La Corte Suprema resolvió que solo los gremios tendrán el derecho de promover huelgas y que los grupos informales de trabajadores y trabajadoras no pueden promover medidas de fuerza.

En el fallo dictado en la causa “Orellano, Francisco Daniel c/Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/ juicio sumarísimo”, con la firma de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda, la Corte Suprema resolvió que no son legítimas las medidas de fuerza promovidas por grupos informales interpretando el art. 14 bis de la Constitución Nacional de manera restrictiva. Che Barracas entrevistó a León Piasek, titular de la Asociación de Abogados Laboralistas.

-Leímos con preocupación que la Corte Suprema falló en contra de los trabajadores.

-Si, en contra del derecho de huelga de los trabajadores. Es un fallo muy preocupante. El año pasado hubo una audiencia pública, en septiembre aproximadamente, donde la corte de Lorenzetti trató sobre quienes estaban legitimados para ejercer el derecho de huelga.

La mayoría de los que nos presentamos – yo fui como presidente de la Asociación de Abogados Laboristas y hubo intervinientes de ATE, CTA y otras organizaciones – todos coincidimos, salvo algún empresario, que el derecho de huelga lo encabezan las y los trabajadores independientemente que haya el aval de un sindicato. En el fallo de hoy, la Corte le da una especie de ataque fulminante al derecho de huelga, porque muchos de los conflictos y de las huelgas están definidas democráticamente por los propios trabajadores y muchas veces sin el aval de los sindicatos. De ahí la gravedad del fallo, es un fallo que retrocede.

-Es bastante preocupante que se delegue este poder también a las cúpulas sindicales.

-Por suerte, en este caso no se restringió el derecho de ejercer la huelga solamente al sindicato con personería gremial , que hubiese sido más restrictivo todavía, sino que le da la posibilidad a los dos tipos de sindicatos, los simplemente inscriptos. Igual se trata de una situación muy grave en el contexto de hoy. Hay más o menos 5 millones de trabajadoras y trabajadores no registrados que no se pueden sindicalizar, hay muchos lugares donde el sindicato no existe o está coptado por la patronal y no declara nunca la huelga. Hay muy pocos trabajadores no sindicalizados pero que pueden ejercer el derecho de huelga. Es el caso, por ejemplo, de Cresta Roja. Ni el sindicato de la carne o ningún otro sindicato estuvo ahí presente cuando las y los trabajadores pelearon y lograron la reincorporación de un sector. Si hubiese estado vigente el fallo actual, hubiese sido causa de despedido de esos trabajadores .

No se va a poder prohibir. Se intentó prohibir la huelga muchos años en este país y en otros y fue imposible. La huelga precede a la creación de los sindicatos, es un hecho fundamental, y por eso creo que no es casual que Lorenzetti y los otros dos socios de la corte ni siquiera esperaran que se conforme la corte con los 5 miembros para dar a conocer este fallo. Es un guiño a las cúpulas sindicales y también al gobierno en un momento de conflictividad laboral social importante.

Hay un dato muy importante que es que se reunieron en este último tiempo varias veces Moyano con el presidente de la Corte Suprema. Sería bueno preguntarles cuáles fueron los temas que se han tratado en estas reuniones. Es significativo, porque como es una Corte muy política, como muchas otras pero con el signo de Lorenzetti muchos más, no es una casualidad que salga el fallo ahora, ya que el tema se trató públicamente en septiembre del año pasado.

-Podría haber salido mucho antes…

-Si, a mi me sorprendió, pensé que no se iban a meter con el derecho de huelga. No esperaba un fallo tan regresivo porque la jurisprudencia de la Corte en los últimos años en algunos temas vinculados a los derechos de las y los trabajadores, con una composición mucho más amplia, habría sido mas progresista. Pero esta Corte limitada, abreviada y alejada por Lorenzetti, tiene un signo muy pegado a las corrientes neoliberales y va en dirección a la represión de la protesta social que es lo más angustiante. Pero la huelga va a seguir existiendo. La vamos a seguir defendiendo pero los trabajadores se van a tener que organizar como siempre lo han hecho, en épocas más duras que estas, contra la represión contra las patronales y contra el estado.

