Las campesinas y campesinos acusados por la masacre de Curuguaty fueron sentenciados el mismo día de ocurrida la masacre, hace cuatro años. Lo que siguió al 15 de junio de 2012 fue una farsa judicial donde, sin importar como se dearrollaría el proceso, el resultado sería la condena.

El lunes 11 de julio de 2016 quedó demostrado que la sentencia estaba cantada, que las víctimas fueron convertidas en victimarias. 35 años para Rubén Villalba, 20 años a Luis Olmedo, 18 años a Néstor Castro y Arnaldo Quintana, los cuatro por homicidio doloso agravado. Lucía Agüero, Fanny Olmedo y Dolores López 6 años por complicidad, asociación criminal e invasión de inmueble. 4 años por asociación criminal e invasión de inmueble para Juan Carlos Tillería, Alcides Ramírez, Felipe Bénitez Balmori y Adalberto Castro.

Los antecedentes de la sentencia

En la década de 1960, el régimen de Stroessner realizó una supuesta “reforma agraria” beneficiando a grandes terratenientes y políticos colorados, quienes se apropiaron de 8 millones de hectáreas, conocidas como tierras “malhabidas”. Con la caída del régimen de Stroessner en el año 1989, la reactivación del movimiento campesino fue creciendo a partir de la ocupación de esas tierras. Frente a ello, el estado reaccionó reprimiendo de forma violenta, dejando un tendal de dirigentes desaparecidos, asesinados (117 para se exactos) y encarcelados.

En Curugauty, un grupo de campesinos sin tierra ocuparon 2000 hectáreas apropiadas ilegalmente por el ex senador del partido colorado Blas Riquelme. Luego de años de ocupación exigiendo el reconocimiento por parte del estado, la orden de allanamiento se convirtió en desalojo el 15 de junio de 2012, dejando 17 personas asesinadas (11 campesinos y 6 policías) y un juicio político que derribó al entonces presidente Fernando Lugo.

El INDERT, organismo estatal que regula la tierra en Paraguay, reconoció que esas tierras pertenecían al Estado y que habían sido apropiadas por Riquelme. Que las tierras fueran del Estado significaba que la justicia no podía desalojar esa ocupación, por lo tanto todo el proceso judicial se desvanecía (no sólo el proceso judicial, sino también la destitución de Lugo, la presidencia de Federico Franco y la actual presidencia de Cartes). Sin embargo, la justicia paraguaya continuó con la farsa judicial.

Cuatro años después, la justicia dicta sentencia a lxs 11 campesinxs acusadxs de emboscar a una fuerza policial de 350 efectivos fuertemente armados. La fiscalía (Jalil Rachid fue el principal fiscal de la causa hasta que fue ascendido por el gobierno de Cartes a viceministro de interior), sin la menor prueba para demostrar las acusaciones, convirtió el proceso en un laberinto judicial, con más de una decenas de suspensiones, pruebas eliminadas, sin autopsia a los cadáveres de los campesinos asesinados y declarando por fin, en los alegatos que la sentencia tiene que ser “justa en estricto derecho para que a su vez pueda resultar un acto persuasivo para cualquier otro sector o grupo de campesinos”. El tribunal dictó las condenas tal como las pidió la fiscalía. Sentencia cantada.

Capitales concentrados en el agronegocio

En un país donde la concentración de tierra es una de las más profundas del continente, donde la población rural es del 35% pero el 85% de la tierra está en manos del 1,5% de la población, sobran campesinxs. Por lo tanto, la rentabilidad de la producción agrícola para la exportación requiere de incorporación de tierra a costa de los campesinxs: el modelo expulsa, asesina y encarcela población rural.

Desde el 2002 a hoy la población rural ha pasado de más del 50% al 35%. La expulsión se da por medio de la coerción estatal y privada, las fumigaciones, la desestructuración de las comunidades campesinas o por el simple mecanismo del mercado: la compra. El problema principal para los intereses exportadores es la población campesina resistente, quienes luchan por permanecer en sus territorios, quienes resisten a las lógicas del mercado, que luchan por permanecer en la tierra. Para ellxs, los empresarios y el estado paraguayo plantean la muerte, la persecución, la desaparición y la cárcel. La justicia actuó en ese sentido.

