justicia y con abundancia de dolor social.

¡Justicia por Santiago Maldonado!

Estuviste el pasado 1º de abril en Mar del Plata en la movilización por Santiago Maldonado.

V.Z.L.: Yo te he contado que habiendo sido invitado a la inauguración de un festival de poesía en la Patagonia, específicamente en Esquel, llegó el día que tenía que decir el discurso de inauguración del festival y escucho los comentarios de la intervención de Gendarmería, de la represión que se había producido la noche anterior y que había desaparecido una de las personas que estaban en la manifestación y habían sido reprimidas por la Gendarmería.

Más que ocuparme de mi propia obra que se estrenaba y organizar mi cabeza para decir las palabras con las que iba a compartir mi obra con la querida gente de la Patagonia, traté de interesarme mucho más por la situación de lo que contaban, de la desaparición de esta persona. No fue mucho lo que pude saber, pero a la mañana siguiente llega al hotel en el que estaba alojado Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, que había venido corriendo de Bariloche en un coche, con toda la angustia, aunque todavía no estaba definida la situación pero, obviamente, su hermano Sergio estaba preocupado porque las versiones sobre la dureza de la represión iban en aumento.

A partir de ahí viaja y llega Nora Cortiñas de urgencia. Junto con Nora nos pusimos a ayudar lo más que podíamos en la situación. Yo más que nada transmitiendo mi experiencia en estas desgracias, no te olvides que durante muchos años he defendido presos políticos en Argentina, he conocido estas situaciones de dolor. Sergio estaba  muy desorientado, estaba con fortaleza de ánimo pero desorientado. Fue el comienzo de una relación, una amistad que fui gestando con la familia Maldonado.

Ya sabemos de la desaparición de Santiago, de la gran lucha que dio la sociedad argentina, de la situación actual, un expediente absolutamente parado, con jueces que no investigan para nada, que por el contrario van ocultando la verdad de los hechos como si decir que se ahogó en el río diera por terminada la situación, sin preguntar quién lo puso allí, o si lo empujaron o si lo golpearon. Porque lo que se sabe es la represión, que Santiago estaba allí y que Gendarmería entra al mismo río que intentaba cruzar y ahora está su cuerpo muerto, ahogado y pasan los meses y nada se sabe de quiénes lo mataron, de quiénes lo desaparecieron, de quiénes son responsables de lo que Santiago padeció.

Todo eso llevó a que la familia Maldonado organizara un pequeño acto en la provincia de Buenos Aires en la localidad de la que son oriundos, y Sergio quiso que el acto tuviera repercusión con el objetivo de decir “no olvidamos a mi hermano, la sociedad sigue pidiendo justicia”. Me llegó una invitación de Sergio y fuimos con mi compañera de toda la vida, Regine, desde Villa Gesell donde estábamos a Mar del Plata.

También se había organizado una marcha donde participaron distintos organismos de DD.HH. y distintas organizaciones políticas. Fue hermoso que fuera un solo acto, que se pusieran de acuerdo para que todo fuera de fraternidad y unión. Porque el dolor de la familia Maldonado y todo ese calvario que padeció Santiago merece que cuando se hace un acto por él se superen las diferencias, que siempre son pequeñas frente al drama concreto que sufre la sociedad, que sufren las personas directamente involucradas como víctimas o como familiares.

Fue un acto con movilización, con apoyo desde la gente que pasaba, que mostraba su afecto por el homenaje a Maldonado. Me pidió la familia si podía leer los poemas que había escrito dedicados a Santiago, así que el acto fue eso, la manifestación y luego Sergio me pidió que subiera con él, leí el poema y después Sergio dijo unas palabras contundentes pidiendo justicia por su hermano, pidiendo que no se siga persiguiendo a la familia Maldonado, porque lo más triste de esto es que la familia es perseguida, investigada y vigilada, como si fueran culpables de lo que el Estado cometió criminalmente contra ese hermoso joven de conciencia clara que se llamó Santiago Maldonado. Eso es lo que puedo decir, que sigue abierto el compromiso para que sigamos pidiendo todos, justicia por Santiago Maldonado.

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Hoy,  5 de noviembre se cumplen seis años de la desaparición de Daniel Solano, el trabajador que había llegado desde Salta a trabajar en Río Negro. La palabra de su familia, el impacto que les generó la desaparición de Santiago Maldonado y la necesidad de que aparezca el cuerpo de Daniel en las líneas que siguen.

Si pudiéramos pensar un calendario en el que Gualberto, padre de Daniel Solano, tacha los días hasta encontrar a su hijo y llevarlo a su tierra natal para darle sepultura, los palitos serían infinitos y, cada uno, doloroso. Gualberto está de nuevo en Choele Choel porque el 15 de noviembre próximo se autorizó la búsqueda de Daniel en el jagüel ubicado a 25 km., en el campo “La Manuela” según resolvió el juez de garantías, Roberto Gaviña. Ese campo fue señalado por un testigo de identidad reservada en 2014 como el lugar donde arrojaron el cuerpo sin vida de Daniel. ¿Por qué allí? El cura párroco Cristian Bonin, que aloja a Gualberto en sus estadías en Choele y que está comprometido con la investigación, detalló: “Este campo está arrendado por la familia Segatori, y el que le sigue le pertenece al Dr. Vaira, médico de la policía rionegrina en Choele Choel. De acuerdo, a informes solían reunirse algunos policías a probar armas, practicar tiro y compartir mesa”.

Romina Solano, prima de Daniel, nos cuenta desde Tartagal: “Estamos a la espera de poder encontrar el cuerpo de Daniel en el jagüel. Es difícil para nosotros no saber dónde llorar a Daniel, donde encenderle una vela”.

El cuerpo de Daniel, además, colaboraría en profundizar la investigación por la que aún siguen procesados siete policías. Respecto de eso, Romina afirma: “Mi primo se encontró en el camino con personas que dañan la vida del otro queriendo ser más que un simple obrero”.

Es que Daniel había llegado en septiembre de 2011 desde Tartagal a Valle medio, en Río Negro, para trabajar en  la temporada de raleo y cosecha de manzanas, casi 2300 km hacia el sur. Además, pertenecía a la comunidad indígena Misión Cherenta. El reclutamiento de los trabajadores golondrina fue de para Agrocosecha SRL, que a su vez terceriza el servicio para la multinacional Univeg Expofrut SA, ubicada en Lamarque. A los galpones con mínimas condiciones  llegan cada año 400 trabajadores golondrina de comunidades indígenas de Salta y de barrios humildes de Tucumán y de Santiago del Estero. Cuando los trabajadores cobraron sólo 800 de los 1800 pesos prometidos en la partida, Daniel Solano alzó la voz. Y por eso mismo está desaparecido desde el 5 de noviembre de 2011, cuando fue sacado por la policía de Macuba, el boliche de Choele Choel, a las tres de la mañana. Entramados de complicidades entre las empresas frutícolas que explotan el trabajo golondrina, empresarios de la noche, fuerzas policiales de élite y jueces que hacen la vista gorda tiene la historia de Daniel.