-Ha habido algunas medidas en los últimos meses, que vuelven a llevar la atención a la letra chica de la ley, digamos, o fijarnos en estas alteraciones en la legislación o la jurisprudencia como pasó con el decreto que se derogó la semana pasada (de mayor autodeterminación de las fuerzas armadas), como procedimiento es bastante pequeño pero como gesto político es enorme.

-Si, como gesto político y como decisión, hay una vuelta a la concentración del poder de las fuerzas armadas, a la represión, cuando se discutió también la ley antipiquetes cada tanto los medios de comunicación más a fin con el gobierno lo vuelven a decir, que se ha aplicado acá el protocolo antipiquetes y no, lo que se aplica es la represión como lo vimos en la panamericana varias veces, no hay ley antipiquetes, si hay una fuerza de seguridad a la que le están soltando la mano para que repriman.

-También está la búsqueda de justificar los despidos…

-Por eso también hay una cuestión de autocensura de los propios trabajadores de disciplinamiento, no va a ser fácil acostumbrarse a la sentencia de este fallo, es un momento muy difícil para las y los trabajadores y para la población en general, igual hay que tener confianza en los propios trabajadores y en el pueblo para seguir luchando porque los que tenemos más años hemos podido enfrentarlos y tener momentos mejores que este.

* Para Mañanas Rebeldes en FM 99.7 Che Barracas

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Entrevista a Julio Gambina, presidente de la Fundación de investigaciones sociales y políticas, sobre el blanqueo de capitales y los efectos económicos y sociales que conlleva.

En estos días se anunció un nuevo blanqueo de capitales, que despertó el debate sobre el pago de la jubilaciones y el desarrollo de las inversiones en Argentina entre otros debates. Un mecanismo más que deja de lado a los trabajadores. Pero, ¿qué significa y cuáles son sus implicancias?

Al respecto, Julio Gambina, presidente de la Fundación de investigaciones sociales y políticas dialogó con Che Barracas.

-¿De qué se trata el blanqueo de capitales?

Por un lado es un blanqueo de capitales que beneficia a muy pocos sectores del poder económico, que son los que han fugado capitales en el último tiempo. Se estima que la fuga de capitales es de entre 200.000 y 400.000 millones de dólares en Argentina. Esto tiene que ver con sectores de alta capacidad económica que, con el fin de evadir o eludir impuestos, sacan estos dólares del país y los tienen en cajas de seguridad o invertidos en acciones en el exterior, en depósitos en bancos o en cuentas offshore, como es el caso de Macri, o en propiedades en el exterior. Es una cifra gigantesca que involucra a pocas personas en el país.

-¿Cómo se vincula esto con los jubilados?

-Para blanquear el blanqueo el gobierno dice “Bueno, con esa recaudación de recursos en el exterior, le vamos a pagar a los jubilados, también le vamos a pagar con esos recursos y a los que no hayan ingresado demandas o litigios ante la justicia pero que les corresponda una actualización salarial”. Esto tiene una trampa, porque van a pagar un parte en cuotas y otra al contado y cada jubilado va a tener que firmar un acuerdo con la justicia para asegurar que no volverá a demandar al Estado. Acá hay una maniobra política. El gobierno quiere lavar la cara del blanqueo ante la sociedad, diciéndole que estamos en el peor momento de la recaudación pública.

En abril tuvimos una gran movilización de las centrales obreras, protestas generalizadas en todo el país por el tarifazo, y esto había deteriorado la confianza y credibilidad en el gobierno. Con esta medida intentan hacer, con algo que a priori suena bien pero con muchos detalles que iremos conociendo porque recién ingresa el proyecto a diputados.

Todos los gobiernos para hacerse de dinero generan estos procesos de blanqueo. Lo hizo Cristina Fernández en su último gobierno que esperaban conseguir unos 4.000 millones de dólares de patrimonio que hay en el exterior de Argentina y solo consiguieron 2.500 millones. Ahora bien, con la intención de pagarle a los jubilados, hace falta en el cálculo del gobierno unos 5.000 millones de dólares y para obtenerlos tendrían que declarase entre 20.000 y 30.000 millones de dólares y eso es muy difícil.