Según datos de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO, ente que nuclea a las empresas nacionales y transnacionales exportadoras de soja), en el año en que se produjo la masacre de Curuguaty y la destitución de Fernando Lugo, la producción de soja era de 8 millones de toneladas. Hasta ese año, el estado paraguayo había legalizado solamente una semilla transgénica.

Cuatro años después, la misma CAPECO estima la producción de soja en 9 millones, siendo el año con mayor rentabilidad por hectárea. En el año 2015, Paraguay exportó 4 millones y medio de toneladas de soja, ocupando el cuarto lugar a nivel mundial como exportadora y el sexto como productora.

En los meses de gobierno de Federico Franco (vicepresidente de Lugo y presidente después de la destitución en 2012) y en los tres años del actual gobierno de Horacio Cartes, se aprobaron 19 tipos de semillas transgénicas, incluyendo algodón y maíz además de soja.

La cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo de soja continua aumentando ininterrumpidamente. Las empresas agroexportadoras aportan un inverosimil 4% a las recaudaciones tributarias, mientras que la utilización de maquinarias en el proceso productivo implica la escasa incorporación de mano de obra rural, dando lugar a lo que se conoce como “agricultura sin agicultores”. Los enormes beneficios son acumulados por un puñado de empresarios. Sobran campesinxs.

La resistencia

Los campesinxs resistentes entienden que su lugar es el territorio, espacio de vida, espacio ecológico, espacio social, económico y cultural. Un espacio filosófico que se enfrenta a una concepción unidimensional de la tierra como mercancía. Frente a esa concepción del territorio, frente a la resistencia, el estado asesina y encarcela. Lo demostró el lunes el tribunal de sentencia.

Lo que está en el fondo de la masacre de Curuguaty es el territorio y la resistencia de lxs campesinxs para no perder ese “espacio de vida”, que es lo mismo que decir resistencia para no perder la vida. La respuesta del Estado, por medio de la justicia, es la muerte: el Estado paraguayo está llevando adelante un genocidio y el tribunal conformado por Ramón Trinidad Zelaya, Samuel Silvero y Benito Gonzalez son responsables.

Por ello, apenas fue insinuada la sentencia, los abogados defensores, el público que acompañaba la audiencia, la movilización que acompañaba fuera del palacio de justicia y los campesinxs procesados se levantaron en un sólo grito exigiendo nulidad, denunciando al tribunal y exigiendo libertad a los presxs por luchar.

Sin embargo, en la jornada del lunes con la movilización de la población, la visibilización de la farsa judicial, la mirada internacional, queda claro que la lucha continuará hasta que en Paraguay no haya ningun preso ni presa por luchar, por defender la vida.

Paraguay hoy cuenta con 11 nuevos presos políticos.

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La cronista compartió una clase con seis campesinos víctimas de prisión política. El lunes se dictará sentencia contra los imputados por la masacre de Curuguaty. Aquí el relato del encuentro.

El domingo 3 de julio, asistí a una clase en la Escuela de Formación Política Soledad Barret. Ya había participado el 25 de mayo de su fundación.

El territorio en el que realizamos las clases es complejo. Mucho dolor dando vueltas. Mucho olvido. Mucha precariedad. Distintas canciones suenan fuerte y simultáneamente en rudimentarios equipos, que aturden y confunden. Nuestra rondita se va apretando para poder escucharnos y concentrarnos en lo que vamos hablando. Quienes quieren tomar la palabra, levantan la mano. Nadie interrumpe a nadie. Hay respeto y cuidado en el encuentro. El tereré va girando en un tejido invisible de afectos.

Lxs estudiantes hemos llegado a la cita, después de pasar la requisa, y dejar en la entrada nuestros documentos. Nos sellan la piel como si fuésemos ganado. Las mujeres, para poder entrar, tenemos que disfrazarnos de mujeres. No podemos hacerlo si no es con polleras.

Simeón nos da la bienvenida. Cada quien se presenta. Los profes son los seis campesinos, que llevan diez años de injusta prisión política, primero en Argentina y luego en Paraguay. Lxs estudiantes somos compas solidarixs de acá y de allá.

