A la par, el gobierno de Noboa busca una consulta popular para convocar  a una Asamblea Constituyente y elaborar una nueva Constitución a su medida. El No a la consulta popular ya está presente en las consignas de las diversas protestas de un Paro Nacional descentralizado, expandido en distintas ciudades y que sigue su cocina a fuego lento.

Por Ana Acosta –  @yakuana (Publicado originalmente en Wambra) | Fotos: Wambra

La convocatoria al paro

Una mujer indígena, con falda, botas de caucho levanta su mano frente a un pelotón de al menos treinta militares armados y protegidos con escudos, cascos y máscaras, en una carretera en Imbabura. Un joven con la bandera de Ecuador baila sobre el techo de una parada de transporte público, en Quito, mientras otros y otras cantan. Una movilización de más de 100 mil personas recorre las calles de Cuenca, como un río: “el quinto río”, lo llamaron, en defensa del agua y en contra de la minería en Kimsacocha, una reserva de agua de la tercera ciudad más grande del país. Indígenas y campesinos con poncho rojo caminan en Latacunga para decir que “si sube el diésel sube todo” y que el trabajo de las manos del campo no van a “subsidiar a los de arriba”. En la Amazonía, mujeres indígenas levantan su palabra y le dicen al gobierno que la selva no está en venta.

Desde el 19 de septiembre de 2025, Ecuador vive varios vórtices de protestas, en distintas ciudades del país y con diversas demandas contra el gobierno de Daniel Noboa. El activador fue el decreto 126, que elimina el subsidio a diésel, firmado el 12 de septiembre, con el que el precio del galón pasó de 1,80 a 2,80 dólares, y podrá subir o bajar dependiendo del costo del barril de petróleo West Texas Intermediate, WTI, que el gobierno adoptó, cuyo valor fluctúa diariamente debido a la oferta y demanda de petróleo o a factores geopolíticos.

La medida de Noboa cumple con los planes requeridos por el Fondo Monetario Internacional, FMI, para el desembolso de un nuevo préstamo de 4 mil millones de dólares, el tercero entregado a Ecuador en los últimos seis años. Medida que ya la intentaron cumplir dos gobiernos anteriores.

En 2019, Lenín Moreno y, en 2022, Guillermo Lasso emitieron decretos para eliminar este subsidio. Sin embargo, en las dos ocasiones, un Paro Nacional y un Levantamiento Indígena sostenido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, y otras organizaciones sindicales, campesinas, de mujeres, feministas, disidencias, estudiantes, trabajadores, detuvieron la medida. Noboa vuelve a implementar la misma receta, y, como era de esperarse, las protestas vuelven a surgir. Pero en esta ocasión, hay varias cosas que marcan una diferencia, tanto para el gobierno como para la organización social.

Militarización y criminalización de la protesta en un contexto de autoritarismo

Militares en los exteriores de la Universidad Central del Ecuador, el miércoles 01 de octubre durante manifestación de estudiantes y artistas. foto: Wambra medio comunitario.

Ecuador no es el mismo de 2019 y 2022. Desde enero de 2024, con el llamado “conflicto armado interno” que el gobierno de Daniel Noboa declaró mediante decreto 111, el país se embarcó en un camino sinuoso que combina una política de militarización de la seguridad, un creciente autoritarismo que ha decantado en graves violaciones a derechos humanos y un aumento de la desigualdad.

Como dice el informe de Amnistía Internacional, del 23 de septiembre de 2025,  Son militares, yo los vi: Desapariciones forzadas por las fuerzas armadas en Ecuador : “Las autoridades ecuatorianas han apostado por la militarización de la seguridad pública, a pesar de que esto contraviene estándares y normas de derecho internacional y que ha dado lugar a denuncias de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros malos tratos”.

En esta política, el gobierno de Noboa sostiene que hay una guerra con “enemigos internos” y como respuesta anunció la implementación del llamado Plan Fenix, pero hasta ahora, los indicadores de inseguridad no dejan de subir. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, en el primer semestre de 2025, Ecuador registró 4.619 homicidios  intencionales, esto representa un incremento del 47% respecto al mismo  periodo en 2024. “La cifra de homicidios semestral es la más alta  registrada en la historia reciente de Ecuador.” dice el informe.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en su informe «Desapariciones forzadas en contexto de la militarización en la costa en Ecuador», registra 33 personas detenidas desaparecidas por patrullas militares durante el 2024 en provincias de la costa, 7 de ellas son menores de edad. Además se conoce de 9 personas detenidas desaparecidas registradas por la Defensoria del Pueblo del Ecuador, que estarían en investigación por parte de la Fiscalía. Es decir, serian 42 personas detenidas desaparecidas por militares.