El gobierno dice si no consigue el dinero del blanqueo pagará a los jubilados con los recursos del fondo de garantía de sustentabilidad que administra la Anses. Ante esto, el movimiento de trabajadores de jubilados pegan el grito en el cielo porque siente que les meten la mano en el bolsillo y los jubilados dicen que si quieren pagarles deben usar fondos de rentas regulares, o buscar formas alternativas de pagar

-Otro debate político es el hecho de que se utiliza plata para pagar deuda y los jubilados quedan en otro estado de prioridad…

-Para pagarle a los buitres el Estado tomó 16.500 millones de dólares en préstamo y ahora está hablando de conseguir 5.000. O sea que se está tratando de conseguir menos de un tercio del préstamo que se usó para pagar internacionalmente a muy pocos estafadores mundiales. Ahora se estima buscar ese tercio para pagarle a entre 2,5 a 3 millones de personas que son los jubilados beneficiarios. Hay que pensar que estas personas son personas que tienen más de 80, 90 años y por eso cualquier mejora inmediata favorece su situación. La expectativa es cobrar algo antes de morirse y desde el gobierno se trabaja con esa presión. Hay jubilados que necesitan, en esta etapa de la vida, una serie de recursos para resolver alimentación y medicación.

-Hay una especie de premio para quienes logre cumplir con lo que propone el blanqueo o quien esté al día con sus obligaciones fiscales ¿es esto así?

-Sí. La medida intenta varias cuestiones. La primera es que vuelvan capitales que se han fugado al país y para esto se proponen una serie de premios y castigos, se intenta que algunos que aún no han fugado mantengan su dinero en Argentina. Esto es así también porque a Argentina no están llegando ni las inversiones externas prometidas. Los prestamos al país son todos muy caros y es una medida para demostrar que Argentina es amigable con el dinero de afuera por la posibilidad que hayan inversores externos, por eso también entre las medidas está la posibilidad de modificar la legislación para que permita retirar las inversiones de la Anses en empresas privadas. Se busca de alguna manera ofrecerle a inversores externos o a los propios dueños de la empresas, recuperar las acciones que están en manos del Estado administradas por la Anses.

Políticamente recuperar su iniciativa, tratar de tapar otras cuestiones como la represión a la movilización popular que tuvo otra manifestación por ejemplo ayer a la madrugada en Tierra del Fuego con el incendio a la carpa de los manifestantes, y tratar de tapar todo el mecanismo de entrega que realiza el gobierno de Macri. Por eso, es muy importante que se consolide una movilización de las organizaciones sindicales y otras organizaciones populares-sociales para seguir manteniendo esta diputa.

El gobierno trata de blanquear su iniciativa política con la demanda del ingreso que los jubilados están reclamando contra el Estado desde hace años y por otro lado, económicamente, para seguir generando oportunidades de inversión para grandes capitales del exterior y de Argentina intentado que se active la economía del país que viene de retroceso en retroceso.

El INDEC acaba de publicar los datos de caída del sector industrial del último periodo con una aceleración del deterioro productivo de la Argentina mes a mes desde que asumió Macri y veníamos en un proceso de desaceleración en la última etapa del gobierno de Cristina Fernández, con lo cual la situación se agudiza con una perspectiva no muy buena asociada al empleo, el salario y las condiciones de vida de la población.

*Entrevista para Che Barracas. Audio completo aquí.

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Entrevista con Facundo Di Fillipo en relación a la ciudad de Buenos Aires donde se cuenta con un gran déficit habitacional, sin embargo los sectores empresariales vienen obteniendo ganancias siderales.

Dentro del reducido espacio que posee la Ciudad de Buenos Aires (200 km2) hay una gran cantidad de viviendas ociosas y predios que el gobierno puede explotar económicamente o usarlos para un uso social, ya sea aportando más espacios verdes o llevando a cabo la construcción necesaria y urgente de viviendas sociales. ¿Porqué siguen habiendo tantas familias con problemas habitacionales? La respuesta surge directamente cuando se observan los mega-proyectos desarrollados en los últimos años en alianza con grandes actores privados. ¿Quiénes son los ganadores de esta estrategia de negocios?, o más importante aún, ¿qué perdemos los demás?