Policías en acción

Si bien la causa tuvo sus idas y vueltas de la justicia Federal a la provincial, es importante destacar que siete policías estuvieron detenidos y que posteriormente fueron excarcelados, pero que aún siguen procesados: Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera por considerarlos autores de los delitos de vejaciones, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de personas. Pablo Andrés Albarrán Arcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuell, como partícipes necesarios de los delitos de vejaciones, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de personas. Héctor César Martínez como partícipe secundario en los mismo delitos pero se le suma el de “abuso de autoridad”, por haber sido Jefe de la Comisión Investigadora al inicio de la causa, y que como tal desvirtuara elementos de prueba ocultando, informando falsas hipótesis (por ejemplo, un viaje de Solano a otra provincia porque era “un picaflor”) y obstaculizando la investigación.

Aún así, “los siete policías están en funciones y van todos los días a trabajar con pistolas en la cintura”, nos informa Sergio Heredia, abogado de la familia Solano. Y afirma: “Esto es una aberración en la Argentina”.

Es inevitable pensar en las similitudes con el caso más reciente de desaparición forzada de personas seguida de muerte: Santiago Maldonado. El joven que participaba de una protesta del pueblo Mapuche en Pu Lof de Cushamen, en Chubut, desapareció tras una feroz represión de Gendarmería. La diferencia es que su cuerpo apareció después de casi 80 días. Sin embargo, previamente hicieron creer a su familia que no había estado allí; a Gualberto lo tuvieron sentado horas sin descanso frente a las grabaciones de las cámaras de la terminal de ómnibus de Choele: afirmaban que Daniel se había dio tras una “noviecita”; con Maldonado intentaron ensuciar su pasado, de Daniel dijeron barbaridades a pesar de que su familia, amigos y compañeros hablaban de lo  buen pibe que era; las empresas de comunicación  defendieron el accionar de policías y empresarios en ambos casos, los medios alternativos y populares trataron siempre de acercarse a la verdad.

Romina cuenta de lo que representó para ellas y ellos todo lo que sucedió esos casi tres meses con Maldonado: “Nos solidarizamos con su familia porque entendemos su dolor. Le ha pasado algo parecido a Daniel, la desaparición de una persona, y su muerte”. Por eso su fuerza está hoy en que aparezca el cuerpo: “Una esperanza aún en el dolor”, lo define Romina.

La esperanza aún en el dolor

Heredia recuerda que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica y  la OEA emitieron un pronunciamiento negativo hacia la Argentina por el incumplimiento de los derechos humanos”. Lo dice y lo repite por esto de “los desaparecidos en democracia” y la búsqueda incansable de justicia desde hace tantos años; seis más precisamente.

Esa esperanza de encontrar el cuerpo de Daniel cuenta, sin embargo, con una nueva traba. Así lo cuenta Bonin: “Hay decisión judicial que autoriza buscar, poniendo como fecha el 15 de noviembre el arranque de operaciones. Pero falta la decisión política de colaborar con la economía de la materialización de la búsqueda”.

La cifra que implicaría vaciar el jagüel es de más de 3.000.000 de pesos, de acuerdo al presupuesto de empresa PETERSER (una petrolera de Salta). El problema, según cuenta Heredia es que “debe pagarlo la querella; es decir no obstante que estamos hablando de conductas delictivas que hizo el Estado, debe pagarlo la querella”.

Desde Río Negro todos los legisladores, por fallo unánime, elevaron una carta al gobernador peticionando fondos para tal fin. Aún no hay respuesta. Desde Salta, se manifestó que se colaboraría, pero en concreto no hay nada definido.

Por eso, cierra Bonin, “casi en tono imploratorio, se pide que los gobiernos se hablen, se complementen y se presenten ante el poder judicial como los financiadores de la tarea”.

Hace un año y medio, en mayo de 2016, escribíamos desde este portal que “la persistencia de Gualberto es una grieta en el sistema que no contaba con esa paciencia ancestral de pueblo originario”. Hoy esa sensación parece cada vez más firme. Y por eso no dejaremos de preguntar desde el frío lejano de Río Negro y desde el sol furioso de su Tartagal natal, ¿Dónde está Daniel Solano?

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El 5 de noviembre de 2011 desaparecía Daniel Solano en Choele Choel. Una crónica a seis meses de su desaparición y las notas que fuimos realizando ante cada novedad. Nuestra manera de mantener presente esta historia y apoyar el reclamo de Gualberto, su padre, y sus familiares.

Con la reciente novedad en la causa de que la Dra. María Cecilia Constanzo “fue cesanteada por resolución en el sumario administrativo que se tramitaba en la junta disciplinaria y que se inició por una denuncia nuestra ante la Secretaría de Trabajo”, según palabras del abogado de la familia, Sergio Heredia; luego de que la causa fuera rechazada por la justicia Federal y volviera al fuero provincial y charláramos en Choele Choel con Gualberto Solano, después de que rechazaran el descenso al Jagüel (donde se afirma podría estar el cuerpo de Daniel) y en apoyo a la marcha y festival que se realizará hoy en Choele; desandamos el largo pedido de justicia por Daniel. La crónica realizada a los seis meses desde el lugar y todas las notas que fuimos sumando en estos años.

¿Dónde está?

Pareciera que la historia resulta circular, que se repite en tiempos y espacios similares. Y si es circular, si se permite volver a suceder, no es por un destino inexorable de círculos concéntricos, sino porque los perpetuadores del poder, las fuerzas de choque estatales aliadas con el empresariado y la explotación laboral siguen tan vigentes y tan impunes como hace siglos.

Por esas circularidades, esas perpetuaciones, Daniel Solano, un indígena perteneciente a la comunidad Misión Cherenta, de Tartagal, Salta, recorrió 2.300 kilómetros en plan de trabajo y fue secuestrado y desaparecido a manos de la fuerza represora del Estado, muy cerca del monumento a Roca que se erige entre las localidades de Choele Choel y Darwin, en la Patagonia argentina. Ahí, sí, en manos de las fuerzas herederas de los que llevaron adelante la “Campaña del Desierto”. Ahí, bajo la mirada del que todavía se venera en un monumento inmenso y en el billete de mayor valor de nuestra moneda.