La Escuela de Formación Política Soledad Barret toma hoy el tema del juicio a los campesinos y campesinas que están siendo juzgados como responsables de la Masacre de Curuguaty. Agustín analiza la sucesión de aberraciones legales e ilegales realizadas desde el poder político, militar y judicial. Todo se ha preparado minuciosamente para condenar a los campesinos y campesinas con penas ejemplares. La fiscalía ha pedido que su condena la cumplan en Tacumbú.

En otros momentos, aun antes de formar la escuela, los seis campesinos daban clase en el sótano que en los primeros días de junio fue parte de la zona incendiada, y quedó hecho cenizas. En el incendio murieron cinco presos, que eran parte de los alumnos de la escuela. Ahí se destruyeron sus instrumentos de trabajo. Más de 20 máquinas del taller textil, en el que realizaban trabajos para sostener a sus familias. El sótano tiene historia. En el tiempo de la dictadura de Stroessner, fue lugar de tortura de los presos políticos. El incendio era del todo previsible. El penal está sobrepasado en su estructura (4000 presos amontonados en un lugar con capacidad para 1200). Distintos informes de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales lo habían alertado.

La clase sigue con un repaso de temas de la situación internacional, de las luchas de los pueblos, de los aprendizajes. Preguntas y respuestas sobre Argentina, sobre Colombia, sobre Brasil, sobre Venezuela. El avance de las derechas. Las posibilidades de resistencia. Los aprendizajes de estas experiencias.

Un muchacho pregunta por qué eligieron el nombre de Soledad Barret para la escuela. Le cuenta Arístides que Soledad era una joven paraguaya internacionalista, una luchadora revolucionaria, que estuvo activando en Uruguay, que estudió en Cuba, que fue asesinada en Brasil. Cuenta que fue traicionada y entregada a la policía por quien era su pareja. Soledad fue brutalmente torturada antes de ser matada. Dice Arístides, que lo peor en los seres humanos es la traición.

La clase atraviesa los temas de la memoria, de la ética, de la política. Es una clase de dignidad, realizada entre las ruinas de la humanidad. Es una clase de libertad, realizada en el encierro. Es una clase de integridad, realizada bajo la presión de diez años de tortura física y psicológica, con la que pretendieron desintegrarlos.

Me acompañan dos compañeras de CONAMURI, que además de ser estudiantes en esta oportunidad, han realizado talleres con los seis campesinos presos sobre feminismo. Los presos campesinos me piden libros de feminismo. Alguno llevo siempre bajo la pollera. Ya se sabe los muchos usos que pueden tener esas prendas.

Duele la despedida. Los maestros nos dan tarea para el hogar. Escribir un texto para difundir lo que aprendimos. En este mismo momento, lo estoy terminando, mientras un grupo de mujeres se encadena en las puertas del Palacio de Justicia, para pedir la absolución de sus familiares, juzgados por la masacre de Curuguaty.

La criminalización de las luchas campesinas, es el modo de acción sistemático de la injusticia colonial paraguaya, que trabaja para el poder narcosojero. Los golpistas, que hicieron la masacre, esperan quedar en las sombras del relato oficial, y condenan a las víctimas, una y otra vez.

Me voy con rabia. Las clases continúan. Quiénes estén interesados en asistir, visiten a los presos campesinos …
Entre el ruido fuerte y ensordecedor de la música, puede ser que sientan sobrevolar el espíritu libre de Soledad Barrett. Saltando los muros de las prisiones, y de todas las muertes posibles. Soledad, siempre.

Claudia Korol. 4 de julio, 2016

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Se cumplen cuatro años del golpe parlamentario contra Fernando Lugo. Las similitudes con el impeachment a Dilma en Brasil y las medidas neoliberales que comparten los empresarios Cartes y Macri. La inminente sentencia a los campesinos por la masacre de Curuguaty y una Justicia fraudulenta y clasista.

El 22 de junio de 2012, el Parlamento paraguayo destituyó por medio de un juicio político express al presidente Fernando Lugo, en lo que se caracterizó como un golpe institucional. El juicio contó con un antecedente inmediato que sirvió de argumento: la masacre de Curuguaty, en la que fueron asesinados 11 campesinos y seis policías. Por aquel hecho fueron juzgados 14 campesinos (y ningún policía), a los que la fiscalía pidió penas de hasta 40 años, y en los próximos días se conocerán las sentencias.