La Ciudad de Buenos Aires tiene alrededor de 2.850.000 personas, de las cuales más de 500.000 tienen problemas habitacionales (un 20% al menos hasta 2015). Sin embargo no se ha visto hasta el día de hoy un proyecto serio y consecuente de reurbanización de los barrios populares (Villas de emergencia) ni tampoco la construcción por parte del Estado de viviendas para garantizar el derecho a una vivienda digna a miles de personas con situación de emergencia habitacional. La verdad es que en la Ciudad, que es el distrito más rico del país, no se ha desarrollado ningún plan de financiamiento realista que de la posibilidad de construir o comprar una vivienda. Lo que sí se vio es la gentrificación, la construcción de shoppings, torres lujosas y playas de estacionamiento en distintos barrios. Sólo queda sumar las desniveladas leyes para inquilinos y el escenario se vuelve verdaderamente dramático.

La Lógica del lucro privado

Como bien lo dice Facundo Di Filippo (ex legislador de la ciudad por el Partido Social) en comunicación con FM 99.7 Che Barracas “La plusvalía de la Renta Urbana es el mayor problema que tiene la Ciudad y uno de los menos visibilizados, porque es la mayor forma de acumulación de capital que tienen las empresas y luego terminan distorsionando los barrios, generando procesos de gentrificación”.

¿Cómo se explica esto? Pues bien, la Ciudad cuenta con tierras públicas y privadas que le pertenecen. En los últimos años se viene dando cada vez con mayor frecuencia la concesión casi gratuita de tierra de alto valor a grupos privados, casi siempre relacionados por amistad o parentesco a los funcionarios gubernamentales. Estos grupos aprovechan estos regalos para lucrar, y así comienzan a construir mega-proyectos que benefician a sectores altos de la sociedad porteña urbana. Es el caso de las torres de lujo, hoteles y shoppings que se han desarrollado en el colapsado territorio urbano.

Explica Facundo Di Fillipo que “Sumado a esto se generan sectores grises como el de Costa Salguero, donde se renuevan concesiones vencidas sin pagar un peso a la ciudad, en un lugar donde de acuerdo a la ley debería funcionar un parque, o donde no hay controles de la administración porteña. Así, la tierra se convierte en una zona que escapa a cualquier tipo de normativa. En cada mega-proyecto o incluso en cada distritación de cada barrio (los Distritos del arte, deporte, diseño, etc…) los grandes grupos económicos comienzan a alterar no solamente la cultura, la historia y la imagen de barrio a su semejanza sino que comienzan a chupar literalmente más energía lumínica (aportando más a la crisis energética) y mayor presión de agua como así también, a generar mayor cantidad de desagotes cloacales aportando a provocar inundaciones al no dar a basto el sistema de desagote de la ciudad. También estos proyectos contribuyen con el deterioro medioambiental al quitarle a la ciudad de sus pocas zonas verdes, capaces de retener gran parte del agua de lluvia, tal como fue el caso del Shopping DOT”.

Pero aquí no termina todo. “Gracias a la complicidad de los funcionarios públicos se terminan modificando las zonificaciones de cada barrio, con lo cual estos grandes grupos se adueñan de tierras que la Ciudad podría o vender a un mayor precio y sacar un rédito económico o destinarlas a espacios públicos. Luego realizan sus mega-proyectos y sacan un rédito económico mayor: los grandes ganadores son los empresarios, los perdedores las personas que terminan yéndose de sus zonas residenciales, dando lugar a un proceso de gentrificación. Los proyectos que se llevan a cabo no están destinados claramente a la población más vulnerable, de hecho el gobierno de la ciudad aporta con estos grupos para barrer con la gente no deseada: desde varios casos denunciados en La Boca de quema inusual de conventillos (La Boca es el Distrito del Arte), hasta desalojos en los hoteles y pensiones de la Ciudad o quizás el caso más controversial: la construcción de la Villa Olímpica para los Juegos Olímpicos Juveniles de 2018 en Parque Roca, en el sur, en una de las zonas con mayor exclusión social y cercano a conflictos relacionados con necesidad de viviendas tales como lo vino siendo el del Parque Indoamericano”.

¿Quiénes son estos ganadores en el juego de tierras de la ciudad?

Uno de los principales ganadores es Emaco S.A. que tiene la licitación para la construcción de la Villa OIímpica, caso emblemático si los hay. Luego de que pasen los Juegos Olímpicos estas viviendas serán (a modo de PROmesa) destinadas a viviendas sociales, hasta mientras los sectores que precisan un techo deberán esperar un poquito. Estos socios de los grandes grupos resultan ser siempre los mismos. Emaco SA tiene entre sus socios a Federico León Besandón y Alberto Luis Gutierrez, socios también de Telemetrix S.A., el grupo que concesiona a Costa Salguero.