Daniel Solano está desaparecido desde el 5 de noviembre de 2011, cuando fue sacado por la policía de Macuba, el boliche de Choele Choel, a las tres de la mañana. Entramados de complicidades entre las empresas frutícolas que explotan el trabajo golondrina, empresarios de la noche, fuerzas policiales de élite y jueces que hacen la vista gorda tiene la historia de Daniel. Y también, la de un pibe de 26 años que reclamó por un sueldo pagado a medias, que viajó en búsqueda de un trabajo digno y que intentó ser solidario hasta el final…

La manzana prohibida

Era la tercera vez que Daniel se subía al colectivo para viajar hacia Río Negro a la temporada de raleo y cosecha de manzanas.

En Tartagal significaba un acontecimiento ir a despedir a los que partían por cuatro meses hacia la lejana Patagonia.

Había que completar el micro con sesenta trabajadores. El puntero de la zona (algo así como un caporal) fue el encargado de hacer el reclutamiento para Agrocosecha SRL (una empresa que falsamente se hace llamar “cooperativa”), que a su vez terceriza el servicio para la multinacional Univeg Expofrut SA, ubicada en Lamarque, hacia donde iban a llegar en unos días los salteños.

Además de la esperanza de un empleo estable por un tiempo, los trabajadores partieron cargando su colchón y sus sábanas: los esperan cuatro meses en unos galpones llamados “gamelas”, con capacidad para apiñar a 200 personas en camas cuchetas, pegadas unas a otras, con un pequeño lugar de duchas y tres inodoros. Allí llegan cada año 400 trabajadores golondrina de comunidades indígenas de Salta y de barrios humildes de Tucumán y de Santiago del Estero.

Firmaron el contrato durante el viaje por unos mil ochocientos pesos mensuales y con una cláusula para rescindir el contrato en caso de generar disturbios o de tener problemas con la policía. Ante cada frontera provincial, debieron simular ser turistas en vez de obreros frente a los controles. Llegaron, entonces, a la localidad de Lamarque, en el Valle Medio, después de días de viaje con su ropa, sus sábanas y su colchón, pero de dinero, nada. Lo que habían conseguido juntar laburando en changas en sus provincias se había quedado allá, para sus familias. Por eso los cincuenta pesos semanales que les da la patronal son una miseria. No alcanzan para nada y deben pedir fiado en las despensas “habilitadas”; incluso algunos trabajadores sobreviven pescando carpas (peces que son una plaga, duros y desagradables por alimentarse de cualquier cosa).

El cobro del primer sueldo resulta el momento más crítico: los descuentos son excesivos y muchos no pueden girar el dinero a sus casas; el ciclo es inevitable: trabajan, no les pagan, son discriminados, son maltratados, muchos optan por el alcohol ante una situación sin salida. El grupo BORA (Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto), entonces, tiene su accionar justificado. La tropa de élite es tristemente conocida en Río Negro por su intervención en las matanzas durante las represiones de Bariloche, que derivaron del asesinato de Diego Bonefoi en 2010. El grupo que, como detentan sus siglas, es entrenado para estar en eventos multitudinarios y en manifestaciones, se encarga de custodiar a los trabajadores de las gamelas. Habitantes de Valle Medio cuentan que para entrenarlos deben pasar por situaciones de tortura dispuestas para “endurecerlos”, que los forman en pozos con excrementos, en los que les tiran cosas. La custodia incluye amenazas, que ingresen a cualquier hora en las gamelas, que peguen, pateen y roben libremente. En esas mismas gamelas que están cerca, muy cerca, de la casa natal de Rodolfo Walsh.

Daniel ya había estado allí otras dos veces. Había terminado el secundario y en su ciudad le decían que por qué no se quedaba, que por qué no estudiaba, que por qué no aprovechaba esa posibilidad de haber terminado los estudios. Pero Daniel viajaba, le gustaba cosechar manzanas, conocer otros lugares, estar en contacto con la tierra, ganarse el mango dignamente.

Se subió al colectivo ese septiembre de 2011 y dejaba para su vuelta la titularidad en el arco del Club deportivo Guaraní con el que habían logrado entrar al Torneo del Interior 2012 (Argentino C) y que era el primer equipo indígena en jugar un torneo de la AFA.

Dejaba a su novia María Luisa con la promesa de comunicación constante, lo que confirman los casi 50 mensajitos que se mandaban por día. A sus amigos de toda la vida, Germán y Sara, que no habían podido llegar ese día a llevarle la bolsa de golosinas de su kiosquito; a su padre Guillermo, a su abuela y sus hermanas, sus tíos.

Dejaba sus discos de cuarteto y su comida preferida, las empanadas de su abuela, para su regreso.

Pero el 22 de enero de 2012, el Guaraní debutó ante Coronel Cornejo de Tartagal, en el Torneo del Interior, y Daniel no estuvo en el arco.

Nueva noche fría

El viernes 4 de noviembre de 2011, Agrocosecha pagaba sus primeros sueldos de la temporada. La fila de trabajadores transmitía entusiasmo y expectativa. Pero a medida que regresaban con el dinero en la mano, las caras y los ánimos eran otros. 800 pesos eran lo que recibían en vez de los 1.800 acordados (una estafa redonda si se la piensa en grande: 1.000 pesos por trabajador en un total de 400 serían unos 400.000 de excedente para repartir en una estructura mafiosa).

La tristeza era también silencio, y era miedo. Pero Daniel no se calló. Se enojó, gritó, y amenazó con una huelga para el lunes siguiente. Los capos de la empresa Agrocosecha ya lo conocían: A Solano lo querían todos. Tenía capacidad para captar la atención de sus compañeros y una alegría contagiosa. Lo conocían, y por eso le habían propuesto ser puntero. Le sería fácil. Pero Daniel no había aceptado. No quería saber nada: “No, los vagos después te miran mal porque saben que estás por arriba de ellos. No quiero ser más que nadie”, decía. No. Nada de altos mandos, él quería trabajar nomás.

Sabían que el lunes la huelga se iba a realizar si el reclamo estaba por Daniel Solano. Y Solano sabía quién era su patronal. Y conocía a la custodia. Por eso se quedó el viernes adentro, por eso prefería no salir de las gamelas y exponerse. Pero no sólo el poder es el que traiciona. Algunos compañeros de Daniel lo convencieron de salir a bailar el sábado a la noche, entre ellos el puntero y otro al que varios testigos señalan como el “entregador”.