Siguiendo la misma política de gobierno por decreto, Noboa declaró el estado de excepción en siete provincias de Ecuador, por 60 días, con medidas que incluyen la suspensión de la libertad de reunión y la participación de militares en el control de la protesta. A esto se sumó, el  trasladó la sede del ejecutivo a Latacunga, y la sede de la vicepresidencia a Imbabura. Dos provincias con mayor población indígena y dos de los puntos de mayor convocatoria de las movilizaciones de 2019 y 2022. Latacunga, además, es la cuna de Leonidas Iza, ex presidente de la CONAIE, y uno de los más sólidos liderazgos de izquierda anticapitalista dentro del movimiento indígena y social. Mientras que Otavalo, en Imbabura, es la ciudad natal de la actual vicepresidenta de la CONAIE, Ercilia Castañeda. La estrategia buscaba neutralizar los puntos políticos del movimiento indígena y mantener a la capital, Quito, alejada de las acciones de hecho; sin embargo, el efecto fue diferente: la protesta se descentralizó y se expandió a otros territorios.

En este contexto, cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, anunció un Paro Nacional, el 19 de septiembre, y las protestas se activaron en distintas ciudades, el gobierno de Noboa buscó establecer una relación entre los grupos de delincuencia organizada y narcotráfico, con las organizaciones indígenas, campesinas y defensoras de la naturaleza y los derechos humanos que convocaron a la protesta. Esta narrativa tampoco es nueva.

Guillermo Lasso y su ministro de gobierno, Patricio Carrillo, durante el Paro de 2022, afirmaron que las protestas fueron financiadas por el narcotráfico, sin poder probarlo. Lasso dejó la presidencia después de la llamada “muerte cruzada” con varias acusaciones de corrupción en su contra. En 2024, Danilo Carrera, su cuñado y  ex directivo del Banco de Guayaquil, fue sentenciado por la Fiscalía a diez años de prisión por el delito de “delincuencia organizada” en el Caso Encuentro. Carrera también fue relacionado con uno de los narcotraficantes de la mafia albanesa, Rubén Cherrez.

Patricio Carrillo, en cambio, en 2023, fue censurado en un jucio político por incumplimiento de funciones durante el Paro Nacional de junio de 2022 por la falta de seguridad en el país, la crisis carcelaria y el femicidio de María Belén Bernal, quien fue asesinada por su pareja, Germán Cáceres, un Policía en servicio activo, dentro de una Escuela Policial, en 2022.

El gobierno de Noboa volvió a levantar la misma narrativa para deslegitimar las protestas. El ministro de defensa, Gian Carlo Loffredo, en una entrevista en Radio Centro, vestido con chaqueta de camuflaje militar lo dijo: “Cualquiera que atente contra las fuerzas del orden, sea policías y militares, están atentando contra la seguridad nacional”. Ante la pregunta del periodista “¿ustedes van abatir al enemigo?”, el ministro respondió: “no es abatir o no abatir, sino neutralizar al enemigo y sacarlo de circulación, porque las calles son para la gente de bien y la cárcel para los malos. La forma es entregarles a la justicia por los actos de terrorismo que están causando”

En la misma línea, después de la detención de 13 personas en las protestas de Otavalo, el presidente Noboa publicó un tuit en el que relacionó, sin colocar pruebas que lo demuestren, a los manifestantes con las mafias: “Quedaron en evidencia: financiados y rodeados por criminales del Tren de Aragua.” Esto porque una de las personas detenidas es de nacionalidad venezolana. La organización “Corredores Migratorios” denunció que William Rojas es migrante de Venezuela, padre de una hija y antes de su detención trabajaba como vendedor de boletos en unos juegos mecánicos. La organización denunció, además, que su hija, Deysimar, de dos años, quedó sola.