El otro gran ganador entre los tantos es el grupo IRSA, que tiene en su haber la concesión del Shopping DOT, el proyecto del Shopping en Caballito y el Buenos Aires Desing entre otros, donde en el último caso se paga por semejante shopping un canon mensual de 50.000 pesos.

Podríamos mencionar muchos más casos como el de Cristóbal López quién venía explotando las salas de juegos del casino flotante sin pagar siquiera ingresos brutos, o su deuda de miles de millones de pesos por el Hipódromo de Buenos Aires. Estos personajes relacionados con otros como Nicolás Caputto o Federico de Achaval, son los nexos del poder. Estas 3 personas se mueven y movieron en ámbitos kirchneristas y del Pro, y quizás esto ayude a explicar un poco porqué durante 8 años en la Legislatura porteña los kirchneristas votaban sin problemas los mega-proyectos de entrega de tierras, más allá de algún voto del Pro a alguna propuesta Kirchnerisra. Al fin y al cabo son los mismos negocios, los mismos socios, los mismos ganadores de siempre.

Más allá de los presupuestos y la propaganda, las políticas gubernamentales muestran claramente una lógica empresarial que es contraria a la necesidad de miles de personas. Está claro que la propuesta de crear la Agencia de Bienes no va en la dirección contraria, sino que llama a reforzar y potenciar un negocio que se vuelve más jugoso y delicado a medida que la tierra en la Ciudad se vuelve más escasa. Mientras tanto, escenas como la de Costa Salguero y su dudosa concesión, seguirán provocando muertes y polémicas sin responsables claros. Es difícil esperar que un gobierno como el del Pro trabaje a favor del pueblo si un gobierno a favor de lo nacional y lo popular, no lo hizo por 12 años.

* Periodistas de Mañanas Rebeldes en FM Che Barracas. Para escuchar la entrevista pueden hacerlo en Mañanas Rebeldes en www.chebarracas.blogspot.com.

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Con el objetivo de visibilizar el aumento de casos de detenciones de las fuerzas de seguridad sin justificaciones y a 25 años del asesinato de Walter Bulacio, organizaciones sociales y políticas presentaron la Campaña Nacional contra las Detenciones Arbitrarias.

Frente al aumento del hostigamiento de las fuerzas de seguridad de los últimos meses distintas organizaciones sociales, de derechos humanos, estudiantiles, sindicales, partidos políticos, entre otros, presentaron, este miércoles en la Legislatura porteña, la Campaña Nacional contra las Detenciones Arbitrarias con una conferencia de prensa en la Legislatura y el viernes habrá una movilización de Congreso a Plaza de Mayo. A 25 años del asesinato de Walter Bulacio por manos policiales, con alrededor de 300 casos de gatillo fácil por año según CORREPI y con el contexto social actual es que se convoca a estas jornadas de luchas.

María del Carmen Verdú, abogada y militante de CORREPI, explicitó en la conferencia que “desde diciembre del ’83 hasta ahora hay más de 4700 personas asesinadas por el aparato represivo estatal. De esos 4700, el 40% eran personas detenidas, de ese 40% la mitad estaban detenidos en comisarías, y la mitad de estos no estaban detenidos por un delito sino por averiguación de antecedentes, por ser menores de edad o por razzias, es decir que fueron víctimas del sistema de detenciones arbitrarias”.

Además agrega que, a raíz del caso Bulacio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2003, ordena al Estado argentino derogar todas las normas que incluyan prácticas represivas y prohibir aquellas que no se encuentran normadas. Entre estas se encuentra la detención por averiguación de antecedentes, y entre las no normadas, las razzias policiales. Sin embargo, esto no sucedió y el sistema de detenciones arbitrarias sigue siendo moneda corriente.

Las fuerzas de seguridad accionan a veces en regla a las instituciones que suponen que las regulan y otras injustificadamente. Dentro de algunos amparos, la detención hoy en día es bajo un delito claro, no puede ser sin justificativo. Vemos, entonces, como casos de abuso policial que antes sucedían a sectores populares ahora aumentan y se extienden. Pero como sociedad, sin embargo, hay un aval o justificativo ¿Somos conscientes de qué estamos hablando cuándo pedimos una policía no corrupta? ¿Entendemos, y por ende, abalamos la existencia per-se de la policía aquí y en cualquier otra parte del mundo?