A veinte minutos de haber entrado, por micrófono lo nombran y lo señalan desde la cabina. Él es Daniel Solano, es ése. Las fuerzas policiales (sí, que también son custodia en el boliche Macuba) lo empujan hasta la vereda y lo llevan hacia la esquina. Daniel se defiende, retrocede, tira piñas al aire.

En el fondo de la calle lateral espera un patrullero. A Daniel lo meten ahí. Fin de la historia.

El cuento de la buena pipa

Siempre las historias circulares. Los moldes en serie de la acción paramilitar: un indio que molesta, patotas armadas, desaparición misteriosa; ensuciar a la víctima.

“Yo me entero allá en Tartagal el lunes 7 a las 11 de la noche. Me avisó la mujer del puntero que Daniel no aparecía. Siempre hablábamos por teléfono, yo lo llamaba seguido. Ahí me fui para Choele a ver qué pasaba”. La peregrinación de Gualberto empezó desde su llagada: Agrocosecha lo recibió con los brazos abiertos para explicarle que Daniel era un “picaflor” y que, seguro, se había escapado por ahí con una noviecita. A Neuquén, se fue para allá, a divertirse. Lo vieron sacando pasaje en la terminal, decían; y subiéndose a un colectivo, completaban, que partía rumbo a Neuquén. En una provincia con los prostíbulos prohibidos, quienes declararon estas afirmaciones fueron proxenetas, prostitutas y familiares de policías.

En enero, Sara contactó en Tartagal al que sería el nuevo abogado de la familia, Sergio Heredia. El 18 de ese mes presentó una denuncia contra 34 personas, entre ellos policías, la jueza Marisa Bosco y el fiscal interviniente Miguel Ángel Flores, empresarios y compañeros de trabajo de Daniel Solano. Una denuncia que parecía sorpresiva para la pequeña ciudad de Choele Choel en enero, pero que fue dando cuenta de la asociación ilícita que hubo entre todos los sectores para llevar a cabo la desaparición de Daniel.

Para esa época, a Gualberto ya lo habían echado de la empresa petrolera de Tartagal en la que había trabajado por más de quince años. Familia y amigos llegaban para dar apoyo y contención, pero todo seguía pareciendo confuso y los organismos estatales mostraban total indiferencia para dar respuestas. Por eso, a tres meses de la desaparición de Daniel, su familia decidió armar un campamento en la plaza que está frente al Juzgado N° 30 de Choele Choel. “Yo quiero que me den una respuesta y me voy. Ya perdí a mi hijo, perdí mi trabajo…”, explicaba Gualberto. Así, la comunidad de Choele empezó a visibilizar la lentitud de la justicia, pero también a solidarizarse y acompañar de diversas maneras: se formó la Comisión de Solidaridad y Apoyo a la Familia Solano, y también empezaron a llegar vecinos a saludar, a preguntar cómo andaba Gualberto, a llevar calabazas recogidas de sus huertas o kilos de pan para sopar en el guiso.

El 5 de mayo se cumplieron seis meses. Gualberto decidió encadenarse a la fiscalía, junto con su hermano Pablo y Julieta, la madre de Atahualpa Martínez Vinaya (ver recuadro), e iniciar una huelga de hambre para solicitar el avance de la causa. También se planeó una jornada cultural en la que Chelo Candia pintó un mural frente a la comisaría, con la colaboración de los vecinos. “Los canas se toparán todos los días, y por mucho tiempo, con esta acusadora mirada de Daniel”, cuenta Chelo sobre el mural que da cuenta de los trabajadores golondrina y las condiciones de explotación, la complicidad policial con los empresarios, y la lucha por la búsqueda de Daniel de familiares y vecinos. Se realizó una marcha, siempre con la fila de niños adelante, de la que también participó Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, quien engripada y todo arengaba desde el megáfono un emocionado “presente” ante el nombre de Daniel o de Luciano.

El rostro de Daniel estaba en las pancartas, en el mural, en el rumor que corría en Choele tras el paso de los caminantes, y también en las voces de sus familiares y amigos que querían contar, que insistían: “Daniel era un buen chico, nacido y crecido en Cherenta”. Mayra es una de las ocho hermanas de Gualberto. Por su edad, es bastante cercana a Daniel, pero por su crianza, y por ser mujer, nunca compartió salidas con su sobrino: “A mi madre, sobre todo, no le gusta que salgamos. Y Gualberto tampoco salió. Siempre adentro nomás, sólo salir a hacer algún trámite”.

Sobre Daniel recuerda que “siempre pasaba a ver a su abuela. Cuando le hacíamos el cumpleaños él estaba presente, en mayo, que estaba de regreso. Este cumpleaños ya no va a ser lo mismo. Cuando estábamos en Tartagal, quedamos asombrados de lo que decían acá: que era un borracho, que le pegaba al padre, cosas que no eran así. Como vivimos cerca de él, lo hubiéramos sabido si era cierto”.

Sara se instaló en Choele desde enero. En Tartagal quedaron su hija de 14 años y su esposo. Cuenta que él la apoya completamente y que siempre fueron muy independientes, “de no cargosearse”. A Daniel lo conoce desde chico porque andaban todo el día con su hermano Germán jugando a la bolita y a la pelota. Su casa era el segundo hogar. Siempre estaba en las fiestas familiares e incluso había llegado la noche del cumpleaños de su hija, el mayo anterior, para cenar con ellos. “Mi hija también pasó a ser amiga de él porque Daniel seguía siendo un adolescente”. Y, claro, con Germán compartían también la barra de amigos que jugaba a la pelota: “Pililo, Pichín, José, Cuchi, el Pintudo (al que llamaban así irónicamente porque era el más feo del grupo)”. A Daniel le decían “el Nene”, aunque contaba con un apodo extraoficial: “Mal panza”, que nunca quisieron explicar pero sobre el que todos decían “porque todo lo que come le hace mal” mientras se reían con complicidad de amigos.

Sara se enoja cuando vuelve al presente: “Me da pena ver a Gualberto. Me da bronca porque todo el tiempo tenés que verles las caras a los mismos que lastimaron a Daniel”.

Gualberto también habla de Daniel: “El único hijo varón, de seis. Su mamá murió cuando él tenía 13 años y mi hija menor, 8 meses; así que siempre trabajó para ayudarnos. Era un muchacho feliz, que siempre tuvo los pies sobre la tierra”.

¿Será justicia?