Una vez destituido Lugo, el mandato fue finalizado por el vicepresidente Federico Franco, del Partido Liberal Radical Auténtico (parte de la alianza que llevó a Lugo al Poder Ejecutivo) y luego sucedido en 2013 por el empresario Horacio Cartes, del tradicional Partido Colorado, tras la victoria en elecciones presidenciales. Con los sucesos de hace cuatro años, Paraguay marcó un camino.

Cartes, guía para Macri y Temer

Tanto el perfil como las características del gobierno de Cartes fueron el ejemplo a seguir por Mauricio Macri, así como el “golpe a la paraguaya” encabezado por el vicepresidente Michel Temer fue el camino seguido por Brasil en el impeachment contra Dilma Rousseff.

Las medidas tomadas en los primeros meses del empresario-presidente paraguayo fueron muy similares a las tomadas por el empresario-presidente argentino, como los beneficios a los sectores exportadores, la profundización del accionar represivo sobre los movimientos sociales o el cerco mediático a las movilizaciones.

La política de Cartes apuntó desde sus inicios a favorecer los intereses de los grandes capitales concentrados en el agronegocio, avanzando sobre el movimiento campesino resistente. El mandatario paraguayo vetó la ley que gravaba la exportación de granos, beneficiando notablemente a las corporaciones y empresarios exportadores. Además, se aprobó la Ley de Alianza Público-Privada, que permite la entrega de grandes negocios a privados y la Ley de Defensa Interior, que llevó a la militarización de regiones con fuerte presencia del movimiento campesino, todas medidas acompañadas de un cerco mediático que aún se refleja, cuatro años después, en la escasa visibilidad de las protestas campesinas y estudiantiles de 2015 y 2016.

En Argentina, Macri emprendió el mismo camino: quita total de retenciones a los exportadores de trigo y maíz y a las exportaciones mineras; quita de 5% en las retenciones a la exportación de soja; tarifazo en los servicios públicos; y el Protocolo represivo frente a las movilizaciones.

En Brasil, la destitución de Dilma provino desde el interior de la alianza gobernante, por medio de un juicio político con argumentaciones débiles o burdas, al igual que el juicio político paraguayo del cual se cumplen cuatro años. En Brasil también el juicio político fue impulsado por el vicepresidente y es quien asume la presidencia, pasando de aliado a opositor. En Paraguay no se necesitaron pruebas para destituir a Lugo ya que eran “de dominio público”. Las declaraciones de los diputados votando a favor del impeachment en Brasil se realizaron “en nombre de la familia, la religión y la Patria”.

Queda en evidencia como las alianzas tejidas por los gobiernos llamados “progresistas” marcan de forma indeleble los límites de sus proyectos.

El freno al gobierno de Cartes

Pero Paraguay también es faro en la lucha contra el gobierno empresarial. En el último año, las manifestaciones lograron objetivos importantes: en 2015, la movilización de las y los estudiantes universitarios logró la renuncia del rector de la Universidad Nacional de Asunción y de varios decanos nombrados por el coloradismo, acusados de corrupción y anquilosados en sus puestos. El estado de movilización repercutió este año en los estudiantes secundarios, quienes lograron la renuncia de la ministra de Educación en un proceso de toma de colegios ante las graves denuncias de corrupción en el destino de los fondos públicos destinados a la educación.

Durante todo el mes de abril de este año, una movilización campesina en Asunción exigió al gobierno una serie de medidas (condonación de deudas contraídas por los pequeños productores, aprobación del proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, derogación de la Ley 5501/15 que establece el IVA a los productores cooperativos y la  regularización de asentamientos campesinos, entre otras) destinadas a paliar las graves dificultades que atraviesa el sector.

El gobierno reaccionó a principio del mes calificando a los movimientos campesinos como “sinvergüenza”, pero ante la persistencia del movimiento que acampó durante todo un mes en el centro de la capital paraguaya, debió negociar, lo que llevó al Ejecutivo a cambiar de postura: “el diálogo es el único camino”, terminó diciendo Cartes.

Las movilizaciones estudiantiles y campesinas durante el último año lograron avances importantes en la resistencia al gobierno empresarial de Cartes.