William es parte de los 13 detenidos en las protestas de Otavalo a quienes la Fiscalía los acusa de “terrorismo” y busca responsabilizarlos por la quema de vehículos policiales y del Comando y la Policía Judicial de Otavalo. Este delito está tipificado con hasta 30 años de prisión. Los otros detenidos son jóvenes indígenas, comuneros y campesinos. A ellos se suma Gina Cahuasquí,  una joven indígena que fue detenida cuando pedía a los policías que no lanzaran más bombas lacrimógenas. Gina fue liberada pero continúa judicializada, mientras los 12 detenidos fueron trasladados a cárceles en otras provincias, lejos de sus familias, en Portoviejo y Esmeraldas, donde ocurrió una masacre con 17 personas fallecidas, esto a pesar de que las prisiones se encuentran militarizadas desde enero del 2024.

No son los únicos. La Fiscalía ha accionado denuncias penales contra de una diversidad de líderes sociales. Defensores del agua de la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay, FOA, fueron notificados por el delito de “asociación ilícita”. Nohelia Ochoa, dirigente estudiantil de la Universidad de Cuenca, fue denunciada por “paralización de servicios públicos”. Leonidas Iza, ex presidente de la Conaie, fue acusado por “instigación” en el Paro, esta denuncia se suma a otras por “secuestro” y por “terrorismo”.

Frente a esto, las personas movilizadas impulsaron la campaña para decirle al gobierno: “Somos campesinos, no terroristas; somos estudiantes, no terroristas”

Bloqueo de cuentas bancarias y suspensión de medios comunitarios

El gobierno de Noboa no sólo desplegó la Fuerza Pública como si las protestas de sectores sociales significaran una declaración de guerra, sino que también puso en acción a organismos de control y vigilancia estatal, cuyos fines eran controlar a las mafias.

Desde el 19 de septiembre, líderes sociales denunciaron el bloqueo de cuentas bancarias. El gobierno usó un artículo de la llamada Ley de Fundaciones, aprobada por la Asamblea Nacional para controlar el flujo de dinero ilícito y el lavado de activos. Sin embargo, la ley no se usó para las mafias, ya que el ministro de gobierno, John Reimberg,  aceptó que lo usaron para controlar el “financiamiento de la protesta”. La Fiscalía abrió una investigación a 58 personas por el delito de “enriquecimiento privado no justificado”. Entre las personas que bloquearon sus cuentas está el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas; defensores del agua de Cuenca; la viceprefecta de Imbabura, defensores del bosque de Intag, líderes amazónicos; ex dirigentes y dirigentas de la CONAIE, ECUARUNARIA, CONFENIAE y de Pachakutik, la directora de Fundación Pachamama, entre otros.

A esto se sumó el hostigamiento a medios de comunicación comunitarios y alternativos. El 23 de septiembre, la Agencia de Control de las Telecomunicaciones, ARCOTEL, suspendió la señal del canal 47 UHF TVMICC, la televisión comunitaria del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. En la resolución dice que esto se hace “con el fin de precautelar el orden público y la seguridad nacional”. TVMICC es la primera televisión comunitaria de Ecuador y realizó las coberturas de las movilizaciones que indígenas y campesinos de Latacunga realizaron para rechazar la presencia del presidente Noboa en la gobernación de Cotopaxi.

La muerte de Efraín y el uso de armas letales

Un video de cámaras de seguridad muestran a una persona tirada en el piso. Varios manifestantes se acercan a auxiliarla, pero un camión con militares armados llega. Solo un manifestante se queda junto al cuerpo y lo abraza. Militares se acercan, lo patean, lo golpean con sus armas, a él y al cuerpo de su compañero herido, hoy sabemos, de muerte.

Efraín Fueres murió durante las protestas en Pinsanquí, Imbabura, el domingo 28 de septiembre. Tenía 46 años, padre de dos niños, artesano y maestro de construcción, comunero indígena y líder comunitario de Cuicocha, comunidad Inguintzala perteneciente a la organización UNORCAC. Dayuma Amores, abogada de INREDH, participó en el levantamiento del cadáver y cuenta que Efraín muere por el impacto de una bala de arma letal que entró por su espalda, esto, para ella, demuestra que las Fuerzas Armadas no están haciendo el uso progresivo de la Fuerza para controlar las protestas:  “Hemos visto, sobre todo en el caso de Efraín, que las armas de fuego fueron la regla general, disparando sin ninguna contemplación a los manifestantes y puede ser eso, ya lo determinarán las investigaciones, pero podemos presumir que por eso el disparo de Efraín entra por su espalda, porque los manifestantes están corriendo desprotegidos, desarmados y que reciban un disparo por la espalda muestra que el uso de la Fuerza no fue progresivo, fue letal y fue con la intención de causar un daño letal”.