Con Gualberto encadenado, algunas respuestas fueron llegando: aparecieron las pruebas telefónicas que demostraban que los policías sospechados tuvieron el teléfono luego de su desaparición, se imputó a 22 policías –de los cuales sólo diez fueron separados de sus funciones (y seis están cobrando el 50 por ciento de sueldo) – y se le otorgó una secretaría al juez para que le pueda dar dedicación exclusiva al caso.

Actualmente, la causa cuenta con más de 150 declaraciones testimoniales que avalan la hipótesis de que los responsables directos de la desaparición de Daniel fueron efectivos policiales, pero los tres citados en el mes de junio (Pablo Andrés Albarrán, Diego Vicente Cuello y Pablo Roberto Quidel) no se presentaron a declarar con certificados médicos por problemas psicológicos.

Corren rumores en Choele Choel. El aire está espeso y lleno de presagios. Cerca de la terminal hay un camión estacionado. Alguien cierra la puerta y adentro se ven, claramente, personas sentadas a los costados. La caja se cierra. El camión arranca.

Choele es la localidad más antigua de la Patagonia. Una de las siete localidades que conforman el Valle Medio, resultó el lugar elegido para organizar estratégicamente la “Campaña del desierto”. Un poco más adelante, empezó a poblarse por ser un lugar clave para entrar a la Patagonia y llegar a la pampa húmeda. Cada pueblo del Valle Medio se fue conformando con características bien particulares: algunos centrados en el trabajo rural, pero Choele, como cabecera del Valle Medio, permitió que se asentara y conformara una burguesía comercial conservadora y con trabajos estables y en blanco. Por eso en Choele Choel se compra en cuotas y los empresarios son prósperos. Por eso la idea es que nada cambie, porque así está bien, porque así se benefician siempre los mismos.

Pedro y Mercedes son parte de la Comisión de apoyo. Cada día llegan a dar una mano, a colaborar con la cocinada, a ver cómo está la salud de Gualberto. Habitantes de Choele Choel, involucrados en la lucha cotidiana contra una sociedad conservadora que los señala, nos cuentan el porqué de un apriete contra Daniel: “Esa era una apretada para todos, porque la situación venía rara con la empresa. Con el tema de cobrar la antigüedad, había muchas estafas, y también existen trabajadoras en conflicto por el tema de la salud. Las mujeres que trabajan en la cinta tienen que separar las manzanas para exportación, para el mercado nacional y para descarte. Entonces lo hacen con los brazos sin apoyar y a un ritmo constante; y a los diez años tienen terrible tendinitis y apenas pueden levantar los brazos hasta cierta altura. De esas chicas, la gran mayoría perdió los juicios, una hasta se volvió loca, y es un tema, porque quedan incapacitadas a los 30 años”.

En Choele se levantan los rumores, como la tierra de la Patagonia cuando se arremolina, “que hay un video de la jueza fulana practicándole sexo oral al comisario”, “que ese mismo comisario es el que sacó a Solano del boliche”, “que era el mismísimo comisario que encargado de llevar adelante la investigación por la desaparición de Solano en un principio”.

No es realismo mágico. Ya nos acostumbramos a las verdades que superan cualquier relato ficcionalizado. Sucede en un pueblo de la Patagonia y las mentiras y los secretos intentan cubrirlo. Sucede que la historia se repite y todo vuelve a desfilar ante nuestros ojos. Pasa que nos quieren creer eso de la historia para que pensemos que “así son las cosas” y que, de vez en cuando, a algún indígena le toca morir en nombre del progreso. Del progreso para unos pocos, del progreso para los de siempre, bah. Pero la historia de los que ganan puede ser fracturada, la pintura de la realidad puede saltar como las capas que cubren los entramados siempre que haya un sueño inconcluso, una vida silenciada y personas que luchan para que nada quede como está.

Notas relacionadas: http://www.marcha.org.ar/caso-solano-o-la-persistencia-contra-la-perversion-del-sistema/

• http://www.marcha.org.ar/caso-solano-cuando-los-traidores-no-pueden-mas-que-unos-cuantos/
• http://www.marcha.org.ar/donde-esta-daniel-solano-diario-de-una-causa/
• http://www.marcha.org.ar/el-hambre-de-la-justicia-donde-esta-daniel-solano/
• http://www.marcha.org.ar/un-ano-sin-daniel-solano/
• http://www.marcha.org.ar/solano-desaparicion-e-impunidad-en-rio-negro/

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El asesinato del policía Lucas Muñoz, un nuevo hecho que conmueve a Río Negro y que devela complicidades policiales, judiciales y políticas que salpican hasta al Gobernador. Frente a la falta de justicia, también hubo marchas y escrache.

Un nuevo hecho pone en primera plana una vez más el accionar de la Policía de la provincia de Río Negro. Esta vez la tragedia recayó sobre un efectivo de la propia fuerza policial, lo que parece mostrar que hay una compleja trama que no solo castiga a los sectores más pobres, tal como venimos contando, sino que recae sobre las propias internas.

El sábado pasado se realizó una nueva marcha en Bariloche en demanda de justicia por el crimen del oficial de policía Lucas Muñoz, y por los femicidios de Micaela Bravo y Natalia Báez, que conmocionaron la ciudad en los últimos meses. Participaron familiares, amigos, amigas y vecinos de las víctimas, en la convocatoria que partió desde la Escuela de Arte La Llave y se dirigió por Onelli, Moreno y Mitre hasta llegar al Centro Cívico. A la movilización se sumó un escrache a los polícias implicados en el caso Muñoz, con carteles que aparecieron pegados en las calles céntricas de Bariloche.

Desaparición y asesinato del policía Lucas Muñoz

El viernes 12 de agosto despidieron los restos del oficial de policía Lucas Muñoz en la ciudad de Bariloche, desde donde partió hacia Ramos Mexia, su lugar natal, una localidad de 1000 habitantes, en la provinicia. El jóven policía Lucas Muñoz desapareció el 14 de julio en Bariloche, cuando se dirigía a tomar su guardia en la Comisaría 42. Salió de su casa y no se lo volvió a ver. Frente a su ausencia y la falta de diligencias para ubicarlo, su familia denunciaba que “No hay interés de la jefatura de buscarlo. Son los propios compañeros quienes realizan rastrillajes, se quedan después de hora para seguir sus pasos pero no hay órdenes explícitas de los jefes”.