Curuguaty: sentencia cantada

La masacre de Curuguaty fue el argumento principal que utilizaron las mayorías parlamentarias paraguayas de los partidos Colorado y Liberal para destituir a Lugo. Las sentencias a los campesinos acusados por la masacre está cantada: la fiscalía pidió penas entre cinco y 40 años, en un juicio totalmente fraudulento.

La falta de pruebas, la decisión de no investigar las muertes de los 11 campesinos, el ascenso del fiscal Jalil Rachid (primer fiscal de la causa) a viceministro de Interior, las suspensiones constantes del juicio, las irregularidades en las pruebas, la desaparición de las filmaciones realizadas por el helicóptero que participó de la masacre, la muerte en un accidente aéreo del piloto de ese mismo helicóptero, son algunas de las evidencias claras que marcan que la parcialidad de las sentencias condenatorias. Las palabras de la fiscalía afirmando que la condena debe ser “ejemplificadora” para cualquier intento de los movimientos campesinos de cuestionar el orden es la prueba fehaciente del final cantado.

La justicia paraguaya es la justicia de los poderes concentrados, de los grandes intereses locales y extranjeros en el agronegocio, de los grandes propietarios de las tierras y de los empresarios. Esos poderes concentrados se basan en la propiedad de la tierra para acrecentar sus ganancias, por lo tanto, las y los campesinos que resisten, sobran. Y si se oponen corren el riesgo de ser expulsados, encarcelados o asesinados.

Para el Estado paraguayo, el campesinado debe desaparecer: los 115 dirigentes campesinos y miembros de las comunidades asesinados o desparecidos entre 1989 y 2013 son parte de la política de esos intereses concentrados, al igual que el encarcelamiento, la represión ilegal por parte de fuerzas parapoliciales contratada por los grandes productores sojeros pero también por la represión legal a manos de las fuerzas estatales. Eso fue Curuguaty: la represión del Estado sobre las y los campesinos resistentes que dejó 17 muertos, 14 campesinos acusados y seguramente condenados.

* Integrante del grupo CHIPA (Cultura, Historia, Ideas, Política y Arte de Paraguay-UNGS) y militante del Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional

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Comenzó el juicio por la “Masacre de Curuguaty”, hecho que se convirtió en el pretexto para el golpe parlamentario contra Fernando Lugo en junio de 2012. En el banquillo de los acusados están sentados 13 campesinos y ningún policía. Un recorrido por los factores más importantes para comprender los entramados del proceso, su trasfondo y la persistencia de injusticias que se reproducen sistemáticamente en el Paraguay.

Luego de la postergación de un mes (el 22 de junio era la última fecha prevista), este lunes comenzó en Asunción el juicio por la “Masacre de Curuguaty”, ocurrida el 15 de junio de 2012 y que dejó como saldo 11 campesinos y seis policías muertos. Hay varios factores a tener en cuenta para comprender este proceso judicial. En primer lugar es necesario desmantelar una crucial paradoja: los campesinos procesados no deberían demostrar su inocencia ya que son, justamente, las principales víctimas del perverso sistema judicial, pero también del modelo económico basado en la agricultura latifundista para la exportación y de un Estado que los considera prescindibles.

Otro factor, no menos importante, es que los 13 imputados (12 más una joven que era menor de edad cuando sucedieron los hechos y que será juzgada en un juicio separado) y sus familias cargan sobre sus espaldas un proceso histórico de por lo menos ocho años. Un proceso que incluye la imposibilidad del gobierno de Fernando Lugo de realizar una reforma agraria, las denuncias sobre las tierras “malhabidas” apropiadas ilegalmente por los latifundistas, el golpe parlamentario del año 2012 a un gobierno elegido democráticamente, la presidencia de Federico Franco, entonces vicepresidene de Lugo, quien en 14 meses de gobierno aprobó nuevas semillas transgénicas; la elección del actual presidente Horacio Cartes del Partido Colorado, empresario financiero, sojero (entre otras cosas), la aprobación de una ley que permite al gobierno militarizar parte del país “en pos de la seguridad interna”. Por todo este proceso histórico cargado sobre las espaldas campesinas, la justicia paraguaya arremete contra los principios básicos de los derechos humanos, condenando de antemano a los 13.

Para lograr un grado mayor de transparencia, imparcialidad y justicia en el juicio oral, las organizaciones paraguayas e internacionales convocaron a observadores nacionales e internacionales entendiendo que no existen las condiciones del debido proceso, plagado de aberraciones jurídicas y de abusos.