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Marcha en Quito durante las jornadas del Paro Nacional. Foto: Wambra medio comunitario

Marcha en Quito durante las jornadas del Paro Nacional. Foto: Wambra medio comunitario

La Alianza de Derechos Humanos, en su monitoreo de vulneraciones del Paro 2025, con corte del 28 de septiembre, documenta 109 reportes de vulneraciones a derechos humano. La organización registra 63 personas detenidas y al menos 48 personas heridas, 6 personas detenidas desaparecidas y 1 persona fallecida “todos estos hechos se han dado en el marco de las acciones de intervención de miembros de la fuerza pública.” Hasta el momento no existen cifras oficiales actualizadas, incumpliendo con ello la obligación estatal de proporcionar información oficial oportuna y transparente. La última cifra que entregó el Ministerio del Interior de fecha 26 de septiembre fue de aproximadamente 100 personas detenidas.” dice el informe.

Una Consulta Popular y el deseo de una Asamblea Constituyente a la medida

Como si de una máquina acelerada se tratara, días después del decreto de eliminación del diésel, Noboa emitió el decreto 148, para una Consulta Popular que apruebe la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Al igual que lo hizo con el Derecho Internacional, cuando invadió la embajada mexicana, Noboa buscaba pasar por encima del control de la Corte Constitucional y que el Consejo Nacional Electoral, CNE, incluyera la pregunta sobre la constituyente dentro de la Consulta Popular ya aprobada.

Según la Constitución ecuatoriana toda propuesta de consulta popular debe pasar por la revisión de la Corte, quien debe analizar la constitucionalidad de las preguntas y emitir un dictamen favorable o no. En la noche del viernes 19 de septiembre, Noboa emitió el decreto y el CNE convocó para las ocho de la mañana para sesionar sobre el inicio del proceso electoral. Pero la Corte sesionó en la noche para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del decreto. Esa noche, policías rodearon la Corte y obligaron a las y los jueces a salir por una supuesta amenaza de bomba. Esto fue visto como una forma de presión y hostigamiento a la Corte para que no emita una resolución.

El domingo 21 de septiembre, el CNE, sesionó y dio inicio al proceso electoral con las preguntas ya aprobadas por la Corte sobre si se permite la instalación de bases militares extranjeras, algo que hoy prohíbe la Constitución; y una pregunta sobre la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos, algo que busca desfinanciar a los partidos y movimientos opositores. Mientras que sobre la pregunta referente a la Constituyente, el CNE solicitó a la Corte que se pronuncie.

Organizaciones internacionales de derechos humanos y sociedad civil expresaron su preocupación frente “al clima de hostigamiento y presión” contra la Corte y advirtieron que esto se suma “a un contexto de presiones externas que incluyen interrupciones en el normal funcionamiento de la Corte, campañas de estigmatización pública contra sus integrantes y la reducción de medidas de seguridad previamente otorgadas”.

Ya para el 24 de septiembre, la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable y dio paso a la Consulta Popular para preguntar al pueblo ecuatoriano si quiere o no una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución. El CNE anunció que la consulta será el 16 de noviembre y tendrá un costo de 59,7 millones.

El No a la constituyente ya está presente dentro de las consignas y carteles en las diversas protestas en todo el país en un Paro Nacional que se sostiene a fuego lento. La CONAIE  presentó diez demandas donde ya hizo un llamado para votar no en la consulta como una forma de rechazar al gobierno de Noboa y sus medidas de ajuste.

Es así que el Paro de 2025 tal vez no logre que el gobierno dé marcha atrás en el decreto de aumento del diésel; sin embargo, el crecimiento del descontento,  la negativa al diálogo y los ataques a múltiples organizaciones están configurando una articulación anti Noboa que pueden tener un efecto en los resultados de la consulta popular y detener el anhelo de una Constitución a la medida del autoritario de Carondelet.