En el curso de las investigaciones fueron imputados y detenidos policías, por sus implicaciones en el caso, mientras la trama llega hasta las cúpulas policiales y envolvió a varios jefes que fueran apartados. El propio gobernador intervino en el esclarecimiento del caso. La presión familiar se hizo sentir, con marchas, que se iniciaron el día 30 de julio, organizadas en medio del temor de la población por participar. El jueves 12 de agosto, al conmemorarse las 2000 rondas de Madres, en el Centro Cívico de Bariloche, junto a las Abuelas, también se pidió por juicio y castigo a los responsables de la desaparición Lucas. Después de 27 días de búsqueda, el viernes 12 de agosto, finalmente fue hallado sin vida el cuerpo de Lucas Muñoz, en un descampado en las inmediaciones de la Circunvalación de Bariloche, donde pocos días antes se hizo un rastrillaje sin resultados. Desde el colectivo Al Margen denunciaban que: esta vez no “desapareció” un joven por sus ideas, sino al parecer por saber algo del lado oscuro de la policía.

Quizás el caso más resonante mediáticamente fue el de Daniel Solano oriundo de Tartagal, que en noviembre de 2011 desapareció de un boliche. El joven había llegado a Choele Choel a cosechar fruta tras permanecer desaparecido, fue encontrado asesinado. El de Daniel Solano no es un hecho aislado. Hay otros casos de jóvenes desaparecidos y asesinados, en los que existen tramas vinculadas a la trata de personas, la violencia policial, la estafa empresarial y la impunidad judicial y política.

Ninguna casualidad

El abogado Sergio Heredia, que acompaña a la familia Solano por la desaparición y asesinato de Daniel, en declaraciones para Radio Encuentro de Viedma ratificó su postura crítica respecto del rol que viene jugando desde hace mucho tiempo la fuerza de seguridad en la provincia, y fue claro: “No hay que dejar que la policía participe en la investigación del caso Muñoz”. Recordó que el Oficial Daniel Irusta, recientemente detenido en el marco de las acciones judiciales por la desaparición de Lucas Muñoz, fue encubridor principal de los policías que asesinaron a Daniel Solano y de quienes dieron la orden, los dueños de Agrocosecha. Agrega: “Irusta, que debió ser exonerado de la policía, acaba de ser detenido en la causa Muñoz con sospecha de que también haya encubierto el accionar de policías”. El abogado Heredia afirma que la policía es un engranaje fundamental de actividades delictivas, que tiene una protección especial que le otorga la Ley Orgánica que no pudo ser modificada durante el gobierno de Wereltineck y que avala que sucedan estas aberraciones ya que un policía recién puede ser exonerado de la fuerza ante una condena firme. En ese sentido, afirmó: “Los policías tienen en esta provincia una protección que no tienen en otras provincias”

Policía, violencia y algo más

Cada año, miles de trabajadores temporarios viajan a Choele Choel, el pueblo donde nació Rodolfo Walsh, a cosechar fruta. El joven, de Tartagal, Daniel Solano visto por última vez allí en noviembre de 2011, es uno de los tantos que se desplazan a distintas localidades de la provincia.

En la Patagonia la policía tiene permiso para salir de cacería: detienen, golpean, desaparecen y matan a pibes. Sus familias buscan justicia y no la encuentran. Algunas causas judiciales están paralizadas. En otras se han desestimado pruebas contundentes que determinan el olvido del caso. Si no fuera por la lucha de los familiares la impunidad muchas veces sería ley.

Bariloche y RíoNegro aún tiene en el más fresco recuerdo el caso de Diego Bonefoi en donde la Cámara Primera del Crimen condenó a 20 años de prisión al cabo Sergio Colombil por haber baleado en la nuca al chico de 15 años. En este caso los jueces aplicaron una condena fuerte al ex cabo, pero rechazaron el pedido de perpetua de la fiscalía por considerarla inconstitucional, porque no habilita la gradación de la pena, no tiene fines humanitarios, y el condenado es joven. Así evitaron aplicar el artículo del Código Penal que castiga con perpetua a policías que cometieron un crimen semejante al de Bonefoi.

Un reclamo de justicia que se extiende en la provincia

Río Negro parece constituir un peligroso antecedente en materia inseguridad policial con un accionar repetitivo de casos en donde la fuerza se halla involucrada. Hace poco tiempo el Superior Tribunal de Justicia de la provincia le otorgaba legalidad la práctica sistemática, que se realiza contra los jóvenes de sectores vulnerables, de detener por averiguación de antecedentes. El lunes 15 de agosto se realizó un corte en rutas 3 y 23 en reclamo de justicia y esclarecimiento. Familiares de desaparecidos de la provincia se organizaron para hacer oír el reclamo de justicia en distintos lugares. Con la activa participación de familiares de Lucas Muñoz en el empalme de las rutas 3 y la 23.

Los abogados de la familia del oficial de la policía Lucas David Muñoz, pidieron al fiscal a cargo de la investigación, que el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, sea citado a declarar dado que creen puede tener información sobre un supuesto “pacto de silencio” entre uniformados.

Sin justicia, con escrache

Un afiche circula en la región con las fotos de Rodrigo Hredil, desaparecido hace un año en Las Grutas, de José Codina desaparecido el 13 de julio pasado en Valcheta y cuyo cuerpo apareció sin vida, de Daniel Solano desaparecido y asesinado en noviembre del 2011, de Lucas Muñoz desaparecido y asesinado en Bariloche y el del taxista de Allen Carlos Painevil desaparecido en el 2012. En algunos casos el reclamo está unido al pedido “por una policía no corrupta y emparentada con el delito”, como claramente sucede con el asesinato de Daniel Solano y de Lucas Muñoz. Y en todos los casos hay un reclamo de una policía y una justicia más eficiente y que responda con celeridad y sin presiones al clamor de “no a la impunidad”.

El último sábado en el centro cívico de Bariloche se realizó una marcha por justicia para Lucas Muñoz y por los femicidios de Micaela Bravo y Natalia Baez. Al mismo tiempo la zona céntrica apareció empapelada con carteles que exhiben los rostros y nombres de los integrantes y exjefes de la Policía de Río Negro imputados por el caso Lucas Muñoz. Los carteles exhiben las fotografías de cada uno de ellos y una breve reseña que explica las razones por las cuales fueron apartados, trasladados y/o detenidos en el caso. En primer lugar aparecen los tres imputados por la desaparición y homicidio del oficial Muñoz: Federico Valenzuela Campos, Néstor Meyreles y Luis Daniel Irusta. Además son señalados Manuel Poblete, ex segundo jefe de la Regional Tercera, Jorge Elizondo ex comisario de la unidad 42º donde se desempeñaba Muñoz y David Paz, ex jefe zonal del departamento de Seguridad Vial

En el país crecen día a día las acciones en donde las fuerzas policiales se hallan involucradas en actos delictivos y represivos, contra los sectores de menores recursos, contra dirigentes y luchadores sociales. Quizas la más brutal expresión fue la represión a los jubilados en el Puente Pueyrredon, hace una semana, o la detención ilegal y arbitraria de la legisladora, para el Parlasur, Milagro Sala, que ha sido repudiado dentro y fuera de nuestro país y hasta por organismos internacionales.