El lunes, finalmente, comenzó el juicio después de tres años y un mes de espera, dilaciones y tres suspensiones basadas en argumentos ridículos (la última vez se suspendió por falta de salas en el Palacio de Justicia). El comienzo fue sorpresivo, ya que los procesados decidieron cambiar el equipo de abogados defensores, quienes sostenían la defensa desde hacía tres años basados en un trabajo profundo y comprometido.

Ese equipo, encabezado por Vicente Morales y Guillermo Ferreiro (quienes nunca dejaron de buscar la verdad, lo que realmente pasó en Curuguaty) fue sumariado por la justicia paraguaya por ejercer el derecho de defensa de los acusados demostrando la perversidad del sistema jurídico. El sumario sería resuelto una vez finalizado el juicio, por lo tanto quedaría sujeto a la sentencia. Esto significa que los abogados defensores llegaban al juicio con una amenaza de castigo ejemplificadora. Es decir, hoy este equipo también es víctima, dado que la resolución no fue dictada aún.

Ante esta situación, las organizaciones que vienen acompañando a los procesados sostienen más que nunca la defensa de los campesinos procesados y llaman a la comunidad nacional e internacional a observar el juicio con el fin de frenar lo que califican como “una condena cantada”. Nora Cortiñas, titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, estuvo presente los dos primeros días del juicio, y fue obligada a entrar a la audiencia sin el pañuelo ni la foto de su hijo desaparecido. El juicio se reanudará el próximo lunes.

A la nueva defensa de los acusados se le dio un plazo de tres días para estudiar las 7.500 fojas del expediente. De esta forma se está impidiendo que se ejerza el derecho a la defensa. Siguiendo con las aberraciones judiciales, el juicio paralelo a la menor “RRVO” fue suspendido hasta noviembre, utilizando argumentaciones burocráticas difíciles de sostener. El proceso contiene tantas irregularidades como el que se prosigue a los campesinos adultos: primero, se la acusa de ser el “señuelo” para emboscar a 350 policías con armas de fuego y dos helicópteros, según el fiscal Jalil Rachid; segundo, no se le realizó la evaluación psicológica, fundamental para determinar el grado de madurez en que se encontraba, volviendo nulo todo el proceso; tercero, la adolescente fue asistida por la defensoría oficial de una manera negligente y dejando a “RRVO” en estado de indefensión.

Al reiniciarse el juicio oral, las organizaciones nacionales e internacionales estarán presentes en la sala de audiencias junto a los procesados y sus familias exigiendo transparencia e imparcialidad. Pero también justicia, tierra, libertad y reparación.

* integrante del Grupo CHIPA (Cultura, Historia, Ideas, Política y Arte de Paraguay) de la Universidad Nacional de General Sarmiento

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El 22 de junio debería haber comenzado en Paraguay el juicio por la masacre de Curuguaty, hecho que desencadenó hace tres años en el golpe parlamentario que destituyó a Fernando Lugo. Sin embargo, el juicio no comenzará. Una vez más, los jueces suspendieron el inicio (hasta el 27 de julio) argumentando que no hay salas para realizarlo. Es la tercera vez que sucede, y los argumentos son siempre insostenibles: el juicio más importante de los últimos años en Paraguay no encuentra una sala en el Palacio de Justicia. Se esconde detrás el intento de desmovilización de las organizaciones que acompañarán el juicio, de observadores internacionales, y la modificación de la fecha para que ese evento no coincida con la llegada del Papa al país.

La visita de Franciscus significa la atención internacional centrada en Paraguay (en Asunción ya hay figuras del Pontífice tamaño natural por las calles). Pero significa, también, la amenaza de que las enormes y descaradas irregularidades del proceso por la masacre que dio pie al golpe de Estado de 2012 queden expuestas a los ojos de la comunidad internacional. El juicio debió haber sido anulado hace mucho tiempo por todas las irregularidades cometidas por el fiscal Jalil Rachid, sin embargo la Justicia y el Estado deben condenar a las y los campesinxs para sostener todas las complicidades construidas desde la masacre: el golpe, el gobierno ilegítimo de Federico Franco, el gobierno “colorado” de Horacio Cartes y los sectores concentrados que participan de los beneficios del modelo económico basado en la exportación de soja.