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Por César Saravia Fotos/ Prensa Leónidas Iza y Luisa González

Las primeras elecciones del año serán en Ecuador, país en el que hace más de 7 años la derecha neoliberal gobierna luego de que Lenin Moreno, que llegó al poder con la bandera de la Revolución Ciudadana (Correísmo) diera un giro a su política y traicionara el programa electoral con el que llegó al poder. 

La elección presidencial tendrá una particularidad. Será el cierre del periodo que le correspondía a Guillermo Lasso, quien fue elegido presidente en 2021, luego de derrotar a Andrés Arauz, candidato del correísmo, en una elección donde además, el movimiento indígena, representado en el Pachakutik, estuvo cerca de llegar a la segunda vuelta.  

Durante 2023, Lasso, frente a la amenaza de un juicio político iniciado desde la Asamblea Nacional, con mayoría opositora, optó por disolver el poder legislativo a través de una “muerte cruzada”. Esta acción, válida durante los primeros 3 años de mandato, fue cuestionada por la oposición pero vista también como un triunfo en las medida que aceleró un proceso electoral general, tanto presidencial como legislativo. 

Las elecciones se llevaron a cabo el 20 de agosto de ese mismo año, dando la presidencia a Daniel Noboa, luego de imponerse en segunda vuelta. En la contienda se enfrentó a Luisa González, candidata por el correísmo, quien a pesar de un leve favoritismo no pudo superar la barrera del anticorreismo. Esta fotografía podría repetirse en estas elecciones, pues la mayoría de encuestas dan a Noboa y González una difencia marcada respecto a otros contendientes. 

Los últimos años en Ecuador no han sido fáciles. Para Alejandra Santillana, de la Asamblea Transfeminista de Mujeres y Disidencias y del colectivo Yasunidos, el país vive una crisis multidimensional que se presenta también como colapso. Esta crisis puede ser entendida alrededor de 3 elementos que conforman un panorama que viene afectando a los sectores populares y mujeres, por su impacto en el terreno de la reproducción de la vida. Se trata de una crisis energética, de seguridad y económica que impacta en el sistema político en su conjunto. 

La crisis económica se caracteriza por una paulatina precarización de la clase trabajadora, una inflación provocada por el aumento del IVA (que pasó del 12 al 15% en 2024) y una pérdida relevante del empleo. Según el Instituto de Censos y Estadísticas, en Ecuador se perdieron 132 mil empleos entre 2023 y 2024. A lo anterior hay que sumar las alarmantes cifras que organizaciones como el Observatorio del Cambio Rural señalan sobre un probable aumento de la crisis agroalimentaria.

Más conocida y palpable en el exterior es la crisis de seguridad que vive el país producto de un avance del narcotráfico. Las imágenes de un canal de televisión siendo asaltado por grupos armados en enero de 2024, durante una transmisión en vivo, dieron la vuelta al mundo. Ese mismo año, Ecuador se posicionó como el país con la mayor tasa de homicidios en la región con una tasa de 47 por cada 100 mil habitantes, por encima de otros países históricamente más violentos como Guatemala, Honduras, Colombia, El Salvador o Venezuela. El auge del narcotráfico coincide con el inicio del ciclo neoliberal y la idea de reducir lo que se llamó un “Estado obeso” que facilitó su inserción en los territorios más empobrecidos. Durante la elección de 2023, el sistema político se vio golpeado tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. 

Finalmente, el tercer elemento que compone esta crisis es el energético. La falta de inversión en infraestructura, producto de una achicamiento del Estado en pro de pagar al FMI, ha llevado a un profundo deterioro del sistema de suministro energético que generó durante 2024 sistemáticos cortes de hasta 14 horas diarias. 

¿Qué esperar el domingo? 

Daniel Noboa llegó a la presidencia en parte como el candidato de un voto bronca y descontento. Su popularidad a inicios del mandato fue alta producto de una “bukelización” de su política de seguridad. O lo que es lo mismo, “un punitivismo demagógico” pero los cortes de energía y medidas antipopulares como el aumento del IVA golpearon en su imagen. Sin embargo, se mantiene fuerte, en particular entre los sectores económicos que al tratarse de un empresario del sector bananero ven en Noboa un aliado y en especial una fuerza de contención frente al correísmo. 