El reclamo de justicia de sectores organizados aparece hoy como la acción más fuerte y contundente para oponerse al accionar mafioso, vestido de uniforme policial, que parece contar con cobertura política y judicial. Mientras tanto el gobierno nacional y sus funcionarios denuncian públicamente ser intimidados y apremiados por acciones incomprobables al tiempo que se comunica un plan contra el narcotráfico, que amenaza con incrementar el descontrol policial.

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Luego de que la causa fuera rechazada por la justicia Federal y volviera al fuero provincial, conversamos con Gualberto Solano en Choele Choel. Además, el abogado de la familia, Sergio Heredia, actualiza las novedades de la causa.

Los días cálidos se terminan en Río Negro y el frío empieza a sentirse sin aviso y con intensidad. Gualberto Solano, el padre de Daniel, pone la pava en la piecita destinada a las donaciones de Cáritas que ocupa en la parroquia a cargo del joven Cristian Bonin. Gualberto se cuida del frío todo lo que puede, porque sólo un pulmón le funciona después de haber trabajado por años expuesto a la intemperie. Llegó hace más de cuatro años desde su Salta natal y se quedó: primero para encontrar a Daniel y, luego, con la certeza de que ya no aparecería con vida, a la espera de que aparezca su cuerpo y se juzgue definitivamente a los culpables de su asesinato y las redes de complicidades. Cada día va hacia al acampe que mantiene la familia Solano frente al juzgado N° 30, donde se lleva adelante la causa; y donde esa mañana sus sobrinas, Maira y Romina, cocinaban empanadas para vender el 1 de mayo, día de trabajador.

También hace algunas “changas” que lo ayudan económicamente un poco: corta el pasto en algunas casas, cuida las instalaciones de la iglesia por la noche o cuando Bonin está de viaje. La tozudez de Gualberto genera inquietud en un sistema que preferiría que todo quede como está y donde el caso de Daniel Solano generó un error en la Matriz. Como cuenta el abogado de la familia, Sergio Heredia: “El caso Solano resume lo que pasa en este país, donde el gran problema es la justicia, la explotación laboral, la discriminación, la trata de personas, la droga, la mediocridad y la ineficiencia judicial”.

Es que Daniel había llegado en septiembre de 2011 desde Tartagal a Valle medio, en Río Negro, para trabajar en  la temporada de raleo y cosecha de manzanas, casi 2300 km hacia el sur. Además, pertenecía a la comunidad indígena Misión Cherenta. El reclutamiento de los trabajadores golondrina fue de para Agrocosecha SRL, que a su vez terceriza el servicio para la multinacional Univeg Expofrut SA, ubicada en Lamarque. A los galpones con mínimas condiciones  llegan cada año 400 trabajadores golondrina de comunidades indígenas de Salta y de barrios humildes de Tucumán y de Santiago del Estero. Cuando los trabajadores cobraron sólo 800 de los 1800 pesos prometidos en la partida, Daniel Solano alzó la voz. Y por eso mismo está desaparecido desde el 5 de noviembre de 2011, cuando fue sacado por la policía de Macuba, el boliche de Choele Choel, a las tres de la mañana. Entramados de complicidades entre las empresas frutícolas que explotan el trabajo golondrina, empresarios de la noche, fuerzas policiales de élite y jueces que hacen la vista gorda tiene la historia de Daniel, eso de lo que habla Heredia.

Un regreso que no es volver a empezar

Hace un mes y medio la Justicia Federal rechazó su competencia para investigar el caso como “Desaparición forzada de persona”. Sobre el tema, nos explicó el abogado: “La causa Solano tiene una principal que es la del homicidio y vejaciones y privación ilegítima de la libertad, donde se procesó a los siete policías que estuvieron detenidos tres años [liberados luego con bajas fianzas], que son los autores materiales del crimen. Pero el fiscal Guillermo Brodato planteó la incompetencia de la causa, y dijo que nos encontramos en presencia del delito de desaparición forzada de persona, que es un delito más grave que el homicidio, de lesa humanidad. Nosotros nos opusimos porque consideramos que no era así, pero sobre todo porque ir a la Justicia Federal era prácticamente comenzar todo de nuevo, porque a los policías había que darles la defensa nueva por el nuevo delito planteado”.

“Creemos que esto fue una medida de encubrimiento de toda la justicia provincial para sacarse la causa de encima”, afirmó Heredia. Por eso, “cuando la causa pasó a la Justicia Federal no aceptaron el juez determinó que quien debe resolver esta cuestión (con pérdida de tiempo) será la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Hoy siguen esperando que se autorice la excavación en el Jagüel cercano a Choele Choel, donde el abogado afirma que está escondido el cuerpo de Daniel, según afirmaron ya varios testigos. “El poder político y empresarial de Río Negro quería que nosotros lleguemos únicamente a los policías, que nos volviéramos y que ahí quedara el tema, que quedara todo olvidado con respecto a los empresarios, que son los que ordenaron la muerte. La causa siguió y sigue avanzando por más que la Justicia ha protegido a los autores ideológicos y a los encubridores. También hemos demostrado que las empresas que usaban a estos asesinos, como Agrocosecha Empresa Argentina, fueron declaradas en concurso en Córdoba para no pagar los 18 millones de la estafa a los obreros”, detalló Heredia.

Gualberto vuelve a calentar el agua y convida unos bizcochos que no se pueden comer de a uno. Mientras, muestra una foto de su nieto recién nacido, que le envió su hija desde Salta: lleva como segundo nombre Daniel. Esa foto es de las pocas pertenencias que lo representan en esa pieza sencilla. Los llamados familiares y esa foto enmarcada son ráfagas de un pasado que ya no será nunca más. Porque pasaron cuatro años. Porque falta Daniel. Sin embargo, la persistencia de Gualberto es una grieta en el sistema que no contaba con esa paciencia ancestral de pueblo originario. Tampoco con un abogado que parece dispuesto a no bajar los brazos, mientras afirma: “No vamos a dejar que esto quede impune porque es una promesa”.

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Cerca de cumplirse los cuatro años de la desaparición de Daniel Solano en Choele Choel, Río Negro, el juez dictó la sentencia de elevación a juicio y autorizó la pesquisa de un jagüel donde un testigo señala como posible que se hallen los restos del joven trabajador.