La Justicia necesita que la sentencia pase lo más desapercibida posible, no importa si es de culpabilidad o de inocencia, ya que si es de culpabilidad quedará demostrada la injusticia sobre los campesinos, y si es de inocencia, deberán abrir otro proceso para investigar a los verdaderos responsables de la masacre. Es por esto que la Justicia se mantiene en un estado de indefinición. Ni ni: ni culpables ni inocentes, campesinos sin juicio, campesinos sin tierra, que quiere decir lo mismo que campesinos sin ser.

Con esto queremos decir que las y los campesinos de Curuguaty son la intemperie de la vida. Subjetividades sin ser. De esto desciende que –no tal o cual gobierno sino que– el Estado paraguayo en su complejidad les viene negando la tierra y la vida misma. Ha suspendido sus derechos a lo largo de tres años. No sabe qué hacer con ellxs. Y el Poder Judicial ha declinado su función básica ya que no sabe avanzar. La Justicia paraguaya ha demostrado ser heterogénea al Derecho.

Frente a todo esto la pregunta es: ¿si quienes representan una institución no cumplen con sus funciones básicas, qué deben hacer? Algo más, central: la movilización de las organizaciones sociales y políticas junto con la repercusión en la comunidad internacional del caso Curuguaty es un pedido enfático de nulidad.

Mientras tanto, los campesinos, los únicos imputados –hay que recordarlo: no hay ningún policía imputado a pesar de que en el enfrentamiento murieron 11 campesinos y seis policías- continúan sin el derecho a un juicio transparente, privados de la libertad y sin poder vivir sus vidas con los elementos y las acciones básicas que componen una vida como el ejercicio de la libertad irrestricta o el derecho al trabajo. Y este último elemento no es menor, pues se trata de campesinos pobres. Todos los campesinos y campesinas imputadas, desde hace tres años, y a la espera del juicio, no pueden salir de sus casas, mientras que uno de ellos, Rubén Villalba, está preso en la cárcel de Tacumbú.

Se impide que se sepa la verdad de lo que pasó en Curuguaty y la absolución de las víctimas convertidas en victimarios. Hay que recordar que los campesinos son procesados porque, según la acusación, 60 de ellos, incluyendo muchos niños, son responsables de emboscar a una fuerza policial especial de 350 efectivos fuertemente armada y con helicópteros.

Entonces, los campesinos no tienen derecho a recibir justicia, condenados de antemano como responsables de lo sucedido, condenados a una espera interminable, mientras se aplazan las fechas, se esconden y pierden pruebas, se asesinan dirigentes campesinos y periodistas.

A tres años del golpe que derrocó al gobierno Lugo, la impunidad se replica con la tercera suspensión del juicio, utilizando un argumento que roza lo grotesco. Después de tres años de sucedida la masacre de Curuguty, las únicas pruebas certeras que existen llevan a condenar a la Justicia como responsable de abandono de personas, de negación de los derechos humanos y a sostener una farsa judicial que niega el Estado de Derecho.

Bien. El 27 de junio, temprano, al amanecer, los campesinos de Curuguaty, familiares de los asesinados y procesados hace tres años, ocuparon nuevamente las tierras donde tuvo lugar la masacre. Casi un centenar de familias campesinas exigen la titularidad de las tierras a favor del Estado, la libertad de los procesados y de los imputados, un resarcimiento para las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de 15 de junio de 2012 y la resolución pronta y favorable del sumario realizado contra los abogados defensores.

En Paraguay, la lucha la encabezan los campesinos. Y estas palabras tienen sólo un sentido: nulidad.

* Integrantes del Grupo CHIPA (Cultura, Ideas, Historia, Política y Arte de Paraguay) de la Universidad Nacional de Gral. Sarmiento

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Este lunes se cumplen tres años de la masacre de Curuguaty, aquel enfrentamiento que dejó 11 campesinos y seis policías muertos y desencadenó en el golpe parlamentario contra Fernando Lugo. El 22 de junio comenzará el juicio a 14 campesinos mientras que la Justicia desestimó procesar a los policías involucrados. Entretanto, se consolida un modelo de concentración de tierras descomunal y de militarización del país.