Del lado del correísmo, la carta fuerte en esta elección es nuevamente Luis González, abogada y ex integrante de la Asamblea Nacional. El movimiento de la Revolución Ciudadana, viene experimentando dificultades para recuperar la confianza en el electoral y mantiene un techo del 33% en primera vuelta. Para poder aspirar a ganar en una eventual segunda vuelta, Luisa deberá tener un mejor desempeño y lograr esos votos que faltan en la segunda. Un escenario muy similar al que vivió el Frente Amplio en Uruguay, donde al superar el porcentaje obtenido en la presidencial anterior, llegaron mejor posicionados a la segunda. Dato no menor. De imponerse en la contienda electoral, Luis se convertiría en la primera presidenta en la historia de Ecuador. Ya en octubre del año pasado la candidata se reunió con Claudia Sheinbaum, actual presidenta de México, en lo que podría interpretarse en una búsqueda de proyectarse como dos mujeres al frente del progresismo regional. 

La tercera candidatura relevante, sobre todo para el movimiento popular, es la de Leónidas Iza, referente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Iza es una de las figuras políticas más destacadas del país, sobre todo estando al frente de las luchas y movilizaciones contra el extractivismo y la reducción del Estado. En entrevista con Jacobin Latinoamérica, Leónidas señaló que parte de su propuesta de llegar al gobierno será recuperar la política social como instrumento para hacer retroceder al narco y el reconocimiento de la plurinacionalidad en Ecuador. Si bien las encuestas lo ponen por detrás de la contienda su partido Pachakutik, ha tenido históricamente buenos resultados en la Sierra. Por lo que en un contexto de atomización del voto de derecha, no se descarta alguna sorpresa. 

El resto de la lista la cierran otras 13 candidaturas, que corren desde el centro como hasta la ultraderecha. En este escenario, con una elección que es obligatoria, un descontento alto y un voto volátil, la mesa está servida para que no falten sorpresas. Algo que la voluntad de más de 13 millones de votantes terminará de definir. 

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Por Gabriela Peralta, Wambra | Diseño gráfico: Carol Bolaños*

Noboa se sentará en el palacio de gobierno de Carondelet, a mediados de diciembre de 2023, junto a su círculo cercano, conformado por grupos económicos vinculados al poder empresarial ecuatoriano.

Muerte Cruzada

El presidente Guillermo Lasso, el 17 de mayo de 2023, emitió el decreto 741 de “Muerte Cruzada” alegando una grave crisis política y conmoción interna en Ecuador. La “Muerte Cruzada” es como se denomina a dos artículos de la Constitución ecuatoriana que permiten disolver a la Asamblea y destituir al presidente al mismo tiempo. El primero es el artículo 130 que permite a la Asamblea destituir al presidente por arrogarse funciones, por crisis política o grave conmoción interna. El segundo es el artículo 148 que señala que la presidenta o presidente de la República puede disolver la Asamblea Nacional cuando esta “se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna”. Esta última es la opción que tomó Lasso, disolviendo la Asamblea y convocando a elecciones.

Lasso emitió el decreto 741 el mismo día que la Asamblea Nacional desarrollaba un juicio político en su contra, que podía cesarlo en sus funciones, por su responsabilidad política en el peculado en el transporte de petróleo público en la Flota Petrolera Ecuatoriana, Flopec, que perjudicó al Estado con más de 6 millones de dólares. Es así que el Consejo Nacional Electoral, CNE, convocó a elecciones anticipadas para el 20 de agosto de 2023.

Elecciones anticipadas

13,45 millones de ecuatorianas y ecuatorianos, residentes en Ecuador y en el extranjero, debían acudir el 20 de agosto a las urnas para elegir: presidente, vicepresidente y 137 asambleístas nacionales y provinciales. En primera vuelta, ocho candidatos se disputaron la presidencia de Ecuador, pero Daniel Noboa y Luisa González llegaron a segunda vuelta con 23,47% y 33,61%, respectivamente.

La segunda vuelta electoral se realizó el 15 de octubre de 2023. Daniel Noboa logró la victoria por cuatro puntos de ventaja, 52%, frente a Luisa González, 48%.

¿Quién es Daniel Noboa, presidente electo de Ecuador?

Daniel Noboa Azín, con treinta y cinco años, es el presidente más joven de Ecuador, elegido democráticamente. Daniel es un empresario heredero de una de las fortunas más grandes de Ecuador, iniciada por su abuelo, Luis Noboa Naranjo, con la Bananera Noboa S.A en 1947 e Industrial Molinera en 1976. La primera se dedica a la exportación de banano y la segunda al abastecimiento de harina y avena del mercado interno ecuatoriano.