“El problema es la corrupción de la policía” se escucha decir por ahí, “el problema son los bajos salarios policiales”, pensamiento tan trillado como el de creer que votar al político más rico nos garantizará que no robará y en ese momento la presencia de nuestra Lilita interna se hace carne: Se sigue pensando en la corrupción como el origen de los males sociales y no como consecuencia. Los casos de abuso policial o militar son extensos e históricos, transcienden fronteras y nos lleva a un mismo punto de origen, el hetero-capitalismo.

Es interesante relacionar al machismo en general con la violencia institucional, ambos tienen el mismo justificativo: “algo habrán hecho”. Si bien las fuerzas policiales y militares actúan de una manera patriarcal sin dudas, cada vez que la policía detiene sin motivos a un joven resulta ser que este es mayoritariamente morocho y de algún barrio popular, el caso de Luciano Arruga fue quizás el icono de lo que vivian y viven miles de jóvenes humildes diariamente en sus barrios. Quizás es por el policía que muchos llevan dentro o por miedo, la autocensura en la sociedad aparece con facilidad y entonces el pibe detenido, torturado, o desaparecido por la policía termina pasando de víctima a culpable: “es un cabeza”. Del mismo modo cuando una mujer es acosada y/o abusada son los mismos mecanismos que se repiten: “era una puta, ella lo buscó”. El control social del heterocapitalismo termina así cerrando su círculo, reforzando al policía que muchos llevan dentro, apuntando a la mujer que decide salir a la calle como se le da la gana o al pibe con gorra. Aun peor, se empiezan a usar adjetivos violentos para catalogar, diferenciar y así potencialmente poder detener a los y las que no siguen su norma: “los militontos”, “las feminazis”, “las histéricas o frigidas” (las pibas que dicen que no ante un abuso), “los negro cabeza”. Hace más de un siglo atrás el estereotipo a erradicar eran los indios malos que hacían malones a la civilización, se usaron fuerzas militares y policiales para intentar diezmarlos. En la década del ’70, el estereotipo fueron “los subversivos”, en Europa son los Pakis (Paquistanies) y sudakas, y así podemos encontrar varios ejemplos.

Todo con el mismo origen: el hetero-capitalismo, ese del que Gabriela Michetti tan grabado tiene “la droga mata a los pobres como a la gente normal”. Y ahí es donde todos nos hacemos la pregunta: ¿Quiénes son los anormales? La respuesta parecería ser amplia: los pobres, los disidentes sexuales, las prostitutas, los militantes populares, los pueblos originarios, las mujeres, los “morochitos”, los inmigrantes, los laburantes precarizados, etc…

¿Es acaso un hecho aislado que en Miramar la policía haya secuestrado y torturado a Lautaro Blengio por su apariencia física “anormal”? ¿Qué relación tiene pensar en algunos de tantos casos como el del policía que abusó un menor en una estación de subte de la línea D hace más de 3 años, o el caso de Pochi Almonacid, menor de 16 años, detenido, golpeado, torturado y violado por la policía en Trelew en 2012? ¿Porqué la policía garantiza las redes de trata (como por ejemplo hace unos años en Puerto General San Martín, Santa Fe) y persigue hostiga y hasta fuerza a vender droga a las travestis de La Plata y de Salta? La lista es larga y sigue.

Entonces la policía puede ser variada: metropolitana, provinciales, federal o de otros países. Pero accionan con el mismo modo en todos los gobiernos y en estos últimos meses mas envalentonados en nuestro país y continente sin duda. Pero es el brazo armado del Estado, la policía es el puño del Estado hetero-capitalista que nos oprime día a día.

Por eso, casi un centenar de organizaciones políticas y sociales adhirieron a la Campaña Nacional contra las detenciones arbitrarias y convocan a una marcha este viernes 22 de Abril a las 17:30 desde Congreso a Plaza de Mayo. Al finalizar se realizará el acto de lanzamiento de la campaña que intenta visibilizar una de las formas más poderosas de control social que tiene el aparato represivo estatal.

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