En Paraguay, la concentración de la tierra –y de los negocios alrededor de la soja– es cada vez más profunda. Se encuentra en relación directa con la expulsión y pérdida de tierras por parte de las y los campesinos: el 42% de la población es rural, mientras que, según cifras del último censo agrícola, el 2,5% de los propietarios (unos siete mil) detentan el 85% de la tierra.

Las medidas más importantes adoptadas por el presidente Horacio Cartes apuntan a profundizar ese proceso, acompañado de una política fuertemente represiva: militarización del país con el pretexto de combatir el narcotráfico y detener la amenaza de una supuesta guerrilla (el Ejército del Pueblo Paraguayo). La estrategia militarista se complementa con una serie de convenios con las fuerzas armadas de Estados Unidos para tareas conjuntas, como la que se viene realizando desde el 31 de mayo y hasta el 30 de junio con los instructores de la Guardia Nacional de Carolina del Norte.

Con una industrialización débil, los expulsados del modelo enfrentan tres opciones: partir hacia las ciudades (Asunción, Encarnación), emigrar a otros países o luchar por no ser despojados. La última opción implica ir en contra de los grandes intereses del negocio de la soja. ¿Qué hace el gobierno frente a esto? Criminaliza la protesta, como lo demuestra el juicio por la “Masacre de Curuguaty”.

El inicio del juicio, previsto para el 22 de junio, se realizará paralelamente a los ejercicios conjuntos con los marines estadounidenses (cuyo contexto es la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que permite disponer al Poder Ejecutivo de las Fuerzas Armadas de forma inmediata frente a casos de amenaza interna por terrorismo) y a la visita del papa Francisco.

La masacre y un juicio nada justo

El 22 de junio de 2012 se activó la descomposición del proceso democrático paraguayo tras los hechos en Marina Kue, masacre ocurrida una semana antes en esas tierras malhabidas que condensan la expoliación de las riquezas del Paraguay y la expoliación de los derechos humanos. Con esa masacre se derrocó a un gobierno democrático bajo un ropaje de institucionalidad jurídica.

No se vislumbran buenas expectativas en torno al juicio que comenzará este 22 de junio, en el que las y los sin tierra han sido acusados por el fiscal Jalil Rachid como responsables de lo ocurrido en Marina Kue. De hecho, y es necesario recordarlo también, ninguno de los imputados pertenece a la Policía, pese a que en la masacre fueron asesinados seis policías y once campesinos. Ninguna de las muertes de campesinos fue investigada. Ni siquiera se practicaron autopsias a sus cuerpos ni se tomaron declaraciones a los supervivientes, muchos de los cuales tenían información relevante que aportar, como quienes afirman haber visto ejecuciones realizadas por policías a algunos de los campesinos primero heridos y luego muertos.

Por la masacre están acusados 14 campesinas y campesinos. Si pensamos en la masacre de Curuguaty, en el golpe a la democracia paraguaya, en el interregno de gobierno de Federico Franco (ex vicepresidente de Fernando Lugo), en los orígenes de la legitimidad de Cartes y en la falta de juicio a los campesinos implicados en la masacre, queda claro que los derechos humanos no se han incorporado a una identidad democrática que, por otra parte, sigue siendo bastante parecida a la identidad autoritaria de antaño. Hoy, las y los campesinos de Curuguaty son la intemperie de la vida: el Estado paraguayo ha suspendido sus derechos.

El golpe iniciado en Curuguaty continúa porque reactualiza la ausencia de argumentos, de pruebas, de debido proceso y derecho a la defensa. Siguió con la imputación del fiscal a los campesinos sin elementos que ofrecieran indicios de responsabilidad en los hechos. Persistió con el arresto y la huelga de hambre límite de varios de ellos. Se prolongó con el asesinato de Vidal Vega, dirigente sin tierra, testigo clave y colaborador de las investigaciones independientes sobre lo sucedido. Prosiguió con el arrasamiento de la comunidad indígena Yva Poty del pueblo Ava Guaraní. Y persevera ahora, a tres años de esos sucesos, con la acusación infundada en contra de 14 campesinos, mientras se esfuman las posibilidades de identificar a los responsables reales de la matanza.

* Integrantes del Grupo CHIPA (Cultura, Ideas, Historia, Política y Arte de Paraguay) de la Universidad Nacional de Gral. Sarmiento

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