La Familia Noboa formó un grupo económico y empresarial conocido como “Grupo Noboa” o también llamado “Exportadora Bananera Noboa” que, actualmente, ocupa el puesto 19 en el ranking de grupos económicos del Servicio de Rentas Internas, SRI.

En 2021, el presidente electo se desempeñó como asambleísta por la provincia de Santa Elena. Allí presidió la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa.

En abril de 2023, su nombre sonaba entre los asambleístas independientes como posible opción para presidir el legislativo, esto por el recambio de autoridades que se llevó a cabo el 14 de mayo; sin embargo, Noboa no logró los acuerdos políticos necesarios. Días después, llegó la “Muerte cruzada”, decretada por Lasso, lo que abrió la puerta a nuevas elecciones presidenciales en el país. Noboa oficializó su candidatura el 2 de junio de 2023 por la Alianza Acción Democrática Nacional, ADN, integrada por los movimientos: Pueblo, Igualdad y Democracia, PID, y Mover, antes Alianza País.

El heredero de una de las fortunas más grandes del país encaró su primera campaña presidencial con brigadas médicas, entrega de camisetas y fundas de avena, y una reedición de la vieja canción que usaba su padre “Alvarito”, en las campañas presidenciales anteriores: “¡Llegó la esperanza que todos queremos!”.

En una de sus primeras entrevistas, tras ganar la primera vuelta, el candidato ya mencionó algunos nombres de quiénes serían sus ministros. Algunos de ellos son: Iván Carmigniani, Iván Wong Chang, Gabriela Sommerfeld, Sonsoles García y otros personajes, destacando sus conexiones con la Familia Noboa y sus vínculos con el poder empresarial en Ecuador. Los nombres no son nuevos.

Según el politólogo y docente universitario, Hernán Reyes, Daniel Noboa representa a otro sector de la élite y del empresariado ecuatoriano. Además, varios expertos leyeron su candidatura como una forma de perseguir el poder político y, así, beneficiar(se) a los grupos económicos del país, el de su familia y círculo cercano, puesto que el grupo Noboa es uno de los mayores deudores de impuestos al fisco y tiene una carga fiscal menor al 1%. Es decir, la empresa paga una proporción muy baja de impuestos en relación con su actividad económica.

Noboa forma parte de la élite ecuatoriana que según Anahí Macaroff, investigadora del Observatorio de Cambio Rural, ha creado su fortuna mediante la evasión fiscal, el no pago de impuestos, los vínculos que su familia ha tenido con los diferentes gobiernos de turno, la explotación laboral, la concentración de la producción y la exportación del banano, uno de los principales productos de la economía ecuatoriana.

Daniel Noboa y su plan de gobierno

Noboa se sentará en Carondelet junto con su binomio vicepresidencial, Verónica Abad, empresaria de coaching y liderazgo y activista libertaria de la extrema derecha. Abad simpatiza con gobiernos como los de Trump o Bolsonaro y promovió la visita a Ecuador del candidato presidencial de Argentina, Javier Milei. En varios eventos, Abad ha expuesto sus ideas en contra de lo público.

Daniel Noboa fue acusado, en 2019, por violencia psicológica por parte de su exesposa, Gabriela Goldbaum.

Aunque Noboa y su plan de gobierno representan los intereses de la élite, y según el docente Hernán Reyes puede significar una continuidad del actual gobierno de Guillermo Lasso. Por su parte, Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana no logró ganar la presidencia. El partido del ex presidente Rafael Correa por segunda vez consecutiva perdió una elección y no logró superar su llamado “voto duro”. Noboa, por el contrario, supo llegar a la población indecisa y juntar el “voto anticorreísta”.

La socióloga Natalia Sierra, en entrevista con Wambra, analizó la votación del electorado ecuatoriano y dijo que, Daniel Noboa “puede ser muy simpático y todo, pero él es el representante del mayor grupo económico de este país y de la región. Ni siquiera estamos hablando de Lasso que es de la banca. La corporación Noboa implica todo un poder con distintos capitales y ahora su hijo es como que hereda el país”.

* Publicada originalmente en Wambra

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