¿Qué piensa Gualberto Solano? ¿De dónde saca fuerzas para resistir el crudo invierno de la Patagonia, tan lejos de su cálida Salta natal, más lejos aún del abrigo de su comunidad guaraní? ¿Cuánto pueden burlarse funcionarios judiciales, políticos, fuerzas de seguridad de un padre a la espera de una respuesta? ¿Cuántas huelgas de hambre debió atravesar su frágil salud para obtener un poco de lo que en estos pagos suele llamarse “justicia”? Sin embargo, los ojos negros de Gualberto, tan iguales a los de Daniel, esconden la emoción y siguen aguardando. Vuelve a acomodar la manta en el frío de Río Negro y sabe que su resistencia no conoce de tiempo.

La semana pasada volvió a tenerlo al padre de Daniel Solano como protagonista de una huelga seca en la puerta del Juzgado de Instrucción N° 30. Es que el juez Julio Martínez Vivot, como regalo del día del amigo, el 20 de julio pasado, había decidido reducir el monto de fianza de 400.000 a 250.000 para las excarcelaciones bajo caución de los siete policías procesados. Medida que la Cámara Criminal Tercera de Roca avaló el jueves pasado. Sumado a eso, el mismo juez había denegado la inspección en el jagüel del campo “La Manuelita”, donde un testigo afirma que se encuentran los restos de Daniel. Luego de dos días, y de una prolongada reunión, el 18 de agosto el juez autorizó que la inspección se realizara el próximo miércoles 26 de agosto, con la presencia de peritos oficiales y del geólogo salteño Walter A. Ovejero, perito de parte de la querella.

En el medio de todo eso, el juez había tomado otra decisión: luego de un proceso de instrucción que llevó casi cuatro años de pesquisas, elevó el caso a juicio a la Cámara Segunda del Crimen de General Roca “por desaparición forzada de personas” (una carátula que fue modificada con el paso del tiempo, porque en al principio se hablaba con todas las letras de “homicidio agravado”). Así, se espera que dentro de unos mese tenga lugar el juicio contra los siete policías procesados: Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera por considerarlos autores de los delitos de vejaciones, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de personas. Pablo Andrés Albarrán Arcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuell, como partícipes necesarios de los delitos de vejaciones, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de personas. Héctor César Martínez como partícipe secundario en los mismo delitos pero se le suma el de “abuso de autoridad”, por haber sido Jefe de la Comisión Investigadora al inicio de la causa, y que como tal desvirtuara elementos de prueba ocultando, informando falsas hipótesis (por ejemplo, un viaje de Solano a otra provincia porque era “un picaflor”) y obstaculizando la investigación.

Por su parte, Gualberto y sus abogados vienen solicitando que se investigue el resto del entramado de mafias y complicidades. En ese sentido, la cédula elevada por el juez, aclara: “La documentación que corresponda a las Empresas Agrocosecha, Trabajo Argentina y/o a la Delegación de Trabajo de Lamarque y/o Consejo de la Magistratura deberán quedar reservadas en Secretaría para la investigación de la segunda etapa del proceso”.

Casi cuatro años atrás

Ese septiembre de 2011, era la tercera vez que Daniel se subía al colectivo para viajar hacia Río Negro a la temporada de raleo y cosecha de manzanas, casi 2300 km hacia el sur. Había que completar el micro con sesenta trabajadores. El puntero de la zona (algo así como un caporal) fue el encargado de hacer el reclutamiento para Agrocosecha SRL (una empresa que falsamente se hace llamar “cooperativa”), que a su vez terceriza el servicio para la multinacional Univeg Expofrut SA, ubicada en Lamarque, hacia donde iban a llegar en unos días los salteños.

Además de la esperanza de un empleo estable por un tiempo, los trabajadores partieron cargando su colchón y sus sábanas: los esperaban cuatro meses en unos galpones llamados “gamelas”, con capacidad para apiñar a 200 personas en camas cuchetas, pegadas unas a otras, con un pequeño lugar de duchas y tres inodoros. Allí llegan cada año 400 trabajadores golondrina de comunidades indígenas de Salta y de barrios humildes de Tucumán y de Santiago del Estero. Allí, en Lamarque, muy cerca de la que fuera la casa natal de Rodolfo Walsh.

Cuando los trabajadores cobraron sólo 800 de los 1800 pesos prometidos en la partida, Daniel Solano alzó la voz. Y por eso mismo está desaparecido desde el 5 de noviembre de 2011, cuando fue sacado por la policía de Macuba, el boliche de Choele Choel, a las tres de la mañana. Entramados de complicidades entre las empresas frutícolas que explotan el trabajo golondrina, empresarios de la noche, fuerzas policiales de élite y jueces que hacen la vista gorda tiene la historia de Daniel. Y también, la de un pibe de 26 años que reclamó por un sueldo pagado a medias, que viajó en búsqueda de un trabajo digno y que intentó ser solidario hasta el final…

“Yo quiero que me den una respuesta y me voy”

Esas fueron las palabras de Gualberto a seis meses de haber llegado a Choele Choel desandando el camino que había trazado su hijo. “Ya perdí a mi hijo, perdí mi trabajo…”, contaba, avisando que ya no tenía nada que perder y que de ahí no se movería. Con él llegó su hermano Pablo, quien permanece a su lado. En ese tiempo también llegó el abogado Sergio Heredia desde Salta, y avisó que no se iría hasta que algo empezara a desenredarse, a saberse… Heredia es otro de los que se quedaron.

Y otra vez, la solidaridad de vecinas y vecinos de Choele Choel volvió a estar presente en ese entonces y la semana pasada: desde la pintadas que decían un “No a la libertad de los 7 policías”, desde el abrazo solidario que realizaron en el acampe que la familia sostiene desde 2011, desde el nacimiento de la Comisión por la aparición de Daniel Solano (una forma, también de estar unidas y unidos ante las permanentes amenazas por parte de las familias y compañeros de los policías –aún– presos).

En estos años de dilaciones de la justicia, de pedidos de nulidad por parte de la defensa, incluso ante el argumento de que no había una muerte certificada (un papel o un cuerpo que demostraran lo que testigos y vecinas y vecinos de Choele gritan a viva voz) los poderes de turno (los del Estado, los de las empresas frutícolas, los del boliche Macuba, los policiales) creyeron ver en su estrategia una prueba de resistencia para esa familia pobre e indígena. Tal vez pensaron que se cansarían, que se rendirían, que se les terminarían los recursos. Se nota que nunca miraron a Gualberto a los ojos, para ver en el fondo, el temple de su voluntad.

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